Panorama migratorio regional: hacia la profundización de la crisis migratoria

Estados Unidos ha sido históricamente un país receptor de un gran número de migrantes, tendencia que en la actualidad no sólo permanece sino que se profundiza, ya que en las últimas décadas el hegemón del norte ha experimentado, con especial énfasis, un incremento de las oleadas migratorias provenientes desde América Central.

En efecto, la subregión comprendida por Centroamérica y el Caribe presenta una serie de características a nivel político, económico, social y ambiental que han promovido de forma exponencial la expulsión de un creciente número de sus habitantes. Por un lado, cabe destacar que la misma está conformada por países que en términos generales atraviesan una difícil situación económica, marcada por bajos niveles de crecimiento y altas tasas de pobreza. De hecho, hacia 2021, los países del Triángulo Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador) concentraron el 80% de las personas pobres que habitan la subregión, la cual asciende a los 30 millones (Agencia EFE, 2021). La pandemia de COVID-19 no vino sino a empeorar estos índices, en tanto a las falencias estructurales de las economías nacionales, se sumaron los efectos negativos de la desaceleración económica mundial. Como plantea Mora-Tellez, lo anterior «provocó que el PIB per cápita de Honduras retrocediera el equivalente a 7 años, mientras que, en El Salvador y Guatemala, el retroceso equivale a 5 y 3 años respectivamente» (2022, s/p).

Por otro lado, en materia social, las poblaciones que habitan la mayoría de los países centroamericanos deben enfrentar además de las dificultades económicas y la falta de oportunidades laborales, altos niveles de violencia urbana. El mayor impacto es producido por el accionar de las maras, grupos criminales cuyo desempeño es de carácter transnacional y representa uno de los desafíos para los gobiernos de la región, en tanto llegan a ejercer un certero control territorial. Asimismo, muchas veces estos grupos están fuertemente vinculados al narcotráfico y el tráfico de armas.

Por último, la cuestión ambiental también aparece como un factor que afecta especialmente a Centroamérica y el Caribe. Vale mencionar que dicha zona tropical es altamente sensible a diversos escenarios climáticos, en tanto por su ubicación geográfica y geológica son habituales los huracanes y los terremotos. Ahora bien, al igual que la pandemia ha agravado las condiciones económicas, la crisis climática a nivel global ha tenido un impacto desproporcionado en esta región del mundo, haciendo aún más habituales fenómenos como las sequías e inundaciones. Con el agravamiento de la triple crisis ambiental (las Naciones Unidas advierten que esta abarca el calentamiento global, la pérdida de biodiversidad y la contaminación), en Centroamérica se incrementan los desplazamientos internos y se incorpora una nueva causa que motiva las migraciones a través de fronteras internacionales.

Inicialmente, la pandemia de COVID-19 desalentó los flujos migratorios en todo el mundo debido a que la mayoría de los Estados aplicaron medidas restrictivas que, entre otras, involucraron el cierre de fronteras. América Central y del Norte no constituyeron una excepción: en efecto, en abril de 2020 se produjo una drástica caída del número de llegada de migrantes a los Estados Unidos desde su frontera sur (Riaño, 2021). Sin embargo, y a pesar de la existencia de este tipo de restricciones, rápidamente los flujos hacia la potencia desde el sur del continente retomaron su vigorosidad. Cabe destacar, siguiendo la argumentación de Feline y Castillo (2020), que en aquel contexto de barreras significativas para la migración regular, la movilidad humana se realizó prácticamente solo de manera irregular, lo cual exponía a los migrantes a múltiples y novedosos peligros, entre los que se destacaba el riesgo de contagiarse de COVID-19.

La profundización de las crisis multidimensionales que afectan a los países centroamericanos e inclusive a México, sumado al relajamiento de las restricciones a los viajes y al resultado de las elecciones que consagraron a Joe Biden como presidente estadounidense (precisamente el candidato que, como se verá en el próximo apartado, exhibió una actitud positiva hacia la migración), no hicieron sino aumentar la movilización humana. Las estadísticas provistas por la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP, por sus siglas en inglés) indican que el gobierno de Biden ha experimentado números récord en cuanto a llegada de migrantes legales e ilegales. Como plantea Beauregard (2021), durante el año fiscal^[3] 2021, se han registrado 1.7 millones de detenciones en la frontera con México. Con respecto a la procedencia de estas personas,

México se ha convertido en el principal expulsor de migrantes en el año fiscal 2021 (…) 608.000 mexicanos fueron detenidos por autoridades fronterizas de Estados Unidos, según datos de la CBP que han sido adelantados por The Washington Post. A estos siguieron los ciudadanos del Triángulo Norte de Centroamérica: hondureños (309.000 detenidos), guatemaltecos (279.000 detenidos) y salvadoreños (96.000 detenidos). Otros 367.000 migrantes de varios países de la región, entre ellos Haití y Venezuela, también fueron detenidos en el mismo período. (Beauregard, 2021, a, s/p)

Los números más recientes confirman el empeoramiento de la situación. Al momento de escribir este artículo (agosto de 2022, cuando aún faltan dos meses para la culminación del año fiscal 2022) ya se ha registrado el mismo número que el año anterior: casi 1.7 millones.

