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● EL PLAN BUILD BACK BETTER WORLD, ¿ALTERNATIVA O COMPLEMENTARIEDAD PARA AMÉRICA LATINA?

Por Hugo Martín Sánchez

En el marco de la 47ª Cumbre de los miembros del Grupo de los 7 (G7) llevada a cabo en Cornualles, la cual contó con la presencia de los mandatarios de Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Canadá, Italia, Japón y Alemania, fue anunciado el lanzamiento del plan Build Back Better World (B3W) con el objetivo de crear “una asociación de infraestructura transparente, de alto nivel y basada en valores” para ayudar al financiamiento de proyectos en países en vías de desarrollo (Voa News 2021).

Esta iniciativa busca movilizar aproximadamente 40 billones de dólares en capital bilateral y multilateral público, como así también proveniente del sector privado, para invertir en cuestiones relacionadas con el clima, salud y seguridad sanitaria, tecnología digital modernizada, equidad de género e igualdad (White House 2021). En este marco, el B3W pretende promover el desarrollo de infraestructuras globales en diversas partes del mundo, entre ellas América Latina y el Caribe, aprovechando la oportunidad de influir sobre las cadenas de producción y las relaciones comerciales en áreas donde la presencia occidental no resulta ser predominante. De este modo se ofrece una alternativa real con opciones concretas a los países en desarrollo. En consonancia con ello, el G7 presenta un plan que se supone representa, de acuerdo al comunicado lanzado luego de desarrollada la Cumbre, un cambio radical en el enfoque de la financiación de infraestructuras (G7 2021).

De acuerdo con un informe del Banco Mundial, entre las regiones en desarrollo -exceptuando al África Subsahariana- América Latina es una de las que menos invierte en infraestructura en relación a su PBI, llegando a menos del 3 por ciento en comparación con el 4 al 8 por ciento (Banco Mundial 2017). Pero al margen de los números, este informe sugiere el deber de asegurar un gasto bien focalizado y eficiente, dado que una buena infraestructura es clave para las ambiciones de América Latina en términos de crecimiento, inclusión y protección ambiental sostenible, pudiendo, a su vez, reducirse sustancialmente las necesidades de financiación externa.

Ahora bien, desde que el presidente de la Repúblico Popular China Xi Jinping anunció en 2013 el inicio de la Iniciativa de la Franja y la Ruta (Belt and Road Initiative o IFR), algunos de los países miembros del G7 han expresado su preocupación por la influencia política, económica, tecnológica y militar china en diversas partes del mundo, destacando sus deficiencias y eventuales peligros, aunque sin presentar una alternativa concreta a la misma hasta el anuncio del B3W. No obstante, la idea de un programa de infraestructura se inició bajo la administración del presidente estadounidense Donald Trump con la ley Better Utilization of Investments Leading to Development (BUILD) aprobada por la Cámara de Representantes y el Senado, la cual fue promulgada por Trump en 2018 en respuesta a las inversiones chinas a escala global. (Runde y Bandura 2018)

Aunque el B3W no hace referencia directa a la IFR, comenzó a ser percibido como una alternativa en el marco de una competencia estratégica con China (White House 2021) dado que el programa de desarrollo de esta último país ha financiado proyectos de infraestructura en el marco de relaciones económicas y comerciales, principalmente en Asia, África y América Latina. De esta manera, China ha logrado direccionarse hacia nuevos mercados de exportación en el extranjero, con el objetivo de garantizar su seguridad energética, mejorar la conectividad intercontinental y fomentar la integración. El alcance geográfico de la IFR se ha expandido constantemente, llegando a cubrir en la actualidad 146 países (20 de ellos de América Latina y el Caribe) a lo largo de siete corredores económicos (Green Finance & Development Center s.f.).

El compromiso chino a través de inversiones financieras y cooperación contractual para el año 2021 en los países de la IFR fue de aproximadamente 59.500 millones de dólares. De este monto, alrededor de 13.900 millones se realizaron mediante inversiones y 45.600 millones a través de contratos parcialmente financiados por préstamos. Asimismo, se observó un aumento de la inversión en Sudamérica, donde la participación en la construcción se incrementó un 643 por ciento. En este contexto, se observa que la inversión china de 2021 con relación a la IFR fue aproximadamente 14 mil millones de dólares más alta que en los países no pertenecientes a la iniciativa (Nedopil Wang 2022). Por otra parte, en la actualidad muchos de los países de América Latina tienen a China como principal socio comercial, mientras que en 2021 el valor total del comercio entre ambos socios aumentó un 41 por ciento respecto a 2020 (Hurtado 2022).

Sumado a la IFR, la colaboración entre América Latina y China ha quedado plasmada luego de la conferencia entre Beijing y CELAC. En la misma se anunció un plan de acción conjunto para el período 2022-2024 que promete cooperación en áreas que incluyen infraestructura, educación y energía verde, sin brindar objetivos financieros específicos. (Ferchen 2022)

Pero las aspiraciones de China en la región no son solo económicas sino también geopolíticas. En diciembre de 2021 Nicaragua anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con Taiwán, considerándolo como parte inalienable de la República Popular de China, y, por consiguiente, reconociendo a esta última como el único gobierno legítimo. Actualmente solamente 14 países oficialmente reconocen a Taipéi, nueve de ellos latinoamericanos. (BBC 2021).

Dicho esto, se ha calificado a la IFR como un instrumento expansivo de la hegemonía política y económica china mediante la aplicación de una “diplomacia de trampa de la deuda”. La misma consiste en el otorgamiento de préstamos que superan su capacidad de pago, lo cual conlleva al cese de puertos y tierras por parte de China. En razón de dicho proceder, este proyecto ha sido criticado por su supuesta falta de transparencia y porque en términos de rendimiento de capital y oportunidades de empleo, beneficia más a China que los países anfitriones (Hitkari 2022). Otros consideran que es algo completamente mercantil o una táctica estratégica destinada a construir la hegemonía china y sentar las bases para un sistema mundial sino céntrico (Anwer 2022)

Es por ello que la escala, el alcance y la centralidad de la IFR podrían transformar el orden internacional basado en reglas en un momento en que el occidental, liderado por Estados Unidos se encuentra experimentando tensiones, situación que marca la realización del B3W. El resurgimiento de China como potencia global dominante es considerada como la reconfiguración del orden global construido luego de la caída de la Unión Soviética en 1991, lo cual podría definir el mundo en las próximas décadas.

Lo cierto es que tanto el B3W como la IFR presentan ciertas similitudes y diferencias. Un aspecto diferenciador entre ambas iniciativas lo constituye el financiamiento. El B3W aspira a costear sus inversiones en infraestructura principalmente con la Corporación Financiera para el Desarrollo, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), el Banco EXIM, la Corporación del Desafío del Milenio (Millenium Challenge Corporation) junto con otros organismos complementarios como el Fondo de Asesoramiento para Transacciones (Transaction Advisory Fund) y la movilización de capital privado (White House 2021).

De este modo, se intenta promover la transparencia en la financiación pública a fin de satisfacer las necesidades de infraestructura en los países y las comunidades receptoras, promoviendo estándares similares a la iniciativa Blue Dot Network lanzada por Estados Unidos, Australia y Japón conjuntamente en el marco de la ASEAN en el año 2019 y apoyada por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), todo esto con el fin de ofrecer criterios de evaluación y certificación a proyectos de infraestructuras para el desarrollo. Dicho esto, pareciera que el B3W estuviese restringido a aquellos países en los que puede operar, dado que es poco probable que algunos gobiernos como los de Venezuela y Nicaragua -que forman parte de la IFR- acepten tales condiciones. (Youkee 2022). La IFR, por su parte, se financia a través del Banco Asiático de Inversión e Infraestructura (BAII) que opera desde 2016; el Nuevo Banco del Desarrollo de China, creado en 2014; el Fondo de la Ruta de la Seda; bancos chinos y otras entidades, y con los propios proyectos de infraestructura sirviendo como garantía para los préstamos. Dichos mecanismos de financiación directa que permiten a Beijing financiar proyectos que de otro modo no podrían concretizarse, marca la separación entre empresas estatales y privadas en los países occidentales y que sirve de mecanismo al B3W (Crystal 2021). En este marco, los préstamos soberanos chinos a América Latina y el Caribe han sumado 138.000 millones de dólares desde 2005 (The Dialogue 2022) aunque con el advenimiento de la pandemia de COVID-19 se fue reduciendo paulatinamente dado que Beijing ha priorizado el papel de los bancos en la recuperación económica nacional y ha enfatizado la salud y la cooperación digital (Ferchen 2022).

Tal como señala Ray, la inversión privada, al complementarse con financiación para el desarrollo en el aspecto público, ayuda a que en los sectores emergentes que aún no son atractivos para los inversionistas privados solitarios, exista una herramienta crucial para apoyar a los gobiernos latinoamericanos a medida que invierten en estos sectores o buscan alianzas público-privadas a través del financiamiento multilateral (Ray 2021).

