Desde el Departamento del Atlántico Sur del IRI venimos denunciando desde hace más de 30 años la depredación de los recursos vivos marinos de la Zona Económica Exclusiva de la República Argentina cuya soberanía absoluta nos reconoce la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, dicho tratado internacional ha sido ratificado por el Reino de España el 20 de diciembre de 1996 y por lo tanto dicho Estado está obligado a respetar el derecho de los estados costeros sobre estos recursos.
También venimos denunciando insistentemente que la República Argentina, pese a ser parte de la CONVEMAR, sufre una limitación para el ejercicio de los derechos que ésta le reconoce sobre su Zona Económica Exclusiva por estar una parte de la misma bajo control militar británico, encontrándose el Reino Unido usurpando las facultades que corresponden a nuestro país, especialmente en el caso de las licencias de pesca que otorga a través de la autoridad colonial de las Islas Malvinas a flotas pesqueras de altura de diversas banderas.
Un caso paradigmático es el de las flotas españolas, ya que las mismas operan dentro de la zona usurpada a la República Argentina por el Reino Unido adquiriendo licencias de pesca de la autoridad colonial y en algunos casos hasta adoptando la bandera ilegítima de la misma. Asimismo, operan ilegalmente en la parte de la Zona Económica Exclusiva de nuestro país no controlada por los británicos, penetrando subrepticiamente a partir de la milla 201 hasta ser detectados por los sistemas de control argentinos e incluso algunas empresas lo hacen con licencia de ambos países, en violación de la legislación nacional vigente que prohibe expresamente esta situación.
El Estado español no es ajeno a estos movimientos: en septiembre de 2009 fueron invitadas las autoridades de pesca de la colonia británica de las Islas Malvinas a la IV Conferencia Mundial de Ministros de Pesca celebrada en Vigo -lo que motivó la protesta de la diplomacia argentina- y recientemente las autoridades españolas lograron que se exceptúe de los aranceles extracomunitarios a los productos del mar capturados ilegalmente en la Zona Económica Exclusiva de nuestro país con licencia de la colonia británica de las Islas Malvinas y procesados posteriormente en España, pese a no pertenecer ya el Reino Unido a ese bloque regional, precisamente por gestiones de la industria pesquera gallega y desestimando las protestas de la cancillería argentina.
En los Anuarios en Relaciones Internacionales del IRI venimos denunciando todos los años la gravedad de esta situación y la necesidad que las autoridades argentinas le den prioridad en sus relaciones diplomáticas con el Reino de España, ya que el mismo actúa con un doble estándar internacional: por un lado apoya en los distintos foros internacionales los derechos argentinos en el conflicto argentino-británico por los archipiélagos usurpados por el Reino Unido a la República Argentina y por el otro fomenta los negocios con el usurpador incrementando sus ganancias, que paradógicamente, le dan viabilidad económica a la colonia británica de las Islas Malvinas.
Nos sorprende, por lo tanto, comprobar la poca importancia que la pesca ilegal, que es el mayor problema que tenemos con el Reino de España, ha tenido durante la actual visita presidencial a Madrid y que solo haya merecido una frase de circunstancia del canciller Santiago Cafiero, quien se refirió a “la importancia que tiene para el Gobierno argentino desalentar toda iniciativa tendiente a facilitar la continuidad de la pesca ilegal en las Islas Malvinas promovida por las ilegítimas autoridades isleñas”, como si se tratara de una circunstancia ajena a la responsabilidad de las autoridades españolas, y destacándose en cambio otra serie de negociaciones sobre temas generales de menor importancia y en los que no existe conflicto alguno, eludiendo la negociación sobre el mismo.
El Departamento del Atlántico Sur del IRI no puede dejar de manifestar su preocupación ante la pérdida de una oportunidad como la visita presidencial al Reino de España para colocar el tema de la pesca ilegal y la pérdida económica que la misma ocasiona a la República Argentina al tope de la agenda de alto nivel entre ambos países.
Carlos Alberto Biangardi Delgado
Coordinador
Departamento del Atlántico Sur
IRI – UNLP
