Departamento de Asia y el Pacífico
Centro de Estudios Chinos
Artículos
Hong Kong: después de la tormenta
Diego Riddick[1]
El pasado 1ro de julio marcó el 25vo aniversario del regreso de la ex colonia de Hong Kong a la soberanía china, hito que se enmarca en un panorama político particular para la región administrativa especial. En mayo de este año se oficializó el recambio en el más alto nivel, con la designación de John Lee como nuevo Jefe Ejecutivo de Hong Kong, sucediendo a Carrie Lam. Lee, con una carrera dedicada a la aplicación de la ley y Jefe de Seguridad de la administración de Lam, cuenta con el visto bueno del gobierno central para continuar con la tarea de mantener el orden en un territorio golpeado por el doble efecto de las protestas acaecidas en el año 2019 y una pandemia a partir del 2020. Las prioridades, a ojos de las autoridades de la Región Administrativa Especial de Hong Kong (HKSAR) y a nivel nacional, se centran en finalizar el reordenamiento del tablero político y económico de un área que fue sensible a las tensiones recurrentes entre Beijing y Washington.
Este ordenamiento se manifiesta con acciones concretas y con efectos que advertimos en el ecosistema político y social hongkonés. Hablamos puntualmente de los efectos de la sanción de la Ley de Seguridad Nacional para Hong Kong y las recientes reformas en el sistema electoral. Desde estos ítems resulta menester focalizar en particular para después volver al cuadro general.
Desde lo operativo
El período comprendido entre junio de 2019 y mayo de 2020 nos muestra los efectos combinados de varios factores: un gobierno local (pro-establishment) que no ha actuado de manera idónea en el análisis y la comunicación al proponer una enmienda a la Ley de Extradición, atizando una serie de protestas que azotarán durante meses a la región al demorar en retirar dicho proyecto de enmienda; una sociedad civil y dirigentes políticos (pro-democráticos) en alerta respecto de acciones sistemáticamente leídas como un cercenamiento de las libertades frente a China continental y reacia a negociar aun cuando el retiro del proyecto fue un hecho; y un gobierno central que en esos meses perdió la fe en la capacidad del gobierno local de conducir efectivamente la situación, la cual estaba dispuesto a desactivar como fuera necesario. Esto último se evidencia en la sanción de la Ley de Seguridad Nacional para HKSAR del 30 de junio del 2020. La ley no llega a través de los propios órganos de Región la Administrativa Especial (según artículo 23 de la Ley Básica de Hong Kong), sino a través de la Asamblea Popular Nacional, órgano del gobierno de la República Popular China, y su extensión a HKSAR (artículo 18 de la Ley Básica de Hong Kong, el cual históricamente se refirió a disposiciones en Defensa y Asuntos Exteriores).
La Ley de Seguridad Nacional busca actuar frente a crímenes vinculados a secesión, subversión, terrorismo y colusión con poderes extranjeros; la tipificación de estos resulta lo suficientemente ambigua para poder ejecutarse en una gran variedad de casos y pudiendo direccionarse a dirigentes políticos, estudiantiles, periodistas o empresarios. Su aplicación nos ofrece multiplicidad hechos, estando entre los más mediáticos la descalificación de 12 candidatos pro-democráticos en junio del 2020 a participar en las siguientes elecciones legislativas; el arresto y posterior juicio de Jimmy Lai, dueño del medio Apple Daily, en agosto del 2020 (proceso que también incluiría a ejecutivos y periodistas del sitio); la detención y posterior juicio de decenas de legisladores pro-democráticos bajo sospecha de ‘‘subversión’’, en elecciones primarias llevadas a cabo en enero del 2021; y la redada policial en las oficinas de Stand News, arrestando a seis personas en diciembre del 2021, y que acarrearían la posterior disolución del medio.
Más allá de su objeto particular, las regulaciones han tenido un contundente efecto nada menos que en el ámbito social de un Hong Kong que supo ser una caja de resonancia de temas sensibles y poco abordados en China continental. En el caso de la sociedad civil asistimos al fin de las vigilias por los hechos de Tiananmen, conmemoración harto sensible para el gobierno central, porque todavía no tiene una “interpretación oficial” (a diferencia de la Revolución cultural, sobre la que el Gobierno ya se expresó en varias ocasiones). Los responsables de su organización, la Alianza de Hong Kong, han sido señalados por ‘‘trabajar con agentes extranjeros’’, siendo varios de ellos arrestados en septiembre del 2021. En diciembre de ese mismo año fue retirado de la Universidad de Hong Kong el Pilar de la Vergüenza, estatua que hace alusión al evento ocurrido en 1989. La colusión con poderes extranjeros fue invocada nuevamente en mayo de este año con el arresto del Cardenal Joseph Zen. El sacerdote se encuentra bajo investigación por la administración de la Fundación de Ayuda Humanitaria 612, entidad destinada a la asistencia económica y jurídica de ciudadanos involucrados en las protestas del año 2019 en Hong Kong.
