En el Siglo XXI hemos presenciado el nacimiento y consolidación de grandes poderes, poderes regionales y potencias medias que reconfiguran el sistema mundo y cuyos acuerdos y expresiones de cooperación han permitido el devenir de un sistema multipolar. El centro de poder se ha diseminado y propagado en múltiples locaciones cuya adquisición permite el incremento de poder y/o influencia para un país o conjunto de países. Es a partir de ello que los conflictos geopolíticos reinan al interior de las relaciones internacionales. Asimismo, la valoración impuesta por los Estados en una zona responde a la concepción de que su presencia en ella permite el incremento de su posición en el sistema internacional y del poder que se convierte en mayor capacidad de presión y coerción.

Asia Pacífico ha renacido como la nueva zona de disputa donde los países pondrán en juego sus elementos de poder, alianzas, capacidad de respuesta y de batalla. Indudablemente cuando hacemos referencia a Asia es menester mencionar a la República Popular de China.

El despliegue de China en la búsqueda de consolidar su propio espacio de influencia ha complejizado el entramado de capacidades a disposición de los países que decidan intervenir en esta nueva disputa geopolítica: la lucha por Asia Pacífico. “Estamos presentes ante un conflicto bélico en el que se combina tecnología en los espacios comunes (aéreos, marítimos, espacial) y un cuarto espacio que puede generar estragos, el espacio digital” (Battaleme, 2021, p.4).

En el presente artículo, intentaré abordar las principales ideas que rodean la disputa entre Estados Unidos y la República Popular de China en el marco del incremento del interés que ha obtenido la región de Asia-Pacifico como parte de la pugna por el poder global.

Relación Estados Unidos-China

El ascenso de la posición de China en el sistema internacional ha permitido el surgimiento de escenarios que pusieron en relieve la crisis de la “Pax Americana” y el sistema capitalista y ha llevado a ser cuestionado el método de inserción en conflictos alrededor del Mundo por parte de Estados Unidos. La hoja de ruta que ha trazado Estados Unidos para evitar el avance de China en sus propias zonas de influencia responde a no sólo obstaculizar el incremento de poder que permitiría peligrar su posición privilegiada en el sistema internacional, sino también perder sus principales aliados comerciales que comprometerían a la economía americana.

Diversas concepciones han tratado de dar respuesta al escenario actual de rivalidad entre Estados Unidos y China. Desde la Trampa de Tucídides: una China en ascenso que pone en peligro la posición de Estados Unidos y es por ello por lo que se lleva adelante una “guerra preventiva” sin necesariamente entablar un conflicto abierto militar entre los países; pasando por la Trampa de Kindleberger, “rivalidad cooperativa” o “sociedad de rivales” (Actis, 2021) hasta la «Era de la Competencia Estratégica» (Battaleme, 2021).  Asimismo, se puede observar que el vínculo entre China y Estados Unidos ha mutado mínimamente desde la asunción de Joe Biden como presidente. Hemos pasado de una postura que nos presentaba el escenario hacia una guerra inminente con la Nación del Centro (Zhongguo) durante el gobierno de Donald Trump, donde las tensiones no sólo estarían demarcadas en el ámbito comercial sino también en las proxy wars o guerras subsidiarias, como es Ucrania actualmente para Estados Unidos y China, donde se evidencia una tensión entre ambos países y los intereses que representan. Actualmente nos encontramos ante un escenario de recoupling de ambas economías como un eventual camino a seguir y también, de una “competencia responsable” (Hoo, 2022). China ha delimitado su relación con Estados Unidos bajo el marco de la “coexistencia pacífica”, principio que guía la política exterior china desde el año 1955, donde se puede resaltar la existencia de ciertos patrones de conducta (Wen, 2004). Por ejemplo, China ha buscado mantenerse “neutral” en aquellos conflictos que podrían poner en riesgo su reputación y el ascenso pacífico en el sistema internacional que caracteriza y diferencia de Estados Unidos. En el conflicto bélico entre Ucrania y Estados Unidos, Xi Jinping ha demostrado que existe una relación cercana a Vladimir Putin y donde existe una ideología en común (Lo, 2022). La posición “blanda” (Laporte, 2021) en el sistema internacional conllevó a que China no pueda abiertamente condenar a Rusia por la invasión en Ucrania y se haya limitado a hacer un llamamiento a la resolución del conflicto por medios diplomáticos. El lazo de cooperación entre Rusia y China se ha visto reducido a apoyo financiero y, en menor medida, militar debido a que debe mantener una relación armónica, que no significa necesariamente abandonar los espacios de confrontación o doblegarse bajo el yugo americano, en pos de continuar el ascenso pacífico. Asimismo, como Juan Poble Laporte (2021) menciona al respecto: “La posición de China es clara en la lógica de la interdependencia hegemónica: la potencia en ascenso quiere liderar un sistema global cuyo andamiaje estructural está dominado aún por Estados Unidos y sus alianzas de poder global” (p.2).

Asimismo, Rusia se ha constituido como un aliado regional importante para China y existen expresiones que denotan la cooperación existente, como lo es en el ámbito militar y geoestratégico. Se han realizado ejercicios navales como los llamados Peacekeepers, o los terrestres como el Sibu en el espacio continental de Asia. Mismo se han llevado a cabo los primeros ejercicios navales conjuntos con China en el Mar de Japón; la primera patrulla naval navegó por el estrecho de Tsugaru en octubre del año 2021, que rodea la isla principal japonesa, y luego se dirigieron hacia el este para regresar a China por el estrecho de Osumi, al sur de Japón. Nadia Helmy (2021) afirma al respecto que:

La política de “coexistencia pacífica” hacia Estados Unidos se ha puesto en juego en aquellas situaciones que impliquen la pérdida de poder e influencia de China, particularmente aquellas relacionadas con el cuestionamiento sobre la soberanía de Taiwán y gestión de asuntos domésticos en torno a los Derechos Humanos. Evidencia de ello ha sido el encuentro bilateral virtual entre los mandatarios el 15 de noviembre de 2021. El intercambio denotó la existencia de rispideces entre los países: Biden acusó a China de violar los Derechos Humanos en las regiones autónomas de Xinjiang, Tibet y Hong Kong y de poner en peligro la paz en la región con sus amenazas hacia Taiwán. En referencia a la primera imputación Xi Jinping respondió que el gobierno de las tres regiones mencionadas es una cuestión interna de su país y recordó el acuerdo mutuo de entendimiento en torno a “una sola China” aceptado por Estados Unidos. En la Cumbre virtual los líderes han buscado reducir las tensiones existentes entre los países y evitar lo que Joseph Nye (2021) denomina como “Sleepwalking Syndrome” en el que las potencias caminen como “sonámbulos” a una conflagración.

Free and Open Indo Pacific Strategy

Desde el estrecho de Taiwán al estrecho de Malaca continuando hacia el Mar Meridional de China, las fricciones y diferencias geoestratégicas se incrementan y amenazan la estabilidad regional. Primero debemos definir a qué hacen referencia China y Estados Unidos cuando se menciona a esta zona. Mientras que el primero enfatiza la noción de Indo-Pacífico que abarca el Océano Índico y el Pacífico; el segundo opta por una visión delimitada a Asia-Pacífico (He, 2018). La distinción en la delimitación geográfica nos permite visualizar en donde se encuentran los focos de interés para estos mismos países.

La estrategia «Free and Open Indo-Pacific» responde a una de las amenazas que conlleva a poner en peligro los intereses de Estados Unidos en la zona. La misma hace referencia a “desarrollar un orden marítimo libre y abierto en la región del Indo-Pacífico como “bienes públicos internacionales”, que traen estabilidad y prosperidad para todos los países, así como asegurar la paz y la prosperidad en la región en su conjunto” (Mission of Japan to ASEAN, 2021, p.1). A su vez, consiste en tres pilares: 1- Promoción y establecimiento del Estado de Derecho, libertad de navegación y libre comercio; 2-Búsqueda de la prosperidad económica y 3-Compromiso por la paz y la estabilidad (desarrollo de capacidades en la aplicación de la ley marítima, entre otros) (The Government of Japan, 2019, p.2)

Desde la perspectiva de Estados Unidos, el ascenso de un poder terrestre con grandes posibilidades de devenir en un poder naval es preocupante, ya que la base de su hegemonía es el dominio de los mares (Battaleme, 2021). El crecimiento del poderío naval y de la presencia militar china en el Indo-Pacífico se contrapone a los esfuerzos estadounidenses para impulsar pactos militares como es el AUKUS (EE.UU.-Australia-Gran Bretaña) y el Cuadrilátero de Seguridad (QUAD) (Japón-Australia-India-EE.UU.). El avance tecnológico chino ha conllevado a que se hable de un “momento Sputnik” para Estados Unidos, haciendo referencia al momento de inferioridad que reinó en Washington posterior al lanzamiento soviético en 1957, durante la Guerra Fría, del primer satélite artificial de la historia (Lister, 2021).

La percepción de amenaza y peligro inminente se ha podido evidenciar en dos momentos: el primero de ellos es que Estados Unidos ha estado probando el sistema de defensa aérea Iron Dome, de fabricación israelí, en la isla de Guam, en el Pacífico, ubicación en las que se encuentran las bases militares estadounidenses más cercanas a China (Escenario Mundial, 2021). El segundo de ellos es el reporte realizado por el Pentágono a comienzos del mes de noviembre en el que se advertía: “China está acelerando su expansión a gran escala de sus fuerzas nucleares y construyendo un arsenal nuclear más grande, diversificado y más sofisticado” (Denmark & Talmadge, 2021, p.2). Debido a la incertidumbre que rodea las ambiciones nucleares de China, Estados Unidos y observadores aliados temen que Beijing derogue su política «not first use» (NFU) en el que se compromete a no utilizar primero armamento nuclear en un conflicto (Denmark & Talmadge, 2021, p.4).

A inicios del Siglo XXI, el Almirante Mike Mullen presentaba el concepto de “armada de los mil buques” cuyo objetivo era impulsar la cooperación naval internacional entre armadas enemigas (Battaleme, 2021). En la disputa por el poder global que tiene como escenario a Asia Pacífico, podemos observar la integración de diversas plataformas navales nacionales es una estrategia para frenar la consolidación de China en el ámbito naval.

Como habíamos mencionado anteriormente, Estados Unidos desde la percepción de Mullen, ha comenzado a extender el entramado para la conformación de una fuerza común naval que permita el despliegue de las capacidades bélicas en el que caso que así se lo requiera. El QUAD o el “Diálogo de Seguridad Cuadrilateral” (Quadriteral Security Dialogue) es un foro estratégico informal que funciona como un bloque de alianzas contra la creciente adquisición y ejercicio de poder por parte de China en la región de Asia Pacífico. Los miembros del QUAD han comenzado a desarrollar ejercicios navales conjuntos e intensificado las asociaciones de defensa entre sí sobre todo en materia de intercambio de inteligencia y logística militar (Skobalski,2021). Mientras existan tensiones en la región de Asia Pacífico gracias al movimiento estratégico del poder y su capacidad militar por parte de China, es posible que la agenda del QUAD y AUKUS también sufra modificaciones en pos del querer rebalancear el poder de Beijing debido a que ante su incremento de poder e influencia pone en peligro a las democracias de Asia Pacífico. Lo que está claro es que ni el QUAD ni AUKUS son un OTAN de Asia Pacífico. A diferencia de la OTAN, no tienen un tratado de defensa mutua (artículo cinco) ni sede u otra forma de organización institucional.

Ejemplo de la cooperación al interior de los bloques, encontramos a los militares japoneses y americanos que han mantenido una cálida relación pero existe un discurso por parte del gobierno del primer ministro japonés, Fumio Kishida, en el que no puede tomar posiciones tan cerradas acerca del posicionamiento frente a China ya que se pretende continuar con los diálogos y cooperar en desafíos mutuos con Beijing, principalmente cuando este país es el mayor mercado de exportación y comercio de Japón. Al respecto Joe Biden (2021) afirma:

En referencia al AUKUS, según el gobierno británico, con el mismo se mejorarán:

Como respuesta a la consolidación de alianzas militares en la zona de influencia china, Beijing ha creado islas artificiales dragando tierra sobre arrecifes y las ha convertido en bases militares, así como ha lanzado incursiones militares alrededor de las islas Senkkaku/ Diaoyu, disputadas con Japón.

A través de AUKUS y el QUAD, Estados Unidos ha conformado su bloque de alianzas que le otorga poder y estabilidad y rápida respuesta frente posibles escenarios de tensión. Ahora es tiempo de que China construya sus propias alianzas que permitan el ejercicio conjunto y tener un pacto de defensa común, algo que el AUKUS no posee. Las alianzas más importantes de la región para China son: Corea del Norte, Rusia y Pakistán, este último cumple el rol de contrabalancear la influencia y poder de India. A comparación de Washington, podemos observar un desbalance en la cantidad de aliados en el plano asiático. Sin embargo, si evaluamos la calidad de los tres países que se encuentran en el bando chino, estamos hablando de potencias que tienen capacidad nuclear, que aportan un gran peso a la hora de disuadir y evitar ser disuadidos.

Conclusión

La lucha por el poder se ha constituido como una constante en las dinámicas de amistad-enemistad en el sistema internacional. La emergencia de China y su posición en el poder global se ha consolidado como el foco de atención para potencias consolidadas como son Estados Unidos y Rusia, y sus correspondientes aliados, quienes percibirán en el Reino del Medio un creciente agente desequilibrador de la balanza de poder mundial que puede generar una disminución de su propio poder. Por consiguiente, la política exterior de aquellos Estados-Nación que poseen mayor influencia sobre el devenir del orden global han iniciado a virar su política exterior hacia una nueva arena de disputa: Asia Pacífico. La política mundial encontrará su centro de poder en la región cuyas dinámicas al interior de esta tendrá enormes implicaciones geopolíticas y geoestratégicas. Entrenamientos militares en conjunto, prueba de nuevos misiles nucleares, lanzamiento de nuevos dispositivos para la guerra, firma de acuerdos de cooperación militar, búsqueda de China por formar una alianza de seguridad con las naciones del Pacífico y la instalación de una base militar china en la Isla Salomón, corresponde a un reflejo de la relevancia que ha adquirido la región de Asia Pacífico. Asimismo, mientras Estados Unidos se ha concentrado la mayor parte del siglo XXI en prolongar su presencia en Medio Oriente, China se ha dedicado a forjar las herramientas y las alianzas en Asia Pacífico que le permiten, hoy, ser las fuentes de poder para posicionarse en el sistema internacional y peligrar la posición de hegemonía a Estados Unidos.

Bibliografía

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Una aproximación al abordaje de la Cuestión Malvinas: tres ejes de análisis de la Política Exterior de Fernández

Abril Bidondo^[2]*

Introducción

El 3 de enero de 1833 el Reino Unido ocupó ilegalmente las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur. Esta ocupación implicó la expulsión de las autoridades argentinas violando la integridad territorial del país. Desde ese momento Argentina reclama como objetivo permanente e irrenunciable la soberanía, consolidándose en lo que se conoce como la ‘Cuestión Malvinas’: una disputa de soberanía entre la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda el Norte, por las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

A lo largo de estos ciento ochenta y nueve años de ocupación, los sucesivos presidentes han desplegado estrategias de vinculación con el Reino Unido para buscar una solución a la disputa, pero principalmente centradas en el diálogo bilateral. Ya que como sostiene Simonoff, fue una cuestión poco prioritaria de la política exterior porque pertenecía a la esfera de influencia inglesa (2017, p. 258). Esto ocasionó que Argentina no cuente con amplios márgenes de acción, durante el siglo XIX y la primera parte del siglo XX.

Por su parte la Organización de Naciones Unidas aprobó dos resoluciones de fundamental importancia y relevancia para la Cuestión Malvinas: las resoluciones 1514 y 2065.  La resolución 1514 fue aprobada en 1960, conocida como ‘Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales’. Expresa un llamamiento a la independencia de las colonias bajo el derecho de la libre determinación de los pueblos.

