* Las complejidades de una Paz Total y las facilidades de una Paz Armada en Colombia
César Niño[1]
El presidente actual de Colombia, Gustavo Petro, propuso durante su campaña electoral en 2022 el proyecto denominado «Paz Total», cuyo objetivo principal es negociar la desmovilización de los grupos y estructuras que perpetran actos de violencia en el país. La idea central de este proyecto es lograr la pacificación de los territorios colombianos. Sin embargo, su implementación presenta interrogantes, obstáculos metodológicos y problemas de diseño que generan incertidumbres potencialmente peligrosas tanto para la población colombiana como para la seguridad territorial del país. Es importante destacar que, mientras el tiempo puede ser un factor ventajoso para las estructuras armadas, no lo es para el gobierno liderado por Petro.
¿De qué se trata?
La Paz Total es un objetivo político propuesto por el gobierno de Gustavo Petro, que busca establecer un diálogo entre el Estado y distintos grupos armados con el fin de construir «paces territoriales» que contribuyan a la desescalada de la violencia en Colombia. Este enfoque promete un mecanismo articulado en el cual la seguridad nacional se relacione de manera especial con el diálogo y la negociación con actores armados no estatales. En total 22 organizaciones criminales han manifestado su intención de hacer parte de la Paz Total.
El centro de gravedad de la Paz Total se encuentra en la implementación del Acuerdo de Paz firmado con las antiguas FARC-EP en 2016, así como en las negociaciones y diálogos con otros grupos armados desde la perspectiva de la seguridad humana. El objetivo concreto de este enfoque es poner fin a la violencia y desactivar cualquier estructura que pueda someter a la población civil.
La urgencia de la Paz Total radica en que su éxito depende de la reducción de la violencia y la desarticulación de actores criminales en un plazo de solo cuatro años de gobierno, pero estas estructuras armadas consideran el tiempo como un factor estratégico que les otorga ventajas territoriales. No obstante, a pesar de que el proyecto es ambicioso y genera grandes expectativas a nivel nacional e internacional en cuanto a la pacificación de Colombia, la Paz Total enfrenta vacíos y problemas estructurales que requieren una atención urgente.
Luces y sombras en la Paz Total
Tras la firma del Acuerdo de Paz con las FARC-EP en Colombia, se ha observado una transformación en el panorama de seguridad y violencia en el país. Aunque las FARC-EP se desarmaron en su mayoría y abandonaron la violencia como mecanismo de interacción con el Estado, este proceso ha generado un vacío que ha sido ocupado por otros grupos armados y desertores del proceso de paz, lo cual representa un riesgo significativo. El conflicto armado con las FARC-EP finalizó en 2016, pero el ELN persiste como una guerrilla activa con presencia tanto en Colombia como en Venezuela. Además, coexisten en el país tanto grupos armados antiguos como nuevos, con diferentes naturalezas, que han desplazado la violencia política para instaurar una forma de violencia criminal.
El país que recibió Gustavo Petro en agosto de 2022 presentaba una preocupante expansión de las estructuras armadas y la conquista de territorios estratégicos en Colombia, así como un aumento de la violencia criminal. Entre 2017 y 2022, el número de individuos armados en Colombia aumentó de 9,000 a 15,000, respectivamente. Esta dinámica de inseguridad y violencia se caracteriza por un menor enfrentamiento entre los grupos armados y las fuerzas militares y policiales, pero un aumento de las disputas internas entre los propios grupos armados por el control territorial, lo que ha generado nuevas formas de violencia. Este escenario justifica la necesidad de un proyecto ambicioso como la Paz Total.
Uno de los primeros logros del proyecto de la Paz Total fue la reanudación de la mesa de negociación entre el gobierno y el ELN en Venezuela el 21 de noviembre de 2022, la cual continuó posteriormente en México. Este proceso contó con el acompañamiento de países garantes como Venezuela, Cuba y Noruega, así como de la Misión de Verificación de la ONU. Sin embargo, se advirtió que las conversaciones se llevarían a cabo en medio del conflicto, lo que implicaba enfrentamientos armados entre el ejército y los guerrilleros, poniendo a civiles en peligro en medio del fuego cruzado, así como la perpetración de atentados terroristas contra infraestructuras críticas con consecuencias medioambientales, violaciones al derecho internacional humanitario, emboscadas a patrullas de policía y militares, entre otros desafíos.
El 31 de diciembre de 2022, el gobierno colombiano emitió el Decreto 2657, el cual anunciaba el cese al fuego contra el ELN y el Clan del Golfo, sugiriendo que la guerrilla había acordado lo mismo y que el grupo narcotraficante había llegado a un acuerdo de tregua con el Estado. No obstante, los comandantes guerrilleros desmintieron la versión oficial, lo que llevó al gobierno a suspender el decreto el 4 de enero de 2023 y reanudar las operaciones militares contra el ELN. Esta situación generó una crisis de confianza entre la opinión pública y la administración de Petro, lo que resultó en fuertes críticas a la Paz Total.
De hecho, el gobierno tenía preparados varios decretos presidenciales para suspender las operaciones militares contra grupos como las disidencias de las FARC y otras bandas criminales. Las críticas se basan en el argumento de que el Estado no puede suspender su deber constitucional de combatir las estructuras narcotraficantes y criminales, ni anular el imperio de la ley en aras de la tesis del sometimiento a la justicia. Se sostiene que el Estado puede estar mostrando debilidades estratégicas al intentar negociar con todas las estructuras criminales al mismo tiempo, lo que debilita el Estado de Derecho y socava tanto la comprensión de la complejidad territorial como la integridad institucional en el monopolio de la violencia.
