Departamento de Medio Ambiente y Desarrollo
Artículos
La cuestión Malvinas: entre la zona de cooperación del Atlántico Sur y el colonialismo británico
Lilián Berardi[1]
Introducción: El Atlántico Sur y sus recursos naturales
La importancia del Atlántico Sur (AS) se relaciona con múltiples aspectos y factores. En este sentido se resalta el rol fundamental para las comunicaciones interoceánicas ya que permiten la circulación de las principales flotas comerciales y militares por todo el globo. El paso del Atlántico al Pacífico puede realizarse por el Canal de Panamá o por el extremo sur de Sudamérica a través de los estrechos de Drake y Magallanes o del Canal de Beagle.
En este marco, antes de 1980 la región del AS no era relevante para la pesca comercial. Luego, se convirtió en una zona de importancia para la pesquería mundial por el agotamiento de este recurso en otras áreas del mundo como consecuencia de la sobreexplotación. En esa línea, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (Food and Agriculture Organization, FAO) consideró al Área 41/ Atlántico Sudoccidental (corresponde a las regiones de pesca de Brasil, Argentina y Uruguay) como una de los caladeros más importantes del mundo por su extensión, su biodiversidad, y la variedad de sus especies (Altieri, 2018).
En relación con esto, se resalta el interés por el continente Antártico ya que de acuerdo con estimaciones contiene riquezas naturales poco estudiadas, reservorio de agua dulce valioso para la humanidad, entre otros recursos de alto valor estratégico. En la actualidad se encuentro bajo el Tratado Antártico[2], y sobre un sector de este territorio Argentina mantiene su presencia permanente e ininterrumpida desde 1904.
Al mismo tiempo, el AS aloja recursos energéticos como los minerales y los hidrocarburos. El interés sobre estos recursos recae en su escasez ya que por su condición limitada en la naturaleza son considerados estratégicos a nivel mundial. En ese sentido, se resaltan las reservas de gas y petróleo situadas en frente a las costa africana y sudamericana, y la presencia de nódulos polimetálicos de alto valor estratégico[3].
En este orden de cosas, adquieren relevancia los recursos energéticos en los espacios marítimos argentinos que se encuentran bajo disputa con RU. Si bien la controversia sobre las islas Malvinas aún continúa sin solución, el gobierno británico promovió la llegada de un conjunto de empresas transnacionales sin el consentimiento del Estado argentino[4]. Estas acciones son contrarias a las resoluciones de las Naciones Unidas donde se instó a ambos países a no introducir modificaciones mientras las islas estén atravesando el proceso de descolonización.
En este sentido, la constitución de iniciativas como la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur (ZPCAS) representó una acción de importancia en el ámbito regional[5]. En relación con esto, este trabajo busca poner en relieve la ZPCAS como foro de cooperación regional para la cuestión Malvinas y sus recursos naturales, en particular, los hidrocarburos.
En este marco, el caso de las islas Malvinas e islas del AS constituyó una situación particular diferente del caso colonial clásico. Así lo declaró la delegación argentina en las Naciones Unidas a través del alegato Ruda, donde se argumentó que de hecho y de derecho pertenecieron a nuestro país[6], y que antes de 1833, estaban administradas y habitadas por pobladores argentinos. Estas autoridades fueron desalojadas por la fuerza, y suplantadas por una administración colonial británica.
En función de esto, Argentina afirmó que las mencionadas islas formaron parte integrante del territorio argentino, y reclamó el restablecimiento de su integridad territorial mediante la devolución de las islas Malvinas, e islas del AS como sus espacios marinos contiguos (Cisneros y Escudé, 2000).
En consonancia con esto, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (AGONU) aprobó la Resolución N°2065 (XX) que reconoció la existencia de una disputa entre Argentina y RU por la soberanía sobre las islas Malvinas, las islas Georgias del Sur, las islas Sándwich del Sur, los espacios marítimos que incluyen también los recursos naturales alojados en ellos. A su vez, instó a los dos gobiernos a proseguir las negociaciones recomendadas por el Comité Especial a fin de encontrar una solución pacífica teniendo en cuenta las disposiciones y los objetivos de la Carta, así como los intereses de los habitantes de las islas.
