Departamento de África
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¿Una potencia “moral”? La denuncia de Sudáfrica a Israel en la Corte Internacional de Justicia
Manuel Schiro[1]
Introducción
El 7 de octubre de 2023 ocurrió un hecho que sacudiría al sistema internacional, conmovería a la opinión pública mundial y se cobraría miles de vidas, no sólo por lo ocurrido ese mismo día sino también por la escalada bélica que se desató como consecuencia. La organización yihadista Hamás puso en marcha una operación de ataque con cohetes y comandos motorizados sobre territorio de Israel. Esta incursión tuvo como resultado la muerte de al menos 1170 personas, mayoritariamente civiles, e incluyó el secuestro de otras 250.
La respuesta de Israel sobre el territorio de la Franja de Gaza, donde opera Hamás, ha sido total. Miles de gazatíes, en su mayoría mujeres y niños, han muerto desde el inicio de la guerra, y mientras escribimos estas líneas no hay un horizonte promisorio para el cese de las hostilidades. Mientras tanto, Hamás, Hezbollah e Irán continúan atacando el territorio israelí, cuyas autoridades no hesitan en responder, con el objetivo declarado de eliminar a los yihadistas de Gaza. En paralelo, la tragedia humanitaria alcanza proporciones escandalosas.
En este contexto, Sudáfrica emergió como un actor relevante (y quizás a primera vista inesperado). Mientras intenta hacer frente a los graves desafíos internos y a un año electoral en el que quedó demostrada la merma en la hegemonía del Congreso Nacional Africano (ANC, por sus siglas en inglés), Pretoria intervino en el conflicto de Medio Oriente activando un mecanismo que llamó la atención de la sociedad internacional. Se trata de la petición realizada ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) el 29 de diciembre de 2023, en la que Sudáfrica denunció que Israel lleva adelante un crimen de genocidio contra el pueblo gazatí.
En este artículo analizaremos la denuncia realizada por Sudáfrica ante la CIJ, sus resultados y repercusiones. Luego, examinaremos el accionar sudafricano en el contexto de una política exterior que cuenta entre sus características el legado de la lucha contra el apartheid, la proyección de Sudáfrica como una “brújula moral” del sistema internacional, la “lealtad a los viejos amigos” y su condición de potencia media emergente, de declarada solidaridad con el Sur global. Se trata de aspectos que en ocasiones entran en tensión pero que a la vez no son mutuamente excluyentes. Finalmente, expondremos nuestras conclusiones, teniendo en consideración la conformación del flamante gobierno de unidad nacional encabezado por el ANC y sus posibles efectos en el comportamiento internacional de Sudáfrica, y compartiremos las referencias bibliográficas utilizadas.
El proceso de Sudáfrica ante la CIJ
La CIJ es un órgano creado en 1945, con sede en la ciudad neerlandesa de La Haya y cuyo estatuto está incluido en la Carta de las Naciones Unidas. Su función es la de ser un tribunal establecido para dirimir disputas jurídicas entre Estados. Todo Estado miembro de la ONU es automáticamente parte de la CIJ, y aunque sus decisiones son de carácter vinculante y los Estados se comprometen formalmente a acatar los fallos, el tribunal no tiene facultades para garantizar su cumplimiento (Ochoa, 2024).
El 29 de diciembre de 2023, el equipo jurídico que representa a Sudáfrica frente a la CIJ ingresó una acusación de “conducta genocida” de Israel, por su despliegue militar sobre el territorio palestino de la Franja de Gaza. Para esa fecha, contando desde el 7 de octubre, al menos 21.507 personas habían muerto bajo las diversas maniobras del Ejército israelí. En su mayoría, se trataba de civiles, mujeres y niños. La presentación sudafricana afirmaba que los actos y omisiones cometidos por el Estado de Israel a partir de 7 de octubre “están dirigidos a alcanzar la destrucción de una parte sustancial del grupo nacional, étnico y racial palestino” (Sudáfrica, 2023, párr. 1, traducción propia). En ese mismo párrafo introductorio, la solicitud resalta la condena sudafricana tanto del ataque israelí a objetivos civiles, como de los atentados y tomas de rehenes perpetrados por Hamás. Sin embargo, el texto afirma que ningún ataque armado sobre el territorio de un Estado puede justificar el incumplimiento de la Convención sobre Prevención y Castigo del Crimen de Genocidio de 1948, de la que tanto Sudáfrica como Israel son parte.
