Me encuentro muy feliz por poder presentarles el boletín N°2 del Observatorio de Terrorismo. El mundo se nos presenta cada vez más interdependiente, vulnerable e incierto, donde las amenazas transnacionales no tradicionales (entre ellas el terrorismo) representan un serio peligro, en un contexto que profundiza una tendencia a la conflictividad interestatal e intraestatal y donde la conducta de los principales actores no garantiza la paz y la estabilidad, sino que acrecienta la incertidumbre.

En este contexto, el presente boletín nos brinda una multiplicidad de temas asociados al terrorismo que nuclean problemáticas diversas. Así lo expresa por ejemplo el Decano de la UNDEF, Mg Gonzalo Cáceres en su escrito “Radicalización política y violencia” en el cual se pregunta por las causas de la radicalización de grupos violentos que adoptan por esta metodología. Si bien el autor enumera una serie de variable a considerar, hay estudios que se focalizan sobre la dimensión psicológica, moral o milenarista. En el marco de la interdependencia y la transnacionalidad, las fronteras soberanas continúan ocupando un lugar destacado en una agenda internacional cada vez más heterodoxa. Así lo refleja el CR (r) Mg. Gustavo Visceglie, en su paper titulado “Geopolítica del crimen organizado transnacional en las zonas fronterizas de Latinoamérica”, donde aborda la complejidad de la problemática en la triple frontera de Argentina, Brasil y Paraguay. Comienza por plantearse si es posible que existan vinculaciones, similitudes y diferencias en el accionar que de la amenaza del Terrorismo internacional y del crimen organizado trasnacional en las triples fronteras latinoamericanas desde de un enfoque geopolítico, para luego tipizar y caracterizar las amenazas y finalmente preguntarse: ¿Se puede aplicar una estrategia contrainsurgente para contrarrestar y combatir a las organizaciones insurgentes?

El escenario de conexión cada vez mayor entre los actores estatales y no estatales, nos conduce hacia la necesidad de una mayor cooperación y acuerdos que nos proyecten la detección y el desmantelamiento de organizaciones terroristas y criminales. En este sentido el Mg. David Martínez con su artículo “La operación Agave Azul: una mirada a las finanzas del narcotráfico”, nos ayuda en focalizarnos sobre la trascendencia que tiene el sistema financiero en el proceso de blanqueo de ganancias ilícitas de estos actores transnacionales. Por su parte, el Mg. Danilo Gelman con “Hezbollah y su designación como organización terrorista en América Latina”, vuelve sobre una problemática clave y sensible para la región que representa una clara amenaza a la seguridad de los Estados. En este sentido el autor se pregunta: ¿Qué significa designar a una organización como terrorista? A partir de esta interrogante llega a la conclusión de que “cuantos más países hagan sus esfuerzos para designar a Hezbollah como organización terrorista global, ésta irá perdiendo aún más fuerzas. El foco tiene que estar puesto en debilitar a la organización terrorista dañando su influencia y capacidad para movilizarse”. El trabajo de la Dra. Diana Patricia Arias Henao de la Universidad de Nueva Granada Bogotá, titulado ¿Narcoterrorismo? nos sumerge sobre este término que es un concepto Made in Usa y “se suele postular como una alianza natural entre narcotraficantes y otros agentes negros y grises, que operan en la clandestinidad”, considerando que uno de los mayores peligros radica en usar el concepto de narcoterrorismo es la ambigüedad conceptual y la posibilidad de los Estados poderosos y gobiernos de turno de clasificar a sus enemigos como terroristas. Finalmente nos encontramos con el artículo de la Dra. María Cristina Rosas de la Universidad Autónoma de México (UNAM) Terrorismo, Bioterrorismo y Seguridad Internacional que postula una mirada en donde el terrorismo es la manifestación, “el producto de una serie de contradicciones sociales, políticas, económicas y otras más, no el problema. Asimismo, a pesar de ser un acto político, a quien perpetra las violentas acciones no se le trata como a un preso político, sino como a un delincuente del orden común”. Luego de la guerra fría con “el surgimiento del concepto de desarrollo humano se consolidó la noción de seguridad humana, esto es, de la seguridad de las personas, basada en el aprovisionamiento de los satisfactores básicos para garantizar una calidad de vida óptima. La ausencia de esos satisfactores contribuiría, por tanto, al malestar social, a un estado de inseguridad, y, por ende, la imposibilidad de que la seguridad humana se concretara, estaría en condiciones de atentar contra la seguridad nacional e internacional. El terrorismo, desafía no sólo a la autoridad de los gobiernos, sino especialmente a la seguridad humana en relación a una multiplicidad de dimensiones que conforman este término, algo que la Dra. Rosas plantea y desarrolla muy bien.

 

*  Radicalización política y violencia

Gonzalo Cáceres[1]

El terrorismo y la violencia política estructuran un campo cada vez más prolífico dentro de los estudios de seguridad internacional. En los últimos meses, ciertas publicaciones invitan a pensar las condiciones de emergencia de fenómenos de extrema derecha, temática ya abordada en mi primera colaboración a este boletín. Ciertos arreglos institucionales democráticos no han garantizado ni los estándares mínimos de bienestar ni han generado canales válidos para vehiculizar las demandas de ciertos sectores descontentos con sus condiciones de existencia. En todo caso, ¿cuáles son las causas que se encuentran en la raíz del fenómeno radicalización política de derecha que adoptan tácticas de violencia?

La emergencia de grupos violentos presenta por lo menos cuatro elementos según la literatura especializada: a) alto porcentaje de la población con las necesidades básicas insatisfechas; b) la falta de libertades democráticas; c) la geografía; y d) lo que se denomina en la literatura norteamericana como Estados fallidos (Gupta 2021). Los elementos señalados se identifican como presentes en fenómenos de radicalización política con violencia, pero no como condición suficiente. La condición suficiente aparece con el advenimiento de una identidad colectiva fuerte en torno a rasgos aglutinantes de índole religiosa, nacional o de clase económica (ibid.). A este elemento aglutinante, se debe agregar la existencia de olas de diseminación de la identidad como vehículo para el crecimiento de los grupos que optan por la violencia. Allí las redes sociales parecen ser un elemento de vital importancia hoy en día para comprender la difusión de dichas identidades para ganar número de adeptos.

Los estudios señalan que la cuestión identitaria remite a la dimensión psicológica del fenómeno de la violencia política. El modelo escalera de Moghaddam (2005) o las explicaciones del fenómeno como proceso (Lygre et al, 2011), destacan la dimensión moral o incluso milenarista (Zuhdi et al., 2020) del fenómeno. Es cierto que mucho de los estudios centran sus análisis en grupos de corte religioso radicalizado (Lygre et al., 2011), pero existe cierto consenso para comprender que las creencias extremas, el incremento de sentimientos o creencias radicales aumenta la violencia y conflictividad. En términos sociológicos, se puede incluso apelar a la noción de habitus de Bourdieu para comprender ciertas características grupales que ponen de manifiesto tendencias a la utilización de la violencia ya sea manifiesta o simbólica (Eichler 2023). Los móviles políticos, los objetivos civiles o no combatientes, la condición de actores no estatales, parecen ser tres características comunes que permiten una identificación rápida de los grupos terroristas (Nacos 2019, pp.24-28) en los 3 niveles de análisis que podemos identificar. El macro asociado a contextos nacionales o transnacionales; el nivel mezzo asociado a las dinámicas grupales, sus formas organizaciones, recursos e ideología; y el nivel micro, asociado a la participación, el liderazgo, género, roles y cohesión grupal (ibid., p. 41). Así comenzamos a delinear condiciones de emergencia, características de los grupos con opción de violencia como metodología de acción y niveles de análisis para abordar el fenómeno. Aquí comenzamos a encontrar cruces de interés para pensar las TICs y las actitudes socio políticas vinculadas con posturas radicalizadas.

La existencia violencia terrorista física no parece cambiar la actitud en poblaciones que han experimentado un viraje a la derecha en los últimos años. Estudios estadísticos demuestran que la existencia de preferencias de derecha, antimigratorias no se acrecientan con el acontecimiento de actos terroristas (Peri et alli, 2023), por el contrario, reafirmaría la confianza en las instituciones de gobierno en aquellos países en los cuales se realizaron atentados terroristas. La actitud frente a la población migrante no se altera sustantivamente, indicando que los procesos de radicalización a la derecha obedecen a otros elementos. La diseminación de atentados terroristas con pocas víctimas tiende a producir cambios de actitud de la población no tanto en relación a sus opciones políticas, como a una mirada pesimista de la situación presente que les toca vivir (Guo 2023). Lo cual afecta principalmente en términos económicos por las creencias que vehiculizan (ibid.).

El ciberterrorismo sí causa cambios en las tendencias políticas, marcando una diferencia con el terrorismo convencional. En primer lugar, porque el ciberterrorismo no produce una amenaza física directa o la ansiedad asociada a la violencia física. Por el contrario, la reacción al ciberterrorismo se encuentra mediada por el sentimiento de odio que sí interviene directamente y moldea posiciones políticas proclives a las represalias (Shandler 2022). Aquí comienza a abrirse una serie de interrogantes que entendemos fructíferos para pensar la cuestión grupal identitaria de orientación de derecha con opción violenta. Si las acciones terroristas no producen cambios en la percepción respecto de las poblaciones, ¿cuáles son las dinámicas que favorecen la consolidación de estos grupos? Entendemos que la noción de milieu (Malthaner y Waldman 2014) puede pensarse en contextos virtuales como un espacio en los cuales las acciones comunicacionales orientadas a generar odio intervienen activamente en la construcción de grupos radicalizados. La experiencia de la pandemia fortaleció la existencia de grupos de extrema derecha orientados al uso de la violencia como método de acción (Pantucci 2022). Las acciones políticas en espacios ciber con el objetivo de generar odio serían un vehículo para moldear opciones políticas proclives a pensar en términos de represalias y la violencia como metodología de acción.

En nuestro país, con un intento de magnicidio aún en investigación, una profusa cantidad de mensajes de generación de odio por las redes sociales y la existencia de lo que se percibe como una grieta social se debe tratar de ahondar sobre las dinámicas sociales, culturales e institucionales que abrevan en la emergencia de grupos políticos radicalizados que optan por la violencia como metodología de acción.

Referencias Bibliográficas

Eichler, J. (2023). Terrorism in contemporary France. A vicious circle of violence. Springer

Guo, S.; An, J. (2022). Does terrorism make people pessimistic. Evidence from a natural experiment in Journal of Development Economics, no. 155

Gupta, D. K. (2021). Terrorism and political violence. The life cycle of birth, growth, transformation, and demise. Routledge, New York

Lygre, R. B., Eid, J., Larsson, G. & Ranstorp, M. (2011). Terrorism as a process: A critical review of Moghaddam’s ‘Staircase to Terrorism in Scandinavian Journal of Psychology.

Malthaner, S. & Waldmann, P. (2014). The Radical Milieu: Conceptualizing the Supportive Social Environment of Terrorist Groups in Studies in Conflict & Terrorism, Vol. 37(12): 979-998

Moghaddam, F. M. (2005). The staircase to terrorism: a psychological exploration in American Psychologist, vol 60(2), feb-mar 2005, 161-169

Nacos, B. L. (2019). Terrorism and counterterrorism. Routledge, New York

Pantucci. R. (2022) Extreme Right-Wing Terrorism and COVID-19 – A Two-Year Stocktake in Counter Terrorist Trends and Analyses, June 2022, Vol. 14, No. 3

Peri, G.; Rees, D. I.; Smith, B. (2023). Terrorism and political attitudes: Evidence from European social surveys in Regional Science and Urban Economics, no. 99

Shandler, R.; Gross, M. L.; Backhaus, S.; Canetti, D. (2022). Cyber Terrorism and Public Support for Retaliation – A Multi-Country Survey Experiment in British Journal of Political Science, no. 52

Zuhdi, M. L. and Hayatullah, I. K. (2020) Narrative for terrorism and transnationalism isitheology through the doctrine of religion in Journal of Terrorism Studies: Vol. 2: No. 1, Article 2.

*  Geopolítica del crimen organizado transnacional en las zonas fronterizas en Latinoamérica. El caso de la triple frontera de Argentina, Brasil y Paraguay.

Gustavo A Visceglie^[2]

Introducción

Los conflictos en la actualidad están caracterizados por: la escasez de recursos, el daño ambiental, la explosión demográfica, ambiental y social, por la anarquía criminal, las migraciones de refugiados, la erosión creciente de los Estados-Nación y las fronteras internacionales, el poder creciente de los ejércitos privados y los carteles internacionales de drogas, el choque cultural y racial, el determinismo geográfico y la mutación de la guerra.

Distintos autores como Van Creveld (1991), Huntington (2006), Kaplan (2008) y Kaldor (2001), consideran que los conflictos futuros serán los de la supervivencia comunal, agravados o causados por las características antes mencionadas, de carácter intestino, lo que significa que será difícil para los Estados y gobiernos locales, proteger a sus ciudadanos físicamente. Estos estados tienden a su disolución y la globalización actuará como fuerza centrífuga exaltándose cada vez más las diferencias por sobre las similitudes.