El presente escrito se organiza de la siguiente forma, además de esta introducción. En primer lugar, se describen, brevemente, los intereses británicos en el AS. En segundo lugar, se menciona el tratamiento que tuvo la cuestión Malvinas en el marco de la ZPCAS. En tercer lugar, se analiza el proceso de exploración de hidrocarburos en Malvinas. Por último, se esbozan algunas conclusiones finales.
Los intereses coloniales británicos en el AS de larga data
En relación con esto, durante el siglo XIX, esta región representó un lugar clave para la caza de ballenas y otros mamíferos marinos convirtiéndose en la principal actividad económica. Inclusive hasta los años previos a la Primera Guerra Mundial se construyó una factoría ballenera en las islas Georgia del Sur.
Desde antes de 1833 Reino Unido (RU) ambicionaba ocupar las islas Malvinas como también una serie de islotes y puntos geográficos estratégicos para su expansión colonial e integrarlos al mercado mundial de bienes (De la Fuente, 2010).
En este contexto el dominio mundial de los mares por parte del RU incluyó también una estrategia más amplia para alcanzar:
(…) El control de las líneas de navegación mundial, articulándose las islas australes con la ocupación del resto de las posesiones atlánticas: Santa Elena (1657); Gough (1731); Ascensión (1815) y Tristán da Cunha (1816). De esta manera, las Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur complementaron en 1833 la cadena de bases de apoyo a un despliegue y proyección naval del imperio y primera potencia mundial (Hang y Dojas, 2016: 19).
Dentro del esquema británico este conjunto de islas conformaron los denominados Territorios Británicos de Ultramar[7] (British Overseas Territories, BOT, siglas en inglés). Estos no son considerados parte integrante del territorio nacional, aunque reconocen la figura del rey –o la reina–como su soberano, sus autoridades emanan de la voluntad de la Corona y del Parlamento británico. En general están representados por un gobernador o comisario, a su vez, cada territorio tiene sus propias normas y sus autoridades administrativas.
En relación con esto, Santa Elena se encuentra administrada por un gobernador y un consejo legislativo, mientras que Tristán de Acuña y Ascensión disponen cada una de un administrador y un consejo. En la isla Ascensión se instaló un aeródromo militar que permitió operar vuelos regulares entre RU y Monte Agradable en las islas Malvinas; suelen ser utilizados por la Real Fuerza Aérea, aunque también se efectuaron vuelos civiles. En relación con esto, el gobierno británico estableció áreas protegidas alrededor de Santa Helena, Tristán da Cunha y Ascensión.
En 1908, Gran Bretaña anexó las islas Georgias del Sur[8], Orcadas del Sur, Shetland del Sur y Sandwich del Sur, así como el territorio antártico y pasaron a denominarse dependencias de la colonia de las islas Malvinas. Desde 1985 el gobierno británico dividió el grupo en dos territorios diferentes; por un lado, las islas Malvinas y, por una parte, las islas Georgias y las islas Sandwich del Sur (Gamba, 2012).
En este marco, luego del conflicto del Atlántico Sur[9], Gran Bretaña construyó una base en Monte Agradable, denominada también Fortaleza Malvinas, situada a 43 km al oeste de Puerto Argentino. Este complejo estaba integrado por componentes de tierra, mar y aire desplegados desde Londres. A su vez, se instaló un aeropuerto que dispone de una pista principal y otra secundaria. El puerto en Mare Harbor sirvió de base a los navíos permanentes y rotativos asignados a las islas (Hang y Dojas, 2016).
