El sistema democrático de Corea del Sur vivió una de sus jornadas más críticas la noche del pasado 3 de diciembre, hora local, cuando el presidente Yoon proclamó inesperadamente la ley marcial en un discurso improvisado transmitido por televisión. Esta medida, prevista en el artículo 77, inciso 1, de la Constitución surcoreana, está destinada a “responder a una necesidad militar o mantener la seguridad y el orden públicos mediante la movilización de las fuerzas armadas en tiempos de guerra, conflicto armado u otra emergencia nacional similar”. Sin embargo, no se había producido ningún evento esa tarde que justificara tal decisión.

La reacción fue inmediata. El líder del opositor Partido Democrático, Lee Jae-myung, cuya formación cuenta con mayoría parlamentaria, convocó a los legisladores de su bloque al Parlamento y llamó a la ciudadanía a movilizarse en las calles en señal de protesta, calificando la medida como ilegal e inconstitucional. Apelando al inciso 5 del mismo artículo, que otorga a la Asamblea Nacional la facultad de exigir el levantamiento de la ley marcial con el voto de la mayoría de sus miembros totales, los 190 parlamentarios presentes solicitaron formalmente la revocación inmediata.

Horas más tarde, el presidente Yoon anunció que acataría la decisión de la Asamblea Nacional, poniendo fin a una situación inédita y breve, aunque no por breve inocua para la democracia del país. El escenario evoca inevitablemente la crisis política de 2016, cuando la entonces presidenta Park Geun-hye fuera destituida tras un proceso de «impeachment» derivado de un escándalo de corrupción que sacudió al país. En aquel momento, al igual que ahora, la ciudadanía se movilizó masivamente, ejerciendo presión sobre las instituciones para preservar los valores democráticos. Sin embargo, el caso actual plantea una amenaza diferente: el uso arbitrario de una herramienta constitucional diseñada para emergencias extremas, lo que subraya la importancia de límites claros al poder presidencial.

Este episodio, aunque inquietante, también es un testimonio del grado de madurez democrática alcanzado por Corea del Sur. La rápida reacción de sus instituciones y la movilización ciudadana demostraron que el país sigue comprometido con los principios democráticos que han guiado su evolución desde su pasado autoritario hacia una democracia sólida. En este contexto, el desafío no es solo superar el incidente del 3 de diciembre, sino convertirlo en una oportunidad para reforzar las bases del sistema democrático surcoreano. Y, por otra parte, también nos expone a preguntas fundamentales sobre los límites del poder presidencial y el papel de las fuerzas armadas en una democracia madura. ¿Es un caso aislado, o indica una tendencia hacia un estilo de gobierno más autoritario? Las próximas horas y días serán decisivos para que Corea del Sur reafirme su compromiso con los principios democráticos que la han definido en las últimas décadas.

Bárbara Bavoleo
Secretaria
Centro de Estudios Coreanos
Departamento de Asia y el Pacífico
IRI – UNLP