En el lapso transcurrido entre la presentación de nuestro Departamento correspondiente al Anuario en Relaciones Internacionales 2021 y esta nueva edición se han consolidado los cambios previstos durante el período 2020-2021 en cuanto a la impronta de esta nueva administración nacional con respecto a la transcurrida entre los años 2015-2019 referente a la problemática del Atlántico Sur, agudizados desde lo discursivo este año con motivo del 40° aniversario del conflicto argentino-británico de 1982, sin embargo existen ciertas continuidades que confrontan con esta actitud, y es la persistencia en no denunciar el Comunicado Conjunto de los vicecancilleres de la República Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte del13 de septiembre de 2016, que fuera el epicentro de la política exterior de la administración 2015-2019, la que hemos analizado pormenorizadamente en nuestros anuarios anteriores, habiendo el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata publicado un documento sobre este acuerdo internacional el día 19 de septiembre del mismo año -a solo seis días de haberse firmado y cuando todavía nadiedel mundo académico o del estamento político había hecho escuchar su voz sobre el mismo- transcribiéndolo nuevamente en los anuarios correspondientes a los años 2017 y 2019.

Recordábamos en su momento que al establecer dicho documento internacional que “ambas partes acordaron establecer un diálogo para mejorar la cooperación en todos los asuntos del Atlántico Sur de interés recíproco” y que “en este contexto se acordó adoptar las medidas apropiadas para remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas, incluyendo comercio, pesca, navegación e hidrocarburos” se le estaba otorgando a la potencia ocupante todo lo que necesitaba para hacer viable la situación colonial y que en el mismo no se decía ni una sola palabra sobre reiniciar negociaciones bilaterales para solucionar el tema de la soberanía en el marco de las resoluciones de las Naciones Unidas.

Con respecto a la necesidad o no de la denuncia de este documento la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur ha manifestado que no piensa hacerlo por no tratarse de un tratado internacional, tanto bajo la titularidad del ex embajador Daniel Filmus como del actual, Guillermo Carmona.

No desconocemos que alrededor de la naturaleza jurídica del Comunicado Conjunto de los vicecancilleres de la República Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte del 13 de septiembre de 2016 se han esbozado distintos argumentos, similares a los que en su momento surgieron tras la firma de las Declaraciones Conjuntas de las Delegaciones de la República Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte del 19 de octubre de 1989 y del 15 de febrero de 1990, también conocidas como Acuerdos de Madrid I y II y consideramos innecesario volver sobre los mismos ya que esto ha sido objeto de un pormenorizado análisis en las ediciones anteriores de este Anuario. Sin embargo este año han surgido nuevos elementos que sí merecen una reflexión.

Durante el mes de abril de 2022 se conocieron las memorias del ex vicecanciller británico Alan Duncan publicadas en Gran Bretaña bajo el título “In the thick of it: The Private Diaries of a Minister”y la lectura de las páginas dedicadas a relatar las negociaciones del Comunicado Conjunto Foradori-Duncan deja serias dudas de si no existió un vicio de la voluntad al concertarse las cláusulas de dicho acuerdo, e incluso surge de este texto la sorpresa del diplomático británico de que el ex presidente Mauricio Macri y la ex canciller Susana Malcorra las hubieran aceptado al día siguiente siendo perjudiciales para los intereses de la República Argentina, llegando a la conclusión que los isleños defendían más sus intereses que las autoridades nacionales los de nuestro país, siendo realmente lapidario con la señora Malcorra, de quien cuenta que en una oportunidad habría recibido un llamado telefónico advirtiéndole que “no podía tomar más medidas para ayudar a las Falklands” hasta después de las elecciones de medio término para no arriesgarle a la coalición de gobierno consecuencias políticas.Finalizando Alan Duncan que con este acuerdo el gobierno del Reino Unido había logrado “la primer declaración positiva desde 1999, cubriendo comercio, seguridad y apertura de nuevas líneas aéreas a las Falklands”. Considerándolo: “un verdadero acuerdo histórico”.

Debemos destacar que tres días antes de acordarse el Comunicado Conjunto el ex vicecanciller británico escribía en su diario que venía a nuestro país porque el Reino Unido necesitaba imperiosamente “relaciones directas con la Argentina para asegurar concesiones comerciales y acceso aéreo a las Falklands”, lo que fue acordado finalmente en dicho documento internacional al haberse convenido en el segundo párrafo del capítulo sobre el Atlántico Sur “que de conformidad con los principios establecidos en la Declaración Conjunta del 14 de julio de 1999 y el Acuerdo por Canje de Notas, ambas Partes acordaron que serían establecidas conexiones aéreas adicionales entre las Islas Malvinas y terceros países. En este contexto acordaron el establecimiento de dos escalas adicionales mensuales en territorio continental argentino, una en cada dirección”.

Al tomar estado público “In the thick of it: The Private Diaries of a Minister” la Dirección de Sumarios del ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina pidió que se inicie un expediente de investigación para averiguar si los hechos relatados por Alan Duncan en su diario íntimo realmente ocurrieron y una ciudadana argentina, la abogada Valeria Carreras, amplió la denuncia por traición a la Patria contra el ex presidente Mauricio Macri presentada en 2019 por el acuerdo de “remover todos los obstáculos que limiten el crecimiento económico de las Islas Malvinas” consignado en el Comunicado Conjunto Foradori-Duncan.

Durante los últimos seis años venimos pidiendo la denuncia del Comunicado Conjunto de los vicecancilleres de la República Argentina y del Reino Unido del 13 de septiembre de 2016 en todas las ediciones de este Anuario en Relaciones Internacionales, numerosas publicaciones y conferencias dictadas a lo largo de todo el país, así como en nuestra actuación en la Asociación Argentina de Derecho Internacional, y le hemos acercado esta propuesta a las autoridades nacionales: lo fundamentábamos en que se trataba de un grave error de la política exterior argentina y además porque sus términos están en contradicción con la cláusula transitoria primera de la Constitución Nacional, la Ley Nacional N° 26.659 de exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental y sus modificatorias, la Ley Nacional N° 23.755 de provincialización del Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y la Ley 26.552 que establece los límites de la nueva Provincia, el Decreto 256/10 sobre Transporte Marítimo, dictado con fundamento en la manda constitucional y en estas dos últimas leyes, las normas aprobadas por el Mercosur en relación a restricciones al apoyo logístico aéreo y marítimo de la colonia británica de las Islas Malvinas, la Declaración de Ushuaia, que fuera ratificada por la Cámara de Diputados de la Nación el 21 de marzo de 2012, la presentación argentina ante la Comisión del Límite de la Plataforma Continental de la CONVEMAR del 22 de abril de 2009 y la impugnación realizada ante dicha Comisión de la presentación del Reino Unido sobre la plataforma continental de las Islas Malvinas, la cual ni siquiera formó en su momento una subcomisión para analizarla a raíz de la objeción presentada por nuestro país, y aún las resoluciones 31/49 y 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Si bien considerábamos que estas razones eran suficientemente graves como para denunciar este instrumento internacional o en su defecto, si las autoridades nacionales tuvieran dudas sobre su naturaleza jurídica, hacer una manifestación por parte del Poder Ejecutivo Nacional en el sentido de que el mismo dejaría de tener vigencia ya que muchas de las medidas que se han tomado por la administración nacional que asumió el 10 de diciembre de 2019 se contradicen con lo acordado en el capítulo referido al Atlántico Sur del mismo; ahora, conocido el relato del diario íntimo del ex vicecanciller británico Alan Duncan sobre la gestación del Comunicado Conjunto del 13 de septiembre de 2016 el gobierno nacional no puede continuar en la misma actitud y buscar deslindar responsabilidades individuales mediante la instrucción de un expediente administrativo o esperar que una ciudadana común se convierta en litigante en la defensa de los intereses nacionales.

A mayor abundamiento recordemos que en su momento los máximos responsables de las relaciones exteriores del país fueron convocados por el Congreso de la Nación a dar explicaciones sobre este instrumento internacional, las mismas no convencieron a los legisladores y los representantes de la oposición política requirieron en varias oportunidades la remisión del instrumento al Congreso Nacional para tramitar su denuncia, lo que nunca lograron del Poder Ejecutivo que siempre argumentó que esto no estaba dentro de las facultades del Poder Legislativo por no tratarse de un tratado internacional y paradójicamente hoy, los representantes del oficialismo, que eran la oposición hasta el 10 de diciembre de 2019 y en algunos casos se trata hasta de las mismas personas, ahora dicen que no es necesaria su denuncia y el Presidente de la Nación Argentina ha manifestado reiteradamente que va a continuar reclamando con mucha firmeza la soberanía de los territorios usurpados ante todos los foros internacionales en los que participa la República Argentina pero que va a continuar la cooperación económica con el Reino Unido.

Mientras redactamos la presentación de nuestro Departamento del presente Anuario no podemos dejar de recordar las palabras que el entonces canciller del Reino Unido, Boris Johnson,pronunciara en forma jocosa cuando fuera interpelado ante la comisión de relaciones exteriores del parlamento británico durante el mes de octubre de 2016, refiriéndose al Comunicado Conjunto Foradori-Duncan: “Con la Argentina hemos resuelto todos los problemas porque apartamos de la mesa de las negociaciones a las Falklands”.

También debemos recordar lo que ocurrió el 27 de junio de 2022 durante la reunión bilateral entre Boris Johnson, ahora primer ministro británico, y el presidente argentino Alberto Fernández en Baviera, en el marco de la Cumbre del G 7 a la que este año estuvo invitada la República Argentina. Ante el reclamo del presidente Fernández para que el Reino Unido reanude las negociaciones con el objetivo de encontrar una solución pacífica al conflicto-argentino británico por las Islas Malvinas, como lo proponen 8 resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y 45 resoluciones del Comité Especial de Descolonización, siendo la última aprobada el 23 de junio de 2022 -a solo 26 días de esta reunión- Boris Johnson le contestó que ese era “un tema saldado hacía 40 años” pero que le gustaría hablar sobre las grandes potencialidades que tiene la República Argentina como proveedora de energía, trigo y proteínas ante las necesidades de un hemisferio norte en guerra.

TantoBoris Johnson, como TheresaMay, David Cameron, Gordon Brown, Tony Blair, John Major y Margaret Thatcher,simularon siempre ignorar que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el 4 de noviembre de 1982 la resolución 37/09 ratificando plenamente la vigencia de las resoluciones 2065, 3160 y 31/49 sobre la Cuestión de las Islas Malvinas -a solo107 días de haber el Reino Unido decretado el cese unilateral de las hostilidades, luego de destruir las instalaciones argentinas establecidas en la Isla Thule del Sur el 20 de junio de 1982-reconociendo nuevamente que existía una disputa de soberanía sobre las islas y que había solo dos partes (no tres como pretende la diplomacia británica): el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte; reiterando que solo la solución de esta disputa pondría término a la situación colonial en estos territorios y descartando una vez más el principio de autodeterminaciónde los pueblos en este caso especial y particular; pidiendo a los dos gobiernos que reiniciaran las negociaciones a fin de lograr a la mayor brevedad posible una solución pacífica a la disputa de la soberanía, con la asistencia y los buenos oficios del Secretario General.

Queda en claro que para la comunidad internacional la guerra de 1982 en nada cambió la posición diplomática de nuestro país en la Cuestión Malvinas y los reclamos y apoyos de la República Argentina ante todos los foros internacionales en los que ha participado durante estos últimos 40 años así lo demuestran, muy especialmente las resoluciones aprobadas año a año por el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas; y los mismos gobernantes del Reino Unido no ignoran que por más firme que sea el objetivo de su país en la conservación de la colonia en el Atlántico Sur, y hasta su compromiso con los súbditos británicos que habitan el lugar, los problemas diplomáticos con la Argentina continuarán hasta que no se llegue a un acuerdo negociado de la disputa; y por eso han evitado con cierto éxito-hasta ahora- que los mismos se conviertan en problemas económicos, financieros y hasta militares, induciendo a la dirigencia de nuestro país a aceptar la firma de compromisos internacionales como los concertados en el marco de los denominados Acuerdos de Madrid, y más recientemente el Comunicado Conjunto Foradori-Duncan.

Si comparamos la redacción de los Acuerdos de Madrid con la del Comunicado Conjunto de los vicecancilleres de la República Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte del 13 de septiembre de 2016 llegamos a la conclusión que los tres documentos habrían sido elaborados por la diplomacia británica y luego sometidos a la consideración de la parte argentina. Ninguno de estos acuerdos tiene las formalidades de un tratado internacional pero un análisis detallado de la redacción de los mismos en su versión en idioma inglés nos descubre que se utiliza en numerosas ocasiones el verbo “to agree” (en castellano: acordar) que en idioma inglés demuestra el carácter vinculante del documento, utilizándose con mayor frecuencia en el capítulo correspondiente al Atlántico Sur del Comunicado Conjunto Foradori-Duncan. Sin embargo los responsables de la política exterior argentina han negado que los mismos fueran tratados internacionales, calificándolo la ex canciller Susana Malcorra a este último como una simple “hoja de ruta” y las actuales autoridades: que en realidad no estaría en vigencia porque las decisiones del gobierno argentino estarían en contradicción con su texto.

La Argentina ha caído durante los últimos 40 años en la trampa que siempre le ha puesto la diplomacia británica y lo venimos advirtiendo desde la firma de los acuerdos de Madrid de 1989 y 1990: al Reino Unido solo le interesa que nuestro país renuncie al reclamo de soberanía o al menos lo congele o lo reduzca a una mera reiteración formal ante los foros internacionales, pero que esta actitud no entorpezca sus negocios en la región y muy especialmente en la Argentina, país con el que durante el siglo XIX y buena parte de la primera mitad del XX se vinculara en esa relación tan particular que el profesor de la Universidad de Birmingham Harry S. Ferms estudiara en forma tan detallada y definiera como “la ecuación anglo-argentina”, a la que se refiriera nostálgicamente Boris Johnson en su visita de 2016 a Buenos Aires durante la reunión del G-20 y nuevamente esbozara subrepticiamente este año ante el presidente argentino Alberto Fernández en Baviera, en el marco del G-7.

Todos los años, desde la presentación de nuestro Departamento en este Anuario en Relaciones Internacionales alertamos sobre este tema y sin embargo estas reflexiones no han sido de interés para los distintos gobiernos de turno, ni del Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los Espacios Marítimos e Insulares Correspondientes creado por la actual administración en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional con el objetivo de constituirse en una usina de políticas de Estado para consolidar nuestra presencia en el Atlántico Sur y que hasta ahora se ha limitado a producir una serie de manifestaciones públicas reiterando nuestros antecedentes geográficos, históricos, políticos y diplomáticos sobre los espacios insulares y marítimos usurpados por el Reino Unido, o a ser una caja de resonancia de otras iniciativas originadas en el Poder Ejecutivo Nacional.

Lo que sí ha vuelto a rondar entre algunos de los integrantes de este Consejo es la idea de proponerle al Poder Ejecutivo Nacional someter el conflicto de soberanía argentino-británico a la Corte Internacional de Justicia, estrategia sobre cuya inconveniencia nos hemos explayado en numerosas ediciones de este Anuario.

La actitud contumaz del Reino Unido en desconocer las distintas resoluciones aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas y la manifestación de sus gobernantes de no volver a aceptar el mecanismo de solución de la controversia establecido en la Resolución 2065 ha desalentado muchas veces a quienes en la República Argentina quieren encontrarle una solución inmediata y definitiva al conflicto y se enfrentan ante el aparente fracaso de las distintas estrategias ensayadas por la diplomacia argentina, preguntándose, si no habría llegado el momento de someter la Cuestión Malvinas a la Corte Internacional de Justicia, ante la cual para algunos podríamos tener éxito y para otros sería la forma de saldar una cuestión pendiente, más allá del posible resultado adverso.

Desde hace muchos años ha comenzado a desarrollarse una línea de pensamiento afín a esta estrategia, que se ha fortalecido en diversos ámbitos académicos durante el año del 40° aniversario del conflicto argentino-británico del Atlántico Sur. Los casos de Camerún contra Nigeria por la soberanía de la península de Bakassi y de la opinión consultiva promovida por Mauricio sobre el archipiélago de Chagos, en los que se recurrió ante la competencia de la Corte Internacional de Justicia, han sido muy difundidos por los entusiastas de esta estrategia por sus similitudes aparentes con la Cuestión de las Islas Malvinas.

Sin embargo, el entusiasmo teórico de estas posiciones meramente académicas no les permite ver algunas cuestiones prácticas: El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte es un miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, uno de los países más importantes de la OTAN y aliado estratégico de los Estados Unidos de América; logró incorporar en 1972 a los archipiélagos en disputa en carácter de territorios de ultramar en los tratados de la Unión Europea cuyos integrantes nunca tomaron en cuenta las notas de protesta presentadas por la República Argentina por aceptar en este carácter a territorios cuya disputa había sido reconocida por la Asamblea General de las Naciones Unidas;[1] hace 189 años que usurpó el archipiélago de las Islas Malvinas y el mismo le sirve de apoyo al resto de sus pretensiones en el Atlántico Sur. Además, por un acuerdo no escrito pero nunca incumplido siempre un juez de su nacionalidad integraba la Corte Internacional de Justicia, lo que ha cambiado en forma temporal a partir de su última composición, excusa infantil que algunos publicistas presentan ahora como “una buena oportunidad para la República Argentina”, presentando esta novedad como una demostración del deterioro del prestigio internacional del Reino Unido, lo que no coincide con el actual liderazgo que viene demostrando este país ante el resto de los integrantes de la OTAN en la guerra entre Rusia y Ucrania. Cualquier intento de comparar al Reino Unido con Nigeria no resiste el menor análisis.