En ese sentido, en las islas Georgias se estableció una base militar más pequeña que la de Malvinas que le permitió tener una presencia naval permanente. Al mismo tiempo, en estas islas residen militares y científicos de la British Antarctic Survey, cuyo principal objetivo es la proyección de su poderío hacia la Antártida (Gamba, 2012). Desde el año 2012 RU declaró alrededor de las Georgia del Sur y Sandwich del Sur un área marina protegida.
En relación con esto, desde 1986 RU estableció una Zona de Conservación y Administración Pesquera (FICZ) alrededor de las islas Malvinas donde se otorgaron licencias para la explotación ictícola. Este comercio tuvo un impacto significativo en la economía isleña y se transformó en la principal fuente de ingresos (Bernal, 2011).
Malvinas en la ZPCAS
La ZPCAS fue creada en 1986 por iniciativa de Brasil, y la integran treinta y tres países miembros de dos regiones: América del Sur y África[10]. La constitución de la ZPCAS tuvo origen en un contexto internacional de guerra fría entre los dos grandes bloques mundiales Este-Oeste con la idea de alejar al AS de las amenazas nucleares y prevenir la creciente militarización de esta zona.
En este sentido el entonces presidente de Brasil, Jose Sarney, en su discurso ante la 40ª AGONU (1985) introdujo la idea de preservar el Atlántico meridional como un área de paz. Al año siguiente, ese mismo órgano de las Naciones Unidas, con escasas reservas y objeciones aprobó la Resolución 41/11 (1986) por la que se declaró el Atlántico Sur como Zona de Paz y Cooperación. Esta resolución respaldó la posición de mantener el AS fuera de la confrontación Este-Oeste a través de la no militarización de la región. En el mismo sentido exhortó a los estados militarmente importantes a la reducción eventual de una fuerza militar, la eliminación de la presencia nuclear y la definición de mecanismos para intensificar la cooperación, la seguridad, la paz y el desarrollo (Lechini, 2019).
Los países que comprenden este espacio coincidieron en fortalecer el grupo como instrumento regional para la coordinación, el diálogo y la cooperación. La idea de la creación de esta zona de paz y la cooperación fue contar con un mecanismo y canal de diálogo político destinado a reforzar los vínculos entre los estados africanos y latinoamericanos que comparten ambos márgenes del AS (Castelli y Aouad, 1998).
Un punto clave para Argentina se relaciona a la presencia de las fuerzas armadas ajenas a la zona, como también, a la desnuclearización. En relación con esto, Lechini (2019:7) señaló que, “para la Argentina este aspecto de la Zona es muy importante, sobre todo en el diferendo con el Reino Unido, ya que Londres ha militarizado las islas al incrementar las tropas apostadas en el archipiélago” (…). En el mismo sentido, la investigadora resaltó la relevancia de este espacio “para la Argentina como forma de presión hacia el Reino Unido en pos de una solución pacífica y satisfactoria del histórico conflicto”.
En 1990, durante la reunión en Nigeria, en el Documento Final se condenaron todas las situaciones que afecten adversamente, o amenacen gravemente la independencia, la soberanía y la integridad territorial de los estados de una y otra costa del AS. A su vez, se mencionó la situación colonial existente en las islas Malvinas y, que el mantenimiento de una concentración militar en la Zona constituye una fuente de tensión y un posible peligro para la paz y la seguridad de la región. Al mismo tiempo, se instó a la reanudación de las relaciones diplomáticas entre el gobierno argentino y británico.
En esa línea, la reunión de los estados miembros de la ZPCAS, que tuvo lugar en la República de Sudáfrica (1996), en su Declaración Final manifestaron que la cooperación se basó en el respeto de los principios del derecho internacional como el de la soberanía y de la integridad territorial de los estados. Al mismo tiempo, resaltaron el rol de la Zona en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, en la promoción de la cooperación con miras al desarrollo económico y social, y a la protección del medio ambiente. De la misma forma, reiteraron la no proliferación de cualquier tipo de armas de destrucción masiva en pos de lograr su eliminación e impedir su introducción en la Zona, y la prohibición total de pruebas de armas nucleares (Declaración Final, 1996).
