El artículo tiene un carácter explicativo del golpe de Estado ocurrido en Bolivia que llevó a la renuncia del presidente Evo Morales el 10 de noviembre del 2019 y la respuesta argentina ante este hecho. La reciente polémica acaecida en función de la acusación del gobierno boliviano hacia el gobierno de Mauricio Macri por el supuesto envío de armas y material represivo al gobierno de Jeanine Áñez ha vuelto a poner en boga los sucesos ocurridos en Bolivia.

En una contribución a aquellas discusiones, el objetivo de este escrito ha sido comprender cuáles fueron los rasgos fundamentales de dicho proceso, lo cual es de suma relevancia porque, muy al pesar de los pueblos, no fue ni seguramente será el último ataque a la democracia acaecido en nuestra región.

Para la investigación se ha utilizado una metodología cualitativa recurriendo a fuentes oficiales, reportajes y notas periodísticas que permitieron dilucidar cómo operó el golpe. Ello en el marco del análisis de las múltiples paradojas que rodearon las distintas justificaciones existentes en torno a este acto de fuerza ilegítimo.

Por otra parte, se ha verificado que la voluntad golpista fue asistida desde fuera del país, lo que ha conllevado la necesidad de considerar, además de Bolivia, tres actores extranjeros como unidades de análisis: Estados Unidos, la OEA y Brasil.

Se concluye con una reflexión personal acerca de cómo las acciones de los gobiernos argentinos en el transcurso y postrimería de la asonada han impactado en el relacionamiento de Argentina con la región.

Estado del arte

La ruptura institucional a la que llevó lo sucedido en Bolivia, derivó también en un quiebre en la concepción de los hechos. La mayoría de los autores, entre ellos Tokatlian, Escudé, Malamud, Merke, Chosmky, señalaron que se trataba de un golpe de Estado, mientras que del otro lado autores como Pérez Llana, Andrés Cisneros o Jorge Castro conformaron la minoría de analistas que optaron por entender que no se trataba de tal cuestión.

Pasando a ver el pensamiento del primer grupo de autores, encontramos que Tokatlian expuso que el derrocamiento de Evo Morales confirmaba que la cuestión militar había regresado en América Latina para quedarse y, eventualmente, consolidarse. El autor entiende a la cuestión militar en un sentido estrecho: remite a la centralidad adquirida por la amenaza y el efectivo uso de la fuerza (Tokatlian, 2019).

El involucramiento de las fuerzas armadas en asuntos de orden público, su preponderancia para el mantenimiento y defensa de un determinado gobierno, la participación de los militares en la vida electoral de un país, su participación en la violación de los derechos humanos, la militarización del tratamiento de fenómenos como el negocio de las drogas y las migraciones, y el recurso al golpismo constituyen manifestaciones concretas de lo que Tokatlian denomina la cuestión militar.

A su vez, el mismo intelectual señaló que esta situación, que obedece a causas esencialmente internas, en América Latina ha estado vinculada en algunos aspectos a la política militar de Estados Unidos en la región.

Con todo, lo sucedido se habría tratado de una manifestación de lo que el experto denomina como neogolpismo, es decir, un golpe de Estado no convencional que pretende violar la constitución del Estado de modo menos ostensible, intentando preservar una semblanza institucional mínima (Ibid.).

En la misma línea, Carlos Escudé sostuvo sin rechazar que se trató de un golpe de Estado, pese a que las Fuerzas Armadas no tomaron el poder.

Malamud explicó que un golpe de Estado es la interrupción inconstitucional de un jefe de gobierno, y en Bolivia se interrumpió el mandato del presidente; no hubo destitución parlamentaria, sino una renuncia forzada por una “sugerencia”. “Las Fuerzas Armadas fueron las que terminaron de definir la situación. Además, el accionar militar no se justifica por las irregularidades detectadas por la Organización de los Estados Americanos (OEA), porque Evo Morales ya había acatado el informe y convocado nuevas elecciones”, expresó (Malamud, 2019).