Como expresa Sepulveda Muñoz (2007), los distintos sistemas de defensa deberán readaptarse para hacer frente a las amenazas globales para poder contar con garantías de éxito. Siendo necesario analizar sistemáticamente las amenazas y desafíos a los que se debe hacer frente; evaluando de forma realista los medios con los que se cuenta para hacer frente a esas amenazas y la sinergia que deberá surgir de la interrelación entre las distintas agencias del Estado.

Para ello resulta necesario analizar los factores contingentes que definen estas amenazas, a las que se debe conjurar en el plano nacional, regional e internacional; y al mismo tiempo definir y evaluar los medios necesarios para hacerles frente. En un concepto amplio de la Defensa Nacional los distintos factores de poder que componen el Estado, deberán coordinarse e integrarse para una mejor respuesta, inclusive en lugares fronterizos será necesario interactuar con organizaciones y agencias no solo nacionales sino también interestatales.

Nos preguntamos si existen vinculaciones, similitudes y diferencias en el accionar que de la amenaza del Terrorismo internacional y del crimen organizado trasnacional en las triples fronteras latinoamericanas desde de un enfoque geopolítico.

Esta mutación de la amenaza trae aparejado entre otras cosas la reformulación del concepto de soberanía, la legitimidad del uso de la fuerza, el carácter multidimensional de la respuesta de defensa, la puesta en marcha de reformas de las Fuerzas Armadas y de las distintas agencias del Estado.

El marco teórico referencial se basa en la teoría realista de las relaciones internacionales, en la teoría de referencia del funcionamiento de organizaciones sistémicas y complejas operando al borde del caos (teoría del Caos, teoría de la complejidad y teoría de sistemas) y en las teorías de la guerra. Estas teorías constituirán el marco adecuado para explicar determinados aspectos de la investigación.

El procedimiento y accionar del terrorismo internacional como así del crimen organizado se comportan como amenazas que transcienden los confines territoriales de los Estados-nación. La soberanía de los Estados peligra frente a enemigos como redes terroristas y crimen organizado trasnacional, En este contexto del conflicto estas amenazas hibridas, se inscriben dentro del concepto de la teoría y ciencia del caos, adecuando sus tácticas y procedimientos a ella.

Hacia una contextualización de la naturaleza del conflicto: Tipificación y clasificación de las amenazas.

Los conflictos que prevalecen en la región se circunscriben principalmente a los conocidos y derivados de las nuevas amenazas. Algunos teóricos e instituciones han llevado adelante una nueva clasificación de la guerra, como expresa Bartolomé (2017), existe una corriente que clasifica los conflictos en función de la intensidad de violencia existente en ellos, es el caso de la Universidad de Upsala, que confecciono una gran base de datos, en la cual se detalla la cantidad de víctimas fatales por periodo en cada uno de los conflictos. Esta corriente por ejemplo clasifica como Guerra, cuando el total de víctimas fatales supera el millar en cada uno de los años que comprende el conflicto.

Otra perspectiva de otros autores, entienden que la diferencia sigue siendo por aspectos cualitativos y no cuantitativos, lo que pueden variar son las variables y fenómenos que los definen. Las características principales que señala Bartolomé, es la asimetría de violencia de estos conflictos, actores no estatales, clivajes de tipo cultural, étnicos y religiosos vinculados con el crimen organizado.

Es importante destacar el trabajo de investigación realizado por el Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE), en función de los escenarios futuros, vinculados con los llamados Potenciadores de riesgo. Entendiendo como tales entre otros a la globalización de la tecnología, la pobreza, desigualdad socioeconómica extrema; el cambio climático, las brechas tecnológicas, las ideologías radicales, el crecimiento poblacional, la urbanización masiva, la escasez de recursos naturales, etc. (Instituto Español de Estudios Estratégicos, 2011).

Volviendo sobre el tema de las nuevas amenazas y su clasificación, tendremos en cuenta solo las más relevantes y pertinentes a este trabajo. Ellas son: El terrorismo, el crimen organizado trasnacional, la proliferación de armas de destrucción masiva y ciber amenazas” o ciberguerra”.

Diferenciando la esencia del Crimen Organizado y el terrorismo internacional. Podemos decir que este último se entiende por la forma violenta de lucha política, mediante la cual se persigue la destrucción del orden establecido y la creación de un clima de terror, mientras que el crimen organizado tiene un objetivo económico, busca obtener una ganancia económica.

Hablamos del terrorismo como nueva amenaza a pesar de que este flagelo existió a lo largo de la historia; por cuanto ha evolucionado sensiblemente en su capacidad de proliferación, capacidad de proyección mundial y su capacidad de obtener armas de destrucción masiva. Las organizaciones terroristas que responden al Estado Islámico tienen proyección mundial, están vinculadas entre sí, poseen autonomía y tienen la capacidad de articular entre ellas. Son estructuras complejas que operan al borde del caos, aprovechando la incertidumbre en beneficio propio. Las amenazas mencionadas anteriormente, de carácter trasnacional, tienen capacidad de mutar según las circunstancias, explotando la debilidad de los Estados en particular en las zonas fronterizas.

Tanto el crimen organizado como el terrorismo comparten ciertas características operativas y de estructura organizativa; a saber, operan en red, en unidades autónomas, operan subrepticiamente, sumamente innovadoras y adaptativas al entorno, asimetría en el empleo de la violencia, explotan la debilidad de los Estados en aquellas regiones y localidades donde este se ve incapacitado de ejercer el monopolio de la violencia.

Los avances tecnológicos (internet de las cosas) y como expresa Merlos Garcia (2005), el ciberespacio se han convertido en el marco de operaciones de las organizaciones terroristas, que han sabido poner al servicio de sus intereses tácticos y estratégicos las innumerables ventajas que ofrece el entorno: facilidad de acceso y mantenimiento, escasa regulación y control gubernamental, anonimato, rapidez en el intercambio de información, acceso a la opinión pública internacional y, en definitiva, comodidad para la planificación y coordinación de operaciones que resultan rentables, tanto en términos de recursos empleados como de impacto global, gracias a la fuerza multiplicadora de la red.

Como se expresó la gran diferencia entre estas organizaciones sigue siendo sus metas y objetivos, que definen su accionar y la virulencia en que son llevadas a cabo; el terrorismo o insurgencia siguiendo un objetivo político y la criminalidad uno de orden económico, el primero busca difundir su accionar sembrando el terror y el segundo por el contrario se mantiene en la clandestinidad.

La convergencia de ambas amenazas radica en el lucro derivado de las actividades criminales, para el crimen organizado como finalidad y para el terrorismo/ insurgencia armada, como medio para la consecución de su fin político. Ejemplo de organizaciones terroristas / insurgencia armada vinculadas en operaciones de narcotráfico son los talibanes de Afganistán y las FARC colombianas, respectivamente.

En cuanto a las formas delictivas empleadas por las organizaciones criminales y terroristas, se destacan principalmente el narcotráfico, el tráfico de armas y el tráfico de seres humanos, que se ha incrementado en los últimos años de acuerdo a los últimos informes de UNICEF.

Como se ha mencionado reiteradamente el crimen organizado y el terrorismo trasnacional operan sobre las debilidades de los Estados y el descontrol en la proliferación y el uso de armas químicas, biológicas, radiológicas y nucleares es una de ellas. La posibilidad de que este tipo de armamento descontrolado caiga en manos terroristas y esto se constituya en la causa del empleo potencial sobre cualquier estado y en particular sobre su población, convierte a esta posibilidad en la mayor amenaza a la seguridad de la humanidad.

A diferencia del terrorismo, las organizaciones criminales transnacionales aplican la violencia no como un fin en sí mismo, sino como un medio para un propósito. Las organizaciones criminales transnacionales controlan el uso de la violencia, de una manera predecible y racional. Los carteles utilizan la violencia como una opción entre muchas otras.

La violencia relacionada con el narcotráfico también puede tener un fin intimidatorio, o bien ejecutar crímenes con el objetivo de causar temor o terror en la sociedad, en este caso estamos hablando de narcoterrorismo. Haupt (2009) distingue dos diferentes formas de narcoterrorismo: el cometido por narcotraficantes con diversos fines o bien, el involucramiento de organizaciones terroristas en el narcotráfico para financiar su causa y operaciones contra el Gobierno.

Las organizaciones criminales clasificadas como protoinsurgencia en México como ser los Zetas o los Caballeros templarios, son denominadas también como organizaciones híbridas, porque simultáneamente y adaptándose al entorno utilizan armas convencionales, tácticas irregulares, terrorismo y comportamiento criminal (Hoffman 2012).

Como refiere Bartolomé (2017), los ejemplos de la vinculación entre Terrorismo y crimen organizado son bastos. Normalmente es el primero el que incursiona en actividades criminales, y no a la inversa. Justamente el terrorismo que persigue una finalidad política, para autofinanciarse y adquirir equipamiento recurre principalmente a involucrarse en el narcotráfico.

Como se mencionó el crimen organizado carece de objetivos políticos y por lo tanto es incapaz de comprometerse en una insurgencia con fines político-ideológicos, su finalidad es el lucro. Asimismo, las instituciones y agentes estatales no son el destinatario principal de la violencia de los grupos criminales. (Bunker, 2013).

Según Sullivan (2011), la Insurgencia Criminal, persigue e intenta ganar autonomía y control sobre el territorio, creando enclaves criminales solo con el objetivo de asegurar la libertad de maniobra para llevar a cabo sus ilícitos, de esta forma se convierte en una amenaza directa a la integridad del Estado.

Pese a la ausencia de factores ideológicos, la Insurgencia Criminal en el caso mexicano tiene características que lo pueden enmarcar en un fenómeno político y paramilitar. Político, en cuanto a su decisión de enfrentar abiertamente a los agentes estales para preservar sus negocios; y paramilitar porque para la consecución de sus objetivos, estas las organizaciones criminales emplean verdaderos ejércitos privados altamente especializados y adecuadamente equipados. Es el caso de las organizaciones criminales más desarrolladas como los Zetas y los Caballeros Templarios. (Bunker, 2013).

Estas organizaciones criminales en la búsqueda de control de territorio y constituyéndose en una clara competencia del monopolio de la fuerza del Estado, buscan disminuir la legitimidad y credibilidad de este, en su accionar desacreditan a la policía, Poder Judicial y a la clase política, erosionando su institucionalidad a través de actos de corrupción. La ausencia del Estado en estas regiones, es cubierta por estas organizaciones que en muchos casos proveen oportunidades económicas y servicios públicos como salud, educación, seguridad e incluso justicia, estas actividades generan vínculos entre las comunidades y las organizaciones delictivas convirtiéndolos, no solo en sus partidarios sino en parte de la organización. Ninguna de esas organizaciones criminales ha modificado su objetivo de lucro por un proyecto político, ni tienen los medios ni la intención de hacerlo El control territorial lo logran exclusivamente a escala local.

En este sentido, Makarenko (2008) postula que el crimen organizado y la insurgencia son fenómenos distintos, sin embargo, existe un nexo crimen rebelión que no es estático, sino que evoluciona, adoptando la forma de un continuum, con el crimen situado en el extremo izquierdo y la insurgencia ubicada en el lado derecho como fenómenos distintos, separados y lejanos conforme al entorno en el que operan, pudiendo ocurrir entre ambos una amplia gama de interacciones.

Continuum Crimen – Insurgencia

Crimen	Uso operacional de la violencia		Participación instrumental		Insurgencia
Alianza con insurgentes		Convergencia Motivacional		Alianza Imposición

Fuente: Makarenko, Tamara. The Crime-Terror Continuum: Tracing the Interplay between Transnational Organized Crime and Terrorism. 2008.

Un claro ejemplo señala Villalobos (2011), de como una organización insurgente con una clara finalidad política puede mutar en una organización criminal, producto de la descomposición social, moral y político de sus integrantes; es el de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que mutó en una narco-guerrilla, empleando el narcotráfico, extorsión y minería ilegal.

Siguiendo con el análisis del cuadro up supra: uno de los casos de alianza que podemos mencionar es el del Yihadismo y los carteles latinoamericanos. Los carteles narcotraficantes pagan a las redes africanas para que transporten los cargamentos por vía terrestre, atravesando zonas del Sahel que están bajo control de los grupos yihadistas que cobran una tasa de tránsito para garantizar la protección de los mismos.