Cinco años después, se aprobó la resolución 2065 en la cual se reconoce la existencia de una disputa de soberanía entre la República Argentina y el Reino Unido en relación con las Islas Malvinas. Se encuadra el conflicto específicamente en una situación colonial instando a las partes a resolver la disputa bajo las recomendaciones del Comité Especial de Descolonización, la resolución 1514, los intereses de la población y las disposiciones y objetivos de la Carta.

Es importante resaltar que fue bajo la presidencia de Arturo Ilia cuando se presentó el problema en el marco del Comité de Descolonización de Naciones Unidas. La aprobación de la resolución 2065 significó un hito trascendental para el reclamo argentino, ya que instó al Reino Unido a la negociación, quien hasta el momento era renuente a ello.

El punto de inflexión en el siglo XX fue la decisión de la cúpula militar argentina en 1982, de intentar tomar y recuperar por la fuerza a las islas. Como sostiene Simonoff…

La guerra fue un verdadero hito que dividió el proceso de negociación en dos, ya que los británicos no han vuelto a querer discutir el tema de la soberanía, obligando a la Argentina a partir de cero en el proceso (2017, p. 265)

Política Exterior de Fernández

Alberto Fernández, asume como presidente encabezando la coalición del Frente de Todos^[3] en diciembre de 2019, y definió a su Política Exterior a partir del concepto de ‘dinamismo pragmático’. En su discurso de asunción expresó: “una Argentina inserta en la globalización, pero con raíces en nuestros intereses nacionales. Ni más ni menos lo que hacen todos los países desarrollados que promueven el bienestar de sus habitantes” (Fernández, 2019). Allí se expresa que ingresa al globalismo, porque no se identifica por fuera de él, pero desarrolla un corte autonomista haciendo eje en los intereses nacionales.

Simonoff (2020) entiende que el concepto de dinamismo pragmático combina dos planos: por un lado, una diplomacia comercial dinámica y por otro, la defensa de una serie de principios como la paz, la democracia y la plena vigencia de los derechos humanos (p. 1).

Es menester resaltar que los dos primeros años de mandato estuvieron casi por completo atravesados por la pandemia del COVID-19, lo que fue un gran y grave condicionante para sus políticas.

Tres ejes para el análisis de la Cuestión Malvinas

1- El ámbito bilateral desarrollado con el Reino Unido.

Tras su asunción a la presidencia, inicialmente el gobierno de Alberto Fernández expresó la idea y necesidad de revisar los Acuerdos de Madrid I y II porque esta política de acercamiento bajo el ‘paraguas de soberanía’^[4] no resulta exitosa para Argentina, sino más bien por el contrario siempre ha jugado a favor del Reino Unido.

Merke (2019) sostiene que el gobierno “pretende adoptar una postura madura y responsable en la relación con el Reino Unido, pero firme con la defensa de los intereses en el Atlántico Sur” (p. 15). Por su parte el presidente en el discurso en la Asamblea General de Naciones Unidas expresó…

El Reino Unido persiste en su actitud de desoír el llamado a reanudar las negociaciones respecto de la disputa territorial y ha agravado la controversia por los llamados a la explotación ilegal y unilateral de los recursos naturales renovables y no renovables en el área, acción contraria a la Resolución 31/49 de esta Asamblea (Fernández, 2021).

Como se sostuvo inicialmente, el gobierno de Fernández rápidamente se vio condicionado por el desarrollo de la pandemia del Covid-19 y su impacto en la Cuestión Malvinas no fue una excepción. Como expresa Simonoff…

En su comunicación con el embajador del Reino Unido, el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur mencionó la posibilidad de colaborar con los habitantes a través del envío de alimentos frescos, insumos médicos o test para detectar el virus causante del Covid-19, así como a disponer los medios para realizar vuelos humanitarios que sean necesarios y lugares de atención en centros médicos del territorio continental argentino (2020, p.6).

Por un lado, en términos de un diálogo menos amigable en la relación bilateral, el gobierno retornó a la aplicación de sanciones a empresas petroleras que cuentan con licencias ilegales y trabajan en el área. Así como también el presidente expresó su profundo rechazo a la presencia militar ‘desmedida e injustificada’ en la región, referido a “los ejercicios bélicos realizado habitualmente por Gran Bretaña como a la presentación realizada por el premier Boris Johnson de las conclusiones de la Revisión Integrada de Defensa, Seguridad, Desarrollo y Política Exterior del Reino Unido luego del Brexit” (Simonoff, 2021, p. 8).

Por otro lado, se ha podido reanudar la cooperación humanitaria en torno al proceso de identificación de los soldados caídos y enterrados en el cementerio Darwin en la Isla Soledad, que se viene llevando adelante desde hace décadas. Éste se lleva a cabo en el marco del ‘Plan Proyecto Humanitario Malvinas’ desarrollado en conjunto con la Cruz Roja y el Equipo Argentino de Antropología Forense. Hasta la fecha, se han logrado identificar más de 114 cuerpos.

La relación bilateral no fue un elemento que el gobierno buscó profundizar en primera instancia, ya que no hubo grandes avances en los dos años de mandato en este tipo de vínculo.

2- Ámbito multilateral

En relación con el análisis del ámbito multilateral del gobierno de Fernández, se puede apreciar rápidamente el objetivo de posicionar a la Cuestión Malvinas como un reclamo y una lucha regional. Al respecto Daniel Filmus^[5], Secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, sostuvo…

Las renovadas muestras de respaldo por parte de los diversos foros latinoamericanos evidencian que la controversia se ha consolidado como una causa de todos los países de la región. No sólo porque la usurpación territorial lastima a la Argentina y a todo el Cono Sur, sino también porque las consecuencias de esta permanencia colonial constituyen una agresión a la soberanía, integración y desarrollo de todo el continente (2020, s/p).

Durante el Parlamento del Mercosur en 2020, se brindó un total apoyo a la Cuestión Malvinas, argumentando que es una causa de todos los países de América Latina.  A ello se suman…

Numerosas manifestaciones del Mercosur, la Unasur, la Celac, la Olade, la Aladi, el Grupo de Río, las Cumbres Iberoamericanas, la Cumbre de países africanos y latinoamericanos, la Cumbre de países árabes y latinoamericanos, la Zona de Paz del Atlántico Sur (ZPCAS), el Parlatino y el Parlasur, entre otros, que se manifestaron sobre la Cuestión Malvinas con un contundente respaldo a la posición de la República Argentina (Shqueitzer, 2021, s/p).

Por su parte, el Canciller Solá[6], introdujo el tema en una serie de conferencias y charlas que tuvo con sus pares en países como Australia, Irlanda y Armenia, haciendo hincapié en cómo tratará el tema Malvinas la Unión Europea post Brexit. Al respecto Fernández pronunció…

Nuestra estrategia de desarrollo concibe una Argentina bicontinental que va de La Quiaca al Polo Sur. Una Argentina que está dispuesta, de la mano de América Latina y de la gran mayoría de los países del mundo que en el 2020 han vuelto a apoyar nuestra posición en todos los organismos multilaterales, a mantener nuestro firme reclamo al Reino Unido para la reapertura del diálogo bilateral por la soberanía en los términos que plantean las Naciones Unidas (2021)

Este análisis deja cuenta que la administración Fernández priorizó entonces desarrollar una estrategia más abocada al plano multilateral en busca de apoyo internacional a la causa Malvinas, para desde allí destrabar la relación bilateral.

3- Ámbito interno.

La primera acción del presidente Fernández fue establecer nuevamente la Secretaría de Malvinas y el Atlántico Sur, volviendo a su rango anterior, expresando con esta acción la relevancia que se busca dar a la causa. La secretaría fue presidida inicialmente por Daniel Filmus y se argumentó que tendría como objetivo revisar los acuerdos existentes con el Reino Unido y profundizar las instancias de diálogo en torno al reclamo.

En su discurso de asunción el presidente sostuvo…

El gobierno buscó desde un primer momento colocar a la Cuestión Malvinas como un eje relevante de su política interna, por ello ha realizado diferentes acciones en búsqueda de ese objetivo. Se enviaron al Congreso tres proyectos de ley en junio de 2020 referidos a:

La creación del Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los Espacios Marítimos Correspondientes; 2) La demarcación del límite exterior de la plataforma continental argentina; 3) La modificación del Régimen Federal Pesquero.

Como sostiene Shqueitzer, “se aspira a generar un trabajo multidisciplinario e institucionalizado en relación con Malvinas, como también a incrementar la seguridad jurídica y proteger los recursos pesqueros en aguas argentinas, incluyendo las que circundan a las Islas Malvinas” (2021, p.2). Todas las propuestas de ley fueron aprobadas ese mismo año.

Como señaló el Presidente Fernández (2020) en el discurso citado anteriormente, el Consejo está integrado por las fuerzas políticas con representación parlamentaria, notables académicos y juristas, la provincia de Tierra del Fuego y representantes de los excombatientes. La Cancillería expresó que debe asesorar sobre la construcción de políticas de mediano y largo plazo y en la elaboración consensuada de estrategias en el plano global, regional y nacional, que permitirán sostener el reclamo con continuidad y coherencia.

En palabras del Canciller Solá, tiene por “objeto construir un espacio plural en el máximo nivel institucional que diseñe estrategias de mediano y largo plazo, e impulsar la participación en reuniones y seminarios referidos a la Cuestión Malvinas” (2020, s/p).

La segunda ley tiene por finalidad demarcar el límite exterior de la plataforma continental más allá de las 200 millas, contribuyendo a proteger los derechos de soberanía sobre los recursos del lecho y subsuelo marino. Este trabajo realizado por la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental comenzó en 1997 y se mantuvo en forma sostenida e ininterrumpida.

Por su parte se presentaron los mapas que expresan la nueva demarcación de los límites de Argentina, trabajo conjunto entre la Secretaría de Malvinas y el Ministerio de Educación.

La tercera ley expresa como objetivo defender los recursos pesqueros del país elevando las multas para la pesca ilegal, (fijadas en 1997), incluidas las zonas circundantes a las Islas Malvinas.

Asimismo, se anunció la convocatoria a proyectos de Investigación y Desarrollo Tecnológico Orientados al sector marítimo de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, dirigidos a integrantes de la comunidad científica para la presentación de propuestas en el marco del reactivado programa Pampa Azul (Shqueitzer, 2021).

Este año se conmemoran los cuarenta años de la Guerra de Malvinas y por ello el gobierno organizó en noviembre de 2021 una Mesa Interministerial “Malvinas 40 años”, en la que participan todas las áreas del gobierno nacional en articulación con las provincias. Dicha mesa lanzó la “Agenda Malvinas 40 años”, una serie de acciones y actividades oficiales programadas para la conmemoración y homenaje a los caídos, veteranos y familiares, con el objetivo también de profundizar y visibilizar la Cuestión Malvinas. Las propuestas varían entre charlas, actos recordatorios, antecedentes históricos, homenajes e información audiovisual y documental.

Respecto a ello la Cancillería informó en el comunicado oficial del día 3 de enero, que abarcará todo el año y todo el territorio con actividades propuestas desde diferentes áreas del gobierno como las provincias, municipios, el Consejo, las organizaciones de excombatientes, universidades, entre otros.

Palabras finales

La política de Fernández busca generar instancias de marco institucional que puedan encauzar de forma más duradera el reclamo soberano de la Cuestión Malvinas. Por supuesto que es muy pronto para generar una evaluación de las políticas aplicadas en estos dos años de gobierno, pero sí se puede identificar que la Cuestión Malvinas tiene otra relevancia para esta gestión. Expresada en la búsqueda de apoyo y trabajo con la región y sobre todo en la defensa de los intereses nacionales frente a la potencia colonial.

Es de suma importancia, prioridad y urgencia que se logre desarrollar una Política Exterior concisa, sólida, institucional e integral en torno a la Cuestión Malvinas y el Atlántico Sur, como política de Estado, para poder trazar un camino serio en la lucha por la soberanía, la defensa y la integridad territorial, más allá de las banderas partidarias.

Bibliografía

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Cooperación Sur- Sur, las Smart Nations: el caso del memorándum de entendimiento entre Argentina y Singapur

Belén Álvarez Bertonasco^[7]

En este trabajo se tratará la Cooperación Sur- Sur entre Argentina y Singapur, tomando el caso de las Smart Nations. Se realizará un análisis de ellas y su relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para la Agenda 2030, planteados por Naciones Unidas (NU). La iniciativa está pensada bajo el Memorándum de Entendimiento para actividades de cooperación triangular y cursos conjuntos de capacitación para terceros países firmado por la República Argentina y Singapur.

Se buscará explicar cómo ésta funciona como un buen ejemplo para la construcción de un gobierno transparente, innovador y receptivo para el Siglo XXI.  Además, se destacará cómo apunta a la inclusión social y al acceso de nuevas tecnologías y cómo está relacionado con los ODS Número 9 “Industria, Innovación e Infraestructura” y el Número 11 “Ciudades y Comunidades Sostenibles”.

Cooperación Sur- Sur

Para interiorizarnos en la temática tratada para esta investigación, debemos primero analizar qué se entiende por cooperación internacional.

De acuerdo a Pitman B. Potter (1935), esta consiste en acciones de al menos dos estados dirigidas a lograr un resultado considerado como un beneficio para todos los involucrados. Es decir, implica que al menos dos partes interactúen en pos de un objetivo común. Sin embargo, debe aclararse que no hace referencia alguna a que el beneficio sea igual o proporcional para todas las partes.

El término “Sur” hace referencia a un concepto que abarca más que a una categoría netamente geográfica. Se asienta en una concepción política y económica basada en la idea de la existencia de asimetrías en el sistema internacional, principalmente en términos de desarrollo y poder (Potter, 1935, p.380). Por esta razón, los países del llamado hemisferio sur no representan un grupo totalmente homogéneo, pero sí comparten algunas características, vulnerabilidades y desafíos.

Es por estas explicaciones, que se utilizará la noción de cooperación Sur-Sur proporcionada por Gladys Lechini:

De esta manera, se puede decir que la cooperación sur-sur es de suma importancia para este conjunto tan asimétrico grupo de países. Se erige como una plataforma de trabajo conjunto propicia para tratar temáticas, desafíos y oportunidades en común.

Es por esta razón que tiene un grado importante de “componente político, reivindicativo y de denuncia de las condiciones económicas y estructurales de distribución del poder internacional” (Ayllón Pino, 2009, p.3).

Promueve, en definitiva, el intercambio de conocimiento, capacidades, recursos y know-how tecnológico a través de diferentes programas, proyectos e iniciativas que ayudan a resolver problemas específicos en los países que involucra y que favorece, al mismo tiempo, una mejoría en su posición relativa en el proceso de toma de decisiones y negociación.

Asimismo, se debe mencionar que la apertura de embajadas o consulados, y las misiones y giras diplomáticas en sí, se presentan como una expresión de cooperación y de estrechamiento de vínculos. Se constituyen como una forma de proyectar los intereses y valores de un estado en particular y cumplen un rol de apoyo fundamental para poder instrumentar las políticas de cooperación deseadas.

Relación MERCOSUR- ASEAN

MERCOSUR

El día 26 de marzo de 1991 con el Tratado de Asunción, se dio el inicio a la conformación del llamado Mercado Común del Sur o MERCOSUR, donde Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, fueron los países fundacionales. Considerada la 5° economía del mundo surgió con un marcado objetivo económico-integracionista, enmarcados en la fraternidad de las miradas político-económicas de los gobiernos de los países integrantes del bloque (Campos e Ibáñez Diosquez, 2020).

El objetivo principal del bloque es “propiciar un espacio común que generará oportunidades comerciales y de inversiones a través de la integración competitiva de las economías nacionales al mercado internacional” (MERCOSUR, 4º párrafo, s.f), en otras palabras, constituir un Mercado Común entre las partes. La Decisión CMC N° 23/14 sobre “Política de Cooperación Internacional del MERCOSUR”, estableció: reducir las asimetrías entre los países del bloque e intercambiar conocimientos y experiencias, buenas prácticas, políticas públicas tanto al interior como al exterior del organismo.