Merke se sumaría a esta concepción sosteniendo que si bien no se trataba de un golpe clásico, eso no lo hacía menos golpe. Expresaría el profesor:

Por su parte, Noam Chosky llegó al punto de denunciar públicamente el apoyo de Estados Unidos a la oligarquía boliviana protagonista del golpe.

Según Chomsky, la oposición boliviana preparó un golpe de Estado tras el fracaso que sufrió en los comicios frente al Movimiento al Socialismo (MAS), liderado por Morales. “El golpe es promovido por la oligarquía boliviana (…) y cuenta con el total apoyo del Gobierno de Estados Unidos, que desde hace mucho tiempo está ansioso por expulsar a Evo Morales y a su movimiento del poder”, advirtió (Chomsky, 2019).

Entre quienes se posicionaron en el argumento contrario mencioné a Pérez Llana, quien expresó:

Cisneros dijo que no se trataba de un golpe de Estado, sino de un vacío de poder. Afirmaría:

Castro no negó el carácter “transformador” de Evo Morales, pero sí la calificación de golpe de Estado.

Así, sostuvo que se llegó a esta situación por cuestiones estrictamente políticas y “el rechazo de la sociedad a la tercera reelección” de Morales. Recordó que éste “violó la Constitución” y se hizo habilitar por un tribunal de justicia, porque consideraba afectado su “derecho humano” (Castro, 2019).

El fenómeno del neogolpismo

Del recuento de las opiniones de los distintos autores surge una primera paradoja: pareciera que los golpes de Estado en América Latina son y no son, dependiendo de si el país en cuestión es o no aliado de los Estados Unidos.

A esta paradoja suscitada por las distintas miradas ideologizadas se le suma que en la actualidad estos golpes se dan de manera camuflada: se trata de los popularmente llamados golpes blandos, aunque de blandos no tienen nada si observamos el derramamiento de sangre por ellos producidos.

De ahí que algunos autores pretenden denominar las nuevas modalidades golpistas como de golpes de Estado constitucionales (Roitman, 2013) ya que éstos se caracterizan por hacer uso de mecanismos constitucionales para cubrir las irrupciones al poder con un manto de legalidad.

De hecho, el discurso esgrimido es que su intervención se produce para proteger un orden democrático, apelación que utilizaron también en su momento las dictaduras en el Cono Sur.

Sin embargo, hoy es más frecuente que los golpistas se concentren ya no en reforzar su legitimidad de ejercicio, sino en demostrar su legitimidad de origen, y la de todos los actos que han llevado a término para suplantar al poder ejecutivo.

El golpe de Estado ya no requiere de tanques en las calles, ni asaltar palacios de gobierno, ni tampoco se hace necesario ilegalizar los partidos políticos.

Mucho menos escandalosos, en los golpes de Estado del siglo XXI la violencia física juega sólo un papel auxiliar, comparada con la de los medios de comunicación generadores de la narrativa de la crisis del consenso. Así, “del Golpe como acto de ilegalidad necesaria y legítima, hemos llegado al golpe de Estado “con todas las de la ley” (Martinez, 2014: 204).

Una sola declaración, deslegitimando al poder ejecutivo, puede ser suficiente. En este sentido, la participación de un sector de la sociedad civil, encabezado por periodistas, académicos, clérigos, puede inclinar la balanza de la opinión pública. Los medios de comunicación social hacen lo suyo en esta dirección. Curiosamente, al mismo tiempo que se califica a los gobiernos como presidencialistas con una “tendencia autoritaria” que busca perpetuarse en el ejecutivo, se manifiesta un “vacío de poder” y un clima de ingobernabilidad política que atraviesan las instituciones de estos países. Y por último el factor exterior, el apoyo de las potencias amigas y sus gobiernos facilitando el uso de sus servicios de inteligencia y contrainformación (Roitman, 2013: 117).

