Departamento de América Latina

Presentación

América Latina y el Caribe y la afectación de las múltiples crisis que retrasan el “deseado desarrollo”

Panorama regional

En 2023 y 2024, conforme el informe económico de la CEPAL del 2024 denominado “Trampa de bajo crecimiento, cambio climático y dinámica del empleo prevé para los países de América Latina y el Caribe” se proyecta un crecimiento de la economía mundial del 3,2% en 2024, registrando una leve baja en comparación con el 2023. Asimismo los precios de los productos básicos han caído en el 2023 un promedio de 23% lo cual tiene como fundamento, entre otras cuestiones, la invasión de la Federación de Rusia a Ucrania, y se espera una disminución del 5%, en promedio, para el 2024. Asimismo, se estima que los precios de los productos energéticos tendrán este año una caída del 10% en comparación con los niveles de 2023.^[1]

Este escenario internacional relacionado con el crecimiento económico, tiene impacto en la región, la cual transita en la última década bajos niveles de crecimiento (promedio de 0,9% entre 2015-2024), atento lo cual resulta necesario que los países de la región instrumenten las medidas económicas, políticas y sociales que puedan impulsar el crecimiento con desarrollo en la región. La tasa de crecimiento en el 2024 se proyecta en un promedio del 1,8%. Está compuesto de la siguiente manera: América del Sur (1,5%); Centroamérica y México (2,2%), y el Caribe ( 2,6%). Esto tiene íntima relación con la menor dinámica de crecimiento esperada en el caso de los dos principales socios comerciales de la región, los Estados Unidos (alrededor del 1,9% en 2025) y China (alrededor del 4,5% en 2025).

En relación a la inflación, y según lo informado por el informe de la CEPAL las expectativas sobre la inflación señalan que la misma mantendrá su ritmo de desaceleración, en torno al 3,6% para finales de 2024 y mediados de 2025. El fundamento de dicha baja recae principalmente, en la disminución de la inflación a nivel global, y en los menores precios de los alimentos, de la energía y de la manufactura. A pesar de esta baja de la inflación, la misma continúa siendo alta tanto en la esfera internacional como regional, lo cual redundará en altas tasas de interés de las principales instituciones financieras, lo cual impacta en los préstamos e inversión.

Como hemos explicado en informes anteriores, América Latina y el Caribe ha estado permeada por el desestabilizante contexto internacional, esto es: a los conflictos inter e intraestatales, a la situación crítica de la movilidad humana en algunas regiones del planeta; a la crisis del multilateralismo; a la desigual “recuperación económica”; a la recesión post-pandemia que todavía persiste y la concentración casi sin precedentes de capital en los fondos de inversión internacionales (Black Rock, Vanguard, UBS Grupo, etc.) que adquieren cada vez más poder, son algunos de los hechos que dan cuenta del grado de conflictividad e imprevisibilidad que ha caracterizado a la sociedad internacional en las primeras décadas del siglo XXI.

Según el Informe Mundial de Desarrollo Humano en términos generales se han generado las peores cifras de desarrollo humano de los últimos años en América Latina. El informe destaca lo siguiente:

Vivimos menos años de edad, empeoramos nuestros niveles educativos, y se redujeron nuestros ingresos. El promedio de años de vida era 73 en el 2019, bajó a 71 en el 2021. Con la caída se perdieron los últimos 6 años de Desarrollo Humano y se volvió a los indicadores de 2016. Es la primera vez en los últimos 30 años que el Desarrollo Humano bajó en lugar de avanzar (Naciones Unidas, 2023^[2]).

En otro orden, también se han profundizado las situaciones de vulnerabilidad social y política, lo que ha generado -entre otras cuestiones- las importantes cifras de movilidad humana intrarregional, producto de situaciones de inseguridad en la región centroamericana, en Haití o en Venezuela, por mencionar algunos de los países y regiones más críticos de América Latina. Todas las situaciones mencionadas se vienen “arrastrando” en la región desde hace ya varios años, se agravó con la pandemia y se van solapando con nuevas crisis que no parecerían tener soluciones a corto y mediano plazo.

