La llegada a la presidencia de México de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en diciembre del 2018 auguraba, a decir por su campaña, una administración fincada en la honradez, la transparencia administrativa, el respeto a las instituciones y un rumbo económico marcado por una visión estratégica que superaría los rezagos y malas prácticas de las administraciones pasadas. Su histórico triunfo, logrado con el 53.20% de los sufragios según los datos oficiales del Tribunal Electoral, mostró el decidido apoyo de amplios sectores de la sociedad que incluyó grupos campesinos y urbanos de todos los estratos sociales y de todos los niveles educativos. La campaña que llevó a cabo despertó grandes expectativas que en menos de 6 meses de gobierno empezaron a colapsarse. Hoy, después de más de 4 años de administración, son cada vez más las voces que se levantan para señalar el rumbo errático en diversos frentes de este gobierno al que el propio presidente ha dado en llamar la Cuarta Transformación (4T).

Actualmente, la imagen de México está desdibujada debido a las incongruencias y contradicciones de un gobierno que, desde el Palacio Nacional,  ha minado progresivamente la división de poderes, el estado de derecho, suprimido la capacidad de diversos órganos autónomos y el creciente menoscabo de las instituciones así como el continuo señalamiento que se hace a la oposición como enemigos, generándose un clima de división social que el mismo Andrés Manuel atiza todos los días desde la tribuna que él se ha erigido en las llamadas “mañaneras”, conferencias de prensa, que como en púlpito AMLO predica y adoctrina a sus seguidores vía la presentación de sus propios datos y versiones de lo que ocurre en la vida nacional e internacional.

Cabe recordar que la imagen que proyecta un país en el escenario internacional es el resultado de una serie de factores entre los que destacan su credibilidad forjada al paso del tiempo, así como su rol y posicionamiento asumidos en decisiones clave que marcan el rumbo de los asuntos globales. Esta imagen también se construye a través de la promoción que hace de sus valores, cultura y manifestaciones artísticas a lo que algunos teóricos llaman poder blando (soft power). Por décadas México logró posicionarse como un país que si bien las bases de su poder duro (hard power), léase militar o económico,  no eran  sustantivas su visión normativa, defensora del derecho internacional y promotora de valores universales fincados en la paz,  la cooperación, la solución pacífica de las controversias, la democracia y la no injerencia en asuntos de otros pueblos por solo mencionar algunos, hicieron de nuestro país un referente  mundial con particular relevancia en América Latina.

Desafortunadamente, en las últimas dos décadas esa imagen se ha deterioradoprogresivamente.No obstante, en los 4 años que lleva la administración actual este desgaste se ha exacerbado. La imagen de México se desdibuja cada día por la conducción de una política exterior errática encabezada por un canciller que ha estado más preocupado por posicionarse en la carrera por la sucesión presidencial al tiempo que los escándalos en torno a su desempeño son noticia en lo cotidiano.

A este deterioro han contribuido también los nombramientos que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador de embajadores y otros representantes cuya trayectoria ha sido ampliamente cuestionada, provocando su rechazo en los países en los cuales se esperaba serían acreditados.

La poca participación del presidente mexicano en foros internacionales, resultado de su continua negativa a salir del país, es otro elemento que desdibuja la imagen de México, dado que en cuatro años de gobierno sólo ha visitado Estados Unidos y una gira por Centroamérica y Cuba. A su vez, se considera relevante destacar lo acontecido en el marco de la IX Cumbre de la Américas, ya que que el mandatario mexicano no asistió argumentado que su ausencia se debía a que no habían sido invitados todos los países de la región, haciendo clara y abierta alusión a Venezuela, Cuba y Nicaragua. En esta cumbre, el ejecutivo mexicano se posicionó del lado de las dictaduras y no de las democracias.

Este acercamiento a países cuyos gobiernos no se caracterizan por sus procesos democráticos se ha exacerbado con la reciente condecoración al presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, con La Orden Mexicana del Águila Azteca, la más alta distinción que entrega el Gobierno de México a extranjeros, y se otorga en reconocimiento por servicios prominentes prestados a la Nación Mexicana o a la humanidad. Interesante resulta saber cuáles son esos servicios prominentes prestados por el dictador cubano.

A esta secuencia errática, ajena a la tradición en política exterior mexicana, se suma la falta de un posicionamiento claro del Estado en un tema crucial que ha acaparado los reflectores durante el último año: la guerra ruso-ucraniana, en la que la ambigüedad y las contradicciones entre las declaraciones del presidente mexicano y su embajador ante la ONU han sido recurrentes.