El caso boliviano

En el caso boliviano, la política de nacionalizaciones emprendida por Evo Morales atacó frontalmente el poder de las transnacionales. En 2006 nacionaliza las minas de estaño de Huanuni; en 2007, la empresa de telecomunicaciones ENTEL; en 2008, expropia REPSOL-YPF; en 2010 el gobierno se hace con la propiedad de cuatro compañías eléctricas como Corani, Guaracachi, Villa Hermosa y Fuerza Eléctrica de Cochabamba.

Como sucedió en Chile en 1971 tras la nacionalización del cobre, las empresas expropiadas comenzaron sus maniobras buscando cómplices nacionales.

Así fue que el presidente Evo Morales denunció varios levantamientos, los más importantes en 2010 y en 2012. En esos planes se encontraban lazos entre los viejos partidos de la derecha, la socialdemocracia, empresarios y grupos de ultraderecha.

Pero en lo que respecta al golpe del 2019, cabe resaltar algunos añadidos.

El desarrollo tecnológico sitúa al litio como el nuevo oro, y la guerra económica es y será por este material escaso (Fontana, 2019). Allí, en Bolivia, donde han muerto más de 30 personas, hay más de 300 desaparecidos y más de 800 heridos, se encuentra la mayor reserva de litio del mundo.

En agosto del 2019 Evo Morales cerró un acuerdo con la empresa china Xinjiang Tbea Group-Baocheng para la construcción de ocho plantas de litio en los salares bolivianos de Coipasa y Pastos Grandes por un valor de 2.390 millones de dólares. En las mismas fechas Estados Unidos revelaba un plan para garantizar el abastecimiento de este mineral clave.

Los hechos subsiguientes ya todos los conocemos: el 20 de octubre del 2019, día de las elecciones en Bolivia, con el 84% escrutado Morales encabezaba el recuento con un 45,28% de los votos. A partir de ahí, Argentina, Estados Unidos y la OEA entre otros, denunciaron fraude. Se construye así el mito del gobierno aislado -pese a contar con un apoyo popular mayoritario- y de la necesidad de poner fin a la conflictividad.

Con la situación intolerable Morales decide convocar nuevas elecciones para despejar confusiones. Sin embargo, la oposición no acepta y el ejército se une a ella contra Morales, quien se ve forzado a huir a México.

A los pocos días la misma OEA legitimaría el golpe mientras Estados Unidos y Brasil reconocerían a la nueva presidenta, Jeanine Áñez, proclamada por una Asamblea sin quorum.

A la vez empezaría una cacería de funcionarios del hasta entonces partido de gobierno –Movimiento al Socialismo (MAS)-, destrucción y saqueo de sus viviendas y humillación pública de sus dirigentes.

En el estado del arte expresé que una explicación que rápidamente se transformó en sentido común académico enfatizó en la voluntad de Evo Morales de perpetuarse en el poder. Según este abordaje, la convocatoria a un referéndum para reformar la Constitución en 2016 y así habilitar un nuevo mandato, su derrota por 2% en ese referéndum y la habilitación de su reelección por otra vía, habría roto el pacto social con la clase media. La interrupción de la transmisión de los resultados electorales al 84%, cuando Morales ganaba por un poco más de 7%, y la ampliación de esa ventaja al 10% cuando la trasmisión se reanudó -lo que le permitiría evitar una segunda vuelta- sería el hecho que habría llevado a pedir la anulación de las elecciones.

Sin embargo, si se atribuye el golpe de Estado a la indignación civil causada por el intento del presidente Morales de perpetuarse en el poder, no se pueden entender las escenas de violencia contra los indígenas.

Como aconteció con las políticas implementadas en el ámbito doméstico —indicadas en líneas anteriores—, la inserción internacional del país también se asentó en las nociones de “cambio” y “vivir bien” y se apoyó discursivamente en tres ejes temáticos, a saber, indigenismo; anticapitalismo/antiimperialismo y ambientalismo (Trejos, 2012: 47-51).