Las propuestas en materia migratoria durante la campaña presidencial de Biden

El 3 de noviembre de 2020, ganaba las elecciones presidenciales Joe Biden, el candidato demócrata que se enfrentó a la polémica figura de Donald Trump, quién se encontraba en ejercicio de la presidencia en ese momento.

La campaña electoral sucedió en un contexto doméstico complejo: Estados Unidos se encontraba atravesando un escenario marcado por la recesión económica, una crisis sanitaria (producto de la pandemia global del COVID-19) y una fuerte movilización social. Frente a este escenario, los candidatos disputaban las elecciones presentando visiones antagónicas en cuanto a la manera de abordar tanto los temas de agenda doméstica como internacional (Gullo y Marina, 2020). Por ello, el eje discursivo y las propuestas hacia los temas más polémicos eran de suma importancia. Uno de estos temas trataba sobre la agenda migratoria, y las propuestas de Biden en torno a esta eran ambiciosas, ya que proponía reformar el sistema migratorio estadounidense y revertir las «crueles» políticas llevadas a cabo durante la administración Trump.

En rasgos generales el discurso mantenido por el candidato demócrata tuvo dos ejes claves. Como primer aspecto, buscó diferenciarse del entonces mandatario republicano; su mensaje era claro: «él no era Trump» (Johnson, 2020). Remarcó que, durante los cuatro años de gobierno de su contrincante a la presidencia, se presenció una crisis humanitaria y un ataque a los valores e historia de los Estados Unidos como una nación de inmigrantes, criticó la construcción del muro en la frontera sur y lo que definió como política racista en materia migratoria durante dicho período. En relación a ello, como parte de su segundo eje, prometió un viraje humanista alejado de la doctrina de mano dura de Trump, y resaltó la urgencia de establecer un sistema migratorio justo y humano que recuperase aquellos valores debilitados (Beauregard, 2021, b). Reconocía que era necesario proteger la frontera, pero que ello no implicaba ir contra la dignidad de los inmigrantes.

En orden con estas perspectivas entre sus propuestas de campaña más llamativas se destacó trabajar en el Congreso para lograr la aprobación de una legislación que daría lugar a una reforma migratoria. Como parte de estas reformas, proponía establecer una hoja de ruta que permitiese alcanzar la ciudadanía a los 11 millones de inmigrantes indocumentados que estuviesen al día con sus impuestos y hubiesen pasado una verificación de antecedentes, así como también proponía una reducción en las trabas para obtener visas de trabajo en determinadas áreas económicas, y la obtención de «green cards» para los dreamers, los trabajadores agrícolas y los inmigrantes que tienen un estatus de protección temporal (TPS, por sus siglas en inglés) (Biden, s.f.).

A su vez, mostrando su oposición a lo realizado por Trump, planteó, en primer lugar, aumentar el número de admisión anual global de refugiados a 125.000, marcadamente por encima de la cifra de 15.000 fijada durante la era Trump. En segundo lugar, anular el Título 42 (el cual se explicará más adelante) para garantizar que el personal del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza​ (CBP) cumplan estándares profesionales y se evite la expulsión indiscriminada, y, en tercer lugar, poner fin al Programa «Permanece en México», restaurando las leyes de asilo.

Así mismo, como parte de su propuesta integral hacia el tema migratorio, reconoció en su campaña que no era suficiente tratar dicha situación solo fronteras adentro, sino que se debían abordar las causas fundamentales de la migración, los problemas que llevan a las personas a abandonar sus hogares (Biden, s.f). Para ello propuso, por un lado, un paquete de asistencia de cuatro años de 4 mil millones de dólares orientado a reducir violencia, incentivar la economía y confrontar la corrupción y, por otro lado, la cooperación con los países de América Central para abordar conjuntamente los factores que impulsan a la migración (Biden, s.f). Desde su perspectiva, el entonces candidato expresaba que

La incapacidad de los países del Triángulo Norte para detener la violencia y el terror en la región ha creado un desafío regional para los refugiados. Casi todos los países de la región reciben refugiados y luchan por proteger y cuidar a los niños y las familias. Como líderes en la región, los Estados Unidos tienen la responsabilidad de ayudar a nuestros vecinos y socios a procesar y apoyar a los refugiados y solicitantes de asilo. Esto también ayudará a aliviar la presión en nuestra propia frontera. (Biden, s.f)

Así, a la cuestión migratoria no la observaba únicamente desde una perspectiva doméstica, sino que también le daba un viraje internacional, reconociendo la necesidad de colaborar con otros países, abordar los problemas desde su raíz y sobre todo de recuperar la imagen internacional del país. En sus propias palabras, sintetizando lo expuesto en este apartado, ha manifestado,

Debemos demostrarle al mundo que Estados Unidos está preparado para liderar nuevamente, no solamente a través del ejemplo de nuestro poder, sino también con el poder de nuestro ejemplo. Con este objetivo, cuando sea presidente, tomaré medidas decisivas que permitan renovar nuestros valores fundamentales. De forma inmediata, revertiré las crueles e insensatas políticas de la administración Trump. (Biden, 2020, traducción propia)