En relación con esto, ese mismo año, el secretario general de la ONU dirigió una nota a los gobiernos de los estados miembros para recabar sus opiniones acerca de la aplicación de la declaración sobre la ZPCAS. El gobierno argentino, en su respuesta, expresó que los resultados obtenidos en la IV reunión de los estados miembros de la ZPCAS ayudó a fortalecer la importancia de su rol como instrumento regional para la coordinación y el diálogo.
En esa oportunidad, también, Argentina reiteró la subsistencia de la situación colonial de las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y el quebrantamiento de la integridad territorial. En el mismo orden, expresó que la normalización de las relaciones bilaterales con el RU, los permanentes esfuerzos de Argentina en favor de la cooperación, la voluntad de recuperar la soberanía por medios pacíficos y de acuerdo con los principios del derecho internacional, así como el compromiso de respetar el modo de vida de los habitantes de las islas no han logrado ningún progreso en la solución de la disputa (AGNU, 1996).
En 1998 se desarrolló la V reunión Ministerial, en Buenos Aires. Los estados miembros trabajaron sobre la base de una agenda que contenía temas como: la paz y seguridad; la protección del medio ambiente marino y costero; la protección de los recursos vivos marinos; la promoción del comercio e inversiones externas y; la asistencia humanitaria (Castelli y Aouad, 1998).
Luego de años sin reuniones, se realizó la VI reunión Ministerial (2007), en Angola, donde los estados miembros expresaron en su Declaración Final su solidaridad con el reclamo argentino. En ese sentido, los países de la Zona instaron a la reanudación de las negociaciones entre los gobiernos argentino y británico en conformidad con la Resolución N°2065 de la Asamblea General y otras resoluciones pertinentes del mencionado organismo relativas a la cuestión de las islas Malvinas, a fin de encontrar a la mayor brevedad una solución pacífica y duradera a la disputa de soberanía (Declaración Final, 2007).
De la misma forma en la Declaración Final de la VII reunión Ministerial (2013), en Uruguay, se declaró e instó a “la reanudación de las negociaciones entre los Gobiernos de la República Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, de conformidad con la resolución 2065 (XX) y otras resoluciones pertinentes de la Asamblea” (…) (Declaración Final, 2013).
En consonancia con esto, la misma declaración invocó la Resolución N°31/49 de la Asamblea General, donde expresó que ambas partes debían abstenerse de tomar decisiones que impliquen la introducción de modificaciones unilaterales en la situación mientras las islas atraviesan el proceso recomendado por este organismo. Al mismo tiempo, manifestó “con preocupación el desarrollo de actividades ilegítimas de exploración de hidrocarburos en la zona en disputa, así como el refuerzo de la presencia militar del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en la zona” (…) (Declaración Final, 2013).
Luego de diez años desde el último encuentro, se desarrolló en Cabo Verde la VIII reunión Ministerial de ZPCAS donde asistieron dieciséis de los veinticuatro países miembros y que finalizó con una Declaración y un Plan de acción Mindelo 2023. En esta reunión se hizo referencia a las actividades ilegítimas de exploración de hidrocarburos en la zona en litigio, así como el reforzamiento de la presencia militar del RU, que son contrarias a la Resolución N°31/49 de la AGNU. Al mismo tiempo, se resaltó el derecho a la soberanía permanente sobre los recursos naturales de Argentina y, a emprender acciones legales contras las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos no autorizadas en esta área (Declaración Final, 2023).
Resulta significativo mantener y fortalecer los vínculos entre los países que comparten este foro político ya que permiten unificar en una sola voz los reclamos en común de los pueblos americanos y africanos. En este sentido, Malvinas constituye no solo una causa nacional, sino también regional. En ese marco, la ZPCAS representó un espacio donde Argentina impulsó diversos temas como la adopción de medidas contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, como así también, recibió respaldos en relación de la militarización del AS por parte del RU, y las actividades vinculadas a la explotación de los hidrocarburos.