Por su parte, la República Argentina tiene una escala política, económica y militar totalmente irrelevante en la geopolítica mundial. Nigeria y Camerún están en la misma escala. De no haberse acatado la sentencia de la Corte Internacional de Justicia siempre el país vencedor podría haber recurrido al Consejo de Seguridad para que instrumentara su cumplimiento.

En el otro caso citado, en junio de 2017 la Asamblea General de las Naciones Unidas había decidido pedir a la Corte Internacional de Justicia que se pronunciara sobre el futuro del archipiélago de Chagos y, dos años después la Corte emitió una opinión consultiva en el sentido que la retención del archipiélago bajo administración británica en 1965 no se basaba en la expresión de sus habitantes y que, por lo tanto, aconsejaba que el Reino Unido renunciara al archipiélago, incluida la base militar estratégica arrendada por el gobierno británico a los Estados Unidos de América para cuyo establecimiento se había deportado a unos 1.500 habitantes nativos. Posteriormente, el 22 de mayo de 2019, la Asamblea General de las Naciones Unidas votó a favor de fijar un plazo de seis meses para que el Reino Unido se retirara del archipiélago que luego se reunificaría con Mauricio, del cual fue separado al momento de su descolonización. La moción fue aprobada por mayoría con 116 votos a favor, 6 en contra y 56 abstenciones.

En su intervención a favor de la posición de Mauricio el embajador argentino ante la ONU, Martín García Moritan, subrayó que la Argentina tenía un compromiso con la descolonización y también de solidaridad con un país que, al igual que nosotros, continuaba siendo víctima del colonialismo y que por ello nuestra representación había votado a favor de las resoluciones 2066 (XX), 2232 (XXI) y 2357 (XXII) y copatrocinado la resolución 71/292 que había solicitado a la Corte Internacional de Justicia la opinión consultiva sobre las consecuencias jurídicas de la separación del archipiélago de Chagos de Mauricio en 1965. Lo que fue respondido en forma inmediata por el representante británico Matthey John Rycrof afirmando que el Reino Unido no tenía dudas sobre su soberanía sobre las Islas Malvinas y reiterando el derecho de sus habitantes a la libre determinación, como así a             elegir libremente su condición jurídica y perseguir su desarrollo económico y cultural.

Finalmente, en su mensaje ante la Asamblea General, la representante del gobierno británico Karen Pierce, dijo que el Reino Unido va a continuar en la zona y reiteró la postura de su país: que Chagos está bajo soberanía británica desde 1814 y nunca fue parte de Mauricio, sin embargo, en el acuerdo de 1965 Londres se comprometió a ceder a Mauricio el archipiélago de Chagos cuando no fuese necesario para fines de defensa, advirtiendo que esta situación no se ha dado, pues la base militar conjunta anglo-norteamericana instalada en Diego García -la principal isla del archipiélago- resultaría vital para combatir conflictos, terrorismo, drogas, crimen y piratería. Esta instalación militar es una de las principales que EE.UU. tiene en el Océano Índico y cuenta con capacidad para ofrecer servicios logísticos a buques, submarinos y bombarderos, habiendo sido utilizada tanto en la invasión de Afganistán en 2001, como en la de Irak de 2003 para lanzar ataques aéreos. En 2016 la concesión para esta base se renovó hasta 2036.

Pasaron tres años desde el emplazamiento de la Asamblea General al Reino Unido y la situación no se ha modificado.

Sin embargo, este caso no es igual al de las Islas Malvinas pues el Reino Unido en 1965 separó el archipiélago de Chagos de Mauricio durante las negociaciones para su independencia, abonando la suma de 3.000.000 de libras esterlinas y creando posteriormente con el mismo el Territorio Británico del Océano Índico, con la finalidad de utilizar esas islas con fines militares y con la conformidad del gobierno colonial. Con posterioridad le otorgó la independencia a Mauricio en 1968 convirtiéndose en una república que en 1992 se integró al Commonwealth. Posteriores gobiernos independientes han reclamado esas islas señalando que la separación fue ilegal a la luz del derecho internacional.

El archipiélago de las Islas Malvinas fue usurpado por el Reino Unido hace 189 años mediante una agresión armada contra las Provincias Unidas del Río de la Plata -con las cuales habían firmado un tratado de amistad, comercio y navegación hacía sólo siete años- quebrantando con ello su integridad territorial y practicando la limpieza étnica de sus habitantes. Nuestro país nunca ha cedido por acuerdo alguno la posesión o derechos sobre el archipiélago y ha mantenido el reclamo de su restitución desde el momento mismo de la usurpación, primero en forma directa ante el gobierno británico y luego también ante todos los foros internacionales en los que participa. Fue correcta la actuación de la diplomacia argentina copatrocinando la opinión consultiva de la República de Mauricio ante la Corte Internacional de Justicia e incluso recordando la Cuestión de las Islas Malvinas en su momento ante la Asamblea General, pero a veces parece que ciertos sectores se encandilaron ante un espejismo.

Tampoco es igual el caso de Gibraltar al de Malvinas pese a que sobre este tema se han escrito ríos de tinta y hasta algún funcionario extraviado expresara un día que la Argentina y España tendrían que hacer una defensa conjunta de sus reclamos por Gibraltar y Malvinas; ya que en el artículo X del Tratado de Utrecht de 1713 se estableció que “la ciudad y castillos de Gibraltar, juntamente con su puerto y defensas y fortalezas” serían una propiedad a perpetuidad de la Corona británica en territorio de jurisdicción española, debiendo retornar a España si el Reino Unido renunciase o enajenase de alguna manera dicha propiedad. El istmo entre el peñón y las fortificaciones españolas es para España territorio ocupado ilegalmente, atendiendo a su interpretación del tratado y hoy Gibraltar es uno de los territorios no autónomos bajo supervisión del Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas.

Pese a ello algunos académicos argentinos han esbozado estrategias tendientes a obtener una opinión consultiva de la Corte, lo que resulta más un ejercicio teórico que una propuesta viable. Sabemos que la opinión consultiva la tendría que formular un órgano de las Naciones Unidas y en la práctica sería muy difícil lograr en estos momentos movilizar las voluntades políticas necesarias para que se fuera en consulta, por ejemplo -como se dijera en una oportunidad- para que la Corte Internacional de Justicia se expidiera sobre “la obligación del Reino Unido a negociar el tema de la soberanía sobre las Islas Malvinas”.

El procedimiento podría abrir una caja de pandora de resultados impredecibles corriendo la República Argentina un riesgo innecesario cuando ya la Asamblea General ha resuelto hace 57 años mediante la aprobación de la Resolución 2065 que existe un conflicto de soberanía territorial por el archipiélago de las Islas Malvinas; que las partes encontradas son el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la República Argentina; que el mecanismo para la solución pacífica del mismo son negociaciones bilaterales entre las partes, y que deben tenerse en cuenta durante este proceso los intereses de la población de las islas. Dicha resolución continúa vigente y a ella se han sumado siete resoluciones más de la Asamblea General y 45 resoluciones coincidentes del Comité Especial de Descolonización, la última del día 23 de junio de 2022.

La Resolución 2065 se aprobó el 16 de diciembre de 1965 y del 11 al 14 de enero del año siguiente se realizó una reunión en Buenos Aires entre los cancilleres de ambos países y se pronunció el Comunicado “Zabala-Ortíz-Stewart”, dando por iniciadas las negociaciones diplomáticas sobre la base de la misma. A partir de ese momento la cuestión de las Islas Malvinas se desarrolló en dos planos independientes entre sí pero conexos: uno, la negociación bilateral argentino-británica, y otro, el de las Naciones Unidas. Sin embargo, poco se avanzó en la negociación directa por la actitud renuente y dilatoria del Reino Unido, terminando en el conflicto bélico de 1982.

Recordemos también que una de estas resoluciones de la Asamblea General, la 37/09, aprobada el 4 de noviembre de 1982, ratificó plenamente la vigencia de sus resoluciones 2065, 3160 y 31/49 sobre la Cuestión Malvinas, demostrando que la guerra de 1982 en nada cambió la posición diplomática argentina en la Cuestión Malvinas.

¿Qué más puede buscar la República Argentina mediante una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia? ¿Qué ocurriría con estas certezas si la Corte, por la forma en que quede redactado el pedido de la opinión consultiva o porque no se circunscriba estrictamente a la misma terminara dictaminando una respuesta que relativizara u horadara la situación jurídica internacional en la que se encuentra hoy la República Argentina ante la actitud intransigente del Reino Unido?

Si triunfara la estrategia argentina solo lograríamos confirmar lo que ya tenemos y el riesgo de esta aventura jurídica es muy grande. Con esta idea los argentinos estamos arriesgando la posición que ha logrado nuestro país durante los últimos 57 años. Asimismo considero que sería peligroso para los intereses de la República Argentina ingresar en este experimento ya que por su posición internacional, su relación privilegiada con los EE.UU. y su vinculación a países importantes de la Unión Europea por su pertenencia a la OTAN, el Reino Unido estaría en mejores condiciones diplomáticas que la República Argentina para intentar que la forma en que se redactara ese pedido de opinión consultiva pudiera incorporar aspectos que podrían enervar los reclamos argentinos.

Pasemos ahora analizar el tema de la competencia contenciosa de la Corte y para realizar este ejercicio lo primero que habría que dilucidar es si la Cuestión Malvinas es una cuestión de naturaleza jurídica o su naturaleza es de índole política. Si fuera una cuestión de naturaleza jurídica podríamos avanzar en el tratamiento del tema, de lo contrario, si su naturaleza fuera de índole política, la solución no se va a encontrar en el ámbito estrictamente jurídico y requiere de un programa de acción por parte de la República Argentina para lograr que el Reino Unido considere conveniente para sus intereses nacionales iniciar negociaciones con nuestro país para la solución del diferendo. Recién entonces habría llegado el momento de encontrarle una forma jurídica al resultado de esta negociación.

En nuestra tesis de Maestría en Relaciones Internacionales “CUESTIÓN MALVINAS: Atlántico Sur, Plataforma Continental y Antártida”[2]hemos demostrado que la Cuestión Malvinas es una cuestión de naturaleza política y en ello reside precisamente la dificultad para su resolución, ya que la diferencia política, económica y militar de las partes desequilibra el fiel de la balanza a favor de la potencia que hace 189 años atacó a un joven país, con el que había firmado recientemente un tratado de “amistad, comercio y navegación” y desde ese entonces ocupa parte de su territorio, haciendo caso omiso a las exhortaciones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas y amparándose en su posición de miembro permanente del Consejo de Seguridad de esta organización.

Pese a ello, si bien nuestro análisis de la Cuestión Malvinas parte de un paradigma distinto -sin desconocer la importancia de los aspectos estrictamente jurídicos, que debemos siempre invocar y utilizar convenientemente- quiero referirme nuevamente en esta presentación a las desventajas del recurso ante la Corte Internacional de Justicia, aún en el caso en que la Cuestión Malvinas fuera una cuestión de naturaleza jurídica, lo que de cualquier manera deviene en una cuestión abstracta pues el Reino Unido ya ha manifestado no aceptar la jurisdicción de dicho Tribunal para resolver esta cuestión. Sin embargo, dado que en coincidencia con el 40° aniversario del conflicto argentino-británico de 1982 los sectores afines a esta estrategia han renovado sus esfuerzos para ponerla en debate considero que es necesario volver a analizar el tema, así como lo hemos hecho con la inconveniencia de intentar solicitar una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia.

En principio, teniendo en cuenta que la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia es de naturaleza voluntaria, la negativa manifiesta del Reino Unido cierra la posibilidad del debate, sin embargo, pensemos en el hipotético caso que ante una demanda de la República Argentina el Reino Unido cambiara de actitud. Debe tenerse presente además, que la Corte es juez de su propia competencia, por lo que también existe la posibilidad que se declarara incompetente, ya que podría considerar que la controversia no fuera de orden jurídico.

Si analizáramos el entramado de la institucionalidad internacional sin caer en un reduccionismo jurídico, comprendiendo sus aspectos histórico-sociológicos, axiológicos y normativos, veremos que el verdadero poder de la Organización de las Naciones Unidas reside en el Consejo de Seguridad, que es el único órgano que puede disponer efectivamente del uso de la fuerza y a quien puede recurrir la parte vencedora en una cuestión contenciosa fallada por la Corte cuando la parte vencida no cumple con lo dispuesto en el fallo, órgano que tomará las medidas necesarias para que se cumpla con el mismo.

No escapa a nuestro conocimiento que el Consejo de Seguridad constituye un órgano de naturaleza oligárquica cuyos miembros permanentes tienen el instrumento del veto para limitar sus responsabilidades internacionales, que el Reino Unido es uno de estos miembros permanentes, y que por un acuerdo no escrito pero vigente desde su primera integración los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad tienen siempre un juez de su nacionalidad en la Corte Internacional de Justicia. Como lo comentáramos precedentemente, este acuerdo se incumplió por primera vez en la historia en 2017 y el Reino Unido se quedó sin representación en la Corte al verse obligado a retirar por falta de apoyo en la Asamblea General la candidatura para la reelección del juez Christopher Greenwood.

Pese a ello, los miembros del Consejo de Seguridad no han sometido generalmente sus conflictos internacionales de importancia a la Corte Internacional de Justicia y en general no se someten a su jurisdicción. En realidad, solo 63 de los 193 países integrantes de la Organización de las Naciones Unidas han aceptado la jurisdicción obligatoria del Tribunal, y aún estos estados han incorporado en sus documentos de adhesión, restricciones que les permiten limitar o sustraerse en ciertos casos de la competencia de la Corte.

Más allá de lo establecido por el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia sobre la independencia de sus magistrados con respecto a su nacionalidad de origen,quedan pendientes muchas preguntas, entre ellas: ¿si un fallo de la Corte Internacional de Justicia condenara al Reino Unido a restituir los territorios usurpados a la República Argentina, tendría éxito nuestro país en lograr que el Consejo de Seguridad dictara las medidas correspondientes para el cumplimiento del fallo?¿La Corte Internacional de Justicia dictaría un fallo de cumplimiento políticamente imposible y arriesgaría su prestigio en un litigio entre un país central y un país de la periferia sin importancia política, económica o militar relativa? Hay muchos condicionantes no jurídicos que hacen a la dinámica del poder mundial que nos permite prever un resultado adverso para la República Argentina.

Sin ir más lejos y pese a que en la Corte Internacional de Justicia están representados todos los sistemas jurídicos del mundo, debemos tener en cuenta que no todos estos sistemas utilizan las mismas categorías de análisis y que nuestros títulos de dominio si bien son incontrastables pueden ser evaluados con distintos criterios de validez, de acuerdo a estas divergencias. Casos concretos son los modos históricos de adquisición de las competencias sobre un territorio, la existencia o no existencia de “res nulius” en América o el “Utis Possidetis Juris de 1810”, que es un instituto del Derecho Internacional Americano y que ni si quiera es receptado por la doctrina de los países del norte de nuestro continente.

Otro inconveniente generalmente no analizado por los impulsores del recurso ante la Corte Internacional de Justicia es la forma en que votarían la Cuestión Malvinas los jueces originarios del tercer mundo o nacidos durante el proceso de descolonización, para los cuales el principio de autodeterminación de los pueblos constituye un derecho humano inalienable y absoluto. A la República Argentina le ha costado un esfuerzo diplomático importante explicar ante los representantes es estos países porqué en la Cuestión Malvinas se opone a la aplicación de este principio y muchas veces no ha logrado convencerlos. Esto lo ha utilizado el Reino Unido para desvirtuar el verdadero espíritu de la Resolución 1514 con respecto a la Cuestión Malvinas.

Finalmente, y a favor de las reservas de tipo político anteriormente expresadas, juega la estadística de los casos sometidos a la Corte Internacional de Justicia durante sus 77 años de existencia: solamente 155 casos de competencia contenciosa y 26 opiniones consultivas. Los Estados no someten a la Corte Internacional de Justicia las cuestiones en las que se encuentran realmente en juego sus intereses nacionales porque un fallo adverso significa la clausura del reclamo, prefieren hacerlo a través de la negociación directa, sin descuidar los aspectos políticos y económicos y de supremacía militar.

Concluyendo, un fallo adverso daría por terminado el reclamo y no existirían seguridades de ningún tipo. No podemos confiar en nuestras fortalezas en cuanto a antecedentes histórico-jurídicos desvinculadas de las posibilidades de hacerlas operativas en el marco geopolítico mundial. Además, las mismas desventajas son las que observan los países integrantes del Consejo de Seguridad, para ni siquiera ellos, someterse a la jurisdicción de la Corte cuando se encuentran en juego sus intereses nacionales.