Procesos electorales en América Latina

Argentina: En un marco de crisis social, económica y política, se llevaron a cabo las elecciones en la República Argentina en segunda vuelta en el mes de noviembre de 2023. De dicho proceso eleccionario resultó elegido presidente, para el periodo 2024-2027 el candidato de derecha Javier Milei, con el 55,7% de los votos contra el 44,3 % de su oponente Sergio Massa. Millei gobernará con escasos representantes de su partido “La Libertad Avanza», en el Congreso y sin representantes en las gobernaciones de las provincias ya que el resultado de los mismos se llevó adelante en las elecciones generales de octubre del mismo año.

Ello implica, que para llevar adelante su plan de gobierno, necesariamente deberá entablar alianzas con partidos afines como el PRO liderado por Mauricio Macri, así como parte del radicalismo y del peronismo, sobre todo con aquellos representantes que se encuentran al frente de las administraciones provinciales.

Su discurso, ha sido receptado por gran parte de la población, el cual se encuentra signado por la propuesta de privatizaciones de las empresas del estado, la reducción del sector público, la lucha contra la corrupción, la seguridad interna, desregulación de la economía y la reducción de la inflación.

El triunfo de Milei, cuya candidatura ha sido construida por fuera de los cánones tradicionales de la política argentina, puede basarse principalmente en la grave situación económica y social, donde coexisten una gran porción de la población, de casi el 40% en niveles de pobreza y una tasa de inflación que alcanzó el 143% anual para octubre de 2023, el discurso rupturista, con lo que él denomina la “casta política”, logrando captar gran parte del voto joven y el sector antiperonista, apelando a un cambio profundo en la dinámica política.

En relación a la política exterior, desde su plataforma propicia un cambio de alineamientos, en donde el eje central lo constituye la alianza con EEUU y los gobiernos de derecha de la región y Europa. Así como su apoyo incondicional a Israel y Ucrania en sus respectivos conflictos, dejando a un lado a la región y los procesos de integración, planteando diferencias profundas con Brasil, Bolivia, Colombia y México.

El Salvador: Se llevaron a cabo las elecciones presidenciales juntamente con las legislativas y municipales para el período que va desde el 1 de junio de 2024 hasta el 1 de junio de 2029, en las cuales resultó electo por el 85% de los votos el actual presidente Bukele.

Dichas elecciones no han estado exentas de críticas. La reforma del artículo 298 de la Constitución de ese país, acaecida en mayo de 2024, habilitó la modificación de la carta magna con un trámite sencillo, cuando se cuente con las tres cuartas partes de los votos en el congreso. Esta modificación se erigió como plataforma a fin que el actual presidente pueda presentarse como candidato, ya que la constitución anterior no permitía las reelecciones.

Esta situación, en pleno proceso electoral, ha sido denunciada por los partidos políticos de la oposición, parte de la comunidad internacional, y organizaciones no gubernamentales, vislumbrando que estas acciones abren la puerta a las selecciones definidas, resultando estas en un detrimento de los cimientos básicos de la democracia.

Sumado a ello, se ha observado por parte de la ONU que las reiteradas prórrogas del estado de emergencia que el gobierno de Bukele implementa desde 2022, como herramienta para la lucha contra el crimen organizado, debilitan el estado de derecho y la integridad del sistema legal, violentado uno de los derechos humanos básicos de todo proceso penal como ser la defensa en juicio y la presunción de inocencia, entre otros. ^[3]

Panamá: El 5 de mayo de 2024 se eligió Presidente, vicepresidente y 20 diputados al Parlamento Centroamericano, así como 71 diputados ante la Asamblea Nacional, 81 alcaldes de distrito, 701 representantes de corregimiento y 11 concejales. José Raúl Mulino, fue el presidente electo, perteneciente al partido Realizando Metas, a su vez fue ministro de seguridad y de gobierno durante el gobierno del ex-presidente Ricardo Martinelli (2009-2014), quien fuera inhabilitado electoralmente tras una condena por blanqueo de dinero. El país se enfrenta a una crisis económica producto de la situación que comparte con la región y a la compleja situación migratoria, en virtud de la cual Panamá se ha convertido en un país de tránsito de Centroamérica hacia Estados Unidos.