Del discurso a la acción: la administración Biden y su agenda migratoria

Las migraciones adquieren un lugar central en la agenda propia de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. Durante la presidencia de Trump, donde no se visualizó una política concertada para la región latinoamericana en su conjunto, se privilegió de hecho el vínculo bilateral con algunos países, siendo México –debido a la interdependencia asimétrica que subyace a los intercambios entre ambos– el caso paradigmático. Así, la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA, por sus siglas en inglés) y la instrumentalización de México como amortiguador de la migración fueron los primeros puntos de la agenda de mano dura del ex presidente republicano en América del Norte (Castro, 2021).

Más allá de la cuestión comercial, la administración de Biden heredó, en el marco de su agenda con Latinoamérica, la urgencia del tratamiento del tema migratorio, especialmente con su vecino sureño más próximo^[4]. Esto se vio reflejado en los dos encuentros que tuvieron Biden y su par mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO). El primero de ellos se dio durante la IX Cumbre de los Líderes de Norteamérica en noviembre de 2021 (la cual involucró reuniones bilaterales pero también una cumbre trilateral que incluyó a Canadá, representada por su primer ministro Justin Trudeau). En la cumbre, además de compartir visiones acerca de la pandemia de COVID-19, de cómo fomentar la competitividad de las economías de América del Norte o de cómo enfrentar la crisis climática, los líderes se comprometieron a coordinar una respuesta regional a la migración. Desde su visión, dicha respuesta debe diseñarse en el marco de la ley, partiendo de un enfoque solidario con las personas migrantes; para poder promover así una migración ordenada, segura y regular (US Department of State, 2021). De acuerdo con el comunicado oficial, los tres Estados norteamericanos plantearon una serie de objetivos específicos en la materia, entre los que se destacan:

• Establecer un pacto regional sobre migración y protección para las Américas.
• Promover vías de movilidad laboral mediante la promoción de los visados de trabajadores temporales, el aumento de la educación del sector sobre los programas y sus normativas, y la ampliación de los centros de recursos migratorios centralizados en Centroamérica. También se comprometieron a anunciar programas y financiamiento adicionales para crear empleos en América Latina y el Caribe.
• Dedicar asistencia adicional para abordar las causas fundamentales de la migración irregular y el desplazamiento forzado, y considerar una alianza de desarrollo trilateral entre la AMEXCID de México, el Departamento de Asuntos Internacionales de Canadá y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
• Fortalecer los sistemas de asilo y los programas de reasentamiento de refugiados para brindar protección internacional a quienes huyen de la persecución; se espera que cada país asuma nuevos compromisos para acoger a más refugiados. (US Department of State, 2021, s/p)

El segundo de los encuentros entre los presidentes Biden y AMLO se concretó en julio del año 2022 en la ciudad de Washington. En esta ocasión, ambos mandatarios conversaron acerca de los desafíos comunes que atañen al vínculo bilateral, destacándose el comercio, las inversiones y las migraciones. Con respecto a esto último, coincidieron en la necesidad de ordenar los flujos de movilidad humana e incrementar la migración regular: mientras que AMLO exhortó al presidente demócrata a trabajar por una reforma que otorgue un estatus legal a los aproximadamente 11 millones de migrantes indocumentados que actualmente residen en la potencia del Norte. Biden remarcó positivamente que su administración «está liderando el camino para crear oportunidades de trabajo a través de vías legales», otorgando en el 2022 un récord de 300.000 visados a trabajadores mexicanos y comprometiéndose a duplicar las visas temporales para trabajadores centroamericanos en el transcurso del año próximo (The White House, 2022, b, s/p).

Lo anterior, aunque no implicó la implementación de medidas completamente novedosas, marca una diferencia en cuanto al enfoque que, al menos desde lo discursivo, ha adoptado el gobierno de Biden en relación a su antecesor. Trump concibió a la migración desde una visión securitizada y restrictiva, y al igual que hizo con otros temas de su política exterior, decidió abordarla de forma unilateral. A diferencia del ex presidente republicano, Biden en sus discursos ha puesto el énfasis no en trabajar en pos de la reducción de los flujos migratorios, sino en incrementar los procesos de regulación y legalización de los mismos.

Asimismo, lo tratado en los encuentros mencionados, pone en evidencia que la actual administración concibe a la migración como uno de los tantos –probablemente uno de los más relevantes– desafíos comunes que hacen al vínculo bilateral, entendiendo que como tal, debe ser abordado de forma conjunta por los Estados involucrados. De hecho, Biden precisó que México es, junto a Estados Unidos, uno de los principales destinos del hemisferio (The White House, 2022, b), reconociéndolo así no sólo como un Estado que «expulsa» migrantes, sino que también los acoge.