En comparación con otros proyectos impulsados por la IFR como la “Ruta de la Seda Sanitaria”, la “Ruta de la Seda Digital” y la “Ruta de la Seda Verde”, este proyecto se centra principalmente en infraestructura física tradicional, es decir, la construcción de proyectos tradicionales de infraestructura física y tecnología digital, tales como puertos, carreteras, represas, vías férreas, plantas de energía eléctrica e instalaciones de telecomunicaciones y tecnología digital. Esto conlleva a que China habiendo acumulado experiencia en este tipo de construcciones tenga una ventaja comparativa en costos y tiempo de entrega de proyectos (Chaziza 2021). En comparación, el B3W se centra en infraestructura que puede ser denominada como “blanda», consistente en mejoras que mitiguen los efectos del cambio climático, reducir la contaminación y aumentar la eficiencia energética, como así también promover la salud y la seguridad sanitaria, tecnología digital modernizada y equidad e igualdad de género (Crystal 2021). De este modo, el compromiso respecto a los estándares ambientales también ayudará a combatir el cambio climático y los efectos que ello conlleva, con inversiones confiables y sostenibles, teniendo especial consideración las limitaciones de capital técnico y humano en muchos países en vías de desarrollo que presentan desafíos únicos en la transición a fuentes de energía limpia, por lo que debe promoverse la transferencia de conocimientos y tecnología para alcanzar estos objetivos (Meeks 2021). Es por ello que, si el plan B3W cumple con los estándares del Acuerdo Climático de París de 2015 y y los Objetivos para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas que conforman la Agenda 2030, podría proporcionar un camino alternativo de energía verde y sustentable para los países en desarrollo.

Por otra parte, aunque en 2020 China se comprometió a la neutralidad del carbono antes de 2060, ecologizar las inversiones de la IFR resulta una tarea difícil considerando que este continúa siendo dominado por los combustibles fósiles, energía hidroeléctrica y nuclear, dado que entre el periodo 2000-2018 solamente el 2,3 por ciento de las inversiones extranjeras a través de bancos chinos estuvo destinada a energía solar o eólica. (Baxter 2020)

Otro elemento a contrastar son los valores de los planes de acción. El B3W se destaca por su compromiso con la transparencia y la sostenibilidad financiera, ambiental y social, prometiéndose dedicación a la lucha contra la corrupción, la inclusión social y las garantías laborales (White House 2021). Con respecto a la IFR, se ha planteado que presentaría problemas financieros, en virtud de la corrupción, la falta de transparencia en los préstamos, como así también de carácter social y ambiental (Crystal 2021).

Sentadas estas bases, debe destacarse que nuestra región presenta características únicas donde las herramientas de poder blando como el comercio, la diplomacia, el financiamiento o la asistencia son cada vez más utilizadas tanto por Estados Unidos como por China. En consecuencia, América Latina ha sido la primera región hacia la cual ha apuntado el B3W. En septiembre de 2021 una delegación de funcionarios estadounidenses completó una gira informativa que incluyó a Colombia, Ecuador y Panamá, con visitas que luego incluyeron a otras regiones del mundo. La elección de esta parte del mundo para la primera gira obedeció a «la proximidad a Estados Unidos y nuestro interés central allí», de acuerdo a las palabras vertidas por el líder de la delegación, el Asesor Adjunto de Seguridad Nacional para Economía Internacional estadounidense Daleep Singh (Financial Times 2021). Durante la primera escala en Colombia, la delegación se reunió con el presidente Iván Duque para discutir la sostenibilidad del proyecto y la migración venezolana, a su vez se anunció que la iniciativa B3W se focalizaría en cuatro puntos clave. En primer lugar, el respaldo con recursos la acción climática, para así alcanzar la neutralidad de carbono, la protección efectiva de la naturaleza, transición energética, movilidad limpia, protección de áreas de biodiversidad y desarrollo territorial (La República 2021).

Como segundo punto, las iniciativas para financiar inversiones en salud y atraer el interés de empresas norteamericanas en Colombia con el fin de producir vacunas contra el COVID-19 y otras enfermedades, como así también tecnologías que permitan mejorar indicadores del sistema de salud. El tercer elemento consiste no solo en inversión sino también en alianzas estratégicas con empresas colombianas para hacer la transición hacia una sociedad más digital en temas como tecnologías financieras, salud, educación, ciberseguridad, internet de las cosas e inteligencia artificial. Finalmente, el cuarto elemento está dirigido a conseguir la equidad de género y políticas de financiamiento a mujeres emprendedoras, la integración de proyectos productivos con cadenas de valor y la creación de proyectos en territorios periféricos (La República 2021).

Luego de ello, y durante el mes de marzo de 2022, Joe Biden se reunió con Duque en Washington, anunciando el mandatario estadounidense que:

Hoy en día Colombia tiene a Estados Unidos como su socio comercial más importante -y así seguirá siéndolo-, pero, tal como señala Youkee, para reconstruir la economía deben diversificarse las asociaciones y en la actualidad Beijing aporta los flujos de capital necesarios para ello (Youkee 2021). En este orden de ideas, resulta relevante la manifestación de Duque en el marco del V Diálogo China-Colombia que “las relaciones entre Colombia y China pasan por su mejor momento. Desde julio de este año es nuestro principal socio en importaciones y se mantiene como el segundo destino de nuestras exportaciones” (El Nuevo Siglo 2021).

El segundo país latinoamericano en ser visitado por la delegación estadounidense fue Ecuador, donde los miembros mantuvieron reuniones con el presidente Guillermo Lasso, funcionarios ecuatorianos y representantes de la sociedad civil y el sector privado. En este marco, también se concretó un préstamo de 150 millones de dólares al Banco de la Producción (Produbanco), el cual está destinado al financiamiento de pequeñas y medianas empresas, y de mujeres prestatarias que, habiendo sido afectadas por la pandemia del COVID-19, promuevan la equidad e inclusión de género, y proyectos de desarrollo verde que combatan el cambio climático (Embajada y Consulado de EE.UU. en Ecuador 2021).

Es importante destacar que, por otra parte, China resulta ser uno de los principales acreedores de la deuda externa ecuatoriana, la cual representa un 11 por ciento, aproximadamente 5.200 millones de dólares, de los cuales la mitad se ha comprometido a abonar con barriles de petróleo, luego de diversos contratos con Petrochina y Unipec (Meléndez 2022). No obstante, Ecuador ha mostrado un equilibrio en las relaciones con ambas superpotencias, lo cual ha sido confirmado en una entrevista por el presidente Lasso al afirmar que “en la diplomacia internacional hay que estar bien con Dios, con el diablo y con todo el mundo (CNN 2021)

Al término de la gira, la delegación estadounidense se reunió con el presidente de Panamá Laurentino Cortizo, quien definió como prioridades del país para aprovechar esta iniciativa, siendo ellas el acceso al agua, la inclusión digital y la transparencia. Además, sostuvo un encuentro con el administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez, en los que abordaron temas sobre futuros proyectos de infraestructura de la vía interoceánica y su meta de carbono negativo. (Presidencia Panamá 2021).

Panamá resulta de vital importancia con un agregado valor geoestratégico, fundamentalmente en virtud del Canal, por el cual transitó durante 2021 el 3,5 por ciento del tráfico naviero de mercancías mundial, conectando los océanos Atlántico y Pacífico, siendo del mismo dos tercios utilizados por Estados Unidos, cuyas embarcaciones se dirigen hacia los puertos de China, Japón, Corea del Sur y Estados Unidos. (Swiss Info 2021)

En este marco, Xi Jinping, luego de una visita oficial a Panamá dejó claras sus tres prioridades: aumentar la presencia empresarial, incrementar su papel inversor y consolidarlo como centro logístico en América (El País), siendo el primer país que formó parte de la IFR en 2017, al firmar un memorándum de entendimiento con Beijing. En consecuencia, Estados Unidos advirtió a Panamá de las consecuencias del avance de China en el país mostrando su incomodidad, luego de una visita del secretario de Estado Mike Pompeo en octubre de 2019, quien llegó a advertir que “las empresas estatales chinas se muestran de una manera no transparente, no dirigida por el mercado y diseñada no para beneficiar al pueblo de Panamá, sino al pueblo chino” (Wong 2018).

A su vez, Perú también mostró interés en sumarse a la iniciativa, luego de una reunión que mantuvieran el presidente Pedro Castillo con la subsecretaria de Estado estadounidense, Wendy Sherman (La Jornada 2021).

No obstante, posiblemente hacia mediados de 2022 se avance en los proyectos concretos del plan, dado que en junio Estados Unidos será el país anfitrión de la Novena Cumbre de las Américas, encuentro que reúne de los jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y que se lleva a cabo cada tres años desde 1994, aunque la última se desarrolló en Lima, Perú, en 2018. El comunicado de la Casa Blanca anunciando la Cumbre, remarca el compromiso norteamericano para la realización del B3W, haciendo alusión a la prosperidad económica, seguridad, Derechos Humanos y dignidad (White House 2022).

