Departamento de Atlántico Sur

Presentación

     En el lapso transcurrido entre la presentación de nuestro Departamento correspondiente al Anuario en Relaciones Internacionales 2023 y esta nueva edición^[1] ha finalizado la administración del presidente Alberto Ángel Fernández y comenzado, a partir del 10 de diciembre de 2023, la del nuevo presidente Javier Gerardo Milei. Ambas administraciones han diagramado una estrategia totalmente divergente con respecto a la problemática del Atlántico Sur, por lo que primero vamos a hacer un escueto relato, a modo de conclusión, sobre la administración Fernández para luego dedicarnos a analizar la trayectoria de los primeros siete meses de gobierno del presidente Milei.

Durante el período comprendido entre el 10 de diciembre de 2019 y el 10 de diciembre de 2023 la administración Fernández trató de diferenciarse en el tratamiento de la problemática del Atlántico Sur con respecto a la llevada a cabo por el presidente Mauricio Macri durante los años 2015-2019, estos cambios se agudizaron desde lo discursivo durante los años 2022 y 2023, con motivo del 40° aniversario del conflicto argentino-británico de 1982, sin embargo existieron ciertas continuidades que confrontan con esta actitud y esto lo podemos ver en la persistencia en no denunciar el Comunicado Conjunto de los vicecancilleres de la República Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte del 13 de septiembre de 2016, que fuera el epicentro de la política exterior de la administración 2015-2019 con relación al Atlántico Sur y hemos analizado pormenorizadamente en nuestros anuarios anteriores, habiendo el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata publicado un documento crítico sobre este acuerdo internacional el día 19 de septiembre del mismo año -a solo seis días de haberse firmado y cuando todavía nadie del mundo académico o del estamento político había hecho escuchar su voz sobre el mismo- transcribiéndolo nuevamente en los anuarios correspondientes a los años 2017 y 2019. Su denuncia tardía por las autoridades argentinas durante los primeros días del mes de marzo de 2023 y a solo nueve meses de terminar su mandato no invalida las críticas vertidas en nuestros anteriores anuarios.

Recordábamos en su momento que al convenir dicho documento internacional que ambas partes acordaron establecer un diálogo para mejorar la cooperación en todos los asuntos del Atlántico Sur de interés recíproco y que en ese contexto se acordaba adoptar las medidas apropiadas para remover todos los obstáculos que limitaban el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas, incluyendo comercio, pesca, navegación e hidrocarburos, se le estaba otorgando a la potencia ocupante todo lo que ésta necesitaba para hacer sustentable la situación colonial y que en el mismo no se decía ni una sola palabra acerca de reiniciar negociaciones bilaterales para solucionar el tema de la soberanía en el marco de las resoluciones de las Naciones Unidas. Sin embargo, tanto los secretarios de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur Daniel Filmus como Guillermo Carmona consideraban que no era necesaria su denuncia ya que la administración Fernández no estaba cumpliendo con estas cláusulas, lo que significaba un verdadero sinsentido, sobre todo luego de conocerse las memorias del ex vicecanciller británico Alan Duncan, publicadas en Londres, en las cuales se tendía un manto de sospecha sobre la posibilidad que hubiera existido un vicio de la voluntad del negociador argentino al concretarse dicho acuerdo, episodio al que nos hemos referido en nuestro Anuario correspondiente al año 2022.

Tampoco el Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los Espacios Marítimos e Insulares Correspondientes creado por la administración del presidente Alberto Fernández en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional con el objetivo de constituirse en una usina de políticas de Estado para consolidar nuestra presencia en el Atlántico Sur se interesó del tema de la denuncia del denominado Comunicado Foradori-Duncan y durante su vigencia se limitó a producir una serie de manifestaciones públicas reiterando nuestros antecedentes geográficos, históricos, políticos y diplomáticos sobre los espacios insulares y marítimos usurpados por el Reino Unido, o a ser una caja de resonancia de otras iniciativas originadas en el Poder Ejecutivo Nacional pero no surgió del mismo ninguna estrategia que respondiera al objetivo de su creación. Este organismo, a siete meses de la asunción del presidente Javier Milei ha sido totalmente ignorado por la nueva administración nacional y estimamos que va a quedar totalmente desactivado.

Lamentablemente y pese a la alta exposición desde lo discursivo, durante el período 2019-2023 no se promovió la formación de una estrategia alternativa a la que, con variantes, ha desarrollado la política oficial de estos últimos 42, años pese a las diferencias y disrupciones características de cada administración nacional, sin embargo se dio un mayor impulso para mantener los apoyos en las cumbres del Mercosur y otros foros regionales y multilaterales en la búsqueda del cumplimiento de las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas y las declaraciones de la Organización de Estados Americanos sobre la Cuestión de las Islas Malvinas y se continuó insistiendo en la renovación de la misión de buenos oficios que le fuera encomendada oportunamente por la Asamblea al Secretario General de las Naciones Unidas por medio de sucesivas resoluciones desde el año 1982, con el objetivo de lograr la reanudación de las negociaciones bilaterales tendientes a encontrar a la mayor brevedad una solución pacífica de la disputa argentino-británica en las Cuestión de las Islas Malvinas, pese a que salvo el caso excepcional de Javier Pérez Cuellar -quien ocupara este cargo entre 1982 y 1991- los funcionarios que le sucedieron en el mismo se han desinteresado por el cumplimiento de la misma, e incluso en su momento el Secretario General Ban Ki-moon realizó declaraciones que interpretamos contrarias el objetivo de esta misión y favorables al Reino Unido, lo que motivó un comunicado del IRI-UNLP y lo hemos desarrollado en varios de nuestros anuarios de la época.

Recordemos una vez más que una de estas resoluciones de la Asamblea General, la 37/09, aprobada el 4 de noviembre de 1982, ratificó plenamente la vigencia de sus resoluciones 2065, 3160 y 31/49 sobre la Cuestión Malvinas, demostrando que la guerra de 1982 en nada cambió la posición diplomática argentina en la Cuestión Malvinas. Sin embargo el Reino Unido ha venido desconociendo sistemáticamente este mandato de la comunidad internacional y así lo han reiterado todos los primeros ministros, cualquiera sea el partido que acceda al gobierno, pudiendo citar como ejemplo al conservador Rishi Sunak quien declaró el 20 de noviembre de 2023 con respecto a los reclamos de la República Argentina: “ese asunto está cerrado y se resolvió hace mucho tiempo” o al laborista Keir Starmer, quien ya adelantó que seguiría firme en su compromiso con los isleños y que no estaba dispuesto a “reabrir el debate sobre las Falklands”.

Sin embargo, durante la administración Fernández se produjeron algunos episodios alentadores cono las sanciones por la explotación ilegal de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina a las empresas Chrysaor Holdings Limited, Harbour Energy y Navitas Petroleum LP por sus actividades en el proyecto “Sea Lion”.

Chrysaor Holdings Limite se fusionó con Premier Oil PLC -inhabilitada ya en 2013, durante la primera ofensiva administrativa y judicial del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner- dando nacimiento a Harbour Energy Plc. Del mismo modo, Rockhopper Exploration -también inhabilitada en 2013 por idénticos motivos- vendieron, junto a Premier Oil, un tercio de su participación en la cuenca de “Sea Lion” a Navitas Petroleum, con base en Israel.

Hoy Navitas Petroleum -que en 2022 fuera sancionada por actividades ilegales en nuestra plataforma continental- se encuentra lista para comenzar la explotación de este yacimiento del que el Reino Unido proyecta extraer 500 millones de barriles de petróleo, sin que el nuevo gobierno argentino se haya manifestado con respecto al mismo.

Recordemos que pese a las quejas internacionales del Reino Unido el gobierno argentino logró en su momento el propósito de desalentar el interés de grandes petroleras por invertir en la zona hasta tanto no se resolviera el diferendo de soberanía, como fue el caso de British Petroleum o la india ONGC. Este era un hecho auspicioso pues la administración del presidente Mauricio Macri no solo había relajado la aplicación de las normas de la Ley N° 26.659 sino que se había modificado a partir del año 2016 el reclamo en los documentos acordados en los distintos foros internacionales en los que participa la República Argentina, reduciéndolo a una mera declamación retórica de los derechos de soberanía en abstracto y sustituyendo la mención de las actividades de exploración y explotación ilegítimas de los hidrocarburos en la plataforma continental argentina y el derecho que le asiste a nuestro país de accionar judicialmente contra las mismas por un texto naif por el que declaramos que habíamos asumido con el Reino Unido el compromiso de «remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y sustentable de las Islas Malvinas, incluyendo comercio, pesca, navegación e hidrocarburos», lo que denunciamos en todas las ediciones del Anuario en Relaciones Internacionales de la época.

Asimismo, era alentador que la diplomacia argentina hubiera vuelto a promover la formación de grupos internacionales de apoyo en la Cuestión Malvinas, recuperando aquellos que habían sido abandonados por la administración Macri, aunque nunca logramos comprender el motivo de la diferencia semántica de denominarlos ahora “Comisiones para el Diálogo por Malvinas”, ya que como observamos en anteriores ediciones de este Anuario la misma denominación marcaba el grado de compromiso con los intereses de la República Argentina: denominándose originalmente “grupos de apoyo” los que se habían formado en los países sudamericanos y otros países que apoyaban la posición argentina, y “grupos pro diálogo” los grupos europeos o de otros países que apoyaron al Reino Unido durante la Guerra de Malvinas, o que su solo compromiso era el de desactivar un conflicto internacional, sin interesarles su resultado. Hacemos esta observación pues daba la impresión que con esta modificación semántica la administración Fernández le estaba bajado un escalón al reclamo internacional, desde lo simbólico, en relación a lo ocurrido durante el período 2003-2015. En su momento apoyamos esta estrategia diplomática, tanto por medio de conferencias y publicaciones, y desde las páginas de este Anuario hemos celebrado la reapertura de los grupos de Etiopía y Bulgaria y la creación de los de Japón, Siria y la India ya que esta estrategia de poder blando molestaba al Reino Unido quien se manifestó reiteradas veces contra este embrionario lobby internacional de la República Argentina a través de los voceros de la administración colonial de las Islas Malvinas.