República Dominicana: el 18 de febrero de 2024 se llevaron cabo elecciones municipales en los 157 municipios de ese país y el 19 de mayo del mismo año se eligió presidente y vicepresidente, además de 32 senadores y 262 congresistas que integrarán la Cámara de Diputados y 40 diputaciones al PARLACEN. Luis Abinader fue reelecto por 4 años en primera vuelta, tras conseguir el 58 % de los votos. Es uno de los presidentes con mejor aprobación pública de América Latina (cercana al 79 %). Sus propuestas de campaña giraron en torno a los siguientes temas: continuar con la “línea dura sobre Haití”; continuar con la lucha contra la corrupción y con la recuperación económica que tuvo el país en los últimos años. En tanto sus principales desafíos serán: reducir la inflación y los índices de desigualdad social que mostraron un aumento en su período de gobierno.

México: el 2 de junio de 2024 se celebraron elecciones presidenciales, donde el oficialismo encabezado por Claudia Sheinbaum alcanzó el triunfo con el sesenta por ciento de los votos asegurándose una mayoría calificada en la Cámara de Diputados y una mayoría simple en el Senado. Sheinbaum se convierte así en la primera presidente mujer del país azteca y promete continuar con el proceso político del actual presidente en funciones Andrés Manuel López Obrador conocido como “cuarta transformación”. El futuro de México y de la región en general se encuentra enmarcado por un contexto internacional en transformación. donde la disputa política – comercial, entre EEUU y China tendrá en México un impacto directo dadas las relaciones de carácter interdependiente que mantienen ambos países, incrementadas por el proceso de integración del NAFTA. Conforme su plataforma electoral puede vislumbrarse que el perfil dado a su futura política exterior podría volver a encuadrarse dentro del tradicional modelo de inserción internacional que ha seguido México durante las últimas décadas y que dejará a un lado la política exterior de alto perfil impulsada por López Obrador durante la segunda mitad de su gobierno, cuando buscó diversificar los vínculos políticos y económicos del país para contrarrestar los niveles de dependencia respecto a los EEUU. Sin perjuicio de ello, se puede identificar una inclinación de Sheinbaum en relación a la defensa de las políticas vinculadas a la transición energética, distanciándose de la posición de López Obrador de defensa a los combustibles fósiles, veremos en el futuro cuál de estas agendas se impone tanto a nivel interno como externo^[4].

Situación en Bolivia: A menos de cinco años del golpe de estado perpetrado el 10 de noviembre de 2019 contra el gobierno boliviano, a partir del cual Evo Morales Ayma y Álvaro García Linera, se vieron forzados a renunciar por cadena nacional a sus cargos de presidente y vicepresidente respectivamente, surgió el pasado miércoles 26 de junio, un nuevo capítulo en la historia que dejó un sinnúmero de dudas e incertidumbres en el país, violentando una vez más el orden democrático de Bolivia. El hecho se perpetró cuando un gran número de militares bolivianos, dirigidos por el general Juan José Zúñiga, ingresaron violentamente con tanquetas en la plaza Murillo, en La Paz, en las inmediaciones de las sedes del Poder Ejecutivo y del Legislativo del país, e incluso entraron por la fuerza al palacio presidencial. Se transmitieron por esas horas imágenes de extrema violencia, que fueron inmediatamente denunciadas por el presidente constitucional, Luis Arce, como un intento de golpe de Estado.

Cabe mencionar que las acciones de los militares generaron inmediatas manifestaciones de repudio a nivel interno e internacional. Inclusive de la propia Organización de Estados Americanos (OEA), quien no solamente no había condenado el golpe de 2019, sino que tuvo -en aquella oportunidad- una participación “condenable” del secretario general de la institución, Luis Almagro.

La sucesión de hechos ocurridos nos deja en claro algunas cuestiones que hoy es posible visualizar: en primer lugar, la pretensión de desestabilizar políticamente al país para impedir la continuidad del proyecto socialista del Movimiento Al Socialismo (MAS), a la vez que se intentó sembrar dudas sobre una grave rivalidad en la interna del movimiento. En segundo lugar, resurge la sospecha del apoyo de Estados Unidos en un intento de “golpe suave” en el país, el cual había sido denunciado públicamente por el presidente Luis Arce, a través de su ministro de Economía, Marcelo Montenegro. El funcionario denunció a la representación diplomática de Estados Unidos de estar detrás del bloqueo de créditos en la Asamblea Legislativa y la interrupción de flujos en las carreteras para crear un caos administrativo y social. La denuncia fue rechazada por la Embajada de Estados Unidos al día siguiente, pero el 24 de junio, el gobierno de Arce emitió un comunicado público contra la “injerencia en los asuntos internos de Bolivia” y citó a Debra Hévia, encargada de asuntos de la embajada de Estados Unidos en Bolivia, para que se explicara. En tercer lugar, no podemos dejar de recordar algunas políticas promovidas por el MAS, como la nacionalización de la explotación de hidrocarburos y el control de explotaciones naturales -como la del litio- o la redistribución de la tierra en algunas localidades, la transformación en términos de crecimiento económico y desarrollo social que ha tenido el país desde que gobierna el MAS (2005 en adelante, con las interrupciones conocidas), lo que se tradujo fundamentalmente en reducción de la pobreza y de la indigencia y la consecuente mejora de la calidad de vida del pueblo boliviano.^[5]