ASEAN

La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) nació por motivos de seguridad regional en el año 1967, en el marco de la Guerra Fría, como un acuerdo político y de seguridad (Campos e Ibáñez Diosquez, 2020)

Los tratados aprobados en las primeras décadas fueron de defensa y no incorporaban ninguna meta económica. Luego, comenzó un proceso de evolución a partir de sus marcadas diferencias (fronteras, culturas y etnias) logrando sostenerse sobre tres pilares: económico, cultural y político. En el bloque predomina      la “filosofía del mínimo común denominador”, es decir, la toma de decisiones por consenso (Campos e Ibáñez Diosquez, 2020)

Al menos tres características explican la modalidad de negociación de la ASEAN: flexibilidad, equilibrio e innovación (Bartesaghi, 2016). Esto permite que todos los socios sean parte de los nuevos objetivos planteados por el proceso de integración.

Relación entre ambos bloques

El MERCOSUR, concibe la cooperación internacional como una herramienta para fortalecer las capacidades de los Estados parte contribuyendo a la integración regional del bloque. Por este motivo      se han llevado a cabo proyectos de cooperación con terceros países en diferentes temáticas, entendiendo como de gran importancia, la cooperación sur-sur.

Estos acuerdos se realizan en el marco de la “Política de Cooperación Internacional del MERCOSUR”, aprobada en 2014, la cual establece los principios, objetivos y modalidades de la cooperación técnica del bloque (MERCOSUR, 4º párrafo, s.f).

El caso entre Argentina y Singapur

En el contexto del Memorándum de Entendimiento para actividades de cooperación triangular y cursos conjuntos de capacitación para terceros países entre la República Argentina y Singapur, entre el 27 de febrero y el 3 de marzo de 2018 se desarrolló el Seminario “Smart Nations Initiatives” (Fondo Argentino de Cooperación Sur – Sur y Triangular o FO.AR, 2019, p. 88.)

“Smart Nations Initiatives” es la primera iniciativa conjunta entre la Dirección General de Cooperación Internacional (DGCIN) del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina y la Dirección de Cooperación Técnica dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores de Singapur (FO.AR, 2019, p. 88.).

Esta actividad contó con la participación de veintidós funcionarios de países miembros de ASEAN (Brunei, Camboya, Laos, Malasia, Myanmar, Filipinas, Tailandia y Vietnam), además de haber tenido invitados de Timor Oriental.

El proyecto apoya la construcción de un gobierno transparente, innovador y receptivo para el siglo XXI, que apunte a la inclusión social y que garantice el acceso universal a las nuevas tecnologías.

La Lew Kwan Yew School of Public Policy, dependiente de la National University of Singapur, y el Ministerio de Modernización de la Nación son las contrapartes técnicas a cargo de la conducción del proyecto (FO.AR, 2019, p. 88.).

Durante su primera edición, se abordaron diferentes aspectos de la tecnología y la innovación, en particular el uso de tecnologías en las áreas de gobierno, infraestructura y servicios públicos. Este tema es considerado de importancia estratégica para ambos países. Además, se presentó la experiencia de Singapur en el desarrollo de Smart Nations y las fuerzas impulsoras detrás de la iniciativa (FO.AR, 2019, p. 88.).

También, se proporcionó una perspectiva sobre cómo facilitar la colaboración efectiva entre organizaciones gubernamentales, expertos y actores del sector privado, para implementar soluciones integrales de gestión, avanzando hacia el concepto de “nación inteligente”.

La segunda edición de esta capacitación conjunta se llevó a cabo del 22 al 26 de abril de 2019, en Buenos Aires, en el Palacio San Martín, por expertos de la Secretaría de Gobierno de Modernización y expertos singapurenses para toda la región latinoamericana. Finalmente, la Cancillería argentina, junto a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y a la Autoridad Nacional de Aviación Civil (ANAC), trabajan actualmente con Singapur en una iniciativa en materia de ciberseguridad en la aviación (temática en la que Singapur se destaca a nivel internacional) (Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, 2019).

Relaciones entre los ODS y la iniciativa Smart Nations

Como se explicó en la introducción, se intentará realizar una interrelación entre los ODS Número 9 “Industria, Innovación e Infraestructura” y el Número 11 “Ciudades y Comunidades Sostenibles”.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también conocidos como Objetivos Mundiales u ODS por sus siglas en español, se adoptaron por todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas. Esto se dio en el año 2015 como un llamado universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad para 2030 (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo o PNUD, 2015). Los 17 ODS están integrados y relacionados, ya que, reconocen que las intervenciones en un área afectarán los resultados de otras y que el desarrollo debe equilibrar la sostenibilidad medioambiental, económica y social (PNUD, 2015).

El ODS 9, por un lado, apunta a la industrialización, la infraestructura y la innovación. Está pensado con el objetivo de construir infraestructura resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. El ODS 11, por el otro, tiene que ver con las ciudades y comunidades sostenibles. Busca lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. En las Smart Nations, se busca que, por medio de las tecnologías en las áreas de gobierno, infraestructura y servicios públicos, que los dos países se relacionen por medio de la cooperación sur-sur. Para ello, se toman las diferentes tecnologías de los países involucrados y además, se utilizan ejemplos regionales, como es el caso de las Smart Cities planteadas por Corea del Sur.

Conclusiones

Se intentó realizar una interrelación entre la Cooperación Sur- Sur y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con la iniciativa llevada a cabo entre Argentina y Singapur con las Smart Nations.

Argentina, por medio de estas iniciativas o proyectos con la ayuda de Singapur y otros países que pertenecen a la ASEAN, busca obtener energías, para poder llevar a cabo las ciudades inteligentes en nuestro país. El objetivo es obtener mejoras en infraestructura, en la reducción de costos de mantenimiento facilitando la ejecución de acciones preventivas y correctivas así como también apuntar al ahorro de energía y a una mejor accesibilidad.

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¿Las políticas de austeridad de la Unión Europea han aumentado el euroescepticismo?

Estefanía Yacosa^[8]*

Introducción

El euroescepticismo, entendido como rechazo a la integración europea, tiene defensores por izquierda y por derecha, aunque es sobre este último tipo ideológico en el cual este trabajo pone la lupa. La razón de ello está en que existen elementos comunes en los discursos de los partidos euroescépticos de extrema derecha en el continente que son vistos como un riesgo al mantenimiento de la integración europea, debido a sus demandas y su forma de hacer política. Otra razón es la que indica el ex ministro de Finanzas griego, Yanis Varoufakis: los nacionalismos de derecha, en el pasado, fueron sumamente destructivos para Europa, y por ello, uno de los motivos más fuertes para ir hacia un proyecto consolidado de integración europea (Reingold 2020). Puesto en estos términos, y si se recuerda que la Unión Europea (UE) fue construida para limitar estos impulsos nacionalistas, resulta irónico -sino un fracaso- que hoy la integración sea una de las razones del resurgimiento de estos mismos sentimientos en gran parte de Europa (Torbeau, 2016).

La austeridad europea

Concretamente, para poder establecer un vínculo entre austeridad y euroescepticismo, es necesario observar el contexto socioeconómico en el que crece, aparentemente, este fenómeno político que es la ultraderecha nativista europea.      En este escenario de crisis económica, si bien hay detonantes —como lo fue el estallido de la burbuja inmobiliaria en algunos países europeos y los efectos de la crisis provocada por el quiebre de Lehman Brothers en Estados Unidos—, lo cierto es que el duro efecto de la deuda pública tiene su origen en la arquitectura económica de la unión monetaria forjada en el Tratado de Maastricht y en los posteriores Pacto de Estabilidad y Crecimiento y en la Agenda de Lisboa. En Maastricht, se acordó una unión monetaria sin unión política: no se logró llegar a una Constitución Social Europea que acompañara la integración económica. Un rasgo fundamental de esta unión monetaria es que impone a los mercados como único mecanismo de control del déficit, prohibiendo otros métodos de creación del dinero. Años más tarde, se construyó el Pacto de Estabilidad para evitar desequilibrios fiscales causados por los sectores públicos de los países integrantes. La Agenda de Lisboa continuó esta línea, como una forma de forzar a los países a llevar a cabo reformas para aumentar la eficiencia de sus economías y lograr una convergencia en competitividad dentro de la unión monetaria que evitase la aparición de desequilibrios insalvables. En conjunto, estos tres acuerdos establecieron la confianza en un futuro común para los miembros de la UE en los mecanismos de coordinación que operaban a través de los mercados, sin incorporar ningún mecanismo preciso de solidaridad y transferencias internas que fuesen más allá de los fondos estructurales (Costas y Arias, 2016).

Más adelante, ya en 2008, lo que ocurrió fue la ejecución de una serie de políticas expansivas para paliar los efectos de las mencionadas crisis inmobiliarias de algunos países europeos y el impacto de la crisis estadounidense. Para los economistas españoles Antón Costas y Xosé Arias (2016), la continuidad de estas políticas se interrumpió por los efectos del Pacto del Euro, cuyo objetivo consistía en solucionar los desequilibrios fiscales surgidos en los países que habían realizado un excesivo gasto público     con políticas de austeridad (lo que se enmarca en la actividad de las instituciones mencionadas en el párrafo anterior). Costas y Arias señalan que el programa de austeridad se manifestó como un sistemático deterioro de algunos de los más importantes servicios públicos, que son el corazón del Estado de Bienestar europeo, afectando fundamentalmente a los sectores de renta media y renta media-baja. Junto con el alza del paro y el empobrecimiento ocasionado por la devaluación salarial, la austeridad es uno de los mecanismos centrales del aumento de la desigualdad y pérdida de oportunidades que se ha producido en los últimos años en países como España (Costas y Arias, 2016). Estos autores también plantean que la austeridad no sólo retrasó la recuperación de la crisis de 2008, sino que, juzgándola en términos de consecución de los objetivos buscados, (rápida reducción de los niveles de déficit y de deuda pública) también fue una política que llevó a fracasos. Inclusive, muchos países están lejos de cumplir las reglas del equilibrio presupuestario del Pacto de Estabilidad, e incluso sus niveles de deuda aumentaron (al menos hasta 2016), obviamente por causa de delegar regulaciones en los mecanismos de mercado. De este modo, se evidencia una contradicción por la cual es muy difícil salir de la crisis: los programas de austeridad impactan directamente en la formación de capital ya que, al disminuirse el gasto en ámbitos como la educación y el cambio técnico, no se definen caminos de crecimiento sólido y sostenible a largo plazo, y es a partir del crecimiento que se puede pagar la deuda. Por ello, muchos analistas concluyen que la obsesión por la austeridad fiscal es el verdadero motor del estancamiento. En este sentido también encontramos la postura de Marcelo Justo, periodista de la BBC, quien señala que aplicar un ajuste en medio de una recuperación incipiente o una prolongada recesión, (…) presenta serios peligros: el remedio puede ser peor que la enfermedad (BBC, 2010). Justo cita en su artículo las palabras de John Monks, secretario general de la Confederación de Sindicatos Europeos al respecto: «Nos exponemos a una doble recesión. Cortar el gasto público fue lo que hizo el presidente Hoover en los Estados Unidos o el canciller Brüning en Alemania en 1931, provocando la depresión y tragedia de la década del 30” (BBC, 2010, s.p)

Volviendo a Costas y Arias, ellos también señalan que quienes defienden la austeridad radical argumentaron que esta era necesaria para obligar a algunos países a abordar profundas reformas en su economía, que por ser muy impopulares nunca se harían en otro contexto. El problema más evidente es que estas reformas llevan a un estancamiento que beneficia a pocos, y con el malestar que generan materializan más que una amenaza retórica, una amenaza muy real para Europa. Se podría discutir si era necesario o no hacer un reajuste del gasto público para sanear el déficit fiscal, pero más difícil es defender el carácter radical y generalizado que tuvo el ajuste, que resultó más que poda, un desmalezamiento de los Estados de Bienestar europeos. La austeridad no cayó sobre los proyectos de inversión fuera de escala durante la fase de expansión, sino sobre aspectos fundamentales del gasto social y la capacidad emprendedora de los Estados. De ahí que sean reformas que en otro contexto “nunca se harían”. Otra realidad, pero relacionada con la cuestión moral e ideológica que incide en el malestar de las sociedades europeas, es que la UE sufre de un déficit de legitimidad democrática, que se ha manifestado numerosas veces, y en ello esto mucho tiene que ver el estilo tecnocrático de sus órganos, que choca explícitamente con tradiciones políticas europeas (Costas y Arias, 2016). Para los mencionados autores, la gestión del francés Jacques Delors al frente de la Comisión (1985-1995) produjo muy buenos resultados siguiendo este estilo, pero generó una enorme desconfianza hacia “los burócratas de Bruselas” en miles de europeos.

El euroescepticismo: ¿en la izquierda y en la derecha?

Con lo visto hasta aquí, se sugiere que el aumento del euroescepticismo tanto por izquierda como por derecha tiene conexión con el malestar generado por la austeridad europea impuesta a los gobiernos nacionales. Sin embargo, es preciso notar que hay otros factores en juego, quizás fuerzas profundas subyacentes, que se despiertan con este malestar socioeconómico. Esta hipótesis es la que plantea Sergi Pardo-Prado (2019), señalando que los declives económicos activan actitudes culturales contrarias a la inmigración, a la integración europea y a la diversidad identitaria. Para explicar el euroescepticismo y las posiciones xenofóbicas en aumento, existen perspectivas que consideran el factor económico como desencadenante, y otras que consideran que es la cuestión identitaria. Con mayores o menores aciertos, es necesario considerar ambas perspectivas como complementarias, dado el estado de teorización al respecto del tema logrado hasta el momento. En este sentido, según Esparza (2016) los investigadores Ronald Inglehart y Pippa Norris definen el perfil de quienes apoyan al populismo en Europa: «Generalmente es más fuerte entre generaciones más viejas, hombres, con bajos niveles de educación y pertenecientes a mayorías étnicas y religiosas» (Citado en Esparza, 2016). Y destacan que el aumento de votos a partidos populistas se debe explicar «en gran medida, como una reacción contra el cambio cultural progresista» que se inició a principios de los 70.

La derecha euroescéptica

Según Thomas Borzel, los votantes que se vieron personalmente afectados por la crisis y quienes apoyaron las políticas redistributivas en toda la UE, tenían más probabilidades de votar por partidos euroescépticos de izquierda, mientras que quienes se oponen a las transferencias y a las políticas de inmigración liberales probablemente votarían a los partidos populistas de derecha (Borzel, 2018). Al contrario de la izquierda euroescéptica, -y si bien puede alimentarse del mismo malestar social- el euroescepticismo de derecha tiene una razón de ser y un propósito diferente. Los partidos euroescépticos de extrema derecha rechazan la permanencia en la UE basándose en sentimientos de soberanía nacional y antiinmigración (Treib 2014, citado en De Vries 2018). Parecería ser que la inmigración es el aspecto más visible de una globalización impuesta por la pertenencia a la UE y la crisis de los refugiados dada en el espacio Schengen. Para Sanahuja (2019), este rechazo al inmigrante no es solamente influenciado por cuestiones culturales, sino que se alimenta del miedo de muchos sectores de la población que se auto perciben como “perdedores” de la globalización. Según este autor, generalmente estos sectores están conformados por trabajadores cuyos puestos se encuentran en riesgo, ya sea por efecto de la deslocalización productiva (producto de la apertura de la globalización) o por la competencia con trabajadores inmigrantes por puestos en sectores de bienes no transables y de bajas cualificaciones (no deslocalizables al tercer mundo). Esto parecería no ocurrir en los sectores de mayor productividad, donde los trabajadores nacionales no se sienten tan expuestos a la competencia con los trabajadores inmigrantes, y tienden a tener una percepción más positiva y una actitud más abierta y cosmopolita ante la inmigración (Sanahuja, 2019).

