Departamento de América Latina y el Caribe

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Narcoterrorismo como amenaza a la seguridad regional latinoamericana: el caso de la internacionalización del conflicto armado colombiano

Angie Carolina Rodríguez Robayo

Las agendas en términos de seguridad son heterogéneas y en gran medida supeditadas a los contextos históricos en los que suceden. Los asuntos internos rompen las fronteras definidas para cada Estado, cuando las amenazas permean los tejidos sociales o las cuestiones de bienestar común y convocan a esfuerzos mancomunados para la mitigación o atención de problemas de interés para más de una nación como pueden serlo la guerra, el narcotráfico o los asuntos ambientales.

América Latina ha estado históricamente ligada a dinámicas de poder que la ubican geopolíticamente como aliada, subsidiaria o amenaza, en especial, cuando se trata de su relación con los Estados Unidos. Así, capítulos como la aplicación de la Doctrina Monroe, el intervencionismo estadounidense en la región y la politización de la agenda regional por cuenta de disputas ideológicas de orden bipolar y las alianzas estratégicas subsiguientes al fin de la guerra fría, determinaron muchas de las decisiones tomadas por los gobiernos de turno en las naciones latinoamericanas durante distintas épocas.

Para el caso colombiano, la interacción Washington- Bogotá, ha estado ligada en gran medida por asuntos concernientes a relaciones comerciales, de cooperación en la lucha antidrogas y en periodos particulares, a la alineación de sus políticas de acción frente amenazas comunes, como por ejemplo, la puesta en marcha del Plan Colombia hacia finales de siglo XX entre los presidentes Bill Clinton y Andrés Pastrana para erradicar el problema y las estructuras del narcotráfico y, más tarde, con la aplicación de la política de seguridad democrática por parte del ex presidente colombiano Álvaro Uribe para dar manejo al conflicto armado colombiano y al subsecuente fenómeno del narcotráfico, alineando esfuerzos con su homólogo George W. Bush.

Así pues, para efectos del presente artículo se abordará la cuestión Colombia- Estados Unidos en el marco de fenómenos transnacionales, a partir de tres ejes fundamentales de trabajo, a saber: el surgimiento del narcoterrorismo como categoría y amenaza para la seguridad latinoamericana, luego, el esfuerzo de cooperación bilateral EE.UU.- Colombia en la lucha antidrogas y sus impactos en la región, para finalizar con la internacionalización del conflicto armado colombiano como efecto colateral del 9-11 en América Latina.

Narcoterrorismo como categoría y amenaza para la seguridad latinoamericana.

Para hablar de narcoterrorismo es menester aclarar el lugar y tiempo de enunciación del concepto, pues su uso relativamente reciente engloba dos conocidos fenómenos en una sola categoría. La primera vez que se usó este término, fue en 1983 en un discurso del presidente peruano Belaunde Terry para referirse a los ataques que la policía antinarcóticos de su país recibía, en el que los grupos criminales usaban métodos de presión como ataques con explosivos que causaban terror en la población para influenciar y obstruir la justicia (Annoni, 2017, pág. 105). Si bien en este punto, la palabra tuvo un uso calificativo para describir una situación de orden público y seguridad interna del Perú, eventualmente, cobraría relevancia para describir problemas comunes en la región Latinoamericana.

Así, dos años más tarde, el término fue empleado para designar una problemática similar, esta vez en Colombia. Para el caso de este país en particular, esta es una noción con dos acepciones; la primera, enmarcada en el contexto mediático de la violencia de los años 80’s por cuenta de los cárteles de drogas que azotaron al país con ataques de sicariato y con artefactos explosivos, para evitar la aprobación de la ley de los “extraditables” en el Congreso Nacional Colombiano, medida judicial que pretendía mitigar el impacto y proliferación de operaciones ilegales asociadas al narcotráfico, lo que desató la ira de dichos grupos criminales que arremetieron contra la vida de políticos colombianos para soslayar la continuación de este proyecto.