Y la realidad nos muestra que las clases medias – autopercibidas como blancas- liderados por sectores de las élites económicas, se levantaron contra la parte indígena de la sociedad.

Así visto, los sucesos acaecidos en Bolivia expresan un clivaje étnico y de clase (indios/blancos, entendida cada categoría como autoidentificación); otro sobre la propiedad de los recursos naturales (estatales/privados); otro sobre soberanía nacional (autonomía nacional/alineamiento con EEUU); otro político (permanencia/alternancia) y, por último, sobre integración nacional (centralismo/poderes regionales).

El rol de la OEA y los Estados Unidos

En 2008 los “Comités Cívicos” ya habían impulsado la insurrección de la Medialuna, es decir de aquellos departamentos que se levantaron contra el gobierno. Gracias a la intervención de UNASUR, se pudo desactivar el conflicto sin violencia. Pero el accionar de los Comités Cívicos no había sido desactivado, y desde hace un tiempo estaban promoviendo bloqueos, a lo que se sumó una OEA dispuesta a legitimar el golpe.

Justamente en el marco de la OEA es que se observa la segunda paradoja: Almagro, excanciller de Pepe Mujica y ex hombre de izquierda, se convirtió en un pilar en el ataque al sistema interamericano.

Además de llevar a cabo la legitimación del golpe, el Secretario General de la OEA planteó la necesidad de reformas en el sistema judicial boliviano, así como de una comisión para investigar casos de corrupción.

A tal punto fue su injerencia en el caso boliviano que Lula da Silva, Fernando Lugo, Rafael Correa, José Mujica, Evo Morales, y muchos otros referentes de la región se pronunciaron contra esta intromisión en los asuntos internos de Bolivia por parte del Secretario General.

En la misma nota también advirtieron que “el Secretario General debe abstenerse de realizar pronunciamientos unilaterales en los cuales involucra a todos los miembros de la organización, sin respetar el carácter colegiado de su mandato”.

Cabe recordar que no fue éste el único escándalo que rodeó a Almagro: otro de ellos fue el que se produjo en el año 2020 cuando designó a Fulvio Pompeo, quien fuera canciller del gobierno de Macri, como enviado de la OEA a Guatemala.

Una misión de esa naturaleza requiere de actuar imparcialmente, algo que Pompeo no podía lograr, porque su papel se hallaba contaminado por conflictos de intereses vinculados a negocios con el Estado guatemalteco. En este sentido, durante la gestión de Macri, Pompeo había sido parte en el fallido negocio de vender aviones Pampa a Guatemala.

Pero los escándalos aún no terminan allí: en el corriente año Almagro nombraría a María Eugenia Vidal como observadora de la OEA en El Salvador, lo que motivaría el rechazo por parte de Cancillería argentina por vía de un comunicado enviado por la Cancillería firmado por el embajador ante el organismo, Carlos Raimundi, en el que plantea: “Las Misiones de Observación Electoral de la OEA deberían apegarse a estrictamente a criterios técnicos objetivos y evitar extralimitarse, lo cual ha derivado en graves crisis institucionales, como la ocurrida en Bolivia en 2019. Todo ello ha mellado la necesaria imparcialidad política de dichas misiones, en tanto son para fortalecerlos procesos electorales de la región”, continúa la carta de Raimundi^[2].

La cuestión clave es que la designación de Vidal incumple el propio manual de la OEA que impide la presencia de dirigentes que integren la dirección de un partido político.

En suma, todos hechos que demuestran que hace rato que Almagro ha dado la espalda a sus ideales para mirar hacia Washington, lo que conlleva a su actuación en favor de los intereses de Estados Unidos contra el sistema interamericano expresado en la OEA.

Ahora bien, que la OEA haya servido al actuar indirecto de Estados Unidos por medio de sus mecanismos de decisión, no quita que la potencia estadounidense haya ejercido acciones directas.

Chosmky alertó que el centro de operaciones de la embajada de Estados Unidos en La Paz había dejado entrever dos planes en el país sudamericano: “el ‘plan A’, un golpe de Estado, y el ‘plan B’, el asesinato de Morales” (Chomsky, 2019).

