Centro de Estudios en Género(s) y Relaciones Internacionales (CeGRI)

Presentación

El trabajo que se presenta a continuación, elaborado de manera colaborativa por integrantes del Centro de Estudios en Género(s) y Relaciones Internacionales (CeGRI), consta de tres secciones que serán abordadas a continuación sucintamente.

En primer lugar, una sección de “artículos” en la que Juan Martín Barbás reflexiona acerca de uno de los temas de mayor relevancia en la agenda internacional: el conflicto de Ucrania-Rusia, en su texto titulado “Apuntes para la problematización de la guerra en Ucrania y sus consecuencias humanitarias”, esta temática de sumo interés es puesta en valor desde una mirada crítica en perspectiva de género y logra ofrecer un estado de situación actual del conflicto directo que, hasta el momento, es considerado como uno de los más importantes de este siglo. En estas líneas, el autor logra proporcionar datos que dan cuenta de la catástrofe humanitaria y de la violación de los derechos humanos que se está llevando a cabo desde 2014, haciendo especial hincapié en el rol de las mujeres en el conflicto, logrando destacar, restituir y recuperar las identidades de las mismas, muchas veces invisibilizadas y vulnerabilizadas a partir de las marcas de interseccionalidad que se profundizan en este tipo de “conflictos tradicionales”.

En otro orden de ideas, se presentan dos secciones producto del trabajo colectivo, anidadas bajo el título de “Anuario”. Este apartado se compone a su vez de las “Cronologías”, que contiene un relevamiento de aquellas noticias y sucesos relevantes en la temática que compete a este centro de estudios, realizado a partir de una minuciosa búsqueda en variados medios de comunicación, especialmente, de aquellos que cuentan con portales actualizados y accesibles desde Internet; y de los “Documentos” emanados de diferentes organizaciones e instituciones gubernamentales y no gubernamentales, más trascendentales de la agenda de géneros a nivel internacional entre 2022 y 2023.

Este recorrido realizado por el equipo del CeGRI, a través de la mencionada agenda, invita a revisar y reconsiderar aquellos hechos que en la vida cotidiana pueden pasar como desapercibidos, entendiéndose como un puntapié para analizar el posicionamiento de las diferentes identidades sexogenéricas en las tramas de poder que surgen en los intercambios que se generan en los diversos sistemas y subsistemas políticos, y que son centrales para el estudio de las relaciones internacionales. Como realidades poliédricas y complejas, naturalmente los hechos en esta materia avanzan y retroceden moviéndose de manera pendular. A continuación, se presenta un breve racconto de los sucesos destacados como forma de ilustrar dicho vaivén.

En el primer tramo relevado (julio-diciembre de 2022), se observan como hechos positivos en el ámbito internacional que el Fondo Monetario Internacional anunció una nueva estrategia que busca evaluar sistemáticamente las consecuencias macroeconómicas de las brechas de género y considerar el impacto diferenciado de las políticas financieras. En sintonía con ello, el Foro Económico Mundial en su informe Global Gender Gap, en el que considera a 146 países, anunció que la brecha global de género cerró en un 68,1% en 2022, lo cual evidencia un significativo retroceso y un factor negativo en la comparativa con los valores prepandémicos, puesto que, a partir de la estimación de estos datos actualizados, se necesitarán alrededor de 132 años (en lugar de cien) para alcanzar la paridad total. El pronóstico realizado en esta misma línea por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) no es en absoluto alentador, ya que arroja que se necesitarán hasta 286 años para finiquitar las brechas de género existentes en materia de protección legal, y hasta unos 140 años para alcanzar una representación equitativa en puestos de poder y liderazgo en el área laboral. A esto se suman los informes proporcionados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que indican que el trabajo forzoso y el matrimonio forzado han aumentado significativamente en los últimos cinco años, todo lo cual da cuenta de lo distante que está la realidad cotidiana de la mitad de la población del mundo de los inconmensurables objetivos asociados a la idea de justicia y paridad sexogenérica.

Con respecto al lado no occidental del tablero se pueden vislumbrar, de igual manera, luces y sombras. La ONU advirtió sobre las graves violaciones a los derechos humanos que residen en los vacíos legales existentes asociados a la práctica de la mutilación genital femenina en países africanos, como Sierra Leona. A su vez, la directora adjunta en funciones para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional respecto de la gravedad de la situación en Yemen, instando a presionar a las autoridades de facto huzíes, de modo tal que, pongan fin a su requisito del mahram o tutor masculino para que las mujeres estén autorizadas a realizar ciertas actividades, por ser esta una norma restrictiva que coarta libertades fundamentales, a la vez que constituye una forma de discriminación a las mismas que se basa, especialmente, por motivos de género.