Pardos-Prado difiere un poco respecto del análisis de Sanahuja. Para este autor, ni el nivel educativo de los trabajadores ni la cantidad de trabajadores inmigrantes son determinantes en el riesgo laboral que perciben los votantes euroescépticos. Particularmente, analizando el caso del partido de ultraderecha alemán Alternativa para Alemania (AfD), identifica que en el electorado de extrema derecha antieuropeísta se encuentran tanto votantes de bajos niveles educativos, -sobre todo provenientes de la antigua Alemania del Este-, como también votantes altamente formados, -de la antigua Alemania Occidental- (Pardos Prado, 2019). Por otro lado, en relación con el mercado de trabajo, las actitudes xenófobas no dependen del número real de inmigrantes que compiten por los mismos puestos de trabajo (Hainmueller y Hopkins, 2014, citado en Pardos-Prado, 2019), sino de las fluctuaciones en la demanda laboral. Esto significa que la percepción de amenaza económica no está determinada por la cantidad de trabajadores extranjeros, sino de la existencia de puestos de trabajo decentes (Pardos Prado, 2019). Esto llevaría a pensar que quizás son las políticas públicas de empleo las que juegan un rol determinante en el crecimiento del euroescepticismo, y ahí podríamos establecer el vínculo con las políticas de austeridad del gasto impuestas por la UE. Volviendo a Pardos Prado, este concluye que la percepción de riesgo económico y de miedo a la competición internacional puede afectar a personas de clases sociales y niveles ocupacionales muy distintos en el futuro, y que esto implica que la composición sociodemográfica de algunos partidos de extrema derecha podría diversificarse con el tiempo y aglutinar a una coalición de intereses y perfiles mucho más variada (Pardos Prado, 2019).

Otro aporte fundamental es el que realiza la investigadora holandesa Catherine De Vries (2018) al esbozar un perfil del votante euroescéptico británico. Examinando las estadísticas del Estudio de Elecciones europeas de 2014 (European Election Study, EES) de cara al referéndum por la salida de Gran Bretaña de la UE, encontró que al contrario de lo que se estimaba, la voluntad de salida de la UE de los votantes desempleados es menor de lo esperado (un 3% de votantes desempleados por la salida, contra un 8% de desempleados por la permanencia), así como también de quienes tienen problemas financieros (20% de votantes con problemas financieros votarían por la salida, ante un 38% de votantes en iguales circunstancias que optan por la permanencia). Si bien se trata de datos previos al referéndum (cabe recordar que votar no era obligatorio), y del análisis de un solo caso, esto no permite hacer generalizaciones apresuradas respecto del perfil del escéptico promedio, e invita a considerar otros enfoques aparte del económico, como el cultural. En este sentido, De Vries halla que, en este país, el perfil del escéptico es muy probablemente el del hombre adulto y relativamente bien posicionado económicamente. Esto no significa que no haya escépticos con problemas financieros, pero el escepticismo es relativamente mayor en quienes están relativamente bien económicamente. Asimismo, quienes están en posiciones económicas más precarias, con preocupaciones financieras, y son mujeres, más probablemente apoyen la permanencia a la UE. De la misma forma, tener un alto nivel educativo se encuentra tanto en escépticos como en pro europeístas. De Vries intenta explicar en qué condiciones un ciudadano europeo opta por el euroescepticismo. Para ello trae la teoría del benchmark^[9], que plantea que las personas son más proclives a atribuir responsabilidad política a los gobiernos nacionales que a la UE (De Vries, 2018). Es decir que cuando las condiciones nacionales son percibidas como prósperas, esto es atribuido a los gobiernos nacionales, y no a la UE. Esto implica, como consecuencia, que comparativamente se evalúe mejor al régimen y políticas nacionales, y peor a aquellas      de la UE. Esto llevaría a que la evaluación de esta última     sea negativa y el escepticismo sea alto.

Para muchos intelectuales como Varoufakis -orgánicos o no- el auge del euroescepticismo puede ser interpretado como resultado de la etapa actual de la globalización, que genera “ganadores” y “perdedores”, observando una dicotomía suele plantearse en términos de “pueblo” versus “élites” (Reingold 2020). En el discurso de los partidos euroescépticos esta cuestión está muy presente, y al mismo tiempo      que trae cierta realidad, también la deforma. En el caso británico, la élite suele verse como demasiado aliada a Bruselas, y, por ende, como enemiga del pueblo. Irse de la UE, y acordar tratados de comercio con otros países era visto como darle la espalda a esa élite, al establishment, al menos era lo que se planteaba en lo discursivo desde estos partidos. Sin embargo, es cierto que el Brexit tuvo un vínculo directo con las políticas de austeridad, pero no fueron las políticas europeas de austeridad, -Gran Bretaña no era parte de la eurozona, por tanto, no estaba sometida a las políticas económicas de la UE- sino que se trataba de políticas nacionales impuestas por el gobierno liderado por los Conservadores. Thielmo Fetzer (2019) afirma directamente esta relación de causalidad, y señala que las políticas de austeridad ejecutadas luego de 2010 tuvieron un efecto directo en el electorado que optó      por la salida de Gran Bretaña de la UE. Analizando datos de Understanding Society Study y de British Household Panel Study, Fezter observa que las personas que estuvieron expuestas a las reformas de la asistencia social optaron por el partido UKIP (siglas en inglés del Partido de la Independencia del Reino Unido) una vez que experimentaron el recorte de las prestaciones. Además, señala que aumentó la insatisfacción con las instituciones políticas en su conjunto: era más probable que muchos votantes percibieran «que a los funcionarios públicos no les importa», que «no tienen voz en lo que hace el gobierno» y que su voto es «poco probable que haga una diferencia» (Fetzer, 2019 s.p). Para este investigador, cada uno de estos factores está estrechamente relacionado con el sentimiento de abandono.

Al mismo tiempo, el apoyo en Dinamarca y Suecia a los partidos de euroescepticismo duro es elevado, a pesar de que no son parte de la eurozona y por tanto no contribuyen al mecanismo de estabilidad europea. Esto significa que el auge del euroescepticismo no se explica ni por relaciones entre deudores y acreedores en la eurozona, (visualizadas en la rivalidad entre griegos deudores y alemanes acreedores). Además, evidencia      que la respuesta a la pregunta que inició este trabajo es negativa: la austeridad europea no determinó por sí misma el auge del euroescepticismo. Volviendo al trabajo de De Vries, un enfoque desde la teoría del benchmark permite entender por qué el apoyo a los partidos euroescépticos duros es tan alto en países con buenas condiciones económicas, que han atravesado la crisis de la eurozona relativamente bien, y por qué el apoyo al Brexit fue alto tanto en zonas económicamente deprimidas como en áreas más prósperas      de Gran Bretaña. De Vries explica a través de esta teoría que lo que tienen en común estos diferentes tipos de votantes euroescépticos no es la sensación de sufrimiento económico o una identidad nacional exclusiva, sino un punto de referencia nacional (benchmark) que hace lucir al status quo de la pertenencia a la UE como una inconveniencia. Este enfoque señala que lo que importa es cómo se evalúa pertenecer a la UE respecto de la idea de no pertenecer. Entonces el punto crucial es cómo comparan esos beneficios. Como el estado alternativo de no pertenecer es desconocido, las personas suelen basarse en sus evaluaciones de las condiciones nacionales para informar su decisión sobre los beneficios de un estado alternativo a la UE. Puede considerarse que la gente apoya la pertenencia a la UE cuando perciben que los beneficios de pertenecer exceden a los beneficios que piensan que tendrían si su país se fuera de la UE, y son escépticos cuando perciben los beneficios del status quo de la UE como menores a los nacionales (De Vries 2018).

La investigadora Ruth Ferrero-Turrión (2019) también va por esta línea de explicar el euroescepticismo en función de la comparación entre el status de estar o no estar en la UE.      Concretamente, identifica que el proceso de construcción europeo se ha visto interrumpido por la escalada de posiciones que abogan por un repliegue nacional frente al proceso de integración, posiciones que consideran que la UE no ha conseguido redistribuir los recursos a su disposición y que el Estado-nación puede hacerlo de forma más eficaz (Ruth Ferrero-Turrión, 2019). Ejemplos de ello son el Brexit y las llamadas “democracias iliberales” (una especie de liberalismo autoritario) como el gobierno de Viktor Orbán en Hungría. Sobre este último caso, cabe destacar que en Hungría es sumamente fuerte el discurso antiinmigración, planteado como un riesgo para la sociedad húngara impuesto por la UE, pero la realidad es bien diferente: es el país europeo que recibe relativamente menos migrantes.

La estrategia electoral

No sería novedoso afirmar que algunos partidos responden y moldean a las perspectivas de su electorado. Para Borzel (2018), en vez de crear sentimientos antieuropeístas o cambiar identidades colectivas para incrementar el nacionalismo exclusivista, los partidos euroescépticos han aprovechado y movilizado posturas preexistentes entre minorías europeas (De Vries y Edwards 2009, citado en Borzel 2018). En este sentido, Pablo Stefanoni trae al académico Jean Camus, quien propone el término “nacional populismo” para referirse a los esfuerzos por construir un cierto tipo de “pueblo” enfrentado a las “élites”, sobre todo las “globalistas” (Stefanoni, 2021).     Sin embargo, a pesar de todo el armamento discursivo y propagandístico con el que estos partidos cuentan, y de ocupar casi un 16% del Parlamento Europeo (a partir de 2019), las extremas derechas europeas tienen muchas diferencias entre sí. Según el documental Bruselas como enemigo: Ultraderechistas en la Unión Europea del medio alemán Deutsche Welle, los populistas europeos de extrema derecha se reparten entre varios grupos parlamentarios, sin lograr una alianza. Las políticas de deuda y las políticas monetarias son un problema para generar acuerdos en el Parlamento europeo, habiendo acuerdo total únicamente en la cuestión migratoria (una homogénea oposición al sistema europeo de asilo común, y la tajante negativa a una cuota de migrantes). Particularmente, este canal alemán es muy crítico con la extrema derecha alemana, y señala que el discurso de AfD manipula el miedo de sus votantes, con argumentos que evocan cuestiones de la sobrevivencia misma, puesta en peligro por la inmigración. En este documental también se traen las voces de miembros de AfD para ejemplificar cómo los populistas rentabilizan la idea de “Bruselas como el enemigo”, y que la estrategia consiste en “minar a la UE desde dentro”. El guión del documental afirma que, si los populistas obtienen representación en el gobierno europeo, su estrategia consiste en obstaculizar todas las discusiones, con el fin de lograr demostrar que la UE es un aparato de burocracia lenta, inofensiva e inservible. Pero es fundamental observar que esta producción alemana también plantea que estos partidos no se plantean realmente      salirse de la UE, sino reclutar votantes con su discurso, por lo que podría tratarse de una estrategia electoral.

Para Tomas Bontempo (2018) hasta el momento únicamente Irlanda y Portugal son las excepciones al crecimiento de los partidos euroescépticos de extrema derecha europeos. Cabe recordar que han sido dos de los países más golpeados por la austeridad europea, junto con Grecia, Italia y España. Justamente, De Vries observa que los países que han atravesado relativamente bien la crisis de la eurozona, como Austria, Dinamarca, Países Bajos o Suecia, muestran los niveles más altos de apoyo electoral a los partidos euroescépticos duros. Si bien también es fuerte el apoyo euroescéptico en países afectados por la crisis como Italia, y menor el apoyo en Grecia y Portugal, es prácticamente inexistente en países como Irlanda, España o Chipre, que a lo mejor se vieron igualmente afectados por la crisis (Peet y La Guardia 2014, citado en De Vries 2018).

Conclusiones

La pregunta que inició este trabajo atribuía el crecimiento del euroescepticismo a las políticas de austeridad europeas. Destacados investigadores sociales adjudican al crecimiento de la extrema derecha el malestar económico      y refuerzan sus argumentos haciendo paralelismos con lamentables sucesos bélicos del pasado siglo XX. Si bien la historia suele repetirse cuando no existe una profunda reflexión política colectiva, no es prudente realizar tan prontamente analogías que especulen con escenarios catastróficos. Parece ser necesario explorar otro tipo de variables que enriquezcan la reflexión académica, ya que la hipótesis que explica el auge del euroescepticismo de derecha por la austeridad que afecta a los sectores más socioeconómicamente vulnerables, resulta insuficiente. Queda en evidencia cuando encontramos que el perfil del votante euroescéptico de derecha no es ni pobre ni sufre en carne propia el malestar de la globalización. Ciertamente existe un malestar en las sociedades europeas que puede vincularse con la puesta en práctica de los mandamientos de austeridad de Bruselas. Se ha mencionado cómo esta austeridad ha repercutido en las políticas públicas de empleo, que elevan la competencia entre los trabajadores, -y la incertidumbre- y por ello juegan un rol determinante en el crecimiento del euroescepticismo en la clase trabajadora. Allí es claro el vínculo con las políticas de austeridad del gasto impuestas por la UE con el viraje político anti-integración. Sin embargo, es cierto también que no hay una relación de causalidad exclusiva, ya que pareciera ser que existen muchas cuestiones que complejizan el entendimiento de la escena política actual. Fetzer mencionaba que aumentó la insatisfacción con las instituciones políticas en su conjunto. También se mencionaba el uso de las herramientas que son las tecnologías de la información para tener más llegada en el electorado. Esto implica quizás que la respuesta a nuestra pregunta inicial pase por otro lado, por un problema de corte filosófico e ideológico característico del capitalismo actual.

Bibliografía

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Börzel, T. & Risse, T. (2018) From the Euro to the Schengen Crises: European Integration Theories, Politicization, and Identity Politics. Journal of European Public Policy 25(1):83–108. doi: 10.1080/13501763.2017.1310281.

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Explotación pesquera en Malvinas y el Atlántico Sur: La lucha por el Illex Argentinus

Franco Octavio Depietri^[10]*

Introducción

Las Islas Malvinas son un bastión a la hora de hablar de la política de soberanía nacional de la República Argentina. Lo que, es más, a pesar de su gran peso histórico y político, las Malvinas son un eje geopolítico fundamental, no solo para la presencia británica aledaña a Sudamérica, sino también para la explotación de recursos pesqueros abundantes en las aguas argentinas.

La pesca ilegal se vuelve un tema alucinante de cara a la escasez alimentaria inminente y la desprotección de la vida marina y sus ecosistemas.^[11]Con el abordaje de la agenda de desarrollo sostenible y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, temas como el hambre cero y la protección de la vida submarina y sus ecosistemas han tomado especial relevancia para países que son fuente y productores de recursos naturales (ONU, 2015).

Sin embargo, así como los recursos pesqueros fortalecen a los países que los explotan, también generan conflictos, competencia y una búsqueda de explotar los límites de las Zonas Económicas Exclusivas (ZEE) y las Aguas Internacionales para sacar el mayor rédito posible. Tal es el caso del Illex Argentinus, una especie de calamar que no solo es fundamental para la economía argentina, sino que atrae buques de todo el mundo a los límites de nuestro mar territorial, y cuya problemática abordaremos brevemente en este trabajo.

El Illex Argentinus y su rol en la economía nacional

El Calamar Argentino o Illex Argentinus es una especie de calamar nerítico-oceánica encontrado en el área de influencia de las aguas templado-frías de procedencia subantártica, en particular de la Corriente de Malvinas. Según datos relevados por el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) hay dos grandes grupos de “subpoblación”, una desovante de verano (nacidos en temporada estival) y una desovante en otoño (nacidos en temporadas frías). Esta clasificación fue fundamental para el establecimiento de las fechas de pesca y protección de las subpoblaciones jóvenes.

En sus resúmenes infográficos^[12], INIDEP (s.f.) señala que sus métodos de captura más importantes son las denominadas poteras, máquinas hechas específicamente para la captura del calamar con anzuelos que se despliegan en el mar para luego ser atraídas. Mientras que la pesca se desarrolla de forma nocturna, utilizando luces fuertes para atraer a este molusco en particular y evitando capturas accidentales. De aquí deviene el conflicto de las llamadas ciudades flotantes que abordaremos en las siguientes páginas, vinculado al cerco que las grandes flotas pesqueras realizan en los límites exteriores de la ZEE argentina.

A su vez señala que el Calamar, en conjunto con el langostino y la merluza, forma parte de la pesca más exportada con destino a China, Japón, Estados Unidos y España principalmente. Según la Dirección de Planificación Pesquera de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, entre el 2019 y el 2020, el alza de las exportaciones de calamar fue del 88,2% en términos monetarios. Esto se expresó en los 396 millones de dólares de crecimiento experimentados en el año 2020 frente a los 210 millones en 2019 y a su vez, en términos de toneladas: la exportación de 148.255 toneladas en 2020 frente a las 84.418 en 2019 constituyendo un alza del 75,6% (MAGYP, 2021, p. 19)

De la misma manera, hacia el 2020 el mismo documento señala que:

Así, podemos señalar la relevancia que tiene en términos de economía pesquera, la explotación y exportación adecuada del calamar argentino, teniendo una vez más, como destino los países con alta tasa poblacional.

