Sobre la política catalana en los últimos nueve años han llovido litros y litros de tinta, plasmada en artículos periodísticos, académicos, libros y capítulos de libros, creando una suerte de eterno día de la marmota, reminiscente del dinosaurio de Monterroso. En este conflicto político, que ha derivado en un terreno jurídico-judicial, se entremezclan historia, mitología, mentiras, verdades, nacionalismo periférico, nacionalismo central y, en medio, la corrupción política y empresarial, el desmantelamiento de servicios públicos y el incremento del malestar de ciudadanos y residentes en Catalunya.

Los nacionalismos se centran en un ser ontológico, en una identidad excluyente, en la negociación y la destrucción del otro, fusionando la nación y la persona en un solo cuerpo, diluyendo de hecho al individuo en el ser del Leviatán. A veces, para aquellos que buscan prevalecer, la espectacularidad es crucial, reduciendo la democracia simplemente al acto de votar, cuando en realidad implica un respeto por el Estado de Derecho y las reglas establecidas por todos. Estas reglas pueden modificarse mediante el procedimiento legalmente establecido, no son inamovibles ni inderogables como las tablas de Moisés.

El 1 de octubre de 2017 se celebró un referéndum sobre la independencia de Catalunya del resto de España, basado en la Ley 19/2017 del Parlament. Sin embargo, este mecanismo jurídico no cumplía con los requisitos legales establecidos en el ordenamiento jurídico español, como lo confirmó el Tribunal Constitucional de España, que declaró la «secesión unilateral del Estado en el que se constituye España» como incompatible con los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Además, la Asociación Española de Profesorado de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales declaró que, dado que Catalunya no tiene un derecho reconocido por el Derecho Internacional para separarse del Estado, el derecho de autodeterminación no puede servir de fundamento jurídico para consultar a los ciudadanos sobre su independencia.

Siete años después de aquel referéndum, el panorama político y jurídico español ha sido variado: indultos, tramitación de una ley de amnistía, solicitudes de euroórdenes contra los fugitivos de la justicia involucrados en el procés y su denegación por parte de tribunales de otros Estados miembros de la UE, prisión para algunos de los participantes en el proceso soberanista, mesa de diálogo político, entre otros acontecimientos. Sin embargo, es destacable el apaciguamiento del conflicto político. Las elecciones catalanas del pasado 12 de mayo dieron la victoria al PSC (42 escaños), seguido de CAT-JUNTS (35 escaños) y ERC (20 escaños). Además, el sentimiento nacionalista-independentista ha disminuido entre la población de Catalunya, con solo el 5% de los catalanes creyendo que la independencia será una realidad, según un análisis del Instituto de Ciencias Políticas y Sociales catalán de enero pasado.

Mientras escribo estas palabras, se están llevando a cabo los primeros contactos para formar gobierno catalán. El partido ganador hablará con todos los grupos parlamentarios, excepto VOX. Ya no se habla del derecho a decidir, un eufemismo del derecho a la autodeterminación de los pueblos cuya base jurídica no es aplicable en el caso catalán, excepto para aquellas mentes que desean tergiversar un derecho tan importante del siglo XX que ha servido para vertebrar el proceso descolonizador, garantizando el acceso a la independencia de los pueblos realmente sometidos a dominación colonial.

España tiene varios problemas por resolver, siendo el más complejo su ordenación territorial. En el conflicto catalán se han ilustrado las complejidades de articular la lucha de los nacionalismos con la unidad de España. El desafío del futuro Govern es equilibrar la cohesión interna y externa de Catalunya en un sistema pluralista que debe unir más que dividir.

Los tiempos globales no son favorables para la democracia y el Estado liberal, con un incremento de los defensores del Estado iliberal y de un neoliberalismo excluyente por naturaleza. Frente a ellos, se necesita la unidad de aquellos que defendemos la democracia y un Estado de Derecho basado en normas y racionalidad, que incluya a todos los seres humanos y los ecosistemas, sin exclusiones. Esto es un imperativo moral y jurídico. Espero y deseo que España, con sus diversas sensibilidades vivas en su territorio, defienda este modelo político-jurídico. De lo contrario, si se instalan sistemas iliberales, tengan en cuenta que su fundamentación se basa en el antiguo criterio del más fuerte, en la ley del más valiente, según la antigua noción misma de legitimidad.

D. Carlos Gil Gandía

Integrante del Departamento de Europa
IRI-UNLP