Situación en Venezuela

El domingo 28 de julio de 2024 la región y el mundo han sido testigos de una nueva crisis en Venezuela, en virtud de la ausencia de resultados ciertos en las elecciones presidenciales, donde la falta de publicidad de los datos de las elecciones por parte del gobierno de Maduro han sembrado serias dudas a nivel interno e internacional.

A contrario sensu la oposición, encabezada por Corina Machado, ha publicado las actas electorales a las cuales han tenido la posibilidad de acceder, donde dan cuenta del triunfo de Edmundo González. Esta situación ha provocado que tanto la oposición como el oficialismo se adjudiquen el triunfo de las mismas, provocando una crisis más en el país caribeño.

En este escenario las reacciones no se hicieron esperar. La oposición, que posee pruebas de su posición, han sido objetadas por el gobierno de Maduro, que frente a las masivas protestas en las calles de Caracas ha iniciado una represión feroz, apropiándose del poder, cercenando los derechos que le asisten a la ciudadanía aun desde antes del proceso eleccionario. Las violaciones a los derechos humanos en Venezuela se han incrementado, pero lamentablemente no son hechos nuevos ni aislados, sino que constituyen en ataques generalizados y sistemáticos contra la población civil y con conocimiento por parte de quienes lo llevan a cabo de dicho ataque. El ataque contra una población civil se entiende como “una política de estado o de una organización encargada de cometer esos actos o para promover esa política”.^[6]

Tenemos pues, constituido el crimen de lesa humanidad, conforme el estatuto de la CPI, donde se han registrado en el territorio del estado venezolano, crímenes como asesinatos, encarcelación u otra forma de privación grave de la libertad física, torturas, persecución de un grupo por motivos principalmente políticos, desaparición forzada de personas, sumado a crímenes comunes, dejando a la población en una total desprotección. En este sentido se pronunció la Misión de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela^[7] establecida el 27 de septiembre de 2019 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU (Resolución 42/25) cuya vigencia ha sido extendida hasta septiembre del presente año (Resolución 51/29).

Dicha misión ha solicitado, ante los últimos sucesos, el cese inmediato de la represión ejercida por parte del Gobierno e insta a que se lleven a cabo las investigaciones necesarias para dilucidar los hechos. Asimismo, expresa que han sido registradas por la citada Misión y por organizaciones de derechos humanos, la detención de al menos 1260 personas, entre ellas 160 mujeres, la mayoría de las mismas se han producido en el Distrito Capital (18%), los estados de Carabobo (16%) y Anzoátegui (9%).

Asimismo pone de manifiesto que el Fiscal General de la República ha calificado, a las personas detenidas, de manera arbitraria como “terroristas”, ante esa situación la Misión de la ONU ha informado que se “ha registrado elementos comunes en estas detenciones, que las convierten en detenciones arbitrarias y constituyen graves violaciones al debido proceso, dejando a las personas desprotegidas ante el sistema de justicia. Entre estos elementos se incluyen audiencias telemáticas sumarias, llevadas a cabo por los Tribunales con competencia en terrorismo de Caracas, aunque los hechos hubieran ocurrido en otro lugar; la imputación de graves cargos penales como terrorismo, conspiración y delitos de odio, sin una base probatoria que lo fundamente o aplicados de forma desproporcionada; la negación de información a familiares o información tardía e incompleta; o los impedimentos para el nombramiento de abogados de confianza de las personas detenidas.” (Misión de Determinación de los Hechos de Venezuela – Consejo de Derechos Humanos de la ONU- 08/2024)