La segunda acepción surge de una declaración del líder de la DEA, Asa Hutchinson ante el Subcomité de tecnología, terrorismo e información gubernamental del comité Judicial del Senado de los Estados Unidos, contextualizada en la lucha contra el terrorismo, luego de los ataques del 9-11, definiendo el narcoterrorismo como “un subconjunto del terrorismo, en el que los grupos terroristas, o los individuos asociados, participan directa o indirectamente en el cultivo, la fabricación, el transporte o la distribución de sustancias controladas y en el dinero derivado de estas actividades. (…) Además, la DEA utiliza el término para caracterizar la participación de grupos o individuos asociados en la recaudación de impuestos, la provisión de seguridad o la ayuda o incitación a los esfuerzos de tráfico de drogas en un esfuerzo por promover o financiar actividades terroristas^[1] (Hutchinson, 2002). A partir de este término la DEA empezó a denominar a los grupos terroristas, cuya fuente de financiación fuese el narcotráfico para la perpetración de actividades criminales terroristas, como narcoterroristas, tal es el caso de las FARC y otros actores armados ilegales colombianos.

Tradicionalmente, el narcotráfico y el terrorismo han sido considerados como amenazas contra la seguridad internacional o como crímenes trasnacionales distintos, por contemplar inspiraciones disímiles que involucran actividades de índole política, nacionalista o religiosa en el caso de los grupos terroristas, o porque atañen al resultado de acciones enfocadas en el enriquecimiento ilícito como es el caso de los cárteles de droga. Casos en los cuales, es improbable ligar estos dos fenómenos como implícitos o asociados.

Sin embargo, “La «guerra contra las drogas», que ha durado varias décadas, y la «guerra contra el terrorismo», más reciente, han encontrado un terreno común para contrarrestar la amenaza del narcoterrorismo, que combina dos amenazas que tradicionalmente se han tratado por separado. El concepto de narcoterrorismo tiene su origen en la comprensión de que los fenómenos del narcotráfico y el terrorismo están interconectados y, por consiguiente, que es útil y necesaria una coordinación de la política antidroga y antiterrorista para hacer frente de forma eficaz a ambas amenazas.”^[2] (Singh & Nunes, 2013, págs. 70-71)

Así pues, al establecer una relación causal entre las actividades terroristas y la fuente de financiamiento en el narcotráfico, es posible referenciar al grupo guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), como una estructura de orden narcoterrorista pues parte de sus actividades ilegales y violentas son financiadas con el cultivo de hoja de coca y las eventuales etapas del proceso productivo y de distribución de la cocaína. Según un reporte del Departamento de Estado de los Estados Unidos (DEA) en 2001, Colombia fue el tercer país más peligroso del mundo en cuestión de violencia política y fue responsable del 34% de todos los actos «terroristas» cometidos al rededor del mundo; cuyos responsables, las FARC y el ELN, desarrollaron actividades criminales para financiarse, reducir al Estado e implantar el régimen socialista. (Gutiérrez & Silva Queiroga, 2003)

Entender la lucha armada de las FARC en el marco del narcoterrorismo, sitúa a Colombia en el plano regional como un agente de potencial amenaza para la región latinoamericana, ya que, atrae la atención Estadounidense para la implementación de proyectos de cooperación militar como el Plan Colombia o la Iniciativa Regional Andina para contrarrestar los efectos del conflicto armado interno en lo referente al narcotráfico, situando bases militares en el país y abriendo la posibilidad a una participación mucho más amplia y directa del país del norte en la agenda de securitización regional, por cuanto es un actor involucrado en las externalidades de este asunto.

Los efectos del narcoterrorismo en la región, se hacen visibles partiendo del hecho de comprender este fenómeno como un problema cuyas “externalidades fronterizas locales, […] generan costos y beneficios variados que afectan a un número limitado de estados, y constituyen una base importante para la creación de complejos regionales de seguridad” (Tickner, 2004). Por otro lado, el impacto de externalidades como los efectos ambientales de la fumigación de hoja de coca, la presencia de grupos armados en territorios fronterizos y la migración de víctimas del conflicto, condicionan la atención que este fenómeno supone en la estructuración de las agendas internas de las naciones de la región.