La respuesta del Estado de Israel no se hizo esperar y el ministro de Asuntos Exteriores, Lior Haiat, fue categórico al respecto: “Israel rechaza el libelo de sangre difundido por Sudáfrica y su demanda ante la Corte Internacional de Justicia que carece de base fáctica y jurídica y constituye una explotación despreciable y despectiva de la Corte” (El Mundo, 2023, párr. 3). A través de su cuenta en la red social X, el ministro expresó también que Hamás “está cometiendo crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad e intentó cometer genocidio el 7 de octubre, es responsable del sufrimiento de los palestinos en la Franja de Gaza al utilizarles como escudos humanos y robarles ayuda humanitaria” (El Mundo, 2023, párr. 4). Como vemos en esta respuesta de Haiat, el gobierno del Estado de Israel no sólo rechaza la acusación sudafricana, sino que expresa su propio repudio a la ofensiva de Hamás y la supuesta complicidad de Pretoria, así como la hipotética instrumentalización de la Corte por parte de Sudáfrica.
El 11 de enero de 2024 tuvo lugar la audiencia en la que el equipo jurídico sudafricano expuso sus puntos de vista ante la CIJ, con la presencia de la ministra de Asuntos Exteriores, Naledi Pandor, y el embajador sudafricano en La Haya, Vusimuzi Madonsela. El objetivo de la delegación era lograr que el tribunal dicte nueve medidas cautelares a ser aplicadas con carácter urgente, mientras la resolución del fondo de la denuncia permanece pendiente, proceso que puede durar varios años.
Estas medidas contemplaban, principalmente, el cese de las operaciones militares israelíes en territorio palestino, especialmente en Gaza y contra la población de la Franja. Sudáfrica pretendía alcanzar también: un compromiso para que Israel garantice el cese de actividades paramilitares de grupo apoyados por el Estado; que tanto Israel como la propia Sudáfrica adopten todas las medidas posibles para prevenir el genocidio; la renuncia israelí a matar, herir o someter a condiciones de vida indignas a la población gazatí, así como a imponer medidas para impedir nacimientos; el compromiso israelí a no impedir el acceso a las necesidades básicas del pueblo gazatí, así como a facilitar el acceso de asistencia humanitaria; la garantía de que ni individuos independientes ni grupos paramilitares incurrirían en tales acciones; el compromiso israelí de conservar evidencias de posibles actos tendientes al genocidio, así como a permitir el trabajo de investigadores independientes sobre el caso; la obligación de Israel de presentar un informe sobre las medidas tomadas para prevenir el crimen de genocidio en el contexto del conflicto; y, finalmente, el compromiso israelí de no llevar a cabo acciones que dificulten, dilaten o entorpezcan las decisiones del tribunal.
El alegato de los representantes sudafricanos profundizó en la denuncia de la conducta genocida de Israel, e hizo hincapié en las reminiscencias del apartheid que trae el comportamiento de Israel. La abogada sudafricana Adila Hassim señaló que el pueblo palestino está permanentemente bajo la amenaza del exterminio. En palabras de Hassim:
Los matan en sus casas, en lugares donde buscan refugio, en hospitales, en escuelas, en mezquitas y mientras intentan encontrar comida y agua para sus familias. Se les ha matado si no han evacuado los lugares a los que han huido e incluso cuando intentaban huir por rutas seguras declaradas por Israel. […] Los genocidios nunca se declaran de antemano, pero este tribunal tiene el beneficio de las pruebas de las últimas 13 semanas que muestran de forma incontrovertible un patrón de conducta y una intención relacionada que justifica una afirmación plausible de actos genocidas (Noticias ONU, 2024, párr. 12).