En efecto, tanto el B3W como la IFR puede ser perfectamente abordable desde el neoinstitucionalismo o neoliberalismo institucional, como corriente de las Relaciones Internacionales opuesta al realismo, cuyos máximos exponentes son Robert Keohane y Joseph Nye a partir de la publicación de la obra Power and Interdependence en 1977. Ambos teóricos identifican un conjunto de elementos que determinan la forma de integración a través del regionalismo, el cual aumenta el vínculo interestatal. Este vínculo se ha denominado interdependencia compleja (complex interdependence) y resulta clave para la teorización del neoinstitucionalismo. Esta interdependencia, la cual se diferencia de la simple dependencia, es entendida al encontrarse un estado afectado por fuerzas externas en un grado más que la interdependencia o dependencia mutua (Keohane y Nye 1977:22). De este modo, la construcción del nuevo orden internacional redefine su forma de estudio al apartar el eje relacional desde el militarismo y la seguridad (o alta política según el realismo) hacia la cooperación y la agenda económica a través del resurgimiento del liberalismo, más concretamente denominado neoliberalismo (Keohane y Nye 1977:40).

Tal como señala Keohane, los actores deben tener intereses mutuos que les permitan obtener beneficios potenciales a través de la cooperación estudiando el efecto de las instituciones en la acción del estado (Keohane 1993:15). Estas relaciones de interdependencia ocurren dentro de un conjunto de acuerdos gubernamentales que afectan las mismas, denominadas “regímenes internacionales”. Estos regímenes pueden ser incorporados a los acuerdos o tratados interestatales o estar meramente implícitos (Keohane y Nye 1977:36).

Sin embargo, de acuerdo con Actis, la perspectiva neoinstitucionalista no antagoniza con otras teorías de las RI -realismo y constructivismo- respecto al B3W o la IFR, sino que se complementan (Actis 2022).

Desde el punto de vista geopolítico hay que señalar que la administración Biden publicó en marzo del año 2021 la Guía Estratégica Previsora de Seguridad Nacional (Interim National Security Strategic Guidance), en la cual describía a China como un “competidor estratégico”, asegurando que se trabajaría para revitalizar y modernizar las alianzas a nivel global y responderían ante cualquier amenaza a sus intereses y valores (White House A 2021:20). Incluso el Comando Sur de Estados Unidos, reafirmando este documento ha sostenido que China al expandir su influencia global ha desencadenado una nueva era de “competencia estratégica” con Estados Unidos, utilizando su poderío económico para obligar a los países a cumplir con sus objetivos estratégicos, mientras que los proyectos de infraestructura financiados “carecen de la debida diligencia, involucran corrupción, ignoran los derechos indígenas, y desprecian por completo las protecciones ambientales”, dando acceso a China “a sectores sensibles e infraestructura crítica en formas que exponen a estos países a problemas nacionales, amenazas de seguridad y privacidad de datos.” (Southcom 2022:3-4).

En este contexto el enfoque de China hacia América Latina fue de apoyo a la globalización económica y la cooperación internacional, lo cual no significa que los intercambios políticos, culturales y militares entre ambos no sean importantes, pero se ven eclipsados por el vínculo económico. Por lo tanto, la presencia de China en América Latina no ha sido percibida como una amenaza para la paz y la seguridad de la región, basándose en una lógica económica de beneficio mutuo (Escudé 2014), lo cual difiere del entorno estratégico en Asia que se ve afectado por la competencia con los aliados norteamericanos

Lo cierto es que, tal como señalan Actis y Creus, el mundo de hoy se encuentra bajo un “bipolarismo entrópico” en el marco de la disputa entre Estados Unidos y China. Es decir que el nuevo orden mundial está marcado por el caos, la incertidumbre y el desorden, donde prevalece la yuxtaposición de actores, agendas y dinámicas. En este marco, los dos actores estatales que conforman la bipolaridad -Estados Unidos y China- combina un proceso de “difusión del poder” junto con la “transición” del mismo, cuyo desequilibrio podría afectar seriamente a América Latina (Actis y Creus 2020). Sin embargo, y pese encontrarse el B3W bajo el paraguas del G7, lo cierto es que las diferencias entre sus miembros son naturales ya que cada uno de ellos tiene diferentes intereses, sin coincidir con los de Estados Unidos y no compartir la postura contra China que propone la administración Biden -incluso Italia forma parte de la IFR-.

Esta visión encuentra correlato con lo enunciado por Russell, quien sostiene que, sumado a la teoría de la “periferia turbulenta” en América Latina entendida esta como procesos autónomos o inducidos desde el exterior que afectan al centro, se suma la gestación de una “periferia penetrada” por un gran poder extrarregional, en este caso China en vertiginoso ascenso. Por lo que ambos escenarios influyen en la reubicación de prioridad regional por parte de Estados Unidos, pese a que en las últimas décadas no ha tenido el nivel de atención suficiente (Russell 2021). Ya en 2019, el Secretario General de Naciones Unidas advirtió ante la Asamblea General los temores de una gran fractura que dividiera el mundo en dos “con las dos economías más grandes de la tierra creando dos mundos separados y compitiendo el uno con el otro, cada uno con su propia moneda, reglas comerciales y financieras, su propia infraestructura de internet y de inteligencia artificial, y sus propias estrategias geopolíticas y militares de suma cero” (Organización para las Naciones Unidas 2019).

Los dos proyectos podrían consolidar las divisiones entre los aliados chinos y estadounidenses e incluso los cambios de régimen en los países anfitriones que podrían no ser favorables para los proyectos también podrían ponen en juego el futuro de la infraestructura y el comercio. (Modern Diplomacy).

Sin embargo, en China parecen haber acogido favorablemente a B3W, dado que Wang Wenbin, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino manifestó que “estamos dispuestos a considerar la coordinación con la iniciativa estadounidense Build Back Better World para proporcionar al mundo más bienes públicos de alta calidad», añadiendo a que se encontraban abiertos a que Estados Unidos participe en la IFR y la Iniciativa de Desarrollo Global. (Lun Tian 2022), por lo que la colaboración entre ambos proyectos supondría un acto de confianza mutuo entre ambos países

Por lo tanto, la mejor apuesta para la región, dada su posición geoestratégica será tratar y negociar tanto con China como con Estados Unidos, habida cuenta la creciente irrelevancia de América Latina (Schenoni y Malamud 2021). Sin embargo, a pesar de la dinámica competitiva antes mencionada, las discusiones sobre la rivalidad directa entre ambas superpotencias en América Latina podrían ser sobreestimadas dado que la presencia estadounidense sigue siendo fuerte en algunas partes de la región, como México, Colombia y América Central, mientras que en Cuba y Venezuela la presencia de China es considerable. En este escenario, que oscila entre la competencia y la contienda de las grandes potencias, los países de la región deben evitar una lógica bipolar y construir mecanismos de cooperación e integración política y económica. De manera tal, que las nuevas condiciones les permitan mayores beneficios y así tomar medidas para mitigar los posibles daños colaterales resultantes de las tensiones entre Estados Unidos y China.

De este modo, y tal como ha señalado Tokatlian en relación a China, se debe considerar como opción estratégica una política que combine aproximación con previsión. La aproximación implica que las naciones asuman la iniciativa y desplieguen un papel más asertivo en la búsqueda de lazos benéficos específicos con China, mientras que la previsión significa que los países estén más atentos al comportamiento de Beijing hacia el área y en el mundo con el propósito de evitar potenciales costos elevados para América Latina, produciendo una nueva dependencia (Tokatlian 2011).

Incluso Mearsheimer, al ser consultado respecto a Argentina -lo cual también puede ser aplicado al resto de la región- sostuvo que debe esforzarse en mantener fuertes relaciones económicas tanto con China como con Estados Unidos, sacar ventajas de ambas superpotencias usar sus relaciones para promover el crecimiento económico, como así también fuera de la competición militar (Perfil 2020). De este modo, también deben diversificarse las relaciones internacionales -dada la fragilidad económica y política de América Latina-, evitando tomar partido por Estados Unidos y China, como así buscar recursos de ambos para impulsar el crecimiento (Stallings 2020).

Es por ello que Latinoamérica debe evitar el alineamiento con cualquiera de las dos potencias en pugna y así impedir la llegada de este conflicto sino-estadounidense a la región, lo cual conllevaría un error estratégico y geopolítico, incluso produciendo una volatilidad en el comercio exterior, dado que China es un socio comercial importante de varias economías. Un escenario de conflicto reducirá el crecimiento de la inversión y el comercio internacional, por lo que América Latina debe organizarse para hacer valer sus propios intereses dado que el alineamiento con cualquiera de los dos países también frenaría el frágil diálogo regional y debilitaría la integración (Fortin, Heine y Ominami 2020).