Para aclarar el término de Complejos de seguridad regional- CSR, es vital reconocer que “Buzan utiliza el concepto de “Complejo de Seguridad” para etiquetar las estructuras relevantes en un nivel de análisis determinado, y lo define como un grupo de estados cuya principal preocupación de seguridad se relaciona conjuntamente de una manera tan cercana que sus seguridades nacionales no pueden distinguirse realmente la una de la otra” (Buzán citado en Escánez, 2015, pág. 122) como puede serlo el abordaje del fenómeno de narcoterrorismo como un asunto de índole regional que amerita el desarrollo de un complejo de seguridad regional, cuyo epicentro sea la amenaza narcoterrorista de las FARC como agente central del conflicto armado colombiano y sus repercusiones directas para la región latinoamericana.

Buzan y Wæver en su teoría de los complejos regionales de seguridad “plantean un macro-análisis que, según ellos, debe completarse con estudios de carácter más “micro” que profundicen en Complejos de Seguridad Regionales concretos o lo que se denominan “aislantes” o insulators, un concepto que alude al estado o mini-complejo espacial situado en la intersección de complejos de seguridad regionales, y en los que operan importantes dinámicas de seguridad regionales. Ambos se presentan, en suma, como marcos conceptuales que permiten aprehender al máximo los procesos de securitización. (Buzán citado en Escánez, 2015, pág. 123)”. Para el caso concreto el presente artículo, el caso colombiano sería ese mini- complejo desde el que se inserta el narcoterrorismo como amenaza en las dinámicas de seguridad regional y que da lugar, al mencionado macro-análisis planteado por la TCRS.

América Latina como escenario de securitización luego de la Caída del Muro de Berlín y de los Ataques del 11 de septiembre, apostó a la creación de un Complejo de Seguridad Regional, contextualizado a los asuntos de interés estratégico de la época. Por ejemplo, con la realización de la Conferencia especial de seguridad de la OEA, celebrada en la ciudad de México en 2003, de la que surgió el concepto de Seguridad hemisférica ( Organización de los Estados Americanos, 2003) como marco para el abordaje efectivo de las amenazas tradicionales y no tradicionales que aparecían en el radar de los asuntos de trascendencia regional y que iban más allá de las cuestiones conocidas requiriendo de esfuerzos mancomunados para su resolución.

Dentro de esas amenazas no tradicionales, la OEA daba un lugar preponderante al terrorismo y las actividades conexas, pues reconocía la dimensión transnacional de este fenómeno y el imperativo que suponía para las agendas de la región, de hecho, reconoce la importancia de los procesos de integración, estrategias y mecanismos de defensa segmentados de modo regional y subregional, como elementos fundamentales para el fortalecimiento y preservación de la seguridad hemisférica.

De esta manera, es posible entender como la categoría de narcoterrorismo moldeó de manera indirecta, el desarrollo de esfuerzos conjuntos que dieron paso a la creación de complejos de seguridad regional para atenderlo y que facilitaron el surgimiento del concepto de la seguridad hemisférica como respuesta regional a fenómenos transnacionales.

Cooperación bilateral EE.UU.- Colombia en la lucha antidrogas y sus impactos en la región.

El narcotráfico en Colombia ha sido casi una constante, desde la Bonanza marimbera^[3] hasta la actualidad, en los que ni lo propuesto en los Acuerdo de Paz con las FARC en el 2016 sobre el problema de los cultivos ilícitos, ni el plan de gobierno del ex presidente Iván Duque han podido resolver o contrarrestar.

El primer episodio que perfiló a Colombia como país epicentro de la cadena productiva de estupefacientes, sustancias o plantas prohibidas por los Estados Unidos, fue la Bonanza Marimbera que tuvo lugar durante los años 70’s, en los que el cultivo de marihuana generó grandes dividendos y el trazado de nuevas rutas de exportación con destino a países vecinos y en especial, hacia los EE.UU.

Eventualmente, la estructuración de cárteles de drogas cambiaría para siempre el manejo que se le daría a este fenómeno, pues el interés puesto sobre la marihuana se desplazó hacia la hoja de coca y la subsecuente línea productiva, que era mucho más rentable. Es entonces, cuando el problema de narcóticos se agrava, desatando un episodio de violencia interna y la propagación de cocaína colombiana por el continente en su totalidad y otras partes del mundo.