La posición de México en el mundo parece no tener rumbo. En este sentido, los desaciertos frente a la crisis ucraniana se han reflejado en el comunicado que la presidencia emitió contra los parlamentarios europeos llamándolos borregos en el momento en que estos expresaron su preocupación por el creciente número de periodistas asesinados en México, que ocupa el poco honroso lugar número uno en el mundo en asesinatos de reporteros.  Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard guarda un silencio inexplicable, frente a éste y otros asuntos de la agenda internacional de México tal como la reciente crisis con Perú, en la que nuevamente AMLO apoyó al golpista Rafael Castillo en una clara y abierta posición injerencista, descalificando y criticando a la presidente Dina Boluarte. Seguramente la guerra de Ucrania llegará a su fin, al igual que otros temas de la agenda mundial, no así la pérdida de reputación y prestigio que acumula nuestro país día a día, propiciada por los desaciertos y falta de oficio del gobierno actual, sumado a las irrisorias demandas que ha hecho a España y al Papa exigiendo disculpas por hechos históricos de más de quinientos años como la Conquista.

Poco afortunadas han sido otras decisiones del gobierno actual cuyo impacto no sólo ha recaído en la imagen del país sino que han afectado la credibilidad y el compromiso de México con las energías limpias y la defensa del medio ambiente.  La mayor inversión pública del gobierno actual se ha dirigido a tres proyectos que AMLO ha definido como estratégicos: el Tren Maya -con todo y las repercusiones medioambientales por su impacto en una de las mayores reservas verdes (la selva Lacandona)-, el aeropuerto de Santa Lucía -que a la fecha pareciera ser un “elefante blanco” poco utilizado-, y su gran proyecto, la Refinería de Dos Bocas, una apuesta a las energías fósiles en un contexto en el cual el mundo vira hacia energías limpias. Resulta una gran paradoja que la mayor inversión privada que se ha anunciado con bombos y platillos es la instalación de una mega planta de Tesla de vehículos eléctricos en el Estado de Nuevo León, en tanto que la mayor inversión pública es para refinar gasolina para automóviles que en el futuro tenderán a desaparecer.

México se proyecta como un país inseguro, donde el estado de derecho se violenta sistemáticamente, así como los derechos humanos. Un país donde la corrupción en todos los niveles de gobierno es práctica cotidiana exacerbada en la 4T. Un país donde el narcotráfico y algunos carteles de la droga parecen mantener un acuerdo tácito con distintos niveles de gobierno, incluidas las más altas esferas. Ello se ha evidenciado en el reciente juicio contra Genaro García Luna en un tribunal federal de Nueva York así como las sospechas de la “sutil” vinculación de AMLO con el cártel de Sinaloa que se pusieron en evidencia con la instrucción que diera el ejecutivo para liberar a Ovidio Guzmán, hijo del famosos «Chapo», encarcelado en EEUU, cuando el ejército lo había detenido, o el caso de las fotos que han circulado en diversos medios en las que AMLO saluda afectuosamente a la mamá del Chapo Gúzman en una visita que hiciera a Badiraguato, Sinaloa, lugar natal de este líder del cártel de Sinaloa.

Un elemento más que se suma a este rumbo errático es la “guerra abierta” que AMLO tiene contra el Instituto Nacional Electoral (INE). Ya se ha vuelto habitual la continua denostación que hace el jefe del ejecutivo mexicano del INE, al punto que ha llegado a considerar la desaparición de este órgano político, para regresar a las viejas prácticas «priistas» del control gubernamental de los procesos electorales desde la Secretaría de Gobernación. Este retroceso, además de poner en evidencia el rumbo autoritario que está tomando el país con la 4T y la consecuente crisis del sistema político, ha sido un llamado a la acción de la sociedad civil, la cual se ha volcado a las calles en dos marchas multitudinarias, que han sumado a más de cien mil manifestantes (según las cifras más conservadoras, sólo en las Ciudad de México) a lo que se sumaron miles de personas en diversas ciudades para proteger las instituciones democráticas. Resulta paradójico que el INE permitiera la transición democrática en el año 2000 y, por ende,garantizara procesos electorales más democráticos y transparentes permitiendo la alternancia que llevó a AMLO a la presidencia. El INE llevó a AMLO al poder y ahora él mismo quiere debilitarlo con su última propuesta denominada “Plan B”.

Los tambores del autoritarismo retumban sonoramente y la imagen de México se erosiona días tras día.