Incluso el propio gobierno británico salió destempladamente a criticar a Beijing al haber tomado conocimiento que en la Declaración Conjunta entre la República Argentina y la República Popular China sobre Profundización de la Asociación Estratégica Integral Argentina-China del 6 de febrero de 2022 este país reiteró su apoyo a los reclamos de ejercicio pleno de la soberanía de la Argentina en la Cuestión de las Islas Malvinas, destacando asimismo los jefes de Estado los trabajos llevados a cabo por ambas partes con el objeto de constituir una Subcomisión de Asuntos Oceánicos, Antárticos y de Conservación, en el marco de la Comisión Binacional Permanente entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República Popular China a efectos de intensificar la cooperación que ambos países tienen respecto de los mares, la conservación de sus recursos y los espacios antárticos. Todos temas sensibles en los que existe una confrontación de intereses entre el Reino Unido y la República Argentina.

Hay que destacar que en todas sus manifestaciones de adhesión la República Popular China no solo ha instado al diálogo entre las partes en conflicto sino que manifestó con claridad que las Islas Malvinas son argentinas y que es nuestro país quien debe recuperar el ejercicio pleno de su soberanía sobre los territorios y áreas geográficas usurpadas, que se trata de un territorio a descolonizar y que el Reino Unido debe abandonarlo y desmilitarizarlo.

Esta postura de descolonización se diferencia de la de otros países -por ejemplo los europeos- que solo postulan el diálogo por Malvinas, sin reconocer que la soberanía es argentina y el usurpador es el Reino Unido, una gran diferencia a la debemos prestar mucha atención.

Lamentablemente la nueva administración del presidente Javier Milei no lo ha comprendido y en siete meses ha creado una serie de conflictos con las autoridades de la República Popular China que no tienen antecedentes en los 52 años de relaciones diplomáticas entre ambos países, lo que podría dinamitar este sólido apoyo.

Sin embargo, la inteligencia británica ya advertía en septiembre de 2023 que una hipotética alianza chino-argentina sobre la Cuestión de las Islas Malvinas podía poner en crisis la situación diplomática del Reino Unido en el Atlántico Sur ante la capacidad de la República Popular China, a través de sus redes de influencia de la Franja y la Ruta (BRI), la Organización de Cooperación de Shanghai y posiblemente el grupo BRICS, para ganar más apoyo en los países en desarrollo con el fin de considerar la autodeterminación desde una perspectiva anticolonial y aplicar este enfoque a las Malvinas. Lo que confirmó el ex primer ministro Boris Johnson al mes siguiente en sus declaraciones contrarias a ceder el archipiélago de Chagos a Mauricio, la influencia de la República Popular China y el peligroso antecedente para otros “territorios británicos de ultramar, como las Islas Malvinas”.

Posiblemente la administración Fernández creara ese espejismo en la inteligencia británica, pero esto demuestra que era una preocupación real para las autoridades de Londres.

Como lo expresáramos en anuarios anteriores, íbamos comprobando la importancia de la difusión de los derechos argentinos por medio de conferencias, la formación de grupos de apoyo locales y todo tipo de iniciativas que tuvieran por objetivo visibilizar nuestro reclamo por intermedio de las embajadas argentinas en el mundo, muy especialmente en América del Norte y Europa, sitios que han sido autistas con respecto a nuestros reclamos y que hace 42 años apoyaron al Reino Unido durante la Guerra de Malvinas. Recordemos que en su momento Canadá cortó los lazos comerciales y financieros con la Argentina, los Estados Unidos de América adoptaron primero una actitud de falsa neutralidad, participando luego activamente a favor del Reino Unido, tanto diplomáticamente como con la entrega de armas y apoyo logístico, violando flagrantemente las estipulaciones del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, y la Comunidad Económica Europea estableció el 10 de abril de 1982 un embargo completo sobre las exportaciones de armas y equipos militares destinados a la República Argentina y medidas para prohibir todo tipo de importación de productos originarios de nuestro país a los estados integrantes de la misma.

Debemos reconocer que durante el período 2019-2023 se profundizó en esta línea de acción pero fue necesario que la administración Fernández se enfrentara ante la intransigencia de los distintos primeros ministros británicos que se sucedieron durante todos estos años para que se convenciera de algo que ya le habíamos advertido el mismo día 10 de diciembre de 2019, y se lo reiteramos en nuestros Anuarios en Relaciones Internacionales de los años 2020, 2021, 2022 y 2023: que el Comunicado Conjunto de los vicecancilleres de la República Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte constituía una trampa para desvirtuar los derechos argentinos en el conflicto de soberanía en el Atlántico Sur, esmerilar nuestra posición jurídica internacional y darle viabilidad económica a la administración colonial británica de las Islas Malvinas y que la ruta aérea San Pablo Islas Malvinas autorizada por el presidente Mauricio Macri solo beneficiaba al Reino Unido pues facilitaba conectividad con el continente americano y la logística de las actividades ilegales de pesca y prospección de hidrocarburos.

Fue entonces cuando el gobierno argentino le propuso a la diplomacia británica la siguiente agenda de contenidos concretos que el Reino Unido no estaba dispuesto a aceptar: a) Reanudación de negociaciones sobre la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, en los términos de la Resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y demás resoluciones pertinentes, en forma transparente y de buena fe; b) La conectividad aérea y marítima de las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes con el territorio continental argentino; c) Medidas prácticas tendientes a garantizar los intereses y el modo de vida de los habitantes de las Islas de forma tal que favorezcan el desarrollo de vínculos culturales, económicos, sanitarios, educativos y otros entre las Islas Malvinas y el territorio continental argentino; d) Medidas que permitan ajustar el aprovechamiento, la conservación y preservación de los recursos naturales bajo disputa de soberanía a lo establecido en las resoluciones de la Asamblea General y el Comité Especial de Descolonización; e) La desmilitarización de las áreas en disputa de soberanía; f) Continuar con la colaboración bilateral en todas las áreas en las que se hayan registrado avances y en las que se hayan planteado cursos de acción en los que no hayan surgido divergencias, “en particular, lacontinuidad de las acciones humanitarias de identificación de los soldados argentinos caídos en el Conflicto del Atlántico Sur que fueran concretadas por ambos países y con la intervención del Comité Internacional de la Cruz Roja a través del Plan Proyecto Humanitario I y II, y cuya tercera etapa se encontraba en el proceso final de análisis para lograr un acuerdo. Una agenda correcta para la defensa de los intereses nacionales que el gobierno argentino tendría que haberle propuesto al Reino Unido durante su período inaugural no casi al final de su gestión.

El 16 de julio de 2023 el gobierno argentino conmemoró el “Día de los Intereses Argentinos en el Mar” recordando la figura del almirante Segundo R. Storni (1876-1954) que fuera uno de los fundadores del Instituto Oceanográfico de Mar del Plata y quien advirtiera las riquezas existentes en nuestro mar y su relevancia para el desarrollo nacional y destacara como puntos marítimos estratégicos al archipiélago de las Islas Malvinas, la Antártida Argentina, el Mar Territorial y sus pesquerías y la Plataforma Continental, enfatizando en el desarrollo de la Defensa Nacional, el Derecho del Mar, la explotación sustentable de los recursos naturales, la industria naval y las Marina Mercante Nacional. En esa oportunidad la cancillería emitió un Comunicado de Prensa recordando la plena vigencia de la doctrina naval de Storni en la proyección de una Argentina bicontinental y oceánica y la necesidad de una política exterior que tenga en cuenta los espacios terrestres, insulares y marítimos, sin descuidar el gran potencial de estos últimos en materia de biodiversidad, recursos naturales, energía y vías de navegación, destacando la continuidad dada durante la administración Fernández a la iniciativa Pampa Azul.

La ubicación geográfica de la República Argentina es estratégica para el control del pasaje interoceánico de Drake ante la pérdida de importancia Canal de Panamá como consecuencia del auge del tráfico marítimo comercial mediante buques super portacontenedores y su cercanía al Continente Antártico ante la irrupción en el mismo de nuevos actores no occidentales, además de la importancia de la región patagónica para realizar exploraciones sobre el espacio remoto en momentos de la puja entre EE.UU. y China por el desarrollo de las nuevas tecnologías, en especial todo lo referente a la quinta generación de redes móviles (5G) que permitirá un salto en la velocidad, capacidad y tiempo de respuesta en la comunicación entre dispositivos móviles, lo que tendrá importantes consecuencias en diferentes aspectos de la vida cotidiana, la economía del mundo y esencialmente en los aspectos de Seguridad y Defensa. Eso ha hecho que tanto el Reino Unido como los EE.UU cuestionen la existencia del observatorio para el estudio del espacio remoto establecido en la provincia de Neuquén por un convenio firmado entre la Argentina y la República Popular China, lo que motivara las visitas que desde abril de 2022 viene realizando a nuestro país la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos de América, general Laura J. Richardson. Debemos recordar también que el Reino Unido es el encargado de custodiar los intereses hemisféricos en esta zona del planeta desde su Comando Naval del Atlántico Sur, establecido desde el año 2004 en las Islas Malvinas, siendo el mayor aliado de EE.UU. tanto a nivel planetario como en la OTAN, a cuyo sistema defensivo pertenece la importante base militar británica instalada en las Islas Malvinas.

Esto demuestra que es imposible que el Reino Unido acepte en lo inmediato devolver el islario que le arrebató a nuestro país hace 191 años y que si bien es importantísimo para la República Argentina mantener el reclamo en todos los foros internacionales en los que participa y todos los organismos multilaterales, así como la difusión de los derechos argentinos y tratar de crear un poder blando a efectos de desenmascarar el desprecio del Derecho Internacional por el adversario e insistir en la condena de la explotación ilegítima británica de los recursos vivos marinos y los recursos de la plataforma continental argentinos, debemos tomar conciencia de la necesidad de trazar una estrategia sin tiempo, de la que seguramente nuestra generación no verá los resultados, pero que significa un esfuerzo que vale las pena realizar y durante el cual obtendremos beneficios adicionales al objetivo final, teniendo en claro que la solución a la disputa de soberanía solo depende de nuestra capacidad de decisión y no puede ser transferido a ningún organismo internacional. Es necesario crear las condiciones para que el Reino Unido comprenda que le conviene a sus intereses nacionales solucionar este conflicto y para lograr ese objetivo tenemos que establecer una estrategia a largo plazo tanto de política exterior como de política interna que nos permita cambiar la ecuación bilateral argentino-británica en el Atlántico Sur. Por lo tanto nuestra estrategia debe apuntar a dificultarle al Reino Unido sus intereses económicos en la República Argentina, crear inseguridad jurídica para los futuros inversores en el área en conflicto y darle a la problemática del Atlántico Sur una dimensión sudamericana, replicando lo realizado por el Reino Unido durante su permanencia en la Unión Europea; y a la vez crear poder de decisión nacional para achicar las asimetrías de escala entre ambos países.

