El día 27 de junio de 2022 se inauguró oficialmente en el castillo de Elmau, en Baviera, la Cumbre del G 7, a la que este año estuvo invitada la República Argentina. Ese mismo día se realizó una reunión bilateral entre el primer ministro inglés Boris Johnson y el presidente argentino Alberto Fernández.
Primero Boris Johnson le advirtió al presidente Fernández que el Reino Unido no estaba dispuesto a aceptar ningún acuerdo de paz en la guerra de Ucrania que no comprendiera la derrota y humillación de Rusia. Los más memoriosos recordarán que esta actitud coincide totalmente con la ruptura por Margaret Thatcher del plan de paz propuesto por el presidente peruano Fernando Belaude Terry para concluir con el conflicto del Atlántico Sur en 1982, mediante el hundimiento del crucero ARA General Belgrano y ocasionando con este hecho bélico el 50 % de las víctimas argentinas durante el mismo. En ese momento el Reino Unido no estaba dispuesto al cese del fuego hasta lograr humillar a la República Argentina.
Luego el presidente argentino le reclamó que el Reino Unido vuelva a sentarse a la mesa de negociaciones para tratar de encontrar una solución pacífica al conflicto argentino-británico por las Islas Malvinas, como lo proponen 8 resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y 45 resoluciones del Comité Especial de Descolonización, siendo la última aprobada el 23 de junio de 2022.
El primer ministro inglés le contestó que ese era “un tema saldado hace 40 años…pero la República Argentina tiene grandes potencialidades en materia de energía, trigo y proteínas y de esos temas tendríamos que hablar”.[1]
Algo similar ocurrió en la reunión bilateral que mantuvieron el 21 de enero 2016, durante la Cumbre de Davos, el primer ministro inglés David Cameron y el presidente argentino Mauricio Macri, y lo vienen sosteniendo todos los primeros ministros británicos desde Tony Blair en adelante: “la soberanía británica de las Islas Malvinas no es negociable pero esta diferencia no tienen que impedir buenas relaciones futuras con la Argentina, en Sudamérica estamos aumentando nuestro comercio y las inversiones y es muy importante para Gran Bretaña participar de lo que está sucediendo allí”.[2]
En esta oportunidad el presidente argentino Alberto Fernández le habría contestado al primer ministro inglés que sería muy difícil poder hablar de otros temas si antes no nos sentábamos a discutir sobre la soberanía de los territorios y espacios marítimos argentino usurpados por el Reino Unido.
La historia se repite y es de esperar que esta vez las autoridades argentinas se convenzan de algo que venimos advirtiendo desde la firma de los acuerdos de Madrid de 1989 y 1990: al Reino Unido solo le interesa que nuestro país renuncie al reclamo o al menos lo congele o lo reduzca a una mera reiteración formal ante los foros internacionales, pero que esta actitud no entorpezca sus negocios en Latinoamérica y especialmente en la República Argentina, país con el que durante el siglo XIX y buena parte de la primera mitad del XX se vinculara en esa relación tan particular que el profesor de la Universidad de Birmingham Harry S. Ferms estudiara en forma tan detallada y la definiera como “la ecuación anglo-argentina”. Precisamente a esa ecuación anglo-argentina se refirió nostálgicamente el entonces primer minitro del Reino Unido, Boris Johnson, en su visita de 2016 a Buenos Aires durante la reunión del G-20.[3]
¿Qué hacer para romper con esta inercia que favorece solamente al adversario? Lo venimos proponiendo desde que advirtiéramos que los Acuerdos de Madrid no constituían más que otra estrategia de la diplomacia británica para consolidar su presencia en las áreas geográficas usurpadas: hacerle costosa la presencia colonial al Reino Unido en el Atlántico Sur, no facilitarle el apoyo logístico en la Argentina continental y de ser posible en los países vecinos de la región, producir todos los hechos necesarios para provocar inseguridad jurídica a la explotación de los recursos naturales que están siendo usurpados a nuestro país y limitar sus negocios en la Argentina continental. Todo lo contrario a lo que ha ocurrido hasta ahora con los instrumentos internacionales firmados en el marco de los denominados acuerdos de Madrid.