Esta grave situación es una consecuencia palmaria de lo que sucede cuando un poder de estado, en este caso el Poder Judicial, se encuentra cooptado por otro de los poderes (en el caso el Poder Ejecutivo), donde los pesos y contrapesos, ya expuesto por Montesquieu en su célebre libro “El espíritu de las leyes” no funcionan. La defensa y sostenimiento de la división de poderes, no es solo una categoría analística, filosófica o jurídica, sino que de manera práctica se erige como el escudo que protege a los ciudadanos de las acciones u omisiones de un gobierno. Es el último bastión nacional para la garantía de los derechos humanos básicos.

Cuando estos resortes no funcionan, solo queda la faz internacional. Esa faceta tiene muchos frentes hoy para Venezuela, desde la OEA, la ONU y la CPI, como así también las alianzas que se tejen sobre todo en el sur del continente americano.

En estos días donde Maduro se ha proclamado como nuevo presidente de Venezuela, parte de la comunidad internacional no reconoce su presunta victoria, y los liderazgos regionales palidecen ante la arbitrariedad de los acontecimientos mencionados. Es tiempo que las voces que defienden los derechos humanos básicos y elementales alcen su reclamo con el fin de detener y poner fin a las violaciones de los derechos humanos, exigir las garantías de no repetición, poner fin a las detenciones ilegales, a la censura de los medios de comunicación, recuperar la libertad de elegir y ser elegidos, entre otras medidas, de otra manera las cartas democráticas que se han suscripto, se terminarán borrando con el codo de la hipocresía.

Situación en Nicaragua

En 2021 la República de Nicaragua denunciaba la Carta de la Organización de los Estados Americanos y anunciaba su retiro como miembro de la Organización de conformidad con el artículo 143 de la misma, lo cual se concretó el 19 de noviembre de 2023, luego de cumplirse los dos años de la denuncia del Tratado. La denuncia se fundamentó principalmente, en el hecho que la OEA no reconoció a Daniel Ortega (quien había sido electo en 2021 como presidente por un quinto período), por las violaciones a los derechos humanos, en especial las garantías más elementales de cualquier sistema democrático. La proscripción de la oposición, su procesamiento penal, las penas privativas de la libertad, que arrojaron al exilio a los principales candidatos de la oposición, lo que provocó fuertes críticas de la comunidad internacional clasificando el proceso electoral como «ilegítimo».

Sin perjuicio de ello, Nicaragua, queda sujeta a las obligaciones emanadas de su ratificación a otras convenciones interamericanas, así como a las normas consuetudinarias y principios generales del derecho y aquellas normas jerarquizadas como normas ius cogens, que propicien la protección de la dignidad humana, criterio sostenido por la Corte Interamericana a través de la Opinión Consultiva 26 (2020).

La denuncia de Nicaragua a la OEA y su posterior consolidación, se enmarca en una situación de violaciones sistemáticas a los DDHH, que según un informe de la ONU, el gobierno de Daniel Ortega ha impulsado políticas destinadas a la destrucción total de la oposición^[8]. Conforme este informe la persecución política se extiende más allá de las fronteras, con medidas como la privación de la nacionalidad y personalidad jurídica, provocando la imposibilidad de acceso a la documentación personal generando a sabiendas y con intención cientos de apátridas, limitando sus derechos básicos elementales^[9].

El informe también destaca que se ha consolidado la concentración del poder en manos del presidente Ortega y la vicepresidenta Murillo, destacando particularmente el control total ejercido sobre el poder judicial^[10].

Integración regional en América Latina

En el ámbito del Mercosur, destacamos el ingreso del Estado Plurinacional de Bolivia como miembro pleno al bloque. Cabe aclarar que el Protocolo de Adhesión del mencionado país se había ratificado en el año 2015 (Dec. CMC 13/15) y tras varios años de espera, en el mes de julio de 2024 se recibió la última ratificación que faltaba (de Bolivia) para efectivizar su membresía^[11].