La lectura geopolítica indica que la iniciativa del B3W pretende ser el regreso de Occidente a una presencia más activa en el tablero global, modificando su postura crítica hacia la IFR chino y ofreciendo una alternativa con opciones concretas para los países en desarrollo. Ahora bien, el potencial económico y las perspectivas de alianzas políticas brindan a los estados latinoamericanos elementos clave que pueden alterar el actual equilibrio de poder para así capitalizar oportunidades y construir políticas favorables de largo plazo al participar con flexibilidad en la cobertura estratégica. En la actualidad existe una enorme demanda en América Latina de infraestructura pública, por lo que, independientemente de su fuente, se apreciará la inversión.

No obstante, el B3W, siempre que se materialice de la manera prevista y acordada, resultaría ser más adecuado como complemento de la IFR que como una alternativa al mismo (Zhu 2021). Aunque ambas iniciativas tengan ambivalencias en el plano estratégico, también presentan como objetivo forjar la cooperación transnacional y regional entre los países involucrados al tiempo que facilita proyectos a gran escala en el mundo en desarrollo. En última instancia, las cuestiones de competencia estratégica pueden ser de importancia secundaria para los países que se enfrentan a auténticas y gigantescas deficiencias en materia de infraestructuras. El B3W incluye temáticas acordes con la concreción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible como el clima, salud, tecnología y equidad de género, involucrando el menor impacto ambiental y social. Pero la infraestructura más “visible” para que los gobiernos latinoamericanos seduzcan a la población respecto a la materialización del crecimiento y la prosperidad económica. Sin embargo, el B3W aún tiene que evolucionar de la visión a un plan concreto considerando que, por el momento, no se han realizado compromisos de financiación específicos ni se han anunciado mecanismos multilaterales de coordinación de la gestión de proyectos. Lo cierto es que el B3W forma parte de un esfuerzo de los países del G7 en el marco de la cooperación multilateral que ha retrocedido producto de la pandemia de COVID-19, aunque es una iniciativa que involucra a siete países diferentes con diversos intereses. La IFR ha sido diseñado por un solo Estado y ejecutado por empresas relacionadas a este.

Si la competencia entre el B3W y la IFR se traduce en una nueva ventana de rivalidad geopolítica, se desperdiciarán recursos económicos innecesariamente y América Latina perderá oportunidades en momentos donde la complementariedad resulta vital. Por ello, dadas las tensiones geopolíticas globales, sumado a que los principios y modalidades del G7 y China son divergentes, no se espera que se trabaje de manera coordinada. Pero, al mismo tiempo, pueden multiplicarse las inversiones y los países latinoamericanos tendrían la posibilidad de negociar términos que intenten reflejar sus objetivos dado el número de oportunidades de financiamiento disponibles, como así también comparar y elegir entre las diversas opciones.

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● LA INSERCIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA EN ASIA-PACIFICO DURANTE EL GOBIERNO DE JUAN MANUEL SANTOS, LA ESTRATEGIA DESDE LA ALIANZA DEL PACIFICO

Por John Fredy Almanzar Caicedo

Resumen: El presente artículo hace un análisis de la inserción de Colombia en la región de Asia Pacifico a partir del proceso de integración regional conocido como la Alianza del Pacifico (AP). Para esto se tomará como punto de partida los avances en el desarrollo de la agenda internacional de Colombia durante la presidencia de Juan Manuel Santos entre los años 2010 y 2018. De la misma manera se expondrá como la estrategia de Colombia en la AP le ha permitido una proyección e inserción internacional favorable tanto para la región de América latina como para su inserción en la región de Asia Pacifico desde el análisis de los resultados de su politica comercial con el bloque y las ventajas que esto representa para un acercamiento asertivo a la región de Asia Pacifico.

Palabras clave: Alianza del Pacifico, Asia Pacifico, Inserción Internacional, Regionalismo abierto, Politica comercial.

Introducción.

Con la llegada al poder de Juan Manuel Santos a Colombia en el año 2010 fueron varios los cambios en cuanto a materia de politica exterior se refiere. Su gobierno estuvo enfocado principalmente en una apertura de su diplomacia más allá de la seguridad y la lucha contra los grupos de narcotráfico o las guerrillas, en tal postura había primado la confrontación militar en la perspectiva de la seguridad interna.

Esta como una de las principales rupturas fue el inicio de una mirada centrada en lograr una legitimidad internacional a partir del proceso de paz con la guerrilla de las FARC hacia el año 2016, de lo cual posteriormente seria reconocido internacionalmente no solo por los aspectos novedosos que se imprimieron en el acuerdo como una jurisdicción especial para el tratamiento judicial de los delitos cometidos por la guerrilla o los puntos del acuerdo que abordan la situación de los cultivos ilícitos.

Sim embargo este no sería el único de los puntos centrales de su politica exterior, dado el distanciamiento de su gobierno con el de su antecesor, se encontrarían importantes puntos en su agenda internacional que lograron posicionarlo internacionalmente no solo como un gobierno que miraba hacia la paz como el eje de su política doméstica y el impacto que esta representaba en el plano internacional, sino que logró aspectos claves como el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con países como Venezuela y Ecuador, el acercamiento a países de la región como Brasil, Chile, México, Perú y los países caribeños o el fortalecimiento de organismos regionales como la UNASUR.

En este orden de ideas se busca analizar los principales elementos que marcaron la inserción internacional de Colombia durante el gobierno de Juan Manuel Santos en particular los que a nivel regional y latino americano permitieron concretar avances en una mirada hacia la región de Asia-pacifico. La tesis del presente artículo considera que existió un fortalecimiento de la estrategia de inserción internacional de Colombia hacia el Asia-Pacifico en el gobierno de Santos desde el rol que la nación suramericana sostuvo con la Alianza del pacifico y los países de la región.

El cambio en la politica exterior de Colombia, Una mirada renovada hacia EEUU y los países de América Latina

Un aspecto novedoso en la politica exterior de Colombia durante el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) se evidencio en la relación con EEUU y algunos países de América latina. Frente a la potencia norteamericana se pudo evidenciar un relativo distanciamiento, aunque inicialmente no se puede hablar de una politica exterior desligada de EEUU, Colombia dio importantes demostraciones de buscar una relación más autónoma con la potencia norteamericana.

En ese mismo sentido se daría durante la presidencia de Santos una sentencia de la corte suprema de justicia que invalidaría el acuerdo con EEUU para el uso de las bases militares en territorio colombiano, tal situación se evidenciaría como un ejemplo de buena intención para algunas naciones de la región, pues la soberanía de los países de la región siempre ha sido un tema de discusión en especial a lo que respecta a la presencia de bases militares.^[1]

Otro de los temas neurálgicos de la relación de EEUU y Colombia es la politica antidrogas, en dicho sentido según Fedesarrollo y el Departamento nacional de planeación de Colombia el gasto por parte del Estado colombiano en la lucha antidrogas para el año 2015 fue de “$970.480 millones. En 2013 esa cifra fue de $1.174.651 millones y en 2014 de $1.140.019 millones.” (Departamento Nacional de Planeación, 2015, pág. 4)

En una reunión de alto nivel realizada el 25 de octubre de 2010 entre representantes de EEUU y Colombia se evidencia la emergencia de nuevos temas en los que no solo se incluyen el tema del narcotráfico o la seguridad, sino que ha incluido “nuevas áreas de colaboración, tales como educación, deporte, cultura, ambiente, innovación, energía y oportunidades sociales y económicas, entre otras.” (Cancilleria de Colombia., 2018)

La diversificación de la agenda entre Colombia y EEUU no solo es un efecto del desarrollo de la politica exterior de Colombia, sino que encuadra en relación a los cambios que desde Washington se han materializado con la llegada de Obama a la casa blanca, tal momento se ha encontrado marcado por un debilitamiento de la hegemonía de EEUU a nivel general, y de manera particular en lo referente a los países de América latina, a los cuales aún cuenta como aliados. “Obama quiere mostrar que, aunque América Latina y el Caribe no son prioridad económica ni política para su gestión, esta no puede ser equiparada con la de su antecesor, que se concentró en los asuntos militares y de seguridad (reactivación del Comando Sur, de la Cuarta Flota y de acuerdos para uso de bases militares).” (Ramírez, 2011, pág. 88)

En relación a los países de América Latina, Colombia parece haber despertado de un proceso de letargo marcado por su antecesor, en el que primaba la ruptura de relaciones diplomáticas con sus vecinos Ecuador y Venezuela, el aislacionismo diplomático que se había profundizado por dar prioridad a una solución militar a las dinámicas de su conflicto interno y una economía internacional con una constante apertura económica hacia exportación de hidrocarburos y coomodities iniciada desde los 90s y con grandes consecuencias para la economía nacional y los procesos de industrialización.

