Introducción

El 25 de octubre de 2021, las fuerzas armadas de Sudán, bajo el liderazgo del General Abdel Abdelfatah al Burhan, se alzaron en el poder rompiendo el orden de transición democrática y deponiendo al Primer Ministro Abdalla Hamdok; dando como resultado la disolución del Consejo Soberano y la imposición del estado de emergencia en todo el territorio nacional.

En un contexto regional abrumado por la inestabilidad política y los quiebres democráticos en serie, el caso de Sudán nos permite analizar aquellos factores que contribuyen a la fragilidad de los gobiernos del Sahel, y el aumento de la violencia cada vez más generalizada en manos de grupos autoritarios contra la población civil.

La historia de Sudán está marcada por la permanencia durante largos periodos de tiempo de un mismo tipo de gobierno, especialmente de tinte dictatorial con fuerte respaldo de las Fuerzas Armadas. Por esta razón el Secretario General de Naciones Unidas, el mismo día que se dio a conocer la ruptura del orden de transición, manifestó el apoyo de la ONU al pueblo de Sudan y exigió la restitución del gobierno legítimamente acordado. A su reclamo también se unieron distintos actores internacionales mostrando la disconformidad con el nuevo régimen.

Dentro de la política sudanesa se pueden reconocer tres grupos. En primer lugar, las Fuerzas Armadas institucionalizadas bajo el Consejo Militar Transitorio (CTM); en un segundo lugar, los grupos civiles que toman protagonismo bajo las Fuerzas para la Libertad y el Cambio (FLC); y por último, las asociaciones civiles que se hacen presente en las manifestaciones populares. También se hace presente la influencia de los actores externos de manera directa o indirecta en las políticas regionales y estatales, tales como Naciones Unidas, la Unión Africana y el Fondo Monetario Internacional, así como también naciones con relevancia en la región, entre ellos, Estados Unidos, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Francia, Reino Unido y China.

El presente trabajo tiene por objetivo exponer algunos de los factores que incitaron la ruptura del gobierno de transición democrática, así como también los agentes que participaron directa o indirectamente en el desarrollo de los acontecimientos. Buscando así comprender su influencia en el contexto sudanés, en un marco de inestabilidad regional, marcada fuertemente por la presencia de gobiernos de índole autoritaria.

Para enfocarnos en el caso concreto de Sudán, debemos remarcar algunos puntos claves para desarrollar la evolución de los hechos. En primer lugar abordaremos el régimen de Omar al-Bashir de la revolución sudanesa del 2018, para así comprender el Golpe de Estado de 2019 que dio lugar a un gobierno cívico-militar con propósito de restaurar la democracia de manera progresiva en el país. Luego tomaremos como antecedente el intento de Golpe de Estado de Septiembre del 2021, para finalmente enfocarnos en el Golpe de Estado de 2021 efectivamente.

El Hombre fuerte de Sudán, Omar Al-Bashir

El gobierno de Omar al-Bashir empezó de la misma manera que terminó, con un golpe de Estado. Llegó al poder en 1989, al desplazar al Primer Ministro Sadiq al-Mahdi, mientras desempeñaba el cargo de teniente general de las Fuerzas Armadas de Sudán (SAF, por sus siglas en inglés). Al momento de tomar el poder, Sudán se encontraba en medio de una guerra civil de larga data entre las regiones norte y sur. Su liderazgo duró tres décadas y se caracterizó por una brutal violencia y corrupción, a lo que debe un lugar en la lista negra de la comunidad internacional, al punto tal que la Corte Penal Internacional (CPI) lo persiguió por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad durante los años 2009 y 2010. (Rice, 2009).

Durante su régimen tuvo lugar la prolongada guerra civil entre el norte y sur de Sudán, que terminó con el Acuerdo Integral de Paz en 2005. Sin embargo, estalló otro conflicto en la región occidental de Darfur^[1] y a pesar de su profunda convicción de mantener al país unificado, devino en la secesión de la región del sur en 2011 (Amao, 2019).