La relación entre Colombia y los Estados Unidos ha estado enmarcada en el trabajo conjunto para el abordaje de problemas comunes, si bien su interacción tiene otras aristas, los puntos dominantes en la agenda de ambos han sido el conflicto armado colombiano, por su relevancia en especial, durante la guerra fría y el narcotráfico, particularmente, a partir de la década de 1980 por la proliferación de cargamentos de cocaína colombiana hacía EE.UU.

Para el abordaje de la Cooperación bilateral entre Colombia y Estados Unidos en materia de la lucha contra las drogas, es fundamental el análisis del Plan Colombia entre Bill Clinton y Andrés Pastrana, así como el de la aplicación de la Política de seguridad democrática del ex presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez en el gobierno de George W. Bush.

El gobierno de Bill Clinton estuvo enmarcado en la lucha contra las drogas y la pretensión de establecer nexos efectivos con Colombia que permitieran atacar de raíz este problema. Las negociaciones del Plan Colombia inicialmente, buscaba de parte de Bogotá aunar esfuerzos y recursos para combatir el problema del conflicto armado -dado el fallido proceso de paz con las FARC en San Vicente del Caguán- y de manera inherente mitigar la acción del narcotráfico; para Estados Unidos, el foco debía ser lidiar con el tráfico de estupefacientes como elemento vital dentro de su agenda de seguridad nacional y política exterior.

Finalmente, el documento que ponía en marcha esta iniciativa se encuadró en “el robustecimiento de dicho despliegue en América del Sur como así también la voluntad de interrumpir el flujo de drogas hacia suelo norteamericano bajo las condiciones que Estados Unidos considera pertinentes. Es decir que el Plan Colombia, además de contribuir con la presencia estratégico-militar norteamericana, ilustra la exportación político ideológica de Washington sobre el abordaje del narcotráfico y esto se observa, más precisamente, en las condiciones que envolvieron el nacimiento del mencionado Plan”. (Calderón, 2015)

De este modo, el Plan Colombia se convirtió en un aliciente para que las naciones latinoamericanas buscaran establecer alianzas estratégicas para hacer contrapeso a la incursión de los Estados Unidos en materia de lucha contra las drogas. Era importante, evitar que la transnacionalización de narcotráfico fuera la puerta de entrada a nuevas dinámicas de poder en las recién desmarcadas naciones suramericanas, terminada la Guerra fría.

Terminado el gobierno Clinton, Colombia debía estar atento y expectante a una nueva administración, esperando que esta hiciera un empalme asertivo con los esfuerzos adelantados en la gestión anterior, que permitiera continuar con la lucha antidrogas en el país de manera conjunta. Sin embargo, “la ocurrencia de los atentados del 2001 influyó en el ambiente doméstico norteamericano, potenciando la presencia neoconservadora en la administración de George W. Bush que instaló la guerra contra el terrorismo internacional como criterio rector de la política exterior. Esto se tradujo en la preeminencia del Departamento de defensa (DOD) en el diseño y gestión de esta última, lo cual consolidó dos tendencias preexistentes del contexto interno norteamericano que se relacionan con la política en Colombia. Por un lado, el afianzamiento de la militarización de la influencia norteamericana y de su conducción por parte del DOD, directriz que encuentra sus orígenes en los años noventa; por el otro, la participación militarizada de Estados Unidos en el conflicto armado mediante la inclusión de éste como parte de la lucha contra el terrorismo internacional. (Calderón, 2015)

De esta manera, las relaciones entre Washington y Bogotá tomaron una nueva y más compleja connotación, a través de la amalgama creada entre la lucha contra las drogas y la guerra contra el terrorismo, que situaban a Colombia en una posición de doble amenaza para los norteamericanos por cuanto constituye el preámbulo del narcoterrorismo como categoría para englobar ambos fenómenos, lo que marcaba la pauta para que las FARC, artífices del conflicto armado en Colombia fueran ahora catalogadas como terroristas, por lo tanto, objetivo prioritario para la nueva política exterior norteamericana en materia de seguridad.

En Latinoamérica apareció entonces, la militarización como opción para combatir las amenazas narcoterroristas. “La presión que ejerce Estados Unidos en el marco de su política antinarcóticos para la región es uno de los factores principales que ha influido en la intervención de las fuerzas armadas en cuestiones de seguridad interior.” (Chillier & Freeman, 2005) de ahí, que varios países de la región como es el caso de Brasil en sus favelas y de Ciudad de México, optaron por militarizar sus respuestas internas a estos problemas, generando episodios de violencia interna y crisis de derechos humanos.