La intervención sudafricana en la CIJ fue celebrada por gobiernos y expertos en derechos humanos de todo el mundo. Más de veinte reconocidos especialistas en la materia, entre los que se cuenta la relatora especial de la ONU sobre la situación en Palestina, Francesca Albanese, Siobhián Mullally, Tomoya Obokata, Margaret Satterthwaite, y Ben Saul, entre otros, firmaron y publicaron un documento en el que expresan su elogio:
A Sudáfrica por llevar este caso ante la CIJ en un momento en que los derechos de los palestinos de Gaza están siendo violados con impunidad. Pedimos a todos los Estados que cooperen con la Corte en su interpretación de la Convención sobre el Genocidio y que respeten el papel de la CIJ como tribunal independiente (Noticias ONU, 2024, párr. 18).
Finalmente, la Corte se expidió sobre las medidas provisionales el día 26 de enero. Por amplia mayoría, el tribunal decidió que era “plausible” que Israel estuviera violando en Gaza sus obligaciones frente a la Convención sobre Genocidio. Tras reconocer su competencia para abordar el caso, los jueces decidieron emitir casi todas las medidas provisionales con excepción de la primera, y quizás la más importante: la exigencia de un cese al fuego por parte de las fuerzas israelíes. Esto lleva a Ebrahim y Al Lawati (2024) a indicar que tanto Israel como Sudáfrica quedaron conformes con el fallo, aunque la ministra Pandor recalcó que vieron frustrado el objetivo de obtener una interrupción de las hostilidades. Por parte de Israel, el equipo jurídico no logró convencer a los jueces (salvo a la ugandesa Julia Sebutinde) de que la denuncia sudafricana debía ser desestimada. La decisión, no obstante, exige actitudes que los propios israelíes afirman ejercer desde el inicio de las hostilidades: garantizar el acceso a la asistencia humanitaria y esforzarse por minimizar el número de víctimas civiles, por ejemplo (Remiro Brotóns, 2024).
Sea como sea, los datos de la masacre en Gaza son demoledores, y sin el cumplimiento de las medidas urgentes exigidas por la CIJ, se aceptó el alegato sudafricano de que el daño podría ser irreparable. Al criterio de plausibilidad de que se esté cometiendo un genocidio, se agrega el carácter de urgencia que habilita la emisión de medidas provisionales. Como afirma el jurista español Antonio Remiro Brotóns (2024) la condición de urgencia “se cumple cuando los actos susceptibles de causar un perjuicio irreparable pueden ocurrir ‘en cualquier momento’ antes de que la Corte se pronuncie de manera definitiva” (p. 6).
El reclamo ante la CIJ tuvo un nuevo episodio el 16 de mayo de 2024, cuando la representación sudafricana en La Haya urgió al tribunal a exigir a Israel un cese inmediato a su ofensiva en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza. Esa zona del territorio palestino es considerada clave para la entrada de suministros humanitarios y para una eventual reconstrucción de Gaza, así como un baluarte de la identidad gazatí y un área de refugio de vital importancia para más de un millón de personas desplazadas por el conflicto. En palabras del jurista Tembeka Ngcukaitobi:
Para que los palestinos puedan seguir existiendo como grupo protegido bajo la Convención contra el Genocidio, necesitan un lugar desde el cual reconstruir (…) Rafah es ese lugar, la última resistencia. (…) Sin Rafah, la posibilidad de reconstruir Gaza se perderá para siempre (ONU Noticias, 2024b, párr. 11).
Pese a la protesta israelí, en esta oportunidad el tribunal sí emitió, como medida de emergencia, una orden para que Israel detuviera las operaciones militares sobre Rafah inmediatamente. Además de señalar su preocupación por la retención de rehenes israelíes por parte de Hamás, la Corte constató que la situación en Gaza era desastrosa, incluso peor que cuando fueron dictadas las medidas provisionales de enero de 2024 (BBC News, 2024).