La exploración de los hidrocarburos en las Malvinas
Durante los años setenta la suba de los precios mundiales del petróleo producto del embargo de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo (OPEP) provocó un mayor interés del RU sobre las posibles reservas de hidrocarburos en el AS. En relación con esto, el gobierno británico envió varias misiones económicas a las islas.
Entre estas se destacó el informe realizado por Griffiths y su equipo de la Universidad de Birmingham donde obtuvieron información sobre las cuencas sedimentarias alrededor de las islas. Estas pesquisas indicaron la relevancia de las reservas de petróleo y gas en la cuenca de Magallanes contigua a Tierra de Fuego. Al mismo tiempo, el trabajo de Griffiths identificó la cuenca al oeste de las Malvinas como el área más prometedora.
En relación con esto, el informe desarrollado por Lord Shackleton mostró que las islas Malvinas se encuentran rodeadas por recursos de proteínas, algas marinas, petróleo, entre otros. De la misma forma, este documento recomendó contar con la cooperación argentina para desarrollar las actividades de exploración y explotación de gas y petróleo en áreas circundantes de las islas (Greño Velasco, 1977).
En este contexto varias empresas transnacionales se mostraron interesadas en participar en el negocio energético en el AS. Al mismo tiempo, el Departamento de Energía del gobierno británico actuó como defensor de las compañías petroleras británicas, como también, de los intereses del Estado para garantizar su acceso a estos recursos (Livingstone, 2020).
Frente a estas acciones el gobierno argentino obtuvo la aprobación de la Resolución N°31/49 (XXXI) de la AGONU -el 1 de diciembre de 1976- donde se reconoció “los continuos esfuerzos realizados por el Gobierno de la Argentina conforme a las decisiones pertinentes de la Asamblea General, para facilitar el proceso de descolonización y promover el bienestar de la población de las Islas”. Al mismo tiempo, instó a las dos partes “que se abstuvieran de adoptar decisiones que entrañen la introducción de modificaciones unilaterales en la situación” mientras las islas están atravesando por el proceso recomendado por la ONU.
Cabe resaltar que en 1995 Argentina y RU firmaron la Declaración Conjunta Argentino-Británica de Cooperación sobre Actividades Costa Afuera en el Atlántico Sudoccidental para llevar adelante actividades conjuntas en un área espacial, situada al sudoeste de las islas. Al mismo tiempo, se creó una Comisión de Hidrocarburos del Atlántico Sudoccidental cuya tarea era coordinar dichas actividades. Sin embargo, este documento nunca se aplicó, y la mencionada Comisión dejó de funcionar en el año 2000[11].
Un año después el gobierno británico autorizó a las autoridades coloniales isleñas a otorgar licencias de exploración y posible explotación en las cuencas marinas de Malvinas. En dicha oportunidad se otorgaron siete licencias a catorce compañías, siendo rechazada Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) en sociedad con British Gas.
Las empresas seleccionadas fueron las siguientes a saber, la estadounidense Amerada Hess Falkland Islands, la anglo-holandesa Shell Production and Development Ltd.; la firma británica Lasmo International Ltd.; la compañía International Petroleum Corporation de Canadá; y, por último, la británica Desire (Department of Mineral Resources, 2022).
En relación con esto, los operadores para reducir los costos de esta primera campaña formaron un consorcio denominado Falklands Offshore Sharing Agreement (FOSA). El acuerdo FOSA permitió que cada sociedad asumiera la responsabilidad de una parte del trabajo conjunto. En esa línea la firma Amerada Hess se encargó de los servicios de perforación; Lasmo gestionar la base de operaciones y suministros, y trabajos ambientales; Shell operó lo concerniente a salud y cuestiones de seguridad, aviación y trabajo de inspección del sitio. Por último, las sociedades Lasmo y Amerada se ocuparon de las finanzas e impuestos (Richards, 2000).