En efecto, en los últimos años se ha consolidado el triple rol de México como país de emigración, de tránsito, y cada vez mayor destino de migrantes (Verea, 2022) principalmente de origen centroamericano. En el marco de su política de tolerancia cero, Trump buscó limitar la llegada masiva de migrantes desde México a través de la creación de un muro a lo largo de la frontera sur. Este polémico proyecto constituyó uno de los puntos álgidos del discurso de la primera campaña de Trump, con el cual apuntó a obtener los apoyos de los sectores más conservadores de la sociedad estadounidense. Desde una visión abiertamente xenófoba, antimigrante y discriminatoria, el entonces candidato establecía que México «enviaba gente con un montón de problemas, que traen drogas, crimen y son violadores» (Camhaji, 2016, s/p). Así, con la construcción del muro –el cual proponía que sea financiado por el país vecino–, se lograría poner fin a la «fuga de empleos y dinero» (Camhaji, 2016, s/p) y garantizar la seguridad del pueblo estadounidense.

Si bien no pudo lograrse el escandaloso objetivo de Trump que establecía que México debía sufragar los costos de dicha construcción, el mismo comenzó a edificarse durante la administración republicana después de complejas negociaciones con el Congreso que le permitieron al gobierno acceder a fondos federales. Ahora bien, como se estableció en un trabajo anterior, «hacia el fin del gobierno de Trump, el muro no fue erigido completamente, sino que su extensión llegó hasta los 480 kilómetros, dimensión muy reducida frente a los 3000 kilómetros de frontera entre ambos Estados» (Marina, 2021, p. 6). Frente a ello, una de las primeras medidas que tomó Biden al asumir como presidente, fue emitir un decreto para suspender la construcción del muro fronterizo. Así lo había afirmado en el marco de su campaña presidencial, cuando había indicado que no derrumbaría aquellas partes que ya estuvieran edificadas, pero que detendría la culminación del proyecto. En contraposición a Trump, Biden había hecho referencia a la necesidad de desarrollar un «muro virtual» desplegando altas tecnologías de vigilancia (Miller y Buxton, 2021, como se citó en Verea, 2022) para garantizar la seguridad fronteriza.

Al mismo tiempo, el presidente Biden buscó poner fin a otro conjunto de medidas implementadas por Trump en materia migratoria, y que ponían de manifiesto su abordaje unilateral: los Procolos de Protección a Migrantes (PPM). Dicho programa –conocido popularmente como «Permanece en México»– estableció que aquellos solicitantes de asilo que llegaran a Estados Unidos desde un territorio limítrofe, podían ser devueltos a dicho espacio mientras aguardaban que su pedido de asilo sea procesado por las autoridades (Ries, 2020, como se citó en Marina, 2021)^[5]. Como consecuencia de ello, cientos de miles de migrantes que se dirigían en caravanas desde Centroamérica hacia Estados Unidos, se vieron obligados a residir, al menos temporalmente, en ciudades fronterizas de México, las cuales en la mayoría de los casos no estaban preparadas para ofrecerles condiciones dignas. Incluso, la implementación del programa implicó el incremento de las detenciones y de las deportaciones de migrantes de origen centroamericano por parte del gobierno mexicano. Como se indicó en el trabajo anterior, «el presidente López Obrador tuvo que colaborar forzosamente con los PPM ya que Trump, de forma arbitraria, amenazó al mandatario mexicano con la imposición de aranceles a sus exportaciones» (Marina, 2021, p. 6) si no sumaba esfuerzos para disminuir la llegada de migrantes a la frontera con Estados Unidos.

La decisión del gobierno de Biden de poner fin a los PPM se concretó en junio de 2021 a través de un memorándum que cancelaba su aplicación. Sin embargo, la medida no pudo ponerse en marcha ya que los fiscales generales de Texas y Missouri, en oposición al memorándum, llevaron el caso al Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de Texas. Dicho tribunal concluyó que el Departamento de Seguridad Nacional debía continuar la implementación de los PPM de buena fe (Department of Homeland Security, 2022). Así, se inició una disputa judicial en la que el gobierno federal solicitó una suspensión de la orden, pero la Corte de Apelaciones para el Quinto Circuito la denegó. Se trató de una solicitud de suspensión que luego fue apelada ante la Corte Suprema de los Estados Unidos y denegada nuevamente (Justice for Immigrants, 2021). En octubre de 2021, el gobierno de Biden realizó un nuevo intento y publicó un memorando por el que revocaba una vez más el programa «Permanecer en México», pero en diciembre de 2021 se tuvo que reactivar el programa tras otro fallo judicial.