Frente a esta histórica exigencia de la Corte para que Israel modificara el curso de sus operaciones militares, la ministra Pandor manifestó su satisfacción por tratarse esta vez de un llamamiento claro al cese de las hostilidades, aunque más no fuera en Rafah. Sin embargo, “minutos después de que se conociera la decisión de la CIJ, aviones de combate israelíes lanzaron una serie de ataques aéreos contra el campamento de Shaboura, en el centro de la ciudad de Rafah” (BBC News, 2024, párr. 29). Para el 24 de mayo, fecha en la que la CIJ emitió esta orden, llevaban muertos en Gaza al menos 35 mil personas como resultado de la ofensiva del gobierno de Netanyahu, que mantenía firme su alegato de derecho a la autodefensa y niega que la intención de las operaciones sea la eliminación del pueblo palestino.
Para finalizar este apartado, merece una mención la satisfacción con la que Sudáfrica acogió la petición de arresto del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, contra autoridades del Estado de Israel y de Hamás. Dicha orden recayó sobre Benjamin Netanyahu y su ministro de Defensa, Yoav Gallant, así como sobre los líderes yihadistas Yahya Sinwar, Mohammed Diab Ibrahim al Masri e Ismail Haniyeh. Al respecto, el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, puntualizó el compromiso de su país “con el Estado de derecho internacional, el respeto universal de los derechos humanos y la solución de todas las disputas internacionales mediante la negociación y no la guerra, y la autodeterminación de todos los pueblos, incluidos los palestinos” (Swiss Info, 2024, párr. 2).
La política exterior de Sudáfrica como contexto para la denuncia
Luego de abordar el accionar sudafricano frente a la CIJ desde diciembre de 2023, cabe preguntarnos cuáles son los motivos que llevaron a Sudáfrica a llevar a cabo el proceso judicial contra Israel. A primera vista, no es evidente que los intereses de Pretoria se encuentren fundamentalmente comprometidos por la ofensiva militar israelí. Tampoco estamos hablando de una potencia regional de Medio Oriente, que deba mantener la estabilidad de su entorno o intervenir en los conflictos entre sus vecinos.
Una primera respuesta tiene que ver con los fundamentos jurídicos de la propia CIJ. Sudáfrica justifica su demanda por el derecho y el deber que le incumbe como parte de la Convención sobre el Genocidio de 1948. Remiro Brotóns (2024) sugiere que “las obligaciones asumidas en la Convención son erga omnes partes (…) y cualquier Estado puede, de darse el caso, invocar la responsabilidad de otro” (p. 2). Pero el argumento del jurista español en su explicación va más allá: el activismo sudafricano es “un homenaje a su propia historia” y “permite evocar los tiempos en que esa misma Sudáfrica, bajo un régimen de subordinación racial y segregación de la mayoría negra, era demandada por dos países del continente, Liberia y Etiopía” (Remiro Brotóns, 2024, p. 2).
En efecto, la historia sudafricana puede darnos pistas sobre sus motivaciones para sostener la denuncia ante la CIJ. Como señalábamos más arriba, uno de los argumentos expuestos por el equipo jurídico sudafricano apuntó a las similitudes con el apartheid que evoca el comportamiento israelí en Gaza. Merk (2024) llega a afirmar que “la demanda contra Israel frente a la CIJ es una expresión de las lecciones del apartheid” (párr. 1) y que “la marcha de Sudáfrica hacia La Haya nos enseña lo que puede significar un ‘nunca más’ pensado de manera universal” (párr. 11). El fin del apartheid es el hecho fundacional de la actual República de Sudáfrica, y la construcción de una identidad internacional que contraste con los tiempos de dominio blanco segregacionista ha sido un imperativo para los gobiernos del ANC (Schiro, 2022).
