Alejados del centro del espectro político chileno se enfrentarán, el día 19 de diciembre en la segunda vuelta, por la derecha José Antonio Kast con el 27,91% de los votos y por la izquierda Gabriel Boric con el 25,83% de los apoyos. Ambos candidatos han presentado programas de gobierno que definen dos modelos de país a partir de postulados diametralmente opuestos.
Kast defiende el modelo neoliberal establecido en Chile por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), a quien admira junto con Ronald Reagan y Margareth Thatcher. Al igual que estos líderes políticos, aboga por un Estado mínimo y se ha comprometido a reducir el gasto público, bajar los impuestos y aumentar la edad jubilatoria. En su campaña electoral prometió la construcción de una zanja en la frontera norte para detener la migración, algo que nos recuerda a Donald Trump por la edificación de un muro limítrofe con México.
Por su parte, Boric respalda un Estado más presente, con un enfoque en Derechos Humanos y propuestas feministas y ecologistas. Su programa de gobierno plantea la creación de nuevos impuestos para financiar una agenda social con políticas inclusivas, y con respecto al actual sistema jubilatorio privado propone su estatización.
Mientras que el alto porcentaje de abstención en las elecciones chilenas no es una nota distintiva, en tanto desde 2009 el voto no es obligatorio y la participación ha estado por debajo del 50%, sí lo es que los dos candidatos que van al balotaje no pertenecen a las fuerzas políticas tradicionales.
Los candidatos de los partidos tradicionales, quienes se alternaron en el poder desde la vuelta a la democracia, quedaron en cuarto y quinto lugar: Sebastián Sichel por el oficialismo y Yasna Provoste por la ex Concertación. Sin embargo, según el politólogo Aníbal Pérez Liñán nos encontramos en un momento de agotamiento de las élites y partidos tradicionales, y el caso chileno obraría como ejemplo del voto castigo producto de la insatisfacción social agudizada por la pandemia.
En este escenario, la búsqueda de electores es decisiva para ambos candidatos. En la primera semana posterior a las elecciones, la coalición Chile Podemos Más, sostén del presidente Sebastián Piñera, confirmó su apoyo a Kast. Uno de los líderes partidarios expresó: “Nos estamos jugando el futuro de Chile”.
En lo referido a Boric, pese a la crítica y la falta de apoyo hacia anteriores gobiernos de centro izquierda, ha conseguido que se pronuncien a su favor el Partido Socialista, el Partido por la Democracia, el Partido Progresista y la Democracia Cristiana. Desde el seno del último partido referido, se afirmó que “no se propone ingresar al futuro gobierno ni condiciona su apoyo”, indicando que Boric “tiene ahora la responsabilidad de convocar a una mayoría ciudadana que anhela transformaciones profundas con gobernabilidad y en paz social”. Asimismo, el candidato recibió el respaldo del expresidente Ricardo Lagos, y en forma indirecta a través de la fundación Horizonte Ciudadano 2021, de la expresidenta Michelle Bachelet.
De todas maneras, un desafío que enfrentan los dos candidatos es conquistar a los votantes de Franco Parisi quien realizó su campaña electoral desde los Estados Unidos, utilizando las redes sociales y la televisión y alcanzó el tercer lugar con el 12,80% de los votos. Esta nueva fuerza exhibió un ‘discurso apolítico’, con críticas hacia los partidos tradicionales, bajo la premisa que “la gente se cansó del abuso de la extrema derecha, amparada por la izquierda”. Un tema atractivo en su campaña que cautivó a muchos electores fue la crisis migratoria en el norte del país. A diferencia de la zanja planeada por Kast, propuso reforzar el control fronterizo y deportar a quienes cometan delitos. Lo cierto es que en esta región los candidatos más votados han sido Kast y Parisi. Sin embargo, sus apreciaciones fustigan por igual a los dos aspirantes a la presidencia.
Entre los mayores retos para los candidatos se encuentra convencer al 53 % de los electores que no fueron a votar en la primera vuelta. No obstante, a partir del 19 de diciembre la mayor prueba será asegurar la gobernabilidad del país atendiendo a dos vicisitudes. La primera de ellas refiere al proceso de reforma de la Constitución en la que se encuentra Chile como resultado de las masivas protestas en octubre de 2019, demandando cambios en las políticas neoliberales establecidas desde la dictadura pinochetista. La segunda atiende a la conformación del Congreso luego de las elecciones, un Senado en el cual los partidos tradicionales sostienen su hegemonía y una Cámara de Diputados en la que ninguno de los posibles gobiernos contará con mayoría.
Patricia Romer Hernández
Integrante
Departamento de América Latina y el Caribe
IRI – UNLP