Durante la década de 1990, se conoció el apoyo que brindó Al-Bashir a varias organizaciones terroristas internacionales como Hezbollah, Hamas, Al-Qaeda, entre otras. Su apoyo y patrocinio del terrorismo provocó que el Departamento de Estado estadounidense sume a Sudan a la lista de Estados patrocinadores del terrorismo (Amao, 2019 y State Sponsors of Terrorism, 2021).

El eje económico se debilitó drásticamente desde el ascenso de Omar al-Bashir al poder ya que, perdió la mayoría de las fuentes de financiamiento externo por la sanción de EEUU de 1993 y se agudizó aún más después de la secesión de Sudán del Sur en 2011, privando a Jartum de tres cuartas partes de sus ingresos en producción de petróleo, lo que devino en una ola sucesiva de devaluación monetaria (Amin, 2018).

El malestar político y social se hizo insostenible y las protestas comenzaron en diciembre de 2018, ante el incremento de los precios del combustible y alimentos. Naciones Unidas informó que el 13% de la población se enfrentaba constantemente a la falta de productos básicos, generando un alarmante riesgo alimentario (Rice, 2009).

Aunque las manifestaciones de disconformidad con el gobierno continuaban, el partido del Congreso Nacional respaldó la candidatura presidencial del dictador para las elecciones del 2020, a pesar de que anteriormente había negado esta posibilidad. Es así que el descontento ciudadano por la figura de Al-Bashir seguía en aumento (Rice, 2009).

A partir de la protesta de Atbara, el 19 de diciembre de 2019, el gobierno de Al-Bashir se enfrentó a una creciente ira pública y al levantamiento más grande que había enfrentado su mandato. Bajo este contexto, varias organizaciones políticas, como la “Asociación de Profesionales Sudaneses”, la “Iniciativa No a la Opresión contra las Mujeres”, “Mujeres de grupos cívicos y políticos sudaneses”, el “Frente Revolucionario de Sudán”, las “Fuerzas del Consenso Nacional” y “Comités de resistencia sudaneses” entre otros, redactaron y firmaron una “Declaración de libertad de cambio” exigiendo la destitución del dictador. Más tarde, estas organizaciones se agruparon en una coalición política conocida como Fuerzas de la Libertad y el Cambio (FLC), que continuó coordinando acciones conjuntas de protesta y reclamo (Gatdet Dak, 2022).

Al-Bashir respondió a las manifestaciones y disturbios con medidas y estrategias punitivas, como la obstaculización del acceso a redes sociales, toque de queda y el cierre de escuelas en Sudán (Amin, 2018). En febrero del 2019, disolvió los gobiernos regionales, reemplazándolos por oficiales militares y del servicio de inteligencia. A estos últimos se les encargó disgregar el levantamiento popular, recurriendo a las medidas de fuerza que considerasen propicias. Según la organización Physicians for Human Rights (PHR) se presentaron al menos sesenta bajas en el marco de la represión gubernamental. La PHR acusa que “manifestantes pacíficos fueron reprimidos por las agencias de seguridad”, y que utilizaron “una fuerza desproporcionada, innecesaria y en ocasiones letal” (D’Andrea, 2019). La misma denunció al gobierno de Al-Bashir de haber cometido “violaciones masivas de los derechos humanos”, entre las que se cuentan la detención ilegal de manifestantes, como también el negarles acceso a encontrarse con sus familiares e incluso tratamiento médico. También se registraron hechos de tortura cometidos contra los detenidos durante las protestas y ataques contra el personal médico (D’Andrea, 2019).

Finalmente, el 11 de abril de 2019, las SAF, bajo el liderazgo del teniente general Ahmed Awad Ibn Auf, obligaron a dimitir a Omar Al-Bashir (Nureldin Abdallah, 2019). Auf anunció la suspensión de la constitución de Sudán, y declaró un estado de emergencia de tres meses, seguido de un periodo de transición de dos años para dar lugar a un gobierno civil bajo un consejo militar (BBC News, 2019b).