En Asia uno de los hechos que alcanzó eco recientemente fue la muerte de Masha Amini, una joven de 22 años que falleció tras ser arrestada por la Policía de la Moral iraní, tras violar el código de vestimenta del país; la noticia conmocionó no solo a la sociedad que estalló con numerosas protestas en Teherán, sino que despertó vigorosos pedidos de justicia y esclarecimiento sobre lo sucedido en diversos países, como en Estados Unidos y Francia, llegando incluso a importantes ONG’s como Amnistía Internacional, instalándose como tema de agenda en medios masivos de comunicación y redes sociales en un pedido mancomunado por la protección de los derechos fundamentales de las mujeres. En el foco internacional estuvo, además, el fallido intento que llevaron a cabo ocho países europeos con la campaña One Love, cuyo objetivo era utilizar un brazalete en los partidos de fútbol del mundial llevado a cabo en Qatar, para concientizar sobre la discriminación que vive la comunidad LGBITQ+; iniciativa de visibilización, que se vio frustrada ante la negativa de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), despertando indignación por parte de las selecciones comprometidas en la acción y la sociedad civil. Como contracara de este panorama, en India la Corte Suprema dictaminó un fallo histórico en favor del aborto, al establecer que todas las mujeres, sin importar su estado civil, tienen los mismos derechos en materia de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, dejando en claro que la decisión de llevar adelante, o terminar un embarazo le concierne, única y exclusivamente, a la persona gestante.

Prosiguiendo con lo acaecido en los Estados europeos, es menester destacar que el nuevo gobierno en Suecia decidió abandonar su pionera Política Exterior Feminista, bajo el argumento de que se trataba de una mera etiqueta política carente de contenido; otra noticia desfavorable tuvo como epicentro a Hungría, cuyo gobierno endureció el acceso al aborto, estableciendo como requisito previo que la persona gestante debe de escuchar los latidos del corazón del feto antes de tomar la decisión de abortar, siendo esta una de las tantas medidas que se suman a lasi98 impulsadas por el gobierno de Viktor Orban, que van en contra de los derechos de las mujeres y el colectivo LGBITQ+. Empero, una medida venturosa encontró lugar en el Consejo de la Unión Europea, tras aprobar leyes vinculadas a la promoción de la igualdad de representación de géneros en los directorios de empresas, estableciendo como meta que el 40% de los cargos de directores no ejecutivos para 2027, deben estar compuestos por mujeres, y para ello, deben necesariamente mejorar los procesos de selección y emitir informes en relación a sus avances; sin embargo, aunque este tipo de esfuerzos pareciera implicar un ápice de esperanza sobre la situación, el Índice de Igualdad de Género de 2022 de la Unión Europea reveló que el progreso en la materia es extremadamente lento, y que continúa a “ritmo de caracol”, con un aumento poco elocuente, de sólo 0,6 puntos respecto del año anterior.

En tanto a nivel latinoamericano, en el marco institucional, se observa como aspecto positivo que se están realizando esfuerzos para acortar esa distancia entre el diagnóstico de la realidad y las proyecciones a futuro. Muestra de ello es que, por ejemplo, en Chile se realizó por primera vez una propuesta de texto constituyente inclusiva y con perspectiva de género, asimismo, se emitió el primer documento de identidad no binario a raíz de un fallo de la justicia, convirtiéndose de esta forma, en el tercer país en la región en emitir este tipo de documentación. Mientras tanto en Cuba se aprobó el Código de Familia, se trata de un conjunto de leyes en favor de los derechos de las mujeres y del colectivo LGBITQ+, entre ellas, la aprobación del matrimonio igualitario, la adopción para parejas del mismo sexo, la gestación subrogada, la protección contra la violencia de género, entre otras medidas; y, según un informe de la Unión Interparlamentaria (UIP), este país se posicionó entre los cinco del mundo que alcanzan la paridad de género en el Parlamento. En esta misma línea, en Colombia también se obtuvieron progresos, ya que se instaló el Parlamento con más congresistas LGBTIQ+ en la historia de su país, siendo este un avance considerable para el enriquecimiento de sus estándares democráticos.

