En octubre de 2014 se produjo un verdadero hito en la historia de las relaciones internacionales^[2]. Suecia se convirtió en el primer país del mundo en anunciar su compromiso con el sostenimiento de una política exterior de carácter feminista. La decisión adoptada por este país europeo tuvo una amplia y positiva repercusión, lo cual llevó a otros países a tomar un rumbo similar – aunque con menores grados de consolidación e institucionalización – en los años siguientes: Canadá (2017), Francia (2019), Luxemburgo (2019), México (2020), España (2021) y Alemania (2022)^[3].

A lo largo de sus casi ocho años de existencia, la autodenominada Política Exterior Feminista (PEF) de Suecia debió lidiar con un importante número de issues en el escenario internacional, como ser la crisis de los refugiados del 2015, la guerra civil en Siria, el avance del Estado Islámico o la pandemia de la COVID-19. Sin embargo, este año las autoridades nórdicas han tenido que enfrentar lo que probablemente constituya el mayor desafío de todo el periodo: la invasión rusa a territorio ucraniano y la desestabilización del orden de seguridad europeo establecido tras el final de la Guerra Fría. La respuesta adoptada frente a dicha problemática, es, por lo tanto, clave para comprender el verdadero carácter de la PEF sueca, su alcance y sus evidentes límites.

Teniendo en cuenta lo anteriormente señalado, el presente artículo se estructura de la siguiente manera. En primer lugar, se hace un recorrido por los debates teóricos existentes entre el feminismo y la corriente realista de las Relaciones   Internacionales, remarcando los nutridos puntos de desacuerdo entre ambos enfoques. Esto, constituye la base sobre la cual se argumenta en los siguientes apartados, que la respuesta implementada por Suecia frente a la agresión rusa no se condice con los postulados del feminismo en las Relaciones Internacionales, y que más bien se inspira en definiciones propias del realismo. En segundo lugar, se hace una breve descripción de las características fundamentales de la política exterior implementada por Suecia a partir del cambio de gobierno en 2014, para, a continuación, problematizar la respuesta de Estocolmo frente a la invasión rusa a Ucrania. En este punto, se señala que el actual alejamiento de posiciones vinculadas con el feminismo, no debe pensarse en términos de abrupta ruptura, sino más bien de profundización de tendencias ya existentes. Y, por último, se reflexiona brevemente sobre las implicancias que todo esto podría tener para el futuro desarrollo de políticas exteriores, inspiradas o influenciadas por posicionamientos feministas.

Feminismo y realismo

Hasta finales de la década del ochenta del siglo pasado, los desarrollos teóricos feministas dentro del campo de las Relaciones Internacionales fueron prácticamente inexistentes. Recién a partir de 1987 se publicaron los primeros trabajos académicos que cuestionaban, desde una perspectiva atenta al género, la configuración y las dinámicas de las relaciones internacionales. Esta irrupción del feminismo al interior de una disciplina marcadamente conservadora, fue posible principalmente por dos razones. En primer lugar, la presión ejercida en las décadas previas sobre diversos ámbitos académicos por lo que se conoció como la “segunda ola” del feminismo. En segundo lugar, el final de la Guerra Fría y la consecuente apertura de la disciplina a nuevos enfoques y temas de estudio, no necesariamente centrados en lo estratégico militar.

Aunque el desembarco del feminismo en el ámbito de las Relaciones Internacionales demoró bastante, una vez que lo hizo, esta corriente logró rápidamente generar un profuso desarrollo teórico y metodológico. Siendo, una parte importante del mismo, elaborado al calor de las discusiones con el paradigma realista, durante mucho tiempo hegemónico al interior de la disciplina^[4]. En este sentido, debemos recordar que uno de los textos fundacionales de la perspectiva feminista de las Relaciones Internacionales, es precisamente una crítica y reelaboración de los principales pilares de la teoría realista: Hans Morgenthau Principales of Political Realismo: A Feminist Reformulación, de Ann Tickner (1987).

Para los realistas, el sistema internacional es anárquico y conflictivo (Barbé, 1987). Dentro del mismo, los Estados (unidad de análisis fundamental para esta perspectiva teórica) actúan de forma racional en defensa del interés nacional, buscando para ello el acrecentamiento del poder, fundamentalmente entendido en términos militares y económicos (Barbé, 1987). El panorama descrito por los realistas, es, en tal sentido, muy similar al estado de naturaleza hobbesiano. Un estado de guerra permanente, ya sea latente o manifiesta, en el cual priman los comportamientos egoístas y de auto preservación.

Las relaciones de poder que se establecen entre los Estados son, por ende, de suma cero. Y estas, se sustentan principalmente en las capacidades político-militares que poseen los mismos. La lucha por el poder internacional es constante, ya que la lucha de intereses es permanente e indeterminada. El objetivo de los Estados debe ser la minimización de costos y la maximización de beneficios, teniendo siempre presente que no existe la paz sin el poder, ni la estabilidad sin el potencial recurso de las armas.

Frente a estas concepciones, las académicas feministas han desarrollado varias críticas. La primera de ellas, pone en evidencia el hecho de que los Estados no son los representantes de los intereses nacionales frente a la comunidad internacional, sino solamente los representantes de los intereses de los sectores dominantes al interior de cada sociedad. En este sentido,

En segundo lugar, el feminismo pone en evidencia que los atributos que los  realistas remarcan en el Estado (como ser la racionalidad, la autonomía, o la  capacidad/derecho de recurrir a la violencia si es necesario), son los mismos que – no  casualmente – conforman la noción tradicional del hombre soberano de sí mismo: un  individuo masculino, propietario de su persona y de sus bienes, aislado de sus  semejantes, y que actúa de manera racional en pos de su interés particular (Patean,  1996). Es decir, que los Estados están configurados en tanto Estados masculinizados, al ser portadores de los mismos atributos que socialmente se asocian a la masculinidad (o, al menos, a un tipo de masculinidad hegemónica).

