El 30 de octubre de 1983 el pueblo argentino volvió a votar en una elección presidencial, poniendo fin a la Última Dictadura. De dicha elección resultó Raúl Alfonsín ser el ganador, dando inicio al período democrático ininterrumpido más largo de nuestra historia: 40 años.
Hoy estamos a 20 días de vivir la segunda vuelta o balotagge, que le dará a uno de nuestros ciudadanos la enorme responsabilidad de ser el Primer Mandatario y de honrar el legado de mantener viva la democracia en el país.
Solo con el respeto por los derechos humanos y la libertad de expresión garantizada, se puede llevar adelante un proceso eleccionario en el marco de una democracia fuerte. Pero, ¿cómo se encuentra hoy el continente americano en el marco del respeto del principio democrático que rige para los países de la Organización de Estados Americanos?
Nicaragua se encuentra atravesando una dictadura bajo el mando del matrimonio Daniel Ortega– Rosario Murillo. Es él mismo Ortega que lideró la Revolución Sandinista (entre 1979-1990) para “liberar al pueblo nicaragüense” de la dictadura de Anastacio Somoza que los oprimía. Paradójicamente, por cada progreso de la Revolución Sandinista en Nicaragua, aumentaban las “desapariciones” y se intensificaban las torturas a los detenidos ilegalmente por el Proceso en la Argentina. Ortega ahora acumula 20 años en el poder (16 de ellos de manera consecutiva y los últimos 6 con su esposa como vicepresidente), con elecciones fraudulentas de por medio, adquiriendo los rasgos de una dictadura: se le ha quitado la ciudadanía a los opositores y se los ha expulsado del país; se han cerrado universidades que no son afines a su doctrina política y llevando al exilio a cientos de estudiantes que participaron de las protestas de 2018 (que tuvieron un saldo fatal cercano a los 500 fallecidos y entre 1200 y 2400 heridos); persiguiendo a la Iglesia, expropiando sus pertenencias, ilegalizando órdenes religiosas, y encarcelando a los párrocos. Las denuncias de torturas y vejaciones a las personas encarceladas son moneda corriente, en tanto las detenciones arbitrarias están a la orden del día. La libertad de expresión es prácticamente nula y los Derechos Humanos son simple letra fría en un papel, muy lejos de estar garantizados.
En Venezuela la oposición acaba de elegir a María Corina Machado como la candidata para enfrentar a Nicolás Maduro en 2024. Otro régimen dictatorial con elecciones dudosas que mantienen en el poder a una persona que ya está siendo investigada por la Corte Penal Internacional por la comisión de crímenes de lesa humanidad durante sus mandatos presidenciales. El último informe de Michelle Bachelet, antes de terminar su mandato como Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, sobre las denuncias de las torturas que ha implementado el gobierno de Maduro son de una crudeza tal que comparte rasgos con el informe de nuestra CONADEP para el juicio a las Juntas Militares de 1985: denuncias de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, descargas eléctricas y violencia sexual a los detenidos, negación de las autoridades a demostrar el paradero de las personas detenidas, violencia sexual contra las mujeres en prisión, violación sistemática del derecho a un juicio justo de las personas opositoras detenidas bajo el régimen. Nuevamente, sin una protección cabal de los Derechos Humanos, si se criminaliza la libertad de expresión, no hay vigencia posible de la Democracia.
Recientemente, Ecuador atravesó un proceso eleccionario durante el cual uno de los candidatos a presidente, Fernando Villavicencio, fue asesinato durante una actividad proselitista. Prácticamente huelgan las palabras. La elección se llevó a cabo, con el triunfo de Daniel Noboa. Pero, ¿ante qué clase de democracia puede encontrarse alguien, cuando los candidatos no pueden llevar adelante su campaña política sin el riesgo de convertirse en víctima del crimen organizado?