Este episodio no sólo fue el fin del gobierno autoritario de Al-Bashir, sino también el inicio de un nuevo período inestable en el que el poder civil intentó ser parte activa de la política de Sudán agrupándose en las Fuerzas de la Libertad y el Cambio. Además, fue un período donde aumentaba la aprobación internacional del poder civil, a medida que continuaba en un camino favorable el procesamiento del antiguo mandatario en la CPI y el país veía posibilidades de levantar las sanciones internacionales al ser retirado de la lista norteamericana de Estados patrocinadores del terrorismo.

Gobierno de transición

A partir de entonces, el liderazgo recayó sobre los hombros del teniente general Abdel Fattah y fue nombrado como jefe del consejo militar de transición de Sudán Abdelrahman Burthan (BBC News, 2019a). El ascenso de Burthan fue a causa de la renuncia de Auf, que se dio debido a grandes manifestaciones denunciando sus cercanías al antiguo régimen. El surgimiento del nuevo líder fue considerado por el pueblo sudanés como un triunfo, y la aceptación de Burthan se extendía por todo el país como un hombre íntegro, al que la CPI no lo implicaba en crímenes de guerra (BBC News, 2019b). Los primeros pasos del nuevo régimen allanaron el camino para la liberación de los presos políticos y líderes de masas que habían sido retenidos en las protestas contra Al-Bashir.

En este contexto, se instauró un gobierno donde el poder era compartido por dirigentes militares y civiles. A raíz de manifestaciones que exigían un gobierno civil, se llegó a un acuerdo de reparto de poder entre el Ejército y los actores civiles, instaurando el Consejo Soberano como jefatura de Estado colectivo del país (Parlamento Europeo, 2022).

Este Consejo Soberano se componía inicialmente por cinco civiles elegidos por las Fuerzas por la Libertad y el Cambio (FLC), cinco representantes militares elegidos por el Consejo Militar de Transición (CNT) y un civil seleccionado de común acuerdo entre ambos actores. La Declaración Constitucional Sudanesa instaurada a partir del Golpe de Estado de 2019, manifiesta que el período de transición será de 39 meses: durante los primeros 21 el presidente del Consejo deberá ser elegido por los cinco miembros militares, y para los dieciocho meses restantes, este será elegido por los miembros civiles seleccionados por la FLC. Estaba previsto que la transición entre el actual presidente, el General Fattah Burhan, y un gobierno civil se produjese el 9 de diciembre del 2021 (Parlamento Europeo, 2022).

El economista Abdalla Hamdok fue nombrado Primer Ministro de este gobierno de transición y bien recibido por los ciudadanos al no contar con un historial que lo vinculara al antiguo régimen. En septiembre, se presentó en la Asamblea General de la ONU, haciendo una serie de promesas políticas de buena fe con el objetivo de eliminar a Sudán de la lista que lo asociaba al terrorismo, un hito que sería imprescindible para lograr sacar a Sudán de la crisis, llevando al país a un periodo de estabilidad y crecimiento económico.

El-Ghassim Wane, Abdul Mohammed y Alex de Waal^[2] (2020) resaltan que, durante el mandato de Hamdok, Sudán necesitaba la reprogramación de la deuda y la suspensión de las sanciones. Estas acciones sólo serían posibles si Estados Unidos eliminaba a Sudan de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo (State Sponsors of Terrorism, 2021), la cual incluía entre sus medidas la prohibición de asistencia económica de terceros, incluidos los préstamos del Banco Mundial y el FMI. Teniendo en cuenta que uno de los factores que llevó a su fin al antiguo régimen fue la inflación desenfrenada y la economía al borde del colapso, la ayuda económica internacional era indispensable (Wane et al., 2020).

Aunque el Departamento de Estado de los Estados Unidos admitió que Sudan cumplía con los requisitos principales, ya que cooperó con EEUU durante décadas y permitió la separación pacífica de Sudán del Sur, con intenciones de resolver la guerra civil con su vecino, comprometiéndose a la reforma democrática y la paz, aun así no reconoció la eliminación de Sudán de la lista de SST, lo que llevó a Hamdok a promulgar una serie de reformas, que incrementaron las tensiones al interior del país (Wayne et al., 2020).