A continuación, detallaremos los principales efectos jurídicos de su incorporación al Mercosur: en primer lugar, entra en vigencia para Bolivia el Tratado de Asunción (1991) y todos los protocolos que forman parte del derecho originario del Mercosur (Protocolo de Ouro Preto, de Olivos, de Montevideo, entre otros). En segundo lugar, Bolivia adquirirá todos los derechos y obligaciones que surgen de tal membresía, esto implica también que tendrá “voz” y “voto” en todos los órganos decisorios del Mercosur. A la vez, que deberá integrar todos los órganos; adoptar gradualmente la normativa; la nomenclatura y el régimen de origen del Mercosur. Asimismo, tendrá que adherir a otros acuerdos que el Mercosur celebró con otros países en su agenda externa y ejercer la presidencia pro témpore del bloque en breve (Perotti, 2024)^[12]. Todo lo cual implica un gran desafío, no solo económico para Bolivia, sino también político, ya que reforzará el vínculo estratégico con sus socios del Mercosur, con quien comparte aproximadamente el 70 % de sus fronteras, tiene un importante intercambio comercial y también comparte otras agendas comunes (de infraestructura que vincula a los cinco países en la Cuenca del Plata; de energía con la exportación de gas; transporte; narcotráfico y crimen organizado, entre otros).

En otro orden, destacamos que luego de la reunión celebrada en Brasilia y convocada por Lula Da Silva (mayo de 2023), con el objeto de “volver a mirar colectivamente a la región” y dar un impulso a la integración sudamericana y reconstruir la Unasur, no tuvo grandes efectos en la región durante el período en estudio. Podríamos afirmar que los Estados han continuado con una dinámica enfocada en la resolución de sus problemas internos con una mirada más estatocéntrica que de cooperación regionalista.

Los días 1 y 2 de marzo de 2024 se celebró en San Vicente y las Granadinas la VIII Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), la cual no tuvo una gran convocatoria de presidentes de la región, realidad que le quitó visibilidad estratégica a la Cumbre. Sin embargo en la reunión hubieron algunas manifestaciones importantes en pos de la profundización de la cooperación en la región; se reconoció la necesidad de consolidar nuestros sistemas agro productores; de continuar con el desarrollo de los corredores bioceánicos como forma de incrementar la integración física y promover el desarrollo; continuar con la agenda externa que nos vincula con otras regiones y/o países (Foro China-CELAC o UE-CELAC)^[13]. También hubieron algunas declaraciones especiales que abordaron los siguientes temas: declaración especial para la revalorización de la Democracia; de la mujer indígena protectora de los conocimientos tradicionales; declaración especial sobre la necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba; sobre las acciones israelíes en la Jerusalén Este ocupada y el resto del Territorio Palestino Ocupado; sobre la cuestión de las islas Malvinas y una declaración especial sobre el tema migratorio que, como mencionamos anteriormente, sigue siendo un tema que afecta seriamente a la región.

En abril de 2024 se celebró una Cumbre extraordinaria de la CELAC en formato virtual, solicitada por el presidente de México, Manuel López Obrador, tras el conflicto diplomático que tuvo este país con Ecuador. Este conflicto se inició cuando la Policía de Ecuador irrumpió en la Embajada de México ubicada en Quito (el 5/4/24) y capturó a Jorge Glas, ex vicepresidente de Ecuador entre los años 2013 y 2018 (primero con Correa y luego con Lenín Moreno), quien se encontraba allí refugiado como asilado político desde diciembre de 2023 y lo trasladaron a una prisión de máxima seguridad en Guayaquil.

Como consecuencia, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, consideró que el hecho se trataba de una violación flagrante al derecho internacional y a la soberanía de México, razón por la cual instruyó a la canciller, Alicia Bárcena, a que “declare la suspensión de relaciones diplomáticas con el gobierno de Ecuador”. La Cancillería mexicana publicó horas más tarde un Comunicado donde confirmó dicha acción “ante la flagrante y grave violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, en particular, del principio de inviolabilidad de los locales y del personal diplomático mexicano y las normas básicas de convivencia internacional”. También comunicó que México “recurrirá a la Corte Internacional de Justicia para denunciar las violaciones al Derecho Internacional por parte de Ecuador, así como a las instancias regionales e internacionales pertinentes”.

Cabe mencionar que el vínculo bilateral se había tensionado el día anterior, debido a que el Gobierno de Ecuador había declarado “persona non grata” a la embajadora de México en Quito y le había pedido abandonar el país, tras las críticas de López Obrador sobre las elecciones ecuatorianas del año pasado en las que fue asesinado el candidato Fernando Villavicencio^[14]. En esta Cumbre México recibió el apoyo de los mandatarios de la CELAC.