Al hablar del Sahel, se hace referencia una amplia región semidesértica en la que los lazos familiares y tribales trascienden las fronteras y donde los estados carecen del monopolio de la fuerza y en los que se han creado una relación social sobre la base del comercio y los tráficos ilícitos. Esta actividad a los Yihadístas les permite obtener los medios logísticos y financieros con los que los grupos terroristas planean y ejecutar acciones que tienen una repercusión global. No podría entenderse el auge de las organizaciones yihadistas en la zona, sin asociarlas con las actividades criminales, que son las que les proporcionan poder político, influencia social, acceso a recursos, conexiones sociales y, también, publicidad. (Fuente Cobo, 2014)

¿Amenazas híbridas en Latinoamérica? ¿Insurgencia criminal? ¿Están vinculados y convergen el crimen organizado trasnacional y el terrorismo internacional en la triple frontera (TF)?

La Zona de la Triple Frontera es el área donde confluyen los límites de las ciudades de Puerto Iguazú (Argentina), Foz do Iguazú (Brasil), y Ciudad del Este (Paraguay). La TF es un espacio de carácter regional en el cual se llevan a cabo intercambios de tipo social, económico, cultural. Espacio geográfico sometidos a las relaciones de poder entre fuerzas / organizaciones, gubernamentales o no, legales o ilegales, capaces de establecer un orden e imponer sus intenciones. Es una zona donde convergen economías y jurisdicciones de diferentes Estados, con políticas dispares y culturas propias.

La Triple Frontera es considerada el mayor foco de amenaza de insurgencia criminal latente de la zona del Cono Sur, en la cual está asentado el yihadismo, constituyendo un polo de atracción de actividades ilícitas. A su vez se caracteriza por ser una región donde se llevan numerosas y variadas actividades criminales, llevadas adelante por el crimen organizado, liderado por las mafias de las diferentes etnias que conviven en este espacio geográfico, como la árabe y la china.

Los atentados del 11 de septiembre de 2001 en New York, representaron un antes y un después sobre el tratamiento y ponderación de la amenaza terrorista, llevada adelante por grupos yihadistas islámicos. Antecedentes de ello son los atentados perpetrados en Buenos Aires, en 1992 y 1994 contra la Asociación Mutua Israelita Argentina AMIA y la Embajada de Israel. El primero de ellos fue ejecutado por la organización shiita libanesa, Hezbollah.

La zona de la Triple Frontera, podría ser considerada una región ideal, propicia para el sostenimiento económico de la organización Yihadista, el desarrollo y planificación de nuevos operativos para alcanzar sus fines políticos trasnacionales.

Si bien se considera que la probabilidad de ocurrencia de atentados en la región, por parte del accionar del terrorismo internacional es baja, existe una principal preocupación por la situación del crimen organizado trasnacional llevado a cabo en la Triple Frontera como fuente de financiamiento del terrorismo islámico y también, como lugar de tránsito y entrenamiento de terroristas. (Cuervo Ceballos, 2018). La relevancia y peligrosidad de la triple frontera se ha incrementado en los últimos 15 años, es una región donde se llevan a cabo actividades criminales, donde la mayoría de ellas se refiere al contrabando, la falsificación y el narcotráfico. Según Ottolengi, (2018) indica que “el ambiente permisivo de la TF anima a los carteles criminales y al terrorismo para cooperar en beneficio mutuo y con ello poder financiar sus actividades ilícitas.

La actividad económica se concentra en Ciudad del Este –Paraguay– y Foz de Iguazú, estimando que Ciudad del Este, cuenta con la tercera mayor zona de libre comercio del mundo, después de Miami y Hong Kong; además, posee una infraestructura vial, portuaria, aeroportuaria y bancaria que facilita el intercambio comercial con Puerto Iguazú y Foz de Iguazú. A lo anterior, se suma la generosa legislación fiscal y aduanera en Ciudad del Este.

Esta falta de capacidad de ejercicio efectivo del monopolio de la fuerza, permite el surgimiento de actores no estatales que disputan el espacio de poder. Es el caso del terrorismo trasnacional y el del crimen organizado; cuyo surgimiento se ve favorecido en aquellas regiones donde el Estado no puede ejercer su presencia soberana. En muchos casos la ausencia del cumplimiento de las responsabilidades del estado es cubierta por estas organizaciones delictivas.

Como expresa Bello (2013) la falta de cumplimiento de la legislación y la ausencia de autoridad estatal con un marco regulatorio atrae constantemente a comerciantes extranjeros que operan al margen de la ley y a organizaciones de crimen organizado trasnacionales las cuales, motivadas por la alta rentabilidad de los negocios en la zona y la permisividad institucional, hacen de la zona un centro de operaciones y un punto neurálgico de las actividades ilícitas.

Esto favorece a la posible creación de una asociación criminal entre grupos terroristas yihadistas y organizaciones de crimen organizado teniendo por finalidad la obtención de utilidades mutuas e intereses comunes, las cuales facilitarían los medios logísticos y financieros necesarios para las operaciones terroristas.

Dentro de las actividades ilegales, llevadas a cabo por el crimen organizado a nivel mundial, podemos incluir: redes de inmigración, en especial las mafias chinas, latinoamericanas y de los países del Este; las redes de narcotráfico y blanqueo de dinero, de tráfico de seres humanos para la explotación sexual y laboral y de tráfico de armamento de destrucción masiva. Una de las consecuencias negativas de la globalización ha sido la transformación de la delincuencia organizada.

Según Fuente (2014) Las actividades criminales otorgan influencia política, y social, la cual es ejercida sobre las poblaciones y la sociedad local, la cual recíprocamente encuentra protección en la red criminal en las zonas grises donde no hay presencia estatal. “Los grupos yihadistas se aprovechan de una manera simbiótica del tejido social diluyéndose en el mismo y creando una dinámica social, política y económica que facilita la ejecución de actividades criminales”.

¨La porosidad de las fronteras, producto de la flexibilidad y la falta de coordinación en las políticas migratorias; la ausencia de armonización en la definición de los delitos y en los códigos penales de los países; la falta de coordinación en la ejecución de las medidas de prevención y lucha contra el delito y la descentralización informativa en materia de seguridad son algunas causas que determinan la interconexión de los delitos¨. (Anguita y Campos Zabala, 2008)

Sumado a las dificultades de gobernabilidad de los Estados, aparecen erosiones producto de la corrupción de algunos de sus funcionarios, que favorecen el desarrollo de la actividad delictiva. Si la corrupción se generaliza, será aprovechada por el crimen organizado, para ganar espacios de poder, y aumentar su influencia sobre el poder político. Este factor determinante podría otorgar a los grupos yihadistas la posibilidad de influir en las decisiones del gobierno, y al mismo tiempo obtener la protección de los funcionarios corrompidos tanto del gobierno como de instituciones de seguridad.

Como expresa Anguita (2008) los Estados en forma individual no tienen capacidad para hacer frente a la amenaza trasnacional, hay una la necesidad de medidas conjuntas y combinadas entre los diferentes Estados, que estén dirigidas a combatir el terrorismo internacional.

El yihadismo incluye entre otras de sus actividades, la rotación de sus combatientes, empleando lugares de descanso, que presenten las características de anomalía que presenta la Triple Frontera. En estos lugares, llevan adelante actividades vinculadas a la capacitación operativa, se vinculan con otras células de insurgencia criminal, reclutan soldados para su causa y su posterior adoctrinamiento y entrenamiento en campos de instrucción, recaudan fondos y armar células de apoyo logístico, entre otras actividades preparatorias.

Según Bartolomé (2002), uno de los principales obstáculos para construir respuestas multilaterales y multisectoriales a los problemas de seguridad de la Triple Frontera, ha sido la diversidad de intereses de los tres países de la región. Los intereses comerciales y económicos de Paraguay se contraponen con los intereses de seguridad de Argentina, y esto genera niveles de voluntad y decisión política diferentes.

Existen también claras divergencias en el campo de las percepciones de amenazas a la seguridad y en la intensidad con la que estos países visualizan los riesgos. Desde la perspectiva brasileña y la paraguaya, el terrorismo es una amenaza potencial con baja probabilidad de ocurrencia. En el caso argentino, su historia reciente no ha dejado margen de duda, el temor de “un tercer atentado terrorista”.

¿Se puede aplicar una estrategia contrainsurgente para contrarrestar y combatir a las organizaciones insurgentes?

Al respecto Anguita y Campos Zabala (2008), concluyen que sería fundamental la definición de políticas y estrategias, medidas conjuntas que prevengan las acciones de la delincuencia organizada, a saber: La armonización de las legislaciones, la cooperación transnacional y la intensificación de la cooperación judicial y policial. Como es sabido Las leyes y la aplicación y forma de prevención, control y mitigación son diferentes de un país a otro, tal es el caso de los países fronterizos en la triple frontera.

Esta diferencia de las legislaciones afecta la posibilidad real de cooperar y actuar eficazmente, justamente es por ello que estas organizaciones delictivas se asientan en las zonas grises. El elemento clave para la lucha contra este flagelo es la posibilidad cierta de contar con información. Por ello, es necesario coordinar actuaciones y recursos contra el crimen organizado.

Un cambio de legislación en la definición del empleo militar, empleándolo como recurso para combatir a las mafias criminales encierra no solo beneficios sino también riesgos. El riesgo que se corre al ampliar la definición de insurgencia al campo del crimen organizado transnacional, es la generación de mayor confusión respecto del entorno a la naturaleza de los desafíos que se enfrentan. Una formulación inapropiada puede traer aparejado soluciones inapropiadas por parte de los gobiernos.

Respuesta institucional Crimen Organizado Transnacional vs. Insurgencia Criminal

	Crimen Organizado Trasnacional	Insurgencia Criminal
Paradigma de respuesta institucional	Aplicación de la ley (Control y vigilancia permanente)	Respuesta Militar (Amenaza a la seguridad nacional)

Fuente: Sandoval (2015) sobre los estudios de Bunker Robert. Introduction: The Mexican cartels-organized crime vs. criminal insurgency. 2013.

Bunker (2013), explica que conceptualizar a las organizaciones criminales como insurgencia criminal, estableciendo que representan una amenaza directa a la integridad del Estado, implica que su combate y tratamiento adquieran rasgos propios de un conflicto de baja intensidad, y por ende la respuesta estatal incluye un enfoque militarizado buscando desmantelar las principales organizaciones criminales y restablecer la legitimidad del Estado en áreas disputadas.

El espació generado por la eliminación de alguno de los carteles en México, en vez de producir una reducción de violencia, tuvo el efecto contrario; al generarse una competencia entre estas organizaciones delictivas por ocupar los espacios de poder resultantes. En el caso de Centroamérica, los despliegues militares tampoco obtuvieron el control de la violencia, por el contrario, la cifra total de víctimas vinculadas al crimen organizado continua en ascenso; en particular por cuestiones que se relacionan al enfrentamiento y competencia entre las distintas bandas criminales. (Bunker,2013).

El otro efecto derivado del accionar militar sobre las organizaciones criminales en las fronteras produce un desencadenante no esperado, una mayor presencia y control fronterizo reduce sensiblemente las rutas para el tráfico de drogas, generándose la consecuente espiral de violencia entre los diferentes carteles para controlar el acceso de sus productos.

No hay que olvidar por otra parte que, en aquellas regiones alejadas del control estatal, estas organizaciones criminales, suplen las responsabilidades del Estado en muchos aspectos sociales. La respuesta represiva debe estar acompañada por políticas económicas y sociales, que involucran a otras agencias del gobierno. De no ocurrir ello, estas poblaciones mantendrán su lealtad a las organizaciones criminales. (Sandoval, 2015)

Otro de los efectos derivados, es el desplazamiento de las organizaciones criminales hacia territorios dentro de la región donde la presencia y autoridad estatal sean más débiles con el objeto de instalarse nuevamente. Ejemplo de ello es migración de los Zetas mexicanos a Guatemala y de algunas Maras hacia Costa Rica.

Conclusiones

Los conflictos sociales en la actualidad son de naturaleza compleja, son de carácter multidimensional, lo político está entramado con lo económico, lo cultural, lo social; una respuesta sesgada reforzará la problemática y la profundizará. Como vimos los entornos hostiles, son altamente dinámicos e impredecibles. Estos requieren de reacciones rápidas de la organización.

La falta de alternativas viables en zonas de difícil control por parte de los Estados, facilita que actividades ilícitas sean la solución permitiendo ser una alternativa de inclusión social e inserción económica.

Las características que las organizaciones multiagenciales (Organización de carácter gubernamental) deberán reunir operando en entornos complejos, dinámicos y hostiles son: de similares características a las empleadas por el crimen organizado y terrorismo internacional. Deberían ser estructuras orgánicas, alta preparación de sus miembros y agrupamientos organizados en base a la función sobre la base de especialistas, conformación de equipos multidisciplinarios en función de la interdependencia de las tareas, de carácter internacional.

Dentro de los equipos multidisciplinarios que se deberían conformar, reviste especial importancia los especialistas que puedan neutralizar el empleo de los medios de comunicación social por parte de la insurgencia criminal y organizaciones delictivas. El accionar y empleo de elemento militar podrá generar a su vez efectos no queridos, una mayor presencia y control fronterizo reduce sensiblemente las rutas para el tráfico de drogas, generándose una espiral de violencia entre los diferentes carteles para controlar el acceso de sus productos.