Finalmente, tras más de un año de idas y venidas, el 8 de agosto de 2022, la Corte de Distrito de Texas, en concordancia con la decisión del 30 de junio de la Suprema Corte de los Estados Unidos, levantó la orden judicial que requería que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) volviera a implementar los Protocolos. Tras el fallo, el gobierno de Biden pudo anunciar el fin definitivo de la aplicación del programa. Así, a través de un comunicado oficial, se estableció que

no se inscribirán personas adicionales al PPM, y las personas que actualmente están en el mismo en México serán desafiliadas cuando regresen para su próxima cita programada en la corte. Las personas desafiliadas del PPM continuarán con sus procedimientos de deportación dentro de los Estados Unidos. (Homeland Security, 2022)

Otra de las políticas migratorias de Trump que el presidente demócrata tuvo la intención de suspender, fue la prohibición de la entrada a los Estados Unidos de personas provenientes de los siguientes países: Corea del Norte, Irak, Irán, Libia, Siria, Somalía, Venezuela y Yemen, a quienes luego se sumaron Eritrea, Kirguistán, Myanmar, Nigeria, Sudán y Tanzania. En su primer día en ejercicio, Biden revocó lo que fue conocido como la «Muslim Ban«, es decir, las medidas discriminatorias que prohibían el ingreso de inmigrantes de países que son predominantemente musulmanes y africanos^[6]. Si bien en su mayoría se trataba de Estados no latinoamericanos (con la excepción de Venezuela), excediendo la temática abarcada por el presente artículo, vale destacar la iniciativa tomada por el mandatario. De hecho, a través de la proclamación Biden reconoció que las «Travel Bans» habían afectado el liderazgo global del país y la defensa y promoción de sus valores, así como había puesto en peligro alianzas y asociaciones del país.

Por su parte, como se observó en el apartado anterior, Biden ha manifestado su intención de diferenciarse de su antecesor en cuanto a la admisión de refugiados. En efecto, con la administración trumpista se redujo intensamente la recepción de asilados por parte de los Estados Unidos. Desde el establecimiento de la Refugee Act^[7] en 1980, dicho país recibía un promedio de 80.000 refugiados por año, llegando a 84.994 refugiados anuales con la administración Obama (Constantino, 2021). En contraposición, durante los cuatro años de gobierno de Trump la recepción de refugiados fue disminuyendo para terminar su mandato con un recorte de 15.000 admisiones por año.

Biden, en su primer año de gobierno, procedió a revocar ciertas órdenes ejecutivas de la presidencia de Trump sobre la admisión y el reasentamiento de refugiados^[8], y a ordenar las agencias gubernamentales para poder mejorar la eficacia y expandir el programa United States Refugee Admissions Program (USRAP) (The White House, 2021, a). A su vez, en vistas a cumplir con su promesa de campaña, en mayo de 2021 modificó el tope de admisiones anuales establecido por Trump para el año fiscal 2021, modificándolo a 62.500 refugiados. Este fue un paso previo al anuncio en octubre de 2021, cuando se amplió el número anual de admisión a 125.000 para el año fiscal 2022 (The White House, 2021, b).

A pesar de todos estos avances^[9], en la práctica el número de refugiados recibidos no incrementó de la forma esperada. En el año fiscal 2021, Estados Unidos recibió 11.411 refugiados, siendo el número más bajo de admisiones desde el Refugee Act (Rush, 2022). En cuanto al año fiscal 2022, de octubre de 2021 a abril de 2022, se recibieron un total de 10.742 refugiados, una cifra muy alejada de la meta de 125.000 (Rush, 2022) y que difícilmente se incremente lo suficiente en los meses subsiguientes. Así, en promedio Estados Unidos está recibiendo 1,089 refugiados por mes (Refugee Council USA, 2022).

La administración Biden ha argumentado que estos resultados no son consecuencia de una falta de voluntad política, sino que la situación es consecuencia de las remanencias negativas que dejó la administración Trump. De acuerdo con el gobierno, las medidas llevadas adelante por el expresidente republicano, junto con los efectos del COVID-19, desmantelaron gran parte de la infraestructura necesaria para poder recibir a un gran número de refugiados y que por ello ahora se tiene que invertir capital, tiempo y organización para poder reactivar todo el aparato (Biden, 2021; Constantito, 2021).

Menores avances se observan en relación a otra de las medidas restrictivas tomadas durante la pandemia por el gobierno de Trump, el Título 42^[10]. Incluso, la medida se extendió en el tiempo, manteniéndose a lo largo de todo el año 2021 bajo la justificación de que la misma era necesaria para evitar grandes contagios de COVID-19. Esto ocurrió a pesar de que diversos sectores sociales estadounidenses (favorables a un enfoque de derechos humanos en torno a la migración), esperaban que la llegada de un presidente demócrata implicara el fin de dicha política.

Fue recién en el presente año cuando se observaron avances por parte de la voluntad del Poder Ejecutivo para poner fin a la medida. En el mes de abril de 2022, «la directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), Rochelle Walensky, determinó que, según los últimos datos de la pandemia, la regla ya no era necesaria como medida de salud pública, ordenando su cesación el 23 de mayo» (Liu y Vines, 2022, s/p). Como aconteció con los PPM, el gobierno también se encontró con obstáculos judiciales ya que los estados de Arizona, Luisiana y Missouri disputaron la orden y presentaron una demanda en el Distrito Oeste de Luisiana solicitando una medida cautelar a nivel nacional. Alegaban que la regla de los CDC evitó indebidamente las disposiciones de notificación y comentarios de la Ley de Procedimiento Administrativo (APA), mientras que 21 fiscales generales republicanos adicionales se unieron al reclamo como demandantes (Liu y Vines, 2022). El 20 de mayo de 2022, tres días antes de que se pusiera en marcha el fin del título, el juez Robert Summerhays, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Oeste de Luisiana, estuvo de acuerdo con los Estados demandantes y emitió una orden judicial preliminar que impidió la rescisión del Título 42 hasta el fallo final del caso. El juez Summerhays consideró que la CDC no ofreció la posibilidad a los Estados para que brindaran su postura frente a los planes de levantar la medida, violando una ley federal de procedimientos administrativos al no tomar en cuenta a los gobiernos locales (Beauregard, 2022).