A su vez, desde el feminismo en las Relaciones Internacionales se cuestiona la separación entre políticas exteriores y políticas domésticas, sobre la cual se construyen las nociones de alta política y baja política, centrales en el esquema de pensamiento realista. Esta última distinción, opera en un doble sentido en perjuicio de las mujeres.  Por un lado, genera un coto cerrado, protegido, y de acceso casi exclusivo para los varones. Por el otro, la asociación de las políticas domésticas con la baja política – en contraposición a la alta política propia de lo internacional – contribuye a minimizar o quitarle relevancia a las problemáticas que sufren las mujeres fronteras adentro, e impide ver la conexión existente entre estas cuestiones y asuntos de orden global (por ejemplo, los flujos migratorios, el comercio de armas, el desarrollo de conflictos transnacionales, etc.).

Por último, es necesario recordar que una parte sustancial del feminismo impugna la visión tradicional de seguridad, fuertemente influida por la visión realista (Marchand, 2014; Lozano Vázquez, 2012). En contraposición, plantea la necesidad de construir una noción de seguridad que priorice la protección de las personas por sobre la defensa de las fronteras; que sea multidimensional, para poder abarcar riesgos no necesariamente vinculados con amenazas militares; y que reconozca que la seguridad de un Estado no implica necesariamente que las mujeres que lo habitan se encuentren seguras.

Menos aún, en el contexto de Estados históricamente construidos sobre la base de la exclusión política de las mujeres y su relegamiento de la esfera pública de toma de decisiones (Patean, 1995)^[5]. Los cuales, no solamente se han configurado en función de atributos o características tradicionalmente asociadas con lo masculino, tal como señalamos previamente, sino que además han sido garantes de un ordenamiento jurídico y social de raigambre patriarcal. Esto, lleva a Catherine MacKinnon (1989) a sostener que “el poder estatal, encarnado en la ley, existe en toda la sociedad como poder masculino, al mismo tiempo que el poder de los hombres sobre las mujeres en toda la sociedad, se organiza como poder del Estado” (p.303).

La Politica Exterior Feminista de Suecia: un breve panorama

En el mes de septiembre de 2014, el Partido Socialdemócrata de Suecia, en alianza con el Partido Verde – y con el coyuntural respaldo de sectores de izquierda –, se impuso en las elecciones generales recuperando el poder luego de ocho años de gobiernos de centro-derecha.

Entre las novedades impulsadas por la flamante coalición gobernante, tuvo un lugar destacado la implementación de una política exterior autodenominada como feminista. Al frente de la misma, y ocupando el cargo de Ministra de Asuntos Exteriores, estaba Margot Wallström. Quien, para ese momento, ya tenía una amplia experiencia dentro de organismos internacionales, y un indudable compromiso con el empoderamiento de las mujeres en el ámbito de las relaciones internacionales.

Con el objetivo de explicitar y sistematizar el contenido de su PEF, las autoridades nórdicas publicaron a comienzos del 2015 el Plan de Acción del Servicio Exterior Sueco para una Política Exterior Feminista, el cual fue integrado dentro del Plan Operacional del Servicio Exterior de Suecia. Según este documento, Suecia pasaba a tener seis objetivos prioritarios en materia de política exterior: la salvaguarda de los Derechos Humanos; la protección de mujeres, niñas y niños frente a diversas formas de violencia; la incorporación de mujeres a los procesos de prevención y resolución de conflictos internacionales; el fortalecimiento de los derechos reproductivos y de salud sexual; el empoderamiento económico de las mujeres; y la ampliación de la representación femenina en espacios institucionales de toma de decisiones.

A fin de alcanzar dichos objetivos, desde Estocolmo se establecieron cuatro pilares o principios orientadores, popularmente conocidos como las cuatro erres, debido a su traducción al inglés. Ellos son los derechos (rights), los recursos (resources), la representación (representation), y el análisis de la realidad (reality). Según la propia Wallström,

Esta orientación de la política exterior sueca, aunque novedosa en su formulación – o más concretamente, en su adjetivación –, estaba sustentada en un importante número de documentos y convenciones internacionales, como por ejemplo la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los subsecuentes pactos internacionales de carácter humanitario, el Plan de Acción de Beijing, la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sustentable, la Convención de Estambul contra la Violencia hacia la Mujer, y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

Tal como se señaló previamente, el real compromiso de la PEF sueca con los objetivos enunciados en el Plan de Acción, así como también su grado de concordancia con los postulados del feminismo en las Relaciones Internacionales, fueron puestos en cuestión en múltiples oportunidades. Sin embargo, será el ataque ruso contra Ucrania iniciado a comienzos de este año, el que abrirá un verdadero interrogante sobre la continuidad o no, de una política exterior que pueda denominarse efectivamente como feminista.

Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago

El 24 de febrero de 2022, el presidente ruso Vladimir Putin lanzó una ofensiva militar contra territorio ucraniano, alegando la necesidad de proteger a la población prorrusa de las regiones de Donetsk y Luhansk. Dicho ataque, ha provocado la mayor crisis de seguridad del continente europeo desde finales de la Guerra Fría, y ha puesto en riesgo la estabilidad, no sólo regional sino también mundial. La invasión rusa, además, ha causado una acelerada complejización del escenario internacional, debido al aumento de las tensiones entre las grandes potencias – China y Estados Unidos incluidos – y los efectos negativos sobre la economía global, aún en vías de recuperación tras la pandemia de la COVID-19. Y por supuesto, ha dado lugar a un desastre humanitario, sin parangón en la historia europea reciente.