Contexto regional: “una epidemia de Golpes de Estado”

Desde finales del 2020, el continente africano experimentó un periodo de gran inestabilidad política, seguida por seis golpes de Estado en cinco países de la región. En orden cronológico, el primero fue Mali que sufrió dos golpes consecutivos en un periodo de nueve meses. En abril de 2021 llegó a Chad, en septiembre a Guinea, y aunque fuertes expresiones golpistas se manifestaron sobre Níger, estas no prosperaron, concretándose si en Sudán. Más tarde, en enero de 2022 sucedería en Burkina Faso. (Maclean, 2022).

Actualmente, en el continente africano más de 114 millones de personas son gobernadas bajo un régimen militar (Maclean, 2022). En el caso concreto de Sudán, el secretario general de Naciones Unidas apuntó que está inmerso en una “epidemia de golpes de Estado”. Lo que da cuenta de la inestabilidad de los gobiernos de la región y las dificultades para hacer frente a la gobernanza en un contexto de alto nivel de crimen organizado, violencia, pobreza, corrupción estructural e inseguridad alimentaria (Maclean, 2022).

En lo que refiere al caso de Sudán, finalmente, la estabilidad nacional quedó pendiendo de un hilo tras el fallido golpe de Estado ocurrido en la madrugada del 21 de septiembre del 2021. Según fuentes oficiales sudanesas, el acto fue respaldado por aquellos que apoyaban los “restos del régimen difunto” (Balloul Al-Amir, 2021) haciendo referencia a exfuncionarios del gobierno de Al-Bashir. En este acto no solo se vieron implicados militares, sino también civiles leales al antiguo régimen (Balloul Al-Amir, 2021).

Podríamos decir que uno de los principales factores que contribuyó a intentar derrocar al gobierno cívico-militar fueron las duras reformas económicas emprendidas por el gobierno para subsanar la deuda contraída con el FMI^[3]. Las protestas no tardaron en estallar. Los manifestantes consideraron que el aumento del costo de vida y las medidas respaldadas por el FMI, que incluían la reducción de subsidios y la flotación controlada de la libra sudanesa, eran abusivas (Al Jazeera, 2021a).

El aumento de las tensiones alarmó a la comunidad internacional. Antonio Guterres, Secretario General de Naciones Unidas, condenó el intento de golpe y manifestó su apoyo a la transición democrática de Sudán. En un comunicado, “El secretario general pide a todas las partes que sigan comprometidas con la transición y la realización de las aspiraciones del pueblo sudanés de un futuro inclusivo, pacífico, estable y democrático” (Dujarric, 2021).

Aunque fueron detenidos decenas de efectivos que participaron en el intento de Golpe de Estado (Al Jazeera, 2021), las secuelas mantuvieron latente el espíritu golpista de las SAF, abriendo de manera irreparable la brecha que los separa de la FLC.

Golpe de Estado: octubre 2021

Faltando sólo dos meses para el traspaso oficial del poder de manos militares a civiles, el 25 de octubre de 2021 el líder militar del CNT, Al-Burthan, toma el poder tras la detención del primer ministro, Abdalla Hamdok. Ante la negativa de este último de emitir una declaración de apoyo y titularlo un “golpe de Estado”, fue trasladado a un lugar no revelado por las fuentes oficiales, como también otros miembros del gabinete y dirigentes políticos (Arciniegas, 2021).

A través de un comunicado televisado en el canal estatal, Al-Burthan puso en conocimiento la disolución del Consejo de Ministros y el propio Consejo Soberano que lideraba, notificando la formación de un “gobierno de personas competentes” en Sudán (Deutsche Welle, 2021a). En un intento de tranquilizar a la comunidad internacional declaró que se “respetarán los acuerdos internacionales firmados” (Deutsche Welle, 2021a). También afirmó que el ejército nombrará un gobierno tecnocrático con la intención de restituir el gobierno civil para el cual se fijarían elecciones para julio de 2023. Sin embargo, remarcó que mientras los militares seguirán al mando del gobierno, las fuerzas armadas continuarán completando la transición democrática hasta el traspaso del liderazgo del país a un gobierno civil electo por el pueblo” (Al Jazeera, 2021b).