El desborde de estos fenómenos provoca múltiples tensiones, a nivel vecinal y regional, dependientes de la forma cómo se manifiestan y la naturaleza de los conflictos a los que están ligadas, tanto de tipo interno como transnacionales, que, en la actualidad, gravitan sobre diversos aspectos de seguridad regional. Estos problemas requieren una colaboración transfronteriza y una cooperación regional eficiente que involucre actores políticos, diplomáticos, sociales, militares y policiales, en sus diversos ámbitos. El debilitamiento generalizado de los mecanismos multilaterales, tanto a nivel sudamericano (UNASUR) como interamericano (OEA) ha afectado el proceso de construcción de regímenes de seguridad regional, limitando el ámbito de prevención y solución de conflictos, y generando un proceso de debilitamiento de las medidas de confianza y de los sistemas de cooperación. Este proceso, por otra parte, ha contribuido al incremento del gasto militar y una creciente remilitarización de muchos aspectos de la seguridad interna en varios Estados de la región. (Torre & Grabendorff, 2022)

Así, la cooperación bilateral entre Estados Unidos y Colombia, en la lucha contra el narcoterrorismo, obedece a la necesidad de consolidar mecanismos multilaterales de atención a amenazas no tradicionales, situación que potencia el intervencionismo norteamericano en la región, al ampliar su margen de acción militar y marcar la pauta para que los fenómenos del terrorismo o el narcotráfico sean tratados casi de modo indistinto por ser de interés estadounidense. También es necesario reconocer que esta intervención genera asimetrías en momentos en que se solicitaba la cooperación regional y subregional para combatir estas amenazas, por lo que un principio de equidad local hubiese marcado una diferencia importante para consolidar la seguridad hemisférica.

Eventualmente, con la puesta en marcha de la política de seguridad democrática en Colombia por el entonces presidente, Álvaro Uribe Vélez, las relaciones Washington – Bogotá se alinearon de un modo mucho más evidente y un tanto incómodo para los vecinos latinoamericanos, que pese a incluir la militarización como respuesta al manejo de sus asuntos internos producto del modelo estadounidense, veían en la Guerra contra el terrorismo impulsada por su homólogo del norte, George W. Bush, una potencial intromisión en asuntos domésticos por la nueva tipificación del terrorismo que socavaba el status beligerante de algunas organizaciones a nivel mundial y que exigían esfuerzos de cooperación hemisférica- regional.

“Influido seguramente por el impacto global de la reacción de Estados Unidos a los ataques de septiembre del 2001, el gobierno de Uribe comenzó a aplicar la categoría de “terrorismo” para referirse al problema colombiano, negando la existencia de un conflicto armado. Estas medidas pusieron al gobierno de Uribe en la misma línea de la guerra “contra el terrorismo” de la administración Bush, lo que convirtió a Colombia en el principal aliado de EE.UU. en la región. La autorización por parte del Congreso de EE.UU. de ampliar la utilización de los fondos del Plan Colombia con fines de contrainsurgencia refleja la nueva coyuntura”. (Chillier & Freeman, 2005, pág. 9) poniendo en entredicho, la efectividad de un complejo regional de seguridad enmarcado en el concepto de seguridad hemisférica, por cuanto la amenaza no se enfrenta de modo conjunto sino bilateral con repercusiones regionales no contempladas.

Aun cuando los complejos de seguridad regional faciliten esta interacción interamericana, luego de la creación del concepto de seguridad hemisférica como un propósito conjunto para atacar amenazas no tradicionales, la lucha contra el narcoterrorismo como fenómeno bidimensional, facilita el intervencionismo en la región, lo que no cae bien en los países vecinos, pues los asuntos de seguridad como proyecto común toman un viraje hacia los asuntos vitales de las agendas nacionales norteamericana y colombiana, y no hacia la consolidación de un frente hemisférico.

Internacionalización del conflicto armado colombiano como efecto colateral del 9-11 en América Latina.