De esta manera, se bloqueó la decisión del gobierno, prorrogándose el levantamiento de la medida tomada durante la administración republicana. El Departamento de Justicia apeló la decisión, pero mientras en los tribunales se define la disputa, el Título 42 continúa en vigencia. Lo que sí puede reconocerse como un avance en la temática, es que el gobierno de Biden logró prohibir la expulsión de menores no acompañados.

Por otro lado, uno de los más destacados objetivos de la administración Biden en materia migratoria, está vinculado a la implementación de una reforma migratoria que permita, entre otras cuestiones, normalizar la situación de millones de migrantes que están en Estados Unidos de forma irregular. El expresidente demócrata Barack Obama ya había intentado durante su gobierno lograr la misma meta, sin embargo, «el proyecto de reforma migratoria que avaló el Senado de Estados Unidos en 2013, gracias a un acuerdo bipartidista, no logró superar el bloqueo republicano en la Cámara de Representantes» (Pereda, 2016, s/p).

Al no contar Obama con el apoyo del Congreso estadounidense, procedió a intentar lograr algunos avances temporales a través de decretos presidenciales. De esta forma, el demócrata promovió la creación de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (también conocido como DACA, por sus siglas en inglés), un programa con una muy buena recepción por parte de la opinión pública, el cual estaba destinado a los dreamers, esto es, a aquellos jóvenes nacidos en el extranjero que habían llegado de forma irregular a los Estados Unidos durante su infancia. Al postular con éxito al programa, cada beneficiario obtenía protección frente a la deportación y el acceso a un permiso temporal de empleo. En su intento de modificar el sistema migratorio estadounidense, Trump intentó ponerle fin al DACA, aunque esto representó para él un triunfo parcial, en tanto su decisión desató una batalla judicial a partir de las demandas iniciadas por sus beneficiarios. Como resultado, durante su gobierno se impidió la presentación de nuevas solicitudes, pero quienes ya formaban parte del programa pudieron continuar con dicho estatus (el número de beneficiarios hacia diciembre de 2021 incluía a más de 600.000 personas).

Como se adelantó en líneas previas, en febrero de 2021 el Poder Ejecutivo presentó una ambiciosa legislación que proponía un profundo cambio en el sistema migratorio estadounidense, el cual, como se expresa a continuación en el tercer punto, incluía la regularización de la situación legal de los dreamers. Entre las propuestas más destacadas de este proyecto de ley conocido como U.S. Citizenship Act of 21, se encuentran:

• Obtención de la ciudadanía para los 11 millones de inmigrantes indocumentados y sus cónyuges e hijos;
• Solicitud inmediata de residencia permanente para los dreamers y para personas elegibles para TPS y trabajadores agrícolas con un historial laboral demostrado;
• Reducción del requisito de residencia para la naturalización de 5 años a 3 años para todos los residentes permanentes legales;
• Eliminación del plazo de un año para presentar solicitudes de asilo en Estados Unidos;
• Elegibilidad para el estatus de posible inmigrante (LPI^[11], por sus siglas en inglés) para los inmigrantes que se dedicaron a «trabajos o servicios críticos esenciales» durante la emergencia de salud pública de COVID-19, los no inmigrantes H-2A (trabajadores agrícolas temporales) y los beneficiarios de TPS. (Center for Migration Studies, 2021; Torrens, 2022)

Aunque este paquete para una reforma migratoria responde a la urgencia que este tema representa en América del Norte, no se observan hasta el momento progresos en el ámbito del Congreso: el mismo no fue votado ni en la Cámara Baja ni en el Senado, así como tampoco se ha avanzado con versiones más reducidas. Ante este hecho, no se debe dejar de mencionar la composición del Senado como un condicionante importante al que se enfrenta el Poder Ejecutivo al momento de implementar sus propuestas de agenda. El Senado, desde las elecciones de noviembre de 2021, está compuesto por 50 senadores republicanos y 50 demócratas, contando los demócratas con el voto de desempate de Kamala Harris, quien al ser vicepresidenta es a su vez presidenta de la Cámara Alta. Este margen resulta altamente ajustado, en tanto para aprobar un proyecto de ley se requieren 60 votos. De acuerdo a la composición actual, los republicanos pueden bloquear con facilidad las iniciativas del Ejecutivo. Esta compleja situación, no solo genera frustraciones entre las bases de apoyo de Biden, sino que también inhabilita al mismo a cumplir con sus ambiciosas propuestas.