Resulta aquí interesante recordar las reflexiones del prestigioso ex diplomático argentino Enrique Ferrer Vieyra en su obra Las Islas Malvinas y el Derecho Internacional al resumir el proyecto de informe del presidente de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de los Comunes, Anthony Kershaw, discutido del 3 al 10 de mayo de 1983, relatando que en el apartado 2,21 del mismo, la Comisión expresa que no duda de la reclamación británica aunque reconoce que la Argentina seguirá discutiendo la cuestión de la soberanía sobre las Malvinas ya que “si la cuestión tuviese un claro arreglo, tanto la Argentina como el Reino Unido hubiesen recurrido a la Corte Internacional de Justicia o ante otro tribunal de arbitraje obligatorio. No haberlo hecho significa que tienen dudas: a) sobre la legalidad de sus respectivas reclamaciones; b) sobre si la cuestión es o no judiciable; c) sobre la objetividad judicial del tribunal; y d) sobre si el fallo será respetado por la parte que pierda (2,21)”.[3]

Pero para satisfacción de los impulsores de este renovado intento de someter la Cuestión Malvinas a la Corte Internacional de Justicia analicemos lo que ocurriría si el Reino Unido aceptara esta vez someterse a su competencia y la sentencia hipotéticamente resultara favorable a la República Argentina, más allá de los reparos expuestos anteriormente. Indudablemente la respuesta sería similar a la que obtuvieron Mauricio y la comunidad internacional en 2019: el Reino Unido diría que “tomaría nota” de lo decidido por la Corte Internacional de Justicia pero en la actual circunstancia histórica necesita la presencia en el archipiélago de las Islas Malvinas de su Comando Naval del Atlántico Sur por cuestiones de defensa, ya que el mismo se ha convertido en una hipótesis de conflicto para el hemisferio occidental ante presencia de importantes flotas de pesca de altura de potencias orientales en la zona y de las dudas que surgen ante la existencia del observatorio para el estudio del espacio remoto establecido por un convenio entre la República Popular China y la Argentina en la Patagonia,[4] el control del pasaje interoceánico de Drake ante la pérdida de importancia estratégica del Canal de Panamá como consecuencia del auge del tráfico marítimo comercial mediante buques superportacontenedores, y el establecimiento de importantes nuevos actores estatales no occidentales en el Continente Antártico. Por lo tanto el Reino Unido, “siempre respetuoso del Derecho Internacional”, acataría la sentencia de la Corte el día que estos peligros hubieran desaparecido. Con lo que directamente enervaría las posibilidades de la República Argentina de continuar reclamándole el cumplimiento de la Resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Existen por lo tanto dos posturas posibles:

Una, tratar de saldar la cuestión de cualquier manera y arriesgarnos. Sin embargo tampoco tendríamos éxito en nuestra osadía porque el oponente ni siquiera piensa en la posibilidad de someterse a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. Sería paradójico que lo hiciera teniendo la posesión material del territorio, una población culturalmente afín producto de un proceso de limpieza étnica practicada desde hace 189 años y la supremacía militar que le otorga haber instalado en el mismo una de las ocho bases más importantes de la OTAN fuera del territorio europeo.

La otra es comprender que la recuperación de las Islas Malvinas y demás archipiélagos del Atlántico Sur es posible si aceptamos que será el resultado de una estrategia sin tiempo, de la cual seguramente nuestra generación no verá los resultados, pero que significa un esfuerzo que vale la pena realizar y durante el cual obtendremos beneficios adicionales al objetivo final.

Lo que tienen que tener claro los argentinos es que la disputa de soberanía sólo depende de nuestra capacidad de decisión y no puede ser transferido a ningún organismo internacional. Tenemos que crear las condiciones para que el Reino Unido comprenda que le conviene a sus intereses nacionales solucionar este conflicto y para lograr ese objetivo tenemos que establecer una estrategia a largo plazo tanto de política exterior como de política interna que nos permita cambiar la ecuación bilateral argentino-británica en el Atlántico Sur. Por lo tanto nuestra estrategia debe apuntar a dificultarle al Reino Unido sus intereses económicos en la República Argentina, crear inseguridad jurídica para los futuros inversores en el área en conflicto y darle a la problemática del Atlántico Sur una dimensión sudamericana, replicando lo realizado por el Reino Unido durante su permanencia en la Unión Europea; y a la vez crear poder de decisión nacional para achicar las asimetrías de escala entre ambos países.

Lamentablemente el 40° aniversario del conflicto argentino-británico del Atlántico Sur no ha servido más que para que aparezcan numerosas publicaciones en los medios de comunicación social, se presenten nuevos libros sobre esta problemática y se repitieran las declamaciones altisonantes que año a año todos los gobiernos argentinos vienen haciendo acerca de nuestros derechos históricos, jurídicos y aún geográficos sobre las Islas Malvinas y los demás archipiélagos usurpados por el Reino Unido desde hace 189 años al acercarse la fecha del 2 de abril y hasta el 14 de junio, amplificados por el aniversario en número redondo -como ahora suele decirse- y con un presupuesto generoso para que las organismos oficiales, universidades y entidades de la misma sociedad civil puedan realizar contribuciones para publicitarlos, creándose un catálogo de estas actividades que se dio en llamar Agenda Malvinas 40 años, que si bien es muy bueno que existiera no promueve la formación de un pensamiento alternativo al que ha conducido la política oficial de estos últimos 40 años, pese a las diferencias y disrupciones características de cada administración nacional.

La tradicional utopía juridicista y cosmopolita argentina, renovada hoy con las tendencias globalizadoras, nos puede conducir a una situación de graves consecuencias, tenemos que olvidar el camino fácil de endosarle a otros la solución del conflicto y asumirlo como propio. La permanencia en el tiempo del Comunicado Conjunto de los vicecancilleres de la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte del 13 de septiembre de 2016 después de haber tomado estado público el relato de los entretelones de su negociación por del diario íntimo del ex vicecanciller británico Alan Duncan y la idea vieja y varias veces descartada de recurrir a la Corte Internacional de Justicia, renovada hoy con fuerza en el Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los Espacios Marítimos e Insulares Correspondientes, con sostenido apoyo académico, demuestran que estamos siempre girando en el mismo lugar.

Pese a ello, durante el período que comprende esta nueva edición de nuestro Anuario se han producido algunos episodios alentadores que merecen destacarse, por ejemplo, el 7 de julio de 2021 los secretarios de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus y de Energía, Darío Martínez, ofrecieron una conferencia de prensa conjunta para anunciar sanciones en relación a la explotación ilegal de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina explicando que el gobierno nacional podría sancionar con un veto de 5 a 20 años a las empresas Chrysaor Holdings Limited, Harbour Energy y Navitas Petroleum LP por sus actividades en el proyecto “Sea Lion”. Chrysaor Holdings Limite se fusionó con Premier Oil PLC -inhabilitada ya en 2013, durante la primera ofensiva administrativa y judicial del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner-, dando nacimiento a Harbour Energy Plc, hoy en la mira. Del mismo modo, Rockhopper Exploration –también inhabilitada en 2013 por idénticos motivos- vendieron, junto a Premier Oil, un tercio de su participación en la cuenca de “Sea Lion” a Navitas Petroleum, con base en Israel. Pese a las quejas internacionales el gobierno argentino logró en su momento el propósito de desalentar el interés de grandes petroleras por invertir en la zona hasta tanto no se resuelva el diferendo de soberanía, como British Petroleum o la india ONGC. Este es un hecho auspicioso pues la anterior administración nacional no solo había relajado la aplicación de las normas de la Ley N° 26.659 sino que se había modificado a partir del año 2016 el reclamo en los documentos acordados en los distintos foros internacionales en los que participa la República Argentina, reduciéndolo a una mera declamación retórica de los derechos de soberanía en abstracto y sustituyendo la mención de las actividades de exploración y explotación ilegítimas de los hidrocarburos en la plataforma continental argentina y el derecho que le asiste a nuestro país de accionar judicialmente contra las mismas por un texto naif por el que declarábamos que habíamos asumido con el Reino Unido el compromiso de «remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y sustentable de las Islas Malvinas, incluyendo comercio, pesca, navegación e hidrocarburos». Lo que denunciáramos en todas las ediciones del Anuario en Relaciones Internacionales de la época.

Asimismo, es alentador que la diplomacia argentina haya continuado promoviendo la formación de grupos internacionales de apoyo en la Cuestión Malvinas y recuperando aquellos que habían sido abandonados por la administración anterior, aunque no comprendemos el motivo de la diferencia semántica de denominarlos ahora “Comisiones para el Diálogo por Malvinas”, ya que como observáramos en anteriores ediciones de este Anuario la misma denominación marcaba el grado de compromiso con los intereses de la República Argentina: denominándose originalmente “grupos de apoyo” los que se habían formado en los países sudamericanos y otros países que apoyaban la posición argentina, y “grupos pro diálogo” los grupos europeos o de otros países que apoyaron al Reino Unido durante la Guerra de Malvinas, o que su solo compromiso era el de desactivar un conflicto internacional, sin interesarles su resultado. Hacemos esta observación pues diera la impresión que con esta modificación semántica la nueva administración hubiera bajado un escalón en el reclamo internacional, desde lo simbólico, en relación a lo ocurrido durante el período 2003-2015.

Continuamos apoyando esta estrategia diplomática, como lo hemos hecho durante todo este tiempo, tanto por medio de conferencias y publicaciones, siendo su evolución motivo de tratamiento de todos nuestros anuarios en Relaciones Internacionales, recordando una vez más que el Instituto de Relaciones Internacionales propuso en su momento la idea de la creación de un grupo de apoyo ruso durante una reunión celebrada en la ciudad de La Plata con representantes de la Academia Diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Federación de Rusia, que con el tiempo fuera receptada por el Instituto de Latinoamérica de la Academia de Ciencias de Rusia, creando el Grupo de Apoyo a la Cuestión Malvinas que fuera presentado en 2012 en la Dacha Argentina de Moscú; habiéndose manifestado a favor de los derechos de la República Argentina la agencia de noticias internacionales en español propiedad del gobierno ruso Sputnik Mundo en varias oportunidades durante el presente año, e incluso el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, quien ya lo había hecho varias veces en el pasado.

A la reapertura de los grupos de Etiopía y Bulgaria (ahora denominados “comisiones para el diálogo por Malvinas”) y la creación de la de Japón, debemos agregar ahora las de Siria y la India. Esta estrategia de poder blando molesta al Reino Unido, quien se manifestó contra este embrionario lobby internacional de la República Argentina a través de voceros del gobierno colonial de las Islas Malvinas.

Asimismo, el propio gobierno británico salió destempladamente a criticar a Beijing al haber tomado conocimiento que en la Declaración Conjunta entre la República Argentina y la República Popular China sobre Profundización de la Asociación Estratégica Integral Argentina-China del 6 de febrero de 2022 este país reiteró su apoyo a los reclamos de ejercicio pleno de la soberanía de la Argentina en la Cuestión de las Islas Malvinas, destacando asimismo los jefes de Estado los trabajos llevados a cabo por ambas partes con el objeto de constituir una Subcomisión de Asuntos Oceánicos, Antárticos y de Conservación, en el marco de la Comisión Binacional Permanente entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República Popular China a efectos de intensificar la cooperación que ambos países tienen respecto de los mares, la conservación de sus recursos y los espacios antárticos. Todos temas sensibles en los que existe una confrontación de intereses entre el Reino Unido y la República Argentina.

Con el tiempo, vamos comprobando la importancia de la difusión de los derechos argentinos por medio de conferencias, la formación de grupos de apoyo locales y todo tipo de iniciativas que tengan por objeto visibilizar nuestro reclamo por intermedio de las embajadas argentinas en el mundo, muy especialmente en América del Norte y Europa, sitios que han sido autistas con respecto a nuestros reclamos y que hace 40 años apoyaron al Reino Unido durante la Guerra de Malvinas. Recordemos que en su momento Canadá cortó los lazos comerciales y financieros con la Argentina, los Estados Unidos de América adoptaron primero una actitud de falsa neutralidad, participando luego activamente a favor del Reino Unido, tanto diplomáticamente como con la entrega de armas y apoyo logístico, violando flagrantemente las estipulaciones del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, y la Comunidad Económica Europea estableciera el 10 de abril de 1982 un embargo completo sobre las exportaciones de armas y equipos militares destinados a la República Argentina y medidas para prohibir todo tipo de importación de productos originarios de nuestro país a los estados integrantes de la misma.

No podemos olvidar que en esos momentos el presidente de Francia,Francois Mitterrand, colaboró activamente con el gobierno del Reino Unido facilitándole al ministerio de Defensa británico todos los datos sensibles de los sistemas de armas Mirage y Super Etendard para que la Fuerza de Tareas enviada al Atlántico Sur a desalojarnos del archipiélago de las Islas Malvinas pudiera neutralizar las defensas argentinas, y que luego presionó sin éxito al presidente Raúl Alfonsín para que decretase el cese de las hostilidades con el Reino Unido en forma incondicional; e incluso el intelectual francés Alain Rouquié insistiera durante su visita a Buenos Aires que debíamos olvidarnos del conflicto con el Reino Unido, con aquellas conocidas palabras: “Tienen que dedicarse a desmalvinizar la vida argentina, esto es lo importante: desmalvinizar”.

Cuarenta años después, el canal de televisión francés France24 realizó una amplia cobertura de la Causa de Malvinas en la sociedad argentina, reconociendo que el reclamo a Gran Bretaña se ha mantenido intacto desde 1982, con el apoyo mayoritario de la población, que exhibe en todas partes la silueta de las Islas Malvinas, expresando: “Tatuadas en la piel, pintadas en los muros de Buenos Aires: las Malvinas siguen omnipresentes en Argentina 40 años después del intento fallido por recuperar su soberanía, reivindicada desde los libros escolares hasta en la propia Constitución del país”.

Sin embargo, pese a estos triunfos de la República Argentina en cuanto a visibilizar a nivel internacional la Cuestión de las Islas Malvinas, nuestro país no ha tenido éxito en mantener el apoyo logrado en algún momento en el subcontinente, más allá del reiterado eslogan del 40 Aniversario: “volveremos a Malvinas de la mano de América Latina”, consigna que no se refleja con la realidad. No alcanza con mostrar las demostraciones de solidaridad de Bolivia, Ecuador y México, países que no necesita el Reino Unido para consolidar su presencia en el Atlántico Sur y por lo tanto no son objeto de la presión de la diplomacia británica, lo preocupante es que tengamos problemas con Chile, Uruguay y Brasil.

Con Chile surgió un embrión de conflicto totalmente artificial cuando se conoció el 27 de agosto de 2021 que el Diario Oficial había publicado un decreto del presidente Sebastián Piñera demarcando los espacios marítimos del país por el que se pretende proyectar la plataforma continental chilena al este del meridiano 67° 16´ 0 en contradicción con lo establecido en el Tratado de Paz y Amistad argentino-chileno de 1984. Al día siguiente la cancillería argentina rechazó dicho decreto considerando que el país vecino pretendería apropiarse de una parte de la plataforma continental argentina y de una extensa área de los fondos marinos y oceánicos. Finalmente Chile advirtió que se presentaría ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de la CONVEMAR para reclamar el reconocimiento de su plataforma continental extendida en los términos del decreto presidencial del 27 de agosto de 2021.

En dicha oportunidad el Departamento del Atlántico Sur del IRI publicó un comunicado apoyando la reacción del gobierno nacional y resaltando la importancia de que esta nueva disputa se resolviera de acuerdo al derecho internacional, sin afectar los lazos de amistad y cooperación logrados a partir de 1984, lo que ha significado un paso muy importante para la consolidación de la paz y el progreso del Cono Sur de América y la integración de ambas naciones en el marco del Mercosur, del cual Chile es Estado Asociado.

Recordemos una vez más que la Argentina y Chile comparten una de las fronteras más extensas del mundo y que durante toda su historia los grandes centros financieros internacionales alentaron permanentemente hipótesis de conflicto entre ambos países con el objetivo de lucrar con el financiamiento de la compra de armamentos,lo que contribuyó a su crónico endeudamiento exterior y conspiró contra el desarrollo económico integrado y sostenido en el tiempo de toda la región. Advertimos detrás de este conflicto totalmente artificial nuevamente la acción de la inteligencia británica, siendo el Reino Unido el único país que se beneficiaría si el mismo no se encauzara por los mecanismos que ya están establecidos en el Tratado de Paz y Amistad de 1984.

Hoy el Reino Unido ha establecido en el archipiélago de las Islas Malvinas su Comando Naval del Atlántico Sur y desde el mismo aspira a controlar las riquezas naturales, no solo del mar y el subsuelo marino sino también de la Patagonia Austral, así como su proyección hacia la Antártida, y su estrategia ha sido siempre la de dividir a los distintos países del sur del continente fomentando falsos nacionalismos comarcales para mantener su influencia y supremacía sobre los mismos. El Mercosur y todo proceso de integración suramericana es un impedimento para estos designios y es por ese motivo que ha comenzado a presionar sobre Uruguay y Brasil para relativizar el cumplimiento de las normas dictadas en el marco de este bloque regional que dificultan la logística de la colonia británica de las Islas Malvinas.