Lamentablemente esto no ha sido comprendido por la clase política argentina y cada nueva administración establece una estrategia diferente en relación a las cuestiones del Atlántico Sur de acuerdo a la menor o mayor cercanía que sus funcionarios tengan con el Reino Unido y hasta por pretendidas afinidades ideológicas, como ocurrió durante la administración Fernández con respecto al Brasil de Bolsonaro, el Chile de Piñera y el Uruguay de Lacalle Pou, lo que tuvo como consecuencia el relajamiento de estos países en el cumplimiento de las normas Mercosur tendientes a dificultar la logística británica para el sostenimiento de la situación colonial en Malvinas, especialmente el usufructo ilegal de los recursos naturales que de acuerdo a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar le pertenecen a la República Argentina por su condición de Estado costero. Nos hemos referido detalladamente sobre este tema en los Anuarios 2021, 2022 y 2023.

La solidaridad de aquellos países que verdaderamente nos pueden ser útiles para complicarle las necesidades logísticas al Reino Unido en el Atlántico Sur solo la vamos a recuperar si tenemos una política exterior coherente, que sean una verdadera política de Estado no la del partido circunstancialmente en el gobierno y que responda a la defensa de nuestros intereses nacionales, no a ideologías meramente circunstanciales. Tanto Brasil como Uruguay pagan un alto costo en su relación con el Reino Unido por su apoyo a la República Argentina y nuestro país no ha sido amable con las autoridades brasileñas y uruguayas durante los últimos años, con las que ha tenido serias controversias en el marco del Mercosur. No podemos por lo tanto pedirles más que una solidaridad de tipo simbólico si estos países no comprueban que sus intereses nacionales se benefician solidarizándose con la República Argentina.

Algo similar ocurrió con España, país que apoya a la República Argentina en su reclamo por la Cuestión Malvinas en todos los foros internacionales -en especial las cumbres iberoamericanas- y simultáneamente desde hace más de 30 años participa activamente de la depredación de los recursos vivos marinos de la zona económica exclusiva de la República Argentina cuya soberanía nos reconoce la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, tratado internacional que ha sido ratificado por el Reino de España el 20 de diciembre de 1996 y por lo tanto dicho Estado está obligado a respetar el derecho de los estados costeros sobre estos recursos. Esto lo hemos denunciado en todos nuestros Anuarios y artículos de opinión publicados por el IRI durante la administración Fernández pues parecía que las simpatías de la misma con las administraciones españolas del momento mediatizaban la importancia del reclamo. La Argentina tiene que comenzar a presionar al gobierno español para que los buques de su nacionalidad dejen de pescar en el caladero de Malvinas con licencias adquiridas a la autoridad colonial británica y sancionar a las empresas que incurran en esta actividad ilegal.

A fines de 2023 se conoció que durante el año las flotas españolas de altura habrían realizado capturas por un total de 68.500 toneladas en las aguas de Malvinas y el cierre prematuro de la temporada del calamar por las autoridades isleñas ante una crisis de sustentabilidad del recurso, lo que motivó la denuncia pública de expertos en pesca y ambientalistas argentinos acerca de la sobreexplotación del caladero que el Reino Unido usufructúa ilegalmente. Posteriormente, el medio Infobae de la ciudad de Buenos Aires informaba que como consecuencia de la pesca ilegal realizada por buques españoles, coreanos, taiwaneses, chinos, y algunas veces británicos, la República Argentina estaría perdiendo 20 mil millones de dólares al año. Pese al cierre prematuro de la temporada de zafra del calamar la autoridad colonial de las Islas Malvinas comenzó a renovar permisos de pesca por 25 años más. Esto es muy importante para la industria de pesca española ya que la Unión Europea autorizó el ingreso, en los próximos tres años, de 75.000 toneladas anuales de calamar procedente del área de Malvinas sin ningún tipo de arancel, pese a los reclamos de la República Argentina, quien ha denunciado también al Reino Unido ante el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas por la pesca ilegal en aguas jurisdiccionales usurpadas a la República Argentina.

Hoy nos sorprendemos al comprobar que la nueva administración nacional persiste en el error y lo eleva a la categoría de regla de conducta cuando escuchamos a la nueva Ministra de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Diana Mondino, declarar que las relaciones entre las naciones se deben guiar por una comunidad de principios no por una cuestión del interés nacional, precisamente lo contrario a lo que hacen los países que dice admirar: el Reino Unido y los demás países integrantes del Commonwealth, la Unión Europea, Israel y los Estados Unidos de América.

Pese a las críticas precedentes debemos reconocer que durante los últimos seis meses del gobierno de Alberto Fernández -que son los que coinciden con esta edición de nuestro Anuario en Relaciones Internacionales- la cancillería argentina logró una victoria simbólica cuando durante la III Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y la Unión Europea de los días 17 y 18 de julio de 2023 se incluyera la Cuestión de las Islas Malvinas en el párrafo 13° de su documento final consensuado, nombrándose al archipiélago con la toponimia argentina (Islas Malvinas), lo que molestó al Reino Unido y provocó la queja de su primer ministro y el pedido de explicaciones a las autoridades de la Unión Europea. Asimismo, se mantuvo el apoyo de los 134 países del Grupo de los 77 más China; el gobierno argentino rechazó la posibilidad que el Reino Unido concediera licencias para la exploración yacimientos de oro y otros minerales en el archipiélago de las Islas Malvinas, denunciando esta actitud como violatoria de la resolución 31/49 de la Asamblea General; reiteró su condena a los ejercicios militares llevados a cabo en las islas; y rechazó la visita a las Islas Malvinas del Subsecretario de Estado británico para las Américas, el Caribe y los Territorios de Ultramar, David Rutley, quien previamente había felicitado al nuevo presidente electo Javier Milei por su victoria en las elecciones argentinas, expresándole su deseo de desarrollar una relación constructiva, pese a que su gobierno ya se había adelantado a aclarar que “la soberanía sobre las Islas Falklands está establecida y no cambiará”. También habría llamado al presidente electo Javier Milei el ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido, David Cameron, para felicitarlo por su triunfo y decirle que “es mucho lo que el Reino Unido y Argentina pueden lograr trabajando juntos”, pero aclaró: “sin mención de las Falklands”.

Asimismo, el canciller Santiago Cafiero se preocupó por hacer operativa la Ley 27.671 de capacitación obligatoria, periódica y permanente en la Cuestión Malvinas para todas las personas que dependan de los tres poderes del Estado y el 23 de noviembre se realizó un reconocimiento al personal de la Fuerza Aérea del Perú que participara en 1982 de la operación secreta por la cual el gobierno peruano de Fernando Belaúnde Terry envió a la Argentina 10 aviones cazabombarderos Mirage M-SP, con sus elementos logísticos y armamento completo, sus pilotos, mecánicos y personal de mantenimiento, para apoyar el esfuerzo bélico de la Fuerza Aérea Argentina; dicho vuelo se realizó sobre los 10.000 metros de altura para no ser detectado por los radares de los países vecinos, en especial los chilenos. La ceremonia se realizó en la sede de la Fuerza Aérea Argentina y el personal peruano fue condecorado con la Orden Héroes de Malvinas en el grado de “Medalla Malvinas a la Contribución del Esfuerzo Bélico”.

Un hecho importante ocurrió durante este segundo semestre del año 2023 cuando el ministro de Defensa Jorge E. Taiana solicitó “la cancelación y suspensión definitiva de la Estación para la Observación del Espacio Remoto de la empresa LeoLabs Argentina SRL instalada en la Estancia “El Relincho” de la localidad de Tolhuin por vulnerar la seguridad nacional y ser incompatible con la Directiva de Política de Defensa Nacional establecida por el Decreto 457/2021” debido a su potencial uso militar, y finalmente el 23 de agosto el Poder Ejecutivo Nacional cancelaba la autorización precaria que se le había otorgado a dicha empresa para la instalación de un radar en Tolhuin, solicitándole expresamente al gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur que procediera a su desmantelamiento. Con anterioridad, el Jefe del Estado Mayor Conjunto, teniente general Juan Martín Paleo, había expresado la seria amenaza a la seguridad nacional que suponía la puesta en operaciones y la instalación de antenas de radar para el seguimiento de órbita baja por parte de la empresa de capitales británicos LeoLabs en Tierra del Fuego calificándola como “una empresa privada de perfil dual (civil y militar) que podría concretamente: monitorear nuestra actividad satelital, tanto civil como militar, interceptar datos y objetos terrestres, marítimos y aéreos, seguir trayectorias de vectores como los que desarrolla la CONAE (en estos momentos el proyecto Tronador), etc. Comenzaba a salir a la luz el affaire que a nivel local se conoce como “la historia del radar británico en Tierra del Fuego”.

Ya en nuestro Anuario en Relaciones Internacionales 2023 nos habíamos referido someramente a la importancia de este tema para nuestra área de estudio, que es el Atlántico Sur y la presencia del Reino Unido en el mismo, por lo que consideramos que es importante el análisis que hace el teniente general Juan Martín Paleo cuando expresa: “La Maniobra Estratégica está compuesta por mensajes, que se transmiten con hechos, palabras e inclusive con silencios. Nuestra Maniobra Estratégica está compuesta de hechos de importancia como la reapertura de la Brigada X de la Fuerza Aérea en Río Gallegos, el puente aéreo entre la Argentina Continental y la Argentina Insular (Tierra del Fuego), el radar de vigilancia aérea de Río Grande, la creación de una Guarnición Militar Conjunta en Tierra del Fuego, materializada por la Base Naval Integrada y la Base de Despliegue Adelantada de la Fuerza Aérea en Ushuaia, la apertura de una Unidad del Ejército Argentino en Tolhuin y la reapertura de Petrel como nueva base de acceso a la Antártida. Este mensaje que materializa nuestra maniobra tiene lógicamente que tener una respuesta de nuestro oponente, con quien estamos compitiendo. Cuando se produce una competencia en un escenario (en este caso el Atlántico Sur) ambos competidores emiten sus mensajes. Al mensaje estratégico argentino Gran Bretaña responde instalando en forma indirecta, a través de una empresa privada un radar en Tolhuin. Sería de una inocencia inaceptable en este nivel de Conducción considerar lo acontecido como una mera casualidad”.