Una vez más, la situación de los dreamers no encontró una solución duradera. Por el contrario, cabe mencionarse que en julio de 2021, un juez federal de Texas había determinado la ilegalidad del DACA, prohibiendo en consecuencia que se aprueben nuevos permisos de residencia y trabajo para quienes deseen postularse al programa (sin embargo permitió que se sigan procesando las renovaciones al mismo) (Laborde, 2021; Milenio, 2022). Frente a ello, el gobierno aseguró que el Departamento de Seguridad Nacional tiene autoridad para establecer prioridades a la hora de aplicar la ley de inmigración, y tomando este argumento entre otros, decidió apelar el fallo. Mientras se aguarda un nuevo fallo por parte de la corte de apelaciones involucrada, desde la administración Biden se ha vuelto a insistir con la necesidad de que sea el Congreso quien logre expedirse sobre el tema. De hecho, recientemente Biden instó al Poder Ejecutivo a hacer del DACA una solución «permanente».

Tampoco se ha encontrado una resolución definitiva a la situación de los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS). Si bien tras el gobierno de Trump, que había buscado efectuar recortes a dicho programa –desatando batallas judiciales y fuertes críticas–, Biden decidió darle continuidad. De hecho, el líder demócrata propuso otorgar a sus beneficiarios la ciudadanía estadounidense siempre que cuenten con tres años de residencia, y que cumplan con los requerimientos necesarios (Verea, 2022). Ahora bien, como se vio previamente, este tipo de proyectos no han prosperado en tanto no cuentan con la aprobación del Poder Legislativo.

Cabe mencionar que el TPS consiste en un programa migratorio creado por el Congreso de Estados Unidos en la década del 90, que otorga protección frente a la deportación así como un permiso de trabajo a todas aquellas personas migrantes que no pueden regresar a sus países de origen de forma segura ya sea por un conflicto armado en curso, un desastre natural y otras condiciones extraordinarias de carácter temporal (Ramos Barreda, 2021, como se citó en Marina, 2021). El programa se aplica a ciudadanos extranjeros provenientes de ciertos Estados en particular. En este sentido, lo que puede mencionarse como un mérito de la administración de Biden es que, mientras que su antecesora buscó reducir el número de naciones beneficiadas por el mismo^[12], en el mandato en curso se han incorporado cinco nuevos países a la lista (que vienen a sumarse a los anteriores, esto es: El Salvador, Honduras, Haití, Nepal, Nicaragua, Somalía, Sudán, Sudán del Sur, Siria, y Yemen). Se trata de los casos de Afganistán, Birmania, Camerún, Ucrania y Venezuela. De esta forma, los beneficiados por el programa incluyen a más de cuatrocientos mil –había trescientos diecinueve mil al final de la administración de Trump– (Chishti y Bolter, 2022, como se citó en Verea, 2022).

Por último, se debe hacer referencia a los intentos del gobierno de Biden de promover políticas para atacar las causas estructurales que provocan el éxodo migratorio desde Centroamérica hacia el norte del continente. En línea con lo propuesto durante la campaña, continúa vigente en su discurso el proyecto de brindar financiamiento para programas sociales en la subregión, así como de incrementar las inversiones estadounidenses en el sur de México y el norte de América Central. El líder demócrata ha planteado su intención de otorgar un total de 4.000 millones de dólares a los países más vulnerables de la región a lo largo de sus cuatro años de mandato, ya que el presidente entiende que

La forma más eficaz y sostenible de disuadir a los posibles migrantes de que huyan de sus hogares es abordando las causas fundamentales de la migración: la falta de oportunidades económicas, la débil gobernanza, la corrupción, la violencia y la desigualdad. (DW, 2021)

Concretamente, de acuerdo a lo que manifestó Biden en una carta dirigida a AMLO en octubre de 2021, Estados Unidos ha proporcionado más de 600 millones de dólares en asistencia internacional a los países del Triángulo Norte, esto es, El Salvador, Guatemala y Honduras (DW, 2021), en los primeros nueve meses de su gobierno. Para el año fiscal 2022, la potencia del norte prevé brindar un financiamiento de un monto levemente superior –650 millones de dólares– en la misma dirección.

Recientemente, a fines del primer trimestre de este año, el Poder Ejecutivo solicitó al Congreso la aprobación de su plan presupuestario para el año fiscal 2023, en el cual se propuso la asignación de casi 987 millones de dólares para inversiones que permitan fortalecer las economías y las democracias de Centroamérica y Haití. El caso de este último país ocupa un lugar de relevancia en dicho proyecto, en tanto se busca dar una respuesta a lo que se concibe por la Casa Blanca como una profunda crisis política y estadío de violencia generalizada En este marco es que específicamente se propone otorgar casi 275 millones de dólares, que «irán destinados a fortalecer la ‘recuperación’ socioeconómica de Haití, fortalecer las fuerzas del orden público, combatir la corrupción y apoyar a organizaciones de la sociedad civil» (France 24, 2022, s/p).