Pero hay otro conflicto latente en la región patagónica que los gobiernos de ambos países están afrontando con gran impericia y una importante carga de prejuicios ideológicos, en los que coinciden, sin advertir que detrás del mismo está desde hace años la inteligencia británica: el surgimiento a ambos lados de la cordillera de los Andes de grupos que reivindican la recuperación de una mítica tierra ancestral y se declaran enemigos tanto del Estado argentino como del Estado chileno. Las autoridades argentinas han actuado en forma ambigua y no le han dado a este problema su real importancia y las nuevas autoridades chilenas hablan irresponsablemente del “Wallmapu”, que estaría integrado por las provincias argentinas de Chubut, Neuquén, Río Negro, La Pampa, Mendoza, y una gran porción de las de San Luis, Córdoba y Buenos Aires, además de las gobernaciones de Chileal sur del río BíoBío, ante el silencio de la cancillería argentina. Lo normal sería que los gobiernos de Argentina y Chile coordinaran sus esfuerzos para consolidar el pleno control de sus respectivos estados nacionales en estos territorios, pues si en algún momento los mismos lo perdieran seguramente que el Reino Unido los reemplazaría: tiene los elementos militares para recuperar el control de este territorio desde el Comando Naval británico del Atlántico Sur.[5]

Chile ha sido el país más permeable ante la diplomacia británica en su búsqueda de apoyo logístico a la presencia del Reino Unido en el Atlántico Sur pero esta vez sus intereses nacionales coinciden más con los de la República Argentina que con los de su antiguo aliado. Sin embargo, no se vislumbra la posibilidad de una solución concertada que consolidaría la integración argentino-chilena, que ha progresado muy lenta pero inexorablemente a partir del Tratado de Paz y Amistad de 1984.

Mayor gravedad inmediata asumen los problemas que se presentan con Uruguay, país que históricamente ha estado vinculado por intereses comerciales con las Islas Malvinas donde existe una región de la isla Soledad denominada“Lafonia”, que toma su nombre del apellido de un importante inversor anglo-uruguayo, don SamuelLafonte,quien fuera propietario de establecimientos rurales dedicados a la producción lanar en las islas, por concesiones de la corona británica recibidas a partir de 1845. El importante flujo comercial existente entre la colonia británica y este país ha sido la consecuencia que en el tiempo se forjara una simpatía entre ciertos sectores de la sociedad uruguaya y los kelpers: recordemos la presencia de un stand oficial de las Islas Malvinas patrocinado por la embajada del Reino Unido en Uruguay durante las dos últimas ediciones de la feria agraria de Montevideo y el episodio producido el año pasado por la legisladora uruguaya Silvana Pérez Bonavita, que desarrollamos en detalle en la sección Cronología y que provocó la intervención del embajador argentino en Montevideo, Alberto Iribarren.

El 8 de julio de 2021 el gobierno de Uruguay permitió que aterrizara y despegara en el aeropuerto de Montevideo un avión militar del Reino Unido con destino a Malvinas por segunda vez en el año, incumpliendo los pactos internacionales firmados por este país de no permitir actividades en el Atlántico Sur que perturben su condición de zona de paz, lo que no significó una novedad ya que durante el último año del gobierno del presidente argentino Mauricio Macri las autoridades de Montevideo habrían autorizado 13 vuelos militares británicos desde Uruguay al archipiélago de las Islas Malvinas, sin que la cancillería argentina cuestionara los mismos.

Posteriormente, el 5 de octubre de 2021 el ex vicecanciller argentino Roberto García Moritán publicó un artículo de opinión en el diario Clarín de la ciudad de Buenos Aires en el que denuncia la connivencia de las autoridades portuarias uruguayas con la pesca ilegal en el Atlántico Sur, en especial la nueva terminal pesquera uruguaya de Puerto Capurro, que tiene un muelle con capacidad para amarrar más de 50 buques industriales principalmente de las flotas de China, España y entre otros, Corea del Sur, provenientes mayormente de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. El autor hace referencia en este artículo, que de acuerdo a la autoridad pesquera uruguaya, en el puerto de Montevideo se concentrarían aproximadamente 1.500 descargas anuales de buques que operan en el Atlántico Sur, considerada la tercer área geográfica según la FAO de mayor sobre explotación pesquera del mundo. También se registrarían descargas procedentes de las Islas Malvinas y en ocasiones incluso de barcos con pabellón ilegítimo de la autoridad colonial británica, lo que se encuentra en contradicción con las normas aprobadas en el marco del Mercosur.

El Reino Unido se ha fijado como objetivo de su política exterior post brexit privilegiar su relación con América Latina y en ese sentido debemos analizar la invitación que realizó en mayo de 2022 al presidente de la República Oriental del Uruguay, Luis Lacalle Pou, para una reunión en Londres con el primer ministro británico Boris Johnson con el objetivo de afianzar los vínculos entre ambos países ya que entre otras cosas la diplomacia británica pretende negociar acuerdos de libre comercio en forma individual con todos los países dela región.

El 24 de mayo el gobierno uruguayo publicó su Comunicado de prensa N° 82/22 en el que da a conocer los términos de la Declaración conjunta de la reunión bilateral entre el Presidente de la República Oriental del Uruguay Luis Alberto Lacalle Pou y el Primer Ministro del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte realizada en Londres el día anterior, por la que ambos reafirmaron las fuertes relaciones entre los dos países, construidas sobre valores compartidos e intereses comunes y en un segundo apartado, dedicado al ámbito de la Defensa ambos dignatarios “se comprometieron a mejorar la cooperación en Defensa y Seguridad en asuntos de interés mutuo. El Reino Unido a continuar invirtiendo en oportunidad de capacitación y entrenamiento de las Fuerzas Armadas uruguayas. Reconociendo el Reino Unido el liderazgo de Uruguay como un valioso contribuyente a las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU, y ambos países continuarán asociados en el marco de la Iniciativa A4P de Naciones Unidas. Ambos países, en el marco de su relación de amistad y de cooperación humanitaria se comprometieron a continuar desarrollando los vínculos ya existentes en la temática antártica”. No se necesita ser muy perspicaz para comprender qué le habrá pedido Boris Johnson a Lacalle Pou con respecto a los vuelos militares británicos a Malvinas y el apoyo logístico de los puertos uruguayos a la pesca ilegal en el Atlántico Sur.

La República Argentina ha descuidado y tensado demasiado durante estos últimos años, por temas de política doméstica totalmente insustanciales, su relación con la República Oriental del Uruguay, en desmedro de sus verdaderos intereses nacionales, y la hábil diplomacia británica trabaja incansablemente para aprovechar las contradicciones que surgen entre los países del Mercosur con el objetivo de consolidar la presencia del Reino Unido en la región.

Asimismo, el gobierno argentino expresó al gobierno de Brasil, el 1° de febrero de 2022, su “preocupación y sorpresa” porque aviones de la Fuerza Aérea del Reino Unido hicieron siete vuelos entre territorio brasileño y las Islas Malvinas pese a lo dispuesto en contrario por las normas aprobadas en el marco del Mercosur. El detalle presentado por el documento indica que aviones militares británicos aterrizaron y despegaron provenientes de las Islas Malvinas en Río de Janeiro, San Pablo, Porto Alegre y Recife los días 9, 14, 15, 22, 24, 26 y 28 de enero. Al igual que lo ocurrido con Uruguay, en 2017, durante la gestión del presidente Michel Temer, el diario Zero Hora de Porto Alegre ya había denunciado que el aeropuerto de la capital del estado de Río Grande do Sul se había convertido en una suerte de “surtidor” sudamericano de los aviones de la RAF que iban o regresaban desde Gran Bretaña a las Islas Malvinas. Ocho días después Brasil ratificó su respaldo a la soberanía argentina en las Islas Malvinas en repuesta a la nota de protesta de nuestro país, pero ala vez defendió la cesión de sus aeropuertos para que aviones militares británicos con destino al archipiélago puedan aterrizar y despegar en situaciones humanitarias o consideradas de emergencia.

Finalmente, el gobierno argentino se vio obligado a presentar otra nota de protesta ante las autoridades brasileñas por la presencia de un stand de las “Falklans Islands” en la feria WTN Latin América que se desarrolló en la ciudad de San Pablo entre los días 5 y 7 de abril de 2022 y constituye el principal evento mundial de la industria de viajes y turismo en América Latina.

Tanto Brasil como Uruguay pagan un alto costo en su relación con el Reino Unido por su apoyo a la República Argentina y nuestro país tampoco ha sido amable con las autoridades brasileñas durante los últimos años, con las que ha tenido serias controversias en el marco del Mercosur. No podemos por lo tanto pedirles más que una solidaridad de tipo simbólico si estos países no comprueban que sus intereses nacionales se benefician solidarizándose con la República Argentina.

Pero además, existe otro antecedente que debilita nuestra posición a nivel regional: las cláusulas sobre el Atlántico Sur del Comunicado Conjunto de los vicecancilleres de la República Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte del 13 de septiembre de 2016. Si la Argentina se ha comprometido por este documento internacional a remover todos los obstáculos que limiten el crecimiento económico de las Islas Malvinas y a promover nuevas conexiones aéreas entre otros países del continente y el archipiélago, mal puede exigirle después a sus socios del Mercosur que ellos cumplan con normas que de alguna manera se contraponen con estos compromisos.

Desde 2016 venimos observando desde las páginas de este Anuario que mediante este Comunicado Conjunto la Argentina volvió a reforzar la letra de los Acuerdos de Madrid, y este año lo ha reconocido el mismo ex vicecanciller británico Alan Duncan en su diario íntimo, al expresar: “con este acuerdo el gobierno del Reino Unido logró la primer declaración positiva desde 1999[6] cubriendo comercio, seguridad y nuevas líneas aéreas a las Falklands. Un verdadero acuerdo histórico”.Durante su campaña electoral el presidente Alberto Fernández se había comprometido a rever todos los acuerdos argentino-británicos firmados por la administración Macri y posteriormente el excanciller Felipe Solá dijo que a fines de 2020 se decidiría la continuidad o no del acuerdo por el nuevo vuelo San Pablo-Islas Malvinas, dependiendo de la actitud del Reino Unido. Nada de esto ha ocurrido.

La solidaridad de aquellos países que verdaderamente nos pueden ser útiles para complicarle las necesidades logísticas al Reino Unido en el Atlántico Sur solo la vamos a recuperar si tenemos una política exterior coherente, que sean una verdadera política de Estado no la del partido circunstancialmente en el gobierno y que responda a la defensa de nuestros intereses nacionales, no a ideologías meramente circunstanciales.

Algo similar ocurre con España, país que apoya a la República Argentina en su reclamo por la Cuestión Malvinas en todos los foros internacionales, en especial las cumbres iberoamericanas, y simultáneamente desde hace más de 30 años participa activamente de la depredación de los recursos vivos marinos de la zona económica exclusiva de la República Argentina, cuya soberanía nos reconoce las Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, tratado internacional que ha sido ratificado por el Reino de España el 20 de diciembre de 1996 y por lo tanto dicho Estado está obligado a respetar el derecho de los Estados costeros sobre estos recursos.

En todas las ediciones anteriores de nuestros anuarios venimos denunciando insistentemente que la República Argentina, pese a ser parte de la CONVEMAR, sufre una limitación en el ejercicio de los derechos que ésta le reconoce sobre su zona económica exclusiva por estar una parte de la misma bajo control militar británico, encontrándose el Reino Unido usurpando las facultades que corresponden a nuestro país, especialmente en el caso de las licencias de pesca que otorga a través de la autoridad colonial de las Islas Malvinas a flotas pesqueras de altura de diversas banderas. Siendo un caso paradigmático el de las flotas españolas, ya que las mismas operan dentro de la zona usurpada a la República Argentina por el Reino Unido adquiriendo estas licencias y en algunos casos hasta adoptando la bandera ilegítima de la misma. Asimismo, operan ilegalmente en la parte de la zona económica exclusiva de nuestro país no controlada por los británicos, penetrando subrepticiamente a partir de la milla 201 hasta ser detectadas por los sistemas de control argentinos e incluso algunas empresas lo hacen con licencia de ambos países, en violación de la legislación nacional que lo prohíbe.

El Estado español no es ajeno a estos movimientos: en septiembre de 2009 fueron invitadas las autoridades de pesca de la colonia británica de las Islas Malvinas a la IV Conferencia Mundial de Ministros de Pesca celebrada en Vigo -lo que motivó la protesta de la diplomacia argentina- y recientemente las autoridades españolas lograron que se exceptúe de los aranceles extracomunitarios a los productos del mar capturados ilegalmente en la zona económica exclusiva de nuestro país con licencia de la colonia británica de las Islas Malvinas y procesados posteriormente en España, pese a no pertenecer ya el Reino Unido a ese bloque regional, precisamente por gestiones de la industria pesquera gallega y desestimando las protestas de la cancillería argentina. Finalmente, en mayo de este año la Asociación de Empresas de Pesca de Malvinas expuso en un “stand nacional” en la Global See Food Expo 2022 de Barcelona -la exposición más importante de la industria de la pesca a nivel mundial- los productos depredados a la zona económica exclusiva de la República Argentina en sociedad por las flotas de pesca de altura de Galicia. A pocos metros estaba ubicado el Pabellón Argentino, integrado por varias empresas nacionales y por el que pasó una delegación de más de 40 funcionarios del gobierno nacional y representantes de las provincias patagónicas, en el cual se exhibía el siguiente eslogan oficial: “Mar Argentino, salvaje y austral”. Ambos stands convivieron pacíficamente.

En los anuarios en Relaciones Internacionales del IRI venimos denunciando todos los años la gravedad de esta situación y la necesidad que las autoridades argentinas le den prioridad en sus relaciones diplomáticas con el Reino de España, ya que el mismo actúa, como lo hemos visto, con un doble estándar internacional: otorgando un apoyo simbólico a los reclamos de la República Argentina y fomentando los negocios con el usurpador e incrementando así sus ganancias, las que paradójicamente, le dan viabilidad económica a la colonia británica de las Islas Malvinas.

Nos sorprende por lo tanto comprobar la poca importancia que la pesca ilegal, que es el mayor problema que tenemos con el Reino de España ha tenido durante la visita presidencial a Madrid del mes de mayo de este año y que solo haya merecido una frase de circunstancia del canciller Santiago Cafiero, quien se refirió a “la importancia que tiene para el gobierno argentino desalentar toda iniciativa tendiente a facilitar la continuidad de la pesca ilegal en las Islas Malvinas promovida por las ilegítimas autoridades isleñas”, como si se tratara de una circunstancia ajena a la responsabilidad de las autoridades españolas, y destacándose en cambio otra serie de negociaciones sobre temas generales de menor importancia y en los que no existe conflicto alguno, eludiendo la negociación sobre el mismo.

En dicha oportunidad, el Departamento del Atlántico Sur del IRI manifestó su preocupación ante la pérdida de una oportunidad como la visita presidencial al Reino de España para colocar el tema de la pesca ilegal y la pérdida económica que la misma ocasiona a la República Argentina al tope de la agenda de alto nivel entre ambos países.

Recordemos solo dos episodios ocurridos durante el mes de enero de 2022 para comprobar la actitud dúplice de las autoridades españolas: el 14 de enero los ex jefes de gobierno de España Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mario Rajov conformaron, tras reuniones mantenidas con el embajador argentino en Madrid, Ricardo Alfonsín, un grupo nacional para instar al diálogo por Malvinas. Ese mismo día, los 16 buques pesqueros de Galicia que operan con la ilegítima bandera de conveniencia de la colonia británica de las Islas Malvinas, comenzaban a zarpar de los puertos de Vigo y Marín rumbo a la zona económica exclusiva de la República Argentina usurpada por el Reino Unido. Esta noticia y la del comienzo de la temporada de la pesca de altura en Malvinas en publicada por el periódico La Voz de Galicia.

De acuerdo a lo informado por la autoridad colonial de las Islas Malvinas el archipiélago tiene una economía que genera exportaciones por 298 millones de dólares al año, con la pesca como principal recurso, seguido por la producción de lana, carne ovina y el turismo. Los productos del mar representarían el 91 % de las exportaciones durante los últimos diez años. La pesca se encuentra controlada por un sistema de cuotas individuales transferibles e involucra a empresas residentes en las islas que actúan en conjunto con socios extranjeros, principalmente españoles.

Durante el período que cubre esta nueva edición de nuestro Anuario se han reiterado en nuestro país las advertencias sobre la depredación del calamar patagónico en el área de Malvinas con la complicidad de las autoridades coloniales británicas y las flotas españolas que estarían capturando el doble de lo que recomienda la pesca responsable y sostenible, habiéndose registrado desbordes históricos que demuestran que el caladero no está siendo gestionado conforme a los códigos de buenas prácticas y directrices recomendados por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y como consecuencia de ello se estarían afectando otras especies al alterarse el ecosistema de los recursos vivos marinos; y en vísperas del 40 aniversario del 2 de abril de 1982 se denunció nuevamente la inacción de la embajada argentina en Madrid y el incumplimiento de la Ley 27.564 que modificó la Ley Federal de Pesca con el fin de endurecer las sanciones para quienes violen dicha normativa.

Un balance de lo ocurrido con la pesca ilegal en el Atlántico Sur nos confirma que numerosos barcos extranjeros continúan navegando de modo prohibido desde el límite de las milla 201 hacia la zona económica exclusiva de la República Argentina procediendo a depredar los recursos vivos marinos que la CONVEMAR reconoce como propios del Estado costero y pese a que la Armada ha recibido durante estos últimos meses cuatro patrulleros oceánicos adquiridos a Francia para custodiar nuestra soberanía en el mar los mismos permanecen amarrados en la Base Naval de Mar del Plata por falta de combustible para que puedan navegar, y ahora el mismo presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, Alberto Asef, ha denunciado que también habría buques argentinos que cruzan la milla 201 pero en sentido inverso, para venderle a las flotas extranjeras a precio de dólar real parte de sus capturas, regresando luego a puertos argentinos con escasa pesca para consumo interno, lo que ocasionaría un grave perjuicio para la industria local del procesamiento de dichos productos y la economía en general, además de constituir un fraude de la legislación argentina. La desinversión en el área de la Defensa durante los 40 años siguientes a la Guerra de Malvinas es otro tema para tratar en este año del 40° aniversario.