Nos vamos a permitir sugerir cinco medidas posibles de concretar por las autoridades argentinas que van en este sentido y para las cuales no tenemos restricciones o se encuentran limitadas por la vulnerabilidad externa de nuestro país, ya que las mismas solo dependen de la decisión de las autoridades nacionales:[4]
-Una manifestación del Poder Ejecutivo Nacional pidiendo al Congreso de la Nación que derogue la ley N° 25.290 que aprueba el “Acuerdo sobre la aplicación de disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar relativo a la conservación y ordenación de las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de peces altamente migratorios”, más conocido como el Acuerdo de Nueva York, pues daría la posibilidad a la creación de una Organización Regional de Ordenación Pesquera en el Atlántico Sur en la cual fuera parte el gobierno colonial de las Islas Malvinas o el Reino Unido, en sociedad con la República Argentina y el resto de los países cuyas flotas de altura pescan en la zona, ya que nosotros no podemos presentarnos en la Organización de las Naciones Unidas o en los foros regionales a reclamar por los recursos vivos marinos que se encuentra usufructuando el usurpador y sentarnos en una mesa de negociaciones en una OROP que va a tener gran cantidad de miembros, en las que todos van a tener el mismo poder de decisión y la Argentina ser uno más al lado del Reino Unido o la autoridad colonial de las Islas Malvinas. Dicha ley todavía no ha sido promulgada por el Poder Ejecutivo Nacional por lo tanto aún no tiene efectividad, y solo es necesario que el mismo le comunique al Poder Legislativo que la derogue porque no la va a promulgar ya que ratificar dicho tratado internacional se contrapone con los intereses de la Nación y sus disposiciones están en contradicción con la cláusula transitoria primera de la Constitución Nacional.
-Denunciar la “Declaración Conjunta de los vicecancilleres de la República Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte” del 13 de septiembre de 2016 pues los compromisos que asume en el mismo la República Argentina condicionan su política exterior vinculándola a la del Reino Unido, y en el caso específico del Atlántico Sur ambos gobiernos se comprometen a establecer un diálogo para mejorar todos los obstáculos que limitan el crecimiento y el desarrollo sustentable de la colonia británica de las Islas Malvinas, incluyendo comercio, pesca, navegación e hidrocarburos. Todo lo que el Reino Unido necesita para consolidar su presencia en el Atlántico Sur. Ni una palabra de comenzar negociaciones bilaterales para dirimir el conflicto de soberanía de los territorios usurpados, en el marco de las resoluciones de las Naciones Unidas.[5]
-Denunciar el acuerdo del nuevo vuelo San Pablo-Islas Malvinas que en nada beneficia a la República Argentina ya que los usuarios de estos vuelos regulares terminan siendo los empleados de las actividades de exploración hidrocarburífera y explotación pesquera, como así las empresas involucradas en dichas actividades, que utilizan estos vuelos para el transporte de carga, equipos y repuestos.[6]
-Modificar la ley 26.737 que limita la extranjerización de las tierras rurales de la República Argentina estableciendo que no podrán ser adquirentes de estas tierras los ciudadanos o personas jurídicas nacionales de un país que no permita a ciudadanos argentinos realizar adquisiciones en territorios bajo su dominio, ya sea de jure o de facto, ya que los argentinos estamos expresamente impedidos de adquirir tierras en las Islas Malvinas mientras que inversores británicos han comprado grandes extensiones de tierras en nuestro país, incluso en áreas de frontera y de seguridad nacional, especialmente en nuestra Patagonia austral.
-Si el Reino Unido persiste en no permitir que ciudadanos argentinos hagan inversiones en las Islas Malvinas denunciar el “Convenio entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno del Reino Unido sobre la Protección y Promoción de Inversiones” ya que en cumplimiento de este tratado internacional capitales británicos han podido participar de las privatizaciones de empresas públicas de la República Argentina mientras que los argentinos no pueden invertir en Malvinas por una cuestión de “Seguridad Nacional” del Reino Unido.[7]
Tony Blair, David Cameron y Boris Johnson, así como todos los diplomáticos británicos que se han vinculado con la República Argentina durante estos años, muy especialmente los últimos dos embajadores en Buenos Aires, Mark Kent y Cristine Hayes[8] ya nos han indicado cuales son los intereses del Reino Unido en su relación con la República Argentina, depende de nosotros utilizarlos como poder de negociación para comenzar a obtener una solución definitiva a este conflicto territorial que es el más antiguo del mundo.
Es importante que la diplomacia británica entienda que no habrá ningún tipo de colaboración económica si el Reino Unido no comienza a cumplir con las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y del Comité Especial de Descolonización. Boris Johnson ya le enumeró al presidente Alberto Fernández algunos de los temas sobre los cuales a su país le interesa conversar: las grandes potencialidades que tiene la República Argentina en materia de energía, trigo y proteínas, potencialidades estratégicas en las circunstancia de la guerra en el hemisferio norte que el primer minitro inglés no quiere que termine sin una victoria que fortalezca la posición del Reino Unido a escala global.