Ya en 1993 la principal figura de la Sudáfrica post-apartheid y baluarte de la “moralidad” de su proyección internacional, Nelson Mandela, publicó en la revista Foreign Affairs un artículo que detallaba los pilares que deberían orientar la política exterior. En ella se incluían los derechos humanos, la promoción de la democracia, el respeto al derecho internacional, la preferencia por mecanismos no violentos y acordados internacionalmente para la resolución de disputas, la prioridad para el continente africano, y el desarrollo económico. En ese documento, Mandela (1993) afirmó que “la campaña anti-apartheid fue la cruzada por los derechos humanos más importante después de la Segunda Guerra Mundial” y agregó que el éxito de dicha campaña demostró “la unidad de nuestra humanidad común: en estos tiempos problemáticos, su pasión no debería perderse” (p. 87-88, trad. propia). Esta alusión a una “humanidad común” nos remite a la incorporación de un concepto auténticamente africano que ha sido incorporado a las directrices de la política exterior sudafricana: la noción de Ubuntu (Schiro, 2022).
El mandato moral que se desprende de la experiencia sudafricana apareció en la plataforma de gobierno del actual presidente, Cyril Ramaphosa, que prometió un “nuevo amanecer” para la política exterior de Sudáfrica, y que el país recupere su posición de “brújula moral” en la política internacional (Hendricks y Majozi, 2021). No obstante, otra característica de la política exterior del ANC puede rastrearse en el caso que estamos abordando, y ha puesto a Sudáfrica en situaciones incómodas al ponerse del lado de gobiernos con cuestionables trayectorias de derechos humanos. Se trata de la “lealtad a los viejos amigos”, que en más de una ocasión acercó a Pretoria a figuras controversiales, líderes de movimientos de liberación nacional devenidos presidentes, como Robert Mugabe u Omar al-Bashir. Por estos vínculos, se ha acusado al gobierno del ANC de llevar adelante una política exterior inconsistente y ambigua en materia de derechos humanos (Vale y Thakur, 2024).
En el caso de la relación entre Sudáfrica y Palestina, podemos situarnos históricamente, otra vez, en los tiempos del apartheid. La colaboración entre el Estado de Israel y el gobierno blanco de Sudáfrica era fluida, y tenía como correlato una estrecha relación entre los movimientos de liberación nacional de ambos países: la Organización para la Liberación Palestina (OLP) y el ANC. En 1974, el líder de la OLP, Yasser Arafat, comparó ante la Asamblea General de la ONU al gobierno israelí con el régimen sudafricano del apartheid. Dos años más tarde, el líder sudafricano Oliver Tambo se dirigió al mismo órgano para aplaudir el liderazgo de Arafat y declarar su solidaridad para con el pueblo palestino. Además de estas manifestaciones diplomáticas, la OLP y el ANC compartieron tácticas de resistencia y cooperaron en la distribución de armas y entrenamiento militar. En la clásica entrevista de 1990 entre Ted Koppel y Nelson Mandela, el líder sudafricano dejó varias definiciones clave para entender este punto. Frente a la “decepción” expresada por el público norteamericano por el vínculo del ANC con líderes como Muammar Gaddafi, Fidel Castro y el propio Yasser Arafat, Mandela fue contundente: “uno de los errores que algunos analistas políticos cometen es pensar que sus enemigos deberían ser también nuestros enemigos”. Más adelante en la misma entrevista, Mandela indicó: “nuestra actitud frente a cualquier país está determinada por la actitud de ese país hacia nuestra lucha” (Africa4Palestine, 2013, trad. propia).
Eventualmente, Sudáfrica intentó posicionarse como mediador en el conflicto entre israelíes y palestinos, lo cual se materializó en las conversaciones trilaterales de Spier Wine Estate en 2002. No obstante, la conformidad sudafricana con una hipotética solución de dos estados, así como sus lazos históricos con la OLP, no le permitieron posicionarse como un mediador sólido e imparcial ante los ojos de Israel y sus aliados occidentales. La posición sudafricana se ha vuelto aún más incómoda en este sentido tras la victoria electoral 2006 de Hamás por sobre la menos radicalizada facción Fatah, a la que pertenecía el propio Arafat (Jordaan, 2008).
