El 30 de noviembre pasado, el Tribunal Supremo de Rusia aprobó una solicitud del Ministerio de Justicia que declara “extremista” a toda organización LGTTTBIQNB+ en el territorio nacional. Pese a que dicha decisión es ciertamente arbitraria, ilegítima, inconstitucional y expresamente violenta, no resulta sorprendente, dado que provinene de un gobierno que hace décadas desoye las recomendaciones y advertencias de Naciones Unidas, Amnistía Internacional, la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, entre otros, en materia de derechos humanos de la comunidad LGTTTBIQNB+.
Esta decisión, sin duda alarmante, consolida y recrudece los antecedentes legislativos anti-LGBT existentes en Rusia. En el 2013, entró en vigencia la ley N° 121 que tipifica como delito cualquier información relacionada con LGTB que se difundiera hacia las infancias, llamada coloquialmente Ley contra la “propaganda gay”, que se amplió en 2022 a toda la comunidad, incorporando -entre otros retrocesos- la censura cultural a todos los productos nacionales y extranjeros que exhiban imágenes, narrativas o expresiones culturales que de algún modo hagan referencia a lesbianas, gays, trans, no binaries, intersex o queers.
Otro antecedente significativo que se relaciona con la ley mencionada, aprobada en 2012 y enmendada en 2020, es la obligatoriedad que se les impuso a las organizaciones que reciben financiación extranjera, y a las personas que las integran, a registrarse como «agentes extranjeros» y a presentar al gobierno informes detallados de sus actividades, como mecanismo para impedir las organizaciones que trabajan con la diversidad sexual y de género. Dichas organizaciones dependen, casi en su totalidad, de este tipo de financiamiento, permitiendo la creación de infames listas de activistas y organizaciones declaradas “indeseables”. A esto se le suma la “Ley anti-trans”, aprobada por unanimidad en julio de 2023 por la Duma (Cámara baja del Parlamento ruso), que prohibe el cambio de sexo, la intervencion quirúrgica o medicamentosa, y la modificación registral de identidad so pretexto de resguardar al país de la “degeneración”.
Cabe recordar que Rusia no cuenta con una tipificacion en su código penal que exprese un agravante a los crímenes motivados por la orientación, expresión o identidad de género ni los considera delitos de odio, como así tampoco el marco jurídico vigente ofrece protección contra la discriminación en los ámbitos educativos, de salud y empleo, basada en el prejuicio por la orientación o expresión sexo-genérica. Por tanto, quedan excluidas las personas LGTTTBIQNB+ de poder contraer matrimonio y adoptar hijes.
Este panorama evidencia la desprotección en la que viven las diversidades sexo-genéricas y la falta absoluta de garantía de los derechos humanos fundamentales para tener una vida digna y libre de violencias. Frente a esto, es innegable el carácter ultraconservador y deliberadamente antidemocrático de la agenda política rusa para acorralar y expulsar a la comunidad LGTTTBIQNB+, promoviendo su aniquilación de manera legislativa bajo el argumento de defender los valores morales de la “familia tradicional rusa”, frente al vago y conveniente supuesto de que toda expresión LGBT responde a una ideología occidental liberal.
En suma, se consolida la trama de una serie de leyes cobardes contra lesbianas, gays, trans, travestis, no binaries, queers e intersex en el país, que ponen el odio en el centro de la escena geopolítica rusa y que responde a un plan sistemático de exterminar decididamente a un grupo social. Desde el Centro de Estudios en Género(s) y Relaciones Internacionales (CeGRI), condenamos y denunciamos este tipo de prácticas y políticas que atentan contra los derechos humanos de un colectivo históricamente violentado.
Natalia Peña Boero
Integrante
Centro de Estudios en Género(s) y Relaciones Internacionales (CeGRI)
IRI-UNLP
