La semilla del Principio Democrático en nuestro continente se remonta a la creación de la Organización de Estados Americanos (OEA). La organización tuvo como aspiración, en su Carta en el año 1948, el ejercicio efectivo de la democracia representativa como forma de organización política de los Estados americanos. En la Declaración de Santiago (1959) se dieron los lineamientos mínimos que la democracia representativa ha de tener y cómo se vincula ella con el ejercicio de los DD.HH. Ya con el Protocolo de Cartagena (1985) se fijó a la promoción y protección de la democracia representativa como propósito esencial de la organización (es decir, la OEA, sus órganos y sus miembros). Este inclaudicable objetivo se sofisticó con el Compromiso de Santiago en Democracia y la Renovación del Sistema Interamericano (1991), la resolución 1080 (1991), el Protocolo de Washington (1992) y la Carta Democrática Interamericana (2001).
En el proceso de redacción y adopción de todos y cada uno de esos instrumentos, participaron tanto Argentina como Venezuela. No podemos dejar pasar (porque es un compromiso legal pero, ante todo, un compromiso moral) la evidente violación del Principio Democrático que nuestra región ha alumbrado para proteger la fragilidad de la elección de la democracia como forma de vida de la cual somos testigos desde el 28 de julio del año pasado.
Tal como la OEA sostuvo en 1984, el imperio de la ley, la separación de poderes, elecciones libres, libertad de prensa y de expresión, entre otros, es bueno recordar en tiempos donde parece resurgir en algunos gobernantes la idea de su reelección indefinida, que esta resolución ya señalaba que la perpetuación en el poder, o el ejercicio de este sin plazo determinado y con manifiesto propósito de perpetuación, son incompatibles con el ejercicio efectivo de la democracia representativa.
30 años después sigue tan (o aún más) vigente como entonces. La voluntad popular no puede ser burlada tan burdamente. La oposición política no debe ser perseguida ni la disidencia silenciada. Dentro de la ley todo… fuera de ella, nada. Por ello es que “aturde el silencio del Progresismo” en nuestra región, más teniendo en cuenta nuestra trágica historia con las dictaduras militares (a las que creímos, ingenuamente, desterradas). No hagamos caso omiso. Ni hoy, ni nunca.
Instituto de Relaciones Internacionales
IRI-UNLP