Cabe señalar que cuando fue autorizada la instalación de LeoLabs en Tolhuin el Ejército Argentino ya había anunciado la creación de una Guarnición Militar Conjunta a construir en la misma zona y que la estación AGSR consta de dos radares primarios unidimensionales con apuntamiento por faces que tienen la capacidad de detectar todo tipo de blancos con los haces de transmisión, es decir, aeronaves y objetos de naturaleza civil o militar y enviar la información en tiempo real a centros de procesamiento ubicados en cualquier parte del mundo, o sea que puede observar objetos muy por debajo de las órbitas LEO, en el rango de vuelos convencionales, con una capacidad de detección muy precisa. Aunque la empresa declara que el objeto de la instalación es meramente comercial, dadas las características de los sensores radar instalados es posible asegurar que también puede ofrecer información analizada para uso militar, información que tiene un rol clave dentro del sistema de alerta temprana y monitoreo de actividades espaciales de otros países, como el Reino Unido.

Si bien según exponen algunas fuentes la tramitación para el emplazamiento de estas instalaciones habría comenzado en 2020 recién el 4 de marzo de 2022 la empresa de capitales mayoritariamente británicos LeoLabs realiza el trámite registral en la ciudad de Ushuaia bajo la denominación social “Leolabs Limited” y “Leolabs Space Holdings Limited”. Con posterioridad el Subsecretario de Telecomunicaciones y Conectividad de la Nación otorga el 17 de noviembre del mismo año la autorización a esta empresa para instalar y poner en funcionamiento una Estación Terrena de Banda S, así como también el uso de la órbita-espectro en donde iba a operar y monitorear objetos LEO (Low Earth Orbit). Recordemos que el 25 de abril de 2022 la jefa del Comando Sur de los EE.UU. general Laura J. Richardson visitó la ciudad de Ushuaia y expresó que la idea del Comando a su cargo era colocar “equipamiento” estadounidense para contrarrestar el avance chino y ruso en la región. Al año siguiente el embajador de los Estados Unidos de América viajó a Ushuaia y se entrevistó con las autoridades provinciales. Finalmente. el 13 de marzo de 2023 el proveedor comercial y líder mundial de servicios y Conocimiento de la Situación en el Espacio (SSA) y cartografía de la órbita terrestre (LEO) LeoLabs anunció que instalaría su próximo radar espacial en la Argentina considerando que el Radar Espacial Argentino (AGSR) representaba una incorporación clave a la creciente constelación global de sensores en fase de banda S de la empresa distribuidos estratégicamente en los hemisferios norte y sur, así como en las regiones polares y ecuatoriales.

Ante el incumplimiento del gobierno fueguino del pedido de desmantelamiento del radar realizado por el Poder Ejecutivo Nacional la Confederación de Combatientes de Malvinas de la República Argentina solicitó a las autoridades locales la desenergización, desactivación y desmantelamiento del mismo, no siendo escuchada, Simultáneamente se denunciaba que la empresa habría iniciado el desarme unilateral de algunos componentes que podrían demostrar la capacidad de uso militar, justificándolo en un pretendido temor que los mismos pudieran ser vandalizados dado las manifestaciones de descontento público, y que estaría simultáneamente haciendo los trámites para cambiar su composición accionaria británica con el objetivo de intentar continuar operando luego del cambio de gobierno en la Argentina. El senador nacional Pablo Blanco presentó en la Fiscalía de Estado de la Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur una denuncia para promover una investigación oficial sobre la responsabilidad de los funcionarios de la administración provincial en la instalación de la empresa británica LeoLabs en la ruta 3 km. 2946 de Tolhuin pues el radar continuaba funcionando pese a que el ministerio de Defensa solicitara oportunamente lo contrario. Simultáneamente el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur Guillermo Carmona declaró que las autoridades provinciales estarían incumpliendo la orden de desactivar y desmantelar el radar y dar de baja la sociedad LeoLabs, ya que la misma está inscrita en esa provincia y a nivel nacional se le había cancelado la autorización provisoria para funcionar, y el canciller Santiago Cafiero era interpelado durante una reunión en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la Nación por la instalación y funcionamiento del radar de la empresa británica LeoLabs en Tierra del Fuego y las responsabilidades correspondientes.

Finalmente, personal de la Dirección Provincial de Energía se trasladó desde Ushuaia haciéndose presente en la estancia “El Relincho” de la localidad de Tolhuin y procediendo al corte del suministro eléctrico del radar, dándose amplia publicidad a este operativo, pero luego representantes de la sociedad civil denunciaron que se habría procedido en secreto a la reconección del fluido eléctrico, lo que motivó muestras de repudio y una caravana de entidades de la sociedad civil hacia el lugar para manifestarse contra la presencia de la empresa LeoLabs, que se hizo coincidir con el aniversario de la ciudad de Tolhuin. Estos hechos ocasionaron diversas iniciativas en la legislatura local, tanto de repudio a las actividades de la empresa como a la actitud del ejecutivo provincial, así como la denuncia de las maniobras de la sociedad -que está inscripta en esa jurisdicción- tratando de cambiar su composición accionaria, mudando sus acciones que estaban en el Reino Unido a los Estados Unidos de América para poder revertir la cancelación temporal de la misma. Con respecto de este tema uno de sus consultores externos expresaba el 7 de julio de 2023: “siempre consideré que la empresa era de capitales estadounidenses pero cuando vemos los papeles formales nos enteramos que existen sedes de LeoLabs INC en Irlanda del Sur y en Londres pero estamos casi seguros que esta empresa no tiene oficinas en ninguno de los dos lados, pero por alguna ventaja impositiva quizás necesitan tener registrada allí la empresa. Cuando la empresa se tenía que inscribir en la Argentina, uno de los requerimientos era que necesitaban tener más de un dueño y ahí aparece LeoLabs INC con sede en Londres. De todos modos, nos dijeron que si Argentina tiene algún problema se puede eliminar ese complemento inglés”.

De esta manera la empresa logró permanecer en la provincia hasta el 10 de diciembre de 2023 con la expectativa que la nueva administración nacional tuviera una actitud más amigable, aprovechando este tiempo para hacer lobby a su favor en medios políticos, diplomáticos y científicos y promoviendo la publicación de artículos en algunos grandes medios de la ciudad de Buenos Aires en los que se la presentaba como una sociedad que contribuiría al conocimiento científico argentino y reforzaría los lazos de colaboración con los países occidentales. El mensaje oficial de la empresa se expresaba de la siguiente manera; “Es un privilegio construir este radar en la Argentina y contribuir a la historia de la exploración y administración espacial de este país. Al ser nuestro tercer radar en el hemisferio sur y el primero en América del Sur, la ubicación de Argentina es fundamental para cerrar la brecha global en la cobertura SSA y mejorar el análisis de los eventos que ocurren en esta parte del mundo. Esta ubicación mejorará en gran medida nuestra capacidad para rastrear objetos y supervisar eventos de alto riesgo en la órbita terrestre baja”.

Tuvo éxito en esta espera y recientemente desde su sede en San Francisco (EE.UU) LeoLabs declaró a SpaceNews que ha firmado un contrato con el Comando Espacial y el Ministerio de Defensa del Reino Unido para el desarrollo de la primera constelación de satélites de inteligencia, vigilancia y reconocimiento del gobierno británico en órbita terrestre.

Llegamos así al 10 de diciembre de 2023 y nos sorprendemos porque el nuevo presidente argentino Javier Gerardo Milei no aludió en el discurso inaugural de su gobierno al conflicto entre la República Argentina y el Reino Unido por la usurpación británica de las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur y sus espacios marítimos circundantes, como había ocurrido con todos los presidentes argentinos hasta la fecha. Tampoco se refirió al tema en la Asamblea Legislativa del 1° de marzo de 2024 donde se suponía que al exponer sobre el estado de la Nación tendría que haber explicado las estrategias de su gobierno con respecto al conflicto diplomático más importante de la República Argentina, en cumplimiento de la cláusula transitoria primera de la Constitución Nacional.

Simultáneamente la Asamblea Legislativa de la autoridad colonial de las Islas le recordaba que sus habitantes “no tienen ningún deseo de discutir la soberanía del archipiélago”, pidiéndole que “se comporte en forma madura” y alentándolo “a trabajar con las Islas Malvinas en cuestiones mutuamente beneficiosas, como compartir recursos pesqueros o investigaciones científicas que sean beneficiosas para todos los países de toda la región”. Posteriormente, el medio bilingüe MercoPress, noticias del Atlántico Sur comentaba la designación de la Licenciada Paola Di Chiaro como nueva Secretaria de Malvinas, Antártida, Política Oceánica y Atlántico Sur de la cancillería argentina expresando que se esperaba que la nueva funcionaria tuviera una actitud menos confrontativa con los isleños que el ex Secretario Guillermo Carmona. Finalmente, el primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, en su saludo de navidad a los isleños volvió a asegurarles que “defenderá el deseo de los habitantes de las Islas Malvinas” de continuar siendo una colonia británica, y James Heappey, ministro de Estado para las Fuerzas Armadas del Reino Unido expresó su satisfacción con los esfuerzos militares que se están haciendo en el Atlántico Sur para asegurar la presencia británica y que la defensa de las Islas Malvinas estaba suficientemente garantizada,

El 3 de enero de 2024 la cancillería argentina reafirmó los legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía de nuestro país sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes al cumplirse el 191° aniversario de la usurpación británica, manifestando una vez más la disposición del gobierno argentino a reanudar las relaciones bilaterales que permitan encontrar una solución a la disputa de soberanía de acuerdo a las resoluciones pertinentes de la Asamblea General, y sorprendentemente agrega un párrafo que parece calcado del pedido de los kelpers al presidente Milei al momento de su asunción: “en este marco, el Gobierno argentino desea mantener una relación madura con el Reino Unido, que contemple un diálogo sustantivo y constructivo sobre todos los temas de interés común”, si bien luego agregaba “con miras a generar un clima de confianza para la reanudación de las negociaciones”, tema sobre el cual que la diplomacia británica ya le ha advertido que no está de acuerdo.

