En el marco de una nueva conmemoración del 8M “Día Internacional de la Mujer”, el Centro de Estudios en Género(s) y Relaciones Internacionales (CeGRI) mantiene su firme compromiso de abordar el género desde una perspectiva crítica, reflexiva y plural. Como grupo de investigación, se coincide en que las desigualdades estructurales de género se renuevan para su supervivencia en la sociedad y las instituciones cumplen un rol fundamental en ello, pues premian o castigan dichas conductas en cada periodo de tiempo. Por tal motivo, resulta importante relevar la situación de las mujeres peruanas durante la ola de protestas que asolan el país.Desde diciembre de 2022, la situación política peruana se mantiene inestable e incierta. Con Dina Boluarte a la cabeza, sucesora constitucional del tristemente célebre expresidente Pedro Castillo, su breve gobierno se ha caracterizado por rasgos poco democráticos, que inciden perjudicialmente en la conflictiva relación ciudadanía-instituciones públicas. Esto ha provocó que las protestas ciudadanas que exigen su renuncia, la salida del Congreso, el adelanto de elecciones y una Asamblea Constituyente estén más vigentes que nunca, especialmente en las provincias más pobres del país.Sin embargo, a cuatro días del Día Internacional de la Mujer, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) realizó un pronunciamiento [1] poco acertado en relación a los tiempos políticos que vivimos. El mensaje se dirigió a las cuidadoras de niños y adolescentes con la finalidad de proteger la integridad física y emocional de dichas poblaciones vulnerables en el marco del ejercicio de la protesta pacífica. En resumidas cuentas, el MIMP  pidió no llevar niñxs y adolescentes a las movilizaciones, a pesar de ser la institución encargada de velar por el bienestar de las mujeres y las infancias.

Gracias a la prensa independiente y algunos medios nacionales e internacionales, se ha expuesto al ojo público los excesos de las fuerzas del orden peruanas, tales como lanzar bombas lacrimógenas a mujeres que venían de provincia con sus bebés cargados en llicllas [2] a ejercer un derecho plenamente reconocido por la Constitución de 1993 [3]. ¿Acaso el rol de cuidadoras restringe a las mujeres de ejercer derechos civiles y políticos? ¿Son las madres cuidadoras las responsables de cualquier accidente que pueda ocurrir a sus hijos durante las protestas?

Ciertamente, el debate no debería estar centrado en la madre que protesta, sino en disminuir cualquier indicio de exceso de la fuerza durante las protestas que pueda poner en peligro a las mujeres y sus infantes. Es un gran problema asignar la responsabilidad a la mujer cuidadora sobre sus hijos en las movilizaciones, ya que exime a los organismos públicos intervinientes de la obligación que les corresponde durante las movilizaciones a nivel nacional. Ante ello, el gobierno peruano y sus instituciones tienen plena obligación de velar por la seguridad de los manifestantes, sean adultos o infantes y adolescentes.

El Ministerio de Interior (al mando de la Policía Nacional del Perú), el Ministerio de Defensa (a cargo de los soldados replegados en las provincias que presentan mayor grado de conflictividad) y, por supuesto, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables deben situar correctamente el problema y no delegarlo en la cuidadora. Históricamente, las mujeres han asumido el rol de madres, evitando que puedan ejercer otro rol de vida y adjudicando toda la responsabilidad de las infancias sobre ellas. De modo que, los esfuerzos a nivel internacional han apuntado a compatibilizar diversos ámbitos de desarrollo de la mujer. El gobierno peruano no puede desconocer aquello.

Finalmente, resulta preciso recordar a mujeres que han cumplido un rol activo durante el periodo de inestabilidad política. Solo para mencionar un ejemplo destacable de solidaridad y empatía, la cantante Yarita Lizeth ofreció el bus de su grupo musical para que los manifestantes en Juliaca (Puno) pudieran unirse a la gran protesta denominada “Toma de Lima” del mes de enero [4]. No obstante, , la Fiscalía ha abierto, recientemente, un caso para investigarla por dicha colaboración [5], lo cual ha dejado un nuevo disgusto en la población peruana acerca de cómo funcionan las instituciones que los representan.