En el plano internacional Colombia durante el gobierno de Juan Manuel Santos restablecería nuevamente las relaciones con Venezuela, Ecuador y Nicaragua. En relación a ello Ecuador sería el “único país visitado por la canciller designada con el fin de llevar la invitación expresa a la posesión de Santos al presidente Rafael Correa, quien, en reciprocidad, se desplazó a Bogotá para la ceremonia.” (Ramírez, 2011, pág. 82) Entre los avances logrados entre estas dos naciones se encontrarían los relacionados a la situación de los refugiados, la educación y la situación fronteriza.

En relación a Venezuela la situación empezaría a normalizarse con asistencia del canciller Nicolas Maduro a la posesión del presidente Santos, posteriormente se daría una reunión en la ciudad de Santa Marta con el mandatario Hugo Chávez, en la que se abordaron temas centrales como el pago de la deuda a empresarios colombianos, complementación economía, infraestructura, seguridad y fronteras.^[2]

En ese mismo sentido se dio un fortalecimiento de la relación de Colombia con Brasil, la cual tenía un gran dinamismo en el gobierno anterior, pero se había congelado dada la falta de una postura clara de Brasil a la situación de Venezuela en su momento. La relación Colombia y Brasil era de un acercamiento importante.

En relación a otras acciones desarrolladas por el gobierno Santos cabe destacar su participación activa en la V cumbre de la UNASUR, la XX cumbre Iberoamericana, en la que establecería un acercamiento con la nación argentina gracias a la mediación dada por Néstor Kirchner en la crisis de Colombia y Venezuela. De la misma manera los avances que tendría Colombia a nivel de legitimidad regional le permitirían luego “sentirse con las credenciales para proponer a la ex-canciller María Emma Mejía como nueva secretaria general de Unasur, mostrando el compromiso nacional con la unidad sudamericana”. (Ramírez, 2011, pág. 84)

Finalmente, y en relación a otros países de la región Colombia lograría estrechar relaciones con países como México, Chile, y Perú. Estos desde una perspectiva de fortalecer las relaciones del pacifico a partir de su participación en diferentes espacios como la XX cumbre iberoamericana, la XII cumbre del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, y las distintas reuniones bilaterales sostenidas con representantes de Haití o Jamaica en los que se profundizarían en la búsqueda de nuevas relaciones comerciales y petroleras.^[3]

La Alianza del Pacifico (AP) en el gobierno de Juan Manuel Santos, una estrategia de integración de cara al Asia-Pacifico.

La Alianza del Pacifico (AP) se constituye como un mecanismo de integración regional en el cual se encuentran los países de Chile, Colombia, Perú y México. “Se estableció en abril de 2011 y constituido formal y jurídicamente el 6 de junio de 2012, con la suscripción del Acuerdo Marco. Este proceso busca crear mercados atractivos entre sus países miembros para lograr una mayor competitividad a nivel internacional.” (Alianza del Pacifico, 2015)

Dentro del proceso de integración al año 2015 se han integrado alrededor de 32 países observadores y cuenta con varios candidatos a miembros. Entre sus principales objetivos se encuentran el consolidar un área de integración que permita la circulación de bienes, impulsar el crecimiento y la competitividad y consolidarse como una plataforma de articulación politica, económica y comercial de proyección al mundo, con énfasis en el Asia Pacifico. (Alianza del Pacifico, 2015)

En relación al tipo de integración planteada por la AP, se considera a esta como un ejemplo de regionalismo abierto. En este sentido el regionalismo abierto es “un modelo de apertura económica basado en promover exportaciones del país en mercados internacionales aprovechando las fortalezas de los productos desarrollados en sus países de origen.” (Ramirez & Gonzales, 2016) El regionalismo abierto se consolida a partir de los años 90s como una propuesta influenciada por la emergencia de la globalización y en América latina con las propuestas formuladas por la CEPAL. En este sentido en un análisis de la AP el regionalismo abierto propone determinadas características para el ejercicio de un proceso de integración regional.

La Alianza del Pacifico se ha convertido para Colombia no solo en una oportunidad de diversificar sus relaciones comerciales, las cuales se han concentrado históricamente en socios comerciales como EEUU o la Unión Europea. Para el año 2013 las exportaciones de Colombia eran de 58.822 millones de dólares, de ese total el 31,4% eran hacia EEUU y un 15,7%^[4] hacia la Unión Europea, es decir que para este año casi el 45% de las exportaciones colombianas estaban concentradas en solo dos socios comerciales.

Si se compara esta cifra con las exportaciones hacia el Asia Pacifico en socios como China, Japón o la India, este porcentaje solo representaba un 14.5% lo cual es relativamente bajo si se tiene en cuenta que Colombia es un país exportador de materias primas, las cuales son necesitadas en mayor medida por países más desarrollados, esto deja entrever que la falta de diversificación de socios con que cuenta Colombia no se debe a los productos que exporta sino a las relaciones que ha constituido a lo largo de los años.

Por otro lado, si analizamos el potencial que representa la AP para el mercado colombiano podemos evidenciar que según los estudios de potencialidad realizados por el ministerio de Comercio Industria y Turismo de Colombia en 2013 “al cabo de unos años dos de los productos más importantes de la oferta colombiana, café y banano, podrán entrar libres de arancel a México, el mercado más grande de AP y del cual se encuentran excluidos en la actualidad, enfrentando aranceles del 67 y 20% respectivamente.” (Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2013)

En relación a otra de las ventajas que ha representado la AP para la inserción de Colombia en el Asia Pacifico ha estado relacionada al fortalecimiento de los encadenamientos productivos. Es prioritario que en países con niveles industriales que no logran implementar en sus procesos productivos la elaboración de bienes con un alto nivel agregado una apuesta por mejorar a partir de alianzas, la generación de cadenas productivas en determinados sectores estratégicos con un mayor valor agregado e incluso a menor costo, en esta estrategia resulta importante el rol de México al interior de la alianza.

Dichas cadenas no solamente permitirán cubrir mejor la creciente y sofisticada demanda intra-Alianza del Pacífico, y con ello prevenir o sustituir importaciones, sino, además, dichas cadenas deben fijar su atención en el mercado de Estados Unidos, aprovechando el NAFTA, del cual es Estado miembro México. Asimismo, se puede aprovechar el muy ventajoso tratado que Perú tiene con Japón. (Ramirez & Gonzales, 2016, pág. 25)

Por otro lado, la AP tiene un alto valor estratégico para Colombia en la medida que se ha convertido en una plataforma para fortalecer el comercio con el Asia Pacífico y no solo al interior del bloque. Como se ha mencionado antes, la región del Asia Pacifico durante el 2013 fue el tercer destino más importante en exportaciones de Colombia, con el evidente ascenso de China en el panorama comercial internacional, es fundamental para Colombia estrechar las relaciones políticas y comerciales con la nación asiática y contar con un bloque que permita equilibrar las asimetrías.

La alianza por si misma ha representado un fortalecimiento y aumento de las exportaciones e importaciones del bloque, para el 2014 se dieron exportaciones totales de 548.1 millones de dólares e importaciones por un total 572.9 millones de dólares, entre los cuales los cuales se destacaron el petróleo crudo, automóviles de turismo, partes de autos, maquinarias automáticas y teléfonos. (Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2013)

En relación a los destinos de las exportaciones, la región de Asia Pacifico ha presentado un crecimiento a una tasa media anual del 11%, esta cifra no es menor, teniendo en cuenta las características de los bienes que se exportan y que EEUU presenta mayor cercanía y relacionamiento con México dado los acuerdos del NAFTA. (CEPAL, 2008)

Para Colombia la AP ha representado un crecimiento en sus exportaciones, principalmente en América Latina y el mundo. La cifra de 3.089 millones de dólares se encuentra marcada con un 18,9% de ellas hacia América Latina. De la misma manera se ha presentado un aumento de la IED hacia el bloque por un total de 70 mil millones de dólares, los cuales se han enfocado en el sector de los recursos naturales, manufacturero y de servicios. (Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2013)

Finalmente se debe considerar que aunque la efectiva participación de Colombia en la AP ha representado una estrategia importante para la inserción de Colombia en América latina y el Asia Pacifico, los retos que se presentan de cara a próximos gobiernos son constantes y revelan que es necesario consolidar la unión económica y comercial del bloque hacia un futuro en donde los bloques de integración son susceptibles a los cambio de gobierno y en especial a los cambios en el sistema internacional.

La necesidad de fortalecer una politica monetaria y social común puede ser un camino con dificultades, pero que a su vez estabilizaría las futuras transiciones entre gobiernos de los países miembros, sin embargo, resultaría ambicioso plantera un tipo de integración como el postulado por la Unión Europea, en especial cuando se habla de un regionalismo abierto que busca preservar la autonomía y la soberanía fiscal de sus miembros.

En relación al futuro de la AP, la búsqueda de integrar nuevos miembros como el caso de Ecuador y de establecer un marco para la participación de nuevos miembros y observadores se convierte en una tarea estratégica, está en la medida que se pueden superar las disputas internas que han dificultado la consolidación de objetivos en otras experiencias de integración.