En el mismo sentido los kelpers vienen manifestando que quieren promover nuevamente los vuelos desde Brasil al archipiélago de las Islas Malvinas para reducir los gastos logísticos de la colonia y algunos analistas advierten sobre la posibilidad que con la nueva política de “cielos abiertos” de la administración Milei se termine autorizando nuevamente un vuelo desde algún país sudamericano a las Islas Malvinas ya que la cancillería está avanzando en acuerdos con Brasil, Chile, Ecuador, Perú, Uruguay, Panamá y Paraguay con el objetivo de aumentar la cantidad de vuelos, asientos, ciudades de origen y destino, tanto para pasajeros como para cargas con el objetivo de mejoras en la conectividad, el comercio y el turismo entre la Argentina y otros países. Sin embargo, no siendo rentable económicamente los vuelos a Malvinas para una aerolínea comercial esto se lograría solo por una decisión de tipo político.

El 8 de enero la ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto Diana Mondino, en un hecho inédito para la diplomacia argentina, recibió en la cancillería a la representante comercial de Taiwan, Miao-hung Hsie, lo que ocasionó un conflicto diplomático con la República Popular China ya que desde 1972 la República Argentina, al establecer relaciones diplomáticas con este país adhirió al principio de una sola China y así lo ratificaron los presidentes de ambos países en la Declaración Conjunta firmada en Beijing el 6 de febrero de 2022 que como ya adelantáramos tanto preocupara al Reino Unido. Oportunamente hemos analizado la importancia que tiene para nuestro país el apoyo de la República Popular China en la Cuestión de las Islas Malvinas y la preocupación que le produce a la diplomacia británica, por lo que consideramos que este hecho, como la decisión de no integrar el grupo BRICS, han sido errores muy importantes de la actual administración nacional.

Tampoco existió una nota de protesta cuando el rompehielos británico RRS Sir Attenborpugh, con bandera de las Islas Malvinas, navegó por aguas argentinas rumbo al puerto chileno de Punta Arenas para completar las tareas logísticas necesarias para emprender un nuevo viaje de investigación al Mar de Wedell, en la Antártida. Recordemos que la nueva canciller Diana Mondino se ha referido con desprecio en numerosas oportunidades a las notas diplomáticas de protesta que anteriores administraciones han presentado al Reino Unido por actos unilaterales del usurpador que violaban las resoluciones de la Asamblea General sobre la Cuestión de las Islas Malvinas, calificándolas de “inútiles cartitas”.

El 17 de febrero el presidente argentino Javier Milei se reunió durante el Foro Económico de Davos con el canciller británico David Cameron, declarando posteriormente a la prensa argentina que habían conversado sobre los temas de interés común de ambos países y que la Cuestión de las Islas Malvinas estaba en la agenda.

Dos días después el canciller británico David Cameron arribó a la base aérea de Monte Agradable, en el archipiélago de las Islas Malvinas, comenzando una serie de visitas oficiales que realizaría por distintos países de América del Sur. La elección del lugar no era inocente ya que este territorio insular usurpado por el Reino Unido a la República Argentina hace 191 años no solo no es un país independiente sino que en realidad se trata de un territorio colonial que se encuentra sometido al proceso de descolonización en el marco de la Organización de las Naciones Unidas, cuya Asamblea General ha aprobado la Resolución 2065 que así lo reconoce, hace ya 58 años, y ha establecido el mecanismo para la solución pacífica y definitiva del diferendo. Sin embargo, el Reino Unido, que se presenta ante la sociedad global como una nación democrática que ajusta su conducta a las normas del Derecho Internacional y es uno de los primeros países en condenar las violaciones del mismo cometidas lejos de su fronteras y cuando no se encuentran comprometidos sus intereses nacionales, desconoce desde hace 58 años el mandato de la Resolución 2065 con la impunidad que le otorga ser uno de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad.

Durante su estadía en las Islas Malvinas el canciller británico reivindicó la soberanía del Reino Unido sobre el archipiélago y el pretendido derecho de autodeterminación de la población colonial, calificándola como “una parte valiosa de la familia británica” y expresando: “tenemos en claro que mientras quieran seguir siendo parte de la familia, la cuestión de la soberanía no será tema de discusión”.

Sorprendió el silencio de las autoridades nacionales ante esta actitud que parecía descalificar las declaraciones del presidente Javier Milei ante la prensa argentina tras su reciente reunión con el canciller británico David Cameron en la Cumbre de Davos, en relación al futuro de las Islas Malvinas, y la tardía reacción del ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina que recién entrando la noche en Buenos Aires dejó trascender la idea que esperaban que David Cameron hubiera transmitido a los isleños una “visión positiva del actual gobierno argentino” y una tibia defensa a “alcanzar la solución de la disputa de soberanía de acuerdo al mandato de la comunidad internacional”. La respuesta no se hizo esperar y a través de la vocería del Foreing Office le contestaron de esta manera: “El Reino Unido puede a la vez apoyar el derecho de autodeterminación de los habitantes de las Falklands y mantener una buena relación con la Argentina, en la que acordemos discrepar en materia de soberanía pero colaboremos constructivamente en áreas de interés común”.

Finalmente la canciller Diana Mondino se reunió a solas durante 45 minutos con David Cameron en los márgenes de la Conferencia de Diplomáticos de G20 realizada en Río de Janeiro el 21 de febrero, expresando luego que aprovechó la oportunidad para manifestarle su disgusto por su reciente viaje a Malvinas y sus posteriores declaraciones, aunque este supuesto episodio no fue replicado por el Foreing Office que publicó un comunicado expresando que el encuentro sirvió para profundizar las negociaciones que ya existen entre ambos gobiernos y que el diferendo que se mantiene sobre la soberanía de las islas no impediría sin embargo la cooperación recíproca en áreas que puedan resultar de beneficio mutuo. También habrían hablado del apoyo de la Argentina a Ucrania en la guerra con Rusia y de impulsar una nueva etapa de las relaciones entre la Argentina y el Reino Unido basada en asuntos multilaterales en los que se comparten prioridades comunes.

Preguntado el presidente Milei sobre estos episodios declaró que hay un dato objetivo y real y es que las Malvinas se encuentran en posesión del Reino Unido y va a llevar muchos años resolver este conflicto.

Tan buena sinergia no pudo evitar que creciera nuevamente la tención entre Buenos Aires y Londres por la ampliación de la zona de exclusión pesquera en las Islas Georgias y Sandwich del Sur, estableciendo la autoridad colonial una extensión del control británico sobre aproximadamente 170.000 km2 adicionales, con lo que queda demostrado que el Reino Unido administra unilateralmente los recursos de la zona usurpada a la República Argentina y que cuando habla de “áreas que puedan resultar de beneficio mutuo” no incluye en las mismas al Atlántico Sur, lo que obligó finalmente a la cancillería a presentar una “nota de protesta” ante el gobierno británico.

Recordemos una vez más que la industria de la pesca es la que mayor desarrollo ha tenido durante estos primeros años del siglo XXI y que el Reino Unido es un país que ha desplegado un gran protagonismo promoviendo iniciativas en las distintas conferencias complementarias a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar en las cuales se han acordado tratados internacionales cuyo articulado muchas veces busca tergiversar o mediatizar los derechos que en la misma fueron consagrados a favor de los estados costeros y en desarrollo, y que ejerce una eficiente influencia a través de una paradiplomacia científica a nivel global utilizando un grupo numeroso de ONGs con declarados fines altruistas, que subterráneamente responden a los objetivos estratégicos del Foreing Office. En este sentido podemos citar el Acuerdo de Nueva York de 1995 sobre la aplicación de las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar relativas a la Conservación y Ordenación de las Poblaciones de Peces Tranzonales y las Poblaciones de Peces Altamente Migratorios y el Tratado Global de los Océanos de 2023, que en teoría buscaría contrarrestar las amenazas del cambio climático sobre el ecosistema marino, la sobrepesca y el tráfico marítimo y regular lo que en principio se define como “recursos genéticos marinos”.

Las Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera (OROP) a las que se refieren ambos tratados internacionales son precisamente el instrumento preferido de la industria de la pesca a nivel global para administrar la gobernanza de los mares en beneficio de sus intereses económicos, habiéndose constituido un lobby muy importante durante la última Conferencia Intergubernamental de Nueva York con el objetivo de lograr que las normas del Tratado Internacional de los Océanos no regularan los aspectos más sensibles de esta actividad, al extremo que la letra final del Tratado reconoce a las OROPs como instrumentos útiles para tal fin.

Se suma a esto el Acuerdo de Diversidad Biológica más allá de las Jurisdicciones Nacionales (BBNT) recientemente firmado por la canciller Diana Mondino, que en esencia crea una gigantesca OROP, lo que es sumamente peligroso para el mantenimiento del reclamo argentino por la usurpación británica de las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur y sus espacios marítimos circundantes. Felizmente desde la Regional Chubut de la Universidad Tecnológica Nacional ha comenzado una verdadera campaña de esclarecimiento para concientizar a los legisladores nacionales que este tratado no puede ser aprobado por el Congreso, pero como contrapartida los grandes intereses económicos en juego ya están utilizando los discursos del ambientalismo, la ecología, la conservación de la biodiversidad, y la idea que esto es un progreso moral de la humanidad para la protección de áreas lejanas que en nada afectan nuestra realidad cotidiana, aprovechando las buenas intenciones de numerosas ONGs y ofreciendo las donaciones financieras necesarias para promover estas actividades y difundirlas por los medios de comunicación social.

La República Argentina posee una extensa zona económica exclusiva -una parte importante de la cual se encuentra usurpada por el Reino Unido- donde se estima se encuentra la mayor diversidad biológica de todos los océanos del mundo, por eso el aprovechamiento de los recursos vivos marinos es un tema estratégico y de interés nacional y por lo tanto es muy importante analizar las reformas que desde diciembre de 2023 viene intentando la administración del presidente Javier Milei y se establecieran en el tercer capítulo del denominado “proyecto de ley ómnibus” presentado por el Poder Ejecutivo en el Congreso.

La actual Ley N° 24.922, que establece el Régimen Federal de Pesca, dispone en su artículo 24 que se reserva la explotación de los recursos vivos marinos dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina a personas físicas o jurídicas constituidas en el país de acuerdo a la normativa nacional vigente: o sea para buques que enarbolen el pabellón nacional y tripulados mayoritariamente por marinos argentinos. La nueva norma establecería en cambio, que: “Para el otorgamiento de permisos de pesca, la autoridad de aplicación sólo podrá verificar los requisitos técnicos y de seguridad de los buques. Los permisos no podrán tener un tratamiento diferencial por el origen de los buques, su antigüedad o la mano de obra que empleen; ni por las características de las empresas titulares de los buques”. Asimismo, pretende eliminar la ley de cabotaje marítimo que reserva el transporte de cargas entre puertos argentinos a buques de bandera nacional.