Más allá de la milla 200

Según lo establece la Ley de Espacios Marítimos (23.968) de 1991 en su Artículo 5, la Zona Económica Exclusiva de la República Argentina, será “más allá del límite exterior del mar territorial, hasta una distancia de Doscientas (200) millas marinas a partir de las líneas de base que se establecen en el artículo 1”.

A su vez, esto deriva de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) la cual define en su “Parte VI – Plataforma Continental”, Artículo 76, que:

Sin embargo, un tema relevante para la República Argentina radica en el “Anexo II – Comisión de Límites de la Plataforma Continental”. Allí se permite, en disposición del Artículo 76, que los 21 expertos en geología, geofísica o hidrografía que la componen, puedan examinar los datos presentados por los Estados ribereños respecto de los límites exteriores y evaluar las actualizaciones y modificaciones que se propongan por parte de ellos.

Valiéndose de esta posibilidad, la República Argentina presentó en sustento de los párrafos 4 a 10 del Artículo 76 de la CONVEMAR un “Resumen Ejecutivo Sobre la Plataforma Continental Argentina”. Allí, señala que el territorio natural argentino se extiende más allá de las 200 millas aprobadas en la prueba de pertenencia a la Convención.

A su vez, elevó el reclamo a partir del no reconocimiento de la ilegítima ocupación británica de los archipiélagos australes y versa, de acuerdo con lo dispuesto por la Constitución Nacional:

La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional.

La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes, y conforme a los principios del Derecho Internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino. (Constitución Nacional de la República Argentina, 1994).

Este proceso de modificación de la plataforma continental que inició el 21 de abril de 2009 con la presentación argentina culminó luego de numerosas rondas de evaluación y trabajo. Finalmente, el 11 de marzo de 2016, se adoptó por consenso las recomendaciones de la presentación argentina -con dos puntos pendientes que luego fueron resueltos hacia 2017.

El caso particular, es que las zonas en disputa de soberanía con el Reino Unido fueron exentas de esta cuestión en las decisiones de la Comisión de Límites, de la misma forma que el sector regido por el Tratado Antártico. No interviniendo en zonas de disputa o de administraciones a través de tratados.

Mecanismos argentinos de control

Hoy en día, la explotación del Calamar Illex Argentinus no se encuentra reglamentada en su totalidad, con esto referimos a, por un lado, que no hay una definición de la Captura Máxima Permisible. Esta varía dependiendo de la evaluación de tamaño derivada de cada población con sus variaciones anuales y la evolución de la temporada de pesca, contemplando las épocas de pesca señaladas anteriormente. Por otro lado, la gran especificidad de los métodos de pesca del Calamar, hacen que las flotas poteras en épocas de veda queden inactivas. Así se convierte en un recurso desperdiciado durante gran parte del año y esto, sumado a que el principal puerto de desembarco es en Mar del Plata, resulta en una asimetría del trabajo y aprovechamiento. (Senado de la República Argentina, 2019)

En este contexto, debemos sumar las labores que la Prefectura Naval realiza para el control y la protección no sólo de la ZEE argentina, sino también de los recursos pesqueros que, como se mencionó anteriormente, debe proteger un recurso que no puede ser adecuado completamente.

Según cifras oficiales publicadas en el Resumen Operativo – Buques Capturados Prefectura Informa de la captura oficial de 80 buques en el período 1986-2020 en aplicación de las leyes 17.500^[13] (Ley de Pesca) y la 24.922^[14] (Régimen Federal de Pesca) siendo mayoritariamente buques de Corea del Sur (15), China (12), Taiwán (11), España (11), Japón (8) y Uruguay (7); donde recordemos, cuatro de ellos (China, Corea del Sur, España y Japón) son algunos de los mayores importadores del Calamar Argentino.

La Prefectura Naval se encarga de ser la Autoridad Marítima Nacional y, en estos términos, trabaja permanentemente en el control de los espacios marítimos y la protección de los recursos pesqueros. En la actualidad, reporta un total de 341 buques pesqueros en sistema, 172 de ellos en puerto y 169 en operación.  El Sistema Guardacostas es quien aplica el control a través de un sistema de información geográfica, utilizado de manera constante durante el patrullaje que fue completo en el año 2019, interrumpido en el año 2020 (con solo 217 días de navegación activa) y con sus 153 días durante el 2021. Esto se ve complementado con la flota aérea de control marítimo que sobrevuela la ZEE argentina y sus límites.

Sin embargo, y retomando el conflicto de la milla 201, no se considera ilegal la explotación pesquera fuera de los límites de la ZEE argentina, dado que según establece la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) es espacio de aguas internacionales.

En complemento a esto, actualmente la pesca ilegal no comprende un delito penal, por lo que las sanciones simplemente son de carácter económico cuyas multas fueron aumentadas conforme la reforma al Régimen Federal de Pesca (Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, 19 de septiembre de 2020).

En el Plan de acción internacional para prevenir, desalentar y eliminar la Pesca ilegal, no declarada y no reglamentada^[15] se define tanto la pesca ilegal (punto 3.1), la pesca no declarada (punto 3.2) y la pesca no reglamentada (punto 3.3).

La Pesca Ilegal, hace referencia a las actividades pesqueras realizadas por embarcaciones nacionales o extranjeras en las ZEE de un estado sin permiso o en contravención con sus leyes; así también quienes pertenecen a alguna organización regional pero no respetan la reglamentación establecida, o en violación de leyes nacionales u obligaciones internacionales. Este primer caso no sería aplicable fuera de la milla 200 de la República Argentina. (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 2001, p. 2)

La Pesca No Declarada, por su parte, hace referencia a la ausencia de declaración o declaración inexacta a las autoridades nacionales competentes en territorio de ZEE de algún estado o regida por algún acuerdo regional. Tampoco sería aplicable. (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 2001, p. 2)

Finalmente, la Pesca No Reglamentada se da por embarcaciones sin nacionalidad, o que esbozan bandera de estados que no forman parte de esa organización, o una entidad pesquera por fuera de la reglamentación. También hace referencia a embarcaciones cuyas actividades no están en consonancia con la preservación de los recursos marinos en zonas donde no aplique medida de conservación. Y es aquí donde se encuentra el problema y el eje del debate de la punibilidad de la pesca INDNR (Ilegal, No Declarada y No Reglamentada). (FAO, 2001, P.2)

Conclusiones

Finalizando el trabajo, podemos llegar a algunas conclusiones no exhaustivas sobre la problemática. En primer lugar, los límites legales entre lo ocurrido en la milla 200 y la milla 201 o más, generan conflictos y contradicciones e inclusive tecnicismos legales que atan a los estados ribereños tradicionalmente respetuosos de la ley internacional como lo es la República Argentina. La falta de inclusión de la pesca ilegal como delito penal imposibilita el combate pleno de esta práctica, esta es una de las tantas manifestaciones que tiene el crimen organizado a lo largo del mundo.

Es menester que la comunidad internacional tome decisiones contundentes que faciliten los procesos de reglamentación. En consonancia con esto, es necesario el establecimiento de mecanismos de cooperación regional para la explotación pesquera, la no intervención en espacios marítimos internos a las 200 millas y el respeto por las diferentes ZEE.

En términos técnicos, la falta de aprovechamiento evidente de los buques poteros destinados a la pesca del Calamar Illex Argentinus durante los meses de veda, dejan una pérdida que, aunque no pareciera ser alarmante, podría ser reducida y hasta eliminada, por lo que la Argentina debe buscar la manera de optimizar sus mecanismos para equiparar una flota que pueda desempeñarse como “potera” en el momento que lo requiere pero a su vez pueda ser aprovechable en las épocas de veda.

Es necesario revisar nuevamente los límites de pesca máxima permisiva dentro de la ZEE argentina para que el límite “difuso” arraigado a la natalidad de la especie año a año no sea otro factor de explotación o, por el contrario, poco aprovechamiento.

Bibliografía

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Ley 24.922 – Régimen Federal de Pesca http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/45000-49999/48357/texact.htm

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina (19 de septiembre de 2020); “Por unanimidad, el Senado convirtió en ley el aumento de las multas a la pesca ilegal”; Ver en: https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/por-unanimidad-el-senado-convirtio-en-ley-el-aumento-de-las-multas-la-pesca-0

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Prefectura Naval Argentina (s.f); Resumen Operativo; Ver en: https://www.argentina.gob.ar/prefecturanaval/resumen-operativo

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Subsecretaría de Programación Microeconómica de la Secretaría de Política Económica del Ministerio de Hacienda (2019); Informes de Cadenas de Valor – Pesca; Ver en: https://www.senado.gob.ar/upload/32040.pdf

Disputa por los orígenes de la dinastía Koguryo entre las Coreas y la República Popular China

Antonela Milagros Pedroza^[16]*

El antiguo reino de Koguryo

Koguryo fue un reino antiguo (37A.C. – 668 D.C.) que había ocupado los territorios en lo que ahora se conoce como Manchuria, en el norte de China y la Península Coreana (Yang, 2020, p.79). “Restos de Koguryo, incluidos ciudades amuralladas, fortalezas, palacios y tumbas, así como pinturas y artefactos, fueron encontrados en ambos lados de la frontera sino-norcoreana, así como en Surcorea (RDC)”. (Ahn, 2008, s.n.)

Para los coreanos, Goguryeo está intrínsecamente ligado a su identidad nacional y a su formación identitaria. En contraste con ello, “China reclama que Goguryeo no era sino un territorio que formó parte de la esfera civilizacional multicultural china e intenta incorporarlo a la historia local china.” (Yang, 2020, p.79), y lo toma como un símbolo de la integridad nacional y estabilidad en su frontera nordeste (Ahn, 2008, s.n.)

Hay que tener en cuenta que China tradicionalmente se ha considerado a sí misma como el “reino del centro”, la madre de todas las civilizaciones, mientras todos los demás pueblos eran considerados o bien partes del sistema sinocéntrico, o bien bárbaros. Sin embargo, en los últimos años se ha echado mano del revisionismo para repensar China como una nación multiétnica, posiblemente con motivo de la política de una “sola China” en el marco de su ascenso “pacífico” como potencia regional y mundial. Por otro lado, en el caso de ambas Coreas, se trata de una parte muy importante de su historiografía:

Orígenes de la disputa sinocoreana

Siguiendo a Ahn (2006), ya en 1986 el historiador chino Sun Jinji había postulado que el reino de Koguryo debía ser separado de la historia de coreana de los Tres Reinos y ser, en cambio, asociado a China porque su pueblo había pertenecido a un linaje de la región del Noreste de China. El argumento chino se basaba en dos puntos: que el Estado de Koguryo había surgido de una comandancia de la dinastía Han en Xuantu y que no solo el reino de Koguryo sino el de Parhae /Bohai (698 A.C.- 926 A.C) para los chinos y para los coreanos respectivamente, había sido fundado por Mohe/Malgal (37 A.C. – 668 A.C.), quien provenía de la dinastía mongola Tang. Esto fue apoyado con una creciente publicación de artículos académicos de historiadores chinos sobre las minorías nacionales de la China Antigua, incluida en ellas la de Koguryo, hasta los años 2000.

Sumado a ello, historiadores chinos como Sun Hong y Zhong Fu fueron más allá al afirmar que la cultura de la dinastía china Han había penetrado en Koguryo hasta volverse la cultura dominante y que, en consecuencia, las coincidencias culturales entre los Tres Reinos, Koguryo (37 A.C – 668 A.C.), Paekche (18 A.C – 660 A.C.) y Silla (57 A.C. – 935 A.C.) eran resultado de haber pertenecido al mismo grupo étnico (es decir, a la cultura Han). Profundizando la disputa, Sun Jinji y Sun Hong afirmaron que algunos restos de las tumbas antiguas de Ji’an no pertenecieron al reino de Koguryo sino al de Han o Xianbei (para los chinos) o Sonbi (para los coreanos). (Ahn, 2006, retomando a Sun Jinji and Sun Hong, 2004).

Los historiadores y arqueólogos coreanos, por su lado, como Kim Wonyong (Ahn, 2006, retomando a Kim, 1983), postulan que los descendientes de Yemaek que llegaron a Corea desde Manchuria fundaron, no obstante las diferencias, cada uno de los Tres Reinos en el 1000 A.C; y algunos creen que la tribu Yemaek es claramente distinguible de los Tungus, los Mongoles y las tribus túrquicas (Ahn, retomando a Yeo Ho-kyu, 2004, y a Choe Beob-jong, 2004). La tribu Yemaek es considerada por los historiadores nacionalistas coreanos como el origen de la nación, del pueblo coreano y es símbolo de una unidad cultural coreana que se origina en un único antecedente ancestral.

En esta dirección, es dable señalar la diferencia respecto del relato chino, que se basa en el Imperio Chino como un sistema formado por muchas culturas, entre ellas la de Koguryo, que fue una parte más del sistema sinocéntrico y por ende absorbida por éste cultural y, eventualmente, territorialmente. Los libros de historia coreanos, por el contrario, resaltan la conquista territorial de Koguryo en detrimento de China como poder supremo del Noreste de Asia, habiendo rivalizado con las dinastías chinas Sui y Tang. (Ahn, 2006)

Entonces, de entre los reinos antiguos coreanos, Koguryo representa para los coreanos el estado central dentro del cual se puede ubicar el origen histórico de la nación, y, ergo, unir al pueblo bajo una única identidad nacional. Este relato ha sido aún más fuerte en Norcorea, aunque la posición de la academia china ha sido unánimemente criticada en Surcorea, convirtiéndose en un asunto de cooperación intercoreana, como explicaremos más adelante.

En suma, para los historiadores y académicos coreanos, el intento de remapeo histórico de parte de China podría tener tres consecuencias; reducir la historia coreana a menos de 2000 años, quitándole unos 700, perder un pilar fundamental de la identidad coreana, y, como detallaremos en el próximo apartado, delimitar el territorio coreano hasta debajo del Río Han. Más allá del origen mítico de la nación coreana por Tan’gun, que se sitúa 5000 años atrás, lo que se pone en juego es el origen étnico y la “continuidad nacional” de la nación coreana, volviéndola una “nación sin raíces”, tal como protestaran los académicos nacionalistas coreanos. (Ahn, 2006, p. 6)

Estallido del conflicto

Más concretamente, el conflicto estalló en 2003 cuando China lanzó oficialmente el ‘Proyecto del Nordeste de Asia’ y solicitó a la UNESCO la inclusión de las tumbas de Koguryo como patrimonio de la humanidad de su país, luego de que Pyongyang pidiera a esta entidad del sistema de Naciones Unidas que se registrara las tumbas en territorio norcoreano como primer patrimonio de la humanidad en 2001. La UNESCO reconoció ambos pedidos. Sin embargo, “Mientras que el gobierno chino declaró que el proyecto era de carácter académico, que comenzó en 2002, de parte de los gobiernos provinciales como Liaoning, Jilin y Heilongjiang, es todo menos académico.” (Kim, s.f., p.126)

“De hecho, el ‘Proyecto del Nordeste de Asia’ había comenzado mucho antes- en 1996- por parte de las academias regionales de ciencias sociales localizadas en las tres provincias del nordeste antes mencionadas y fue ratificado por el mismo Hu Jintao- el actual secretario general del Partido y luego miembro del Comité Permanente del Politburó- como un proyecto a nivel nacional. Por estas razones, el proyecto fue luego liderado por la Academia China de Ciencias Sociales (CASS -por sus siglas en inglés-), el órgano de desarrollo de políticas del partido, y que se destinaron un equivalente a 3000 billones de wones surcoreanos y 1500 personas al proyecto.” (Kim, s.f., p.126)

Esta controversia continuó luego de que la RPC se refiriera a Koguryo como parte de la historia china en el sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores y la borrara de la historia coreana antigua, tendencia que se profundizó posteriormente con la omisión de mención alguna a la historia coreana previa a la Segunda Guerra Mundial. En respuesta a ello, se llevó adelante una campaña mediática en Corea del Sur, la cual fue censurada en China. La respuesta surcoreana consistió en un boicot a los productos chinos.