Sobre los medios, la sanción de la Ley dejó una creciente incertidumbre entre periodistas, editores y propietarios de medios, ante un escrutinio cada vez más minucioso de las autoridades respecto de la intencionalidad u origen de cada actividad. Hasta el presente, más allá de los casos citados de Apple Daily y Stand News, otros medios han suspendido sus operaciones o se han relocalizado: Initium en agosto de 2021, DB Channel en noviembre 2021, Citizen News en enero de 2022 y Factwire en junio de 2022. A esta lista se agregan periodistas que han sido multados, arrestados, encuentran crecientes dificultades en el ejercicio de su profesión o abandonan Hong Kong.
Desde lo institucional
Comprender la reforma en el sistema electoral hongkonés nos exige primeramente describir el mismo previo a los cambios. El Jefe Ejecutivo de HKSAR es elegido por un Comité Electoral de 1.200 miembros, representantes de diversos sectores económicos del territorio (bancos, empresas, industria, comercio, tecnología, etc). Cuenta con dos órganos legislativos: el Consejo Legislativo (conocido popularmente como LegCo) y Consejos Distritales. El Consejo Legislativo se compone de 70 miembros, 35 elegidos por voto directo de la ciudadanía (circunscripciones geográficas) y 35 elegidos por representantes de sectores económicos de HKSAR (circunscripciones funcionales). La dinámica electoral hongkonesa muestra que las bancas por circunscripción geográfica en su mayoría son retenidas por legisladores pro-democráticos, mientras que las funcionales están todas en manos de legisladores más favorables a Beijing, pro-establishment. Los Consejos Distritales gobiernan las 18 circunscripciones en las que se divide la Región Administrativa. Son elegidos directamente por voto de la ciudadanía, pero su poder es muy limitado.
Las disposiciones en materia de seguridad han sido decisivas para hacer frente a las protestas violentas y eventualmente a cualquier manifestación, pero sería un error centrarse en estas medidas como el único cambio trascendental. Para las autoridades, resulta indispensable un entramado institucional que permita administrar Hong Kong por canales políticos formales. Canales que puedan conducir los destinos de la región, interpretando las necesidades de la ciudadanía y articulándose con las políticas emanadas del gobierno central. A este respecto, existen dos hechos de capital importancia:
– Una resolución de la Asamblea Popular Nacional de noviembre del 2020, vinculada a la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional, permitiendo a HKSAR descalificar a legisladores ‘‘no patriotas’’, entendiendo que tengan tratos con agentes extranjeros o estén vinculados a actividades que amenacen la seguridad nacional, fallando así en respetar la Ley Básica de HKSAR. Su efecto fue inmediato, siendo descalificados y apartados los legisladores Kenneth Leung, Kwok Ka-ki, Alvin Yeung y Dennis Kwok. A la misma siguió la renuncia de otros 15 legisladores del arco pro-democrático en protesta por la decisión, dejando en noviembre de 2021 al LegCo sin representación de ese arco.
– La resolución ‘‘Mejora del Sistema Electoral de Hong Kong’’, de marzo del 2021, con efectos en los órganos antes descritos. El Comité Electoral se expande a 1.500 miembros, ahora no sólo con la tarea de elegir al Jefe Ejecutivo sino también de evaluar las candidaturas para el LegCo, pudiendo revocar la de cualquier aspirante no idóneo. El mismo LegCo se expande de 70 a 90 escaños, asignándose 40 para miembros elegidos por el Comité Electoral, 30 para las circunscripciones funcionales y 20 para las circunscripciones regionales. Esta disposición será acompañada por otra resolución sancionada en Hong Kong en mayo de ese mismo año.
Esta distribución fue aplicada en las elecciones legislativas de diciembre de 2021 (dos veces pospuestas a causa de restricciones por la cuarentena), con una apabullante mayoría de escaños quedando en manos de los sectores pro-establishment. Finalmente, los esfuerzos de normalización habían dado resultado, no habiendo más protestas en las calles y con estabilidad en los principales resortes gubernamentales.