La respuesta represiva que se adopte debe estar acompañada por políticas económicas y sociales, que involucran a diferentes agencias del gobierno. De no ocurrir ello, estas poblaciones mantendrán su lealtad a las organizaciones criminales. Otro de los efectos derivados, a los que se deberá prestar atención es al desplazamiento de las organizaciones criminales hacia territorios donde la presencia y autoridad estatal sean más débiles con el objeto de instalarse nuevamente.

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*  La operación Agave Azul: una mirada a las finanzas del narcotráfico.

David Martínez[3]

Siempre se ha dicho que, ante el necesario giro en la lucha contra la Delincuencia Organizada, en particular contra los carteles de drogas, hace falta centrarse en los recursos que generan y no tanto en enfoques militares. Es común escuchar: es importante congelarles los activos, quitarles el dinero que generan ilícitamente y desactivar las compañías que son fachada para el lavado de dinero.

Sin embargo, son pocas las experiencias que se tienen para poder estudiar cómo el combate de recursos ilícitos puede darse. En ese sentido, estudiar la Operación “Agave Azul” representa una oportunidad para conocer cómo se pueden generar políticas públicas, afectar a las redes que trafican con ilícitos y defender los intereses del Estado y la Seguridad de la ciudadanía.

En estricto sentido, Agave Azul fue un operativo táctico encabezado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP) de México, donde se congelaron 1,939 cuentas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Esta operación nos muestra la potencialidad de la inteligencia financiera en la lucha contra la Delincuencia Organizada.

El Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG)

Una década bastó para que el CJNG pasara de ser un brazo armado del Cártel de Sinaloa, conocido como ‘Los Mata Zetas’, a convertirse en la segunda organización criminal más poderosa de México cuyas actividades ilícitas tocan a 18 países. Esta organización criminal, liderada por Nemesio Oseguera, ‘el Mencho’, ha desafiado al gobierno mexicano en fechas recientes: en el 2015 fue esa organización fue la que derribó un helicóptero Cougar de la Fuerza Aérea Mexicana, atentó contra el secretario de seguridad de la Ciudad de México (Omar García Harfuch), asesino a Uriel Villegas -un juez federal en el estado de Colima-, amenazó de muerte a secretarios del gobierno de la República y recientemente difundió una serie de grabaciones propagandísticas en las que asegura tener un grupo de élite equipado con armamento militar que ya lo quisiera para si el Ejército Mexicano.

Dos datos importantes sobre el CJNG:

1. En su reporte National Drug Threat Assessment (NDTA), la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) identifica al Cártel de Sinaloa y al CJNG como las organizaciones criminales que representan la mayor amenaza de drogas para Estados Unidos. DEA los describe como «uno de los grupos criminales más sanguinarios y poderosos de México» y su líder, Nemesio Oseguera Cervantes, es el número uno entre los 10 hombres más buscados por el que incluso ofrece una recompensa de 10 millones de dólares[4]. LA DEA explica el crecimiento como resultado del comando y control disciplinado de la organización, sofisticadas técnicas de lavado de dinero, rutas eficientes de transporte de drogas y violencia extrema. Es importante entender que no sólo es un tema que afecte la frontera entre México y EEUU: el cártel también se ha expandido a nivel mundial, con una presencia significativa y negocios ilícitos en Canadá, Europa, Asia y Australia.
2. Fundada en 2011, el CJNG ha crecido rápidamente en tamaño y fuerza desde sus inicios. Hoy, la DEA estima que el CJNG ejerce influencia en 23 de 31 (75 por ciento) de los estados mexicanos, incluidos los corredores clave de producción y transporte de drogas, en los que se dedica a la comisión de 17 tipos de delitos, entre ellos tráfico de estupefacientes, trata de personas, lavado de dinero y extorsión.

Mapa 1. Presencia territorial del Cártel Jalisco Nueva Generación 2010 – 2020

Fuente: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, 2021.

Con presencia en la mayor parte del territorio de México, el CJNG se dedica principalmente al tráfico de drogas ilícitas –manufactura y distribución de metanfetamina, cocaína, heroína y fentanilo–, pero también ha diversificado su portafolio de actividades hacia la extorsión, secuestro, robo de hidrocarburos y tráfico de personas.

La organización criminal destaca por su gran capacidad logística para el tránsito de drogas, operaciones con amplio nivel de violencia, rasgos paramilitares, lavado de dinero, aprovechamiento del vacío dejado por otros grupos y el establecimiento de alianzas con organizaciones de diversa envergadura para el ingreso a nuevos territorios.

Gráfica 1. Actividades realizadas pro el CJNG (2010-2020)

Fuente: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, 2021

Finalmente, para entender al CJNG hay que comentar que es un grupo delincuencial que utiliza el terror como método para amedrentar a sus enemigos, no es un grupo terrorista dado que no tiene una agenda de control territorial ni ideológico, pero utiliza el terror para conseguir sus fines. Estructuralmente, es una red criminal con una serie de nodos interconectados que se organizan con redes y células asociadas y subordinadas, por medio de las cuales se comenten diversas actividades ilegales y punibles

La Operación Agave Azul (OAA)

El Gobierno de México, desde 2018, ha señalado que entre sus principales ejes de acción están la detección y el desmantelamiento de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico que utilizan el sistema financiero para blanquear sus ganancias ilícitas.

El OAA fue resultado del trabajo conjunto que realizaron las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad[5]. En un espacio colaborativo, durante varios meses, los integrantes proporcionaron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y su Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informes de inteligencia respecto de los principales líderes, operadores financieros, familiares, empresas, abogados, así como de diversos servidores públicos que operaban las redes financieras del CJNG.

En el mismo sentido, la UIF trabajó de manera coordinada con la DEA en la definición de los objetivos de dicho operativo, con lo que se logró ubicar a un gran número de integrantes de dicho grupo criminal, así como a sus mayores operadores financieros y empresas utilizadas en el blanqueo de capitales. El esquema utilizado para detectar a dichos actores fue el siguiente:

Figura 1. Esquema de células para detectar activos ilícitos

Fuente: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, 2021.

El nombre del operativo se basa en una cactácea utilizada en la fabricación del tequila, la bebida emblemática del estado de Jalisco, lugar donde reside el cártel.

Los resultados.

• Aunque se sabe que detrás del operativo especial se encuentran autoridades estadounidenses interesadas en el combate y reducción del narcotráfico (el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos poseía: 33 empresas relacionadas con el CJNG), en la mayoría de los casos no se cuenta con la petición expresa de ese gobierno extranjero.
• La principal dificultad para las autoridades hacendarias estribó en la Ley de Instituciones de Crédito que establece que el bloqueo -en este tipo de investigaciones- procede cuando se emita en el cumplimiento de una obligación contraída con un gobierno extranjero o la ejecución de una resolución adoptada por un organismo internacional o agrupación intergubernamental cuyas atribuciones fueron reconocidas con base en una obligación asumida por el Estado mexicano. Este supuesto fue clave para que muchas personas señaladas lograsen que el Poder Judicial revertiera el bloqueo de sus activos.
• Se cruzó información de inteligencia con datos financieros y bancarios, con lo que se detectaron 1 mil 770 personas, 167 empresas e incluso dos fideicomisos, por lo que se bloquearon las cuentas en junio de ese año. La UIF analizó más de 2 mil 500 operaciones inusuales por más de 2 mil 950 millones de pesos, así como 38 mil 459 reportes relevantes por 11 mil 478 millones de pesos; también transferencias internacionales por 7 mil 216 millones de pesos.
• Fueron identificadas cuentas bancarias asociadas en Jalisco, Ciudad de México, Michoacán, Estado de México, Baja California, Guanajuato, Nuevo León, Veracruz, Nayarit, Sinaloa, Querétaro y Colima.
• Por otro lado, fueron identificadas 67 personas morales o empresas del CJNG dedicadas a actividades con recursos de procedencia ilícita, fundamentalmente en Ciudad de México, Estado de México, Colima, Jalisco, Nayarit y Quintana Roo, aunque también en Panamá, Estados Unidos y Uruguay.
• Los giros de los negocios y las compañías que han puesto en marcha son: aerolíneas, agencias turísticas, centros comerciales, clínicas médicas, compañías de promoción de música, de importación y exportación de productos y de agricultura y de publicidad, consultora de arquitectura, desarrollo residencial, empresas de bienes raíces, gasolineras, hoteles, negocios de ropa, panaderías y reposterías, periódicos, restaurantes (especialmente sushi), venta de boletos para conciertos.
• Una de las críticas a la operación radica en que la estrategia judicial del gobierno resultó incompleta y permitió que se recuperarán múltiples activos. Sin ser eso falso, hay que decir que tuvo éxito al brindar y exponer la forma en que la delincuencia organizada utiliza el sistema financiero para lavar sus activos y disponer de efectivo para la compra de armas
• La metodología y pasos que se siguieron fueron importantes para poder lanzar la operación Phyton, lanzada en conjunto con la DEA por al que se incautaron unos 350 mil dólares, toneladas de cocaína y hasta marzo pasado se produjeron más de 600 arrestos en la Unión Americana y México.

*  Hezbollah y su designación como organización terrorista en América Latina

Danilo Gelman[6]

El 18 de julio de 1994, a las 09:53 hs. Un coche bomba conducido por un hombre suicida, se estrelló contra el edificio de la AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina) en el centro de la ciudad de Buenos Aires, dejando 85 muertos y más de 300 heridos.

Sólo 2 años antes, el 17 de marzo de 1992, otro ataque terrorista tuvo lugar en Buenos Aires, contra el edificio de la Embajada de Israel en ese país, dejando 29 muertos y 242 heridos.

Ambos ataques fueron atribuidos por la justicia argentina al grupo terrorista Hezbollah en coordinación con la República Islámica de Irán, aunque ambos niegan cualquier responsabilidad.

25 años después del atentado a la AMIA, la República Argentina, designó a Hezbollah como organización terrorista y congeló los bienes vinculados a esta organización a través de la Unidad de Información Financiera. Es la primera designación de Hezbollah como grupo terrorista que se hace en América Latina, previa creación del registro de personas y grupos terroristas.

El estado argentino se basa en tres criterios para designar organizaciones terroristas. Incluyen organizaciones que tienen sentencias pendientes en su contra según la ley argentina, organizaciones que han sido declaradas terroristas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y organizaciones que han sido condenadas por delitos financieros por autoridades locales.

Además, al tiempo que ejecuta la designación, la República Argentina manifiesta que Hezbollah continúa representando una amenaza vigente para la seguridad nacional y la integridad del orden económico financiero del país y de toda la región.

Argentina fue el primer país en la región en tomar este tipo de acción, la cual ha servido de impulso para que otros países que han visto un incremento de las actividades de Hezbollah dentro y/o cerca de sus fronteras tomen medidas similares. Poco tiempo después de la designación de Argentina en julio de 2019, otros estados latinoamericanos (Colombia, Paraguay, Honduras y Guatemala) designaron a Hezbollah como organización terrorista global, contemplando tanto su ala política como su ala militar.

En agosto de 2019, Paraguay basó su designación en la presencia que Hezbollah tiene en la triple frontera constituido como un espacio de actividades criminales múltiples. El presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez, dijo que su país tomaba esta decisión para apoyar la lucha internacional contra el terrorismo.

En enero del 2020, Colombia fue sede de la III Conferencia Ministerial Hemisférica de Lucha contra el Terrorismo; fue en ese marco donde el presidente colombiano Iván Duque comunicó la decisión de designar a Hezbollah como organización terrorista. Colombia también incluyó en la lista de organizaciones terroristas a Hamás y a la Guardia Revolucionaria de Irán. El presidente mencionó que esta decisión colaborará a identificar actividades de Hezbollah en su frontera con Venezuela.

Honduras eligió el mismo marco y contexto que Colombia para adoptar esta medida, cuando su presidente Juan Orlando Hernández elaboró la lista de organizaciones terroristas que incluye a Hezbollah, mencionando las amenazas que esta agrupación representa para la región.

En octubre del 2020, el presidente de Guatemala Alejandro Giammattei, anunció que su país designaba a Hezbollah como grupo terrorista, presentando un proyecto de ley para la prevención del lavado de dinero que tiene a facciones de la organización chiita en el ojo de la tormenta en la región.

Hasta el momento estos son los países latinoamericanos que han tomado tal acción, emprendiendo el largo camino hacia el bloqueo de las actividades criminales y terroristas de Hezbollah en la región.

