El 21 de noviembre la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional (CPI) emitió de manera unánime órdenes de arresto contra Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, Yoav Gallant, ex ministro de Defensa israelí, y Mohammad Diab Ibrahim Al-Masri, comandante de las Brigadas Al-Qassam, ala militar de Hamas.
Las órdenes se emitieron en el marco de una investigación iniciada en 2021 sobre la Situación del Estado de Palestina. En un principio, las solicitudes de arresto requeridas por el fiscal Karim Khan incluían al líder político de Hamas, Ismail Haniyeh, y su líder militar, Yahya Sinwar. Sin embargo, luego de la confirmación de sus muertes, en julio y octubre de este año, fueron retiradas. Si bien Israel comunicó en agosto la muerte de Mohammad Diab, comúnmente conocido como “Deif”, la Fiscalía no pudo determinar si esto realmente sucedió, motivo por el cual continúa reuniendo información.
El dictado de las órdenes sentó un precedente histórico, con el potencial de desencadenar una amplia gama de consecuencias jurídicas y políticas. En el ámbito jurídico, los 124 Estados miembros de las CPI están obligados a acatarlas. Si bien algunos gobiernos han rechazado la medida, y expresado su oposición, no poseen la capacidad de impedir que la justicia local arreste a los acusados si estos visitan su territorio. Asimismo, la imprescriptibilidad de las órdenes garantiza que no dependan de la voluntad de una sola administración, lo que refuerza su impacto a largo plazo.
El primer ministro de Israel y el ex ministro de Defensa son acusados de ser responsables penalmente de crímenes de lesa humanidad (asesinato, persecución y otros actos inhumanos) y de guerra (vinculados a hacer padecer intencionalmente hambre a la población civil como método de hacer la guerra) cometidos desde el 08 de octubre de 2023 hasta, al menos, mayo de 2024.
A fin de evitar el dictado de las órdenes, el Estado de Israel realizó dos presentaciones el pasado 26 de septiembre en las cuales impugnó la jurisdicción de la Corte, en especial sobre los nacionales israelíes, y solicitó el inicio de una nueva investigación. La impugnación se sustenta en el hecho de que, en 2002, el gobierno israelí comunicó su decisión de no convertirse en Estado parte del Estatuto de Roma. La Sala rechazó las presentaciones considerando que no era necesaria la aceptación de competencia por Israel y que podía ejercerla sobre la base de la jurisdicción territorial del Estado de Palestina, que adhirió al Estatuto de Roma en 2015. En segundo lugar, recordó que el inicio de la investigación sobre la Situación del Estado de Palestina fue notificado a Israel en 2021.
Por su parte, Mohammad Dief es acusado de ser responsable penalmente de los crímenes de guerra (asesinato, tratos crueles, tortura, toma de rehenes, atentados contra la dignidad personal y violación) y lesa humanidad (asesinato, exterminio, tortura, y violación y otra forma de violencia sexual) desde, al menos, el 07 de octubre de 2023. La relevancia de Dief surge de su rango de comandante militar en las Brigadas Al-Qassam. La Sala Preliminar remarca que esta brigada fue la responsable de llevar adelante los asesinatos masivos en las comunidades de Kfar Aza, Holit, Nir Oz, Beeri y Nahal Oz, así como en el festival de Supernova. Se considera que Dief ordenó o indujo a los miembros de esta agrupación a llevar a cabo estas acciones. Un punto para destacar en el comunicado de la CPI es la afirmación de que las mujeres rehenes cautivas en Gaza fueron objeto de violencia sexual y de género.
La decisión de emitir una orden de arresto contra un único miembro de Hamas, quien probablemente ya esté muerto, ha generado críticas por su aparente falta de impacto real. Desde Israel se percibe que el peso de las acciones de la Corte recae principalmente sobre sus funcionarios, mientras que Hamas enfrenta una atención mucho menor en términos de responsabilidades jurídicas.
