Se hace necesario recordar algunos compromisos vinculados con los Derechos Humanos previstos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre a tener en cuenta sobre lo que está sucediendo en Venezuela:

Declaración Universal de los Derechos Humanos:

Artículo 21

1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos.

2. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre:

Artículo XX.

Toda persona, legalmente capacitada, tiene el derecho de tomar parte en el gobierno de su país, directamente o por medio de sus representantes, y de participar en las elecciones populares, que serán de voto secreto, genuinas, periódicas y libres.

“Todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí” (Declaración y Programa de Acción de Viena, ONU, 1993). Para mayor abundamiento, podemos señalar, que algunos de ellos (núcleo duro de los Derechos Humanos) son imperativos, y entre ellos se enumeran el derecho a elegir y ser elegido. Se trata de derechos políticos que generan, para los Estados, obligaciones de resultado. Y, por si hubiera alguna duda respecto a la directa exigibilidad del mismo a Venezuela, se han tornado en jurídicamente vinculantes para la Sociedad Internacional y para los países del Continente Americano, respectivamente, por el Derecho Internacional Consuetudinario.

Que no haya dudas al respecto: Venezuela debe garantizarle el derecho a elegir y a ser elegido a todos los ciudadanos venezolanos, sea que se encuentren en Venezuela o en el exterior.

Mientras tanto, la OEA, incumple con uno de sus objetivos centrales. En su Carta, el artículo 2, en su apartado b), obliga a la Organización y a sus miembros “… Promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al principio de no intervención…” Sin embargo, naufragó un proyecto de resolución por el cual el Consejo Permanente demandaba:

1. Reconocer la participación sustancial y pacífica del electorado de Venezuela en las elecciones celebradas el 28 de julio de 2024.

2. Instar al Consejo Nacional Electoral a que: a) publique inmediatamente los resultados de la votación de las elecciones presidenciales a nivel de cada mesa electoral… y b) (que) se lleve a cabo una verificación integral de los resultados en presencia de organizaciones de observación independientes para garantizar la transparencia, credibilidad y legitimidad de los resultados electorales.

3. … salvaguardar los derechos humanos fundamentales en Venezuela…

5. Expresar solidaridad con el pueblo venezolano y compromiso a permanecer atento a la situación… solicitando al Gobierno que garantice la seguridad de las instalaciones diplomáticas y del personal residente en territorio venezolano, incluidas las personas que soliciten asilo en dichas instalaciones, de conformidad con el derecho internacional”.

Evidentemente, el tono del proyecto de resolución fue “excesivamente reaccionario” para los “gobiernos progresistas” de Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Granada, Honduras, Saint Kitts and Nevis, Santa Lucía, Antigua y Barbuda y Bahamas (que se abstuvieron) y para los de Dominica, México y Trinidad y Tobago, que ni siquiera se hicieron presentes.

Las palabras huelgan, y el futuro del pueblo hermano de Venezuela muestra un enorme signo de interrogación. La tierra de Simón Bolívar, que a tantos argentinos recibió durante la Última Dictadura, poco se parece a lo que supo ser. Nuestro país ha vivido, se ha desgarrado y ha sangrado por la privación del derecho a su pueblo de decidir su futuro, libre de ataduras, y por ello sería deseable una posición unívoca por parte de la clase política argentina al demandar que se respete a rajatablas la voluntad popular del pueblo venezolano, sea quien fuere el que resultara electo.

Retomando el inicio de nuestras reflexiones, hacemos mención por lo expresado por la Oficina de la Secretaría General de la OEA: “… la falta de memoria acumulativa de actores de la comunidad internacional lo cual lleva sistemáticamente repetir errores…”[1]. En el mismo Documento, se hace referencia a compromisos incumplidos por Caracas adoptados con la UNASUR, tendientes a auditar los procesos electorales.

Permanecer en silencio cuando lo que sucede alrededor nos interpela a alzar la voz es de las peores complicidades posibles.

Norberto Consani
Director
IRI – UNLP

Juan Alberto Rial
Secretario
IRI – UNLP

Referencias

[1] Ver OEA :: Comunicado de la Oficina del Secretario General sobre el Proceso Electoral en Venezuela e Informe de la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia/Departamento de Cooperación y Observación Electoral (oas.org)