Pero llegar a tal designación, contemplando a la totalidad de la organización como terrorista, es decir, su ala militar y su ala política, no fue una cuestión sencilla y ágil, existieron una cantidad innumerable de instancias previas repleta de investigaciones, acciones jurídicas y trabajo de campo. Podemos destacar sólo algunas cuestiones relevantes:

Aproximadamente un año antes de la designación en Argentina, la Unidad de Información Financiera dictó una medida de congelamiento administrativo de bienes y dinero de los integrantes de una presunta organización criminal vinculada a Hezbollah, que operaría en la zona conocida como la triple frontera. Medida amparada en el delito de financiación del terrorismo y que surge como consecuencia de un proceso de análisis de información que identifica el accionar delictivo de personas de nacionalidad libanesa en territorio argentino que, con el complemento de información proporcionada por fuentes del exterior, permitieron a la UIF reunir elementos de convicción para sospechar que las mismas podrían estar involucradas en acciones de lavado de activos y financiación del terrorismo.

Estas personas formarían parte de una organización denominada “El Clan Barakat” liderada por Assad Ahmad BARAKAT, quien presentaría estrechos vínculos con el liderazgo de Hezbollah y ha trabajado con numerosos extremistas islámicos radicados en la triple frontera. El “Clan” estaría involucrado en delitos de contrabando, falsificación de dinero y documentos, extorsión, tráfico de estupefacientes, tráfico de armas, lavado de activos y financiación del terrorismo.

Puntualmente, la UIF identificó que al menos 14 (catorce) personas vinculadas al mencionado “Clan”, registró múltiples cruces a Argentina (principalmente por el Puente Internacional Tancredo Neves, ubicado en la Provincia de Misiones). Una vez en la Argentina, los miembros del “Clan” habrían realizado, en un casino de Iguazú, cobros por supuestos premios que en su conjunto superarían los US$ 10.000.000 (diez millones de dólares estadounidenses), sin declarar ni el ingreso ni el egreso de fondos al cruzar la frontera.

Las tareas de análisis realizadas, en cooperación con otras unidades del exterior, arrojarían una clara sospecha respecto al origen ilícito del dinero ingresado a Argentina, con la fuerte hipótesis de que, una vez fuera del país, el mismo haya sido transferido por el “Clan” a manos de Hezbollah.

En otro orden de cosas, hay que destacar que la presión internacional hizo lo propio. Las agencias federales estadounidenses ejercieron gran presión sobre las actividades de Hezbollah en América Latina en los últimos años, con ello, han generado a la organización una grave crisis económica y financiera que se profundizo después de las sanciones de Washington de principios de 2019, cuando Estados Unidos firmó acuerdos con distintos países occidentales que derivaron en las conocidas designaciones de la organización pro iraní como terrorista global en un importante número de países, incluso fuera de la región latinoamericana.

Algunos de estos países de otras regiones que han hecho la misma designación, aunque en algunos casos, sólo lo hicieron al ala militar de Hezbollah; son: Israel, Estados Unidos, Eslovenia, Reino Unido, Países Bajos, Japón, Australia, Bahréin, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Serbia, Lituania, Liga Árabe, Canadá, Nueva Zelanda, la Unión Europea, Francia y Alemania.

¿Qué significa designar a una organización como terrorista?:

Si bien en cada estado tiene diversos sentidos, es probable que en todos los casos encuadra jurídicamente a Hezbollah y a cualquier organización que la represente, le preste apoyo, en la categoría de terrorista global, siendo pasible de ser investigada, perseguida legalmente y procederse a la incautación o al congelamiento de sus activos financieros como también a la detención y enjuiciamiento de sus integrantes.

Esto trae diversas consecuencias para la organización. Desde 2019, el liderazgo de la organización terrorista debió instrumentar medidas de austeridad entre las que se destacan situaciones que han dado lugar a malestar entre las familias de combatientes y mártires caídos en combate en Siria que vieron recortados sus pagos y las pensiones de viudas y huérfanos. También los pagos en asistencia social se vieron recortados y desde hace poco tiempo comenzó a ser muy común para los libaneses ver cajas metálicas grises con el logotipo de la organización para colocar dinero en donaciones que se solicita a las personas en las calles de Beirut, Líbano.

Sin embargo, Hezbollah pudo sobrellevar esta etapa de pronunciada caída de sus fondos por el recorte de Teherán en el presupuesto mensual destinado a la organización dada la asfixia económica de las sanciones impuestas. Esto ocurrió, en gran parte, por su actividad ilegal exitosa que desarrolla desde el año 2005, cuando amplió su rango criminal operacional al tráfico de drogas en Latinoamérica, Europa y África, lo cual le ha resultado muy rentable. Según las agencias antidrogas occidentales se estima que pudo facturar anualmente un promedio de 400 millones de dólares estadounidenses sólo a través del tráfico de cocaína en esos tres continentes.

No obstante, resulta importante y fundamental destacar que cuantos más países hagan sus esfuerzos para designar a Hezbollah como organización terrorista global, ésta irá perdiendo aún más fuerzas. El foco tiene que estar puesto en debilitar a la organización terrorista dañando su influencia y capacidad para movilizarse, lo que sin dudas impactará en la lucha contra el terrorismo internacional. En este sentido, desmantelar la capacidad que tiene para hacer daño, es un paso vital hacia el establecimiento de la paz.

*  ¿Narcoterrorismo?

Diana Patricia Arias Henao[7]

El narcoterrorismo es una amalgama política que trata de integrar los conceptos jurídicos relativos al narcotráfico y al terrorismo. No existe entonces un delito tipificado como narcoterrorismo, pero sus usos políticos, así como las drogas, han conquistado a buena parte de la sociedad internacional.

El narcotráfico, más allá de estar tipificado como delito, es un negocio trasnacional y complejo, donde participan actores grises. Esto es, actores con facha legal o blancos y, actores negros e ilegales. Las utilidades que produce representan un enorme desafío en materia de seguridad pues logra cooptar parcialmente a los Estados y conectarse en una vasta red multisectorial y multicultural. Igualmente, el narcotráfico, dependiendo de los contextos particulares, goza de la categorización de delito político.

Por su parte, el terrorismo, si bien está tipificado en los sistemas normativos penales domésticos, no cuenta con una definición universalmente unificada. Varios sectores de la sociedad internacional contemporánea han concertado elementos comunes tendientes a considerar como actos terroristas aquellas conductas antijurídicas desplegadas con fines políticos predeterminados para producir estados de terror en la población en general, a un grupo específico de personas o a comunidades. En el caso de la tipificación de las acciones consideradas como terroristas, la lista es demasiado amplia y da lugar a algunas interpretaciones.

Sin embargo, constituyen actos injustificables bajo cualquier lupa política, cultural, racial, religiosa, económica o de cualquier otra estirpe. La finalidad principal que engloba los actos terroristas es intimidar mediante la violencia premeditada para forzar a un gobierno, organismo internacional u otros sujetos, a realizar un acto específico o abstenerse de ejecutar algún otro (OHCHR, 2007).

El narcoterrorismo es un concepto Made in Usa. Se suele postular como una alianza natural entre narcotraficantes y otros agentes negros y grises, que operan en la clandestinidad. Si bien, muchas organizaciones terroristas en declive son capaces de reconstituirse gracias a la poderosa financiación que obtienen de proporcionar cobertura y apoyo armado al narcotráfico, los cárteles de la droga consiguen una capacidad de respuesta militar frente a los gobiernos con los que están en constante pugna, pero no por ello, podemos considerar a la criminalidad organizada ni a los actores subversivos como actores terroristas, como tampoco, debemos olvidar las actuaciones de terror que en ocasiones cometen los actores blancos, en castellano, el propio terrorismo de Estado que se ha dejado cooptar parcialmente por los grupos narcotraficantes, y como en el caso de Colombia, en varias ocasiones ha sido condenado por acción y extralimitación en la comisión de graves violaciones a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

Uno de los peligros de usar el concepto de narcoterrorismo es la ambigüedad conceptual y la posibilidad de los Estados poderosos y gobiernos de turno de clasificar a sus enemigos como terroristas. Puede que la violencia asociada al crimen organizado ligado al narcotráfico sea intimidante y grotesca, pero no pretende en la gran mayoría de los casos, conseguir laureles políticos. Al clasificar a los grupos de crimen organizado como actores terroristas, se amplían injustificadamente los mecanismos militares y jurídicos para exterminarlos. Las Farc-EP son un ejemplo de ambigüedad conceptual jurídico-política: considerados en su origen como guerrillas marxistas, luego como terroristas, posteriormente como narcoterroristas; en 2020 sus miembros lograron ejercer politice sin armas, bajo el visto bueno de los políticos estadounidenses y de los organismos internacionales funcionales a los intereses hegemónicos norteamericanos que los tuvieron en sus listas de terrorismo durante años. El cambio de clasificación esquivó los obstáculos que representa la Corte Penal Internacional, y de los que se escabulleron las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), apropiando sus mecanismos de transición, que atendieron a las peculiaridades locales que gestaron los enfrentamientos (Arias Henao, 2021).

Guerrillas, neo paramilitares, disidencias farcianas y actores grises estatales y del sector privado, conviven en un nuevo contexto de violencia colombiano, desplegando nuevos capítulos de conflicto armado interno y de tinte internacional con la frontera venezolana, donde se interconectan sin los odios del pasado, en pro de la producción, distribución y comercialización de las drogas domésticas, en especial, la marihuana y la cocaína.

Tras la reinserción del ahora partido político de Los Comunes, las ideologías extremas sucumben ante el ejercicio del poder en un territorio y del poderío económico. Todo sobre un complejo escenario político polarizado y tradicionalmente violento. Una Nueva Violencia, donde los actores ilegales no se atacan más por sus diferencias ideológicas, sino que las zanjan, en pro de intereses particularísimos. Estas nuevas alianzas ilegales son de difícil diagnóstico y contención para la Fuerza Pública, sean las Fuerzas Militares de tradición insurgente o la militarizada Policía. Mezclas que pretenden responder a las múltiples presentaciones de las mutantes amenazas a la seguridad y defensa, ligadas a prácticas de confrontación y a los medios convencionales descritos por el Derecho Internacional Humanitario (Arias Henao; Arias Henao; & García Perilla, 2022).

El desarrollo de guerra híbrida ha demostrado la debilidad y ausencia del Estado para lograr sus fines esenciales y se explaya a través de las fronteras porosas colombianas, que ha provocado la adaptación constitucional de los cuerpos de seguridad y defensa a la lucha contrainsurgente y antinarcótica, dada la presencia de las nuevas amenazas intermésticas, como los actores nacionales e internacionales ligados al narcotráfico, que logran escapar a los marcos y propósitos del proceso de paz particular y la justicia constitucional alternativa, que se posa en pro de la consecución de la cesación de la violencia sistemática, como base de los cambios estructurales pos conflictuales, que emerge tanto de los conflictos armados latentes colombianos como de su creciente criminalidad común.

El tratamiento a dichas amenazas contribuye a la polarización y funcionalidad política. Sin embargo, la violencia asociada al narcotráfico actual en Colombia no se asemeja al terror desplegado por los carteles de Medellín y de Cali, los cuales usaron de forma sistemática, por ejemplo, coches bomba entre otros actos terroristas, en medio de una guerra irregular declarada al Estado colombiano, y producto de la década de los 80s conocida como la bonanza cocalera, que terminó inclusive incidiendo en la Constitución Política de Colombia de 1991 al lograr, en su momento, tipificar en el artículo 34 Superior, la prohibición de la extradición, tras la entrega voluntaria de Pablo Emilio Escobar Gaviria, eso sí, a su propio centro de reclusión conocido como La Catedral, donde siguió delinquiendo y asesinando adversarios, y de la cual escapó sin tantos esfuerzo como en su momento lo hizo su homólogo mexicano, el Chapo Guzmán. Escobar logró materializar en los 90, su propio destino de preferir una tumba en Colombia y no una cárcel en los Estados Unidos.

Los carteles de Medellín y de Cali, liderados respectivamente por Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha, actores narcotraficantes de los 80s y 90s se jactaron de actos terroristas para enfrentar los gobiernos colombianos de Belisario Betancur, Virgilio Barco y César Gaviria, y crearon una organización denominada: Los Extraditables. Culpable de la más oscura época de terror y violencia en Colombia. Estallaron un avión donde murieron más de un centenar de civiles inocentes tratado de matar a Gaviria que nunca subió al vuelo; explotaron el Departamento Administrativo de Seguridad -DAS- buscando asesinar sin éxito al director de dicha entidad, el general Miguel Alfredo Maza Márquez, destruyendo el edificio y entre sus muros amontonados como producto de un bombardeo típico de una guerra, se fue la vida de casi 70 compatriotas, sumado a centenares de heridos; muchas bombas más explotaron matando e hiriendo a miles de civiles; asesinaron al Ministro de Justicia y al director de uno de los periódicos más importantes del país: El Espectador; se pagaba sueldo por cada sicario que mataba un policía, dejando tres centenares muertos. Tan solo en Medellín ocurrieron 3.500 asesinatos en 1986. Las venganzas de los familiares de las víctimas, consolidaban un promedio de 200 asesinatos cada fin de semana.

