Nicolás Santiago Cordini^[1]

Introducción

La reforma del sistema de prevención en lavado de activos y financiación del terrorismo en Argentina, Ley 27.739, representa un cambio sustancial tras trece años sin modificaciones significativas. Su propósito es alinearse con estándares internacionales y abordar los riesgos identificados en evaluaciones nacionales y actualizaciones. La ley busca no sólo fortalecer las herramientas de combate contra el crimen organizado, sino también promover el cumplimiento de obligaciones, adaptarse a la evolución tecnológica y mejorar la efectividad del sistema preventivo y represivo en estos ámbitos críticos.

Desarrollo

Los cinco grandes ejes de la reforma abarcan modificaciones al Código Penal, reformas a la Ley 25.246, la creación de un Registro Centralizado de Beneficiarios Finales, el establecimiento de control parlamentario y la creación de un Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV). Estos cambios son cruciales para cumplir con los requisitos técnicos en la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua del GAFI/GAFILAT, que se encuentra en curso.

A pesar de los esfuerzos por modernizar el marco legal y fortalecer los mecanismos de prevención, la reforma ha sido objeto de críticas. Algunos observadores han expresado preocupaciones sobre ciertos aspectos de la modificación del Código Penal, argumentando que el aumento del umbral de punibilidad podría potencialmente conducir a la impunidad en casos de lavado de activos. Además, la definición amplia de terrorismo y el monitoreo intensivo de organizaciones sin fines de lucro han generado inquietudes sobre posibles violaciones al Estado de Derecho.

Otra cuestión que ha suscitado preocupación es la inserción de la Unidad de Información Financiera en un rol de cuasi-inteligencia sin un respaldo legal explícito en el sistema nacional de inteligencia. Esta situación plantea interrogantes sobre la posible interferencia indebida de los servicios de inteligencia en funciones que no les corresponden, lo que podría afectar la separación de poderes y el equilibrio institucional.

Por su parte, el Decreto 254/2024, que promulga parcialmente la Ley N° 27.739, fue emitido y publicado en el Boletín Oficial el 15 de marzo. En esta regulación, se elimina toda mención a la UIF como entidad dependiente del Ministerio de Economía, dado que, conforme a la Ley de Ministerios, la UIF ha retornado a la jurisdicción del Ministerio de Justicia.

Conclusiones

A modo de conclusión, mientras que la reforma busca modernizar y fortalecer el sistema de prevención en lavado de activos y financiación del terrorismo, las críticas resaltan la necesidad de equilibrar las medidas de seguridad con el respeto al Estado de Derecho y los derechos individuales. La eficacia y la legitimidad del sistema dependerán en gran medida de cómo se aborden y resuelvan estas preocupaciones en la implementación y aplicación práctica de la ley.

[1] CV