Y es que frente a una América Latina que crece en la construcción de una integración alternativa -en enero de 2014 se concretó la segunda cumbre presidencial de la CELAC- y frente a la creciente presencia de China y otros actores extra hemisféricos -por ejemplo, la Unión Europea, que intenta penetrar en la región con su Tratado de Libre Comercio con el Mercosur-, Washington intenta reposicionarse en lo que siempre consideró su “patio trasero”.

Como señala Telma Luzzani, “la nueva estrategia para el siglo XXI -conocida como la ‘doctrina Obama’-, cuya síntesis se dio a conocer el 3 de enero de 2012, ya advertía que para América latina se buscaría ‘mantener la presencia con formas innovadoras’ a través de relaciones clave entre las FF.AA; ‘ejercicios militares conjuntos, presencia de un número reducido de tropas en forma rotativa y asesoramiento en capacitación. Las siete bases militares en Colombia, el Centro de Operaciones y Almacenamiento en el Chaco (que debió ser desmantelado ante las denuncias de organizaciones populares), y la base del Comando Sur en Concón, Chile, son parte de este entramado del intervencionismo del siglo XXI” (Luzzani, 2012).

La diplomacia de Washington actuó fuertemente para intentar reorganizar la región, luego de una década marcada por el surgimiento de movimientos anti-imperialistas y a partir de ellos la creación de instancias de integración que apuntaron a recuperar como horizonte la autonomía.

Superar la concepción del realismo periférico, remisa a confrontar con las potencias por los costos económicos que supuestamente acarrearía, es el desafío principal de los países de la región.

El papel de Brasil

El problema yace en que no todos los gobiernos de la región persiguen actualmente la unión latinoamericana, sino que muchos de ellos son funcionales a los intereses de Estados Unidos, lo que se observa en el caso de Brasil, por ejemplo, que también hizo lo suyo en relación al golpe en Bolivia.

En primer lugar, empezó por afirmar que no hubo golpe de Estado y que se respetó el proceso constitucional. Lo informó a través de un comunicado del Palacio de Itamaraty, en el cual el gobierno del presidente Jair Bolsonaro sostuvo que la renuncia de Morales “abría el camino para la preservación del orden democrático”^[3].

“El gobierno brasileño rechaza completamente la tesis de que habría un golpe en Bolivia; el rechazo popular tras el intento de estafa electoral, que favorecería a Evo Morales, llevó a su deslegitimación como presidente con el consecuente clamor de amplios sectores de la sociedad boliviana por su renuncia”, indicó dicho comunicado.

El propio Bolsonaro concedió una entrevista exclusiva al portal de noticias Globo en la que negó que el líder boliviano fuera víctima de un golpe de Estado como sostenía Lula da Silva, y añadió: “la palabra golpe se usa cuando la izquierda pierde”.

El caso es que en una muy interesante nota, Página 12 descubrió que consumado el golpe, el avión presidencial FAB001 voló a Brasilia donde realizó traslados internos durante 16 días antes de regresar a La Paz.

Están registrados 25 vuelos sin contar los días que el aeronave estuvo estacionada en aeropuertos brasileños y sin detallar los vuelos entre diferentes ciudades de ese país. En lo que hace a traslados en el territorio boliviano prácticamente voló a Santa Cruz, el distrito donde nació y se organizó el golpe contra Morales^[4].

Increíblemente, todo se descubrió porque se realizaron denuncias por el uso de otras aeronaves oficiales por parte de la hija de Áñez, que llegó a utilizar uno de esos aviones para festejar un cumpleaños en plena cuarentena.

La reacción argentina y sus consecuencias

En un primer momento, bajo el gobierno de Mauricio Macri, la cancillería que presidía Jorge Fourie emitió un comunicado donde no se condenaba la interrupción del orden institucional.

