El ex presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, fue detenido esta mañana cuando arribó al aeropuerto internacional de Manila, luego de que se comunicara la orden de arresto de la Corte Penal Internacional en su contra.

La investigación realizada por la CPI resolvió que hay causa suficiente para entender que, durante su “guerra contra las drogas”, se efectivizó el crimen de lesa humanidad en su figura de asesinato en atención a la alta cifra de muertos en los diversos operativos realizados en el marco de dicha “guerra”: la policía nacional habla de seis mil muertes, mientras que organizaciones civiles mencionan unas treinta mil.

El accionar de la Corte se encuentra enmarcado temporalmente entre el 1 de noviembre de 2011 y el 16 de marzo de 2019, momento en que el entonces presidente Duterte retiró a la República de Filipinas del Estatuto de Roma, entendido ese movimiento como maniobra para esquivar la investigación de la CPI durante su presidencia. Sin embargo, su campaña contra el narcotráfico comenzó mientras él era alcalde de la ciudad de Davao.

La CPI investiga poco menos de tres mil días, por lo que interpreta que, en un ataque generalizado y sistemático, el exmandatario hizo abuso de las fuerzas armadas y de seguridad en el marco de su campaña sangrienta contra el narcotráfico, teniendo como resultado entre dos y diez muertes por día.

Rodrigo Duterte se encuentra en plena campaña para ser electo alcalde nuevamente. La Corte entendió que aún mantiene un poder suficiente como para que, estando en libertad, pueda entorpecer la investigación. Por lo que, mediante Interpol Manila, se logró la efectiva detención luego de dictada la orden de arresto.

Esta situación es útil para visualizar el correcto funcionamiento de la Corte Penal Internacional y cómo las fuerzas de seguridad nacionales están obligadas a cumplir con sus solicitudes en pos de asegurar una correcta investigación sin poner trabas inexistentes, asegurando un correcto proceso judicial.

Departamento de Derechos Humanos
IRI-UNLP