Con referencia a este tema en julio de 2021 el presidente de la Nación Argentina, Alberto Fernández, anunció la firma de una nueva Directiva de Política de Defensa Nacional que pone el acento en el control y vigilancia de los espacios jurisdiccionales de la República Argentina en el que venía trabajando el ministerio de Defensa con la Armada y la Fuerza Aérea, otorgándole mayor importancia estratégica al Atlántico Sur y a la Antártida. La misma contemplaría la construcción del Polo Logístico Antártico en la ciudad de Ushuaia, aprovechando la ubicación privilegiada de la isla grande de Tierra del Fuego.

En ese sentido se conoció meses después que existía la posibilidad que la República Argentina adquiera un avión de combate chino-pakistaní, ante el veto del Reino Unido a la adquisición de sistemas de armas por nuestro país en los mercados tradicionales mantenido durante los últimos 40 años a partir de la Guerra de Malvinas en los que ha logrando presionar a los posibles proveedores para que cancelaran acuerdos con la Argentina. Se trataría del JF-17 Thunder, que no posee piezas británicas y puede operar únicamente con subsistemas chinos. Debemos destacar que durante los últimos años la Fuerza Aérea Argentina ha luchado para reemplazar sus aviones envejecidos y mantener las capacidades ofensivas, habiendo retirado casi todos los aviones de combate de primera línea, a excepción de algunos aviones de ataque A-4AR Fightinghawk que ahora cuentan con el apoyo de un número aún menor de entrenadores a reacción IA 63 Pampa. El JF-17 de cuarta generación es desarrollado y producido conjuntamente por la Corporación Aeroespacial de Chengdu de China y el Complejo Aeronáutico de Pakistán, el último de los cuales produce el 58 % ciento de la estructura del avión y realiza el ensamblaje final.

En forma inmediata el gobierno británico demostró su preocupación ante la posibilidad que la República Popular China ayudara a nuestro país a eludir el bloqueo del Reino Unido a la adquisición de armamentos y se alertó ante un viaje de una delegación militar a argentina a ese país para explorar la posibilidad de adquisición de material bélico visitando las instalaciones de la empresa China National Aero-Technology & Export Corporation (CATIC) ubicada en Chengdú, capital de la provincia de Sichuan.

En dicha oportunidad la embajada argentina en China informó que la cooperación en defensa entre ambos países no se encuentra solamente limitada a la evaluación sobre la adquisición de aviones JF-17, sino que también está avanzado un proyecto que contempla la adquisición por la argentina de vehículos blindados 8 x 8 y la instalación en nuestro país de una planta de montaje y posterior fabricación de estos vehículos. Asimismo, que la empresa argentina INVAP, además de cooperar transfiriendo tecnología a China en el área de medicina nuclear se encuentra trabajando en cooperación sobre radares con la empresa china CETEC. Por su parte, autoridades de la embajada anunciaron que están buscando encadenamientos productivos para el sistema militar argentino vinculados a la industria de la defensa como la Fábrica Argentina de Aviones (FADEA), Tandanor y Fabricaciones Militares. Durante esta visita se colocó en la zona central del salón principal de eventos de la embajada argentina, denominado “Héroes de Malvinas”, un cuadro conmemorativo de los hechos ocurridos durante el otoño del año 1982.

Al poco tiempo se conoció que los Estados Unidos de América le habrían solicitado al gobierno británico que suavizara el embargo de armas contra la Argentina para poder competir con la industria de defensa china y ofrecerle a nuestro país una versión de sus aviones F-16 similares a los que operan las fuerzas aéreas de Chile y Colombia. Sin embargo estos aviones no serían de cuarta generación ni habría posibilidad de reconvertirlos con elementos de quinta generación, como pretende la Fuerza Aérea Argentina. Se trata de un negocio de muchos millones de dólares y la administración nacional todavía no ha tomado una decisión definitiva pero más allá del tema presupuestario tendría que recordar la actitud del presidente Miterand cuando le reveló los datos sensibles del sistema de armas Mirage y Super Etendard al ministerio de Defensa británico durante la Guerra de Malvinas. Pensamos que el embargo de armas del Reino Unido podría constituir una magnífica oportunidad para hacer una reconversión definitiva del sistema de armas y dejar de hacer adquisiciones en el mercado occidental, pues cuando realmente se puedan necesitar seguramente la historia volverá a repetirse y la única hipótesis de conflicto real que la República Argentina tiene desde hace 40 años es con el Reino Unido.

Las directivas de la actual política de Defensa fueron enunciadas por el ministro Jorge Taiana en una conferencia dictada ante oficiales de las tres fuerzas armadas al inaugurar el ciclo académico 2022 de la Escuela Superior de Defensa Conjunta, expresando en dicha oportunidad: “Tenemos una Directiva de Política de Defensa Nacional (DPDN) como documento rector y allí se define a nuestra política de defensa como defensiva y acompañada por una estrategia de disuasión. También estamos recuperando capacidades para las Fuerzas Armadas con los aportes del Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF). Vamos a poner nuestros esfuerzos en cuatro ejes prioritarios. Por un lado, continuar con el plan de radarización[7], que comenzamos en el norte del país y seguimos avanzando hacia el sur con el nuevo radar a instalar durante el mes de mayo en Río Grande, Tierra del Fuego, y el próximo a inaugurarse en Mercedes, Corrientes. En segundo lugar, estamos trabajando para incrementar la incorporación de soldados voluntarios en las FF.AA., apuntamos a sumar diez mil soldados más”. Detallando posteriormente los objetivos concretos para incrementar las capacidades de equipamiento y operativas de cada arma para alcanzar un nivel de defensa adecuado. Con relación a la problemática del Atlántico Sur Taiana expresó “la necesidad que tiene la Argentina de recuperar la capacidad submarina por su extenso mar y para mejorar las tareas de vigilancia y control de nuestros espacios de jurisdicción nacional, tenemos la obligación de avanzar en ese sentido”. Agregando posteriormente: “Argentina tiene limitaciones en la integración del territorio, queremos mostrar que hay que avanzar en la integración de Tierra del Fuego, no puede seguir sin comunicación efectiva. Esto se vincula a la visión del siglo XXI donde un tema político y estratégico de extraordinaria relevancia es la perspectiva y mirada hacia el Atlántico Sur”. Finalizó su alocución con un reconocimiento en memoria de los Caídos y Veteranos de la Guerra de Malvinas, y manifestando la importancia de fortalecer la ciberdefensa para la protección de nuestras comunicaciones, concluyendo “Argentina necesita Fuerzas Armadas que estén adiestradas, alistadas y con capacidad para defender al país ante una amenaza estatal externa”. A continuación, el jefe del Estado Mayor Conjunto, teniente general Juan Martín Paleo, sostuvo que su responsabilidad no es plantear un ataque a las fuerzas militares de ocupación de nuestras Islas Malvinas pero sí defenderse ante una situación inversa.

A continuación se realizaron algunas acciones concretas, entre ellas la instalación de un nuevo radar RPA 170M en Cabo Domingo, a unos 15 kilómetros al noroeste de la ciudad de Río Grande, con el que se podrá monitorear todo el tránsito aéreo en un radio de 170 millas náuticas en la región, tratándose de un radar móvil 3D de mediano alcance desarrollado por el INVAP que cuenta con la tecnología necesaria para monitorear los vuelos no declarados o no cooperativos. Algunos medios criticaron sin embargo que el nuevo radar no tuviera capacidad para controlar el movimiento militar británico más allá del límite establecido por el Reino Unido como la pretendida zona económica exclusiva de las Islas Malvinas ya que de Río Grande a Malvinas hay una distancia de 520 kilómetros, por lo cual no permitirá conocer la actividad aérea de ingreso y salida al archipiélago, así como los ejercicios y prácticas con aviones y helicópteros de combate, ni los sobrevuelos de control a los buques de pesca que operan con licencia ilegal de las Islas Malvinas, lo que sí pueden hacer los británicos en sentido inverso con el radar de largo alcance ubicado en Monte Kent. Si bien estos cuestionamientos son correctos debemos destacar que desde que se encuentra en funcionamiento este nuevo radar se han descubierto cinco vuelos ilegales a Malvinas desde Chile, violando el espacio aéreo argentino, lo que antes era imposible de detectar.

Pese a las limitaciones presupuestarias pareciera que el 40° aniversario de la Guerra del Atlántico Sur fue el momento propicio para suturar la antigua grieta entre la sociedad civil y el estamento militar causada por la tragedia argentina de los años 70, y la dirigencia política ha comprendido que la Argentina tiene hipótesis de conflicto y quien es el potencial oponente. El Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata ha sido pionero en incorporar los temas de defensa en sus planes de estudios a través de la tarea esclarecedora del Profesor Ángel Pablo Tello -que falleciera este año- quien tuvo la osadía de incorporar oficiales de las fuerzas armadas a sus clases de la universidad para que las compartan con sus alumnos civiles, en búsqueda de la reconciliación nacional para superar una de las etapas más negras de la historia argentina, sin abandonar los conceptos de memoria y justicia. El Profesor Tello era consciente que había que incorporar el tema de la defensa al gran debate nacional y que no se podía eludir este desafío colocando la cabeza bajo el ala -en la misma actitud que el avestruz- repitiendo incansablemente aquella mentira piadosa que Argentina no tenía hipótesis de conflicto, y que la sociedad civil estaba obligada a asumir esta responsabilidad, siendo el estamento militar uno de sus instrumentos, que siempre debía estar sometido a la decisión política.

En el mismo sentido se enmarca la orden del actual ministro de Defensa, Jorge Taiana, instruyendo a los Jefes de Estados Mayores Generales de las Fuerzas Armadas a realizar en las unidades militares bajo su órbita, actos que tuvieran por objetivo homenajear a los veteranos caídos durante el conflicto del Atlántico Sur y a sus familiares en ocasión de conmemorarse el 2 de abril su cuadragésimo aniversario, disponiendo que los jefes militares arbitraran las medidas necesarias en el ámbito de sus respectivas fuerzas para que el personal militar a su cargo participara y prestara colaboración en aquellos actos públicos que se realizaran en el marco de la conmemoración del 40° aniversario del conflicto y a proceder a la apertura de todas las unidades y bases militares en las que se albergaran espacios culturales aptos para la difusión y concientización en todo el territorio nacional acerca de los derechos soberanos argentinos respecto de la “Cuestión Malvinas”, y concurriendo personalmente a la tradicional vigilia que se llevara a cabo a partir de las 21:00 hs. del 1° de abril en la ciudad de Río Grande, un evento que naciera en 1995 por iniciativa de la sociedad civil.

En dicha ciudad se conmemoró oficialmente por primera vez el 30 de mayo de 2022 el 40° aniversario de la operación conjunta del ataque al portaaviones británico HMS Invencible -importante hecho bélico negado aún por la historia oficial británica- y el ministro de Defensa Jorge Taiana regresó a esa ciudad fueguina para participar de este acto junto a los Veteranos de Guerra de Malvinas, ante los cuales expresó: “Es muy importante recordar hoy a los caídos, en este caso los tenientes José Daniel Vásquez y Omar Jesús Castillo, caídos en el cumplimiento del deber en una misión muy riesgosa donde demostraron su valentía, su coraje, su compromiso profesional y su amor a la Patria. Conmemoramos y homenajeamos a los héroes vivos que participaron de esta misión conjunta, que están aquí presentes como son los veteranos de guerra Ernesto Ureta y Gerardo Guillermo Isaac que lograron volver con vida de esta misión y que son un ejemplo de heroísmo. Argentina no tiene solo 649 héroes, que son los que dieron la vida, sino que también tiene el heroísmo vivo y el ejemplo de todos los que lucharon lealmente por la defensa de la soberanía argentina”. Posteriormente se refirió a la relevancia que adquiere el trabajo conjunto de las Fuerzas Armadas: “Hace 40 años se visibilizaba menos la importancia del accionar conjunto por parte de las distintas fuerzas y las distintas armas. Hoy, en el mundo, y también en la Argentina, estamos convencidos que un elemento central para fortalecer nuestra capacidad de defensa, nuestra capacidad de disuasión y de reacción es el desempeño conjunto de las Fuerzas Armadas”.

Asimismo se realizaron por primera vez actos oficiales para conmemorar el “Día de la Máxima Resistencia”, como comenzó a denominarse durante los últimos años al día 14 de junio y comenzara a conmemorarse en un principio en el interior de las unidades militares, siendo adoptado posteriormente por las agrupaciones de Veteranos de Guerra y la sociedad civil y receptado ahora por el gobierno nacional con motivo del 40° aniversario de la Guerra de Malvinas, publicitándose estos actos en el sitio del gobierno argentino “Argentina.gob.ar”, donde además se describe la batalla de Monte Longdon y en el cualsepuede encontrar a través de distintos hipervínculos toda la actuación del Ejército Argentino durante la Guerra de Malvinas: Noticias sobre Malvinas,el Operativo Rosario,Inicio de las hostilidades, Darwin-Prado del Ganso, etc. El mismo portal publicó la página “Gesta de Malvinas”, en la que se puede encontrar a través distintos hipervínculos toda la actuación de la Armada de la República Argentina en este hecho histórico, desde sus antecedentes, las distintas armas, la conducción, multimedia, publicaciones y repertorio bibliográfico. La página “Fuerza Aérea, hitos de Malvinas-Línea del tiempo”, en la que se describe toda la actuación de la Fuerza Aérea Argentina durante la Guerra de Malvinas; y finalmente la página correspondiente al Comando Conjunto Antártico, en la que se puede encontrar toda la rica historia de nuestro país en la Antártida desde la era heroica hasta nuestros días, incluyendo datos sobre el clima y la fauna y flora antárticas.

También, como una reparación histórica, se realizó una ceremonia de restitución de una Bandera de Guerra del Regimiento de Infantería Mecanizado 12 con su nomenclatura histórica a la Guarnición Ejército Toay,cuya bandera original fuera incinerada para evitar que cayera en manos del enemigo en las últimas horas de la batalla de Darwin-Pradera del Ganso del 29 de mayo de 1982. En dicha ceremonia estuvieron presentes los Veteranos de Guerra de Malvinas que actuaron durante esa batalla, cuyo coraje fuera puesto de manifiesto por los propios oficiales superiores británicos al finalizar el combate y consta en la bibliografía posterior a la guerra escrita por los mismos.

En este aspecto, pareciera que el 40° aniversario ha sido un buen catalizador de muchos temas que habían quedado pendientes desde 1982.

Sin embargo y pese a la existencia de un Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los Espacios Marítimos e Insulares Correspondientes creado por la actual administración en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, que se supondría que debería coordinar todos los temas relacionados a su área de incumbencia, continuaron sucediéndose hechos contradictorios, entre ellos un decreto del presidente Alberto Fernández que ordenaba la venta como chatarra del destructor ARA Santísima Trinidad, célebre por haber participado en la operación de desembarco argentino en las Islas Malvinas el 2 de abril de 1982 transportando al alto mando que condujo la “Operación Rosario” y a los comandos anfibios que constituyeron la avanzada de las tropas argentinas. En cualquier país que respeta sus tradiciones el mismo habría sido convertido hace muchos años en un museo flotante como la antigua fragata Sarmiento, atracada en un muelle de Puerto Madero para visita de los escolares y ciudadanos argentinos en general. En Gran Bretaña el HMS Conqueror, el primer submarino nuclear inglés que disparó y logró acertarle dos veces al crucero ARA General Belgrano durante la Guerra de Malvinas fue convertido en un museo flotante, para perpetuar la memoria de este hecho que causó la muerte de 323 marinos argentinos, y una organización benéfica encabezada por el entonces eurodiputado conservador David Campbell Bannerman está trabajando desde 2015 para preservar un núcleo de la Flota Memorial Malvinas, mientras que en nuestro país fue el ciudadano Jorge Oliver, residente en la ciudad de Córdoba, quien tuvo que promover un juicio de amparo para evitar la pérdida de este testimonio histórico que para el Poder Ejecutivo Nacional no tenía ningún valor en vísperas de 40° aniversario de la Guerra de Malvinas, obteniendo un fallo favorable. Esta acción judicial fue una de las tantas que se originaron en forma inmediata a la publicación del decreto presidencial con el objetivo de neutralizar esta medida, calificada por la mayoría de las agrupaciones de Veteranos de Guerra de Malvinas de todo el país como “antipatriótica”. Recordemos que el destructor ARA Santísima Trinidad fue construido en el Astillero Río Santiago y botado en 1974, o sea se trata de un producto de la industria naval argentina.

Otro hecho bochornoso se produjo el 2 de mayo de 2022 cuando con motivo de conmemorarse los 40 años del hundimiento del crucero ARA General Belgrano el ministerio de Educación de la República Argentina publicó una imagen, en su página oficial “AgendaMalvinasOKon Twitter”, que no correspondía al navío argentino sino al destructor británico Sheffield, alcanzado el 4 de mayo por un misil disparado desde un avión de la Armada de la República Argentina, lo que produjo el repudio de muchísimas agrupaciones vinculadas a la Causa de Malvinas. Ese día se estaban realizando numerosos actos recordando ese suceso a lo largo de todo el país, organizados por Veteranos de Guerra y organizaciones de la sociedad civil.