Del desmembramiento de los grandes carteles a través de la vía militar impulsada por los Estados Unidos a través de las estrategias propias de la teoría realista y neorrealista de las Relaciones Internacionales, produjo un efecto Hydra, multiplicando las cabezas, pero esta vez, poco identificables. Por ejemplo: la Oficina de Envigado, heredó a los huérfanos de cartel. Igualmente, otro grupo narcotraficante que gestó el terror en Colombia tras los reductos de la guerra entre los Carteles, fueron las Autodefensas Unidas de Colombia, que se unificaron en 1998 bajo el liderazgo de los hermanos Castaños, que comandaron un ejército del terror que descuartizó a miles de seres humanos entre otras técnicas de terror, donde el Estado colombiano fue co-partícipe.

Pese a ser parte de una cuestionada desmovilización desarrollada en la jurisdicción ordinaria a través de la Ley de Justicia y Paz de Álvaro Uribe Vélez en el 2006, también mutaron en Bandas Criminales. Es decir, la clasificación política los tipificó en su momento como actores armados del conflicto con intenciones de incidir en el sistema político y con claros nexos narcotraficantes, a determinar a sus herederos y reductos, como banditas del crimen organizado sin capacidad de desestabilizar la estatalidad del Estado.

Por más que se hayan destinado millones de dólares en cooperación militar, lo cierto es que no se ha podido acabar con el fenómeno narco-violento desde la táctica unidireccional de la militarización y la misma sigue siendo el combustible de la mutación de las diversas estructuras delincuenciales, provenientes de sectores legales e ilegales, nacionales e internacionales, que responden rápidamente a los cambios que plantean sus Estados Superados, en cooperación con el hegemón político. Dicha militarización se ha concentrado durante décadas, sin lograr debilitar las guerras promiscuas gestadas por las empresas subterráneas narco-violentas, pero no, al menos en la actualidad colombiana, narcoterroristas (Arias Henao, 2014a).

No se puede dejar de lado el aumento del consumo de drogas ilegales en Estados Unidos y Europa. Las narco-culturas imponen su ley y exigen su puesto en el mundo. Si en Nueva York, como en muchos otros estados gringos, se fuma un porrito industrializado, vendido en tubitos de colores con distintos sabores y potencias desde los 15 a 25 dólares, dependiendo del barrio: ¿por qué se siguen potenciando políticas antinarcóticas desde el país del Tío Sam que persiguen a los productores y distribuidores en Colombia? y ¿ por qué se penalizan a los micro-traficantes y a las cabezas de la cadena antinarcótica se les concede la clasificación de delito político? o, ¿Será que se trata de políticas más anti-coca que antidrogas porque no tienen la materia prima para producir una de las drogas más consumidas en Norteamérica y Europa?.

Claramente la salud pública sin importar las nacionalidades centrales y periféricas está en alto riesgo. Pues si bien no se debe penalizar la decisión individual del consumo, tampoco se pueden desestimar los efectos nocivos del mismo, en todos sus niveles. Una política antinarcótica desenfocada por el abuso de la noción del terrorismo no puede resultar eficaz, pues no precisa el fenómeno jurídico que busca desmantelar sino lo enmaraña desde conceptualizaciones políticas y de culturas predominantes, como la occidental, que vive paranoica inventando enemigos internos por doquier para desplegar sus armas, redil aún más rentable que el negocio de las drogas.

Tradicionalmente el Estado ha considerado al narcoterrorismo como la fuente de todos los males, escabulléndose de su responsabilidad de proteger, presentándose como objetivo militar de diversos flancos. La dirección que debe tomar el Estado es precisamente la opuesta, pues, estas realidades violentas deben considerarse como tal, realidades complejas a resolver, no a empeorar (Arias Henao, 2008). El Estado se encuentra parcialmente en mora en cuanto a la ejecución de sus obligaciones soberanas, esenciales y democráticas, y dejando que otros actores ilegales sacien las necesidades de las poblaciones más vulnerables, sea de común acuerdo o de manera forzada. La narcoviolencia es la violencia resultante de los grupos narcotraficantes. El terrorismo perpetuado por los grupos de extrema derecha, no pretende desagregar el Estado, sino por el contrario, ha tratado históricamente de reforzarlo, consumando un terrorismo de Estado que ha sido connivente en la conformación de un modelo de para-Estado (Arias Henao, 2014 b).

La llegada de Gustavo Petro a la Presidencia de Colombia y plan de Paz Total parece desestabilizar el proyecto paraestatal gestado desde los 80s, producto de los dineros y las querencias y activos de los narcotraficantes. Así como han mutado los actores narcóticos desde la desmantelación de los grandes carteles, también lo han hecho los Grupos Armados No Estatales – GANE, escindiéndose y reventándose. Pese a los avances en construcción de paz y de desarme, los nuevos actores armados y sus empresas subterráneas siguen permeando los baldíos criminales que se asocian parcialmente con sectores legales, pisoteando el principio de distinción de los terceros civiles y adueñándose de sus terruños. La Paz Total ya está negociando con actores que buscan el estatus político como el ELN, sin embargo, para los grupos del crimen organizado el gobierno presentó un proyecto de ley, el 16 de marzo de 2023, donde establece las condiciones de sometimiento e insta a la confesión de delitos, entrega de bienes, información sobre patrones criminales y propuestas de reparación a sus víctimas (Arias Henao, 2023).

Referencias Bibliográficas

Arias Henao, D.P. (2008). Sistema político colombiano: el desarrollo de la violencia y la incidencia del condicionante externo. Tesis de maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina.http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/1806/Documento_completo__.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Arias Henao, D.P. (2014a). Investigación comparativa transcontextual en relaciones internacionales narcoviolentas. Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad de la Universidad Militar Nueva Granada. Vol. 9 No. 2 (77-99). Julio – Diciembre, Bogotá, http://www.scielo.org.co/pdf/ries/v9n2/v9n2a04.pdf.

Arias Henao, D.P. (2014 b). Relaciones internacionales (RRII) entre economías subterráneas o ilícitas (ESOI) narcoviolentas en Colombia y México y la incidencia de las políticas estatales de EEUU (1990-2014). Tesis de Doctorado en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. https://www.iri.edu.ar/images/Documentos/doctorado/tesis/tesis_arias_henao.pdf

Arias Henao, D. P. (2021). De la Sierra al Bronx. Editorial Neogranadina.
https://editorial.unimilitar.edu.co/index.php/editorial/catalog/download/54/97/204?inline=1

Arias Henao, D. P., Arias henao, H. E., & García Perilla, J. C. (2022). New Colombian Violence and the Role of the Public Force in Transitional Justice Scenarios in 2021. Opinión Jurídica, 21(45), 62-85. ISSN (en línea): 2248-4078. https://revistas.udem.edu.co/index.php/opinion/article/view/3780/3407

Arias Henao, D.P (2023). El mierdero de la paz total. Semanario Virtual Caja de Herramientas, Coorporación Viva la Ciudadanía. Marzo. Bogotá, https://viva.org.co/cajavirtual/svc0817/articulo01.html

OHCHR – Oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. (2007). Los derechos humanos, el terrorismo y la lucha contra el Terrorismo. Folleto informativo. No. 32. https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/Factsheet32sp.pdf

*  Terrorismo, bioterrorismo y seguridad internacional

María Cristina Rosas[8]

Introducción

Es lugar común asumir que el terrorismo constituye una amenaza a la seguridad nacional. Esta percepción se ve alimentada por el hecho de que, como uso de la violencia con fines políticas, el terrorismo opta por canales distintos a los institucionales para dar a conocer la “agenda” de ciertos sectores de las sociedades. Así, en ciertos casos, la seguridad nacional ha sido invocada por los gobiernos para paralizar y fracturar a la sociedad civil, en aras de suprimir el disenso y a los adversarios políticos. En otros casos, los gobiernos enfrentan la consigna de combatir el terrorismo en el ánimo de enviar el mensaje a las sociedades de que ante todo éstas deberían usar las instituciones existentes para dar a conocer sus demandas de manera no violenta.

Sin embargo, en el combate al terrorismo con frecuencia se actúa contra el problema en sí, y no contra sus raíces. El terrorismo es la manifestación, el producto de una serie de contradicciones sociales, políticas, económicas y otras más, no el problema. Asimismo, a pesar de ser un acto político, a quien perpetra las violentas acciones no se le trata como a un preso político, sino como a un delincuente del orden común.

Con el advenimiento del fin de la guerra fría, los países del mundo han debido redefinir la identificación de las amenazas a la seguridad nacional e internacional. Estados Unidos, por ejemplo, venía otorgando al narcotráfico, las migraciones y el deterioro ecológico, entre otros temas, el rango de importantes prioridades para su seguridad nacional y, por extensión, para la seguridad internacional tras el colapso de la Unión Soviética. Esta agenda fue calificada, por los países pobres, como una en la que se reforzaba la noción de un conflicto Norte-Sur (en oposición al conflicto Este-Oeste típico del bipolarismo), dado que el origen del narcotráfico, de las migraciones indocumentadas y del ecocidio se pretendía ubicarlo en las naciones menos desarrolladas, negando la corresponsabilidad que existe por parte de las naciones altamente industrializadas sobre el particular (por ejemplo, al haber una clara vinculación entre los productores de estupefacientes, muchos de los cuales residen en los países pobres, y los consumidores, gran parte de los cuales se encuentran en los países ricos). Ante ello, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de su Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se dio a la tarea de identificar las amenazas a la seguridad internacional y concluyó que el malestar social (i. e. la falta de acceso a los servicios educativos y a los servicios de salud; la ausencia de viviendas dignas y de oportunidades laborales; etcétera) es la gran amenaza. Así las cosas, surgió la noción del desarrollo humano como una condición de satisfacción de las necesidades de las personas, lo cual dotó de gran relevancia a los debates en materia de derechos humanos, medio ambiente, asentamientos humanos, bienestar de la infancia, situación de mujer, y desarrollo social, todos ellos temas que fueron abordados en sendas cumbres internacionales celebradas en el transcurso de los 90 al amparo de la ONU (Schechter, 2001: 3-28).

Con el concepto de desarrollo humano se consolidó la noción de seguridad humana, esto es, de la seguridad de las personas, basada en el aprovisionamiento de los satisfactores básicos para garantizar una calidad de vida óptima. La ausencia de esos satisfactores contribuiría, por tanto, al malestar social, a un estado de inseguridad, y, por ende, la imposibilidad de que la seguridad humana se concretara, estaría en condiciones de atentar contra la seguridad nacional e internacional.

Hoy en día cada vez más se reconoce que el resguardo de la seguridad nacional reposa en la seguridad humana. En este sentido, el terrorismo, desafía no sólo a la autoridad de los gobiernos, sino especialmente a la seguridad humana. Esta ecuación es particularmente visible en un posible escenario de terrorismo desarrollado con el empleo de armas de destrucción en masa, esto es, químicas, biológicas y nucleares.

La seguridad humana y la seguridad nacional

No hay que perder de vista que pese a la popularidad de que goza en el momento actual la noción de la seguridad humana, el concepto no es nuevo. Con motivo de las dos guerras mundiales del siglo XX, particularmente tras la segunda de ellas, se reconoció que la protección de las personas es un principio central de las relaciones internacionales, por lo que la Carta de las Naciones Unidas asumía como prioritario en sus propósitos y principios

Realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión (Naciones Unidas, 1945: 3).

La seguridad de las personas se convirtió en un tema de singular relevancia tras la finalización de la guerra fría, debido a que si bien se reconoce que la existencia de armas de destrucción en masa atentan, por ejemplo, contra la supervivencia de la humanidad, también es verdad que para millones de seres humanos existen preocupaciones cotidianas respecto a su supervivencia. En palabras del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en su multicitado Informe sobre desarrollo humano de 1994

En última instancia, la seguridad humana es el niño que no murió, la enfermedad que no se propagó, el empleo que no fue suprimido, la tensión étnica que no derivó en la violencia, el disidente que no fue silenciado. La seguridad humana no es una preocupación con armas –es una preocupación con la vida y la dignidad humanas (UNDP, 1994: 22).

El PNUD cita de manera explícita, al fenómeno del terrorismo en la lista de amenazas globales a la seguridad humana. El hecho no debería pasar inadvertido pensando en la manera en que el terror con fines políticos puede dañar el bienestar de las sociedades. Sin embargo, en un mundo en el que los Estados siguen siendo importantes actores en las relaciones internacionales, el terrorismo se erige en un motivo de preocupación muy singular. Como acto político, el terrorismo compite con el Estado por el ejercicio del poder. De ahí que exista un terrorismo dirigido desde el Estado, y otro promovido contra el Estado. Ciertamente el Estado (sobre todo si se cuenta con regímenes democráticos) querrá que esa lucha por el poder se lleve a cabo a través de los canales institucionales existentes y de manera pacífica, sin que se recurra a la violencia. Por alguna razón, sin embargo, quienes privilegian el uso del terror no consideran viable la satisfacción de sus demandas por medios distintos a la violencia.