Otro hecho loable para América Latina tiene que ver con el foro que reunió a más de veinte lideresas indígenas, procedentes de ocho países de la región, con el fin de analizar y someter a autoconsulta el borrador de un documento en conjunto con el Comité de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de Naciones Unidas, siendo este un documento que de concretarse tendría carácter inédito, y constituiría un valor fundamental para cubrir el vacío legal internacional que circunda en torno a los derechos específicos de estos grupos de mujeres. En consonancia con lo antedicho, es menester resaltar que en México tuvo lugar el Primer Foro de alcaldesas y electas iberoamericanas con la participación de lideresas mexicanas, además de aquellas provenientes de Colombia, Uruguay y España, con el fin de abrir un espacio de diálogo, intercambio y reflexión entre los diversos gobiernos, impulsando las políticas de género y potenciando al mismo tiempo el liderazgo femenino en la región. Otro dato importante en relación al Estado de México es que el matrimonio igualitario, tras su aprobación en el estado de Tamaulipas, ya es legal en la totalidad del territorio.

Siguiendo con el ámbito local, en Argentina también se suscitaron importantes avances en lo pertinente al ámbito legal, puesto que se presentaron dos proyectos de ley sobre violencia digital, con el fin de incorporar esta figura como una forma más de violencia de género, y junto a ella, se dio la presentación de otro proyecto que busca incorporar al código penal argentino los delitos de obtención y difusión no consentida de material íntimo y delitos de extorsión afines. En esta misma línea, el Poder Ejecutivo reglamentó por medio de un decreto una ley que establece un programa nacional de prevención y concientización del grooming o ciberacoso. Es meritorio destacar además que, en el ámbito del Ministerio de Economía de la Nación, se lanzó la plataforma Presupuesto Abierto con Perspectiva de Género y Diversidad, como una herramienta que propone entender la desigualdad que afecta tanto a las mujeres como a las diversidades, con la intención de poder realizar un seguimiento a las partidas del presupuesto nacional para, finalmente, poder tomar medidas más acertadas en torno a la reducción de las brechas existentes.

Mientras que, entre los retrocesos, se puede mencionar que la Corte Constitucional de Ecuador suspendió la vigencia de numerosos artículos en materia de Interrupción Voluntaria del Embarazo, coartando garantías constitucionales que amparaban a las personas gestantes en casos de violación. Bolivia reportó 33.453 casos de violencia contra mujeres, niñas, y adolescentes en 2022, número que representa un 11% más en comparación con el año anterior. Incluso, es importante poner el acento en que a partir de cifras similares a estas y a otras brindadas por los propios países de la región, tal es el caso de: Honduras, República Dominicana, El Salvador, Bolivia y Brasil, según el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, estos países se encuentran entre los más inseguros para las mujeres.

Ahora bien, continuando con la segunda etapa analizada, desde enero hasta junio de 2023, se expone la siguiente síntesis:

En lo que a la esfera internacional respecta, según el informe “2023 Gender Social Norms Index” de Naciones Unidas, se recabó que la mitad de las personas en 80 países cree que los hombres son mejores líderes políticos, y más aún que, el 40% cree que los hombres son mejores ejecutivos de negocios. Entre las iniciativas para contrarrestar este tipo de creencias discriminatorias es interesante notar que, en territorio africano, más precisamente en Sudán del Sur, representantes de 15 países africanos se dieron cita en el primer encuentro organizado por las Naciones Unidas titulado “Conferencia Internacional sobre Liderazgo Transformador de la Mujer”, en el que se trataron tópicos asociados a la violencia de género, con especial hincapié en aquellos que afectan más directamente a las niñas y mujeres del continente. Otro de los puntos positivos en este continente es que, por ejemplo, en Guinea Ecuatorial el presidente designó a Manuela Roka Botey como la Primera Ministra del país, siendo este un hecho inédito hasta la fecha.

Empero, en este período las noticias no fueron tan favorables para Afganistán. En este país del continente asiático el gobierno de los talibanes ha recrudecido las medidas tomadas imponiendo serias restricciones a las mujeres, por ejemplo, prohibiéndoles la posibilidad de obtener un trabajo, o de tener acceso a estudios superiores, tanto en establecimientos públicos como en privados, alegando violación de las leyes del código penal islámico, entre otras medidas que afectan a su vida diaria como el uso del velo o la posibilidad de trasladarse realizando algún viaje. Estas medidas han sido denunciadas por la Organización de Naciones Unidas como actos de discriminación contra las mujeres, quienes han enfrentado severas restricciones a su participación en el seno social. Ahora bien, un relevamiento más alentador se puede realizar en Japón, donde el parlamento aprobó por unanimidad una serie de reformas legislativas sobre delitos sexuales, entre las que se penaliza cualquier tipo de relación sexual que se haya efectuado sin consentimiento, detalla los requisitos para una condena por caso de violación, y tipifica como crímenes el voyeurismo y la toma de imágenes sexualizadas sin asentimiento previo.