Posibles análisis de la controversia

Por un lado, de acuerdo con Lanare (2013) y Snyder (s.f), tanto en el caso de la historiografía coreana como en el de la china sería anacrónico hablar del reino de Koguryo como un antecedente nacional porque el concepto de ‘nación’ no aplicaría para la historia “premoderna” (si cabe el término) de ambos países. Por otro lado, según Kim (s.f), se trataría de una “distorsión histórica” por parte de China que respondería a tres razones: la primera es el cambio en el estatus quo que está atravesando el Nordeste de Asia (el ascenso de China, la alianza Estados Unidos-República de Corea y el estatus elevado de Japón en la estrategia de Estados Unidos en el Este de Asia); la segunda es la preocupación china por los dos millones de coreanos étnicos en sus provincias del nordeste; la tercera es la previsión a futuro de un posible reclamo de una península coreana unificada sobre la región china de Gando.

Sin embargo, se trata de un asunto que tiene implicancias prácticas a la hora de rediscutir los límites territoriales de estos países como Estados modernos y, por ende, incide en la política regional e internacional. Para Sydner (s.f.) “la ambición hegemónica de China ha sido expuesta.” (s.n.); y otros autores como Kim (s.f.) echan mano de la “Teoría de la Amenaza China” (p.121): “el ‘Proyecto del Nordeste de Asia’ no es otra cosa que un proyecto oficial del gobierno chino, promovido por los medios, las unidades académicas y políticas y los gobiernos regionales” (p.126). Esto preocuparía a Seúl por su creciente dependencia comercial con el Dragón y su alianza político-militar con Estados Unidos, que la hace gravitar entre estas dos potencias. (Sydner, Kim, s.f.)

Por otro lado, esta disputa también es preocupante para Corea del Norte dado que la República Popular China es su socio estratégico más importante por cuestiones geopolíticas (comparten frontera), así como la “dependencia moral” (la obligación de China de llevar a su “hermano menor” a la mesa de negociaciones y de representarla en los foros internacionales) y de “asistencia material” (la RPC es el principal y mayoritario socio comercial de la RDC). (Scobell, 2004, p. V)

En cuanto a la tercera razón de la “distorsión china” antes mencionada, las Coreas coinciden en su postura: siguiendo a Lanare (2013, s.n)

De hecho, “(…) el incidente provocó que, en 2005 académicos de ambas, Corea del Norte y del Sur, iniciaran una investigación conjunta de los túmulos funerarios en las afueras de Pyongyang. Se trató de “(…) la primera investigación de colaboración conjunta desde la división de la península.” (Gries, 2005, p.4)

De esta manera, podemos concluir que la emergencia de esta controversia aparentemente historiográfica tiene un trasfondo que excede el mero nacionalismo y que apuntarían a un posicionamiento estratégico y su correspondiente correlato geopolítico. En otras palabras, pondría sobre la mesa un cuestionamiento a los actuales límites territoriales de estos Estados.

Bibliografía

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Gries, P. (2005). The Koguryo controversy, national identity, and Sino-Korean relations today. East Asia, Winter 2005, Vol. 22, No. 4, pp. 3–1.

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Lanare, L. (2013). “Política y manipulación de la historia: Goguryeo, un caso testigo.” Revista Relaciones Internacionales – Nº 45 (Segmento Digital) Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) – Segundo semestre de 2013

Scobell, A. (2004). “China and North Korea: from Comrades-in-Arms to Allies at Arm’s Length.” Strategic Studies Institute. US Army War College. March 1st.

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Greenwashing: una aproximación crítica

José Ignacio Teruel Galletti^[17]*

Fue a mediados de la década de los ´60 cuando la consciencia ambiental de consumidores y empresas condujo a estas últimas a adoptar estrategias de marketing verde en todo el mundo. Desastres ambientales como la tragedia de Bhapol de 1984 en la India, producida por una fuga de isocianato de metilo en una fábrica de plaguicidas, la catástrofe en la planta nuclear de Chernobyl de 1986 y el derrame petrolero de Exxon Valdez de 1989, la mayor tragedia ecológica de Alaska, llevaron a las compañías a aplicar estrategias engañosas de marketing verde para intentar distorsionar positivamente su imagen e incrementar la confianza en ellas (Aggarwal & Kadyan, 2014).

Es en este contexto en el que nace el término “Greenwashing”, españolizado como “Lavado Verde” o “Ecoblanqueo”. Este fue introducido en 1986 por el ambientalista neoyorquino Jay Westervel, al observar que las campañas, supuestamente verdes, de los hoteles para ahorrar toallas y, por tanto, agua y energía requerida para su lavado, correspondía en realidad a un interés empresarial por aumentar beneficios y no a una práctica ecológica, ya que estos alojamientos no aplicaban ninguna política para reducir el consumo de energía. El estudio del greenwashing creció exponencialmente desde mediados de la década de los noventa, cuando Greer y Bruno (1996) discutieron el concepto en su libro sobre marketing ambiental.

No obstante, si bien la literatura sobre este tópico se ha expandido, no existe una definición generalizadamente aceptada y el concepto sigue siendo ambiguamente definido. Múltiples académicos (Furlow, 2010; Guillespie, 2008; Ramus y Montiel, 2005; Vos, 2009) han tomado la definición del Oxford English Dictionary, que conceptualiza al Greenwashing como “Desinformación difundida por una organización para presentar una imagen pública responsable con el medio ambiente”. Otros (Chen y Chang, 2013; Delmas y Cuerel Burgano, 2011; Fliegelman, 2009), sin embargo, prefieren la definición de la ONG Greenpeace, para la cual el greenwashing es “el acto de engañar a los consumidores en relación con las prácticas medioambientales de una empresa o los beneficios medioambientales de un producto o servicio”.

En el presente trabajo, definimos al greenwashing como una estrategia propagandística llevada adelante por empresas, organizaciones internacionales, gobiernos y demás actores, que consiste en utilizar engañosamente el marketing verde con el fin de promover percepciones falaces sobre productos, servicios, objetivos, políticas o una marca en sí misma, buscando generar beneficios, sean tangibles o no, al hacer creer que ellos son respetuosos con el ambiente. Así, vemos que el lavado verde involucra dos comportamientos simultáneos: un mal desempeño ambiental y una comunicación positiva sobre el desempeño ambiental (Delmas & Burbano, 2011). Estudiar este fenómeno implica la aceptación de que el cuidado del ambiente es uno de los temas de mayor relevancia en la agenda para la ciudadanía y que sus prácticas de consumo y/o sus decisiones políticas pueden ser afectadas por él.

Por su parte, para entender por qué diferentes actores, públicos y privados, utilizan el greenwashing, debemos estudiar los incentivos que perciben al participar de la comunicación verde y al evadir cualquier compromiso de coherencia entre su comunicación simbólica y sus acciones sustantivas (Seele & Gatti, 2017). En primer lugar, porque las iniciativas de responsabilidad social son fuentes de legitimidad, incluso para las empresas, las que pueden alcanzar legitimidad corporativa por medio de la utilización de la gestión simbólica y de un uso instrumental de las relaciones públicas, sin importar la falsedad del mensaje y prácticas corporativas. Esta legitimidad verde es de suma importancia para las organizaciones porque les permite un mayor acceso a los recursos, una fuerza de trabajo más sólida y mejores relaciones de intercambio con socios comerciales (Aldrich & Fiol, 1994; DiMaggio & Powell, 1983; Oliver, 1991; Walker & Wan, 2012). Además, al incrementar su reputación, también se incrementa la demanda de sus productos o servicios y hay una mayor intención de pago por parte de los consumidores, generando una mejor performance financiera (Deephouse, 1999; Laroche, Bergeron & Barbaro-Forleo, 2001). Pero, sobre todo, un gran beneficio de la legitimidad por el greenwashing es que las empresas pueden ganar confianza que eviten las confrontaciones con las ONGs y los escándalos que podrían en duda la moralidad corporativa y que podrían en juego la supervivencia de la empresa (Palazzo and Scherer, 2006; Sethi, 2002). Por supuesto, la legitimidad del actor que lleve adelante campañas de greenwashing puede sufrir un efecto boomerang si se supiera que sus campañas ecológicas no se condicen con su accionar, lo que implica grandes riesgos para su supervivencia.

No obstante, es imprescindible resaltar que si bien, como se señaló anteriormente, la literatura sobre el lavado verde ha crecido en los últimos años, gran parte de los estudios se encuentran enfocados en las corporaciones, pero no se considera el papel de los actores gubernamentales en el ejercicio de esta práctica.  Así, por ejemplo, la investigación realizada por Aggarwal & Kadyan (2014), examina el marketing verde de cuatro sectores específicos en búsqueda de prácticas de greenwashing: automovilístico, alimentos y bebidas, electrónica y cuidado personal. Del mismo modo, los autores destacan las regulaciones en el área del marketing ambiental en diversos países, pero estas normativas están basadas en las prácticas engañosas ejercidas por compañías, y no las que podrían llevar a cabo actores gubernamentales, lo que no permite tomar dimensión del fenómeno en cuestión. En efecto, un actor gubernamental también puede cometer greenwashing al utilizar engañosamente el marketing verde, a fin de generar percepciones falsas sobre sus políticas, objetivos o gestión con tal de obtener beneficios, como puede ser captar votos o ganar legitimidad, entre otros. Así, cuando un gobierno engaña sobre el impacto o la eficiencia de las políticas ambientales que aplica, cuando destaca solo atributos ecológicos de algunas de sus políticas con el fin de definirse como amigables con el ambiente, pero oculta otros que lo dañan, cuando aplica políticas que presuntamente tienen como objetivo el cuidado del ambiente pero en realidad tienen como fin intereses particulares, cuando públicamente dice apoyar los esfuerzos internacionales contra el cambio climático pero ocultamente intenta entorpecer esta cooperación o incluso cuando dispone mayores recursos para las campañas de marketing verde que para las políticas ambientales en cuestión, este está cometiendo greenwashing.

Un ejemplo de greenwashing cometido por actores gubernamentales es la Iniciativa de Cielos Limpios promovida por el presidente estadounidense George Bush en el año 2003. Ella supuestamente tenía como fin regular las emisiones de la industria, pero en realidad debilitaba las leyes de protección del cielo y permitía más emisiones de contaminantes como dióxido de sulfuro y óxido de nitrógeno (Gibson, 2009). Otro ejemplo es el de Arabia Saudita. Si bien el reino árabe ha prometido mitigar el cambio climático, también ha frustrado intentos de colaboración internacional. Antes de la COP26 Arabia Saudita había prometido que se convertiría en un emisor cero neto de gases de efecto invernadero para el 2060. Sin embargo, un informe publicado por la BBC demuestra una supuesta campaña por socavar los esfuerzos climáticos de la ONU que públicamente pretenden apoyar (Amat & Bargués, 2022).

Como vemos, existen numerosas formas de practicar el lavado verde. Con categorizarlas, Terrachoice, una consultora norteamericana de marketing ambiental enumera los “siete pecados del lavado verde”, que constituyen siete prácticas de greenwashing (Aggarwal & Kadyan, 2014). Estas son:

Trade-off: Consiste en destacar algunos atributos de un producto o servicio para afirmar que este es ecológico, pero se esconden otras características significativamente nocivas para el ambiente.

No proof: Este se da cuando la entidad o marca hace afirmaciones sobre cualidades ecológicas de su producto, servicio o prácticas, que no pueden ser verificadas con información convenientemente disponible

Vagueness: Implica la utilización engañosa de palabras poco específicas con el fin de caracterizar como sostenible un producto. Por ejemplo, existe una tendencia a asimilar lo “natural” con lo ecológico, cuando existen sustancias de origen natural que son peligrosas, como el arsénico.

Irrelevance: Cometido cuando la entidad hace una afirmación ambiental que puede ser verdadera pero que no es relevante o útil para consumidores que buscan una opción ecológica. Un ejemplo es afirmar que un producto es “libre de CFC”, a pesar de que el CFC esté prohibido en el país de producción.

Lesser of two evils: Se da cuando se realiza una afirmación que puede ser verdadera dentro de una categoría del producto, pero que puede distraer a los consumidores del impacto ambiental de la categoría como un todo. Un ejemplo de ello son los cigarrillos orgánicos.

Fibbing: Consiste simplemente en hacer afirmaciones ecológicas que no son reales.

Worshipping false labels: Cometido por el vendedor cuando demuestra las cualidades sostenibles de un producto o servicio a través de etiquetas y certificaciones falsas.

Recientemente, Scanlan (2017) propuso seis nuevos “pecados”, a ser considerados con los recién mencionados, formando un total de 13 prácticas de greenwashing. Estos pecados son:

False hopes: Consiste en realizar una afirmación para crear una falsa esperanza. Scanlan (2017) lo utiliza para hacer referencia a la imposibilidad de la modernización ecológica del método de fracking hidráulico y lo perjudicial para el ambiente que puede ser el creer lo contrario o subestimar sus riesgos. De este modo, empresas pueden hacer creer a comunidades empobrecidas que el fracking generará riquezas y será el punto de partida para una mayor equidad y oportunidades para todos sin riesgo ambiental.

Fearmongering: Implica generar inseguridad asociada en no confiar en una práctica organizacional. Así, se modifican las escalas de miedo y se aprovechan las oportunidades de la inestabilidad para promover productos o prácticas contaminantes. Por ejemplo, con las guerras en Irak y Afganistán, empresas plantearon que el verdadero riesgo para los países era la dependencia energética y la vulnerabilidad económica ante los conflictos globales, no el fracking.

Broken promises: Se refiere al daño causado por las “medias verdades” y las promesas rotas. Este pecado a su vez involucra otros dos: 11) Injustice y 12) hazardous consequences. El primero alude a que el greenwashing oculta la realidad de la desigualdad y distrae a un segmento del público de los riesgos que otros experimentan. Por su parte, el otro describe que quienes llevan adelante determinadas prácticas de lavado verde en industrias como el fracking, enfocan sus comunicaciones en un grupo social, aquel que es beneficiado, pero excluyen alertar de posibles daños y consecuencias que podrían sufrir grupos sociales vulnerables. En cambio, a ellos se les hacen promesas de desarrollo y bienestar que no son cumplidas.

Profits over people and the environment: Scanlan (2017) describe a este como el peor de los pecados del greenwashing. A quienes llevan adelante prácticas de lavado verde lo que realmente les importa es su desempeño corporativo y el nivel de ventas, con el propósito principal de que los accionistas tengan mayores beneficios. En efecto, lo que se ve en el mundo externo, es un reflejo de las conversaciones que existen puertas adentro de la compañía. Cuando Volkswagen manipuló softwares con el propósito de alterar los datos de emisiones para cumplir con los estándares requeridos a ExxonMobile, el propósito no era el bienestar de la comunidad, mucho menos lo era el cuidado ambiental, sino las ganancias de la empresa.

Consideraciones finales

Las prácticas de greenwashing se han incrementado en los últimos años a causa de los malos desempeños ambientales de diferentes actores, públicos y privados, combinado con un incremento de las comunicaciones positivas sobre estas performances. Con el cuidado ambiental como uno de los grandes temas contemporáneos de la agenda ciudadana, gobiernos, organizaciones internacionales y corporaciones, entre otros, encuentran incentivos en realizar campañas engañosas de marketing verde para obtener beneficios. Sin embargo, existe un gran riesgo de ser descubierto y que se produzca un efecto boomerang en la legitimidad de quien lo ejerza.