Frente a semejante panorama, Suecia tenía una oportunidad sumamente valiosa para intervenir desde una perspectiva sustancialmente diferente a la de otros países, evidenciando un fuerte compromiso con un enfoque feminista, interseccional y humanitario de las relaciones internacionales. Sin embargo, lejos de destacarse por esto, los suecos más bien se plegaron a la respuesta hegemónica y mayoritaria, encabezada por las grandes – y tradicionales – potencias occidentales, como Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania: es decir, aplicación de sanciones, fortalecimiento de las capacidades militares propias, y abundante entrega de armamento al país aliado^[6].

En este sentido, resulta extremadamente llamativo que Suecia ni siquiera intentó seriamente poner en marcha mecanismos de negociación y búsqueda de acuerdo multilaterales, que pudieran atenuar el conflicto bélico y encontrarle una salida pacífica al mismo. Contradiciendo, de esta forma, una larga tradición de intervenciones en conflictos internacionales como impulsora del diálogo entre las partes, y desestimando una gran experiencia acumulada al respecto.

Experiencia, que en parte se ha cristalizado en organismos como la Red de Mediación de Mujeres Suecas, creada en el 2015, y cuyo objetivo es “promover la resolución pacífica de conflictos e impulsar de forma activa la participación significativa de la mujer en las iniciativas de consolidación de la paz, antes, durante y después de los conflictos” (Ministerio de Asuntos Exteriores de Suecia, 2019, p.69). Este organismo, compuesto por quince mujeres provenientes tanto de ámbitos gubernamentales como de la sociedad civil, ha sido empleado en conflictos en Burundi, Afganistán, Colombia, Congo, Liberia, Palestina y Zimbabue. Según señalan las propias autoridades nórdicas, “la citada red de mediación proporciona un recurso flexible que puede activarse ágilmente en diferentes contextos de conflicto y responder con rapidez a las necesidades que puedan surgir” (Ministerio de Asuntos Exteriores de Suecia, 2019, p.69). Sin embargo, Estocolmo no ha propuesto ni ofrecido su intervención en el actual enfrentamiento entre Rusia y Ucrania.

De hecho, en lugar de intentar alentar instancias de mediación, apenas 72 horas después de iniciada la invasión rusa, en una declaración conjunta, la Primera Ministra Magdalena Andersson y el Ministro de Defensa Peter Hultqvist anunciaron el envío a Ucrania de cinco mil armas antitanque AT4, cinco mil equipos de protección personal para soldados, y más de ciento treinta mil raciones de campo (Oficina del Primer Ministro de Suecia, 28/2/2022). Dicha decisión, constituyó un hecho sin precedentes en la historia reciente del país nórdico, en tanto Estocolmo no aportaba armamento a países en guerra desde 1939.

El valor total del armamento enviado a Ucrania superaba los 400 millones de coronas suecas (unos 40 millones de dólares), una cifra ampliamente superior a la entregada en simultáneo a las diversas organizaciones y organismos internacionales encargados de contener la catástrofe humanitaria: 20 millones de coronas para la Cruz Roja, y 50 millones para ACNUR (Ministerio de Relaciones Exteriores de Suecia, 28/2/2022). Y diez veces mayor que el costo total del equipamiento – carpas, generadores eléctricos, sistemas de iluminación y medicamentos – que una semana más tarde Estocolmo donó a Moldavia para ser utilizado en los campamentos de refugiados (Ministerio de Justicia de Suecia, 4/3/2022).

Sin embargo, la entrega de armamento realizada a pocos días de iniciadas las hostilidades no fue la única. En efecto, un nuevo envío de armas se concretó a comienzos de junio. En este caso, las tropas ucranianas recibieron rifles de francotirador y antimaterial AG-90, sistemas de misiles antibuque RBS 17, y otras cinco mil armas antitanques AT4 (Ministerio de Defensa de Suecia, 2/6/2022). Además, Estocolmo realizó en paralelo una contribución financiera a las Fuerzas Armadas de Ucrania, cercana a los seis millones de dólares (Ministerio de Defensa de Suecia, 2/6/2022).

A esto, debemos sumarle la asistencia militar que se materializó en al menos una tercera ocasión, y sobre la cual no existen mayores datos debido a que fue catalogada como confidencial por Estocolmo. Según el comunicado emitido en aquella oportunidad por las propias autoridades:

El Gobierno pudo aprobar el apoyo de forma independiente ya que consiste en material excedente. La naturaleza exacta del respaldo es clasificada y no se harán más comentarios por el momento. El secreto es necesario para garantizar que el apoyo llegue y pueda ser utilizado por las Fuerzas Armadas de Ucrania, entre otras razones (Ministerio de Defensa de Suecia, 25/5/2022)

¿Es el abastecimiento de armas a un país en guerra acorde con un enfoque feminista de las relaciones internacionales? Y en caso de que así lo fuera, ¿por qué   Estocolmo no aplicó criterios similares en años previos? Por ejemplo, frente a los ataques de Marruecos contra la población saharaui, de Israel contra los asentamientos palestinos, o del Estado Islámico y Turquía contra los kurdos, Estocolmo siempre apeló al diálogo e instó a ambas partes – incluso a la más débil – a resolver sus diferencias en instancias institucionales internacionales. ¿Cuál es la explicación para esto? ¿Por qué las recetas que las autoridades nórdicas recomiendan para terceros países, todos del sur global, no son adecuadas para afrontar conflictos en su propia vecindad?