Ahora bien, posando la mirada en el continente europeo, la perspectiva también es buena en España, donde el Ministerio de Consumo en colaboración con la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes (AEFJ) ha aprobado un nuevo código de autorregulación de la publicidad infantil, que busca eliminar los estereotipos sexistas y la asociación de roles con la ética del cuidado. Asimismo, el Congreso español aprobó una ley que suprime el diagnóstico de disforia de género y la prueba de tratamiento hormonal, de modo tal que, la voluntad sea el único requisito válido para realizar el cambio de sexo en el registro a partir de los 16 años, siendo esta otra de las acciones afirmativas tomadas por el gobierno para la inclusión social de la comunidad LGBT+. A tal efecto, en Islandia también se aprobó una ley que prohíbe la práctica de terapias de conversión basadas en la identidad de género y la orientación sexual; con esta normativa, el país se suma a otros como, España, Ecuador, Malta, Francia, Nueva Zelanda y Alemania en la prohibición de estas prácticas que se presentan como nocivas para las comunidades LGBTIQ+. Mención especial merece este último, debido a que, por primera vez el Parlamento dedicó su conmemoración anual del Holocausto a las personas LGBTIQ+ asesinadas durante el régimen nazi.

En lo que refiere a las acciones afirmativas en el Reino Unido, se aprecia que la Oficina de Asuntos Exteriores anunció una nueva estrategia para promover la igualdad de género que contempla, por ejemplo, programas de salud sexual y reproductiva, financiamiento a organizaciones sociales dedicadas a la promoción de los derechos de la mujer, entre otras; y que el Ministerio de la Mujer y la Igualdad presentó un proyecto piloto para reincorporar a las carreras STEM, es decir, a disciplinas académicas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, a aquellas mujeres que interrumpieron sus trayectorias en el área de los estudios porque se vieron involucradas en labores de cuidado del hogar.

Por último, en esta región cabe mencionar que el Vaticano, de la mano de declaraciones del Papa Francisco, ha realizado aportes contundentes en la temática a través de la crítica a las leyes que criminalizan a las personas homosexuales en algunos países, instando a que la Iglesia tenga una mirada más flexible con la comunidad. Y que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado al Estado de Lituania por frenar la publicación de un libro de cuentos infantiles con personajes LGTBI+, reafirmando el derecho a la libertad de expresión y promoviendo el respeto hacia todas las orientaciones sexuales.

Siguiendo la situación hacia el otro lado del globo, en América del Norte, Canadá se destacó por albergar cientos de organizaciones sociales que se reunieron con motivo de una declaración que versa “no hay igualdad de género sin mujeres trans”, como parte del Plan de Acción Nacional para Combatir el Odio. Por su parte, en Estados Unidos, el presidente Joe Biden anunció medidas para facilitar el acceso a medicamentos a las personas gestantes que soliciten abortar, esto como respuesta a la revocación del fallo de la Corte Suprema que protegía el derecho al aborto a nivel nacional. En lo referente a la comercialización de píldoras anticonceptivas de emergencia, en Honduras se aprobó su libre uso y, tras catorce años de prohibición, el gobierno reconoció finalmente que es parte del conjunto de derechos de salud reproductiva de las mujeres.

En consonancia con lo antedicho, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) elevó un informe sobre los avances y retrocesos en el reconocimiento y protección de los derechos reproductivos en la región, en donde destaca y reafirma la necesidad de garantizar el ejercicio libre de toda violencia y discriminación de género para mujeres, niñas, adolescentes y gestantes, haciendo énfasis en que la criminalización absoluta del aborto pone en riesgo la salud y acentúa la situación de vulnerabilidad de estas personas, a la vez que insta a los países que forman parte de este sistema, a la formulación y aplicación de políticas públicas favorables en estos asuntos.