El país atravesado por una profunda crisis económica, atrapado en una espiral inflacionaria y con altos niveles de inseguridad alimentaria, escasez de combustible y medicamentos, sufrió una escalada de tensiones políticas que fueron consecuentes con la ruptura del orden de transición.

Desde el fallido golpe de Estado de septiembre, las tensiones entre la CNT y la FLC fueron aumentando. Los debates giraban en torno del futuro de Sudán y el ritmo de la transición democrática. Un tema divisorio entre ambas facciones fue si entregar a Al-Bashir a la CPI o juzgarlo en Sudán (Arciniegas, 2021).

Satti, embajador sudanés en Estados Unidos, afirmó que Hamdok se enfrentó a un escenario de mucha presión, y no contaba con las habilidades políticas para manejar las tensiones que seguían en aumento (Dahir & Walsh, 2021). El mismo Al-Burhan justificó que el Ejército se vio forzado a intervenir entre las facciones políticas (Arciniegas, 2021), defendiendo el golpe como necesario para evitar una guerra civil (Dahir & Walsh, 2021).

Por otro lado, las SAF y los servicios de inteligencia se resistieron a los esfuerzos por controlar su amplio poder financiero. Ambas instituciones controlan cientos de empresas estatales que se dedican a la producción y venta de minerales, incluido el oro, a importaciones y exportaciones de ganado, materiales de construcción y productos financieros. Suliman Bando, asesor principal del The Sentry,^[4] busca exponer la corrupción en África y afirmó que estas empresas están “plagadas de corrupción y rara vez aportan sus ganancias al presupuesto nacional” (Dahir & Walsh, 2021).

Mientras tanto, las calles de Jartum y la ciudad de Omdurman, se inundaron de manifestantes a favor de la democracia. Organizaciones de la sociedad civil hicieron un llamamiento a manifestarse en defensa del gobierno de transición. Cientos de personas salieron a las calles mientras ondeaban la bandera nacional, construían barricadas y quemaban neumáticos en diferentes zonas de la capital. Las SAF dispersaron a las multitudes usando medidas de fuerza, donde se presentaron al menos diez bajas y un número significativo de heridos. Así también como la señal de internet fue suspendida, las rutas de acceso a la capital y los puentes bloqueados, el aeropuerto cerrado y las sedes de televisión y radio estatales fueron allanadas por las fuerzas de seguridad (La Vanguardia, 2021).

Ante los sucesos de octubre en Sudán, la comunidad internacional no permaneció en silencio. Estados Unidos, a través de Jefferey Feltam, enviado por el gobierno al Cuerno de África, tachó a la toma de poder militar como “totalmente inaceptable”, y a través de la cuenta oficial de Twitter “Bureau of African Affairs” (2021) remarcó que “cualquier cambio al gobierno de transición por la fuerza pone en riesgo la asistencia de Estados Unidos”. Este último, a modo de rechazo, suspendió la ayuda económica hasta la restitución democrática (Varshalomidze & Ibrahim, 2021).

Analistas del Departamento de Estado de Estados Unidos concluyeron que Al-Burhan no habría llevado a cabo el golpe sin al menos la aprobación tácita de poderosos aliados en Medio Oriente. Dos de ellos, Egipto y Emiratos Árabes Unidos aún no han criticado el golpe, mientras que Arabia Saudita se posicionó en contra (Dahir & Walsh, 2021).

La Unión Africana por su parte rechazó el golpe y suspendió a Sudán hasta que se reanuden las conversaciones entre el ala militar y civil del gobierno de transición. Reclamó la libertad de los líderes políticos arrestados y el respeto a los derechos humanos. Así también varios Estados y organizaciones multilaterales, incluido el FMI, suspendieron la ayuda exterior y han cesado las transferencias de ayuda económica (African Union, 2021). Naciones Unidas (ONU) pidió la liberación inmediata del primer ministro de Sudán y de todos los demás funcionarios, indicando que seguirá apoyando al pueblo de Sudán (Antonio Guterres, 2021).

