Claudia Fornari[1]
Introducción
El 11 de octubre de 2024 entró en vigencia el Decreto 891/2024 emitido por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN), mediante el cual se introdujo una serie de modificaciones a la Ley 25.246, en materia de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT). Asimismo, se modificó la integración estructural de la UIF.
Desarrollo
Mediante el decreto 891/2024 se elimina el Consejo Asesor que estaba integrado por 7 Vocales: conformado por un representante de organismos externos (Banco Central de la República Argentina, Comisión Nacional de Valores, entre otros).
De conformidad con los considerandos del decreto, esta eliminación encuentra sus razones en la falta de recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre la necesidad de dicho Consejo o órgano de tal índole; y de la necesidad de resguardo de la “independencia operativa” del organismo.
Entre otros fundamentos se postula la reducción del sobredimensionamiento de la estructura y el hecho de dotar a la Unidad de Información Financiera (UIF) de una mayor “autonomía, celeridad, economía, sencillez, eficacia y eficiencia”
Sujetos obligados excluidos
A partir de la publicación del Decreto 891/2024 en el Boletín Oficial, dejaron de revestir la calidad de sujetos obligados:
Agentes depositarios centrales de valores negociables[2] o entidades registradas para recibir depósitos colectivos de valores negociables, que actúen en custodia de instrumentos u operaciones según la Ley 20.643 (mediante el art. 5 del decreto 891/2024 se sustituye el inciso 7 del artículo 20 de la Ley Nº 25.246).
Agentes de custodia, registro y pago, o aquellos autorizados para prestar dichos servicios de custodia y transferencia de valores negociables[3].
Cabe destacar que estos sujetos obligados, incluidos entre otros, en el inc. 7 del art. 20 de la ley antilavado, fueron incorporados mediante art. 14 de la ley 27.739 que modifica a la ley 25.246 y excluidos mediante el Decreto 891/2024 PEN.
Despachantes de aduana definidos en el artículo 36 del Código Aduanero, ley 22.415 y sus modificaciones (Sujeto contemplado en el inc. 21 de la ley 25.246, derogado mediante art. 6 del Decreto 891/2024).
Las personas humanas o jurídicas, u otra estructura con o sin personería jurídica, cuya actividad habitual sea la compraventa de automóviles, camiones, motos, ómnibus y micro ómnibus, tractores, maquinaria agrícola y vial, naves, yates y similares, aeronaves y aerodinos (Sujeto contemplado en el inc. 22 de la ley 25.246, derogado mediante art. 6 del Decreto 891/2024).
Los cambios introducidos mediante art. 6 del Decreto 891/2024 responden a la superposición de controles a los que estaban sujetos
Conclusiones
Considerando los fundamentos vertidos en el Decreto 891/2024 podemos afirmar que si bien se ajustan a las recomendaciones del GAFI, para el caso específico de “Las personas humanas o jurídicas, u otra estructura con o sin personería jurídica, cuya actividad habitual sea la compraventa de automóviles, camiones, motos, ómnibus y micro ómnibus, tractores, maquinaria agrícola y vial, naves, yates y similares, aeronaves y aerodinos” (Sujeto contemplado en el inc. 22 de la ley 25.246, derogado mediante art. 6 del Decreto 891/2024), ésta figura subsume un riesgo.
En efecto, durante 2024 la Dirección Nacional del Registro de Propiedad Automotor, que depende del Ministerio de Justicia. Subsecretaría de Asuntos Registrales. Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios, registra un incremento del 23% en robos de autos en Argentina. Para evaluar el impacto, tomamos la información disponible al 2023 que registra venta de autos por 449.438 unidades, y los datos de robos alcanzan un total de 45.968, esto significa que el 10,2% de las unidades adquiridas son pasibles de ser robadas.
Si la tendencia va en ascenso en 2024, en que también se registra un incremento de venta de autos usados, el hecho de eliminar los controles implica una exposición a riesgo de lavado de activos para toda la masa de dinero ilícito vinculado al delito de robo automotor.
Entendemos que más allá de que Poder Ejecutivo en uso de sus facultades constitucionales dado el contexto de emergencia económica, se ajuste estrictamente a las recomendaciones del GAFI, es importante que se tenga en cuenta el contexto en el que se dictan los Decretos, y de esta manera disuadir y prevenir en forma eficaz el LA/FT/FP.
Bibliografía y fuentes de información
Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Actualización a diciembre 2023. https://biblioteca.gafilat.org/wp-content/uploads/2024/07/Recomendaciones-metodologia-actDIC2023.pdf
Decreto 891/2024. Adecuaciones en la nómina de sujetos obligados. https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/315397/20241010
Dirección Nacional del Registro de Propiedad Automotor. https://datos.jus.gob.ar/dataset/robos-y-recuperos-de-autos
Ley 22.415. Código Aduanero. https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/16536/texact.htm
Ley 25.246. Ley Antilavado. https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/62977/texact.htm
Ley 26.831. Ley de Mercado de Capitales. https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=206592
[1] Abogada y Doctoranda en Derecho (UCES). Especialista en PLAFT. Experta en Estudios de Delitos Transnacionales, Terrorismo y Crimen Organizado, Anticorrupción y Transparencia (UTN). Investigadora y miembro del Instituto de Ciencias Jurídicas y Políticas (InCJyP-UCES).
[2] Es la entidad definida en la ley 26.831 y sus modificaciones (Ley de Mercado de Capitales).
[3] Son entidades autorizadas a prestar el servicio de registración en un sistema electrónico de representación de valores negociables mediante anotaciones en cuenta. Además, pueden prestar los servicios de custodia y transferencia de valores negociables y pago de dichos valores. Ej. Caja de Valores, Argentina Clearing y Registro S.A.