Agregando a lo anterior, tras el cambio de gobierno y la asunción de Lula da Silva, Brasil anunció que se retiraba de la Declaración del Consenso de Ginebra a la que se había adherido en 2020 bajo el mandato de Bolsonaro, la cual se trataba de una alianza de países que condenaban al aborto y defendían el modelo de familia heterosexual. Esta decisión se basó en la consideración de que el documento es inherentemente limitado en cuanto al entendimiento de los derechos sexuales y reproductivos; con este paso se actualizó la postura del país en la arena internacional en relación a las mujeres y a los estándares de derechos humanos y libertades fundamentales. Movimiento similar realizó Estados Unidos que se había incorporado a esta alianza con Donald Trump, pero que fue luego declinada con Joe Biden. En este re-alineamiento, el nuevo ejecutivo brasileño ha dado lugar a la creación de un nuevo puesto de asesoría para diversidad y participación social en la Secretaría Especial de Comunicación Social, ocupado por la drag queen y militante del Movimiento dos Trabalhadores Sem-Terra (MST) Ruth Venceremos, con el propósito de alcanzar mayor representación institucional; se puede resaltar además que el Senado de Brasil aprobó el proyecto de ley de igualdad salarial, que intenta dejar atrás la brecha del 20% que se registró a favor del empleo masculino, en detrimento de las condiciones laborales de las mujeres y diversidades.

En torno a las iniciativas en cuestión de derechos laborales, es menester señalar que en México la Cámara de Diputados aprobó la modificación de la Ley Federal de Trabajo para contribuir a la igualdad salarial de género, y fue modificado un paquete de catorce leyes que rigen el sector público y privado para contribuir en la igualdad sustantiva. A propósito del flagelo de la desigualdad, Colombia -que se encuentra entre los países con mayor brecha del mundo- también ha tomado medidas al respecto, como la creación del Ministerio de la Igualdad y la Equidad; dicho cargo ministerial será ocupado por Francia Márquez, quien además ejerce funciones en la vicepresidencia. A los efectos de la igualdad y la no discriminación, es conveniente señalar que en Chile desde la entrada en vigencia de la ley del matrimonio igualitario en 2021 hasta la fecha se han registrado más de 1500 matrimonios entre personas del mismo sexo, convirtiéndose de esta manera, en el octavo país de América Latina en legalizar este tipo de unión, y que incluso, se logró reemplazar el lenguaje tradicionalmente heteronormativo de la institución matrimonial por términos más inclusivos. Alineado con esta impronta de enfoque de género, el gobierno chileno también ha instalado la primera plaza de bolsillo en la región metropolitana que cuenta con zona de lactancia, kioskos a cargo de mujeres emprendedoras, servicios higiénicos, stands culturales y otros espacios afines que apuntan a contribuir a la coherencia institucional en busca de mayor igualdad, accesibilidad, inclusión, participación, seguridad y representación.

Entre las iniciativas multilaterales en torno a la representatividad en el seno del MERCOSUR, es preciso señalar que se realizó una Reunión de Ministras y Altas Autoridades de la Mujer del MERCOSUR, constituyendo este un espacio de coordinación intergubernamental sobre políticas públicas en materia de género; entre las bilaterales en la región -que competen particularmente a Brasil y Argentina-, se denota que el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad argentino participó junto a Brasil, de la reunión del Programa de Cooperación FO.AR, que abarca proyectos colaborativos en materia de género y pueblos indígenas, entre otros ejes de trabajo que nuclean los acuerdos de cooperación entre ambos países. A nivel nacional, en Argentina es pertinente subrayar que el mencionado Ministerio lanzó el Programa Nacional MenstruAR, destinado a gobiernos provinciales y locales con la finalidad de reducir el factor de desigualdad que implica la menstruación en los sectores de mayor vulnerabilidad del país.

Mención especial merece la labor llevada a cabo en el ámbito interno, desde nuestro Centro de Estudios de Géneros, puesto que se realizaron aportes considerables, a través de talleres de sensibilización y capacitaciones que se enmarcan en la Ley Micaela, en donde destacamos la participación activa que tuvo la coordinadora Dulce Daniela Chaves. Asimismo, en el marco de lo jurídico, se prestó colaboración al Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), en virtud de la preparación del amicus curiae y una nota de preocupación elevada a la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) en ocasión de la solicitud de exclusión de tutela sindical de un profesor de la Universidad Nacional del Sur, denunciado en reiteradas oportunidades por ejercer violencia de género al interior del claustro universitario, para que dicha institución pudiera hacer efectiva la decisión de cesantearlo en sus funciones, procurando garantizar el acceso de este grupo de mujeres a la justicia como derecho humano.