Para iniciar el desarrollo de este apartado, resulta crucial hacer la distinción entre los procesos de regionalización e internacionalización del conflicto armado, que en efecto tuvieron lugar, pero que, el presente artículo desarrollará prestando especial atención al asunto de índole internacional como hilo conductor.

Luego de la Conferencia especial de Seguridad del 2003 de la OEA, apareció en el radar la noción de seguridad hemisférica como respuesta a la imperiosa necesidad de establecer un complejo regional de seguridad, que atendiera las amenazas tradicionales y no tradicionales a las que el continente americano se enfrentaba en el marco del naciente narcoterrorismo, con un enfoque regional y subregional que facilitara los esfuerzos de cooperación.

Los procesos de regionalización del conflicto armado estuvieron en un primer momento, supeditados a contingentes geográficos que compartían o eran actores importantes de las externalidades fronterizas del mismo, en particular de la cuestión del narcotráfico. Sin embargo, desde que la Resolución 1566 de 2004 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el capítulo VII, numeral 3 estipuló que,

“los actos criminales, inclusive contra civiles, cometidos con la intención de causar la muerte o lesiones corporales graves o de tomar rehenes con el propósito de provocar un estado de terror en la población en general, en un grupo de personas o en determinada persona, intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto, o a abstenerse de realizarlo, que constituyen delitos definidos en los convenios, las convenciones y los protocolos internacionales relativos al terrorismo y comprendidos en su ámbito, no admiten justificación en circunstancia alguna por consideraciones de índole política, filosófica, ideológica, racial, étnica, religiosa u otra similar e insta a todos los Estados a prevenirlos y, si ocurren, a cerciorarse de que sean sancionados con penas compatibles con su grave naturaleza» (Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito, pág. 94)

Las FARC, perdían su status de grupo armado beligerante con fundamento político y pasaba a figurar como un grupo terrorista financiado por el narcotráfico. Elemento que resquebrajaba la connotación política regional de la cuestión colombiana y marcaba la apertura del fenómeno narcoterrorista a una dimensión transnacional.

Así pues, la tipificación del terrorismo luego de los atentados del 11 de septiembre y el narcoterrorismo como categoría integradora de dos fenómenos conexos y de relevancia per se, sienta las bases de la internacionalización del conflicto colombiano, pues “La lucha contra los carteles exportadores demandó de fortalecimiento institucional y de capacidades para enfrentar el crimen organizado y su naturaleza trasnacional. El narcotráfico como trasfondo del conflicto armado llevó a insertar la política antidroga dentro de la estrategia de desarrollo, invocando la corresponsabilidad internacional.” (Rocha, 2000)

Hasta el 11/9 la principal preocupación de los Estados Unidos en relación con Colombia radicaba en el problema de los cultivos de uso ilícito y la manera como estos podían ser la principal fuente de financiación de los grupos irregulares (FARC, y paramilitares, sobre todo). Es decir, la prioridad estaba en la lucha contra el narcotráfico, expresada en el caso colombiano fundamentalmente en la pretensión de erradicar los cultivos de uso ilícito, aunque también en otras políticas de interdicción. […] Los principales efectos que el nuevo discurso internacional de la llamada ‘guerra contra el terrorismo’ ha tenido en relación con el conflicto armado colombiano se derivan del cambio de énfasis de la política norteamericana en relación con Colombia y del cambio de estrategia y de énfasis de la política gubernamental. Inicialmente podríamos coincidir con las afirmaciones que señalan que la prioridad norteamericana después del 11 de septiembre de 2001 se desplaza del narcotráfico al terrorismo y, en el caso de la región Andina, especialmente Colombia, se convierte el ‘narcoterrorismo’ como el nuevo enemigo a combatir. (Velásquez, 2006)

El nuevo enemigo en cuestión, permite el abordaje internacional de la cuestión colombiana, pues integra al narcotráfico dentro de la apremiante guerra contra el terrorismo que marcó la política exterior de Bush luego del mencionado ataque, como un fenómeno inherente al mismo al tomar en consideración la fuente ilícita de financiamiento.

