Venezuela, Maduro y los Derechos Humanos: la “narrativa construida”, una Historia Sin Fin

En mayo del año pasado Luiz Inácio Lula da Silva manifestó en reunión con Nicolás Maduro que la imagen que tenía el mundo de Venezuela era una “narrativa construida”[1]. La narrativa golpeó en la cara nuevamente a la comunidad internacional: la detención de Rocío del Carmen San Miguel Sosa, abogada y activista por los derechos humanos, el pasado viernes 9 de febrero a mano de las fuerzas de seguridad venezolanas, sin anunciar su paradero durante varios días, calificó como “desaparición forzada” para diferentes organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos[2], la propia Organización de Naciones Unidas desde la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos[3], entre otras. La manifestación de la ACNUDH derivó en la expulsión de la oficina instalada en la nación bolivariana.

Se la detuvo a ella y su grupo familiar y afectivo: su hija, dos hermanos, su padre y su ex esposo. De ninguno se supo el paradero ni los cargos que enfrentaban. Al día de hoy, Rocío San Miguel y Alejandro González (su ex pareja) continúan detenidos, mientras el resto de su familia fue liberada al día siguiente. Ella enfrenta cargos de traición a la Patria, conspiración y terrorismo; él, ex militar, por revelación de secretos políticos y militares en relación a la seguridad de la Nación. Actualmente se encuentra recluida en la sede SEBIN-Helicoide en Caracas, el centro carcelario destinado a presos políticos.

La principal acusación que recae sobre la activista es de formar parte de la organización “Brazalete Blanco”, un grupo cuyo objetivo sería el de asesinar a Nicolás Maduro. Según la Fiscalía, iban a atacar un base militar en Táchira a fin de armarse y así abrirse camino para asesinar al presidente de la nación bolivariana. Los abogados de la defensa han negado tales acusaciones, y ahora se enfrentará a un juicio. La pregunta es: ¿qué tan acorde a las leyes puede desarrollarse un juicio que inicia con una detención calificada de “desaparición forzada”? La respuesta la tiene la justicia venezolana. Para los presos políticos, no suele ser una respuesta favorable.

La espera de la realización del proceso judicial deberá atravesarla en el complejo carcelario Helicoide en Caracas, un centro no exento de complejidades y denuncias de violaciones a los Derechos Humanos. Situaciones que se han visto reflejadas en el “Informe Bachelet”[4], el informe de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, donde se constataban situaciones de hacinamiento, celdas de 2mts por 2mts, ratas, cucarachas, sin letrinas, vejaciones tanto a las personas allí detenidas como a sus familiares en las visitas, torturas, entre muchas otras atrocidades.

En este contexto de detención y reclusión, vale agregar que la activista dispone de medidas cautelares a su favor otorgadas en enero de 2012 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el hostigamiento y las reiteradas amenazas de muerte recibidas[5]. Esto fue en el marco de la causa presentadas ante la CIDH por despido de su trabajo por discriminación por opinión política, violación de los derechos políticos y restricción de la libertad de expresión. Posteriormente la Corte Interamericana de Derechos Humanos admitió la causa y desarrolló el proceso que culminó en febrero de 2018 con sentencia favorable a la víctima[6]

Ni la detención de Rocío San Miguel, ni el corte de vínculos con la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ni la inhabilitación de la principal opositora para participar de las próximas elecciones han pasado desapercibidas para algunos países de la región: Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay y Uruguay han sacado un comunicado conjunto en el que manifiestan su preocupación por estas cuestiones e insisten al gobierno de Venezuela que se desarrollen unas “elecciones transparentes, libres, democráticas y competitivas sin proscripciones de ningún tipo”[7].

Al parecer, las fuerzas de seguridad venezolanas “pueden detener” a una persona (y a su familia y afectos) y “no brindar información” de su paradero durante varios días, el gobierno “puede expulsar” a la ONU de su territorio e “inhabilitar” a cuanto opositor político decida presentarse a elecciones, pero todavía hay quienes consideran que es solo un relato, una “narrativa construida”, y es una Historia Sin Fin.

Noeli Scarpelli
Secretaria
Departamento de Derechos Humanos