En el contexto puntual de la denuncia de Sudáfrica a Israel en la CIJ, esta relación con líderes palestinos es una parte del alegato israelí, y de su principal aliada dentro de la Corte, la jueza Sebutinde. Esta autoridad, la única en rechazar de plano la solicitud de medidas provisionales, invitó a Sudáfrica, no sabemos si con cierta ironía o de forma bien intencionada a que “aproveche la cordial relación que algunos de sus órganos mantienen, según se dice, con los líderes de Hamás para tratar de persuadirlos a la entrega incondicional e inmediata de los rehenes” (Remiro Brotóns, 2024, p. 9).
Finalmente, ensayamos el análisis de la denuncia sudafricana ante la CIJ a través de la categoría de potencia media emergente. Eduard Jordaan (2008) define a las potencias medias como actores estatales afines al multilateralismo, que intentan contribuir al orden en el sistema internacional, y llevan a cabo acciones moralmente adecuadas en favor del “bien común” mundial. En el caso específico de las potencias medias emergentes se trata de países semi-periféricos, económicamente desiguales, que por lo general adoptaron recientemente el modelo democrático, y cuentan con considerable relevancia en sus entornos regionales. Según Jordaan (2008), tanto Sudáfrica como los demás países que encajan en esta definición, son Estados que en sus relaciones internacionales “se encuentran atrapados entre las expectativas de los Estados poderosos y la lealtad a los países en desarrollo en su región y el mundo” (p. 548).
En esta línea y en tanto poder emergente, Sudáfrica se ha presentado desde el fin del apartheid, como un portavoz de África y del mundo en desarrollo. Como tal, su política exterior está marcada por una fuerte insistencia por el respeto a la autodeterminación de los pueblos y la soberanía territorial de los países periféricos, incluyendo a los territorios palestinos ocupados por Israel. Este respeto por la soberanía nacional puede obstruir la capacidad y la voluntad sudafricanas de insistir acerca de los derechos humanos y la democracia. Por otra parte, la vocación multilateralista de la que hace gala Sudáfrica al llevar su reclamo a la CIJ es un dato relevante a la luz de las recientes rispideces de Pretoria ante la Corte Penal Internacional, por su negativa a arrestar a Omar al-Bashir en 2015 y por las especulaciones sobre una eventual captura de Vladimir Putin si este asistía a la cumbre de los BRICS en 2023. Como indica Jordaan (2008), las instituciones multilaterales replican normas hegemónicas, pero es una característica de las potencias medias emergentes una activa participación en ellas, espacios en los que pueden luchar en favor de posiciones reformistas o contra-hegemónicas. La denuncia a Israel ante la Corte es un ejemplo de ello.
El activismo internacional que posiciona a Sudáfrica como una potencia media emergente, favorable al multilateralismo y la solución pacífica de controversias está atravesado, de acuerdo a Jordaan (2008), por un elemento anti-imperialista. En este sentido, la Sudáfrica post-apartheid ha priorizado su solidaridad con el Sur global, incluso por sobre su vehemencia en la defensa de los derechos humanos. En un afán de mostrar autonomía respecto a las potencias occidentales, Pretoria llega a contemporizar con figuras controversiales que ponen en riesgo su “estatura moral” y su capacidad de ocupar roles de mediación, lo cual se hace especialmente patente en la relación con Israel (Jordaan, 2008).
Más allá de los elementos de la política exterior de Sudáfrica bajo el gobierno del ANC, la motivación sudafricana puede hallarse en la búsqueda de un reposicionamiento en el plano internacional: una especie de acto “heroico” que fortaleciera su estatus como actor relevante en los asuntos globales. Varios países han suscripto la solicitud sudafricana ante la CIJ, y otros tantos declararon su apoyo y su intención de acompañar el proceso. Entre ellos se cuentan países europeos como España, Irlanda y Bélgica; países del Sur global, como Maldivas, Libia y la propia Palestina; y algunas potencias emergentes, como Turquía y Egipto, así como países latinoamericanos que incluyen a Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, México, Nicaragua y Venezuela (Al Jazeera, 2024).
