El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el pasado viernes un decreto por el cual sanciona a toda persona que haya participado (o participe) en investigaciones de la Corte Penal Internacional contra personas estadounidenses o de su histórico aliado, Israel. Esto en plena visita del Primer Ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a Washington.

El decreto dispone restricciones financieras y de visado a todas aquellas personas implicadas en dichas investigaciones. Una medida que ya había dispuesto el mismo Donald Trump en el año 2020, durante su primer mandato, y que fuera revocada por la administración de Joe Biden (en ese caso por investigaciones respecto a si las fuerzas armadas estadounidenses habían perpetrado crímenes de guerra en Afganistán).

La Corte Penal Internacional tomó el guante y le contestó a la administración Trump manifestando que continuarán proporcionando justicia y esperanza a millones de víctimas inocentes de atrocidades en todo el mundo.

La CPI es un tribunal internacional que imparte justicia de manera independiente e imparcial. Todo lo actuado en el presente conflicto se encuentra acorde a derecho.

Por más simpatías o alianzas que haya, los crímenes se cometieron (y siguen cometiéndose) y, como tal, deben ser investigados y juzgados, las órdenes de arresto ejecutadas y los derechos humanos garantizados.