Desde lo regional
El recorrido por la situación hacia el interior de HKSAR no puede abstraerse del rol que han jugado las tensiones entre China y EE.UU. Las mismas desempeñan un papel instrumental, fomentando desde el extranjero a algunos referentes de las protestas del 2019, como parte de una política integral de la administración de Donald Trump confrontando directamente con Beijing a través de medidas concretas (escaladas de sanciones) y discursivas (alusión a violaciones de derechos humanos tanto en HKSAR como en la Región Autónoma de Xinjiang). Desde las acusaciones de la delegación norteamericana a la contraparte china en las conversaciones de alto nivel en Anchorage en marzo del 2021, tras el cenit de 2019 y 2020, el interés en la situación de HKSAR parecería haber mermado.
Los esfuerzos del Departamento de Estado se vuelcan ahora a la región del Indo-Pacífico, buscando la nueva administración demócrata enmendar la ruptura de compromisos multilaterales por parte de la administración republicana como el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), y a la vez propiciando nuevos entendimientos en materia de defensa, como el Diálogo de Seguridad Cuadrilateral (QUAD) y la Alianza estratégica militar con el Reino Unido y Australia (AUKUS). El cambio relativo en las capacidades en los últimos años (favorables a China) orientan a Washington a balancear mirando a otros actores de la región y logrando compromisos específicos: la restauración del Acuerdo Militar de Visita de Tropas con Filipinas en junio del 2021, continuación de las maniobras Garuda Shield con Indonesia en agosto del 2021, ejercicios militares con Tailandia y Singapur en marzo de este año y nada menos que nuevos entendimientos con Taiwán: una nueva venta de equipamiento militar y el lanzamiento de una nueva iniciativa sobre comercio en abril y mayo de este año, respectivamente. Las diversas acciones entre los miembros de ASEAN respecto de la invasión rusa a Ucrania exigen a la administración norteamericana moverse con cautela en una zona que no parece entusiasta en elegir bandos.
Las vicisitudes de Hong Kong pasa a segundo plano, firmemente apuntalado por una China cimentando sus lazos en el Indo-Pacífico (Firma del RCEP y acuerdos bilaterales específicos en swaps de moneda y comercio) y en el Asia Central (articulación de la Organización de Cooperación de Shanghái en lo político y de la Nueva Ruta de la Seda en lo económico), decidida a proponer su temario en la agenda internacional y desechar cualquier juicio sobre su política interna (actitud que la cancillería china aplica coherentemente en sus relaciones con otros Estados). Consciente de que el orden internacional puede ser conducido y transformado por nuevos actores con el poder y la responsabilidad para asumirlo, la política exterior china se orienta en la búsqueda de consensos y de mayores canales de cooperación, pero atendiendo con firmeza implacable cualquier tópico en el que entre en discusión su soberanía. De esto dan cuenta los vecinos con los que Beijing mantiene disputas territoriales y marítimas, y aplica también al ciudadano hongkonés que ponga en riesgo la soberanía. La búsqueda de ‘‘patriotas gobernando Hong Kong’’ es la externalización de la defensa de China en el marco de Un País, Dos Sistemas. Una búsqueda que, en el recorrido que hemos trazado, no está exenta de costos, algunos muy altos.
Conclusiones
La aplicación de las últimas reformas en materia electoral pone un coto al crecimiento de cualquier fuerza política que pueda, a ojos de Beijing y el actual gobierno ejecutivo, atentar contra la soberanía nacional. Tanto para estas como a cualquier manifestación de la sociedad civil, son pasibles de aplicarles la Ley de Seguridad Nacional. Asegurada la estabilidad, la región busca reconectarse con el resto del país (en su carácter de Región Administrativa Especial, Hong Kong no está sujeto a las mismas regulaciones sanitarias de China, por lo que el tráfico con el continente se encuentra reducido) y ordenar un escenario económico aún incierto (el último reporte marca una caída del primer cuatrimestre del 2022 del 4% en comparación al año anterior), algo extraño para un bastión del comercio y las finanzas mundiales.
Sin adversarios políticos en el interior y a un lado de la disputa entre Beijing y Washington, la Región Administrativa Especial de Hong Kong en vías de normalización recibe la transición del Jefe Ejecutivo en un nuevo aniversario del regreso a una China más presente que nunca. Un Hong Kong que, en palabras de Xi Jinping, ‘‘después de la tormenta, ha renacido de las cenizas’’. Un Hong Kong ‘‘en el corazón del gobierno central’’. Un Hong Kong finalmente gobernado por patriotas
[1] Secretario del Centro de Estudios Chinos (IRI-UNLP).