En el año 1998, a causa de la caída del precio internacional del petróleo algunos operadores se retiraron de la zona como fue el caso de la compañía Shell. Mientras que otras sociedades decidieron ceder sus licencias a sus socias menores, como la estadounidense Amerad Hess y la inglesa Lasmo que pasaron sus licencias a Argos y Desire respectivamente (MacAulay, 2015).
Desde el año 2000 se produjeron varios cambios de operadoras en las áreas de las licencias originales. En ese sentido, el Departamento de Recursos Minerales de las islas estableció una política de licencias puerta abierta para facilitar una mayor exploración. De esta forma, en 2001, se otorgaron diez licencias de exploración en el área sur al consorcio denominado The Falklands Hydrocarbon Consortium, integrado por tres compañías, la inglesa Global Petroleum Ltd., la australiana Hardman Resources Ltd y Falkland Islands Holdings (Off Shore, 2002).
En este sentido, en el año 2004 le adjudicaron a Rockhopper Exploration los proyectos PL023 y PL024. A principios de 2005, esta compañía adquirió las licencias PL003 y PL004 que pertenecían a la firma Desire. A su vez, se le otorgó las licencias PL002 y las licencias PL032 y PL033 en la cuenca norte. Cuando la firma Shell se retiró le vendió la información geológica de la zona a Rockhopper, quien se convirtió en una de las principales firmas operadoras en la cuenca norte de las islas. En relación con esto, en 2004, se otorgaron cinco licencias a la compañía Borders and Southern Petroleum plc en la zona sur de las islas. En ese sentido, se realizaron en la zona evaluaciones de la cuenca con el mapeo y el análisis del sistema petrolero.
Entre los años 2010 y 2013 se llevaron adelante dos campañas de perforación continuas y parcialmente superpuestas alrededor de Malvinas. Para llevar a cabo estas actividades se utilizaron las plataformas Ocean Guardian, y la plataforma Leiv Eriksson en la cuenca norte y en la cuenca sur. Los resultados de las campañas de perforación demostraron una serie de hallazgos. En ese sentido, el yacimiento petrolífero Sea Lion y sus adyacentes Casper, Casper South y Beverley fueron descubiertos en el flanco oriental de la cuenca de las Malvinas norte; mientras que en el flanco occidental de la cuenca norte se encontró el campo Liz. De igual forma, en la cuenca sur de las islas se halló el campo de gas de Darwin (Department of Mineral Resources, 2023).
En relación con esto, Rockhopper perforó un pozo que derivó en la declaración de comercialidad en Sea Lion, ubicada en la licencia PL032. Este pozo estaba ubicado a 10 km del que había sido perforado por Shell durante la primera campaña. Para la cuarta compaña se contrató a la sonda Eirik Raude quien arribó a las islas en febrero del año 2015.
En el año 2020 como consecuencia de la inestabilidad del precio del petróleo, el aumento de la incertidumbre en torno a las islas Malvinas y la imprevisibilidad en los negocios, el consorcio petrolero Harbour Energy[12] anunció su retiro de la cuenca norte de las islas declarando una revisión de sus objetivos estratégicos. En consonancia con esto, Rockhopper anunció un acuerdo con Navitas Petroleum[13], mediante el cual esta empresa israelí se quedaría con el 65% del yacimiento Sea Lion que perteneció a Harbour Energy; y donde planean perforar veintitrés pozos en los próximos años.
En líneas generales la mayoría de las sociedades que operan en Malvinas poseen sede en RU y/o en las islas Malvinas. En el caso de Lasmo que durante la primera campaña obtuvo dos licencias con sus asociadas Clyde Expro y Desire Petroleum, todas británicas. Las compañías Argos, Premier y Borders and Southern poseen sus sedes en RU. A su vez, las firmas Rockhopper y FOGL se constituyeron, especialmente, para realizar este tipo de operaciones en los espacios adyacentes de las islas.