Si tomáramos las cinco medidas propuestas precedentemente las autoridades del Reino Unido comprenderían que la Cuestión de las Islas Malvinas no es un tema saldado hace 40 años sino que tiene plena vigencia y que la usurpación británica de los archipiélagos australes es una herida lacerante que el pueblo argentino nunca va a olvidar.
De lo contrario, la historia continuará repitiéndose hasta el fin de los tiempos.
Referencias:
[1] Desconoce el primer ministro inglés Boris Johnson que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el 4 de noviembre de 1982 la resolución 37/09 ratificando plenamente la vigencia de sus resoluciones 2065, 3160 y 31/49 sobre la Cuestión Malvinas -a solo 107 días de haber el Reino Unido decretado el cese unilateral de las hostilidades luego de destruir las instalaciones argentinas establecidas en la Isla Thule del Sur el 20 de junio de 1982- reconociendo nuevamente que existía una disputa de soberanía sobre las islas y que había dos partes: el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte; reiterando que solo la solución de esta disputa pondría término a la situación colonial en estos territorios y descartando una vez más el principio de autodeterminación de los pueblos en este caso especial y particular; pidiendo a los dos gobiernos que reiniciaran las negociaciones a fin de lograr a la mayor brevedad posible una solución pacífica a la disputa de la soberanía, con la asistencia y buenos oficios del Secretario General.
[2] Diario Clarín, Buenos Aires. 25 de octubre de 1998. Págs. 2/4.
[3] Esta relación, única entre dos países por sus especiales características, despertó la curiosidad de Alfred Marshall, quien sugirió estudiarla a un grupo de sus discípulos, cumpliendo finalmente con este cometido Herry S. Ferms. A. G.Ford, profesor de la Universidad de Leicester, también estudió el tema y demuestra la tesis que ubica a Gran Bretaña como país central y a la Argentina como un país que debido al comercio y a los flujos de capital quedó estrechamente vinculado al mismo. Por su parte, Emilio Manuel Fernández Gómez, investigador argentino con estudios de postgrado en la Universidad de Manchester, publicó una obra en la misma sintonía, titulada “Argentina gesta británica. Revalorización de dos siglos de convivencia”.
[4] En nuestra obra “CUESTIÓN MALVINAS: A 35 años de la Guerra del Atlántico Sur. Propuesta para la construcción de una Política de Estado” (Editorial Dunken. Buenos Aires, 2017) proponemos 39 ideas fuerza similares a éstas, que apuntan en el mismo sentido. Un ejemplar de la misma fue recibido por el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, en su Despacho de la Casa Rosada el 17 de diciembre de 2019 y por el Secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la cancillería, embajador Guillermo Carmona, el 2 de diciembre de 2021.
[5] Recordemos las jocosas declaraciones del entonces primer ministro inglés del Reino Unido Boris Johnson ante la comisión de relaciones exteriores del parlamento británico de octubre de 2016 al referirse a este acuerdo: “Con la Argentina hemos resuelto todos los problemas porque apartamos de la mesa de negociaciones a las Falkland”.
[6] Precisamente el art. 1° del Decreto 602/2019 firmado por el presidente Mauricio Macri el 30/08/2019 establece que se autoriza a la empresa brasileña TAM LINHAS AÉREAS S.A. a explotar servicios regulares de transporte aéreo de pasajeros, carga y correo utilizando aeronaves de gran porte.
[7] Estando vigente este tratado internacional se ha impedido en varias oportunidades que inversores de nacionalidad argentina adquieran establecimientos ganaderos y comerciales en las Islas Malvinas por el veto directo del gobernador colonial y el parlamento británico.
[8] Durante su gestión al frente de la embajada del Reino Unido en Buenos Aires Mark Kent insistía constantemente que teníamos que preocuparnos por los temas concretos de interés común, dejando de lado nuestras diferencias históricas, en sintonía con la aspiración de la diplomacia británica de lograr que la Argentina congele el reclamo de soberanía de los territorios usurpados. Cristine Hayes inauguró la suya proponiendo al gobierno argentino actos conjuntos de “reconciliación” para superar las secuelas del conflicto argentino-británico de 1982 al cumplirse 40 años del mismo, pero partiendo siempre del mantenimiento del statu quo en el Atlántico Sur.
Carlos Alberto Biangardi Delgado
Coordinador
Departamento del Atlántico Sur
IRI – UNLP