Finalmente resta presentar las actividades desarrolladas por el Departamento de América Latina y el Caribe, que en su publicación continua desde el año 2005 edita su serie de Boletines electrónicos trimensuales (ISSN 2250-6683), donde se analiza la situación de los diferentes países de la región y se actualiza la sección documental del Mercosur y de los procesos de integración de la región, tales como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), la Comunidad Andina de Naciones (CAN), de la Alianza del Pacífico (AP) y de la OEA, entre otros. En los Boletines se publican artículos de opinión de los miembros del Departamento y del Centro, así como también de docentes e investigadores invitados del país y de la región los cuales pueden ser consultados en la página del Instituto de Relaciones Internacionales (www.iri.edu.ar). Hasta julio de 2024 se llevan editados y publicados 88 Boletines.

Por su parte en los Boletines del Departamento se destacan los siguientes aportes: Intento de golpe, crisis política: nuevamente cruje la democracia en Bolivia, por Laura Lucia Bogado Bordazar (Boletin 88), Sheinbaum y el desafío de construir una identidad política propia, por Matías Mongan (Boletín 88); La salida de Nicaragua de la OEA, el triunfo del régimen sandinista, por María Jorgelina Senn (Boletin 86); Crisis política entre México y Ecuador, por Francisco Castaño (Boletin 87), entre otros.

En el área de investigación, miembros del Departamento y del CENSUD continuaron profundizando sus investigaciones en el proyecto denominado “Los procesos de integración latinoamericanos en tiempos de transformación” (2019-2023), acreditado en el Programa de Incentivos de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNLP. En el mismo participan: Laura Bono, como directora; Laura Bogado Bordazar, como investigadora principal y Julia Espósito y Emiliano Dreón, como investigadores en formación. Asimismo, se ha presentado un nuevo proyecto denominado “América Latina frente a la agenda 2030 en tiempos de cambios y tensiones globales. Un análisis multiescalar“ (2024-2017). El equipo de investigación se encuentra integrado por Laura Bogado Bordazar (directora), Laura Bono (co-directora), Julia Esposito y Emiliano Dreón como investigadores y constituye una continuidad de la investigación que culminó en el 2023.

En otro orden, los miembros del Departamento y del CENSUD han participado en diversas charlas, conferencias y efectuado entrevistas a destacados académicos y funcionarios nacionales y del extranjero, así como también han participado en programas de radio del IRI (Tiempo Internacional) y de otras universidades del interior del país.

Se desarrolló en el mes de septiembre de 2023 el XI Encuentro del CERPI y en la IX Jornada del CENSUD, Argentina y América Latina ante los cambios del poder mundial. En el evento se presentaron varios trabajos de interés para la comunidad académica, a saber: financiamiento chino y América Latina (Julio Villareal); propuestas de China y Brasil para la guerra en Ucrania, una mirada desde el Soft Power (Abril Bidondo); los BRICS y su posible ampliación como manifestación de una reconfiguración geopolítica (Daniela Sandoval Careaga); una nueva era de confrontación informacional en América Latina (François Soulard); los procesos de integración regional en América Latina bajo el prisma de diversas corrientes de pensamiento (Julia Espósito). También se presentó el libro de Aranda, Gilberto y López Zapico, Misael Arturo (Editores), Resonancias de un golpe: Chile 50 años, el cual fue comentado por Alejandro Simonoff. Por otro lado, el Centro de Reflexión en Política Internacional presentó: “Análisis de las propuestas de Política Exterior de los candidatos electorales”. A cargo de: Alejandro Simonoff, Sebastián Russo, Matías Mendoza, Abril Bidondo y Viviana Viublioment.

En el mencionado evento se desarrolló una mesa especial sobre América Latina, donde reflexionamos sobre: los beneficios del libre comercio de la región; la política exterior de Petro en Colombia; la corrupción en la agenda de América Latina y el Caribe y sobre actores Armados No Estatales y los mecanismos de autorregulación de las Violencias en América Latina. También reflexionamos sobre temas de Derecho Internacional: Arbitraje de inversión, DDHH y ambientales (J. Echaide); formación de un Derecho ¿Interméstico? de la Movilidad Humana (Lila García); Seguridad y Delitos Transfronterizos en Salta (C. Martínez) comparativo entre Argentina y Francia (F. Ríos). En la mesa de cierre de la Jornada participaron: Guillermina D´Onofrio, Carolina Romano, Laura Bogado Bordazar, Gilberto Aranda y Alejandro Simonoff y reflexionaron sobre: cambios y continuidades en América Latina y el MERCOSUR en un mundo multipolar.