Por otro lado, y más allá del doble estándar a la hora de actuar frente a un conflicto bélico, resulta sumamente llamativa la premura con la cual Suecia comenzó a engrosar los arsenales de Ucrania, al punto tal de que es necesario dudar de si en efecto se están tomando las precauciones necesarias al respecto. En este sentido, debemos recordar que las autoridades suecas se enorgullecen de los exigentes controles que aplican sobre las exportaciones de material bélico, muchos de ellos basados en las restricciones impuestas por el Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA). Al respecto, señalan:

Un aspecto importante en esta labor lo ofrece el estricto control ejercido sobre las exportaciones de equipamiento militar sueco, que este país lleva a cabo, por ejemplo, mediante la aplicación del artículo 7.4 del TCA. Dicho artículo, que fue incluido en el referido tratado con el firme apoyo de países como Suecia, exige a los Estados parte tener en cuenta el riesgo de que el material exportado se emplee para –o facilite– actos graves de violencia de género o contra mujeres y niños (Ministerio de Asuntos Exteriores de Suecia, 2019, p.77).

Si consideramos que Suecia autorizó la entrega de armamento a Ucrania, tan solo 72 horas luego de comenzada la invasión rusa, ¿es posible que se hayan realizado las evaluaciones de riesgo pertinentes? Incluso la propia legislación sueca exige el cumplimiento de una serie de requisitos, que difícilmente se hayan podido lograr en un periodo de tiempo tan escaso.

En octubre de 2017, el Gobierno sueco presentó un proyecto de ley al parlamento que incluía propuestas para la mejora de los controles a la exportación de equipamiento militar (…) Dicho cambio legislativo entró en vigor el 15 de abril de 2018. La nueva normativa estipula como requisito fundamental el estatus democrático del país receptor a la hora de evaluar si se concede o no autorización. En dicha valoración ha de considerarse igualmente si la exportación puede perjudicar el desarrollo equitativo y sostenible del país de destino. Se exige la realización de una evaluación integral. (Ministerio de Asuntos Exteriores de Suecia, 2019, p.78) [Resaltado nuestro].

¿Fueron esas 72 horas tiempo suficiente para llevar a cabo una evaluación integral, tal como impone la legislación? Frente a estas preguntas, cabe cuestionarse si las atrocidades perpetradas por el ejército ruso, que incluyen la sistemática violación del derecho internacional (Noticias ONU, 7/4/2022), pueden ser usadas como justificación para pertrechar aceleradamente y sin precauciones a un Estado cuyo compromiso con la protección de los derechos humanos era sumamente endeble hasta la víspera de la invasión.

El informe 2022 de Human Rights Watch (HRW), publicado semanas antes del comienzo del ataque ruso, señalaba con preocupación la intención del gobierno de Zelensky de impulsar una ley de reforma del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU o Sluzhba Bezpeky Ukrayiny), que ponía en riesgo los derechos humanos de la población civil (HRW, 2022). Sobre esta norma, cuyo tratamiento por el momento quedó pausado debido al estallido de la guerra, Amnistía Internacional (2022) advertía:

Confirmaba los amplios poderes de arrestar, detener e interrogar a personas, y el uso de fuerza letal sin introducir mecanismos de rendición de cuentas nuevos ni más efectivos. El proyecto de ley también confería a dicho organismo facultades adicionales de vigilancia, incluida la interceptación y almacenamiento de información y comunicaciones públicas y privadas de personas y organizaciones, sin las debidas salvaguardias jurídicas para prevenir el abuso y garantizar el derecho a la privacidad. También le daba la facultad de bloquear recursos de Internet, en algunos casos, de manera extrajudicial (p.458).

El SBU, al que Zelensky intentaba dotar de mayor poder y discrecionalidad hasta hace pocos meses, se creó en 1991, en el marco de la declaración de independencia de Ucrania frente a la Unión Soviética. Se encarga de tareas de investigación y espionaje, a nivel local e internacional. Muchos de sus recursos originales, tanto materiales como humanos, fueron heredados de la KGB. También, ha heredado, al igual que el resto del aparato de seguridad ucraniano, un marcado desinterés por los límites impuestos por el estado de derecho (Glenny, 2008). Sobre este aspecto, debe señalarse que entre enero y diciembre de 2021, la Fiscalía General de Ucrania recibió más de dos mil denuncias por torturas o abusos de autoridad perpetrados por miembros de las fuerzas de seguridad ucranianas (Amnistía Internacional, 2022). Las mismas, que hoy están siendo equipadas por países como Suecia.

En materia de reconocimiento de los derechos de las mujeres, Ucrania también se hallaba claramente en falta antes de ser invadida por las tropas rusas^[7]. Esto, es un hecho particularmente grave en un país en el cual Amnistía Internacional (2022) señala que “la violencia y la discriminación por motivos de género —en particular contra las mujeres —, y la violencia de género en el ámbito familiar continuaron siendo generalizadas.” (p.456). Asimismo, debemos mencionar que el Global Gender Gap Report coloca a Ucrania en el puesto número 74 del ranking de igualdad de género (Foro Económico Mundial, 2022). Un puesto al que ha llegado luego de retroceder quince puestos entre los años 2020 y 2021, que son precisamente, los años de mandato de Zelensky^[8]. Según este informe, previo al comienzo de la invasión, solamente el 20% de los escaños parlamentarios y el 13% de los puestos ministeriales eran ocupados por mujeres. En cuanto a la representación de las mismas en el ámbito empresarial, únicamente un 17% de las compañías ucranianas poseían mujeres en sus niveles gerenciales (Foro Económico Mundial, 2022).