El presente trabajo tuvo el objetivo de analizar el lavado verde desde una mirada crítica. Específicamente, se buscó definir y categorizar esta práctica, utilizando ejemplos que sean útiles para su entendimiento. La novedad de la definición aportada es que pretende incorporar a otros actores, además de las empresas, como posibles ejecutores. Del mismo modo, se entiende que existen múltiples beneficios para cometer greenwashing, y que estos pueden ser tangibles o no. Respecto de la categorización, creemos que tanto los “siete pecados” introducidos por la organización Terrachoice como también los seis aportados por Scanlan en su estudio del greenwashing en la práctica del fracking son de sumo valor, por lo que se toman a los 13 como posibles actos de lavado verde. Comprender la caracterización y categorización de esta práctica, como así también sus motivaciones, es fundamental para poder detenerla. El trabajo conjunto de gobiernos, organizaciones no gubernamentales, corporaciones, activistas y de la ciudadanía puede ayudar a reducir el greenwashing en el marco regulatorio vigente, y unificar esfuerzos para la creación de nuevas normas al facilitar y desarrollar el conocimiento sobre esta problemática, sin embargo, aún queda un largo camino por recorrer.

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Sistemas de seguridad internacional a través de la historia

Melina Pasquet^[18]*

Introducción

Es posible identificar, a lo largo de la historia, los esfuerzos de los Estados por crear estructuras políticas que salvaguarden la paz internacional. Aunque cada uno de ellos cualitativamente diferente, ya que surge desde las condiciones particulares de su contexto. En ese sentido, para este caso, se propone traer al análisis dos estructuras políticas paradigmáticas, cuyos esfuerzos estaban dirigidos en esta dirección. Estos son el Sistema de Alianzas y Congresos pertenecientes al Concierto Europeo del siglo XIX, y Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, nacido a mediados del siglo XX. En tanto, resulta posible establecer un paralelismo entre ambos. Surgidos tras grandes conflagraciones, tales como las guerras napoleónicas o la II Guerra Mundial, han aparecido en el sistema internacional con la meta de establecer unas bases sólidas para unas relaciones internacionales del período posbélico. El primero de ellos nos permite hablar de un sistema de Seguridad Común, y el segundo lo que se conoce en rigor como un sistema de Seguridad Colectiva. Ambos conceptos articuladores se basan en la premisa de que hay una concertación sobre el uso de la fuerza entre los Estados, y una cierta garantía del mantenimiento del orden internacional.

Ahora bien, el núcleo de la cual parte este análisis se encuentra siguiendo a Luis Artemio Melo (1979, p. 22), quien sostiene que la explicación de la realidad comprende un aspecto institucional y uno dinámico. Es a partir de allí que se propone pensar el siguiente fenómeno, en esa coexistencia clave de los componentes de poder, instituciones y derecho. Teniendo en cuenta este proceso de estabilización de las relaciones de poder vigentes al momento (es decir, aquello dinámico), con la estructuración y organización de un cuadro institucional más o menos formal. Pero a la vez, considerando que este proceso da por resultado institucionalidades diferentes, al tener en cuenta las divergencias entre los contextos históricos de partida.

La institucionalización es el proceso por el cual adquieren valor y estabilidad las organizaciones y procedimientos. A la vez que, las organizaciones y los procedimientos son dispositivos para mantener el orden, resolver conflictos, elegir líderes representativos y dotados de autoridad. Es así como puede arribarse a la idea de cuál ha sido el objetivo perseguido, desde el aspecto dinámico, por parte de los Estados a través de este proceso ejecutado conscientemente por sus élites políticas. Estos se han valido de la estabilización y legitimación del poder que brinda la institucionalización (como racionalización, en términos de Max Weber) como un medio para el mantenimiento del orden político existente (statu quo). De todas formas, recuperando a Melo (1979, p. 30), es de aclarar que en el plano internacional la relación entre poder-derecho (es decir, institucionalización) no está plenamente configurada (en comparación con el derecho al interior de los Estados), y solo se llega a configurar un orden de coordinación interestatal.

Concierto Europeo: Sistema de alianzas y seguridad común

El Concierto Europeo que se inició con la Europa de la Restauración, significó un avance en la cooperación europea y en las acciones de seguridad conjuntas. Y se fundamentó en el principio del equilibrio de poder y del legitimismo.

Siguiendo a Pierre Renouvin (1990, pp. 795-900), a partir del Congreso de Viena de 1815 se conformó el Directorio europeo. El sistema de relaciones internacionales producto del congreso era articulado entre las grandes potencias y aplicado en el Viejo Continente. Esta dominación de las potencias les fue posible por la acumulación de poder que logran tras vencer en las últimas coaliciones contra Francia: una cuota de poder que les permite forjar un statu quo del sistema internacional. Estas buscaron asegurar y mantener ese status quo que creaban los tratados del fin de las Guerras Napoleónicas mediante una garantía colectiva.

Comprendían la idea fundamental de seguridad internacional y la paz en la definición de un cierto orden territorial, que implicaba asimismo la afirmación de legitimidad de cierto orden político internacional. Este orden se regulaba mediante conferencias internacionales, donde tiene origen la llamada «práctica de los Congresos», que preveía la celebración periódica de conferencias cuyo objetivo era mantener la paz y custodiar los intereses comunes en Europa.

El gobierno de las potencias vencedoras es conocido como la Tetrarquía: la alianza de Austria, Gran Bretaña, Prusia y Rusia. Luego devenida en Pentarquía en el congreso de Aquisgrán de 1818, con la entrada de la Francia, cuando de Luis XVIII adhirió al Tratado. A lo que se le adiciona el rol cumplido por la Santa Alianza, tratado por el cual Austria, Rusia y Prusia se unieron en torno a las ideas religiosas en común para enfrentar a las amenazas que pudieran desestabilizar sus gobiernos monárquicos y la región (Potemkin, pp. 395-409). Las potencias se obligaron a concurrir a la manutención y fortalecimiento de un sistema que dio la paz a Europa, considerado el único que les podría garantizar su seguridad y estabilidad.

La política de alianzas sostenida fue el primer paso hacia el establecimiento de una solidaridad regional definidora de un espacio político, e incluía el concepto de una legitimidad compartida para acciones comunes. Esta no contó con un mecanismo supranacional que limite las referidas soberanías, sino que las alianzas se asentaron en el principio de la soberanía nacional. Por las cuales, como en el caso de la Santa Alianza de 1815, los Estados solo se obligan a consultas mutuas sobre sus conductas de cara a los problemas futuros que les interesen en común, o los Estados se obligan a una ayuda mutua, política y militar, cara a los casos típicos estrechamente previstos. Aun así, la Europa de los Congresos es exponente del concepto “seguridad común”, y el primer antecedente importante de una tentativa de organización regional institucionalizada, aunque sin un mecanismo permanente de intervención.

Este rol se correspondía con la declaración en el Tratado de Chaumont de 1814, durante las campañas napoleónicas, en que los aliados de entonces afirmaban que “entre los aliados, la alianza no se limita a proseguir la guerra, sino que define entre las grandes potencias los medios de mantener, contra cualquier atentado, el orden de cosas que venga a ser establecido” (art. 1). Los aliados concertaron seguir una política común, incluso después de alcanzada la paz frente a Francia. Más allá de la unidad ideológica de la Santa Alianza, era un fin de seguridad colectiva lo que se tenía por meta, a cargo de las grandes potencias que asumieron aristocráticamente la dirección del mundo.

En la Paz de París de 1815, se establece la intención de sus firmantes «para el bienestar del mundo» en «convocar, en épocas determinadas, … reuniones consagradas a los grandes intereses comunes y al examen de las medidas que, en cada una de esas épocas, fueran juzgadas las más saludables para el reposo y la prosperidad de los pueblos y para el mantenimiento de la paz en Europa» (art. 6). Es de destacar sobre esto último, las limitaciones geográficas del sistema, ya que las potencias se erigen como los gendarmes de Europa. Las grandes potencias europeas se arrogaban la representación de los otros Estados, y conservaron en todo momento la primacía en cuanto a la convocatoria, la conducción y las negociaciones en tales conferencias. No había una centralización de poder voluntariamente aceptada por el resto de los Estados soberanos.

En Aquisgrán, Troppau, Leybach y Verona, el gobierno de las potencias se empeñó en mantener el principio de legitimidad. Los fenómenos que atentaran contra el trazado territorial y de poder establecido eran señalados como amenazas a esa paz y seguridad europea consagrada en la Paz de París y el Tratado de Garantía. Para ello el directorio se valió de la intervención en otras naciones: el no reconocimiento de regímenes políticos ilegítimos, el uso de la fuerza armada (delegado en alguno de sus miembros, como el caso de Austria o Francia).  Es por ello por lo que las conferencias fueron convocadas siempre que surgía alguna cuestión de particular importancia en el continente, como las medidas decididas frente a la aparición de movimientos y revueltas de carácter liberal y nacionalista.

En una primera fase del Congreso Europeo, este se preocupaba principalmente por la unidad ideológica de Europa (sistema político legitimista en vigor) y la manutención del status quo territorial. Luego, ya no es la uniformidad de los sistemas políticos, sino el equilibrio entre las potencias lo que prevalece, y la principal responsable de esta evolución fue Inglaterra, que se resistió siempre a la intervención en los negocios internos.

La política del Concierto Europeo fue de carácter regional (eurocéntrica), statusquoista (basada en el principio del legitimismo, más que el de las naciones) y limitada, con un proceso de toma de decisión que regula el sistema europeo centralizado en las cinco grandes potencias. Si bien hacia mediados y fines del siglo XIX fue en descomposición y se tornó incapaz de resolver desacuerdos entre las grandes potencias (ya que el regionalismo europeo no consiguió vencer la tendencia de cada Estado a la acción aislada). Pero aun así permitió años de estabilidad general, y la ausencia de guerras sistemáticas y generalizadas en Europa. La política exterior de las grandes potencias estuvo caracterizada por la cautela, aunque esto no evitó que la amenaza del uso de la fuerza fuese un recurso frecuente durante este periodo. Los Estados europeos optaron generalmente por la diplomacia como instrumento preferente para resolver los conflictos, seguido del uso de sanciones, y en último lugar la intervención militar, entendida como un instrumento legítimo de la política exterior

Organización de las Naciones Unidas: Sistema de Seguridad Colectiva

Con el fin de la II Guerra Mundial, el escenario internacional busca valerse nuevamente de formas de estabilidad que permitan la seguridad y paz internacional. En este contexto, se puede dar cuenta de la evolución de la alianza contra el eje de la Carta de las Naciones Unidas de 1942, hacia una manera que perdurase en la política de cada uno de los Estados obligados. Así la alianza se encaminó hacia el establecimiento de solidaridades permanentes, que conducen a la institucionalización de este gran espacio político.

La cristalización del poder en una institución internacional supone una evidente mejora sobre el antecedente asentado, que era un régimen de facto. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) brinda un régimen de jure, que desde su creación fue obra de un tratado multilateral y posee una estructura organizacional que le brinda permanencia. El objetivo primordial de la ONU es el mantenimiento de la paz y de la seguridad internacionales, y la promoción de la cooperación de todo orden entre los Estados (Pereira, 2001, pp. 267-268).

Su surgimiento implicó un cambio de parámetros que regían el clásico sistema de equilibrio entre poderes por un nuevo sistema, denominado a partir de entonces “comunidad de naciones”. Este nuevo sistema estaba basado en la responsabilidad común por la seguridad colectiva y la oposición conjunta ante la osadía de una nación de violentar la paz conseguida: se considera al Estado agresor como autor de un acto de guerra contra todos los demás miembros de la sociedad. Se propone como un sistema global que funcionara en favor de todos, y no contra cualquier país. Con un nuevo marco internacional, en el que sea más difícil para un Estado romper el consenso creado, y un equilibrio político y de poderes de manera que ningún Estado pueda imponerse sobre el resto. El nuevo sistema incluía la resolución pacífica de las controversias y disputas internacionales bajo el amparo de la ley internacional.

Según este nuevo sistema de comunidad de naciones impuesto en Europa, el nuevo orden de seguridad global ya no podría ser alterado unilateralmente por ningún Estado, y la paz debía ser alcanzada no únicamente para asegurar la defensa de los intereses del propio Estado, sino como objetivo en sí mismo.

Además, siguiendo a Liza Aceves, se produjo un cambio en el concepto de “soberanía nacional” y el papel de las naciones en las organizaciones internacionales (2004, pp. 55-56). Durante los últimos siglos el orden internacional estaba basado en el concepto de la soberanía nacional, en el que cada Estado era el único responsable de custodiar su territorio y de su seguridad nacional. A partir de la seguridad colectiva se erige como deber de cada Estado miembro velar por la paz mundial y la seguridad global del sistema como un objetivo en sí mismo, y no únicamente cuando se vean afectados sus intereses directos. Los Estados, convencidos de que salvaguardar la paz del sistema en su conjunto implica defender indirectamente sus intereses, deben actuar con imparcialidad y acatar tomar parte en las sanciones impuestas contra otros Estados miembros. El sistema de seguridad colectivo determina sanciones conjuntas contra el país infractor perteneciente al sistema. Este sistema está basado en el acuerdo previo de sus miembros en sancionar a cualquiera de los mismos que viole ciertas normas y principios consensuados con anterioridad.

Respecto a los prerrequisitos legales más significativos, destaca que el funcionamiento del sistema de seguridad común implica la prohibición del uso de la fuerza con motivos no defensivos por ninguno de los Estados miembros, y la obligación conjunta de tomar medidas al respecto si se diese el caso. En la práctica significó la adopción y generalización del Pacto Kellogg-Briand de 1928 y su ratificación en el Pacto de la Sociedad de Naciones, que prohibió el uso de la fuerza corno instrumento de política nacional. Por medio de este sistema los Estados renuncian al uso individual de la fuerza en supuestos de peligro y, a cambio, obtienen la garantía de que la amenaza o el uso de la fuerza de que fueran objeto sería contestado por la sociedad en su conjunto (Zorgbibe, 1997, pp. 23-54).

A nivel organizativo se da una centralización del sistema, contando con un órgano decisorio de pocos miembros que se compone de las principales potencias, que puede decidir sobre si se ha incumplido alguna de las reglas de la organización por algún Estado miembro, y en tal caso sobre qué tipo de sanción debe ser impuesta. La custodia del sistema establecido y la responsabilidad de determinar cuándo se infringía el nuevo concepto legal debería ser acometida por una institución internacional, que fue definida como el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

La estructura de este órgano continuó características oligocráticas existentes (Melo, 1992, p. 152), su composición es el reflejo del poder desigual entre los Estados, aunque su misión requiere de ser cumplida sin perjudicar el principio de igualdad de soberanía de cada Estado. Donde las potencias vencedoras Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia y China detentan un asiento permanente en este órgano y un poder de veto en el proceso de toma de decisiones vinculantes. Entiende que cabe a los países más poderosos del mundo una posición predominante que corresponde a su poderío y responsabilidad. Hay una centralización de la decisión que habría de lanzar la seguridad colectiva Estados. Aunque en lo que hace a las limitaciones de la soberanía de los Estados, se redujo la capacidad de intervención de las potencias en asuntos internos de otros Estados (al menos desde el plano formal), en la medida que no se adoptó una concepción general de la legitimidad del poder político (como el caso del legitimismo), sino que se remitió solo al principio de la autodeterminación.

Conclusión

En conclusión, se puede percibir a través de los tiempos procesos de transformación internacionales, hacia la democratización e institucionalización. Y la evolución de estos llevaron a una reconfiguración de las formas en que se gesta y mantiene la seguridad y paz internacional. Partiendo de estructuras políticas menos desarrolladas en su formalidad institucional, con una participación acotada a toma de decisión de las principales potencias y una percepción meramente eurocéntrica; a formas institucionales con una vocación de universalidad, que permite una mayor participación de otros Estados además de las grandes potencias (Moncayo et al., 1981, p. 41). A la vez que abre paso a pensar la continuidad de estos procesos mencionados, que continúan siendo impulsados por ciertos actores políticos, que implicará transformaciones en el largo plazo sobre las instituciones internacionales que regulan la paz y seguridad que conocemos hoy.

Bibliografía

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Zorgbibe, C. (1997). Historia de las Relaciones Internacionales. Tomo II. Alianza editorial.