Macri inscribió su política en sintonía con un alineamiento con Occidente, lo que se ha denominado una orientación “occidentalista” o “globalista” (Simonoff, 2017).

Este proyecto de corte occidentalista – aperturista privilegió la relación bilateral con Estados Unidos implementando una lógica de aquiescencia total (Tokatlian y Russell, 2013).

Así fue que en un guiño a Estados Unidos, la cancillería argentina eligió referirse a “la inestabilidad política vivida por Bolivia tras las elecciones”^[5], y de esta manera evitar nombrar los hechos de violencia que se vivían en Bolivia desde que los golpistas terminaron a la fuerza con la renuncia de Evo Morales a la presidencia.

Sin embargo cabe resaltar que Malcorra, como ex canciller del macrismo, se diferenció en aquél momento y habló de golpe de Estado.

“Hay tres elementos objetivos que hay que evaluar. Primero, que se haya interrumpido el mandato de un presidente democráticamente electo. El procedimiento por el que se interrumpió el mandato no es el establecido. Y la tercera condición es que las fuerzas armadas tuvieron un rol importante en ese desenlace”. “Cuando uno puede decir estas tres cosas, sí se puede considerar esto un golpe de Estado”, remarcó en aquel entonces^[6].

Opinión que, al igual que otras similares, no tuvo el efecto de provocar cambio alguno en las consideraciones del gobierno respecto de lo sucedido.

Al día de hoy a aquella postura negacionista del golpe asumida por el entonces gobierno argentino se suma la acusación de colaboracionismo propiciada por el Ministro de Gobierno de Bolivia, Carlos del Castillo, quien ratificó la denuncia contra el gobierno de Mauricio Macri, al que acusó de realizar “tráfico ilegal de armas” al régimen de Áñez.

El funcionario boliviano aseguró además que la investigación actual apunta a determinar si el armamento enviado desde Argentina fue utilizado por manifestantes en los desmanes ocurridos en Senkata y Sacaba, las que calificó como “masacre”^[7].

Al respecto, el 15 de noviembre de 2019 la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, autoriza la partida de once gendarmes con destino a La Paz, a través de la resolución oficial RS-2019-102620975-APN-MSG. Para cuando la resolución se publicó, los gendarmes ya llevaban dos días en Bolivia. En la resolución se deja establecido que la autorización corre “entre el 12 de noviembre de 2019 y el 12 de enero de 2020”^[8]. Ese mismo día ocurrió la masacre de Sacaba.

Para el actual gobierno boliviano, estos hechos significaron la colaboración con el golpe de Estado que marcó la salida de Evo Morales del poder.

Al pronunciarse al respecto, recientemente Macri sostuvo que la denuncia era una cortina de humo del Gobierno, preocupado por la cercanía de las elecciones legislativas, en las que se renueva la mitad del Congreso y un tercio del Senado. Este miércoles Argentina superó las 100.000 muertes por la covid-19, lo que supone un duro revés para el Ejecutivo argentino. “Esta persecución de la que soy objeto es justamente un nuevo intento de desviar la atención del fracaso en el manejo de la pandemia, del fracaso económico y del fracaso de la gestión de las vacunas”^[9], escribió Macri en una carta pública en Facebook.

Todo lo dicho brinda el panorama de la situación durante su gobierno. Ahora bien, habría que esperar hasta la elección de Alberto Fernández para que se diera un giro de 360 grados respecto de Bolivia.

La principal diferencia que marcó Fernández en las relaciones con Bolivia fue el desconocimiento argentino al gobierno de Jeanine Áñez. Áñez llegó a denunciar, en el marco de la reunión de la Asamblea General de Naciones Unidas, un “acoso sistemático y abusivo” del gobierno argentino, a lo que nuestra cancillería contestó:

Por otra parte, el gobierno argentino destacó el informe que sobre la situación de los derechos humanos en Bolivia tras el golpe de noviembre de 2019 publicó Michelle Bachelet, y exhortó a los actores políticos, gubernamentales y sociales en Bolivia a comprometerse en el proceso electoral entonces próximo.