Por otro lado, la movida del gobierno de Ramaphosa ante la CIJ puede implicar un considerable efecto interno, tendiente al relanzamiento del imperativo de la autodeterminación de los pueblos y de los derechos humanos en la mentalidad sudafricana. Además, varios juristas rivales del ANC en el plano interno integraron el equipo jurídico que presentó la petición ante la CIJ. En los términos de Vale y Thakur (2024), la denuncia “se mantiene fiel a los principios fundantes del gobiero post-apartheid (…) Esto no sólo era necesario para el enfoque del país frente a los asuntos internacionales, sino que también es de vital importancia para restaurar su autoimagen” (párr. 17, trad. propia). Se trata de una observación relevante en el contexto del año electoral que encontró a un ANC debilitado, y lo obliga a continuar gobernando bajo la fórmula de un gobierno de coalición.
Reflexiones finales
En esta contribución intentamos repasar los hechos que siguieron a la denuncia de Sudáfrica contra Israel por el crimen de genocidio que el gobierno de Netanyahu estaría cometiendo en el territorio de Gaza. Como vimos, la petición sudafricana inició un proceso judicial cuya resolución de fondo puede demorar años, pero que ya tuvo sus efectos concretos en la emisión de medidas provisionales y, más cabalmente, en la orden de que Israel detuviera sus operaciones en Rafah. Más allá de la escasa capacidad de la CIJ para hacer cumplir sus órdenes, lo cierto es que la petición sudafricana suscitó la atención de toda la sociedad internacional y despertó elogios, pero también suspicacias entre los aliados de Israel.
El accionar ante la CIJ puede leerse a través de varios componentes que configuran la política exterior de Sudáfrica. En primer lugar, la referencia al apartheid como un legado trágico cuyas manifestaciones Sudáfrica se compromete a combatir en todo el mundo, con el tinte de “moralidad” encarnado en la figura de Nelson Mandela. En segundo lugar, los derechos humanos, la promoción de la democracia y el respeto al derecho internacional y sus instituciones como pilares de la Sudáfrica post-apartheid. En tercer lugar, y en tensión permanente con los dos puntos anteriores, la “lealtad a los viejos amigos”, que ha puesto a las gestiones del ANC del lado de líderes y organizaciones que fueron aliadas de la lucha contra la segregación racial. Por último, encontramos la proyección de Sudáfrica como una potencia media emergente, dispuesta a asumir un rol activo en la escena internacional y a participar de sus instituciones con una actitud reformista. Esta peculiar posición de Sudáfrica la impulsa a intentar asumir un rol de “constructor de puentes” en el escenario internacional, pero sobre todo a posicionarse como portavoz del Sur global, y su tono anti-imperialista puede entrar en conflicto con su imagen como un mediador imparcial. Estos elementos de la política exterior sudafricana, que suelen entrar en franca tensión en otros escenarios, parecen hallarse presentes de forma más o menos armónica en la denuncia ante la CIJ.
Con su activismo internacional frente a la CIJ Sudáfrica ha intentado y logrado reposicionarse como un actor con una voz relevante en los asuntos internacionales, logrando el apoyo formal o al menos retórico de varios países. A nivel interno, la denuncia volvió a poner sobre la mesa la autoimagen de Sudáfrica como un país promotor de los derechos humanos en el mundo. El flamante gobierno de coalición que el ANC se vio obligado a constituir tras las elecciones generales de junio de 2024 contará entre sus desafíos el despliegue de una política exterior coherente en esta materia. Probablemente, las posturas sudafricanas se volverán más pragmáticas y discretas, aunque sus lineamientos generales no cambien, al permanecer el ministerio de asuntos exteriores en manos del ANC, ya no a través de la prestigiosa figura de Naledi Pandor sino de Ronald Lamola. Para el caso puntual del conflicto palestino-israelí, subsiste una tensión fundamental en la medida en que el histórico partido de oposición y ahora co-gobernante, la Alianza Democrática, sostiene una postura radicalmente opuesta a la del ANC (Singh, 2024). La dinámica interna del nuevo gobierno de unidad nacional será clave para continuar observando los avances del reclamo sudafricano ante la CIJ.
Bibliografía
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[1] Integrante del Departamento de África (IRI-UNLP).