El jefe de política exterior de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, condenó la detención del primer ministro de Sudán y advirtió que se debe respetar el derecho a la manifestación pacífica, y evitar a toda costa la violencia y el derramamiento de sangre: “Las acciones de los militares representan una traición a la revolución, a la transición y a los pedidos legítimos del pueblo sudanés por la Paz, la justicia y el desarrollo económico” (Europa Press, 2021).

El presidente francés, Emmanuel Macron, condenó duramente el golpe de Estado, remarcando su apoyo al gobierno de transición (Emmanuel Macron, 2021). Así también sumó su voz el Gobierno británico, a través de la Ministra para África, Vicky Ford en Twitter:

“El golpe militar de hoy en Sudán es una traición inaceptable al pueblo sudanés y a su transición democrática. Las fuerzas de seguridad deben liberar al Primer Ministro Hamdok y a otros líderes civiles, y aquellos que no respeten el derecho a protestar sin temor a la violencia deberán rendir cuentas” (Vicky Ford, 2021).

China por otro lado, mantuvo el diálogo con ambas facciones sudanesas. Wang Wenbin, Ministro de Relaciones Exteriores expresó que el Gobierno Chino insistió en que los involucrados “resuelvan sus diferencias a través del diálogo para mantener la paz y estabilidad del País” (Al Jazeera, 2021c).

A modo de resumen, la detención ilegal del Primer Ministro Abdalá Hamdok y de su equipo ministerial, así como de otros activistas y personalidades políticas, dio lugar a la condena internacional y a protestas civiles generalizadas en Sudán.

El 21 de noviembre de 2021, Hamdok firmó un acuerdo con el general Al-Burhan por medio del cual quedaba liberado del arresto domiciliario y retomaba sus funciones como primer ministro. Hamdok aceptó volver a desempeñar su cargo con el fin de proseguir las reformas democráticas y dirigir un nuevo gabinete tecnocrático hasta que se celebrasen las elecciones. A pesar de esto, muchos activistas pro-democráticos, asociaciones y líderes civiles rechazaron el acuerdo y convocaron a manifestaciones de escala nacional en favor de la democracia, denunciando la resistencia de los generales a un incremento del poder civil. Esto empujó a Hamdok a dimitir el 2 de enero de 2022. En su dimisión expresó:

“Intenté lo mejor que pude impedir que el país se hundiera en la catástrofe, pero hoy vive un giro peligroso que amenaza su supervivencia (…) debido a la fragmentación de las fuerzas políticas y a los conflictos (entre la parte civil y militar) de la transición” (Deutsche Welle, 2022).

Posteriormente, el general Al-Burhan nombró personalidades vinculadas al régimen de Al-Bashir para desempeñar puestos claves, incluidos los medios de comunicación públicos y la dirección del Banco Central. Por otra parte, destituyó al Fiscal General y a los dirigentes de un comité que investigaba los beneficios económicos ilícitos obtenidos durante las tres décadas de gobierno de Al-Bashir. También otorgó facultades, que antes eran concedidas exclusivamente a la policía y a fiscales, a los servicios de inteligencia, a las Fuerzas de Apoyo Rápido y al Ejército, como ser el permiso para efectuar registros, detenciones e interrogatorios. Entre estas facultades se les concedió inmunidad penal, la cual únicamente puede ser suspendida por los dirigentes del propio Consejo Soberano (Parlamento Europeo, 2022).

Desde el golpe de Estado del 25 de octubre del 2021, los ciudadanos siguen organizando manifestaciones pacíficas masivas contra el Ejército, que sigue respondiendo con violencia y fuerza extrema, llegando al uso de munición real, gases lacrimógenos y granadas aturdidoras (Deutsche Welle, 2021b).