A su vez Alberto Fernández, que en ese momento era presidente electo, llamó al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador para que se enviara un avión a buscar a Evo Morales, Álvaro García Linera y algunos más que corrían peligro de muerte.

En diciembre de ese año, y tras permanecer un mes en México, Evo Morales, su vicepresidente Álvaro García Linera y miembros de su gabinete también perseguidos, fueron asilados en Argentina donde permanecieron hasta noviembre de 2020, cuando finalmente pudieron regresar a Bolivia tras el triunfo del MAS.

Actualmente el Gobierno presentó una denuncia judicial contra el exmandatario Macri, sus exministros Bullrich (Seguridad), Aguad (Defensa), Faurié (Relaciones Exteriores), entre otros, por enviar armas a Bolivia.

En esta misma línea Alberto Fernández, en nombre del pueblo argentino, pidió disculpas a los ciudadanos bolivianos.

Con todo, cabe recordar que el canciller Felipe Solá fue condecorado por su par boliviano, Rogelio Mayta, con la Legión de Honor Mariscal Andrés de Santa Cruz y Calahumana en el Grado de Gran Cruz por sus méritos y servicios eminentes en reconocimiento del accionar argentino al momento del golpe.

Estos gestos argentinos tuvieron una consecuencia clara respecto al relacionamiento con la región, y fue la ruptura de una tercer paradoja, que es la de la retórica política de los gobiernos latinoamericanos^[11].

Sin embargo, el punto débil ha sido el hecho de que el contexto no los ha favorecido: la región, desunida y polarizada, no ha logrado cohesionar intereses, por lo que nuestro país ha quedado prácticamente sin apoyo.

La cuestión está entonces en cómo impulsar una visión solidarista y autonomista, aún cuando ésta no es compartida actualmente por la mayoría de la dirigencia latinoamericana.

Rescatando un aspecto central del pensamiento puigiano, para que exista proyecto autonómico es necesario que existan élites funcionales a tales objetivos (Bernal Meza, 2013: 48).

Y además de estos dos criterios del pensamiento puigiano (integración solidarista y élites funcionales) su actualidad está complementada por otros tres: la no aceptación de imposición de acciones en nombre del bloque, la necesidad de aceptar algunos supuestos básicos en torno a la seguridad, la alimentación y la energía, y el papel que juega la integración en el proceso de autonomización (Bernal Meza, 2013: 54-55).

El rol que la OEA jugó en el golpe nos habla de todo lo contrario al ideal puigiano, es decir, de un organismo que aceptó la imposición de acciones en nombre del bloque (en beneficio del interés estadounidense); el papel ejercido por Brasil y la indiferencia de otros líderes de la región, que prefirieron mirar hacia Venezuela pero no discutir lo sucedido en Bolivia, nos habla de que no existe tal aceptación de supuestos básicos entre los países de la región; finalmente, respecto al papel que juega la integración en el proceso de autonomización, la mayoría de la dirigencia latinoamericana la observa desde una mirada comercialista. En este sentido, cabe recordar que para Puig el proceso de la integración no es un fenómeno unívoco, sino que existe bajo dos formas: una comercialista y otra solidaria. Entre ambas existen marcadas diferencias: la primera lleva a reforzar el régimen internacional vigente y a profundizar las asimetrías (inevitables) entre los socios al adoptar una perspectiva exclusivamente económica e interdependiente. Así, la integración comercialista, es la que impulsó la CEPAL, y según su lectura fracasó porque no trató de modificar, siquiera evolutivamente, el régimen internacional, que era el verdadero productor de la injusticia. (Puig, 1981: 135-136).

El segundo problema que observa Puig en este tipo de asociación para nuestra región no sólo es la importancia del sistema mundial, sino también el rol de Estados Unidos que en este proceso “representa la ‘fuerza extraregional’ que promueve u obstaculiza la integración” (Puig, 1981: 112).