Sin embargo se produjeron también hechos auspiciosos tanto en el Congreso de la Nación Argentina, como en los poderes ejecutivos y legislaturas provinciales, como el proyecto de ley que dispone la colocación de señalética de carácter informativo referido, a las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur en distintos puntos del país, en todos los organismos públicos dependientes del Estado Nacional, Parques Nacionales y de las embajadas, representaciones y misiones en todo el mundo que ejercen la representación de nuestro país, reglamentándose que la colocación de la misma deberá realizarse mediante acto público, con participación de los Veteranos de Guerra de Malvinas residentes en las distintas ciudades y localidades donde se instale, conjuntamente con los vecinos, autoridades nacionales, provinciales y municipales.

En el mismo sentido el ministerio de Transporte informó que los Trenes Argentinos Carga comenzarán a llevar mensajes del reclamo de soberanía y homenaje hacia los veteranos, veteranas, los caídos, sus familiares de Malvinas en cada uno de los vagones de las líneas Urquiza, San Martín y Belgrano que recorren el país. A través de un trabajo realizado junto a los empleados de las cabinas de pintado de los talleres se determinó que cada uno de los vagones que forman parte de la flota de TAC tendrán, a partir de ahora, un stencil con la silueta de las Islas Malvinas que será incorporado de manera permanente en la zona reservada para la nomenclatura y código.[8]

Durante el lapso comprendido por el presente Anuario se sucedieron numerosos homenajes provinciales en el marco del 40° aniversario de los hechos ocurridos durante el otoño de 1982: el 11 de agosto de 2021 la legislatura de la provincia de Neuquén sancionó la Ley 3.295/21 declarando patrimonio histórico provincial el mausoleo donde descansan los restos del soldado Jorge Néstor Águila, ubicado en su pueblo natal de Paso Aguerre, caído en Grytviken, isla San Pedro,el día 3 de abril de 1982 durante la recuperación de las Islas Georgias del Sur; el 25 de diciembre la legislatura de la provincia de San Juan sancionó la Ley N° 2.329 declarando al año 2022 como “Año del 40 Aniversario de la Gesta de Malvinas”; el día 5 de enero de 2022 la provincia de Tucumán estableció mediante la Ley N° 9.478 al año 2022 como “Año de Conmemoración del 40 Aniversario de la Gesta de Malvinas”; el 13 de enero adhirió la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al decreto de homenaje del gobierno nacional; el 20 de enero el gobierno de la provincia de Santiago del Estero dictó el Decreto 93/2022 de adhesión al Decreto Nacional 17/2022 que declara al año 2022 como de homenaje a los caídos en el conflicto de las Islas Malvinas,Georgias del Sur y Sandwich del Sur; el 2 de febrero mediante el Decreto 87/2022 el gobierno de la provincia de Santa Fe manifestó la adhesión provincial al Decreto 17/2022 emanado del Poder Ejecutivo Nacional por el cual se declara el año 2022 como “Año de homenaje del pueblo argentino a los caídos en el conflicto de las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, así como a sus familiares y a los veteranos y las veteranas de Malvinas”; el 6 de marzo, por iniciativa de la legislatura de la Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur el banco de Tierra del Fuego comenzó la impresión de una edición especial de tarjetas de débito por el 40° aniversario de la Gesta de Malvinas. Todos los plásticos emitidos durante el año para renovaciones y altas nuevas tendrán este diseño, pero además se realizó una entrega especial a los Veteranos de Guerra de Malvinas que perciben actualmente su pensión a través de esta entidad pública provincial. Las nuevas tarjetas presentan sobre un fondo azul las islas Soledad y Gran Malvinas, acompañada por la frase “Son y Serán Argentinas” y el 10 de marzo la Provincia puso en práctica la ley que establece el uso de un logo con la imagen de las Islas Malvinas en los guardapolvos de todos los estudiantes primarios de la provincia; el 15 de marzo la legislatura de la provincia de Chubut sancionó la Ley N° 1.752 que designa al año 2022 “Año de Conmemoración del 40° Aniversario de la Gesta Heroica de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur”; el 17 de marzo legislatura de la provincia de La Pampa sancionó la Ley N° 3.404 de adhesión al Decreto Nacional N° 17/2022 que declara el año 2022 como de Homenaje del Pueblo Argentino a los caídos en el conflicto de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur; el 17 de marzo la legislatura de la provincia de Salta sancionó la Ley N° 8.300 declarando al año 2022 Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas”, en homenaje a los veteranos y caídos en la misma. Hasta el 14 de junio se sucedieron distintos actos oficiales y numerosos de la sociedad civil diferenciándose los de tipo institucional que, ponían el acento en los derechos argentinos sobre el territorio usurpado, de los promovidos por distintas organizaciones de la sociedad civil, que se centraban en la Gesta de Malvinas.

El día 2 de abril se realizaron distintos actos públicos en todo el país en conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas organizados por representantes de la sociedad civil y distintas agrupaciones de Veteranos de Guerra, siendo el más numeroso el convocado ante el cenotafio de los caídos en la Guerra de Malvinas levantado en la plaza Gral. San Martín de la ciudad de Buenos Aires, que reunió aproximadamente a 20.000 personas y que no contó con la presencia de autoridades del Estado Nacional. Limitándose el presidente de la Nación a participar de un austero acto en el Museo de Malvinas, que funciona en el predio que perteneciera a la Escuela de Mecánica de la Armada.[9]

Paradójicamente, el acto que contó con apoyo oficial fue el promovido por la nueva embajadora británica Kirsty Hayes “en memoria de los caídos en el conflicto argentino-británico del Atlántico Sur” en Buenos Aires, bajo la apariencia de estar organizado por una ONG vinculada a la Iglesia Anglicana en la Argentina denominada Asociación Civil La Fe del Centurión, con la presencia del coronel James Pollock, que participó en el segundo batallón de la guardia escocesa, y que fue el segundo al mando de los fusileros que atacaron a las tropas argentinas en Monte Tumbledown, el teniente coronel David Wheen, un comando de los royal marines que fue comandante además del campo de prisioneros argentinos, el mayor Nigel Price, del 7° Regimiento de Rifleros Gurhkas, el oficial de inteligencia en actividad Alan Ward y la enfermera militar Sue Warren que se desempeñó en el buque hospital Uganda, comandados por el conocido coronel Geoffrey Cardoso, logrando que las autoridades argentinas autorizaran la participación oficial de 17 Veteranos de Guerra argentinos de destacada actuación durante la Guerra de Malvinas y el propio jefe del Estado Mayor Conjunto, teniente general Juan Martín Paleo. Dicho acto se realizó el 6 de marzo en la catedral anglicana de Buenos Aires y fue denominado por la embajada británica: “Encuentro Ecuménico por la Paz: Tendiendo puentes entre ex combatientes de Malvinas argentinos y británicos”, constituyendo el acto oficial más importante de este 40° aniversario ya que contó por parte del Poder Ejecutivo Nacional con la coordinación de las áreas de Defensa y Cancillería y una guardia de honor del personal del Regimiento de Granaderos a Caballo, que tiene por función principal ser la escolta y resguardar la seguridad del Presidente de la Nación Argentina.

Esta actividad causó una gran polémica entre las asociaciones de Veteranos de Guerra de Malvinas y entidades defensoras del concepto de “gesta” acuñado a nivel popular en recuerdo de este hecho histórico, habiendo desarrollado en la sección Cronología los acontecimientos más importantes de la repercusión del mismo en la sociedad civil.

Posteriormente, se conoció un polémico cuadernillo oficial que sugería a los periodistas cómo abordar el conflicto de Malvinas, en línea de esta celebración de “confraternidad y paz” promovida por la embajada británica junto al gobierno nacional, denominado: “Malvinas soberanía y memoria”.

Sin embargo este objetivo de reconciliación se constituía sobre la base del mantenimiento del statu quo en el Atlántico Sur y nadie puso como condición previa que el Reino Unido se comprometiera al cumplimiento de la Resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Era de esperar, los británicos no se consideran suficientemente satisfechos con haber vuelto a controlar empresas estratégicas de la Argentina mediante las mal llamadas privatizaciones -que en realidad fueron extranjerizaciones-,inducido el desmantelamiento de nuestra industria y sistema de defensa,y ser nuevamente importantes acreedores externos del Estado Nacional: quieren además que la República Argentina pida perdón por haberlos enfrentado, lo que desde el 14 de junio de 1982 los distintos gobiernos nacionales han venido haciendo en cuotas.

Hoy se agigantan aquellas palabras pronunciadas el 10 de diciembre de 1983 por el Presidente Raúl Alfonsín ante la Asamblea Legislativa del Congreso Nacional durante el discurso inaugural de su gobierno: “En el caso de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, nuestro objetivo indeclinable es y será siempre su recuperación y la definitiva afirmación del derecho de nuestra Nación a su integridad territorial. La soberanía es un dato previo a la negociación”.

Con motivo del 40° aniversario del conflicto argentino-británico del Atlántico Sur la clase política argentina tendría que reflexionar sobre las mismas y despertar del ensueño provocado por los arrumacos de la hábil diplomacia británica para lograr el objetivo contrario.

Ante tanto desatino surgió una perla que viene a satisfacer una de nuestras mayores preocupaciones, que fue constatar durante estos últimos 40 años desde la academia el permanentemente desconocimiento que tienen los funcionarios públicos en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación sobre la Cuestión de las Islas Malvinas, salvo honrosas excepciones que no hacen más que confirmar la regla. Durante el año pasado se realizaron ciertos intentos inorgánicos de revertirlo mediante algunas capacitaciones realizadas por funcionarios de la Cancillería y hasta la Escuela Judicial renovó sus esfuerzos con un nuevo curso denominado “Curso de la Cuestión Malvinas, Estado y Soberanía. El derecho internacional aplicable”, dictado por profesores que conocen realmente el tema y en sus obras se han manifestado en contra del proceso de desmalvinización, pero eran esfuerzos aislados de estas personas que tenían que luchar previamente contra las burocracias administrativas para que les aceptaran la realización de estos ciclos. Sin embargo el 14 de junio, precisamente en la fecha denominada ahora “Día de la Máxima Resistencia”,la Cámara de Diputados de la Nación sancionó la Ley N° 27.671 que establece la capacitación obligatoria, periódica y permanente en la Cuestión de las Islas Malvinas para todas las personas que se desempeñen en la función pública. No se trató de una gestión del Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los Espacios Marítimos e Insulares Correspondientes creado por la actual administración en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional sino de la iniciativa individual de la joven senadora María Eugenia Duré, representante de la Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur, quien accedió a su banca el 10 de diciembre de 2019. Consideramos muy importante la existencia de este nuevo texto legal y tenemos la esperanza que se cumpla con la mayor eficiencia posible, y es por eso que lo hemos transcrito en la sección Documentos, acompañado de un breve comentario.

Asimismo, el gobierno argentino continuó ofreciendo vuelos humanitarios charter con Aerolíneas Argentinas a los habitantes de las Islas Malvinas, ante la suspensión de las rutas aéreas Punta Arenas-Monte Agradable y San Pablo-Islas Malvinas, operadas por las empresasLan y Latam, por causa de la pandemia del Covid-19 a efectos de solucionar el problema de su aislamiento, por recomendación esta vez sí del Consejo de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los Espacios Marítimos Correspondientes, siendo los mismos rechazados sistemáticamente por el Reino Unido.

Nuevamente la República Argentina rechazó la realización de maniobras militares británicas en las Islas Malvinas, calificándolas de una injustificada demostración de fuerza y un deliberado apartamiento de los llamamientos de las numerosas resoluciones delas Naciones Unidas y de otros organismos internacionales que instan tanto a la Argentina como al Reino Unido a reanudar las negociaciones bilaterales, a fin de encontrar una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía que involucra a ambos países en la Cuestión de las Islas Malvinas;protestó por el reciente despliegue de un nuevo sistema antiaéreo SkySabre por las fuerzas británicas en el archipiélago, que cuenta con un alcance tres veces mayor a los antiguos misiles Rapier existentes hasta ahora; y adelantó que reclamaría ante el Reino Unido y los organismos internacionales correspondientes por el envío de buques con armas nucleares al Atlántico Sur durante el conflicto bélico de 1982, en violación al Tratado de Tlatelolco y ante la posibilidad que algunas de estas armas nucleares se encuentren en el fondo marino circundante a las Islas Malvinas.

Esta es una vieja preocupación argentina que se actualizó al conocerse el 4 de enero de 2022 -por documentación desclasificada del ministerio de Defensa del Reino Unido-que un documento fechado el 6 de abril de 1982 confirma que se “movilizó en sus buques 31 armas nucleares durante la Guerra de Malvinas, especialmente armas nucleares de profundidad”. Estas armas estuvieron en los portaviones HMS Hermes (18) y HMS Invincible (12) –nave que durante la guerra sufrió el impacto de un misil Exocet y quedó un tiempo fuera de servicio, aunque el Reino Unido pretendió negar este episodio- y en el buque auxiliar Regent (1). El contenido del documento titulado “Top Secret Atomic” afirma la preocupación de las autoridades británicas ante la posibilidad que “algunas bombas nucleares de profundidad pudieran perderse o dañarse y el hecho se hiciera público e incluso que cayeran en manos de las fuerzas argentinas”. Ya un informe de 2003 del ministerio de Defensa británico había mencionado que la fuerza de tareas que se constituyó para venir al Atlántico Sur en 1982 había incluido navíos equipados con armamento nuclear y en su momento la cancillería argentina había remitido una nota de protesta al Reino Unido pidiendo que aclarare en forma fehaciente “que no hay armas nucleares en ningún lugar del Atlántico Sur, ni en los buques hundidos, el lecho del mar ó bajo otra circunstancia”. En ese momento el Reino Unido negó que hubiera violado el Tratado de Tlatelolco y aseguró que todas estas armas habrían regresado al Reino Unido en buen estado.

El 10 de enero de 2022 el secretario de Defensa del Reino Unido, Ben Wallace, habló en el llamado “Día de Margaret Thatcher” y volvió a tensar la cuerda expresando, refiriéndose a los argentinos: “Nuestros enemigos no deben dudar de la determinación de Gran Bretaña de enfrentarse a los matones, defender a los que no pueden defenderse a sí mismo y a nuestros valores”; expresiones que fueran rechazadas por la cancillería argentina recordándole que en 2022 se cumplen 40 años de la resolución 37/09 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada el 4 de noviembre de 1982, meses después de finalizado el conflicto del Atlántico Sur, demuestra que para la comunidad internacional el mismo no modificó la naturaleza de la disputa de soberanía, instando nuevamente a los gobiernos de la Argentina y el Reino Unido a reanudar las negociaciones a fin de encontrar una solución pacífica a tal disputa. Las declaraciones de este importante funcionario del gobierno británico no está en consonancia con la ceremonia de “reconciliación” organizada pocos días después por la nueva embajadora de Londres en Buenos Aires,Kirsty Hayes, quien llegara a seducir al gobierno nacional al punto que el Señor Presidente de la Nación le cediera personal del Regimiento de Granaderos a Caballo, su escolta oficial, para rendirle homenaje a los oficiales británicos que en 1982 invadieron nuevamente las Islas Malvinas.

Posteriormente el gobierno argentino tomó conocimiento que entre los días 18 y 29 de abril el Reino Unido realizó una vez más, ejercicios militares en las Islas Malvinas, en la que participaron todas las fuerzas británicas estacionadas en el archipiélago con el objetivo de “demostrar la habilidad del personal del contingente militar desplegado en el lugar para coordinar y realizar recursos para un ejercicio a gran escala”. Lo que demuestra nuevamente que la ceremonia de reconciliación realizada en la catedral anglicana en Buenos Aires y la secuencia de eventos posteriores de los cuales damos cuenta en la sección Cronología solo eran una estrategia para ablandar el carácter de los argentinos durante el 40° aniversario de la Guerra del Atlántico Sur.

También durante este período continuaron los trabajos de la Segunda Etapa del Proyecto Humanitario para la identificación de tumbas de ex combatientes argentinos en el cementerio de Darwin,coordinado por el Comité Internacional de la Cruz Roja-tema que hemos desarrollado en la sección Cronología- y en Caleta Trullo, donde se creía que existía una tumba de guerra argentina pero finalmente los expertos confirmaron que no se hallaron nuevos restos en las excavaciones realizadas en ese sitio. Este es un proyecto muy importante desde el punto de vista de los Derechos Humanos pero no debemos olvidarnos que previamente el Reino Unido decidió en 1985, en violación de las Convenciones de Ginebra, exhumar unilateralmente los restos de los soldados argentinos enterrados en numerosas Tumbas de Guerra diseminadas en gran parte de la isla Soledad y reunirlos en un solo lugar, eligiendo para ello uno de los sitios más inhóspitos, aislados y carentes de la más mínima infraestructura vial y de alojamiento. Margaret Thatcher fue advertida por sus asesores de la gravedad de esa decisión y por eso ordenó que el decreto que disponía la medida fuera firmado por todos sus ministros. Como consecuencia de ello el Reino Unido construyó el Cementerio Argentino de Darwin y para ello se realizaron las exhumaciones y destruyeron las Tumbas de Guerra, sin respetar las prácticas operacionales idóneas en relación con el tratamiento de los restos humanos y de la información sobre los fallecidos, siendo responsable de la no identificación de 123 de los 240 caídos allí sepultados, que terminaron siendo catalogados como “soldado argentino sólo conocido por Dios”. El encargado de esta tarea fue el hoy coronel Geoffrey Cardoso, quien junto a la nueva embajadora del Reino Unido Kirsty Hayes organizó con las autoridades argentinas la “ceremonia de reconciliación” en la catedral anglicana de Buenos Aires. Sin desconocer la importancia del Proyecto Humanitario para los deudos de los caídos cuyos restos yacen en el Cementerio Argentino de Darwin y que el mismo está en línea con el irrestricto respeto de los Derechos Humanos que inaugurara como política de Estado el presidente Raúl Alfonsín, debemos advertir que en la forma en que se instrumentó por los gobiernos argentinos a partir del acuerdo firmado en Londres el 20 de diciembre de 2016 salvó la responsabilidad del gobierno británico por la violación de las prácticas operacionales en relación con el tratamiento de los restos humanos y de la información sobre los fallecidos, la Argentina asumió la corresponsabilidad de identificar a sus muertos y continuó admitiendo que una entidad privada se encuentre obligada al mantenimiento de un Cementerio de Guerra en territorio ocupado por las fuerzas armadas del adversario, las que están obligadas a cuidarlo en cumplimiento de los Convenios de Ginebra. Hoy los británicos presentan el Proyecto Humanitario como una muestra de su magnanimidad y han escrito una leyenda tan falsa con respecto a las Tumbas de Guerra como su propia historia de las Islas Malvinas y el Coronel Geoffrey Cardoso es homenajeado por el Congreso de la Nación Argentina. Posiblemente, si se instrumentaran las normas de la nueva Ley N° 27.671 que establece la capacitación obligatoria, periódica y permanente en la Cuestión de las Islas Malvinas para todas las personas que se desempeñen en la función pública este deje de ser un secreto entre los especialistas y los legisladores sean más prudentes cuando están en juego los intereses nacionales del país.