Todo este panorama se ve agravado por el importante peso que tienen dentro de Ucrania diversas organizaciones de extrema derecha, particularmente combativas contra quienes no se adecuan a ciertos cánones hetero-patriarcales y nacionalistas. En este sentido, Human Rights Watch (2022) registró a lo largo del 2021 un elevado número de agresiones callejeras contra miembros de la comunidad LGTBIQ+, en las ciudades de Kiev, Odessa y Mykolaiv. Asimismo, a lo largo del año señalado fueron atacadas oficinas de las ONG Sphere, KyivPride, LGBTI Insight, e ILGA (Amnistía Internacional, 2022). La violencia por parte de los grupos de extrema derecha contra la comunidad LGTBIQ+ es tal, que la misma ni siquiera menguó ante el avance de las tropas rusas. En abril de este año, la activista feminista y referente lesbiana Olena Shevchenko, debió ser hospitalizada luego de sufrir una agresión cerca de la frontera con Polonia, mientras se encontraba distribuyendo ayuda humanitaria (Los Ángeles Blade, 14/4/2022).

No es ilógico pensar que una parte de los pertrechos militares que hoy en día se envían a las tropas ucranianas, pueda ir a parar a manos de estos grupos. En todo caso, y teniendo en cuenta la urgencia por abastecer con capacidad de fuego a las fuerzas de Kiev, ¿qué tipo de recaudos o garantías se están tomando al respecto? En este punto es necesario recordar que según la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), la trazabilidad del armamento es sumamente compleja, por lo que no resulta extraño que material producido y entregado a través de canales legales, termine luego en poder de organizaciones criminales o grupos que basan su accionar en el amedrentamiento de sectores vulnerabilizados o marginados (UNODC, 2020).

E incluso, aunque esto no ocurriera, el abastecimiento de armas a Ucrania no puede bajo ningún aspecto justificarse desde una perspectiva feminista. Hacerlo, sería desconocer la abundante evidencia que demuestra que la presencia de más armas en un conflicto solamente logra extender y profundizar el mismo (UNODC, 2020). Con el agravante, de que los conflictos armados en la actualidad son generadores de un número desproporcionado de víctimas civiles, dentro de las cuales los principales blancos suelen ser las mujeres, niños, niñas y adolescentes. Esto, es reconocido explícitamente por la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la cual expresa:

En efecto, en el marco de los conflictos armados, las mujeres se ven expuestas de un modo particular a múltiples y específicas formas de violencia, como por ejemplo las violaciones o la esclavitud sexual. Además, estos conflictos, agravan y profundizan las condiciones de vulnerabilidad e inequidad presentes en las sociedades – particularmente lesivas para las mujeres –, al estar asociados con el aumento de la pobreza, el desplazamiento forzoso, la desestructuración de las redes de contención comunitarias, y el colapso de los servicios sociales estatales (Rodríguez, 2011)^[9].

Por otro lado, es imposible disociar el aumento en la capacidad de combate de los Estados, del fortalecimiento de discursos e imaginarios nacionalistas y belicistas.  Según la investigadora Åsa Ekvall (2014), en contextos fuertemente militarizados es habitual observar el reforzamiento de ciertas nociones hegemónicas de masculinidad, que dan lugar a una naturalización de la violencia – de género, incluida – y de las jerarquías sociales. En un mismo sentido se expresa Chiarotti al sostener que “la filosofía de la guerra encierra una noción de masculinidad que incluye el mito del héroe que no mide riesgos, la agresividad y la subordinación e inferiorización de las mujeres” (2003, p.15). Castillo y Azia (2015), por su parte, consideran que el militarismo retroalimenta el patriarcado, al consolidar a nivel social esquemas de percepción confrontativos, excluyentes, y basados en el dominio por la fuerza de aquel desprovisto relativamente de poder.

Incluso las propias autoridades suecas reconocen este riesgo al afirmar que “Suecia ha ayudado a concienciar acerca del vínculo existente entre la proliferación de armas y la violencia de género” (Ministerio de Asuntos Exteriores de Suecia, 2019, p.77). Aunque sus acciones, claro está, vayan en un sentido opuesto^[10].

¿Giro realista en la política exterior sueca?

El accionar de Suecia frente al conflicto en Ucrania podría interpretarse como un giro radical hacia posiciones realistas, que, ergo, la aleja de los postulados fundamentales del feminismo en las Relaciones Internacionales. Sin embargo, es importante no exagerar lo novedoso de las políticas instrumentadas por Estocolmo en estos meses. Caso contrario, se corre el riesgo de sobrevalorar los logros de la PEF ejecutada hasta el momento. En efecto, más que una ruptura respecto a su accionar previo a la invasión rusa, lo que se observa es una profundización – o quizás radicalización – de orientaciones que el gobierno socialdemócrata viene sosteniendo desde hace años.

Por ejemplo, la postura del gobierno sueco en relación a la exportación de armamento, no tiene su génesis en la invasión rusa a territorio ucraniano. Según el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI), el país nórdico ocupa el puesto número quince entre los mayores vendedores de armas en el mercado internacional (SIPRI, 2021). Una posición que ha conservado a lo largo de los años de gobierno socialdemócrata (2014 – actualidad), pese a la implementación de una política exterior pretendidamente feminista.

La magnitud del negocio armamentista es tal que las propias autoridades reconocen que a lo largo del 2019 unos cincuenta y ocho países (es decir, un cuarto de los países existentes) recibieron equipamiento militar – de combate y de uso dual – sueco, por una suma total cercana a los dos billones de dólares. Esa cifra, representó un incremento interanual de casi un 40%, siendo los principales destinos de exportación Brasil, Estados Unidos, EAU, Finlandia, Pakistán e India (Oficinas del Gobierno de Suecia, 2020). En este punto, es necesario recordar que luego de múltiples presiones de organismos internacionales y organizaciones civiles, Estocolmo implementó entre 2017 y 2018 una serie de medidas tendientes a reforzar los controles sobre la exportación de material bélico, las cuales, increíblemente, no tuvieron carácter retroactivo. Esto, le permitió a Suecia seguir exportando a países como Arabia Saudita y EAU, en cumplimiento de contratos firmados con anterioridad a la introducción de dichas normas. Algo similar ocurrió en el caso de Turquía, país que recibió en 2019 material militar por un monto cercano a los cinco millones de dólares, a pesar de que Estocolmo lo incluye entre los Estados que violan el derecho internacional humanitario (Oficinas del Gobierno de Suecia, 2020).