En este contexto, las empresas que operan en Malvinas se encuentran en la etapa de exploración en las cuencas marinas, y aún no pasaron a la etapa de producción. Si bien se realizaron estudios sísmicos en las zonas afectadas por estas actividades no consiguieron hidrocarburos en cantidades comerciales.
Cabe resaltar que la presencia de estas compañías transnacionales fue rechazada por el Estado argentino desde la llegada de las primeras en los años noventa. En relación con esto, el gobierno argentino, mediante la sanción de la Ley N° 26.659 (modificada en 2013), estableció las condiciones para la exploración y explotación de los hidrocarburos, y anunció sanciones para aquellas compañías que incumplan las normativas vigentes.
En este sentido la secretaría de Energía aprobó una serie de resoluciones durante los años 2012, 2013, 2015 y 2022 mediante las cuales declaró ilegales las actividades realizadas por estas compañías en la plataforma continental argentina por no contar con la autorización de autoridades pertinentes. Al mismo tiempo, se las inhabilitó por el término de veinte años para operar en el continente.
En este contexto, el Estado argentino llevó adelante una serie de acciones y medidas orientadas a proteger y reafirmar el ejercicio de la soberanía sobre los espacios marinos y sus recursos naturales. En este marco se lanzó Pampa Azul como una iniciativa estratégica multidisciplinaria dirigida a promover el conocimiento científico como base indispensable para las decisiones en materia de política marítima.
En ese orden de cosas, se sancionó la Ley N°26.875 (2013) que estableció el Área Marina Protegida Namuncurá- Banco Burdwood, fue la primera área protegida completamente marina y en jurisdicción nacional. Luego, se crearon las Área Marina Protegida Yaganes, y Namuncurá-Banco Burdwood II mediante la Ley N°27490 (2018). La constitución de estas áreas contribuyó a aumentar el conocimiento de estos espacios marinos estratégicos, ya que se realizaron campañas de investigación con el fin de sistematizar la información. El conocimiento científico permitió avanzar en el estudio de las especies, comprender la composición de las comunidades y las relaciones tróficas, identificar las especies claves, entre otros beneficios.
En consonancia con estas acciones, un hecho relevante fue la sanción de la Ley N° 27.557 (2020) de espacios marinos que modificó a la anterior Ley Nº 23.968. La nueva normativa estableció la demarcación del límite exterior de la plataforma continental del país[14] que contribuyó a desarrollar, significativamente, el conocimiento de nuestros espacios marinos.
Conclusiones
El Atlántico Sur constituye uno de los espacios marítimos de mayor relevancia en el siglo XXI tanto para las comunicaciones interoceánicas como para las actividades comerciales mundiales. En el mismo sentido, esta región contiene recursos naturales tanto renovables como no renovables de gran valor para la humanidad que lo convierte en un centro de interés para las grandes potencias y en especial para RU. Los hidrocarburos alojados en las cuencas submarinas de las Malvinas forman parte de las pretensiones estratégicas que el gobierno británico tiene de larga data. En relación con esto, permitió la llegada de empresas transnacionales para operar en el área bajo disputa sin el consentimiento del Estado argentino.
En este marco son relevantes, para el gobierno argentino, los respaldos de los diferentes foros y organismos internacionales, y regionales a la causa Malvinas, como también, a la defensa de los recursos naturales. En esa línea la ZCPAS constituyó un espacio para aunar esfuerzos y sumar apoyos, en especial, con aquellos pueblos con quienes compartimos costas en el AS. De la misma forma, representó un lugar clave para la lucha contra el colonialismo en todas sus formas; la ZPCAS se solidarizó con la postura argentina en relación a la causa Malvinas y a la defensa de los hidrocarburos en estos espacios marinos.