Nota aparte merece el terrorismo perpetrado por actores no estatales, los que tratan de imponer una agenda al mundo mediante ataques físicos y psicológicos. El terrorismo, dicho sea de paso, es sólo una de las diversas formas de violencia que existen en las sociedades. No se trata ciertamente de la que más vidas humanas cobra, dado que en los conflictos armados perecen de manera cotidiana miles de personas. Hablando de la seguridad personal, término usado por el PNUD para caracterizar una de las dimensiones de la seguridad humana, el consumo de estupefacientes, tabaco y alcohol provocan decesos en cantidades muy altas y constituyen, en los hechos, acciones de violencia contra el individuo perpetradas por el individuo mismo.

El terrorismo es distinto de otras formas de violencia. Por regla general es el recurso de pequeños grupos de las sociedades que desarrollan acciones como asesinatos, empleo de explosivos contra instalaciones civiles, secuestros, etcétera. Amparado en la estrategia del conflicto asimétrico, el terrorismo aprovecha el factor sorpresa de las acciones que se realizan, las que deben recibir la mayor difusión posible en los medios de comunicación a fin de que el impacto psicológico crezca más allá del espectro del ataque físico. Los medios de comunicación de hecho son clave en la propagación del mensaje de contenido político que el terrorismo desea transmitir, contribuyendo a la dramatización pública de, por ejemplo, el descontento de ciertos sectores sociales. La publicidad que genera el terrorismo también es importante por el estado mental que genera tanto en las élites como en el resto de la población (Reinares, 1998: 39). El terrorismo tiene, por lo tanto, dos objetivos: el del ataque físico inmediato (que generalmente es un ataque espectacular), y el secundario. En tanto el primero cobra las vidas de civiles, el objetivo más importante es enviar el mensaje de que “el gobierno no es tan poderoso ni invulnerable como parece” (Frühling, 1995: 15).

Generalmente, quienes perpetran un acto terrorista lo reivindican, adjudicándose la responsabilidad del mismo, con la idea de mostrar no sólo su autoría sino su capacidad para orquestar una amenaza de gran envergadura contra objetivos cuidadosamente seleccionados. Así, para quienes usan el terror con fines políticos, es muy importante ser identificados por el destinatario fundmental de sus agresiones. Por supuesto que la entidad agredida, sobre todo en el caso de gobiernos, no querrá proyectar la imagen de que “dialoga” con terroristas, dado que no desea que el ejemplo de éstos sea seguido por otros grupos sociales. Por eso es que, en las políticas contraterroristas de la mayor parte de los países del mundo, la primera consigna que las caracteriza es que “los gobiernos no hacen tratos con terroristas”, en tanto enfatizan que el terrorismo debe ser combatido por los canales legales existentes (Crenshaw, 2000: 121).

Debido a la violencia inherente al terrorismo, las sociedades suelen reprobarlo, como quedó de manifiesto en la condena de las sociedades quebequense y canadiense en los años 70 ante los actos perpetrados por el Front de Libération du Québec. En ese caso, los quebequenses han favorecido que sea a través de los canales institucionales y pacíficos que se decida el destino de la provincia canadiense, y no a través del terrorismo.

La violencia que caracteriza al terrorismo también hace difícil que la lealtad de las fuerzas armadas y la policía hacia el gobierno, sea puesta en duda. En el mejor de los casos, quienes perpetran acciones terroristas obtienen el reconocimiento de un número limitado de actores para su causa, así como concesiones veladas de parte de los gobiernos, quienes, valorando los costos de la violencia, optan, en los hechos, por “negociar”. Claro que la negociación dependerá de las demandas: la petición de un sistema electoral más representativo y la autonomía regional podrían ser aspectos razonables a los ojos de los gobiernos, frente a, por ejemplo, la fundación del Estado del Kurdistán o del Califato.

Así, el terrorismo posee objetivos clave, entre los que destacan, propagar su agenda a través de la acción (que podría generar simpatía internacional por su causa, además de garantizar la adhesión y el consenso de sus militantes, quienes, por supuesto, desean que se produzcan acciones concretas, físicas y visibles); provocar una respuesta inusitada de parte del gobierno que la sociedad no esté dispuesta a avalar, disminuyendo, con ello el apoyo popular hacia el gobierno; y contribuir a que se desarrolle una situación de ingobernabilidad, desorden y caos, con lo que se debilitaría al sistema democrático aunque, por ejemplo, si el terrorismo es de “izquierda” ello podría alentar una política contraterrorista de “derecha”. La ingobernabilidad también es una especie de efecto multiplicador del primer ataque: si a la entidad vulnerada fue posible golpearla de esa manera, otros grupos de interés inconformes con el gobierno podrían seguir el camino del terror para manifestar sus demandas (Frühling, Op. cit.: 19).

Por todo lo anterior, la respuesta del Estado ante el terrorismo, debe ser contundente, porque su autoridad ha sido puesta en tela de juicio. Dado que la autoridad de los gobiernos emana, en principio, de la sociedad, el argumento de que el terrorismo constituye una amenaza a la seguridad nacional se sostiene a partir de la premisa de que existen canales institucionales que deberían ser empleados para que los miembros de la sociedad den a conocer sus agendas. Por lo tanto, en el momento en que se hace uso de la violencia con fines políticos, la convivencia entre los miembros de la sociedad es sacudida, y el disfrute de sus derechos humanos se ve interrumpido, por lo que, atendiendo a los elementos que fueron citados con anterioridad como “componentes” de la seguridad nacional, los gobiernos estarían obligados a enfrentar el terrorismo, combatirlo y hacerlo de manera pública y ejemplar para evitar que situaciones como las descritas se produzcan en el futuro.

Seguridad humana y terrorismo biológico

Laurie Garret comenta que en febrero de 1999, el Centro Johns Hopkins de Estudios de Defensa Civil de Estados Unidos, realizó un juego de guerra biológica que fue elaborado en Crystal City, Virginia. El simulacro se llevó a cabo a lo largo de 8 horas con la participación de personas vinculadas a la salud pública, la policía, militares y funcionarios judiciales en el vecino país del norte. Así las cosas, en el ejercicio

… el vicepresidente de Estados Unidos pronuncia un discurso en una prestigiada universidad local, ubicada en una ciudad ficticia llamada Northeast. Es el 1° de abril. Once días después, una estudiante de veinte años, que asistió a la conferencia, llega al área de emergencias del hospital universitario con síntomas similares a los de la gripe: fiebre alta, dolores musculares, fatiga, dolor de cabeza. Es enviada de vuelta a su casa con la vieja máxima: descanse y tome mucho líquido. Dos días después, regresa al hospital, esta vez luchando por su vida. Un portero que limpió luego del discurso del vicepresidente, se presenta con los mismos síntomas. A las seis en punto de esa noche, 13 de abril, el experto en enfermedades infecciosas del hospital anuncia cautelosamente la atroz conclusión: ambos pacientes tienen viruela.

Dado que la viruela fue erradicada oficialmente en 1977 y las muestras remanentes de la enfermedad existen únicamente en Atlanta y Siberia, bajo llave, puede haber sólo una conclusión: alguien ha robado muestras del laboratorio del virus y las ha soltado deliberadamente en un ataque bioterrorista dirigido hacia el vicepresidente de Estados Unidos.

Bajo este escenario más de quince mil personas mueren de viruela en el lapso de dos meses y la epidemia se escapa de control en catorce países. Todos los suministros mundiales de la vacuna se acaban y llevará años fabricar lo suficiente como para salvar a la humanidad. La economía mundial se balancea al borde del colapso, ya que las naciones cierran sus fronteras y se hunden en el aislamiento, impidiendo a todos los norteamericanos el ingreso a sus países. En la ciudad de Northeast reina el caos absoluto y la Guardia Nacional impone la ley marcial sobre sus dos millones de residentes. De forma similar, la autoridad del gobierno se quiebra o se convierte en un control de tipo militar en todas las ciudades del mundo, a medida que la viruela reclama vidas y enfrenta a los aterrorizados ciudadanos unos contra otros. Mientras tanto, de regreso en Northeast, un máximo experto en viruela garabatea proyecciones en la parte de atrás de un sobre y gentilmente lo desliza frente al gobernador del Estado: en el término de doce meses habrán muerto ochenta millones de personas en el mundo (Garret, enero/febrero/marzo 2001: 131-132).

El terrorismo biológico, al igual que el terrorismo químico y el ciberterrorismo, constituyen formas no convencionales del empleo de la violencia con fines políticos (Lake, 2000: 1-46). Lo mismo se podría decir del terrorismo nuclear, si bien los arsenales estratégicos de las potencias nucleares, se sabe, están resguardados y protegidos ante posibles irrupciones no autorizadas de delincuentes y/o terroristas. En todos los casos, el factor sorpresa es aún mayor que el que generan ataques convencionales, como la colocación, por ejemplo, de un explosivo en un avión, o bien, secuestrando a figuras públicas prominentes.

Estados Unidos, al contar con uno de los servicios postales más sofisticados del globo terráqueo, también posee una vulnerabilidad en ese ámbito. Asimismo, la tecnologización del servicio postal estadunidense, por ende, lo torna vulnerable ante métodos terroristas no convencionales.

En otro orden de ideas, considerando el reforzamiento de las medidas de seguridad en los aeropuertos para evitar que los aviones sean secuestrados en la forma en que ocurrió el 11 de septiembre de 2001, quienes deseen perpetrar un acto terrorista, deberán explorar otras formas de hacerlo. No se olvide que el factor sorpresa es una apuesta de quienes recurren a la violencia política. Es aquí donde se considera plausible un escenario de terrorismo biológico en el que agentes como virus, bacterias, rikettsias y toxinas sean utilizados con el propósito deliberado de causar daño. Cabe destacar que el terrorismo biológico es distinto de la guerra biológica en el entendido de que en el primer caso su uso es efectuado por terroristas, en tanto en el segundo caso quienes recurren a ella son los cuerpos de seguridad de los Estados. Así, mientras que para el terrorista lo más importante será hacer una demostración de la capacidad que posee para vulnerar, para el estamento militar la prioridad será derrotar al adversario (claro, no está descartada la noción de simplemente hacer daño para atemorizar y desmoralizar al adversario). Ello significa que mientras que el terrorista podría no requerir grandes cantidades de agentes biológicos para perpetrar ataques, las fuerzas armadas si deberían contar con importantes reservas de agentes biológicos así como de los antídotos en cantidades suficientes, disponibles en todo momento a fin de garantizar su empleo hasta que se logre derrotar al adversario.

Sin negar que es mucha más la gente que muere en Estados Unidos por accidentes en carreteras o por el consumo de alcohol, tabaco y estupefacientes -como el fentanilo- que la que ha perecido por el virus del bacilus anthracix o ántrax tras los ataques con esporas liberadas en paquetes postales luego del 11 de septiembre de 2001, es sobre todo la sensación de vulnerabilidad que permea a la sociedad estadunidense, la que explicaría la psicosis que se ha generado en torno al terrorismo biológico (Santaella y Zarzuela, 29 de octubre 2001: 8). En este sentido, la amenaza psicológica puede ser tanto o más efectiva que el ataque mismo.

Existen convenciones internacionales para combatir el empleo de agentes químico y biológicos con fines bélicos. En 1972 y 1993, respectivamente, se suscribieron el tratado que prohíbe las armas biológicas y el que prohíbe las químicas, respectivamente. También a partir de 2017 el mundo cuenta con el tratado que prohíbe las armas nucleares, si bien, a diferencia de los otros dos, éste no ha sido suscrito por ninguna de las potencias nucleares.

Pese a la normatividad existente, no hay que perder de vista que la ingeniería genética posibilita que el diseño de agentes biológicos letales, inclusive inmunes a las vacunas y los antibióticos existentes, sea altamente factible. Se sabe, por ejemplo, que la Unión Soviética produjo un tipo de ántrax resistente a las vacunas existentes, lo cual corrobora que no existe la certeza, para ningún país del mundo, de que podrá enfrentar apropiadamente la propagación deliberada de un agente biológico con el firme propósito de causar daño.

Ciertamente los ataques no convencionales constituyen un riesgo latente contra la seguridad nacional de cualquier país, como se desprende del ejercicio que en torno a la propagación de la viruela fue planteado en el inicio del presente apartado. Empero, es importante identificar algunas características de los agentes biológicos a fin de determinar su factibilidad para convertirse en armas. Al respecto, la información que se presenta en el cuadro 1 puede ayudar a poner el debate en un plano más realista.