Con respecto a este proyecto, el medio el economista.com.ar publicó el 6 de enero de 2024 un artículo escrito por el experto en pesca y Atlántico Sur César Lerena en el cual el autor analiza las propuestas de reforma al régimen de pesca de la República Argentina proyectadas por la nueva administración nacional y pronostica una catástrofe industrial y regional; recordando que nadie abre su mar a la libre explotación de sus recursos pesqueros y que tal modelo no se aplica en ningún país desarrollado, los cuales muchas veces subsidian a sus flotas de mar y a las cuales los estados de su bandera les consiguen créditos blandos para la construcción de buques; enumera que los únicos países en el mundo que aplican un régimen como el proyectado por el gobierno argentino serían Cuba, Costa Rica, Puerto Rico, Guatemala, República Dominicana y algunos países africanos, y advierte también, que al derogarse la Ley N° 26.386 empresas habilitadas por la Argentina también estarían autorizadas a pescar en Malvinas con licencias británicas.

Una opinión distinta tenía el entonces asesor presidencial y hoy ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la República Argentina, Federico Sturzenegger, quien expresara al poco tiempo en un simposio organizado en EE.UU. por el Miami Herbert Business School que el sector pesquero en la República Argentina era un factor negativo y que era indispensable pensar en un nuevo régimen que buscara licitar los permisos para que el Estado obtenga un mayor beneficio económico, pero que estos proyectos no prosperaban en el Congreso debido al lobby de las empresas pesqueras argentinas.

Consideramos que hay un error de apreciación en este pensamiento ya que la soberanía argentina solo se va a consolidar ocupando el mar con buques argentinos. Hoy hay 520 buques pesqueros de pabellón nacional que se distribuyen en todo el mar territorial y la zona económica exclusiva, a excepción de los espacios marítimos ocupados por el Reino Unido a los que tenemos vedado el acceso, el resto de los buques que operan en el lugar son de bandera extranjera.
 Las medidas que es necesario tomar son de sentido inverso a las propuestas por el Gobierno Nacional: ejecutar la Ley de Marina Mercante y Fluvial Nº 27.419 para asegurar que todo el flete en el mar y los ríos se realice mediante buques de bandera nacional y, la Ley de Promoción de la Industria Naval Pesquera Nº 27.418 para promover la construcción nacional de buques, ya que contamos con importantes astilleros y mano de obra calificada; derogar el DNU 145/2019 y muy especialmente el artículo 3° que establece que “El propietario o armador de un buque con permiso de pesca vigente podrá garantizar el cumplimiento de sus obligaciones de dar sumas de dinero, con causa en la construcción, reconstrucción, reacondicionamiento o adquisición del buque, por un monto y un plazo determinados, mediante el permiso de pesca del cual sea titular, y/o la autorización de captura y/o la cuota individual de captura que detente”, lo cual resulta improcedente por cuanto los recursos cuya explotación se concesiona a las empresas son de propiedad del Estado Nacional o Provincial en su caso y por lo tanto mal puede ponerse como garantía para negocios privados; y fortalecer la presencia naval y aérea en el litoral patagónico y en especial en Tierra del Fuego.

Recordemos en este sentido las palabras del Gral. Manuel Belgrano, que luego de más de 200 años mantienen su vigencia: “Toda Nación que deja para otra una navegación que ella podría llevar a cabo disminuye sus fuerzas en relación a las de sus rivales”, agregando: “aún cuando un pueblo no fuera comerciante ni conquistador es imposible que pudiera conservarse sin marina”.

Pese a estas contradicciones debemos destacar que el ministro de Defensa argentino, Luis Petri, lanzó una operación denominada Grifon XVIII con el objetivo de fortalecer la vigilancia y el control de la pesca ilegal en el Atlántico Sur, habiéndose identificado más de 340 buques pesqueros por el Comando Conjunto Marino en la milla 201, sobre el límite zona económica exclusiva de la República Argentina, sin embargo, debemos reconocer que durante la administración Fernández, hacía ya más de dos años que se había instalado en el piso 12 del Comando en Jefe de la Armada un centro de monitoreo permanente con avanzada tecnología que rastreaba nuestro espacio marítimo las 24 horas del día. A esa información se llegaba a través de imágenes satelitales, soporte de medios aéreos y de superficie, puestos de vigilancia en el litoral marítimo, datos compartidos con otras fuerzas, como la Prefectura y un sistema integrado de control de la actividad pesquera. Posteriormente se conoció la intención del gobierno nacional de recurrir a la Guardia Costera de los EE.UU. para colaborar con las autoridades nacionales en el control de la pesca ilegal en el Atlántico Sur, lo que abre la posibilidad de internacionalizar el conflicto, ya que el único interés estratégico de este país es el control de las actividades de la flota de altura de la República Popular China. Recordemos que durante el mes de junio de 2024 se conoció una estadística global que demuestra que en la actualidad China es líder indiscutido en la inversión naval en el mundo con el 50,7 % del total, seguida por Corea del Sur con el 28,3 %, Japón con el 15,4 % y EE.UU. con el 0,1 % mientras que en el año 2014 su participación era del 35,9 %.

A esto se suma el anuncio del presidente Milei de la creación de una base naval conjunta con Estados Unidos en Tierra del Fuego, que realizara durante una nueva visita de la jefa del Comando Sur de los EE.UU a Ushuaia, general Laura Richardson, y la firma de la carta de intención para iniciar el proceso del Plan de Acción Individual de Asociación para ser socio global de la OTAN y la intención del gobierno argentino de sumarse a las fuerzas marítimas combinadas, una flota naval liderada por EE.UU.; el hecho de que la República Argentina se uniera en Bruselas al Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania, liderado también por EE.UU. y la compra de 24 aviones de caza F-16 estadounidenses que el gobierno de Dinamarca había desprogramado

El gobierno del Reino Unido se apresuró a avalar esta venta, autorizando al gobierno de los EE.UU. a suavizar el embargo de armamentos que pesa sobre la República Argentina desde 1982, pues estos aviones no son un peligro para las fuerzas armadas británicas establecidas en Malvinas y su preocupación había sido durante los últimos años el ofrecimiento por el gobierno chino de venderle a la Argentina aviones JKF-17 de última generación, mientras que los F-16 adquiridos por el presidente Milei no serían de cuarta generación ni habría posibilidad de reconvertirlos con elementos de quinta generación como pretendía originalmente la Fuerza Aérea Argentina, Los JKF-17, en cambio, eran unidades nuevas y se ofrecían con un paquete completo de armamentos y sensores. Hemos desarrollado este tema en nuestro Anuario en Relaciones Internacionales 2022.

Con respecto al tema de Defensa Nacional la administración Fernández planteó algunas buenas ideas, como las directivas enunciadas por el teniente general Juan Martín Paleo a las que nos hemos referido en páginas anteriores y las iniciativas establecidas por el ministro de Defensa Jorge Enrique Taiana que hemos analizado en los anuarios de los últimos cuatro años pero la parálisis y los conflictos internos de ese gobierno convirtió a las mismas en un mero discurso que en su mayoría no pudieron llevarse a la práctica, como lo demuestra el caso de la orden incumplida del desmantelamiento del radar británico en Tierra del Fuego.

Tal como lo afirmáramos al cerrar nuestra presentación del Anuario en Relaciones Internacionales 2023, no podemos concluir la del presente sin hacer un resumen de la actividad argentina en la Antártida, donde continúan acentuándose los fenómenos naturales que demuestran las consecuencias del cambio climático en esta región austral y otros que han permitido a los científicos conocer un poco más la evolución de ese continente que todavía guarda tantos secretos para la humanidad (en la sección Cronología podemos encontrar una muestra de estos descubrimientos), por lo que día a día comprobamos lo poco que conocemos del mismo y el acierto de aquellos antiguos cartógrafos que lo denominaron «Terra Australis Incógnita».

Con respecto a los últimos seis meses de la administración Fernández podemos repetir lo mismo que hemos dicho con respecto a la Política de Defensa. Muy buenas ideas, cierta sobreactuación y la finalización del mandato dejando inconclusos proyectos importantes que rescató de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner y que en su momento el presidente Macri había subejecutado o suspendido. Por ejemplo, durante este período se tomó una decisión muy auspiciosa para la actividad antártica argentina ya que el Poder Ejecutivo Nacional aprobó los fondos para que el astillero estatal Tandanor, junto con la consultora finlandesa Aker Arctic, avanzaran en el diseño y construcción de un nuevo buque polar que complementaría al rompehielos ARA Almirante Irízar en el abastecimiento de las trece bases antárticas argentinas, proyecto al que nos hemos referido en anuarios anteriores y lamentablemente había sido suspendido en 2015. Debemos recordar que esta ya era una iniciativa propuesta por el general Edgard Leal cuando fue invitado por el ministerio de Defensa para estudiar la reconstrucción del rompehielos Almirante Irizar, que había sufrido un siniestro en 2007: disponer de un buque polar auxiliar con gran capacidad de transporte de cargas y combustibles que pueda navegar en aguas antárticas con presencia de hielo y priorizar al ARA Almirante Irízar como buque multipropósito con nuevas capacidades científicas, con el objetivo de convertirlo en un observatorio oceanográfico argentino. Al 10 de diciembre de 2023 este importante proyecto continuaba inconcluso.

Asimismo, la administración Fernández se había fijado el objetivo de reactivar el proyecto inconcluso de poner en valor la Base Antártica Argentina Petrel construyendo en la misma una pista principal de 1.800 metros de largo y otra secundaria de 1.300, en las que pudieran operar los aviones Hércules C-130 o aeronaves más pequeñas, y en lo posible un muelle que permita operar con cargas desde los buques.

La ventaja de Petrel, además de su ubicación en un lugar muy plano es que allí ya existía una base permanente y en esos momentos el proyecto era ampliar su capacidad para el alojamiento de sesenta personas y tres laboratorios científicos, una planta de tratamiento de líquidos cloacales, una de potabilización y una casa de emergencias. Con esta infraestructura la base permitiría centralizar todas las cargas que hay que distribuir en las trece bases antárticas argentinas y todos los materiales que hay que replegar de las mismas cada año ya que cuenta con mejores perspectivas climáticas y meteorológicas para la operación aérea y en sus costas pueden operar todos los buques que se despliegan en la campaña, algo que en la Base Marambio solo puede hacer el rompehielos Almirante Irízar. Pese a ello, esta última constituye la principal cantera de estudios paleontológicos en la Antártida y todos los campamentos de investigación científica van a continuar su labor en ese lugar.