Si bien este tipo de propuestas son relevantes y expresan al menos que el gobierno comprende que la crisis migratoria obedece a causas complejas y profundas, no son completamente novedosas. En efecto, desde hace décadas Estados Unidos brinda ayuda económica a los países de la región a través de diferentes formatos, y sin embargo, hasta el momento no se visualizan demasiados progresos. Incluso, existen fuertes voces críticas al asistencialismo externo, que ponen en cuestión el verdadero efecto que pueden llegar a tener inyecciones de dinero que no están acompañadas de políticas más integrales y coordinadas. Ahora bien, aunque se puede analizar la naturaleza y características de las medidas migratorias de la actual administración (tal como se hizo en este trabajo), lo cierto es que su grado de impacto real, podrá observarse en el mediano y largo plazo.

Reflexiones finales

A lo largo del artículo, se buscó dar a conocer las principales propuestas migratorias de Biden durante su campaña electoral, para luego analizar si, una vez en el gobierno, pudieron llevarse a la práctica, teniendo en cuenta el impacto ejercido por la coyuntura nacional y regional. Así, se observa que el presidente Joe Biden concretó varias de sus promesas y que, en ese sentido, hubo ciertos avances en relación al tema migratorio, principalmente en retrospectiva a las restrictivas medidas que habían sido adoptadas por la administración de Donald Trump. Sin embargo, se reconoce que aún quedan muchas metas por cumplir, las cuales demandan una postura firme y proactiva por parte del Ejecutivo en orden a lograr verdaderos y profundos cambios, como aquellos propuestos en su reforma migratoria: una deuda que los últimos presidentes demócratas no han podido saldar.

Como se ha desarrollado, y siguiendo a Verea, Biden inició un proceso para «destrumpizar» las políticas antimigratorias, de hecho, «cambió la narrativa sobre la inmigración hacia una más humana y positiva comparada a la antiinmigrante y xenófoba prevaleciente durante la administración de Donald Trump» (2022, p. 266). En la práctica, el actual mandatario, durante sus primeros 364 días como presidente, expidió 296 órdenes ejecutivas en materia de inmigración; 89 de ellas han revertido o comenzado a deshacer las políticas de Trump (Migration Policy Institute, 2022). En consecuencia, como parte de sus logros se puede destacar la reactivación del DACA, la no continuación de la construcción del muro, la derogación de la Muslim Ban y del Programa «Quédate en México», el aumento del cupo de ingreso anual de refugiados a 125.000 y la propuesta de otorgar un plan de 4.000 millones de dólares para abordar la migración de El Salvador, Guatemala y Honduras, entre otras.

A pesar de ello, no se puede pasar por alto que no hubo cambios profundos en torno a una posible reforma migratoria, como se había promocionado en su campaña electoral. Esto ha generado desilusión en varios sectores de la población, a la vez que surgen dudas sobre la verdadera voluntad de parte del ejecutivo de querer cumplir con las promesas. ¿Acaso fue una estrategia de campaña de los demócratas para atraer votos de parte de aquellas personas descontentas y preocupadas por las políticas racistas de Trump?

Estos sectores, si bien reconocen los logros de Biden y comprenden los obstáculos con los que se encontró –como ha de ser la prevalencia de una estructura judicial que responde a los lineamientos de Trump, la falta de una mayoría en el Congreso y la oposición republicana, entre otros–, son críticos de la lentitud por parte de la administración y de la falta de prioridad dada a la cuestión migratoria. Como plantea Jean Guerrero (2021), no es suficiente el desmantelamiento de las políticas de Trump y un regreso a la era de Obama en cuanto a políticas migratorias, eso es algo que se debía hacer, lo que se requiere es una verdadera reforma. Es decir, se precisa abordar el problema de raíz y reparar el daño causado, no sólo dar una vuelta atrás.

A modo de cierre, planteamos que el abordaje de la política migratoria es un factor clave, especialmente teniendo en cuenta el escenario actual de oleadas migratorias y de una frontera sur desbordada por la llegada de inmigrantes. La tratativa que se le brinda a esta realidad repercute en los intereses políticos y económicos del país, al tiempo que tiene un alcance por fuera de los límites nacionales. Ante ello, consideramos que las medidas llevadas a cabo por el actual presidente fueron relevantes ya que desmantelaron algunas de las políticas racistas y xenófobas de Trump, así como trajeron una mirada más humanista hacia los procesos migratorios y el manejo de los mismos.

No obstante, desde una mirada más crítica, creemos que, en relación con esta temática, el gobierno de Biden ha tenido un discurso desafiante que no ha sido acompañado por una verdadera decisión política para concretar lo dicho. El gobierno aún no tiene una postura definida en cuanto al nivel de lucha que desea llevar a cabo para alcanzar una verdadera reforma migratoria. La creciente gravedad de la crisis migratoria requiere que sea abordada como una verdadera problemática regional, esto es, de forma conjunta y colaborativa con todos los actores internacionales involucrados. La política migratoria de Trump, restrictiva, arbitraria y coercitiva demostró que las soluciones unilaterales sólo empeoran el estado de cosas. Un trabajo altamente coordinado y cooperativo con los países de la región para poder enfrentar las causas estructurales de la migraciones forzadas (ya sean políticas, económicas, sociales o ambientales) aparece no sólo como una necesidad urgente e impostergable, sino como un imperativo.