En marzo de 2023, el gobierno de Petro suspendió el cese al fuego con el Clan del Golfo, que estaba vigente desde diciembre de 2022, y reactivó las operaciones militares en contra de esta estructura criminal. Esta decisión se tomó debido a que el Clan del Golfo había intimidado a la población civil al infiltrarse en una protesta minera y había perpetrado un atentado contra la alcaldía de Caucasia, en el departamento de Antioquia.
No obstante, el Clan del Golfo ha sostenido que no ha violado la tregua y que no ha cometido recientemente ningún acto violento, que tienen la voluntad de buscar la paz. Además, han afirmado que están seguros de que es el ELN quien ha cometido esos crímenes. Cabe destacar que el Clan del Golfo exigía una mesa de negociación y un estatus político similar al del ELN, pero el gobierno les ofrecía someterse a la justicia con beneficios penales. Sin embargo, esta propuesta parece haber desaparecido de la agenda oficial del gobierno, al menos hasta el momento.
Consecuencias de un posible fracaso del proyecto: Un horizonte de paz armada
Una preocupación inicial radica en comprender cómo el gobierno y los grupos ilegales definen y entienden el concepto de paz, porque es más factible encontrar un consenso dentro del gobierno que entre todos los actores criminales. Otra inquietud es si la paz es exclusivamente una cuestión política o si los grupos criminales también pueden estar involucrados en la búsqueda de la paz. Al parecer, la crisis de la Paz Total en Colombia se deriva de las lógicas de los actores criminales y no de la voluntad del gobierno. Sin embargo, la seguridad territorial en Colombia debe ser abordada desde múltiples perspectivas, partiendo de la desconfianza natural hacia los grupos ilegales.
Una constelación de grupos armados ha convertido a los territorios en espacios donde ejercen gobernanzas criminales, compartiendo el control con el Estado. Esto implica mecanismos de control tanto geográficos como de construcción de reglas de juego, en los que la ciudadanía queda atrapada entre actores regulares e irregulares. Entre enero y marzo de 2023, a medio año del gobierno de Petro, se han registrado 27 masacres con 88 víctimas mortales en Colombia, una cifra que se mantiene constante en comparación con el mismo periodo del año 2022.
En este contexto, lo peor que podría ocurrirle a la Paz Total es que no funcione. En caso de que eso suceda, la naturaleza de la inseguridad y violencia en el país podría llevar al gobierno de Petro a adoptar conductas y decisiones similares a los gobiernos anteriores. Un eventual fracaso del proyecto podría resultar en una paz armada, caracterizada por la convergencia de varios grupos armados operando en el país, con un Estado debilitado y superado por el crimen, y donde la agenda de seguridad sería dictada por los grupos ilegales.
En caso de que el proyecto falle, la paz armada podría mostrar inicialmente reducciones significativas en los niveles de violencia, pero a largo plazo, la fragmentación del territorio controlado por los criminales podría aumentar la violencia a niveles sin precedentes. Además, el fracaso de la Paz Total podría llevar a un reciclaje criminal y resultar en una alta tasa de asesinatos de aquellos individuos que se desmovilicen.
Propuesta de soluciones
El gobierno colombiano aún no ha definido su política de seguridad y defensa, ni ha impulsado iniciativas en el Congreso para la creación de una ley de seguridad, una tarea pendiente desde hace varias décadas. Es urgente que el gobierno prepare una definición clara de los conceptos de seguridad y paz en Colombia, porque sin una comprensión clara de estos términos, su política podría carecer de dirección y provocar un desgaste profundo y peligroso en las instituciones estatales. El presidente Petro, al menos en este momento, no puede insistir en que el ejército colombiano es un «ejército de paz».
Es importante mantener la iniciativa militar en los territorios. El Estado debe combinar la idea de mostrar incentivos para el diálogo con la ofensiva militar y de inteligencia. Es decir, que se empuje a que las organizaciones criminales transiten hacia la desmovilización o de lo contrario el Estado se encargaría de su neutralización. Para eso, el gobierno debe crear estrategias de seguridad subregionales que permitan la recuperación de la geografía y la legitimidad ciudadana por parte del Estado.
Aunque ha habido dificultades en la construcción de una agenda con los grupos armados irregulares, aún persisten las negociaciones simultáneas con algunos de ellos. A pesar de las tensiones políticas y los enfrentamientos militares, se mantiene el diálogo con el ELN en México, así como la voluntad de hacerlo con la Segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central (disidencias de las FARC). El gobierno de Gustavo Petro debe desarrollar con rigor una hoja de ruta para desarmar al ELN, definir los incentivos para que decidan dejar las armas y los mercados ilegales anticipándose a la posible aparición de disidentes de esa guerrilla en caso de lograrse un acuerdo final, tal como sucedió con las FARC-EP. De no hacerlo, el ELN dialogará, pero no negociará su final.
Por esta razón, el Estado debe diseñar mecanismos de política pública para eliminar las gobernanzas criminales en los territorios, así como formular proyectos de paz territorial basados en las particularidades de cada región. Para ello, es necesario fortalecer la inteligencia estratégica del Estado con el fin de comprender las formas de desarticular la relación entre civiles y el crimen organizado. El gobierno de Gustavo Petro debe trabajar con rigor en la definición de estrategias y políticas efectivas para lograr la paz y la seguridad en Colombia.
[1] Es profesor asociado e investigador en Relaciones Internacionales en la Universidad de la Salle (Colombia). Sus áreas de investigación incluyen seguridad internacional, conflicto, terrorismo, violencia, paz y crimen organizado. Es doctor en Derecho Internacional por la Universidad Alfonso X el Sabio (España), y actualmente es estudiante de doctorado en Estudios Internacionales de Paz, Conflictos y Desarrollo en la Universitat Jaume I (España).