La reactivación efectiva de esta base significaría un cambio de paradigma en las campañas antárticas argentinas pues permitiría a nuestro país contar con un nodo logístico que enlazaría en un solo lugar el transporte aéreo y el marítimo, reduciendo costos e impacto ambiental. Petrel ocupa una ubicación estratégica en el norte de la península antártica que nos permitiría concretar un eje logístico Ushuaia-Petrel similar al que hoy opera Chile entre la Base Frei y la ciudad de Punta Arenas, lo que le daría un atractivo y un diferencial claro respecto del resto de los operadores de programas antárticos en el norte de la península.

Desde 2017, por medio de numerosas publicaciones y muy especialmente desde este Anuario en Relaciones Internacionales, veníamos insistiendo en la necesidad de completar el proyecto inconcluso de establecer un centro de operaciones integrado en la Base Petrel y debemos cerrar el período de esta edición viendo que se había retomado el mismo, al igual que la buena noticia que a partir del mes de abril de 2022 todas las bases antárticas argentinas completaron su conexión con los satélites ARSAT al haber incorporado este sistema a la base Orcadas, que dependía de servicios de empresas internacionales. Pese a ello, las tareas de reactivación de Petrel tampoco se habían completado al 10 de diciembre de 2023,

Otro proyecto importante era la creación del Polo Logístico Antártico en Tierra del Fuego que era también una de las propuestas desde hace años promovidas por el Departamento del Atlántico Sur del IRI, junto al Polo Científico Antártico, en el cual se unifiquen todos los institutos científicos nacionales, convirtiendo a la Isla Grande de Tierra del Fuego en la verdadera capital nacional de la Antártida Argentina, lo que la transformaría en una plataforma competitiva para obtener ingresos económicos genuinos que deberían ser reinvertidos en el Programa Antártico Argentino. Se habló mucho durante la administración Fernández del Polo Logístico Antártico pero el mismo no pasó de ser otro proyecto inconcluso y hoy el presidente Milei anunciaba -el 5 de abril de 2024- que lo construirá en forma conjunta con los Estados Unidos de América y “se tratará de un centro logístico que constituirá el puerto de desarrollo más cercano a la Antártida y convertirá a nuestros países (la Argentina y los EE.UU) en la puerta de entrada al continente blanco”. El proyecto es el mismo pero al sumar al socio americano cierra toda posibilidad para colaborar con China, Rusia o la India, que es el nuevo país interesado firmemente en la Antártida, limitando así las posibilidades de tener una política antártica autónoma.

Recordemos que durante los días 20 y 30 de mayo de 2024 el Ministerio de la Tierra de la República de la India, a través del Centro Nacional de Investigación Polar y Oceánica organizó la XLVI Reunión Consultiva del Tratado Antártico y la 26° Reunión del Comité para la Protección del Medio Ambiente y que con anterioridad varios países -entre ellos la República Argentina- habían manifestado su frontal oposición a posibles exploraciones con fines extractivos tras el anuncio de un supuesto hallazgo por parte de Rusia de una importante reserva de petróleo y gas. El encuentro reunió a más de 400 delegados de 56 países y ONGs involucradas en la actividad antártica, quienes deliberaron y trabajaron sobre normas para la gobernanza y protección del Continente Blanco.

Con respecto a la administración Milei solo hemos visto la visita presidencial a la Antártida del 9 de enero de 2024 y la promesa de instalar una estación científica subantártica en la Isla de los Estados con el objetivo de facilitar el trabajo de equipos científicos en campos como la oceanografía, la biología y la arqueología. El proyecto incluye la renovación del puerto y un helipuerto. La iniciativa es impulsada por el ministerio de Defensa, la secretaría de Ciencia, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), el Centro Austral de Investigaciones Científicas (Cadic-Conicet) y el Comando Conjunto Antártico (Cocoantar), para fortalecer el conocimiento científico

Durante este período el Reino Unido ha profundizado su propia logística antártica desde las Islas Malvinas para realizar el recambio de dotaciones, el mantenimiento de proyectos de investigación de campo y continuar con las construcciones en la Base Rothera, que es el centro logístico británico en la Antártida. Asimismo, ha renovado sus proyectos de cooperación antártica privilegiada con la República de Chile -para romper el aislamiento de no disponer del apoyo logístico de la Argentina continental- continuando con su “paradiplomacia científica” dirigida a horadar los vínculos que tanto costaron tejer entre ese país y el nuestro luego de la firma del Tratado de Paz y Amistad de 1984. Recordemos que ya el especialista en temas militares británicos James Rogers viene insistiendo desde hace algunos años que Chile y el Reino Unido deben trabajar en conjunto con países como Nueva Zelanda o Australia -pertenecientes al Commonwelth y al área del Pacífico- con el objetivo de evitar “empoderar a estados revisionistas”, eufemismo que utiliza para no nombrar directamente a la República Argentina.

Por cierta inercia positiva de nuestra diplomacia la administración Milei logró el 1° de marzo de 2024 que la VIII Cumbre de Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) realizada en Kingstown (San Vicente y las Granadinas) reafirmara su respaldo a los derechos de soberanía argentina en la Cuestión de las Islas Malvinas, lo que se replicara en el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas el día 18 de junio y la Reunión de la Organización de los Estados Americanos reunida en Asunción del Paraguay los días 24 y 25 de junio, pero finalmente se produjo la primera fisura y en un lugar inesperado, el Mercosur.

El 8 de julio el presidente argentino Javier Milei optó por no concurrir a la Cumbre del Mercosur que se realizaba en la ciudad de Asunción del Paraguay para estar presente en una conferencia de políticos e intelectuales opositores al presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva en la ciudad brasileña de Camboriú a la que había sido invitado por el ex presidente Jair Bolsonaro y durante la cual se convirtió en la estrella del evento, mientras en Asunción, por primera vez desde 1996 no se incluía en la declaración final de la Cumbre del Mercosur el reclamo argentino por la usurpación británica de las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, cláusula conocida como de Potrero de Funes, por haber sido adoptada en una reunión realizada en esa localidad de la provincia de San Luis y se reiterara en todas las comunicaciones del Mercosur durante 30 años, sin excepción.

La canciller argentina Diana Mondino -quien estuvo presente en la reunión- trató de justificar la ausencia del presidente Javier Milei y la no incorporación del reclamo argentino en el documento final, ante la interpelación del jefe de la delegación argentina del parlamento del Mercosur, Gabriel Fuks. No sabemos si faltó diligencia a la jefa de la diplomacia argentina ante esta omisión o si temió que no existiera el consenso de los presidentes para incluir la misma ya que en el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas había observado el mes anterior que los exabruptos del presidente Javier Milei contra algunos dignatarios extranjeros y sus posiciones disruptivas con respecto a la tradicional política exterior argentina estaba comenzando a poner en crisis el apoyo a nuestro país en la Cuestión Malvinas en foros internacionales que eran tradicionalmente amigables y seguros. En la cancillería pusieron como excusa que el reclamo no se postuló porque “se priorizó un documento económico y Malvinas es un tema político”, lo que no es cierto ya que en el documento aparecen muchos y diversos temas no económicos, como por ejemplo la incorporación de Bolivia como miembro pleno del bloque, temas fronterizos e incluso las delegaciones se hicieron tiempo para armar una declaración aparte sobre la lucha contra el crimen internacional.

La Declaración de Potrero de Funes no aparece en el documento final porque a la canciller argentina -por distintos motivos- no le interesó incluirla y está en la génesis de su pensamiento sobre esta cuestión, expresada en sus propias redes sociales: “En los últimos años hubo hasta agresividad contra el Reino Unido, si una empresa operaba en las Islas no podía operar en la Argentina y así un montón de temas donde hemos presentado quejas a países vecinos por permitirque aterrice un avión que luego siguió a Malvinas. Eso con nosotros terminó”. La idea es que la Argentina renuncie a la única herramienta que tiene para frenar la consolidación de la colonia británica en Malvinas, abandonando todas las políticas proactivas que tanto preocuparon al Reino Unido durante el período 2003-2015.

Indudablemente la política exterior del presidente Javier Milei en relación con la Cuestión Malvinas y todo el Atlántico Sur es sumamente preocupante y ya comenzamos a ver sus resultados, pero para concluir corresponde analizar dos temas del futuro que todavía no hemos desarrollado. El primero es el proyecto de traslado de la embajada Argentina de Tel Avid a Jerusalén.

Tenemos que tener en cuenta que existen 90 embajadas en Tel Avid y solo 3 en Jerusalén y en el caso de la Argentina ese traslado solo se podría hacer por una ley del Congreso de la Nación. Pero si lograra algún día el gobierno tener las mayorías para sancionar esa ley la misma estaría en violación del Derecho Internacional pues la Argentina aprobó oportunamente la resolución 242/1967 de la Asamblea General, que a su vez está basada en resoluciones de 20 años anteriores que establecen que Jerusalén debería ser un territorio internacional, lo que jamás de concretó. Por lo tanto la República Argentina no puede reconocer de facto a Jerusalén como parte del Estado de Israel, ya que este territorio fue conquistado y está ilegítimamente ocupado en una situación similar a las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del sur y sus espacios marítimos circundantes en el Atlántico Sur.

Estaríamos por lo tanto ante una grave contradicción con lo que decimos sobre nuestros territorios usurpados por el Reino Unido y cuando fuéramos a reclamar por nuestros derechos en los foros multilaterales todos los países de Medio Oriente que se encuentran en conflicto con Israel (que son la mayoría) nos lo van a hacer notar y posiblemente van a votar en nuestra contra. Esta es quizás la propuesta más irracional de la administración Milei que a largo plazo puede poner en crisis los apoyos internacionales que hemos conseguido con tanto trabajo en la Cuestión de las Islas Malvinas.

El segundo es el Acuerdo de Diversidad Biológica más allá de las Jurisdicciones Nacionales (BBNT) que fuera firmado por la canciller argentina Diana Mondino y a la que ya nos hemos referido precedentemente. La Argentina tiene que analizar si esta convención nos conviene en el plano general y si nos afecta en la disputa con el Reino Unido.