Agenda Malvinas 40 años: una estrategia con proyección interna e internacional

Florencia Shqueitzer^[19]*

El 3 de enero de 2022, al cumplirse 189 años de la ocupación ilegítima de las Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur, el canciller Santiago Cafiero en el marco del acto celebrado en el Museo Malvinas lanzó la “Agenda Malvinas 40 Años”. Este proyecto, que refleja la conmemoración de los 40 años de la Guerra de 1982, y es un programa de actividades que abarcará todo el año. Mediante el cual se desplegarán una serie de propuestas realizadas por distintas áreas del gobierno nacional. En este sentido, siguiendo las palabras del Presidente Alberto Fernández, podemos destacar la relevancia del proyecto, ya que

El proyecto será coordinado por una mesa de trabajo, que tendrá como objeto elaborar una estrategia conjunta de difusión y concientización en relación con la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes y rendir homenaje a los héroes de Malvinas. La mesa será multidisciplinaria y trabajará en forma coordinada con el Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los Espacios Marítimos e Insulares correspondientes. Participarán tanto los veteranos de guerra, los/as familiares de caídos, las universidades y observatorios así como con las provincias y los municipios, permitiendo así reflejar las diferentes voces y aportar mayor valor agregado a la misma.

En este sentido, su propósito es el de generar una proyección tanto interna como externa, lo que permite analizar la estrategia no sólo pensándola como una política pública nacional, sino también como una forma de reflejar el soft power argentino hacia el mundo con un carácter federal y multidimensional. En palabras del canciller, cuando anunció el lanzamiento de esta afirmó que “llevará adelante un trabajo de conmemoración, tanto en el país cuanto en el exterior tendiente a sensibilizar a la comunidad internacional sobre la Cuestión Malvinas y sobre la reivindicación de nuestra soberanía” (Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, 19 noviembre 2021)

De esta manera, en el plano nacional, la estrategia se traducirá en elementos unificadores que apuntan a generar cohesión. Esto queda demostrado en el lema “Malvinas nos une”. Asimismo, la estrategia se nutrirá de las actividades que contarán con aporte de las provincias, los municipios, el Consejo Nacional Malvinas. Las organizaciones y centros de excombatientes y de familiares de caídos, universidades y organizaciones sociales también participarán de la iniciativa.

Como ejemplo de las actividades en dicho contexto, podemos mencionar que se inauguró en Tecnópolis el stand “Soberanía Nacional – Antártida, Malvinas e Islas del Atlántico Sur”, por parte de la Cancillería, en colaboración con el Ministerio de Cultura y la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, Esto da cuenta de la intención de promover el conocimiento e interés sobre la Causa en la población.

Por otra parte, la Agenda Malvinas 40 años también ha sido concebida con proyección hacia el plano internacional. En línea con ello, es interesante el análisis que realizan los autores Garza-Giron y Schiavon (2019). Ellos plantean que los estados que diseñan e implementan estrategias de política exterior para hacer que sus valores, culturas y políticas se den a conocer en otros países poseen mayores niveles de soft power (Giron y Schiavon, 2019).

El soft power (poder blando) es un término acuñado por Joseph Nye en 1990 que hace referencia a la capacidad que posee un actor internacional para influir en las acciones o intereses de otros actores a través de su cultura o ideología. Esto es una forma de promover sus intereses nacionales a nivel global (Girón y Schiavon,2020).

En nuestro caso, si aplicamos lo expuesto a la práctica, observamos que mediante la Agenda, se instruyó a las misiones en organismos internacionales y a las embajadas argentinas a desplegar una serie de acciones diplomáticas que implican la promoción de las Comisiones de Apoyo al Diálogo por Malvinas y la realización de actividades académicas y culturales. Ello tiene por objetivo dar visibilidad a la Cuestión Malvinas y promover el conocimiento de la perspectiva argentina para seguir sumando apoyos internacionales a la posición nacional. Como ejemplo de esto, el 18 de enero, Guillermo Carmona -secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur-, se reunió con el embajador argentino en España, Ricardo Alfonsín. En dicha ocasión, uno de los objetivos fue el visibilizar la causa Malvinas a 40 años del Conflicto del Atlántico Sur.

Asimismo, otro caso de empleo de soft power lo observamos cuando el 8 de febrero, se inauguró la Sala Malvinas, en la nueva Sede de la Embajada Argentina ante la Unión Europea, en la ciudad de Bruselas, Bélgica. La firma de   s convenio de cooperación antártica con Bulgaria, en el marco de las actividades de la Agenda Malvinas 40 años y de la agenda de trabajo oficial que lleva adelante en Europa ejemplificarían esta cuestión.

Todo ello nos remite a una estrategia basada no solo en una consolidación de la Cuestión Malvinas hacia el interior, sino también, la utilización de herramientas de poder blando hacia el exterior. Ambas cuestiones se encuentran en línea con la política seguida por la actual administración, que aspira a transformar a Malvinas en una verdadera política de Estado, como ha referido el Presidente Fernández en sus discursos.

En conclusión, el presente análisis nos permite comprender la Agenda Malvinas 40 años como un aporte que responde al objetivo de dar mayor visibilidad y permanencia a la Cuestión Malvinas. Este objetivo está en consonancia con lo que establece la cláusula transitoria primera de nuestra Constitución Nacional, donde se caracteriza la soberanía argentina sobre las Islas y adyacencias como legítima e imprescriptible. Siendo así, podemos esgrimir que lo más destacable es que tras 40 años, Malvinas sigue estando presente, y la Agenda Malvinas es otro de los instrumentos que mantienen la subsistencia de la memoria sobre el reclamo argentino.

Bibliografía

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Putin y las políticas de otredad en Ucrania

Rodrigo Melgar^[20]*

Introducción

Recientemente, en otro artículo, propusimos un enfoque diferente para analizar la política exterior rusa en la era Putin (Melgar, 2022). Allí sostuvimos que, si bien una lectura en torno a la Realpolitik domina el debate, esta no termina de brindar una explicación completa sobre el fenómeno de la política exterior rusa. Puntualmente, no da cuenta de la dimensión temporal de las acciones rusas. Asimismo, y en relación con los índices de aprobación de la gestión Putin, se sostuvo que el primer mandatario se estaría sirviendo de las guerras para incrementar su popularidad y cimentar su liderazgo en el espectro político ruso.

Ahora bien, en el abordaje propuesto en ese artículo quedó pendiente analizar la dinámica detrás de esos incrementos de popularidad. Dicho de otra forma: ¿por qué es que incrementa la popularidad de un líder al entrar en un conflicto? La dinámica es inextricable de otro fenómeno: la construcción de la figura de la otredad y su función como instrumento cohesivo de una sociedad involucrada en un conflicto.

En este artículo analizaremos qué se entiende por políticas de otredad, luego veremos qué forma cobran en el conflicto ruso-ucraniano y finalmente esbozaremos algunas conclusiones al respecto.

Políticas de otredad

La construcción social básica descansa sobre el supuesto de la pertenencia, es decir, la condición de ser parte de un grupo determinado. Ser parte de algo implica, ipso facto, la no pertenencia a otra cosa, sentando las bases de una relación de recíproca definición: los grupos son en la medida que no son aquello que no son (Marchart, 2000, pp. 53-55). Así esta idea se puede sintetizar en una frase apócrifa del politólogo Carl Schmitt, Nenne mir deinen Feind, und ich sage dir, wer du bist [Dime quién es tu enemigo, y te diré quién eres] (Thiele, 2021, p. 143). Hay una necesidad a la hora de crear unidad de definir un antagonismo con aquellos elementos que conforman la unidad. Dicho de otra forma, en los supuestos sociales más básicos, la construcción de una identidad societaria reposa sobre la creación y existencia de un enemigo, cuya idea representa todo lo que no es la sociedad (Marchart, 2000, pp. 53-55).

A la hora de construir esta enemistad es necesario echar mano a un arquetipo antagónico ya conocido. En ese sentido, como señalara el filólogo alemán Viktor Klemperer en su LTI: Notizbuch eines Philologen, fue más fácil para los nazis invocar el fantasma racial del judaísmo (sobre aquél, por ejemplo, de un africano) porque todo alemán conocía un judío (Klemperer, 2016, pp. 151-152).

A este enemigo conocido se le suma el concepto de saneamiento: el perpetrador de la agresión pasa a revestirse de un rol sanitario. Es él quien – en genuina ecuación pasteuriana – purgaría a la sociedad del enemigo que es igualado a una bacteria o un parásito (Paxton, 2004, pp. 36-37).

Para construir este otro ideado, el actor que busca conformar la división se sirve de una serie de elementos para diseñar una imagen del enemigo tipo: desde las artes (como la música, la escritura y el cine) hasta la educación. De esta manera, se realiza una construcción vertical del enemigo ideado (Mengstie, 2011, p. 8).

Históricamente, la música ha servido como elemento aglutinador: desde elementos folclóricos, procedentes de la comunidad misma, hasta esfuerzos verticalmente direccionados desde la autoridad, ésta siempre ha cumplido un rol formativo en la creación y difusión de un arquetipo antagónico (Bohlman, 2011).

La educación también ha cumplido un rol fundamental en la construcción de la otredad: el currículo impartido, las interacciones sociales entre los alumnos y el lenguaje son mecanismos de instauración y refuerzo de identidades signadas por la otredad y el antagonismo (Mengstie, 2011, p. 11).

Finalmente, ha sido la violencia en líneas étnico-religiosas, comúnmente encarnada en genocidios, históricamente la máxima expresión de este clivaje entre dos grupos signado por el concepto de la otredad. En estos casos, la violencia desencadenada por el perpetrador funcionaría como elemento cohesivo para el grupo al que pertenece (Shaw, 2003, p. 235), cumpliendo así un rol en la construcción identitaria. A menudo, sin embargo, esta cohesión no es producto de un incremento del sentimiento de pertenencia de los elementos que componen al grupo perpetrador, sino también del hecho de sentirse cómplices del ilícito perpetrado. Los planificadores del genocidio son conscientes de esto y por ello forzarían a muchos elementos reacios de su propio grupo a participar, de forma tal que se vean inmiscuidos en la cruzada contra el enemigo construido y sean parte del conflicto diseñado (van der Maat, 2020, pp. 11-12).

El caso de Ucrania

La académica Mira Milosevich-Juaristi señala que, para la concreción de sus objetivos políticos, Rusia libera la llamada “guerra híbrida”, una confrontación signada por la conjunción de elementos de poder blando, que en una escalada cada vez mayor, llevarían a un despliegue de elementos de poder duro. El proceso se divide en siete fases, de las cuales las primeras cinco constituirían aquellas de poder blando y las últimas dos, aquellas de poder duro. La quinta y última de las blandas, la fase de desinformación es la que caracteriza esta construcción antagónica de un enemigo nacional (Milosevich-Juaristi, 2016, pp. 14-15).

Atendiendo a la idea planteada por Klemperer (2016), que echar mano a un enemigo conocido es vital para construir un enemigo eficiente, la invocación del espectro del nazismo de la Segunda Guerra Mundial es para Putin una baza propagandística. Se trata del mito de la Gran Guerra Patria que está profundamente imbricado en el genoma nacional de los rusos. Suele decirse que todo ruso ha perdido a alguien en la guerra. Así, la apelación al enemigo odiado del ayer es un recurso sencillo y visceralmente poderoso, que moviliza al espíritu del ruso promedio (Troianovski, 2022).

Fiel al planteo sobre el lenguaje antiséptico que fuera introducido antes, Rusia viene echando mano a esta retórica desde el comienzo del conflicto, haciendo alusión a “limpiar” Ucrania de los supuestos elementos fascistas (The Moscow Times, 2022). Más recientemente, se ha llegado incluso a enarbolar el mismo discurso contra la oposición interna rusa al extender sobre ella el manto de la colaboración con Ucrania y por extensión, con Occidente (Reuters, 2022).

A nivel de penetración social, la presencia musical planteada por Bohlman (2011) está presente. En una escuela de Kaliningrado, a los niños concurrentes se les habría enseñado a cantar una canción patriótica que reivindicaría los territorios ucranianos reclamados para sí por los rusos. En esa misma institución fue reportado el hecho de que se hizo a los niños dibujar símbolos patrios y alusivos a la guerra de Ucrania, entre ellos la ya infame letra Z que viene a encarnar la causa rusa en el conflicto ucraniano (Klain, 2022).

Ya desde antaño la expresión máxima de la otredad yace en la perpetración de crímenes de guerra y genocidio (Fraser, 2010, pp. 268-278). Si bien es cierto que todavía no ha habido una expresión internacional definitiva sobre si los crímenes acaecidos en Bucha habrían constituido genocidio, hay suficiente evidencia para plantear el caso (Buncombe, 2022). Se ha extendido la creencia entre la comunidad internacional de que estas violaciones y muertes constituyen crímenes de guerra. Esta afirmación se evidencia en la suspensión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (UN Affairs, 2022). Asimismo, cabe destacar el rol que la violencia sexual ha reportado a través de las épocas como vía para destruir o atacar la identidad colectiva de un grupo étnico-religioso (Bigio & Vogelstein, 2017).

Ucrania no es, sin embargo, un enemigo aislado. Pese a toda la retórica de construcción identitaria en torno al enemigo “nazi”, el eje central del antagonismo reposa sobre una afiliación construida en torno al enemigo último: Occidente (Klain, 2022). Occidente vendría a ser parte de lo que el académico Stevenson Murer denomina los chosen traumas [traumas elegidos]. Estos se definen como los traumas que la construcción narrativa busca resaltar en el marco del conflicto creado. Este trauma, a través de los linking cycles [ciclos de vinculación] operan como nexo para crear un trauma secundario, que a su vez termina de operar como cimiento de una identidad colectiva, a través del adaptive mourning [lamento adaptable] (Stevenson Murer, 2009, pp. 123-125). En la cosmovisión putinista, el trauma elegido es la disolución de la Unión Soviética (URSS) evento fundacional de las desgracias actuales de Rusia (Osborn & Ostroukh, 2021). Mientras que la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y su expansión hacia el este operarían como trauma secundario y proceso fundacional de la nueva identidad colectiva rusa.

En el caso de Putin, desde la academia occidental se le ha brindado herramientas para nutrir esta narrativa. Incluso autores tan célebres como John J. Mearsheimer han mantenido que la crisis de Ucrania (aquella del 2014, originalmente) habría sido culpa de Occidente, por la extensión de la OTAN (Mearsheimer, 2014). Putín no ha hecho más que explotar esta retórica desde entonces, alcanzando su apoteosis en el anuncio del comienzo de las operaciones militares que dieron origen al conflicto actual (Bloomberg, 2022). Pero como mencionara Milosevich-Juaristi (2017): el Kremlin, al condenar la denominada intervención de la OTAN, soslaya su propio historial de inmiscuirse en la política de otros estados. Esto también ha sucedido cuando prestó apoyo al gobierno de Assad en el conflicto sirio o durante las intervenciones previas en Georgia y Ucrania misma, tornando redundante y poco sostenible su argumento contra Occidente. (Milosevich-Juaristi, 2017, p. 5). De esta forma, a nuestro criterio, la construcción del enemigo de la OTAN es pues, en última instancia, una baza política, sin verdadera significación ni contenido.

Conclusión

En este artículo se buscó analizar brevemente cómo es que funcionan las dinámicas detrás de la cohesión que las guerras fomentan y contrastarlo con el caso de estudio del conflicto ruso-ucraniano en curso. Central a este análisis fue la postulación de la presencia de una retórica de otredad, donde el perpetrador hace de un grupo foráneo, un otro antagónico. A través de tal construcción antagónica, el perpetrador busca engendrar la imagen de una amenaza que le daría razón de ser e incrementa su apoyo entre la población. Esta construcción identitaria se realiza a través de canales de difusión culturales clásicos, como la música y la educación, pero también por políticas de violencia política, como el genocidio.

La Rusia de Putin se habría servido de la educación y la música para diseminar su retórica beligerante y antagónica de cara a Ucrania y a Occidente. Asimismo, habría perpetrado asesinatos en masa en territorio ucraniano que habrían oficiado como mecanismo de refuerzo a esta construcción oposicionista. La guerra estaría sirviendo como elemento aglutinador del pueblo ruso al construir en torno a la figura de los ucranianos y de Occidente una amenaza frente a los cuales Putin se presenta como alternativa firme.

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