En relación a la participación en otros espacios de discusión y decisión la AP ha concentrado sus esfuerzos por articular estrategias claves frente a la APEC, (Foro de Cooperación Asia Pacifico) en este espacio la AP busca convertirse en la principal plataforma de integración de América Latina, buscando consolidar acuerdos comerciales e iniciativas de cooperación internacional.

“APEC es un aliado estratégico de la Alianza del Pacífico en la medida que es motor de crecimiento de la economía mundial, aporta el 60% del PIB mundial, comprende el 39% de la población mundial, aporta en intercambios comerciales 50% de las transacciones mundiales generando 16 trillones USD. Una de las metas por parte de la Alianza es consolidar el Pathway hacia una zona de libre comercio del pacifico” (Meneses, Tique, & Molina, 2019, pág. 15)

La AP es una estrategia novedosa de integración regional, a pesar que esta se presenta como una estrategia relativamente nueva en comparación con otras experiencias de gran envergadura como el MERCOSUR, UNASUR, CELAC, ALADI, etc., o las que han pasado por crisis y transformaciones como el ALBA o el PROSUR. La Alianza del Pacifico Sigue siendo una plataforma a la que hay que prestar atención en el largo plazo, especialmente porque encaja en las transformaciones que han desplazado el comercio y las relaciones internaciones del Atlántico al Pacifico.

Además de ello, la estructura y funcionamiento de la AP permite un mayor margen de maniobra de sus miembros, siendo coherente con la necesidad de los países latinoamericanos de mirar hacia la afuera del continente, pero sin dejar de lado la región como única plataforma de posicionamiento e inserción de las dinámicas internacionales.

Conclusiones

Luego del análisis relacionado a la politica exterior del presidente Juan Manuel Santos es correcto afirmar que el giro que se ha dado en el relacionamiento con los países de la región y con el Asia Pacifico ha beneficiado el intercambio comercial, especialmente con la participación que la nación sudamericana ha tenido con la Alianza del Pacifico. Dicha estrategia ha sido novedosa teniendo en cuenta los gobiernos anteriores que dieron una prioridad al factor doméstico, especialmente al factor seguridad en la lucha contra las drogas y el debilitamiento por la vía armada de las guerrillas y grupos armados que operan en el país.

La estrategia utilizada por medio de la Alianza del Pacifico y un buen relacionamiento con los países de la región se demuestra en el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Venezuela y otros países, así como el estrechamiento con países como Brasil, lo cual facilita aumentar las relaciones amistosas con organismos regionales los cuales anteriormente se encontraban estancadas por disputas internas y errores en la lectura de los cambios a nivel global, especialmente los que han posicionado al Asia Pacifico en el centro del comercio internacional.

Es necesario coordinar desde el Estado colombiano una politica exterior consistente y eficaz en el tiempo, esto requiere superar situaciones internas que hacen primar aspectos domésticos de seguridad por sobre los internacionales, principalmente los aspectos comerciales, la integración en organismos regionales y el manejo de buenas relaciones con los países vecinos.

La Alianza del Pacifico representa una apuesta estratégica que permitiría a Colombia posicionarse como un destino para los intercambios comerciales, internamente en la región de América Latina, pero de manera mas amplia hacia la región de Asia Pacifico, sin embargo, es necesario demostrar una politica de liderazgo frente a otros miembros, que durante los últimos años han fortalecido sus intercambios comerciales.

El liderazgo al interior de la alianza es una tarea fundamental que permitiría la toma de decisiones logrando convertir a Colombia en un miembro competitivo, principalmente frente a socios de la región como Chile y Perú, y a miembros más fuertes como México, el cual al tener una infraestructura productiva más desarrollada presenta mayores oportunidades en la inserción hacia Asia Pacifico. En este sentido se hace necesario la consolidación de una politica exterior como una politica de Estado y no como un objetivo por parte de los gobiernos de turno, lo cual parece ser un síntoma de varios países de la región los cuales ven afectados los intereses nacionales en la medida en que se transita de un periodo presidencial a otro.

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● CHILE Y EL RUMBO DE SU “CONTRATO SOCIAL”^[5]

Por Laura Bono y Laura Bogado Bordazar.^[6]

Los compromisos que nos ligan al cuerpo social sólo son obligatorios
porque son mutuos, y su naturaleza es tal, que al cumplirlos no se
puede trabajar para los demás sin trabajar también para uno mismo.”

Jean Jacques Rousseau.
El contrato social

El pasado domingo 4 de septiembre el pueblo chileno fue convocado nuevamente a las urnas a los efectos de elegir entre continuar con la Constitución que data de 1980 o gestar una nueva Carta Magna, lo que constituiría, en términos de sus redactores, “un nuevo contrato social” en el país trasandino.

El proceso que promovió la necesidad de un cambio en el sentido expuesto tuvo su epicentro en las protestas masivas que se iniciaron en la ciudad de Santiago de Chile, el 18 de octubre de 2019, tras los anuncios del aumento en el valor del transporte público. De lo particular a lo general, las peticiones puntuales se transformaron en reclamos de reformas generales, lo que estableció la necesidad de hacer grandes modificaciones como la de la Constitución, cuya letra data de los tiempos de la dictadura militar y que establecía una democracia protegida con tutela militar.

En ese contexto, y a los efectos de pacificar las calles, entre el 14 y 15 de noviembre de 2019, los partidos políticos chilenos dieron luz, mediante negociaciones a contrarreloj, al “Acuerdo Por la Paz Social y la Nueva Constitución” que impulsó un plebiscito con el fin de dilucidar dos cuestiones: la necesidad o no de reformar la Constitución y en el caso de votar a favor de la reforma, se debía definir las características del órgano que la redactaría. El resultado fue afirmativo y se definió como órgano a la Convención Constitucional.

Por aquel entonces Chile demostraba a los países de la región que, más allá de las diferencias y las diversas posturas, el camino de la construcción colectiva era el elegido, así como también los instrumentos democráticos que garantizaran una convivencia pacífica.

Fue así como, el 25 de octubre de 2020, el pueblo de Chile expresó la necesidad de darse una nueva constitución, mediante la Convención Constituyente. Entre el 15 y el 16 de mayo de 2021, mediante una nueva consulta ciudadana, el cuerpo constituyente quedó finalmente conformado, relegando a la clase política tradicional, quien cedió su espacio a nuevas alternativas. La elección disputaba 155 espacios que se vieron fragmentados entre la nueva derecha nacional (37), Apruebo Dignidad (28), Lista del Pueblo (25), Independientes por una nueva Constitución (11), otro grupo independiente (11) y los pueblos originarios (17). En esta oportunidad, se rompieron alineamientos políticos históricos y surgieron nuevos referentes en la esfera política.

Finalmente, el 4 de julio de 2021la Convención Constituyente se reunió y eligió a sus autoridades. Elisa Loncón, representante de los pueblos originarios, fue designada como su presidenta y Jaime Bassa vicepresidente. Transcurrido un año de redacción el texto quedó consolidado. En medio de ese proceso, tuvo lugar el cambio político en las elecciones presidenciales, reflejo de aquello que había expresado la ciudadanía en las calles en 2019. El mismo presidente electo y que asumió el cargo en marzo, Gabriel Boric, había participado activamente de las protestas que dieron inicio a los cambios estructurales mencionados anteriormente. Es de destacar que la Convención pudo sortear, no sin dificultades, dos presidencias diametralmente opuestas en sus ideas, cuyo texto definitivo fue entregado al actual presidente.

La propuesta se compone de 178 páginas, 388 artículos, 11 capítulos y 56 disposiciones transitorias. Es el primer texto constitucional en la historia de Chile escrito con participación de ciudadanos, ciudadanas y pueblos originarios y bajo un órgano como la Convención Constitucional.

El proyecto de la nueva Constitución

Entre las declaraciones y derechos incorporados en el proyecto que se sometió este domingo a votación se incluyen: la constitución de Chile como un Estado social y democrático de derecho, plurinacional, intercultural, regional y ecológico, constituyéndose como una república solidaria, bajo la forma de gobierno democrática inclusiva y paritaria. Se establece el reconocimiento de diversas naciones, de manera expresa, como el pueblo Mapuche, Aymara, Rapanui, Lickanantay, Quechua, Colla, Diaguita, Chango, Kawésqar, Yagán y Selk’nam, dejando abierta la puerta para el reconocimiento de otros pueblos en el futuro.

Una de las modificaciones que expresa el proyecto, cambia la visión del país trasandino en relación a la región en la cual el mismo se encuentra inserto y que muchas veces ha sido dejada de lado por los diversos gobiernos, al afirmar que “Chile declara a América Latina y el Caribe como zona prioritaria en sus relaciones internacionales”.

El texto proyectado, en el ámbito de los derechos, hace especial mención a los derechos humanos y reconoce los derechos colectivos en cabeza de los pueblos originarios. Asimismo se incorpora componentes feministas, ecológicos, la muerte digna y la diversidad sexual, entre otros.