La misma trata sobre el aprovechamiento de los recursos biológicos de Alta Mar, que son de interés prioritario para la industria farmacéutica y de fabricación de cosméticos, y busca crear áreas Marítimas Protegidas (AMP), un viejo proyecto que los países centrales vienen llevando adelante a los efectos de lograr que en esas zonas no se pesque y conservarlas para que el día de mañana estos recursos estén a su disposición. Una iniciativa impulsada por todos los países que ya han depredado todo lo que podían depredar en el resto de los caladeros del mundo: tal es el caso de la Unión Europea, que es una de las más depredadoras a nivel global y que como consecuencia de ello cada día pesca más lejos de sus bases.

Además de los problemas prácticos, económicos y productivos, en el tema Malvinas hay dos cuestiones muy graves: como cada vez se impone más en el Derecho Internacional el modelo del derecho común anglosajón sobre el derecho continental romano, en este tipo de acuerdos no se admiten reservas. Es decir, en su aceptación la República Argentina no puede salvar su posición aclarando a la comunidad internacional que no va a aplicar lo que afecte a la Cuestión Malvinas. Y además, por otro lado, en los artículos 6 y 8 la propia convención desconoce las disputas de soberanía, aduciendo que se hace en beneficio de la protección del medio ambiente.

Suponiendo entonces que el gobierno ilegal de las Islas Malvinas creará un Área Marítima Protegida en el marco de esta convención, si nosotros formáramos parte de la misma estaríamos obligados a reconocerla, reconociendo con ello el acto de un gobierno que no reconocemos y horadando la legitimidad internacional de nuestro reclamo de soberanía.

Si a todo esto le agregamos que el presidente Javier Milei ha manifestado reiteradamente su admiración por la ex primer ministro británica Margaret Thatcher, quien fuera la responsable directa del hundimiento del crucero ARA General Belgrano el 2 de mayo de 1982 con el objetivo de boicotear el plan de paz del presidente peruano Fernando Belaunde Terry y así lograr humillar a la República Argentina con una derrota militar en la Guerra de Malvinas, que él mismo está dispuesto a derogar la Ley 26.737 que limita la venta a extranjeros de tierras de frontera y en áreas de seguridad nacional, proyecta vender empresas sensibles para la defensa nacional a inversores internacionales sin establecer ninguna restricción para los de origen británico y su ministro de economía está enviando las reservas de oro del Banco Central en resguardo al Banco de Inglaterra en momentos en que todos los países del hemisferio norte están fortaleciendo sus reservas de oro ante la posibilidad de una guerra en ese lugar del planeta, observamos que el futuro de la Causa de Malvinas es una incógnita.

Carlos Alberto Biangardi Delgado
Coordinador

Actividades de los miembros del departamento

Durante el período correspondiente al presente Anuario el Departamento del Atlántico Sur y sus integrantes han realizado las siguientes actividades, complementarias de las tareas de investigación de cada uno de sus miembros:

El Coordinador del Departamento, Magister Carlos Alberto Biangardi Delgado:

–Participó como expositor en el Congreso de Derecho realizado durante el mes de septiembre de 2023 por el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de Las Plata, con el tema “Malvinas y Atlántico Sur”

-Reportaje del medio “PalSur, una nueva manera de mirar la Argentina” dedicado a la evaluación de los primeros 3 meses del gobierno de Javier Milei con respecto a la Causa de Malvinas (marzo de 2024).

-Dictó una conferencia en el Colegio Industrial Albert Thomas de la ciudad de La Plata sobre el tema “Malvinas y Atlántico Sur” dedicada a estudiantes y docentes de dicha institución (abril de 2024).

-Presentó en la Feria Internacional del Libro de la ciudad de Buenos Aires la edición en idioma mandarín de su libro “Cuestión Malvinas: A 40 años de la Guerra del Atlántico Sur” (mayo 2024).

-Expuso en la Universidad Popular Alejandro Korn de la ciudad de La Plata, sobre la Cuestión de las Islas Malvinas con motivo de conmemorarse el día 10 de junio de 2024 el “Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Malvinas, Islas y Sector Antártico”

-Fue entrevistado por Radio Universidad Nacional de Misiones con motivo de la noticia del descubrimiento de importantes reservas de hidrocarburos en la Antártida por una expedición rusa.

-Se desempeñó como Jurado de Tesis de Maestría en Relaciones Internacionales en la Universidad Católica de Santa Fe con respecto a la Tesis: “El principio de no intervención y la política exterior argentina: un estudio comparativo”, dirigida por el Profesor Roberto Miranda.

-Fue designado miembro del jurado evaluador del Trabajo Final Integrador titulado “Desde el Reino del Medio hacia el extremo sur. La travesía de la República Popular China hacia el Continente Antártico” presentado por el estudiante de la Especialización en Estudios Chinos Martín Rafael López.

-Escribió el prólogo del libro “Bitácora para un camino de Malvinización” del periodista Luciano Ramiro Moreno Calderón, auspiciado por la Confederación Nacional de Combatientes de Malvinas de la República Argentina.

Publicaciones en la página del IRI:

-“El IRI ante la visita del canciller británico a las Islas Malvinas” (20/02/2024)

-“A 42 años del 2 de abril de 1982. El futuro de la Causa de Malvinas es una incógnita) (2/02/2024)

-“Malvinas y Petróleo” (4/06/2024)

Actividades del Secretario del Departamento, Magíster Federico Martín Gómez:

-Publicación del libro “Señorita Maestra: Las maestras argentinas en nuestras Islas Malvinas (1974-1982)” en coautoría con Jazmín Maccari (investigadora del Laboratorio de Políticas Públicas hacia la Cuestión Malvinas)

-Exposición “Malvinas en foco: Desafiando estereotipos culturales de género”, junto a la Licenciada Jazmín Maccari, organizado por el Instituto de Formación Política y Gestión Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Abril 2024.

-Presentación del libro: “Señorita Maestra: Las maestras argentinas en nuestras Islas Malvinas (1974-1982)” en el marco del reconocimiento a las maestras argentinas de español, organizado por la Honorable Cámara der Senadores de la Provincia de Buenos Aires, 26 de abril de 2024.

-Presentación del libro: “Señorita Maestra: Las maestras argentinas en nuestras Islas Malvinas (1974-1982)” en el marco del desarrollo de la Feria Internacional del Libro de la ciudad de Buenos Aires, 14 de mayo de 2024.

-Presentación del libro: “Señorita Maestra: Las maestras argentinas en nuestras Islas Malvinas (1974-1982)” en el marco del II Congreso de Política Exterior Argentina de la REDAPPE. Rosario, Mayo 2024.

-Participación como expositor del trabajo “Introducción al universo de análisis de Malvinas y la comunidad politológico argentina”, en el marco del II Congreso de Política Exterior Argentina de la REDAPPE. Rosario Mayo 2024.

-Participante como expositor del trabajo “En caso de emergencia rompa…El demagógico uso de la Cuestión Malvinas en la campaña presidencial argentina 2023” en el marco del II Congreso de Política Exterior Argentina de la REDAPPE. Rosario, Mayo 2024.

-Expositor invitado de la Conferencia Especial en la Maestría en Relaciones Internacionales “La dinámica evolutiva de Malvinas en la Política Exterior Argentina en los siglos XX y XXI”, organizado en el marco del Instituto de Relaciones Internacionales de la UNLP. Viernes 12 de julio de 2024.

Actividades del miembro del Departamento Raphael Fernandes Vieiras:

-Junio/2023 (22-24) Participación en el 2023 SCAR-HASS Biennial Conference. En la Universidad de Lisboa (Portugal) en las mesas-redondas “The Antartic Treaty System in South American perspective; the importance of a unity to face challenghers ande encourage cooperation” y “The importance of an APECS National Commiote for early career researcher”, en conjunto con investigadores de Argentina, Brasil, CXhgile, Nueva Zelanda y Portugal.

-Julio 2023. Visita a la Secretaría de la Comisión Interministerial para los Recursos del Mar (Secretaría da Comissao Intereministerial para os Recursos do Mar).

-Septiembre/2023. Entrevista al Polar Journal sobre la primera exposición brasileñas al Ártico “Under Liula’s Government, Brazilian sientists head for the Arcic” (https://polarjournal.ch/en/2023/09/04/under-lulas-government-brazilkian-scientists.head-for-the-artic/).

-Marzo/2024. Visita a la Secretaría de la Comisión Interministerial para los Recursos del Mar (Secretaría da Comissao Interministerial para os Recursos do Mar).

-Abril/2024. Charla “Relaciones Internacionales y los polos: El papel de los profesión bales de RRII en la Antártida y en el Ártico”, en la Pontificia Universidade Católica de Minas Gerais (Brasil)

-Junio/2024. Disertante en el II Curso Multidisciplinar Antártico, organ izado por APECS-Brasil y la Universidade Federal Fluminense (Brasil), en el módulo “Historia y Geopolítica Antártica”.

-Julio/2024. Participación en la organización del “VIII Simposio APECS-Brasil: 40 años de la presencia de Brasil en la Antártida”, como presidente del Comité Nacional Brasileño de la Asociación de Investigadores Polares en Carrera Temprana (APECS-Brasil), y mediador en el panel “Desafíos e conquistas do PROPANTAR ao longo de 40 anos de apojo ás pesquisas: aspectos micro e macro das Relacoes Internacionais”, y en la mesa-redonda “Adesao do Brasil ao Tratado da Antártida: o MRE, o MVCTL, a SECIRM e o CNPq”, con investigadores de Argentina, Brasil, Chile, Perú y Venezuela; de representantes de los ministerios de Relacionbes Exteriores MRE-Itamaraty) y de Ciencia, Tecnología y Innovación (MCTI)), de la Secretaría de la Comisión Interministerial para los Recursos del Mar (SECIRM), del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (CNPq), y de la Marina de Brasil.

-Julio/2024. Reunión con el Diputado Federal por Minas Gerais, Lafaeytte de Andrada, representante del Frente Parlamentar Mixta de Apoyo al PROANTAR.

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^[1] Aclaración: Se advierte que durante la redacción de esta Presentación y de la Cronología se ha respetado lo establecido por la legislación nacional que dispone que a partir del 02/07/09 se debe utilizar la toponimia argentina para designar al archipiélago o los sitios ubicados en las Islas Malvinas cuando estos tuvieran distinta denominación en la cartografía británica. Por eso se ha traducido «Islas Malvinas», aún cuando la expresión de la fuente británica fuera «Falkland Islands», con la sola excepción de algunas expresiones de funcionarios británicos en las que el cambio de palabras pudiera desvirtuar el sentido impactante de las mismas, y siempre transcriptas en forma textual y colocadas entre comillas.