En Guatemala, por otro lado, cumplió un papel protagónico este año la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos al definir que las acciones de la fiscalía para con Bernardo Arévalo (presidente electo) tendían a impedir que asumiera el cargo para el cual fue elegido. La concurrencia de la gente a las urnas, con la elección de un candidato que obtiene las mayorías requeridas previamente para asumir un cargo implica, lisa y llanamente, el desarrollo del proceso eleccionario, acto fundamental en las Democracias Representativas; ello es parte del juego democrático, con la alternancia y la transición de un gobierno a otro sin más dilaciones que las requeridas por las normas que regulan dicho proceso; sin embargo, desde junio que se presenta sistemáticamente la judicialización del proceso eleccionario guatemalteco queriendo impugnar el partido del candidato electo. La Misión de Observadores de la OEA continúa trabajando en la transición del gobierno guatemalteco.
Perú atraviesa un momento de ataque a la separación de poderes, pilar fundamental de la república y de la Democracia. Hay en marcha un fuerte ataque del Congreso dirigido a la Junta Nacional de Justicia buscando vaciarla. El sistema de pesos y contrapesos que implica la división de los tres poderes no debe convertirse en una ficción porque los funcionarios estén siendo investigados. La función de la JNJ es designar, fiscalizar y poder sancionar a jueces y fiscales. En una democracia débil es ingenuo esperar respeto a los derechos humanos.
El Salvador, por su lado, está enfrentando su propio proceso cuasi fascista desde la asunción de Nayib Armando Bukele Ortez como Presidente desde junio de 2019. Con una profundísima inseguridad en el atribulado país centroamericano, amenazado por múltiples pandillas que operaban en su interior, Bukele decretó un Estado de Excepción que abrió la puerta a la violación de todas y cada una de las garantías penales, en su búsqueda de barrer con estos grupos delictivos. Las ONGs de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, coinciden con las denuncias de abusos sistemáticos por parte de organismos de derechos humanos nacionales e internacionales. Muertes bajo custodia, hacinamiento extremo, torturas, detenciones arbitrarias, incluyendo menores de edad e incomunicación total con abogados o familiares. Human Rights Watch (HRW) publicó una investigación fundamentada en acceso a una base de datos del Ministerio de Justicia, en la cual reveló que solamente durante los cinco primeros meses del régimen de excepción, de marzo a agosto, se registraron al menos 32 personas muertas bajo custodia sin aclarar las circunstancias. Hasta ahora serían casi 63.000 detenidos. La cifra no es casual. Corresponde al número estimado de pandilleros en un país de apenas seis millones de habitantes. A principios de este año, ONGs Cristosal, Amate, Red Salvadoreña de Defensoras de Derecho Humanos, Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamérica (Idhuca), Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), Servicio Social Pasionista (SSPAS) y Azul Originario (AZO) daban cuenta de alrededor de 4.564 denuncias de abusos. Es pertinente señalar que no es suficiente la legitimidad de origen para catalogar a un gobierno como democrático. La violación masiva y sistemática de los Derechos Humanos por parte de los diferentes organismos del Estado es absolutamente incompatible con el ejercicio de la Democracia.
En algunos Estados de América Latina la democracia se encuentra en jaque. Los ejemplos no se agotan en los previamente desarrollados, pero nos parecieron que se trataba de los más paradigmáticos, sin desconocer que hay otros. Al respecto, es oportuno señalar que es responsabilidad del continente todo llamar la atención sobre la situación y denunciarla. El respeto por los derechos humanos sólo puede ejercerse en un Estado de Derecho, donde la democracia sea el bastión más fuerte. A no dudarlo. En este aspecto, el principio democrático de la OEA es una piedra de toque ineludible. Solo en la base de la democracia se pueden ejercer los Derechos Humanos. Ello es tan obvio como que uno de los derechos humanos políticos fundamentales es el de “Elegir y Ser Elegido”.
Hace 40 años Argentina levantó dos banderas: “Democracia para siempre” y “Nunca Más”. En 20 días se vuelve a las urnas con las mismas dos banderas, para persistir en la construcción del Estado de Derecho, en el cual los Derechos Humanos son fundamentales, y el para cuya realización existe tan sólo una senda a ser transitada: la de la democracia.
Noeli Scarpelli
Secretaria del Departamento de Derechos Humanos
IRI-UNLP