En relación a la organización nacional, promueve el cambio de un país unitario (art. 3 CN) a uno con mayor participación de las regiones, donde el sistema de justicia se diversifica, bajo el pluralismo político, incorporando sistemas jurídicos propios de los pueblos originarios, creando dos sistemas en un solo territorio, siendo la Corte Suprema del país la encargada de homogenizar los mismos.

Este cambio de organización interna impacta asimismo en la conformación del Poder Legislativo, dejando a un lado el Senado Nacional, ya que se compondría con un Congreso de Diputadas y Diputados y de la Cámara de las Regiones.

Sin lugar a dudas, fue una propuesta disruptiva del orden imperante en el país, producto de la composición misma de la Asamblea Constituyente. Sin embargo, no fue suficiente y la derrota de la aprobación de la nueva Constitución abrió un nuevo frente para la sociedad en su conjunto y en especial para las fuerzas políticas que integran la misma.

Tiempo de análisis y de entender ¿qué pasó?

Ese dilema que enfrenta Chile ahora con el resultado del rechazo a la nueva Constitución es doble, en tanto que el nuevo contrato social no estuvo respaldado por una mayoría contundente: 61,86 % de los votantes. Lo cual significó, no solo un debilitamiento político para el presidente Boric, sino también una derrota para una parte importante de la sociedad que se había movilizado en pos de profundos cambios, para los movimientos sociales organizados, activistas de diferentes sectores y en definitiva para un pueblo que había participado en las protestas de octubre de 2019. Lo cierto es que la Carta Magna de un país debería gozar de un consenso indiscutido para que pueda representar verdaderamente la visión que un pueblo posee de su propia organización.

La ausencia de una vía que resuelva esta cuestión, impulsó nuevos debates entre los partidos políticos, que van desde un nuevo proceso constituyente, apoyado por el presidente Boric o la inclusión de modificaciones efectuadas por la Asamblea Constituyente. Cualquiera de las opciones políticas que se aborden, deberán incluir el mayor consenso político para que la nueva futura constitución represente verdaderamente a la mayoría del pueblo chileno y no solo a una parte de él.

Lo cierto es que lo que se ha puesto en juego, luego del negativo resultado del plebiscito, ha sido el futuro de la gobernabilidad para el presidente, quien de manera inmediata tomó la decisión de cambiar a gran parte de su gabinete. Boric ha manifestado públicamente que se trata de: “uno de los momentos políticamente más difíciles que me ha tocado enfrentar y que el cambio de gabinete no es solo protocolar ni para una foto. Aquí cambia también el comité político que es la conducción de nuestro Gobierno”. En este sentido, se espera que el cambio de gabinete pueda liderar el reencuentro que se tiene que producir en el país para iniciar un nuevo proceso constituyente que permita la continuidad del diálogo y que atienda todos los reclamos. Los nuevos ministros nombrados son: el de Interior y Seguridad Pública (Carolina Tohá), la Secretaría General de la Presidencia (Ana Lya Uriarte), el de Desarrollo Social y Familia (Giorgio Jackson), Salud (Ximena Aguilera), Energía y Ciencias y Tecnología (Diego Pardo).

De ahora en más se presenta para Chile un tiempo de análisis y de reflexión acerca de los errores cometidos, de cómo impactaron las presiones de los diferentes sectores políticos y sociales internos, que pugnan entre aprobar las reformas, “suavizar” el tono de las mismas o mantener una Constitución obsoleta y que no refleja la realidad de un país que necesita un nuevo contrato social y por ende entendemos que esta última opción no es viable en el contexto actual, donde aún no se han dado las respuestas adecuadas a las manifestaciones que dieron origen a este proceso.

● Bolsonaro y la importancia del relato

Por Matías Mongan^[7]

A pesar de que la mayoría de las encuestas lo ubicaban muy por detrás de Lula da Silva y de haber hecho un gobierno opaco e incapaz de ofrecer a la población un activo político de relevancia, el presidente Jair Bolsonaro no sólo llega con chances reales de ganar en la segunda vuelta sino que el oficialismo y sus aliados lograron asegurarse la mayoría en el Congreso (el Partido Liberal (PL), por el cual compitió Bolsonaro, obtuvo 99 bancas en Diputados y 13 bancas en el Senado) y el control de los estados más poblados como Río de Janeiro. Mientras que en San Pablo se enfrentarán en el balotaje del 30 de Octubre el ex titular del Ministerio de Infraestructura, Tarcisio Freitas (Republicanos), y el candidato del Partido de los Trabajadores (PT), Fernando Haddad.

¿Qué motivos explican este fenómeno?

Haciendo un repaso de las principales respuestas ensayadas por académicos y especialistas durante estas últimas horas, se suele señalar que, a pesar de las innumerables tensiones institucionales que provocó el mandatario durante su gestión, su administración logró impulsar reformas económicas de importante calado que son bien valoradas por los grupos económicos concentrados, los cuales siguieron respaldando al gobierno a pesar de discrepar con las formas utilizadas por Bolsonaro. La más importante sin dudas fue la aprobación en Octubre del 2019 de la reforma del sistema de pensiones, la cual implicará un ahorro estimado a las arcas públicas de unos 800.000 millones de reales a lo largo de una década.

En lo que hace a la clase media el principal activo electoral del gobierno fue la política antiinflacionaria, la cual permitió que, en un momento en que los conflictos sociales están en aumento en el resto del mundo como consecuencia de la suba sostenida de precios generada por la guerra en Ucrania, en el mes de agosto los precios al consumidor en Brasil cayeran por segundo mes consecutivo, con una variación mensual de -0,36%, y la inflación en los últimos 12 meses retrocediera a menos de 10% (www.lanacion.com.ar, consultado en Octubre del 2022). Este proceso de “deflación” sin dudas fue muy importante para el gobierno en términos electorales ya que impidió que este sector, que había sido muy crítico respecto a su manejo de la pandemia, pierda poder adquisitivo a pesar del escaso crecimiento económico evidenciado por la economía de Brasil durante los últimos años.

Por último, en lo que hace a las clases populares, previo a las elecciones Bolsonaro puso en funcionamiento una serie de programas sociales orientados a fortalecer el consumo de los sectores carenciados. El más relevante sin dudas fue el denominado “Auxilio Brasil” puesto en funcionamiento en diciembre del 2021, el cual remplazó el exitoso programa “Bolsa Familia” impulsado por Lula en el año 2004 y que contempla una paga mensual de 400 reales para aproximadamente 20 millones de familias. Es decir, asegura la corresponsal del diario El País en Brasil, Naiara Galarraga Cortazár(2021), un subsidio que duplica al que hasta ese entonces pagaba Bolsa Familia y que “beneficiará a seis millones de familias más que los 14 millones que recibían el subsidio anterior” (Galarraga Cortazár, www.elpais.com, consultado en Octubre del 2022).

Para poner en funcionamiento esta iniciativa, el jefe de estado no dudó en aprobar una reforma constitucional que permitió flexibilizar temporalmente el “techo de gasto” establecido por la gestión de Michael Temer (2016-2018). Un hecho que a la postre no hace más que confirmar que la principal prioridad para los líderes populistas como Bolsonaro es mantenerse a toda costa en el poder, para así continuar moldeando los valores del pueblo brasileño a partir de una lógica de “arriba” hacia “abajo”( Mendonça, 2014).

Esto último nos permite adentrarnos en la importancia que tiene el discurso, la principal fortaleza electoral que tiene Bolsonaro y que explica porque pudo llegar competitivo a las elecciones a pesar de los escándalos que rodearon a su mandato.

El enfoque “ideacional” del populismo, enarbolado por autores como Cristóbal Rovira y Cas Mudde, define a este fenómeno como “una ideología delgada la cual considera que la sociedad está últimamente separada entre dos grupos homogéneos y antagónicos, ‘el pueblo puro’ contra la ‘élite corrupta’, y que argumenta que la política debe ser entendida como la expresión de la voluntad general del pueblo” (Mudde y Rovira 2019, 33). Esta construcción dicotómica, de carácter netamente discursivo, permite que el líder pueda encubrir sus propias incapacidades y sobre todo movilizar a su base electoral, tal como por ejemplo demuestra el ejemplo de Bolsonaro. Las sucesivas críticas que recibió el mandatario a lo largo de estos últimos años respecto a su política ambiental, a su trato hacia las mujeres y las minorías, fueron utilizadas para fortalecer está lógica “nosotros”/”ellos” y mantener al bolsonarismo en una suerte de campaña electoral permanente. Hasta la propia política externa, sitial considerado intocable por el establisment político y diplomático de Brasil, dejó de ser considerada como una herramienta para fortalecer el modelo de desarrollo nacional para pasar a estar al servicio de un relato polarizante por intermedio del cual el mandatario construyó su gobernabilidad (Mongan 2021).