La consecuencia directa de las órdenes es la posibilidad de que los acusados sean detenidos si se encuentran en un Estado que reconoce la competencia de la CPI. No obstante, la Corte no detenta fuerza propia para detener a los acusados, motivo por el cual la responsabilidad de ejecutar la medida recaerá en los Estados que reconocen la competencia de la CPI. Es importante destacar que las órdenes no conllevan el reconocimiento de la culpabilidad ya que los acusados son considerados inocentes hasta que la Corte decida lo contrario.
A pesar de ello, resulta poco probable que los funcionarios israelíes enfrenten los arrestos. En el corto plazo, el único viaje internacional relevante por parte de los mismos sería la asistencia a la asunción presidencial de Donald Trump en enero de 2025. Dado que Estados Unidos no es parte de la CPI, las posibilidades de detención se reducen. Será interesante observar cómo reaccionan los gobiernos europeos, especialmente considerando la falta de consenso entre ellos, lo que dificulta la formación de una postura unificada.
Desde la publicación de las órdenes contra Netanyahu y Gallant se generó un revuelo en la comunidad internacional. Países Bajos, Sudáfrica, Jordania, Palestina han apoyado la decisión y afirman que la ejecutarán.
En contraposición, los Estados que manifestaron su oposición al arresto son Estados Unidos, Argentina, Paraguay, Chequia, Rumania y Hungría. Organizaciones civiles solicitan al gobierno de Estados Unidos que aplique la “American Service-Members’ Protection Act” en favor de los funcionarios israelíes. Esta normativa habilita a toda administración estadounidense a no cooperar con la CPI cuando se investigue un ciudadano estadounidense o “persona aliada”.
Gran parte del arco político israelí, oficialista y opositor, se ha opuesto a la decisión de la Corte. Las críticas se centran en la equiparación de los funcionarios israelíes con los miembros de Hamas. Netanyahu manifestó que la decisión es un “nuevo caso Dreyfus” y aseguró Israel no la validará.
En simultáneo, si bien el ministro de Relaciones Exteriores, Gideon Sa’ar, asumió en las últimas semanas, se espera que Israel continúe la línea del exministro Katz. Desde los ataques de Hamas el Ministerio de Asuntos Exteriores ha llevado adelante una política de mayor confrontación con los organismos internacionales que han emitido decisiones sancionatorias o no favorables para Israel. Ejemplo de esto es la demanda de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), la Opinión Consultiva emitida por esta última en julio, la aceptación de mayores atribuciones a Palestina dentro de Naciones Unidas, etc.
Estas órdenes generan preocupaciones significativas para futuras administraciones. Mientras que las investigaciones de la CIJ y de Naciones Unidas se enfocan en los Estados, esta decisión añade una dimensión individual al establecer competencia directa sobre funcionarios. Al interior de Israel, distintos juristas han criticado la ausencia de una comisión de investigación interna desde octubre 2023, la cual podría haber evitado que la CPI avanzara con las órdenes. La situación actual plantea el riesgo de que las investigaciones se amplíen a otros miembros del Estado, integrantes de las Fuerzas de Defensa de Israel y sus soldados.
Ante este escenario, es probable que los Ministerios de Defensa y Finanzas de Israel impulsen políticas de mayor presión contra la Autoridad Nacional Palestina, a la que consideran responsable de promover estas acciones legales. Esto podría traducirse en un control más estricto sobre Cisjordania y en medidas económicas que afecten los fondos palestinos.
Por su parte, la Autoridad Nacional Palestina celebró la decisión e instó a los Estados miembros a que apliquen la misma. Considerado uno de sus mayores logros jurídicos, se espera que la Autoridad Palestina continúe con una línea de presión diplomática sobre Israel en distintos organismos internacionales. Prueba de esto, es la creación de un nuevo equipo legal que buscaría aunar esfuerzos para ampliar los reclamos territoriales sobre Cisjordania.
En este contexto, será crucial evaluar hasta qué punto su estrategia de presión diplomática logra resultados efectivos, especialmente considerando que Israel no ha acatado decisiones adversas en el pasado y que, al mismo tiempo, los países árabes parecen poco dispuestos a asumir un papel proactivo en este asunto.
Camila Farías
Integrante
Departamento de Medio Oriente
IRI – UNLP