La industria armamentista sueca, compuesta por un centenar de compañías, genera empleos para más de treinta mil personas y es responsable de una parte importante de las exportaciones del país nórdico. Lo cual, explica en buena medida la falta de voluntad por parte de las autoridades para avanzar en políticas que verdaderamente pudieran poner en juego sus intereses. Según un informe gubernamental presentado ante el parlamento, el ranking de empresas exportadoras lo encabezan Saab – tanto con sus divisiones de producción de aviones como de desarrollo de tecnologías de vigilancia – y la filial local de la británica BAE Systems, orientada a la fabricación de vehículos blindados y sistemas de artillería (Oficinas del Gobierno de Suecia, 2020). Saab es, por otra parte, uno de los cuarenta más grandes productores de armas a nivel mundial, y se ubica entre los diez más importantes fabricantes de Europa, con una facturación anual superior a los 3 mil millones de dólares (SIPRI, 2022).

La relevancia de Saab no se ha visto afectada por la implementación de la PEF sueca, e incluso es posible vaticinar que en los años venideros no hará más que incrementar sus beneficios al calor de los planes de fortalecimiento de las capacidades bélicas de Suecia y sus aliados. De hecho, durante el mes de abril las autoridades del país nórdico ya le solicitaron a Saab el desarrollo de un programa de actualización para los cazas Gripen, por una cifra multimillonaria (Indefensa, 18/4/2022). En este sentido, solamente debe observarse la evolución del precio de las acciones de esta compañía a partir del comienzo de las hostilidades, para entender los beneficios que se ponen en juego con la profundización del conflicto:

Evolución del precio de las acciones de Saab. Valor expresado en coronas suecas.
Fuente: Google Finance.

A su vez, tampoco resulta novedosa la política de fortalecimiento de las capacidades militares de la propia Suecia, que constituye el actual complemento a la política de entrega de armamento a Ucrania. Debemos recordar que la Ley de Defensa 2016-2020 ya contemplaba un crecimiento del presupuesto militar de un 2,2% anual, y estableció la doctrina de la Defensa Total, la cual implica que ante un enfrentamiento bélico puede movilizarse para el combate a toda la población comprendida entre los 16 y 70 años de edad (Barbás, 2021). Además, en 2016 Suecia remilitarizó la estratégica Isla de Gotland – que no contaba con guarnición estable casi desde el fin de la Guerra Fría –, y en 2017 reintrodujo el servicio militar obligatorio.

Este año, al calor de los discursos belicistas, las autoridades anunciaron una modificación del presupuesto que figuraba en la Ley de Defensa 2021-2025, a fin de que los recursos militares alcancen en el corto plazo el equivalente al 2% del PBI (Ministerio de Defensa, 11/3/2022). Con esta modificación, el presupuesto de las Fuerzas Armadas suecas se habrá incrementando desde el 2014 – año de inicio de la PEF – en un 85% (Ministerio de Defensa, 11/3/2022). Lo cual resulta, cuando menos, llamativo.

Tan llamativo, como el hecho de que, en el marco de una PEF, Suecia haya resuelto su incorporación a la principal alianza militar existente, donde compartirá membresía con los países propietarios de algunos de los mayores arsenales – convencionales, nucleares, químicos y biológicos – del mundo. Una situación que, nuevamente, nada tiene de asombrosa, si se tiene en consideración que desde el 2014 el país nórdico venía fortaleciendo su acercamiento con la OTAN, a través de la participación en ejercicios conjuntos, y la aprobación por parte del parlamento sueco de una ley que permitía la operación en el territorio nacional de las tropas de la alianza.

Reflexiones finales

La decisión de Suecia de implementar una política exterior basada en postulados feministas, sin lugar a dudas fue un paso importante en el sentido correcto.  Sin embargo, el balance que se puede realizar a casi una década de aquella inédita resolución, no resulta tan favorable. En efecto, y de forma muy general, podemos señalar que a lo largo de todo este periodo lo que se observa es la existencia de cambios significativos en el terreno de lo simbólico y lo discursivo, pero escasamente acompañados por acciones tendientes a modificar las causas subyacentes sobre las cuales se consolidan las múltiples formas de violencia, explotación, marginación y subordinación que afectan a las mujeres, grupos feminizados y otros sectores excluidos.

Dicha ausencia de políticas transformadoras y de posicionamientos realmente disruptivos, se volvió particularmente patente a partir del año 2019. La salida del Ministerio de Asuntos Exteriores de la propulsora de la PEF, Margot Wallström, y el acuerdo electoral realizado por el gobierno socialdemócrata con fuerzas de centro-derecha, le quitaron cualquier atisbo de radicalidad a la política exterior nórdica. En otras palabras, la PEF se fue volviendo día a día más inocua. En este sentido, entonces, el lamentable desempeño que Suecia está teniendo frente a la guerra en Ucrania, completamente alejado de un planteo feminista y bien próximo a los postulados del hegemónico – y ahora refortalecido – pensamiento realista, no es más que el corolario de un proceso de claro declive de su PEF.

Suecia, por el momento, no buscó impulsar la resolución pacífica del conflicto, a través de mecanismos de negociación o instancias de diálogo multilaterales. Tampoco apeló al involucramiento activo de actores de la sociedad civil de los países afectados, con el fin de atenuar las hostilidades. Ni desarrolló políticas de asistencia humanitaria cualitativa ni cuantitativamente superiores a las desarrolladas por otros países, que lejos están de orientar sus políticas exteriores por consideraciones próximas al feminismo o sensibles a una perspectiva de género.