 

Cuadro 1 Características de agentes biológicos seleccionados
Agentes bacteriológicos	Facilidad para adquirir y procesar	Estabilidad del agente	Letalidad	Vacuna/ Antídoto en investigación (AEI)	Tratamiento	Comentarios
Inhalación de esporas de ántrax	Dificultades para obtener el agente; dificultades para procesarlo y diseminarlo con éxito	Muy estable: resistente al sol, al calor, a algunos desinfectantes	Muy alta	Sí, probada en simios. Algunos consideran que la eficacia frente al ántrax inhalado es cuestionable	Virtualmente fatal una vez que los síntomas aparecen. Es tratable con una terapia de antibióticos administrados de manera temprana	Es un agente biológico susceptible de ser empleado por terroristas; requiere cierta sofisticación para ser manufacturado y diseminado para generar víctimas en masa. Su uso podría sugerir el patrocinio de algún Estado. Los síntomas son parecidos a los del resfriado y por lo mismo podrían dificultar su detección. No se transmite de persona a persona
Peste	Muy difícil de adquirir el agente; dificultad para procesarlo y diseminarlo con éxito	Puede ser de larga duración pero el calor, el sol, y los desinfectantes lo tornan inofensivo	Muy alta	No	Los antibióticos administrados de manera temprana pueden ser efectivos; se requiere terapia de apoyo	Es un agente factible, aunque poco probable. Es muy difícil de adquirir y enfrenta severas dificultades para ser convertido en un arma
Muermo	Difícil de adquirir; problemas moderados para procesarlo	Muy estable	De moderada a alta	No	Antibióticos (no se cuenta con terapias para seres humanos)	Agente de uso potencial, pero no es fácil de adquirir, ni producir, ni de diseminar con éxito por un actor no estatal
Tularemia	Difícil de adquirir la cantidad necesaria; relativamente difícil de procesar	Generalmente inestable; resiste el frío, pero muere con el calor y el uso de desinfectantes	Moderada si no hay tratamiento; baja si hay tratamiento	AEI	Los antibióticos son muy efectivos si el tratamiento se inicia de manera temprana	Es un agente potencial pero difícil de estabilizar. Baja letalidad cuando hay tratamiento
Brucelosis	Difícil de adquirir; relativamente difícil de procesar	Muy estable. Larga resistencia en suelos húmedos o alimentos	Muy baja	No	Los antibióticos son moderadamente efectivos si son suministrados en el inicio de la infección	Podría no ser un agente susceptible de ser empleado porque es difícil obtenerlo en condiciones de virulencia, tiene un largo período de incubación y posee una baja letalidad
Fiebre Q (organismo rikettsial)	Difícil de adquirir; relativamente difícil de procesar y convertir en arma	Estable. Puede sobrevivir por meses en la madera y la arena	Muy baja si se recibe tratamiento	AEI; se ha probado en ratones; produce reacciones negativas	Se trata de una enfermedad auto-limitada son tratamiento. Los antibióticos reducen la enfermedad	No es un agente susceptible de ser empleado debido a su baja letalidad
Agentes virales
Fiebre hemorrágica (i. e. ébola)	Muy difícil de obtener y procesar. Muy inseguro de manipular	Relativamente inestable	Muy alta, dependiendo de la cepa	No	Medicamentos antivirales y cuidados intensivos constantes. Sin embargo, la efectividad del tratamiento es desconocida	Poco probable que se le emplee debido a la dificultad para adquirir la patogenicidad, consideraciones en el terreno de la seguridad en su manejo y relativa inestabilidad
Viruela	Difícil de obtener y de procesar. Sólo existen reservas confirmadas del virus en Estados Unidos y Rusia	Muy estable	De moderada a alta	Sí	Existe un medicamento antiviral potencial pero no se cuenta con quimioterapia efectiva	Es un agente de consecuencias devastadoras si bien la probabilidad de usarlo es cuestionable debido al limitado acceso al virus, mismo que sólo tienen los Estados
Encefalitis equina venezolana	Difícil de obtener y almacenar. Fácil de procesar y de convertir en arma	Relativamente inestable	Baja	AEI	Terapia de apoyo, anti-convulsivos. La terapia antivirus no es efectiva	Es factible de ser utilizado si se tiene acceso al virus, si bien es muy inestable y posee baja letalidad
Toxinas
Ricina	Se encuentra disponible y es relativamente fácil de procesar, si bien se necesitarían toneladas para causar víctimas en masa	Estable	Muy alta	No, pero existen vacunas candidatas para su tratamiento en desarrollo	No a menos que sea ingerido	No es un agente que pueda ser usado para causar víctimas en masa
Toxina botulínica (tipos A-G)	Ampliamente disponible pero los productores de grandes cantidades de la toxina no se encuentran disponibles. No es fácil de procesar ni de convertir en arma	Estable; dura semanas en agua estancada y alimentos; se deteriora ante un sol brillante	Alta sin apoyo respiratorio	AEI probada en simios. Existe vacuna contra algunos tipos de la toxina (A-E)	Antitoxina (AEI) y apoyo respiratorio	Difícil de convertir en arma y no se le considera un agente capaz de causar víctimas en masa
Estafilococo enterotoxina	Difícil de adquirir y de producir; relativamente difícil de procesar	Muy estable en forma seca	Baja	No	No existe un tratamiento efectivo. Apoyo respiratorio cuando la toxina ha sido inhalada	Poca probabilidad debido a su baja letalidad, carencia de transmisibilidad

Fuente: Basada en la información proporcionada por la Oficina del Contador General de Estados Unidos o U. S. General Accounting Office, The Department of Health Combating Terrorism: Need for a Comprehensive Threat and Risk Assessments of Chemical and Biological Attack, GAO/NSIAD-99-163, September 1999, p. 30.

 

 

De la información mostrada se desprende que no todos los agentes biológicos cuentan con la estabilidad para sobrevivir al período que necesitarían para ser empleados con fines bélicos. La obtención de esos agentes, es otra consideración a ponderar, dado que, por ejemplo, en el caso de la viruela, las reservas del virus están en posesión de unos cuantos países. Otro problema es la existencia del antídoto: difícilmente podría generalizarse el uso de un agente biológico con fines bélicos si no se posee la vacuna que dé la seguridad, a quien perpetra el ataque, de que sobrevivirá si está en contacto con el virus o la bacteria correspondientes. Los métodos de propagación no son menos importantes en el debate, dado que el ántrax, por ejemplo, no se transmite de persona a persona. El VIH tiene métodos de transmisión que no son infalibles, lo cual hace muy difícil su empleo con fines bélicos. La fiebre hemorrágica como el ébola es inestable, difícil de obtener, y muy riesgosa de manipular. Como explican Santaella y Zarzuela:

El ántrax no es el [agente más demoledor] por su capacidad destructiva. La peste, virus como el ébola o la mayoría de las armas químicas tienen muchísima más capacidad letal, pero es muy difícil, en la práctica, que puedan utilizarlas los grupos terroristas como armas de destrucción [en masa]. El atentado en 1995, de la secta Aum Shinrikyo con gas sarín en el metro de Tokio es una muestra de ello: para obtener un resultado final de 12 muertos tuvieron que emplear a un centenar de personas, gastar millones de dólares y realizar una veintena de intentos fallidos. De hecho, según los expertos militares, su difícil uso hace que los ejércitos estén más interesados y preparados para defenderse de las armas químicas y [biológicas] que para atacar con ellas (Santaella y Zarzuela, Op. cit.: 9).

Dicho esto, lo peor que podría pasar ante la posibilidad de que el terrorismo biológico sea empleado, es que se genere una parálisis institucional que se olvide, por ejemplo, de tomar las medidas preventivas que podrían ayudar a enfrentar de mejor manera una emergencia en materia de salud pública si determinados agentes biológicos fueran liberados para causar daño. Así las cosas, es deseable que en aras de resguardar la seguridad humana y la seguridad nacional, se recupere la acción del Estado como garante de los servicios de salud pública, a los que, de manera inevitable deberán destinarse mayores prepuestos. Ello implicará remar contra corriente, dado que la recesión económica que aqueja a la mayor parte de los países del mundo en la actualidad, disminuye la disponibilidad de los recursos que podrían ser empleados a favor de la mejora de los sistemas de salud.

Cuadro 2
Escenario 1: ataque contra Estados Unidos utilizando un misil Scud que porta distintos agentes con fines bélicos

Tipo de agente	Área en riesgo	Muertes
Químico: 300 kilogramos (Kg) de gas nervioso sarín con una densidad de 70 miligramos (mg) por metro cúbico	0. 22 kilómetros cuadrados/.085 kilómetros cuadrados	60-200
Biológico: 30 kg de esporas de ántrax con una densidad de 0. 1 mg por metro cúbico	10 kilómetros cuadrados/3. 86 millas cuadradas	30 000-100 000
Nuclear: Un artefacto nuclear de 12. 5 kilotones que genera 5 libras por pulgada cuadrada de sobre presión	7. 8 kilómetros cuadrados/3 millas cuadradas	23 000-80 000
Bomba de hidrógeno de un megatón	190 kilómetros cuadrados/73 millas cuadradas	570 000-1 900 000

Nota: Asumiendo que hay de 3 000 a 10 000 personas por kilómetro cuadrado.

Fuente: Adaptado de Anthony H. Cordesman, “proliferation of Weapons of Mass Destruction: Assessing the Risks”, Office of Technology Assessment, Report for the U. S. Congress, OTA-ISC-559, August 1993, pp. 53-54.

La pandemia del SARS-CoV2, agente causal de la enfermedad de COVID-19 ha sido declarada como “superada” por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y diversos gobiernos del mundo. Si bien todo apunta a que el nuevo coronavirus surgió por causas naturales, la manera en que desquició al mundo, poniéndolo en vilo, podría inspirar a grupos terroristas o delincuenciales a manipular agentes biológicos para causar daño.

Sin embargo, si bien esta posibilidad existe, demanda como se explicaba, una considerable pericia de quienes llevarían a cabo los ataques y la manipulación de los agentes biológicos. Ello no anula la posibilidad, como tampoco la preparación para una emergencia biológica provocada por actos terroristas.

Con todo, lo más importante es que en la gestión de amenazas a la salud pública, no se pierda de vista que también hay enfermedades nuevas y otras que resurgen por causas naturales y que no son producto del bioterrorismo. Terrorizar la agenda de seguridad compromete la salud de millones de personas en todo el mundo, dado que se podría tener una buena preparación para enfrentar ataques con esporas de ántrax y salir avante, pero como lo ha mostrado el SARS-CoV2, el antídoto contra una pandemia demanda una visión integral de la salud y de los riesgos y amenazas que se ciernen sobre ella. De otra manera se estará combatiendo un cáncer con una aspirina.

Reflexiones finales

Aun cuando la OMS monitorea la irrupción de epidemias a través de la Alerta Global de Respuesta y Epidemias (Global Outbreak Alert and Response Network) que fue creada en abril de 2000 y que vincula a 72 redes existentes en todo el mundo, la prevención es un recurso que en materia de salud pública debería ser ampliamente promovida por los artífices de la seguridad nacional de cada país. Las maniobras preventivas suelen ser menos costosas que las reactivas. El Reglamento Sanitario Internacional de 2005 -actualmente en proceso de revisión- establece parámetros para responder a emergencias sanitarias de importancia internacional que, por ejemplo México si aplicó ante la influenza A H1N1 -primera pandemia del siglo XXI- pero que la República Popular China (RP China) no aplicó ante la irrupción del SARS-Cov2. Lo más irónico es que ni México recibió algún “premio” o “reconocimiento” por notificar a la comunidad internacional sobre la existencia del A H1N1, ni la RP China fue “castigada” por no haber avisado a tiempo sobre la existencia del SARS-CoV2. Esto debería cambiar. Se requieren medidas más robustas de parte de la comunidad internacional que miren no sólo a posibles ataques bioterroristas como motivo de preocupación, sino también al resto de las enfermedades infecciosas o no, zoonóticas o no, que se ciernen sobre las sociedades.

El Reglamento Sanitario Internacional de 2005, lamentablemente estuvo permeado por la psicosis generada en 2001 EEUU por las esporas de ántrax liberadas en paquetes postales. Y ello llevó a minimizar la emergencia sanitaria provocada por un nuevo tipo de coronavirus, el síndrome respiratorio agudo-severo SARS-CoV que irrumpió en la RP China entre 2003 y 2003 y se propagó por el mundo. Para fortuna del planeta, la tasa de letalidad del SARS-CoV era baja, aunque muy contagioso. Tras el SARS-CoV, el mundo volvió a vivir una emergencia por otra enfermedad nueva de las vías respiratorias: el síndrome respiratorio agudo-severo del Medio Oriente, MERS-CoV, que posee una tasa de letalidad del 40 por ciento. Luego llegó el SARS-CoV2, cuya historia, todos conocen.

Se sabe que habrá otras pandemias y que el mundo deberá aprender rápidamente las lecciones de lo sucedido con el SARS-CoV2 para estar mejor preparado. Lo que no debería hacer es mirar sólo al escenario bioterrorista, sino incorporarlo a una visión global sobre las amenazas a la salud pública, a efecto de gestionar mejor estos flagelos y utilizar de mejor manera los recursos materiales y humanos para hacerles frente. Ese debe ser el espíritu de la revisión del Reglamento Sanitario Internacional de 2005, de un posible nuevo reglamento y, por supuesto, del tratado para enfrentar pandemias, actualmente en proceso de negociación en el seno de la OMS.

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