Derechos Humanos: bienvenidos al Infierno de Dante (parte I): Venezuela, Nicaragua y El Salvador

Las grandes calamidades son siempre aleccionadoras… únicamente la democracia es capaz de preservar a un pueblo de semejante horror, que solo ella puede mantener y salvar los sagrados y esenciales derechos de la criatura humana”. Prólogo del Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP)

Dante Alighieri escribió en su obra maestra, “La Divina Comedia”, a las puertas de ingreso al infierno “Abandonad toda esperanza, los que entráis”, una frase que bien podría leerse en la puerta de ingreso al Helicoide en Venezuela, al Centro de Confinamiento del Terrorismo en El Salvador, a las cárceles en Nicaragua y de varios otros Estados.

Fraude electoral. Cárcel a opositores. Cárcel a ciudadanos comunes de a pie con el único crimen de haber sido presidentes de mesa. Cárcel a más del 1% de la población de un país. Detenciones arbitrarias. Redadas, de noche y a plena luz del día. ¿Debido proceso? Sigan caminando, esa calle no se conoce. ¿Consecuencias? La presión que pueda ejercer la comunidad internacional, pero hay ejemplos actuales que dan fe que no alcanza (menos aún si se es miembro permanente del Consejo de Seguridad o amigo de alguno de ellos: doble rasero).

En esta primera parte se detalla la situación en algunos países de la región latinoamericana. En la segunda, se cruzará el océano Pacífico para llegar al “amigo” Bangladesh.

Otra vez Venezuela

No es necesario reiterar lo documentado por la misión de expertos en derechos humanos de la ONU, ni lo registrado por las diversas ONGs en años anteriores o el conocido “Informe Bachelet”. Tampoco rememorar las trabas al momento de la inscripción de quienes serían candidatos en las elecciones desarrolladas a finales de julio[1]. De todo eso ya hemos hablado, y mucho. Pero el gobierno de Nicolás Maduro se esfuerza día a día por ser noticia.

Olvidado el principio democrático (importante recordar: no aplica el principio de no injerencia), el fraude electoral fue el protagonista el domingo 28 de julio[2]. Pero no tardó en pasar su rol protagónico a las detenciones arbitrarias a la oposición, a plena luz del día, con los videos virales en redes sociales de las camionetas blancas y los miembros de las Fuerzas Armadas llevándose a los objetivos: opositores políticos y presidentes de mesa, en su mayoría.

Nicolás Maduro ha bloqueado la red social X como un nuevo enfrentamiento con Elon Musk, dueño de X (luego del ida y vuelta muy protocolar en esa red social invitándose a pelear: si ganaba Musk, Maduro dejaba el poder; si ganaba Maduro, Musk le regalaba un viaje a Marte). El gobierno de Maduro entendió que dicha red influenciaba el odio, la violencia, la muerte; y tuvo la intención de que TikTok corriera la misma suerte luego de que dicha app diera de baja su cuenta por los ataques verbales que se veían en sus videos.

Hoy en día el flujo informativo, el acceso a la información, hace su base en redes sociales como X e Instagram, y en aplicaciones como TikTok, Whatsapp y Telegram. Una profundización en este tipo de medidas puede derivar en una censura, una nueva violación a los DDHH que se sumaría a la larga lista que arrastra hace años el gobierno venezolano. Bien podría usarse alguno de estos medios para que el Consejo Nacional Electoral difunda las actas electorales de cada mesa que dan por ganador a Nicolás Maduro, actas que hoy, a casi un mes de las elecciones, aún siguen reclamándose para dar luz a los reales resultados del 28 de julio.

Mientras tanto, las embajadas de los países opositores se han visto obligadas a abandonar el país (entre ellas la de Argentina), lo que no hace más que ahondar el conflicto con sus países vecinos y de otras partes del mundo.

Nicaragua y El Salvador

El miércoles 14 de agosto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un comunicado[3] manifestando “su preocupación por la persistente represión en Nicaragua, caracterizada por la persecución religiosa, la continuación de detenciones arbitrarias y las graves condiciones en la que permanecen quienes están en prisión. La CIDH insta a cesar la represión y a la liberación inmediata de las personas detenidas en este contexto”.

Esta situación de detenciones arbitrarias a miembros de la Iglesia se acentuó en los primeros días de agosto, contabilizando 12 sacerdotes y dos personas ligadas a la Iglesia. El destino de quienes sufren esta detención es incierto: algunos son expulsados al Vaticano, otros a Estados Unidos (recordar la privación de la nacionalidad[4] que tiene como práctica el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo); algunos se encuentran en condiciones de detención insalubres; de otros no se conoce su paradero.

También, la CIDH constató en 2023 que “la persecución religiosa se intensificó con la detención arbitraria y expulsión de personas religiosas sin garantías al debido proceso; la prohibición de actos religiosos y la celebración de misas; así como por el cierre forzado de radioemisoras, centros de estudio y universidades vinculadas a congregaciones católicas”.

La libertad de conciencia y religión es un derecho reconocido en el artículo 12 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El mismo “implica… la libertad de profesar y divulgar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado”. El gobierno de Ortega-Murillo olvidó el Pacto de San José de Costa Rica y continúa con su persecución a la Iglesia, deteniendo a sus representantes y expropiando todos sus bienes.

¿Las condiciones de detención? “Denuncias de malos tratos, falta de acceso a agua potable, alimentación inadecuada y ausencia de atención médica” continúa el comunicado de la CIDH.

Vale recordar que, si bien Nicaragua denunció la Carta de la OEA, no lo hizo respecto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual es un Estado Parte. Uno que la viola constantemente.

Por su parte, El Salvador, en su “guerra contra las pandillas” tiene detenidas actualmente alrededor de 76 mil personas (la población carcelaria representa el 1% de la población del país). De ese número, 2900 son menores de edad[5].

Denuncias de malos tratos, vejaciones, torturas, también incluyen a esos menores de edad, que son detenidos por pertenecer a un entorno de pobreza en el que se mueven las pandillas. Las condiciones insalubres de detención están a la orden del día: falta de alimentos, de atención sanitaria y casi nulo contacto con las familias.

La Convención sobre los Derechos del Niño es el instrumento internacional con más ratificaciones (195 –la ONU cuenta con 193 miembros-). El Salvador es uno de los ratificantes.

El séptimo círculo del infierno

Habría que hacer un análisis más profundo para entender si se está presenciando en la región latinoamericana un revival a los ’90, con algunas pinceladas de los ’70, con toda la gravedad que ello implicaría.

Sin olvidar todas las violaciones a los Derechos Humanos que están produciéndose en los grandes conflictos de Rusia-Ucrania e Israel-Palestina (y los demás conflictos alrededor del globo), más todas las vulneraciones que se han enumerado en los párrafos anteriores, solo queda volver a citar a Dante, quien reservaba el séptimo círculo del infierno para los tiranos violentos, homicidas y criminales, que se hundían en un río de sangre hirviendo. Los sujetos del Derecho Internacional deberán tener más implicancia ante todos estos atropellos a los Derechos Humanos y actuar contra esos “tiranos” utilizando eficientemente todos los instrumentos internacionales de que se disponen para ser esa “sangre hirviente” que ponga fin a las violaciones masivas y sistemáticas a los DDHH.

Noeli Scarpelli
Coordinadora
Departamento de Derechos Humanos
IRI-UNLP