Por el contrario, Suecia se embarcó en el reforzamiento de sus recursos militares, el ingreso a la OTAN para disuadir cualquier ataque en su contra, y la entrega de recursos bélicos a Ucrania para apuntalar sus capacidades defensivas. Primó, de tal forma, el paradigma realista y su lógica según la cual los Estados deben por sobre todo defender su interés nacional, en el marco de relaciones interestatales donde predomina la hostilidad, haciendo gala de recursos de hard power.

Ante este panorama, debemos señalar que sin lugar a dudas las PEF constituyen un fenómeno aún reciente, con potencialidades que todavía no se han desarrollado plenamente; y, al menos desde lo simbólico, representan cierto avance en pos de la construcción de un mundo más igualitario. Sin embargo, esto no debe hacernos perder de vista que estas políticas están inherentemente atravesadas por incongruencias y debilidades, que no pueden superarse simplemente por la voluntad de un funcionario o gobierno en particular, en tanto las mismas enraízan en elementos estructurales. En ese sentido, los límites de las PEF, quizás no se hallen en las mismas, sino en la propia naturaleza de los Estados encargados de llevarlas adelante.

Esto, no significa renunciar a la posibilidad de impulsar políticas o proyectos con perspectivas igualitarias, desde Estados fundados precisamente sobre la base de la consagración de múltiples desigualdades -entre ellas las de carácter sexo-genéricas-.  Simplemente, implica poner en perspectiva esas medidas, sin depositar en ellas expectativas exageradas, y siendo conscientes de la importancia de avanzar en un horizonte de transformaciones mucho más profundas y de carácter estructural.

Notas

^[1] Licenciado en Ciencia Política (UBA). Magister en Relaciones Internacionales (IRI-UNLP). Doctorado en Ciencias Sociales (IDES-UNGS). Integrante del Centro de Estudio en Género(s) y Relaciones Internacionales (IRI-UNLP). E-mail de contacto: juan.barbas@hotmail.com
^[2] Utilizaremos mayúsculas para referirnos a la disciplina científica, y minúsculas para hacer alusión al objeto de estudio de la misma.
^[3] No es el objeto del presente texto discutir de forma teórica si efectivamente el concepto de Política Exterior Feminista es adecuado y preciso para englobar las políticas exteriores de los países mencionados. Para dicha discusión, recomendamos el trabajo “Problematizar y deconstruir el concepto hegemónico de Política Exterior Feminista desde Abya Yala: hacia una propuesta de gradualidad en la implementación” (Barbás, Chaves y Lucero, 2022).
^[4] Desde finales de la década del sesenta y comienzos de la del setenta del siglo XX, se han ido desarrollando al interior de las Relaciones Internacionales diversos enfoques que han disputado, con mayor o menor éxito, el lugar de paradigma hegemónico dentro de la disciplina. Aprovechando el contexto de coexistencia pacífica entre las dos grandes superpotencias y el fortalecimiento del multilateralismo, surge, por ejemplo, el neoinstitucionalismo liberal. Para quienes adscriben a esta teoría, los intercambios comerciales tienen un efecto benéfico sobre el sistema internacional, al producir una tendencia hacia la armonía de intereses entre los actores intervinientes; mientras que las instituciones internacionales ayudan a mitigar la conflictividad, creando ámbitos en los cuales priman los mecanismos cooperativos y de negociación. Asimismo, se desarrolla en el mismo periodo la Teoría de la Interdependencia Compleja, a partir de los aportes realizados por Keohane y Nye (1988). Según esta visión, fuertemente crítica del realismo, los análisis estatalistas del poder son inexactos para comprender la realidad mundial, en tanto existen una gran diversidad de fuentes de poder que dan lugar a una compleja estructura de vinculación de cuestiones que excede al actor estatal. El poder, en tanto concepto relacional, no se halla distribuido de un modo jerárquico y vertical. Por el contrario, su distribución es difusa y trasnacional, escapando de las lógicas interestatales, y originando espacios donde se produce, se consolida y se regenera. La distribución del poder se vehiculiza por medio de los sistemas de cooperación y los regímenes internacionales, y responde a la existencia de necesidades comunes entre los actores participantes. La existencia de interdependencia limita la capacidad soberana de los Estados, e implica la existencia de relaciones de dependencia mutua, aunque asimétricas.