Asimismo, la República Argentina continuó durante este año recibiendo el apoyo de la 50° Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, reiterándolola 51° Asamblea General, reunida el 12 de noviembre de 2021 en Guatemala; la Cumbre de la CELAC, reunida durante el mes de septiembre de 2021 en México; la Asamblea Ordinaria del Parlamento Latinoamericano, reunida el 12 de febrero de 2022, que reiteró sus pronunciamientos a favor de la Argentina ya expresados entre 2009 y 2013;el XIV período de sesiones de la Asamblea Parlamentaria Europea-Latinoamericana reunida en Buenos Aires durante el mes de abril de 2022; el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas en varias oportunidades; y el presidente argentino Alberto Fernández reafirmó los derechos de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes usurpados por el Reino Unido, durante su intervención en forma virtual en la 76° Asamblea General de las Naciones Unidas. Triunfos formales que tenemos que mantener e incrementar, pero no debemos olvidar que Uruguay, Brasil y Chile: los países realmente importantes para sostener la logística de la colonia británica en el Atlántico Sur, pese a que se manifiestan a favor de la República Argentina en todos estos foros internacionales continúan siendo -como lo hemos visto- funcionales al Reino Unido.

Concluye en la fecha de entrega de este Anuario la mitad del año del 40° aniversario del conflicto argentino-británico de 1982 y en esta presentación hemos expuesto los claroscuros de lo ocurrido entre el 1° de julio de 2021 y el 30 de junio del presente año, queda para el próximo anuario la reflexión final de esta efeméride pero queremos advertir una vez más que la Argentina continúa cayendo en el error al que la induce la hábil diplomacia británica y que no alcanza con las apelaciones a diálogos inconducentes, hay que ponerse a trabajar en la construcción de una política de Estado que nos permita cambiar la ecuación bilateral en el Atlántico Sur y esto solo puede ser el resultado de una tarea colectiva. Ahora tenemos el Consejo de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los Espacios Marítimos e Insulares Correspondientes creado por la actual administración en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, cuyo objetivo era constituirse en una usina de políticas de Estado para consolidar nuestra presencia en el Atlántico Sur, queremos conocer y debatir sus propuestas concretas.

Tal como lo afirmáramos al cerrar nuestra presentación del Anuario en Relaciones Internacionales 2021, no podemos concluir la del presente sin hacer un resumen de la actividad argentina en la Antártida, donde continúan acentuándose los fenómenos naturales que demuestran las consecuencias del cambio climático en esta región austral y otros que han permitido a los científicos conocer un poco más la evolución de ese continente que todavía guarda tantos secretos para la humanidad (en la sección Cronología podemos encontrar una muestra de estos descubrimientos), por lo que día a día comprobamos lo poco que conocemos del mismo y el acierto de aquellos antiguos cartógrafos que lo denominaron «Terra Australis Incógnita».

El 14 de julio de 2021 la Argentina participó de la XXXIII Reunión General Anual del Consejo de Administradores de Programas Antárticos Nacionales (COMNAP), que tiene como propósito desarrollar y promover las mejores prácticas en la gestión de apoyo a la investigación científica en la Antártida, siendo designada sede de la Reunión General Anual del COMNAP en 2024, evento que se realizará en forma coordinada con Chile, que hospedará ese mismo año la reunión del Comité Científico de Investigación en la Antártida (SCAR).

Asimismo, ambos países han continuado durante este período insistiendo en su proyecto conjunto de creación de un área marítima protegida para la Península Antártica Occidental, que es el resultado de un trabajo científico iniciado en 2012 por un equipo de investigadores del Instituto Antártico Argentino y de su homólogo chileno y fuera presentado por primera vez en 2018 pero aún se encuentra en proceso de aprobación. Ambos países se vienen caracterizando por ser fuertes impulsores de la protección de la biodiversidad marina en la zona de la Península Antártica, cuyo frágil ecosistema sufre los impactos del cambio climático y también de la pesca. La zona concentra cerca del 75 % de la población circumpolar de krill, alimento esencial de ballenas y pingüinos y registra la mayor actividad humana en la Antártida, incluyendo numerosos programas antárticos nacionales y del turismo, que significa unos 50.000 visitantes por año.

La República Argentina presentó un ambicioso Plan Anual Antártico para la campaña a desarrollar desde el 1° de noviembre de 2021 hasta el 31 de octubre de 2022, con 50 proyectos científico-técnicos, reconociendo el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona, durante su presentación oficial: “Malvinas, Antártida y Atlántico Sur tienen una vinculación necesaria, y en esto destaco el fuerte compromiso que los antárticos manifiestan en función de la reivindicación de soberanía, no solamente en el trabajo cotidiano, sino también en lo que aportan a la consideración de que aquí estamos ante temas de soberanía nacional”.

Posteriormente, el 31 de marzo de 2022 regresaron a la Base Antártica Conjunta Esperanza las familias, los maestros de la Escuela Provincial N° 38 Raúl Ricardo Alfonsín y el resto del personal que habitualmente presta servicios en la misma y cuya dotación se había reducido al máximo como consecuencia de la pandemia de Covid-19, en el caso especial de la escuela, la misma reabrió sus puertas luego de permanecer un año cerrada en cumplimiento de los protocolos sanitarios establecidos por las autoridades nacionales.

Durante este período se tomó también una decisión muy auspiciosa para la actividad antártica argentina ya que el 26 de diciembre el Poder Ejecutivo Nacional aprobó los fondos para que el astillero estatal Tandanor, junto con la consultora finlandesa Aker Arctic, avancen en el diseño y construcción de un nuevo buque polar que complemente al rompehielos ARA Almirante Irízar en el abastecimiento de las trece bases antárticas argentinas, proyecto al que nos hemos referido en anuarios anteriores y lamentablemente había sido suspendido en 2015. Debemos recordar que esta ya era una iniciativa propuesta por el general Edgard Leal cuando fue invitado por el ministerio de Defensa para estudiar la reconstrucción del rompehielos, que había sufrido un siniestro en 2007: disponer de un buque polar auxiliar con gran capacidad de transporte de cargas y combustibles que pueda navegar en aguas antárticas con presencia de hielo y priorizar al ARA Almirante Irízar como buque multipropósito con nuevas capacidades científicas, con el objetivo de convertirlo en un observatorio oceanográfico argentino.

Asimismo, se conoció el objetivo del gobierno nacional de reactivar el proyecto inconcluso de poner en valor la Base Antártica Argentina Petrel construyendo en la misma una pista principal de 1.800 metros de largo y otra secundaria de 1.300, en las que puedan operar los aviones Hércules C-130 o aeronaves más pequeñas, y en lo posible un muelle que permita operar con cargas desde los buques.

La ventaja de Petrel, además de su ubicación en un lugar muy plano es que allí ya existía una base permanente y hoy el proyecto es ampliar su capacidad para el alojamiento de sesenta personas y tres laboratorios científicos, una planta de tratamiento de líquidos cloacales, una de potabilización y una casa de emergencias. Con esta infraestructura la base permitiría centralizar todas las cargas que hay que distribuir en las trece bases antárticas argentinas y todos los materiales que hay que replegar de las mismas cada año ya que cuenta con mejores perspectivas climáticas y meteorológicas para la operación aérea y en sus costas pueden operar todos los buques que se despliegan en la campaña, algo que en la Base Marambio sólo puede hacer el rompehielos Almirante Irízar. Pese a ello, esta última constituye la principal cantera de estudios paleontológicos en la Antártida y todos los campamentos de investigación científica van a continuar su labor en ese lugar.

La reactivación efectiva de esta base significaría un cambio de paradigma en las campañas antárticas argentinas pues permitiría a nuestro país contar con un nodo logístico que enlazaría en un solo lugar el transporte aéreo y el marítimo, reduciendo costos e impacto ambiental. Petrel ocupa una ubicación estratégica en el norte de la península antártica que nos permitiría concretar un eje logístico Ushuaia-Petrel similar al que hoy opera Chile entre la Base Frei y la ciudad de Punta Arenas, lo que le daría un atractivo y un diferencial claro respecto del resto de los operadores de programas antárticos en el norte de la península.

Desde 2017, por medio de numerosas publicaciones y muy especialmente desde este Anuario en Relaciones Internacionales, veníamos insistiendo en la necesidad de completar el proyecto inconcluso de establecer un centro de operaciones integrado en la Base Petrely podemos cerrar el período de esta edición viendo que se ha retomado el mismo, al igual que la buena noticia que a partir del mes de abril de 2022 todas las bases antárticas argentinas completaron su conexión con los satélites ARSAT al haber incorporado este sistema a la base Orcadas, que dependía de servicios de empresas internacionales.

También se ha lanzado el proyecto de creación del Polo Logístico Antártico en Tierra del Fuego que era otra de las propuestas desde hace años promovidas por el Departamento del Atlántico Sur de IRI, junto al Polo Científico Antártico, en el cual se unifiquen todos los institutos científicos nacionales, convirtiendo a la Isla Grande de Tierra del Fuego en la verdadera capital nacional de la Antártida Argentina, lo que la transformaría en una plataforma competitiva para obtener ingresos económicos genuinos que deberían ser reinvertidos en el Programa Antártico Argentino.

Este año las disputas entre la República Argentina y el Reino Unido por el problema de su presencia en el Atlántico Sur se trasladaron a la XLIV Reunión Consultiva del Tratado Antártico y la 24° Reunión del Comité de Protección Ambiental,que se realizaron entre los días 23 de mayo y 2 de junio en la ciudad alemana de Berlín, encuentro que constituyó el más reciente desafío para el Tratado Antártico luego de dos años de pandemia en que los delegados y especialistas mantuvieron una intensa actividad virtual, y la actual reactivación de la actividad humana en la Antártida. En estas reuniones se trataron cuestiones relativas al funcionamiento del Tratado Antártico y su Secretaría, la protección ambiental y el cambio climático, asuntos científicos y de cooperación internacional, la seguridad en las operaciones antárticas, la actividad antártica de los programas nacionales y muy especialmente la regulación del turismo antártico, pues se prevé un crecimiento del mismo por la reactivación de esta industria luego de un prolongado período de limitaciones por la pandemia del Covid-19. Esto constituirá un gran desafío para los administradores antárticos nacionales ya que esta actividad requiere de un efectivo control para que se cumplan las normas establecidas por el Sistema del Tratado Antártico para el resguardo del medio ambiente y las dificultades para ejercitar el mismo debido a las características de asilamiento y extensión, tanto del continente como del mar y las barreras de hielo circundantes. La reactivación del turismo antártico constituye también una gran oportunidad para la administración colonial de las Islas Malvinas, no solo para obtener recursos económicos, sino fundamentalmente para tratar de difundir a nivel internacional su visión falsificada de la historia del archipiélago y la Argentina debe redoblar sus esfuerzos para contrarrestarlo a través de un trabajo similar desde los puertos de la isla grande de Tierra del Fuego, especialmente la ciudad de Ushuaia, donde muchas veces atracan los cruceros turísticos internacionales que luego continúan su derrotero hacia el Continente Antártico, haciendo en su trayecto una visita a las Islas Malvinas.

Precisamente, durante la Reunión Consultiva del Tratado Antártico la representación argentina denunció que buques pesqueros de bandera británica se encuentran operando ilegalmente en las aguas circundantes a las Islas Georgias del Sur con ilegítimas licencias emitidas por el Reino Unido y fuera del marco multilateral que rige la pesca en dicha área, que desde 1982 se encuentra regulada por la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA), advirtiendo que esta convención había logrado durante 40 años evitar la sobrepesca y el colapso del sistema marino antártico. Los representantes argentinos instaron a todos los miembros de la CCRVMA a evitar la comercialización del producto de dicha pesca ilegal, solicitando incorporar estos buques de pabellón británico en la lista de buques que incurren en pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), reclamando el apoyo de los demás miembros en dicho proceso. Asimismo, Argentina reiteró su rechazo a estas acciones unilaterales del Reino Unido por no ajustarse a los principios de cooperación antártica y buena fe que caracterizan al Sistema del Tratado Antártico, solicitando el cese inmediato de esta pesca ilegal.

Debemos dejar constancia que ya en la presentación de nuestro Departamento del Anuario en Relaciones Internacionales 2021 advertíamos que había pasado desapercibido en el Consejo de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los Espacios Marítimos Correspondientes un tema que está relacionado con la pesca en las islas subantárticas en disputa con el Reino Unido: el Acuerdo de cooperación antártica argentino-británico de 2017, que si bien pareciera inocuo para la Cuestión Malvinas y estar en consonancia con las obligaciones asumidas por ambos estados en el marco del Tratado Antártico, el problema que tiene este acuerdo es que no especifica que tal cooperación se circunscribe al sur del paralelo de 60° S, o sea estrictamente al ámbito de aplicación de dicho tratado, ya que en el área de las Islas Georgias y Sandwich del Sur, al norte de estas coordenadas rige la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Antárticos, que integra el Sistema del Tratado Antártico, pero donde no rige el artículo cuarto de dicho tratado, por lo que si nuestro país coopera con el Reino Unido al norte del paralelo de 60° S -en los espacios que paradójicamente están usurpados y bajo ocupación militar británica- en virtud de este acuerdo internacional firmado de 2017, implícitamente estaría reconociendo la pretendida soberanía del Reino Unido sobre los mismos. Este acuerdo se firmó en consecuencia del Comunicado Conjunto Foradori-Duncan de 2016 que desde hace tantos años venimos reclamando su denuncia o en su efecto la revisión de todos los documentos complementarios firmados en el marco del mismo, sin embargo, los distintos secretarios de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la cancillería han manifestado que no sería necesario.

Es muy importante la actitud de los representantes argentinos en las reuniones del Tratado Antártico pero es sorprendente el silencio del Consejo Asesor del Poder Ejecutivo Nacional al respecto, ya que durante este tiempo ha producido numerosas manifestaciones de ratificación de los derechos argentinos sobre las áreas geográficas usurpadas por el Reino Unido, en vísperas del 40° aniversario de la Guerra de Malvinas, pero no ha pedido la denuncia del Acuerdo de cooperación antártica argentino-británico de 2017.

Para concluir, los miembros del Tratado Antártico eligieron a la ciudad de Helsinki, Finlandia, para las próximas reuniones, las cuales fueron programadas para el período comprendido entre el 29 de mayo y el 8 de junio de 2023.

Durante este período el Reino Unido ha profundizado su propia logística antártica desde las Islas Malvinas para realizar el recambio de dotaciones, el mantenimiento de proyectos de investigación de campo y continuar con las construcciones en la Base Rothera, que es el centro logístico británico en la Antártida. Asimismo, ha renovado sus proyectos de cooperación antártica privilegiada con la República de Chile -para romper el aislamiento de no disponer del apoyo logístico de la Argentina continental- continuando con su “paradiplomacia científica” dirigida a horadar los vínculos que tanto costaron tejer entre ese país y el nuestro luego de la firma del Tratado de Paz y Amistad de 1984. Recordemos que ya el especialista en temas militares británicos James Rogers viene insistiendo desde hace algunos años que Chile y el Reino Unido deben trabajar en conjunto con países como Nueva Zelanda o Australia -pertenecientes al Commonwealth y al área del Pacífico- con el objetivo de evitar “empoderar a estados revisionistas”, eufemismo que utiliza para no nombrar directamente a la República Argentina.