De este modo, el narcoterrorismo rebasa el marco de la seguridad hemisférica y de su relevancia regional, para dar lugar a un problema de convocatoria internacional, ya que, el gobierno colombiano opta por combatir el conflicto armado no como un conflicto civil interno de índole política, sino como un foco terrorista del que Estados Unidos puede tomar partido, a través de la implementación de la política de seguridad democrática por parte del ex presidente Álvaro Uribe Vélez, completamente alineada a los esfuerzos norteamericanos.

En este caso, la internacionalización del conflicto armado colombiano debe ser entendida como “el proceso mediante el cual se toma una decisión explícita y consciente: la decisión de implicar a actores internacionales en cualquier fase —de hostilidad o negociación— de un conflicto interno. (Guzmán, 2012, pág. 11), dado que, Colombia opta por alinear los esfuerzos domésticos en materia de narcoterrorismo a la agenda de seguridad estadounidense, desde la negociación del Plan Colombia, pasando por las acciones de cooperación militar durante la aplicación de la política de seguridad democrática en Colombia, incluso, hasta la posterior negociación de los Acuerdos de Paz con las FARC.

Conclusiones

La aparición de la categoría de narcoterrorismo, facilitó el abordaje de la cuestión del conflicto armado colombiano de modo conexo a la del narcotráfico, ya que plantea a esta última como fuente de financiación de la lucha armada y sus subsecuentes actos terroristas, facilitando la intervención estadounidense en la región, robusteciendo la militarización y debilitando la consolidación de esfuerzos de cooperación hemisférica en esta materia con participación equitativa.

La consolidación de un complejo regional de seguridad efectiva para la región latinoamericana enmarcada en la noción de seguridad hemisférica, no prosperó por el nivel de asimetría que generó la redefinición de la guerra contra el terrorismo, luego de los ataques de 9-11, la aparición del narcoterrorismo como amenaza no tradicional y el potencial riesgo para las democracias latinoamericanas de nuevas alineaciones con la política exterior estadounidense en materia de seguridad.

El narcoterrorismo sitúa a Colombia como una doble amenaza para la seguridad norteamericana, ya que, dos fenómenos antes combatidos por separado se fusionaron al tomar en consideración su fuente de financiación y la redefinición del terrorismo luego de los ataques del 11 de septiembre. Esto provocó la intensificación de las actuaciones político- militares estadounidenses en América Latina por considerarla un foco de potenciales amenazas para su seguridad nacional.

La internacionalización del conflicto armado colombiano fortaleció las relaciones bilaterales de Washington y Bogotá, propiciando el desarrollo de una nueva agenda de seguridad regional afín a los intereses nacionales de EE.UU. con implicaciones para América Latina a través del abordaje del narcoterrorismo como nueva amenaza.

Es vital la consolidación de esfuerzos regionales para el abordaje y mitigación del narcoterrorismo como amenaza, para contrarrestar el papel hegemónico de los Estados Unidos y dar mayor relevancia y una participación equitativa a las naciones involucradas, bien sea, a través de la revitalización y actualización de la seguridad hemisférica como un asunto de todos, o bien, como la toma de decisiones conscientes y autónomas por parte de las naciones, para internacionalizar cuestiones domésticas conexas al narcoterrorismo con la participación y/o mediación de actores independientes al estadounidense.

Referencias bibliográficas

^[1] Traducido del texto original: “a subset of terrorism, in which terrorist groups, or associated individuals, participate directly or indirectly in the cultivation, manufacture, transportation, or distribution of controlled substances and the monies derived from these activities. (…) Further, DEA uses the term to characterize the participation of groups or associated individuals in taxing, providing security, or otherwise aiding or abetting drug trafficking endeavors in an effort to further, or fund, terrorist activities”

^[2] Traducido del texto original: Several decades long “war of drugs” and the more recent “war on terror” have found common grounding countering the threat of narco-terrorism, this combining two threats that have traditionally been treated separately. The concept of narco-terrorism originates from an understanding that two phenomena of narcotics trafficking and terrorism are interconnected and subsequently, that a co-ordination of anti-drug and anti-terror policy can be used, and is necessary, to effectively deal with both threats.

^[3] Marimbera, palabra que hace referencia a la marimba, seudónimo utilizado para la “marihuana”, y es una palabra mayoritariamente utilizada en el norte de Colombia.