Finalizando este breve recorrido es dable decir que se exhibe un orden internacional particular, inmerso en una coyuntura crítica, pues está enmarcado entre tableros internacionales superpuestos y (des)organizados, que dan cuenta de la realidad interméstica que atraviesa el sistema en sí mismo, donde lo doméstico y lo internacional se unen.

Avances importantísimos se han podido detectar en materia de representatividad de mujeres y de identidades diversas, en materia jurídica-legal, en cuanto al respeto y la promoción de liderazgos políticos inclusivos, en lo que a la motorización de la participación de mujeres y comunidad LGTBIQ+ en áreas que social e históricamente fueron terrenos masculinizados como las inherentes al campo de la ciencia, tecnología, empresas y otras. Resulta oportuno resaltar en este sentido, el importantísimo rol que han asumido al respecto las organizaciones internacionales en las últimas décadas como nexos entre la sociedad civil y los diversos niveles institucionales, en la introducción de demandas en los subsistemas políticos, sobre todo, para la adquisición de garantías y derechos con perspectiva de género, haciéndose eco y funcionando como caja de resonancia de las dificultades que tanto las mujeres como las disidencias atraviesan por el solo hecho de nacer con una identidad sexogenérica asignada.

Afortunadamente, se podría argumentar que América Latina está a la vanguardia en lo que atañe a la protección y promoción de derechos humanos, y que se han registrado notables progresos en la materia impulsados por los movimientos feministas. Argentina ha tenido también en las últimas décadas, un rol protagónico en la región, puesto que es considerado como un faro en relación al activismo que tuvo la legalización del matrimonio igualitario, de la interrupción legal del embarazo y de los diversos debates y luchas que se inician en este territorio y desencadenan una especie de efecto dominó en países de otras latitudes.

Pero, sin ánimos de caer en reduccionismos y/o simplificaciones de la realidad, es necesario advertir que, así como se encuentran luces, también es factible hallar algunas sombras a lo largo y ancho del globo, como ya ha sido oportunamente reflejado en esta breve presentación, a partir de la analogía del péndulo que representa la variedad de noticias positivas y negativas que se pueden encontrar en el espectro de este Anuario. De esta forma, se entiende que, tanto los equilibrios como los desequilibrios que se generan en los múltiples tableros del mundo van tallando el complejo y facetado poliedro que presenta la realidad internacional, que la historia no es lineal y que las construcciones sociales son todo excepto sencillas de comprender. Es por esto que resuenan las sabias palabras de Wendy Brown (2020)^[1], cuando en su texto sobre Los derechos como paradojas, explica que “dadas las condiciones de existencia, aún precarias y difíciles, de las mujeres en un mundo organizado por una incesante construcción y explotación de la diferencia sexual como subordinación, ciertamente los derechos aparecen como aquello que no podemos no querer”. Es así que en este limbo que queda mientras se lleva adelante el proceso de deconstrucción de los valores heteropatriarcales dominantes, una salida o, mejor dicho, un camino posible hacia ese horizonte de igualdad y justicia que convoca a los feminismos y movimientos afines, se encuentra en las redes de solidaridad y sororidad que se tejen en los procesos colectivos en numerosos espacios, tal como este que impulsamos un año más desde el CeGRI.

En esta nueva entrega del anuario del CeGRI, quiero agradecer especialmente la coordinación del presente trabajo colectivo por parte de Diana Graciela Manzur Miguel, secretaria y querida compañera de nuestro espacio; quien también –junto con Jorgelina Ferraris y Mariana Jacques− estuvieron codo a codo colaborando conmigo en pleno receso de verano, dialogando con el equipo de ELA, a fin de consensuar los mecanismos más asertivos para apoyar a las profesoras violentadas en la Universidad Nacional del Sur. Profesional comprometida y empática, Diani -con especial acompañamiento y colaboración de Aldana Noval- sostuvieron las tareas y guías necesarias para que estas páginas sean posibles.

Asimismo, agradezco a todes les integrantes del Centro –algunes que incluso por distintas circunstancias no fueron parte de esta edición−, que fueron capaces de tejer con gestos y palabras una red afectuosa que me acompañó en un momento personal tan difícil. A elles, y a todes les que confirman con sus acciones y decisiones que la salida siempre es con otres, mi abrazo feminista.

Dulce Daniela Chaves
Coordinadora

^[1] Brown, W. (2020). Los derechos como paradojas. Las Torres de Lucca. Revista internacional de filosofía política, 9(17), 243-261.  https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7553471.pdf