Durante el año 2022 la República Argentina ha conmemorado con mayor trascendencia que durante años anteriores, tanto el 118° Día de la Antártida Argentina: recordando el día 22 de febrero de 1904 en que se izó por primera vez nuestra bandera en el lugar, al hacerse cargo el gobierno nacional de las instalaciones y del observatorio meteorológico y magnético de la isla Laurie, en el archipiélago de las Islas Orcadas del Sur, como dando a conocer y promoviendo los distintos proyectos en curso para consolidar la presencia argentina en la Antártida; y el sistema educativo nacional el Día de la Confraternidad Antártica, que se celebra todos los 21 de junio en reconocimiento de los científicos y militares que invernan allí en defensa de la soberanía y la promoción de la ciencia argentina, fecha que coincide con el Solsticio de Invierno y tiene como antecedente la Ley N° 25.433 promulgada el 11 de julio de 2001 que autoriza al personal superior, subalterno y civil de las Fuerzas Armadas, y civil dependiente de la Dirección Nacional del Antártico-Instituto Antártico Argentino, que haya realizado campañas invernales en las bases antárticas, a agregar al grado y/o título que revisten la expresión “Expedicionario al Desierto Blanco”. A esto se sumó un proyecto que propuso incorporar al calendario escolar un día específico que invite a la reflexión sobre la temática antártica, lo que se realiza con material pedagógico adecuado para enseñar, conmemorar y concientizar a los alumnos de los distintos niveles educativos sobre la importancia de la presencia argentina en la Antártida. Finalmente en 2013 la legislatura de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur promulgó la Ley N° 936 instituyendo en el ámbito provincial el Día de la Confraternidad Antártica, legislación a la que adhirieron muchas provincias argentinas. También se le dio mayor publicidad al 71° aniversario del Instituto Antártico Argentino, el 60° aniversario del primer vuelo argentino al Polo Sur Geográfico, el 80° aniversario del primer vuelo argentino en la Antártida y el 70° aniversario del primer vuelo del Correo Argentino a la Antártida.

Estas celebraciones han tomado posiblemente este año una trascendencia especial por encontrarse dentro de la agenda oficial del 40° aniversario de la Guerra de Malvinas pero sería deseable que no se trate de una circunstancia pasajera y tanto las mismas y muy especialmente, los proyectos concretos para consolidar la presencia argentina en la Antártida, se conviertan en una verdadera política de Estado que trascienda a los distintos gobiernos y aún a las distintas formaciones políticas que se alternen en el poder.

 (*) Se advierte que durante la redacción de esta Presentación y de la Cronología se ha respetado lo establecido por la legislación nacional que dispone que a partir del 02.07.09 debe utilizarse la toponimia argentina para designar los sitios ubicados en las Islas Malvinas cuando estos tuvieran distinta denominación en la cartografía británica. Por eso se ha traducido «Islas Malvinas», aún cuando la expresión de la fuente británica fuera «FalklandIslands», con la sola excepción de la transcripción de lo relatado por el vice canciller británico Alan Duncan en su diario íntimo, especialmente cuando se refiere a su conversación con la señora Malcorra y lo declarado por el entonces canciller del Reino Unido, Boris Johnson, ante la comisión de relaciones exteriores del parlamento británico en octubre de 2016, para no desvirtuar el sentido impactante de las mismas así comola denominación del stand de la colonia británica de las Islas Malvinas en a Feria Internacional de Turismo de San Pablo, en flagrante violación de las normas Mercosur que se refieren al apoyo a la República Argentina en la Cuestión de las Islas Malvinas.

Notas

[1] Si bien el Reino Unido no pertenece más a la Unión Europea desde el 31 de enero de 2020 y por lo tanto los territorios usurpados ya no integran el capítulo de “territorios de ultramar” de un país integrante de este bloque regional hay que advertir que la importante base aeronaval que el mismo ha instalado en las Islas Malvinas continúa perteneciendo al sistema defensivo de la OTAN y que la mayor parte de los países europeos integran el mismo.

[2] BIANGARDI DELGADO, Carlos Alberto: CUESTIÓN MALVINAS. Atlántico Sur, Plataforma Continental y Antártida. Tesis de Maestría en Relaciones Internacionales. Revista Relaciones Internacionales N° 42 (Segmento Digital). IRI-UNLP, Segundo Semestre 2012.

[3] Ferrer Vieyra, Enrique: “Las Islas Malvinas y el Derecho Internacional”. Lerner Editora. Córdoba, 2007. Pág. 74.

[4] Recordemos por un lado que durante la visita a Buenos Aires de la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos de América, General Laura J. Richardson, en abril de 2022, la misma manifestó la preocupación de su país por este emprendimiento científico y estratégico chino-argentino, y por el otro, que el Reino Unido es el encargado de custodiar los intereses hemisféricos en esta zona del planeta desde su Comando Naval del Atlántico Sur, siendo el mayor aliado de EE.UU. tanto a nivel planetario como en la OTAN.

[5] Todos sabemos que desde 1978 opera en el N° 6 de la calle Lodge Street de la ciudad inglesa de Bristol el “Comité Exterior Mapuche”, reconvertido en 1996 en “The Mapuche Nation” -en su denominación original- el que reivindica las acciones violentas del RAM como una forma de lucha para “recuperar la Patagonia” y tiene como objetivo su reconocimiento internacional, vinculándose a todos los grupos europeos que simpatizan con las luchas de los pueblos indígenas, con el fin último de la autodeterminación para independizarse de los estados de Chile y Argentina. Alrededor de todos estos grupos existen ONG “altruistas” de origen europeo cuya intención es la fractura de los estados nacionales en zonas ricas en recursos naturales y están actuando intensamente en Brasil, como lo expone el prestigioso profesor Argemiro Procopio en su obra Quo Vadis Amazonia?(Grupo Editorial Latinoamericano. Buenos Aires, 2009) quien denuncia que las mismas muchas veces se desempeñan en la frontera del crimen organizado. El Reino Unido es el país europeo que ha exportado más de estas ONG que están financiando la profundización de conflictos intermésticos en toda América Latina al punto que en forma paralela a su diplomacia oficial ya podemos hablar de una paradiplomacia de sus ONG, como en algún momentos nos hemos referido a la paradiplomacia científica británica en temas antárticos. Si recordamos la historia de la independencia de las colonias hispanolusitanas en América comprobaremos que nada ha cambiado.

[6] Refiriéndose al Acuerdo de Londres, por el cual la diplomacia argentina aceptó el ingreso de nuestros ciudadanos a las Islas Malvinas acreditando su identidad mediante el pasaporte a las autoridades británicas de migración.

[7] Recordemos que el Decreto 104/2004 del presidente Néstor Kirchner estableció la radarización de todo el territorio nacional encomendando esta tarea al ministerio de Planificación Federal, junto con el de Defensa y la Fuerza Aérea, habiéndose contratado recién en 2011 a la empresa INVAP para que realice el desarrollo, construcción e instalación de radares primarios y secundarios de última tecnología y que ha existido una gran morosidad en su cumplimiento pese que ya en 2010 circulaban rumores de vuelos ilegales de la Fuerza Aérea británica sobre la isla grande de Tierra del Fuego y su aterrizaje en la ciudad chilena de Punta Arenas.

[8] Sin embargo, también nos encontramos en este caso ante otro ejemplo de la falta de memoria de la clase política argentina ya que desde 2014 existe la Ley Nacional 27.023 que determina la obligación para todo el transporte público y en las estaciones de pasajeros de tener a la vista y en lugar destacado la leyenda “Las Islas Malvinas son Argentinas” con una tipografía y formato determinado, la que debe ser aplicada en el transporte público de pasajeros que se desplaza por calles, avenidas, autopistas, al realizado por ferrocarril, al transporte fluvial, lacustre, marítimo y aéreo. Lamentablemente la Secretaría de Transporte de la Nación, que es el órgano de aplicación de esta ley, ha demostrado nulo interés en su cumplimiento y ahora, con motivo del 40° aniversario de la Guerra de Malvinas algún legislador ha tomado la iniciativa de presentar un proyecto de ley similar, ningún organismo administrativo del Congreso de la Nación se lo advirtió y es indudable que el Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los Espacios Marítimos e Insulares Correspondientes no ha tenido todavía tiempo de organizar un digesto con toda la legislación que existe sobre el tema de su incumbencia para verificar su cumplimiento y evitar esta superposición de esfuerzos. Recordemos que ahora, el 14 de junio de 2022, el parlamento nacional dio media sanción a una nueva ley que propone colocar la frase “Las Malvinas son Argentinas” en todas las dependencias del Estado.

[9] Lo que marcó un contraste con la conmemoración oficial del Reino Unido del 14 junio, con motivo de los 40 años de la rendición de las fuerzas argentinas en la Guerra de Malvinas por la decisión del gobernador militar general Mario Benjamín Menéndez, desarrollándose una importante ceremonia en el National Memorial Arboretum, en el centro de Inglaterra, organizada por la Real Legión Británica, al que fueron invitados los veteranos de guerra, los familiares de los soldados caídos y el personal de apoyo. El acto incluyó una conexión en directo con un evento militar celebrado en el denominado Cementerio 1982 de Puerto Argentino.

Actividades

Durante el período correspondiente al presente Anuario el Departamento del Atlántico Sur y sus integrantes han realizado las siguientes actividades, complementarias de las tareas de investigación de cada uno de sus miembros:

El 10 de junio de 2022, coincidiendo con la conmemoración del “Día de Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas y demás archipiélagos del Atlántico Sur”, en el año del 40 aniversario del conflicto argentino-británico de 1982, el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata estampó un testimonio de los derechos de nuestro país sobre los espacios geográficos usurpados por el Reino Unido y su trayectoria en defensa del reclamo soberano de la República Argentina mediante la inauguración de un mural erigido en el ingreso de su sede, como marca territorial para que las nuevas generaciones lo tengan siempre presente y continúen los esfuerzos realizados desde la creación del antiguo Departamento de Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a partir de 2016 Departamento del Atlántico Sur.

• El Coordinador del Departamento, Carlos Alberto Biangardi Delgado:

Presentación en Jornadas Académicas:

El 16 de julio de 2021 dictó la conferencia “La Cuestión Malvinas. Propuesta para la construcción de una política de Estado”, en el marco del ciclo Aportes al Proyecto Nacional, organizado por el Instituto de Estudios Nacionales.

El 5 de septiembre de 2021 disertó sobre el tema: “Claves geopolíticas del nuevo conflicto argentino chileno en la frontera austral”, ante la Reunión Extraordinaria de la Mesa Ejecutiva del Bloque Argentino de la Unión Parlamentaria el Mercosur y Comisión R.I.M.I., organizada por la Legislatura de la Provincia de Mendoza.

El 16 de septiembre de 2021 participó como expositor en el conversatorio “El actual conflicto limítrofe con Chile. Causas posibles y escenarios”, organizado por la Secretaría de Malvinas, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

El 24 de septiembre de 2021 asistió a la conferencia virtual “Espacios geopolíticos argentinos” dictada por el Gral. Fabián Brown en el marco del ciclo de conferencias Aportes para el Proyecto Nacional del Instituto de Estudios Nacionales.

El 22 de octubre de 2021 dictó la conferencia “El nuevo conflicto con Chile en la frontera austral y su vinculación con la Cuestión de las Islas Malvinas”, organizada en el marco del “Ciclo Malvinas presenta 2021” de la Asociación Civil Sanmartiniana.

Los días 9, 10 y 11 de noviembre de 2021 participó en el XXXII Congreso Argentino de Derecho Internacional, organizado por la Asociación Argentina de Derecho Internacional con el auspicio de la Universidad de Flores.

El 19 de abril de 2022 participó como expositor en la jornada “A cuarenta años del conflicto del Atlántico Sur”, organizada por el Colegio de Abogados del Departamento Judicial La Plata.

El 9 de junio de 2022 dictó la conferencia “Cuestión Malvinas: 189 años de usurpación británica y desconocimiento del Derecho Internacional”, en el marco de la Maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata.

El 22 de junio de 2022 es confirmado en el Comité Científico de la revista interdisciplinaria “Malvinas en Cuestión”, de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata.

La Universidad Católica de Salta lo invitó a participar con un artículo sobre el tema: “La inconveniencia de someter la Cuestión de las Islas Malvinas a la Corte Internacional de Justicia”, en la revista especial editada en conmemoración del 40° aniversario del conflicto argentino-británico del Atlántico Sur.

Fue designado como Jurado de Tesis de la maestrando en Relaciones Internacionales Florencia Shqueitzer sobre el tema “La política exterior del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner hacia la Cuestión Malvinas (2007-2015). Estrategias de obstaculización, bloqueo y presión internacional para impedir la autodeterminación”.

Asimismo, ha participado en el programa “Tiempo Internacional” sobre la problemática del Atlántico Sur y ha sido reporteado sobre el tema por Radio Universidad Nacional de La Plata, FM Cielo, Radio Universidad Nacional de Córdoba, Radio Universidad Nacional de Posadas, Radio Provincia de Buenos Aires, Radio Universidad Nacional de San Juan, el portal “Pal´Sur: una manera diferente de mirar la Patagonia” y otros medios del interior del país, y sus artículos publicados en la página web del IRI reproducidos por “El Economista” y el boletín del Instituto de Estudios Nacionales, entre otros.

Publicaciones

La Revista “Cuadernos para el encuentro de una nueva huella argentina” lo invitó a publicar un artículo en su edición N° 62, dedicada al “40 aniversario de la Gesta de Malvinas”.

En el libro “Entrevistas sobre Malvinas, Atlántico Sur y Antártida a 40 años de la Gesta de Malvinas”, de Luciano Rodrigo Moreno Calderón, se incluyen los principales reportajes realizados al Coordinador del Departamento por el portal “Pal´Sur: una manera diferente de mirar la Patagonia” durante los últimos años, junto a los de 40 especialistas en la materia, funcionarios, diplomáticos y Veteranos de Guerra de Malvinas. UMA La Plata-Ushuaia, 2022.

El Boletín N° 62 del Instituto de Estudios Nacionales publicó una versión literal de su conferencia “La Cuestión Malvinas. Propuesta para la construcción de una política de Estado”, actualizada y anotada al 14 de junio de 2022.

“Comunicado del Departamento del Atlántico Sur sobre el nuevo conflicto con Chile” (30/08/2021). Ver más

“Reflexiones en vísperas del 40 aniversario del 2 de Abril de 1982” (1/4/2022). Ver más

“El Reino de España y la pesca ilegal en la Zona Económica Exclusiva de la República Argentina” (13/05/2022). Ver más

“LA HISTORIA SE REPITE” (30/06/2022). Ver más

“Año del 40° aniversario de la Guerra del Atlántico Sur. Homenaje del IRI a las Mujeres de Malvinas” (01/04/2022). Ver más

• El Secretario del Departamento, Federico Martín Gómez:

Presentación en Jornadas Académicas:

Participó en carácter de expositor sobre “D10s y la construcción de la Cuestión Malvinas: una aproximación a las marcas territoriales en la Argentina continental”, durante el XV Congreso Nacional de Ciencia Política “La democracia en tiempos de desconfianza e incertidumbre global. Acción colectiva y politización de las desigualdades en la escena política”, realizado en la ciudad de Rosario los días 10 a 13 de noviembre de 2021.

Participó en carácter de expositor sobre “Escenarios humanitarios en Malvinas después de Malvinas: El estudio de Desminado Humanitario el Plan Proyecto Humanitario” en el desarrollo de las Jornadas Académicas “Experiencias humanitarias y de la paz a 40 años de Malvinas”, organizadas por la Red Federal de Estudios sobre Malvinas ReFEM 2065 y la Red Federal de Estudios sobre el Derecho Humano a la Paz, realizada el 7 de abril de 2022 en forma virtual.

Participó en carácter de expositor en la mesa “Malvinas, 40 años desafíos y reflexiones”, durante el V Congreso del Consejo Federal de Estudios Internacionales CoFEI, realizado en la ciudad de Santiago del Estero el día 23 de junio de 2022.

Participó en carácter de expositor en la mesa “Construcciones y desafíos de Malvinas a través del tiempo”, en el marco de la Jornada Académica de Investigación y Reflexión 40 años de Malvinas

Participó en carácter de expositor en la mesa “Encuentros y desencuentros de la política exterior argentina hacia la Cuestión Malvinas”, en el marco de la Jornada Académica de Investigación y Reflexión 40 años de Malvinas.

Participación en carácter de expositor en la mesa “Cuestiones humanitarias vinculadas a la Cuestión Malvinas”, en el marco de la Jornada Académica de Investigación y Reflexión 40 años de Malvinas”.

Publicaciones

Compilación del dossier especial de la Revista de Relaciones Internacionales del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata sobre «DOSSIER A 40 AÑOS DE MALVINAS». Ver más

«A 50 años de los acuerdos de comunicaciones de 1971. Actores, acciones, escenarios y potencialidades». Ver más

“Nosotros estuvimos ahí. El rol y el posicionamiento de los políticos argentinos en los días iniciales de la guerra de Malvinas”. Historia Actual Online. 2, 58 (jun. 2022), 101–118. Ver más

Construcción de abordajes académicos sobre la “Cuestión Malvinas”. Revista Perspectivas UCALP. Núm. Especial (2022): Número especial. Ver más

“Cómo, qué y por qué abordar la Cuestión Malvinas desde la política exterior argentina? Y no desfallecer en el intento”. Revista de Investigación en Política Exterior Argentina – RIPEA. Volumen 1, Número 1 (Diciembre 2020- Julio 2021). Ver más

Dossier N° 4 ReFEM 2065 CoFEI: “LA SOCIEDAD CIVIL Y EL RECLAMO SOBERANO POR MALVINAS. De 1960 al presente”. Ver más

• El integrante del Departamento, Raphael Fernandez Vieira

Fue designado en septiembre de 2021, en representación de Brasil, en el Consejo APECS (Association of Polar Early Career Scientists).