De cara a la segunda vuelta del 30 de Octubre Bolsonaro seguramente buscará profundizar este discurso que tanto réditos electorales le ha dado, Lula por su parte deberá inyectar de optimismo a sus simpatizantes –que estaban confiados en poder conseguir un triunfo electoral en la primera vuelta– mientras paralelamente deberá esforzarse por dejar en evidencia las consecuencias nocivas que el modelo de gobierno Bolsonaro ha provocado en el interés nacional brasileño.

Referencias bibliográficas

Galarraga Cortázar, N. (2021, Diciembre). Bolsonaro lanza su paga contra la pobreza, Auxilio Brasil, con la vista puesta en las elecciones. El País. https://elpais.com/internacional/2021-12-09/bolsonaro-lanza-su-paga-contra-la-pobreza-auxilio-brasil-con-la-vista-puesta-en-las-elecciones.html

La Nacion (2022, Septiembre). La economía le da otra buena noticia a Jair Bolsonaro: Brasil tuvo deflación por segundo mes consecutivo. https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/la-economia-le-da-otra-buena-noticia-a-jair-bolsonaro-brasil-tuvo-deflacion-por-segundo-mes-nid09092022/

Mendonça, D. (2014). Populismo como vontade de democracia. Colombia Internacional, nº 82, pp. 51-70. DOI: dx.doi.org/10.7440/colombiaint82.2014.03

Mongan, M. (2021). El impacto del populismo en el proceso de toma de decisiones de la política externa de Bolsonaro. Anuario en Relaciones Internacionales 2021, Instituto de Relaciones Internacionales (IRI), pp. 1-10.

http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/126733/Documento_completo.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Mudde, C. y Rovira Kaltwasser, C. (2019). Populismo: una breve introducción. Alianza Editorial.

● A 200 años de la independencia de Brasil

María Julieta Duedra[8]

Este 7 de septiembre de 2022 se conmemoraron 200 años de la independencia de la actual República Federal de Brasil, que implicó el proceso de emancipación de Portugal tras una serie de hechos que culminaron con el conocido grito de independencia realizado por Don Pedro de Alcântara a la vera del río Ipiranga en Sao Paulo.

Algunas reflexiones sobre su proceso de independencia nos llevan a analizar de forma contextualizada las circunstancias en las que se encontraba el gigante sudamericano en aquel entonces.

En este sentido, el Brasil colonial, que se extendió desde el año 1500 hasta 1822, mantuvo connotaciones diferentes a las presentadas en los antiguos dominios españoles en América. Mientras que en la América española muchas divisiones territoriales luego se transformaron en Estados, que con el tiempo fueron demarcando sus límites territoriales, en Brasil la división de las capitanías conformó posteriormente las diversas regiones que forman parte de un único país, que, a grandes rasgos, presenta similares fronteras a las demarcadas por el tratado de Madrid de 1750.

Esta unión, ha llevado -en muchos casos- a la ilusión de que la unidad de Brasil siempre existió pero, ¿qué hechos llevaron a creer en la existencia  de una  unidad como nación? Sin dudas una mera ilusión, puesto que las colonias de Portugal en Brasil eran una colección de capitanías separadas unas de las otras, en donde incluso cada una de ellas tenía relaciones directas con la corona portuguesa sin necesidad de generar acuerdos entre las mismas. Pero, ¿por qué esa colección de colonias portuguesas no se transformó, como sucedió en América española en un grupo de Estados  soberanos?

Sin dudas uno de los motivos que impidió ello fue la esclavitud, el sistema esclavista generaba intereses comunes en las oligarquías regionales, lo cual llevó a la necesidad de subordinarse a un Estado imperial centralizado, ya que el mismo podría proteger el gran imperio esclavista que se había generado en Brasil. En este sentido, las diversas oligarquías regionales hicieron uso de su autonomía política y aceptaron subordinarse al Estado imperial centralizado con el fin de ampararse en el mismo y proteger de esta manera el sistema de la esclavitud, especialmente la mantención del tráfico. Mientras muchos países habían tomado la decisión de abolir la esclavitud, Brasil la mantuvo hasta 1888.

¿Qué llevó a Brasil ser Brasil?

Muchos historiadores se remontan a 1808 año en el cual la corona portuguesa se trasladó a Brasil con el fin de huir de la invasión napoleónica sobre el territorio de Portugal. La llegada de la corona a Rio de Janeiro posibilitó una serie de cambios tales como el desarrollo comercial, económico y cultural que contribuyeron significativamente en la modernización del país, permitiendo de esta forma, sentar bases más sólidas para una posterior independencia.

Haciendo un recorrido histórico de algunos hechos que dieron origen a este proceso revolucionario, cabe mencionar lo que aconteció el 16 de diciembre de 1815,  oportunidad en la cual Brasil deja de ser colonia para integrar el Reino de Portugal, el cual pasó a ser denominado Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarves. Dicha medida tuvo como objetivo principal evitar que Brasil siguiera el mismo camino de fragmentación revolucionaria que había seguido Estados Unidos en 1776.

De esta forma, la elevación de Colonia a Reino permitió que diputados brasileños pasaran a actuar en las cortes portuguesas, posibilitando con ello la generación de desentendimientos entre los diputados de ambos reinos.

Por otra parte, el crecimiento, la modernización y las libertades en lo económico y comercial generadas por el traslado de la corona de Portugal a Brasil, posteriormente limitado, presentó cierta incomodidad de la elite brasileña quien no veía con buenos ojos el retorno al monopolio comercial portugués, especialmente en los partidarios liberales contrarios al absolutismo como era la inconfidencia Mineira.

Más allá de la instauración de la corona portuguesa en el territorio de Brasil entre 1808 y 1820, otro de los antecedentes relevantes en el proceso de independencia fue la revolución de Porto en 1820, hecho a partir del cual la corona regresa a Portugal el 7 de marzo de 1821 dejando a Brasil a cargo del hijo mayor del rey y heredero Don Pedro.

El proceso de independencia se concretiza justamente durante la regencia de Don Pedro, las cortes portuguesas que habían surgido luego de la revolución de Porto tomaron algunas medidas que incomodaron a Brasil, entre ellas el pedido de retorno del príncipe regente a Europa. Si bien la independencia no era el deseo inicial de Brasil, la resistencia entre las autoridades portuguesas y brasileñas se fue agudizando posibilitando el ingreso de un discurso independentista.

La posterior exigencia del retorno de D. Pedro a Portugal generó la reacción de los brasileños y la creación de un club de resistencia juntamente con la entrega de un documento al príncipe regente que exigía su permanencia en Brasil, hecho que generó su continuación en el territorio latinoamericano.

La insistencia por parte de Portugal no se hizo esperar, puesto que el 28 de agosto de 1822 llegó una nota que exigía el retorno inmediato de D. Pedro  a la metrópoli. En el mismo documento se revocaban una serie de medidas que regían en Brasil que los portugueses las consideraban “privilegios”.

Doña María Leopoldina, regente en ese momento, porque su marido se encontraba en el interior de Sao Paulo, leyó el documento y convocó a una sesión extraordinaria el 2 de septiembre de 1822 donde se firmó la declaración de independencia y posteriormente envió una carta a D. Pedro mediante  la cual le comunicaba la decisión.

El día 7 de septiembre de 1822, D. Pedro recibió los decretos de Lisboa      que lo transformaban en un “mero gobernador” quedando sujeto a la autoridad de las cortes. Tal actitud lo llevó a decidir cortar los lazos que unían a Brasil con Portugal y ordenó a  todos los presentes que se quitaran de sus uniformes las insignias portuguesas que llevaban consigo y, según cuentan algunos historiadores de forma pintoresca, habría pronunciado el grito de:      «Independencia o Muerte».

De esta manera D. Pedro pasa a ser aclamado, el día 12 de octubre del año 1822 como primer emperador de Brasil adquiriendo el título de D. Pedro I el día  1 de diciembre.

Brasil imperio perduró hasta 1889, cuando un golpe militar instaura la forma republicana, federal y presidencialista de gobierno, derribando de esa forma la ya cuestionada monarquía parlamentaria.

Son 200 años de aquella independencia, marcados no solo por conflictividades sociales, políticas, económicas y largas dictaduras militares, sino también por la construcción de una cultura propia, la instauración de sus instituciones, la industrialización, el crecimiento económico, el fortalecimiento de los procesos democráticos, su vinculación con el mundo, la creación de cuerpos diplomáticos de carreras, su inserción internacional, y su reconocimiento a nivel mundial.

Toda una historia de cambios que a pesar de un idioma no compartido y una cultura disímil a los Estados de tradición hispánica posibilitó diversas formas de integración que se mantienen hasta la actualidad. No obstante ello, esta fecha es sin dudas un momento propicio para reflexionar sobre la relación que Brasil mantiene con sus Estados vecinos, pensar en la necesidad de retomar un papel de líder regional que posibilite no solo una mayor cohesión del territorio sudamericano sino también en el fortalecimiento de los procesos de integración, comercio e inversión regional, fundamentalmente del Mercosur.