La existencia de estos planteos forzó ciertas modificaciones en el enfoque realista, como por ejemplo el desarrollo del neorrealismo de Kenneth Waltz, que mantiene una concepción material del poder, pero critica al realismo clásico por reduccionista. Waltz (1988) desarrolla una perspectiva sistémica, en la cual las distintas unidades se hallan integradas a una estructura que las contiene, dándole forma a sus relaciones de cooperación y competencia. Esta estructura, anárquica, aunque no caótica, define la ubicación de las distintas unidades dentro del sistema y determina la desigual distribución de recursos y capacidades entre las mismas.
^[5] Carole Pateman denuncia que el contrato social – y sexual –, creador del Estado moderno y fuente de su legitimidad según la tradición política liberal, fue un contrato del cual no participaron las mujeres, razón por la cual sirvió para consagrar su marginación/subordinación en la esfera pública, y su opresión en la esfera privada. Según la autora “las mujeres no son parte del contrato originario a través del cual los hombres transforman su libertad natural en la seguridad de la libertad civil. Las mujeres son el objeto del contrato. El contrato (sexual) es el vehículo mediante el cual los hombres transforman su derecho natural sobre la mujer en la seguridad del derecho civil patriarcal” (Pateman, 1995, p.15).
^[6] Aunque Estocolmo también ha contribuido con ayuda humanitaria y recursos médicos, en algunos casos entregados de forma directa al gobierno ucraniano, y en otros a través de organizaciones internacionales como la Cruz Roja, lo cierto es que esto no puede considerarse per se una respuesta acorde con una PEF. En primer lugar, por el hecho de que muchos otros países que no están comprometidos con políticas exteriores feministas – Estados Unidos, por ejemplo – también lo están haciendo. Y, en segundo lugar, porque no puede soslayarse el hecho de que los recursos destinados al reforzamiento de las capacidades de combate propias y de Ucrania, desde un comienzo han sido superiores a los utilizados para políticas de corte humanitario (Ministerio de Finanzas de Suecia, 2/3/2022). Lo cual, demuestra que la respuesta prioritaria para Estocolmo es la militar, y que la asistencia humanitaria ocupa un lugar subsidiario. Peor aún, las autoridades nórdicas ya han advertido que tienen en mente reintroducir medidas que obstaculicen y disminuyan la llegada de refugiados, tal como hicieron durante los años 2015 y 2016. En este sentido, debemos citar in extenso el comunicado de prensa firmado por el Ministro de Infraestructura, Tomas Eneroth: “Como consecuencia de la agresión de Rusia contra Ucrania, Europa se enfrenta a la mayor y más rápida crisis de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial. El Gobierno ve la necesidad de poder reintroducir los controles de identidad  para viajar a Suecia (…) La evaluación del Gobierno es que la situación puede volverse tan grave que  podría ser necesario tomar medidas inmediatas para mantener la ley y el orden y salvaguardar la seguridad nacional (…) Una nueva ley temporal permitiría al Gobierno, en caso de grave peligro para el  orden público o la seguridad interna, introducir controles de identidad para viajar en autobús, tren o  barco de pasajeros a Suecia desde el extranjero con el fin de mantener la ley y el orden o salvaguardar la  seguridad nacional (Ministerio de Infraestructura de Suecia, 15/3/2022) [Traducción propia].
^[7] Una de las principales críticas del movimiento feminista hacia Zelensky era su poca voluntad para impulsar la ratificación de la Convención de Estambul (2011), que representa uno de los principales instrumentos jurídicos internacionales para la prevención y lucha contra la violencia hacia las mujeres.  Esta situación se modificó recién en el curso de la guerra (se ratificó el 20 de junio de 2022), como parte de un conjunto de medidas tendientes a “acercar” Ucrania a los países de Europa Occidental
^[8] Referentes del feminismo ucraniano, como Tetyana Pechonchyk, han confrontado en varias oportunidades a Zelensky por sus comentarios y actitudes sexistas y patriarcales. Por ejemplo, al señalar que debía usarse la belleza de las mujeres ucranianas, como “marca” para atraer turistas.
^[9] Nada de lo anteriormente dicho implica considerar a las mujeres como menos proclives, desde una perspectiva biológica, al ejercicio de la violencia. Tampoco, sostener que el único rol que las mujeres desempeñan en el marco de los conflictos armados es el de víctimas indefensas. De hecho, aproximadamente el 15% del personal de las Fuerzas Armadas de Ucrania está compuesto por mujeres.  Sin embargo, adherimos al planteo de Hortensia Moreno (2002) en torno a la existencia de una división sexual de la guerra – contracara de la división sexual del trabajo en tiempos de paz –, a partir de la cual “a un sexo se le ha encargado la tarea de matar, ya que el otro se encarga – ¿natural e inevitablemente? – de dar la vida” (p.74). Dicha división es, por supuesto, contingente y de carácter artificial, histórica y culturalmente establecida.
^[10] Alguien podría señalar, no sin razón, que existen sectores dentro del activismo y la academia feminista que no defienden a ultranza posicionamientos pacifistas, y que incluso sostienen que la violencia es un recurso válido cuando es evidente el avasallamiento de derechos, al punto tal que la propia vida de las mujeres y otros grupos feminizados está en riesgo (Barbás, 2021). A partir de allí, se podría concluir que las acciones ejecutadas por las tropas rusas invasoras, contrarias a toda consideración humanitaria, legitiman una respuesta basada en el uso de la fuerza. Aunque creemos que dicha cuestión es de enorme relevancia, y debe ser discutida en profundidad, la misma no afecta el núcleo argumental desarrollado. La razón, es que aquí no se está impugnando la entrega de recursos bélicos a organizaciones civiles, feministas, o sindicales, para que las mismas practiquen la autodefensa – en tanto la misma no se ha producido –, sino la cooperación militar convencional entre dos Estados, con todas las implicancias que ello tiene.

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Comunicados de prensa

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Ministerio de Defensa de Suecia (2/6/2022). Additional amending budget with further support to Ukraine.

Ministerio de Defensa de Suecia (25/5/2022). Government approves additional military support to Ukraine.

Ministerio de Defensa de Suecia (11/3/2022). Defence appropriation to increase to two per cent of GDP

Ministerio de Finanzas de Suecia (2/3/2022). Changes in the state budget for 2022 – Sweden to provide direct support and defense materiel to Ukraine

Ministerio de Infraestructura de Suecia (15/3/2022). Government proposes possibility of reintroducing ID checks on buses, trains and passenger ships,

Ministerio de Justicia de Suecia (4/3/2022). Sweden supports Moldova’s refugee intake from Ukraine

Ministerio de Relaciones Exteriores de Suecia (28/2/2022). Sweden further increases humanitarian support to Ukraine.

Noticias periodísticas

Infodefensa.com (18/4/2002). Suecia encarga a Saab actualizar sus cazas Gripen por 50 millones.

LosAngelesBlade (14/4/2022). Ukraine LGBTQ+ group chair attacked.

NoticiasOnu (7/4/2022). Rusia, suspendida del Consejo de Derechos Humanos.