El fenómeno de “la muerte cruzada” en Ecuador puede despertar curiosidad en los análisis regionales, porque es un mecanismo legal en la cual el poder Ejecutivo posee una amalgama de funciones que podrían afectar al orden democrático de una república. Sin embargo, es una atribución constitucional que la puede aplicar el presidente cuando, a su entender, exista una crisis política. La “muerte cruzada” puede ser invocada una sola vez durante los tres primeros años del mandato. Hay tres causales para decretar “la muerte cruzada”: si la Asamblea Nacional se arroga funciones que no le competan constitucionalmente; si de forma reiterada e injustificada, el Legislativo obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo; y por una grave crisis política y conmoción interna. Solo la primera causal requiere de un dictamen de la Corte Constitucional para que sea efectiva; las otras dos, en cambio, dependen de la decisión  del Poder Ejecutivo. En esta ocasión se aplicó la tercera causal: grave crisis política y conmoción interna.

El término “muerte cruzada” se explica porque si bien fenece la Asamblea (Poder Legislativo), al cabo de unos meses, entre 6 y 8 meses, también cesa en sus funciones la Presidencia. Para continuar con la vía democrática existe un proceso para elegir nuevas autoridades. Este mecanismo fue invocado el 17 de mayo de 2023. Es decir que, en un plazo máximo de 90 días, según la Constitución, se elegirá a los nuevos asambleístas y al nuevo presidente. Si en las elecciones el candidato a presidente no logra superar el cincuenta por ciento, habrá una segunda vuelta, un fenómeno muy común en las elecciones presidenciales de esta región. Por tal motivo el ejercicio del actual presidente es entre 6 y 8 meses, porque depende del tiempo para investir al nuevo presidente. Estas elecciones sirven para suplir el tiempo que debía cumplir la antigua Asamblea y la Presidencia. Para terminar el periodo presidencial y legislativo faltan aproximadamente 2 años, por tal motivo las nuevas autoridades ejercerán funciones durante ese lapso, celebrándose con posterioridad nuevas elecciones.

En los medios de comunicación regionales y extrarregionales se ha tratado de equiparar lo acontecido con la situación del Perú. Cabe señalar que son fenómenos distintos. Estructuralmente estamos hablando de extremos. En el Estado ecuatoriano existe una estructura hiperpresidencialista y en el Estado peruano es el Congreso quien tiene un gran poder. El decreto del ex presidente Pedro Castillo, en Perú, disolvía el Congreso y algunas instituciones del Poder Judicial, manteniéndose el Ejecutivo; en el caso ecuatoriano el decreto disuelve la Asamblea y en la práctica también la Presidencia, aunque sea después de unos meses; cabe destacar que tanto el presidente como los asambleístas serán elegibles para una eventual reelección, es decir, a estas personas se les suspende el cargo, no así sus derechos políticos. También se debe señalar que el presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, contó con el apoyo del ejército, y de la Corte Constitucional, la misma institución que permitió a la Asamblea la realización del juicio político al presidente.

También es importante destacar la causal por la que se realizó la “muerte cruzada”, que es la “grave crisis política y conmoción interna”. Desde la presidencia se interpretó que la Asamblea estaba en una constante conspiración. El juicio político, iniciado por la Asamblea, para que el presidente cese en sus funciones, al menos desde el punto de vista del Ejecutivo no era más que una estrategia para generar inestabilidad. De hecho, en el caso de no haberse realizado la “muerte cruzada”, el sábado 27 de mayo de 2023, debía ejecutarse una votación para cesar al presidente. Para ello se necesitaban 92 votos, situación posible de alcanzar desde la oposición, por lo cual era alta la probabilidad que el presidente fuera. El presidente también alegaba que el juicio estaba viciado y carecía de legitimidad.

La causal utilizada para poner en marcha “la muerte cruzada”, como hemos visto, no carece de subjetividad. Desde mi punto de vista, la crisis política no era producto del juicio político, sino de la crisis de seguridad y del escaso crecimiento económico.

La “muerte cruzada” no solo evidenció una jugada política para evitar la destitución por medio del juicio político, sino también la denuncia de que en la Asamblea ecuatoriana se desarrollaba la compra de conciencias, destacándose las grabaciones de asambleístas pidiendo ministerios, entre otros negocios, demostrando que el juicio político se prestaba a oscuros intereses.  La oposición manifestó que no existían evidencias contundentes de dichos actos, así como afirmaban que, desde la Asamblea, manejada por la oposición, se ofrecía puestos claves en las comisiones. Además, el distanciamiento del vicepresidente era llamativo. Las declaraciones ambiguas de un gran porcentaje de asambleístas se prestaban a un sin número de interpretaciones (no se definían si iban a votar a favor o en contra del juicio político, un asambleísta llego a afirmar que el voto solo lo concretaría en el minuto de la votación).

Finalmente, se alegó que la disolución de la Asamblea representaría un ahorro para el Estado ecuatoriano de 18 millones de dólares por concepto de salarios, por los meses que no funcionará la institución. Es doloroso pensar así, porque al fin y al cabo, es un golpe a la democracia la inexistencia de una asamblea, aunque sea legal y por pocos meses.

Algunos analistas se han preguntado ¿Por qué  la “muerte cruzada” no originó un levantamiento civil?, la respuesta sencilla se respondería con otra pregunta: ¿Por qué debería originarse un levantamiento civil? Ambas instituciones presentan índices de aceptación extremadamente bajos, la salida de los asambleístas – o, incluso, del presidente – no altera el repudio que siente una parte de la ciudadanía por toda la clase política del país. También hay otro aspecto importante: en pocas semanas se tendrán que definir las candidaturas, partidos políticos, movimientos y organizaciones sociales tendrán que elegir representantes, no es tiempo para manifestarse contra el impopular presidente, ya que el 20 de agosto habrá elecciones generales.

Ecuador no es más que otro reflejo regional de las crisis de las democracias, sistema que no ha logrado aún satisfacer las necesidades de sus ciudadanos, aunque en palabras de del ex primer ministro inglés, Winston Churchill “La democracia es el peor sistema de gobierno, a excepción de todos los demás”.