En relación con esto, el Estado argentino adoptó diversas acciones y medidas para contrarrestar la presencia de estas compañías en el AS. En ese sentido sancionó las actividades ilegales de estas corporaciones que operan alrededor de las islas. De la misma forma, las resoluciones de la ONU declararon la no introducción de modificaciones en el área mientras las islas estuvieran atravesando el proceso de descolonización. En este contexto resulta imprescindible recurrir a cada uno de los espacios multilaterales para continuar con los reclamos de restitución del ejercicio pleno de la soberanía sobre estos espacios insulares y marítimos aún bajo disputa.
Bibliografía
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Sitios web visitados:
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto (MRECIC) https://www.cancilleria.gob.ar Observatorio Malvinas- Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales: https://observatoriomalvinassite.wordpress.com/
[1]Doctoranda en Relaciones Internacionales (UNR). Becaria CONICET. Integrante delDepartamento de Medio Ambiente y Desarrollo y Desarrollo (IRI – UNLP). Integrante del OPEA, del Grupo de Estudios sobre Malvinas, REDAPPE y RedICMA. Correo electrónico: liliannoeliab@hotmail.com
[2]El Tratado Antártico se firmó el 1° de diciembre de 1959, en Washington. Los estados firmantes fueron: Argentina, Australia, Bélgica, Chile, Estados Unidos, Francia, el Reino Unido, Japón, Nueva Zelanda, Noruega, Sudáfrica y Rusia.
[3]Los nódulos polimetálicos son concentraciones de minerales que se encuentran en el lecho marino. Estos contienen minerales esenciales para la industria como manganeso, cobre, níquel y cobalto.
[4] La Constitución Nacional argentina ratificó la legitima e imprescriptible soberanía sobre estos territorios y los espacios marítimos correspondientes. Al mismo tiempo, estableció que la recuperación de estos territorios constituye un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino.
[5]Se reconoce la existencia de otros foros multilaterales que han apoyado la causa Malvinas o que han emitido mención sobre esta controversia, entre ellos la OEA, el MERCOSUR, la UNASUR, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), la Cumbre América del Sur-Países Árabes (ASPA), la Cumbre América del Sur-África (ASA), la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), el Sistema de Integración Centroamericano (SICA), el Grupo de los 77 y China, la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) entre otras. Estos no son objeto de desarrollo de este escrito.
[6]Las islas Malvinas forman parte de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur.
[7] Los Territorios Británicos de Ultramar conforman catorce jurisdicciones territoriales, en su mayoría islas. De estos, diez se encuentran incluidos en la lista de territorios no autónomos de las Naciones Unidas como pendientes de descolonización. United Kingdom Overseas Territory, https://www.gov.uk
[8]El archipiélago Georgias del Sur está integrado por un conjunto de siete islas conocidas, también, como Islas San Pedro.
[9]No es objeto de este trabajo profundizar en este trágico hecho. Existe una amplia bibliografía sobre el tema.
[10]Este foro constituye el primero de vinculación entre Sudamérica y África que nuclea a los estados ribereños del Atlántico Sur: Argentina, Brasil, Uruguay, Angola, Benín, Cabo Verde, Camerún, Congo, Costa de Marfil, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea- Bisáu, Guinea Ecuatorial, Liberia, Namibia, Nigeria, República Democrática del Congo, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Sierra Leona, Sudáfrica y Togo.
[11]En el año 2007 el gobierno argentino dio de baja la citada Declaración Conjunta.
[12] En 2021 mediante una fusión entre el operador Premier Oil y Chrysaor Holdings se formó Harbour Energy.
[13] Navitas se incorporó de la mano de Premier Oil y Rockhopper, con quienes celebró un convenio con el 30% de participación en las licencias.
[14] Esta Ley tomó como base las Recomendaciones de la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de la ONU. En 2009 Argentina hizo su presentación a la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de la ONU; y en marzo de 2016, esta Comisión emitió sus recomendaciones con mínimas variaciones respecto a la propuesta original.