Por otro lado, el segundo caso posee un marcado acento político y cultural por ser un instrumento para lograr autonomía, sobre la base de reconocer un mismo estatus y/o valores.

La tendencia a la autonomía dentro del bloque exige, en lo externo, estrategias solidaristas con los integrantes del bloque que aspiran a lo mismo, así como con otros grupos y Estados que podrían ensanchar la base de los propios recursos del país. (Puig, 1980: 208) Es decir, la integración no es cualquier instrumento; es el esencial para el logro de la autonomía: “(…) la integración solidaria se fundamenta en alianzas, vale decir, en uniones de Estados decididos a conseguir determinados objetivos sectoriales, pero que se fundamentan en valores compartidos, entre los que se descuella el de autonomía”. (Puig, 1986: 59-60).

Ahora bien, si observamos el panorama regional vemos que el gobierno de Fernández decidió retirarse del Grupo de Lima pero permanecer en el Prosur; aún cuando ninguna de las dos instancias implica avances significativos en cuanto a coordinación regional. Más interesante resulta su adhesión al Grupo de Puebla, y la ponderación de México como posible socio, lo cual refleja que mientras en la relación con los Estados Unidos reina el pragmatismo, en la proyección regional se privilegian los ideales, lo que implica una jerarquización de la región.

Sin embargo, la soledad que acompañó a la candidatura argentina de Beliz al BID fue otra muestra de la falta de apoyo hacia nuestro país por parte de sus vecinos.

A su vez el resto de los países del Mercosur, Uruguay y Paraguay, acompañaron la postura del presidente brasileño, brindando su apoyo a la gran potencia, y profundizando también la brecha con Argentina.

Todo ello en el marco de la pandemia que atraviesa al gobierno de Fernández, la cual lejos de llevar a un mundo mejor, ha conllevado el surgimiento de un nacionalismo de vacuna^[12], que aparejó graves consecuencias en el relacionamiento externo de los países.

Como afirman Thomas Bollyky y Chad Bown, quienes han desarrollado la vacuna van a asegurar las dosis suficientes para sus respectivas poblaciones.

Sin embargo Fernández, fiel a su visión solidarista, postuló: “con la pandemia quedó en evidencia que nadie se salva solo; nos salvamos en conjunto”^[13].

En ese contexto ideó la creación de un Fondo Global de Emergencia Humanitaria para encarar el problema de la pandemia.

Ello mientras que el presidente brasileño sigue haciendo caso omiso al uso de tapabocas e incita al consumo de hidroxicloroquina (desaconsejada por la OMS).

Los hechos muestran que hay en curso acuerdos de cooperación entre agrupaciones de países, como el ya nombrado entre Argentina, México y la Universidad de Oxford y la conformación de la Alianza de Vacunas Inclusivas para negociar en conjunto con los desarrolladores y productores de vacunas, conformada por Alemania, Italia y los Países Bajos, entre otras.

Sin embargo, prima la inexistencia de un consenso internacional en cuanto a la concepción de la vacuna como un bien público global.

Todo ello muestra que la sociedad internacional ha privilegiado la lógica del “sálvese quien pueda” y con ello ha debilitado el ejercicio de la cooperación a nivel internacional.

Cuestión que no hace más que agravar el escenario regional, ya que como señala Juan Gabriel Tokatlian, “hay un espíritu latinoamericano que se ha ido desvaneciendo, perdiendo. El nivel de fractura y fragmentación en la región es enorme” (Tokatlian, 2020).

Los países de la región deben recuperar la mirada autonomista, y entiendo necesario agregar a ella la reformulación que le ha hecho Myriam Colacrai, ya que incorporó al concepto puigiano, “la dimensión regional como parte sustancial de ella y no como mera agregación.” (Colacrai, 2009: 35-45).

Sólo trabajando la autonomía desde una dimensión regional, sobre una base de valores compartidos, se podrá aspirar a que la apuesta por la integración solidarista argentina no quede en una acción individual y se transforme en una praxis colectiva.