Por último, queremos resaltar la participación y formación de los recursos humanos que integran este Departamento, centro de investigación y cátedras, agradeciendo la colaboración recibida por parte de los mismos, principalmente de Macarena Riva, Por John Mario Pineda Ospina, María Paz Ojeda, Emiliano Dreon y Marco de Benedictis, quienes han colaborado en la elaboración de la cronología y de Julieta Duedra, Jorgelina Senn, en la sección de documentos; Agustina Alvarez en la sección Observatorio del Mercosur y documentos; María Paz Ojeda en la sección conferencias y seminarios y especialmente a Jorgelina Senn, coordinadora general y editora del Boletín. Sin la participación de los cuales hubiera sido imposible la confección del presente capítulo del Anuario. Laura Maira Bono
Laura Lucia Bogado Bordazar
Coordinadoras

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^[1]https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/3c702abf-5733-4f5a-9d45-93636338eb53/content

^[2] Naciones Unidas (2023). Human development report 2021/2022, Uncertain times, unsettled lives. Shaping our future in a transforming world. https://hdr.undp.org/system/files/documents/global-report-document/hdr2021-22pdf_1.pdf.

^[3] https://www.ohchr.org/es/press-briefing-notes/2023/06/el-salvador-state-emergency

^[4] Sheinbaum y el desafío de construir una identidad política propia. Por: Matías Mongan. En: www.iri.edu.ar.

^[5] Intento de golpe, crisis política: nuevamente cruje la democracia en Bolivia. Por Laura Lucía Bogado Bordazar. En: www.iri.edu.ar.

^[6] Estatuto de la Corte Penal Internacional (entró en vigor el 1o de julio de 2002).https://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf. Actualmente existe en curso una investigación ante la CPi sobre la situación de VenezuelaI.https://www.icc-cpi.int/search?site_search_fulltext=venezuela&sort_bef_combine=field_date_received_DESC

^[7] https://www.ohchr.org/es/hr-bodies/hrc/ffmv/index.

^[8] En su resolución 49/3, sobre la promoción y protección de los derechos humanos en Nicaragua, adoptada el 31 de marzo de 2022, el Consejo de Derechos Humanos decidió establecer, por un período de un año, un grupo de tres expertos en derechos humanos sobre Nicaragua, que serían nombrados por el Presidente del Consejo de Derechos Humanos. El 3 de abril de 2023, durante la 52ª sesión del Consejo, se renovó el mandato del Grupo por un periodo de dos años (hasta el 31 de marzo de 2025).

^[9] https://www.ohchr.org/es/hr-bodies/hrc/ghre-nicaragua/index

^[10] Para profundizar ver: La salida de Nicaragua de la OEA, el triunfo del régimen sandinista. Por: María Jorgelina Senn. En: www.iri.edu.ar.

^[11] Cabe destacar que Bolivia continuará siendo miembro pleno también de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), ya que este organismo de integración regional en la actualidad ha alcanzado un estadío de integración económica similar a la Zona de Libre Comercio (ZLC), por lo tanto no genera la obligación de aplicar un arancel externo común (AEC), que sería el principal impedimento para perfeccionar ambas membresías. El AEC en la CAN fue suspendido en el año 2015 (Dec. 370/2015).

^[12] Perotti, Alejandro (2024), Algunos efectos inmediatos que surgen con la entrada en vigencia del “Protocolo de Adhesión del Estado Plurinacional de Bolivia al Mercosur”. En: https://www.eldial.com/nuevo/nuevo_diseno/V2/ver-archivo-pdf.asp?archivo=DC348B.pdf.

^[13] Declaración de la VIII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la CELAC (1 y 2 de marzo de 2024). En: https://www.sela.org/media/3230542/declaracion-de-kingstown.pdf.

^[14] Crisis política entre México y Ecuador (2024), por Francisco Castaño. Ver: www.iri.edu.ar.