El Parlamento Europeo, en la Resolución sobre la crisis política en Sudán 2022/2504(RSP) (2022), expone haberse informado que durante las manifestaciones se han producido al menos setenta muertes, además de que las fuerzas de seguridad cometieran delitos de violencia sexual. Naciones Unidas está investigando los casos de trece mujeres y niñas posibles víctimas de violaciones o violaciones en grupo, mientras que otras mujeres sufrieron acoso sexual durante las manifestaciones en Jartum de diciembre de 2021. Así también, resalta que la Organización Mundial de la Salud (OMS), notificó quince ataques a hospitales en noviembre del 2021, con el objetivo de impedir que los manifestantes recibieran tratamiento médico, a través de la amenaza e intimidación al personal sanitario (Parlamento Europeo, 2022).

El Parlamento denunció que la situación de los derechos humanos en Sudán sigue deteriorándose, y la respuesta de las SAF a las manifestaciones conculca el derecho a la libertad de reunión, asociación y expresión. Otros derechos, como el de la libertad individual y la prohibición de la tortura y malos tratos, que están garantizados en los tratados internacionales y regionales de los que Sudan forma parte, también son vulnerados. Por otro lado, a la profunda crisis económica que atraviesa el país, se le suman los desafíos relacionados con la inseguridad alimentaria, teniendo en cuenta que el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de Naciones Unidas informa un incremento de los precios de más del 300% (Parlamento Europeo, 2022).

Ahora bien, el 8 de enero de 2022, la Misión Integrada de Asistencia para la Transición de la ONU en Sudán (UNITAMS) inició consultas para reanudar la transición democrática. El objetivo reside en invitar a participar en el proceso al Ejército, grupos rebeldes, partidos políticos, movimientos de protesta, la sociedad civil y grupos de mujeres. A pesar de que a nivel internacional la iniciativa fue bien vista, sectores de la sociedad civil siguen oponiéndose fervientemente a cualquier acuerdo de reparto de poder con el personal militar (Hurtado, 2022).

Por otro lado, después de una serie de consultas auspiciadas por Naciones Unidas, que se están realizando entre las partes políticas y civiles en Sudán para poder poner fin a la crisis desatada por el golpe, el ministro de Defensa sudanés, Yassin Ibrahim, recomendó levantar el estado de emergencia impuesto en todo el territorio nacional. De esta manera, el 29 de mayo de 2022, Abdelfatah Al-Burhan, puso fin al estado de excepción vigente desde el 25 de octubre del año anterior (Deutsche Welle, 2022b).

Conclusiones

Al analizar la inestabilidad política sudanesa, pudimos dar cuenta de la debilidad de las instituciones y la carencia de mecanismos para consolidar la democracia. La abordamos a través de los procesos históricos, en los cuales se destacó una fuerte presencia militar y crisis económica, posibilitando el aumento progresivo de la insatisfacción del pueblo sudanés.

En paralelo, no observamos entre las fuerzas participantes en Sudán un atisbo de estabilización para la región, que fomente la restauración social y económica. Esto se debe principalmente por el resurgimiento de prácticas e intereses arraigados desde el periodo de Al-Bashir, que benefician a un sector privilegiado dentro de las Fuerzas Armadas, quienes aún retienen una parte significativa del poder en la nación, donde el status quo es también fuente de su riqueza.

Así mismo la situación inestable de Sudán, agravada por el intento de golpe en 2020 y su efectividad en 2021, produjo una serie de articulaciones políticas que tienden a continuar generando tensiones entre el Consejo Militar Transitorio y las Fuerzas para la Libertad y el Cambio, en el marco de posibles elecciones en julio de 2023 donde se pretende continuar la transición democrática a un gobierno civil.

En simultáneo, la crisis política está entrelazada con la debilidad de los gobiernos de la región, aumentando la preocupación de la comunidad internacional especialmente por parte de los países europeos y de África Occidental. A pesar de la mediación de éstos para fomentar el traspaso a un gobierno civil en reiteradas ocasiones, no se han detectado señales de éxito.

Por otro lado, el contexto regional actual, como también los factores internos y externos contribuyen a debilitar la soberanía y unidad nacional de la región africana, permitiéndonos reflexionar sobre el rumbo de la seguridad y estabilidad política de los Estados del continente. Se deberá prestar especial atención a las medidas que se llevarán a cabo en este nuevo periodo de transición, y en qué medida contribuirán los actores regionales e internacionales en Sudan.