Para analizar la diversidad cultural de Malasia y sus consecuencias políticas, es necesario primeramente reconocer que se trata de un país heterogéneo (racial, religiosa y lingüísticamente), y aclarar además los rasgos principales que caracterizan a una sociedad "culturalmente heterogénea".

Según sus características culturales, las sociedades pueden ser plurales o pluralistas. Una sociedad será plural cuando presente fuertes y sólidas divisiones en su seno, que imposibiliten el desenvolvimiento de valores democráticos como la cooperación y el compartir metas comunes (la concepción común de lo que constituye una vida buena y justa). Estas divisiones nacen de una percepción de "lo diferente" como un actor agresivo para los intereses propios, con reivindicaciones inaceptables en cuanto representan una lucha por los bienes (políticos) escasos. En extremo, se puede afirmar que una sociedad con estas características engloba un conjunto de agrupaciones societales que, potencialmente, podrían desenvolverse hasta constituir por sí solas nuevas sociedades. Avanzar desde aquí hacia el conflicto político -que puede tomar forma de pequeños incidentes en una manifestación pero también puede provocar una guerra civil- es una posibilidad real, debido a la inflexibilidad de las posturas que son típicamente maximalistas, y a la capacidad de auto-perpetuación de las percepciones en las que éstas se fundan .

En cambio, una sociedad será pluralista cuando la diversidad es aceptada como una consecuencia lógica de la tolerancia política. Esto quiere decir que la diversidad es entendida como parte inherente a la democracia, fundada en la autonomía personal y en la igualdad de todos los miembros de la sociedad. Las consecuencias de este supuesto para la democracia son de enorme importancia y de gran complejidad, como demostraré más adelante. De todas maneras, muchas veces el paso desde el pluralismo hasta la pluralidad, o desde un pluralismo democrático hasta otro no democrático, es difícil de demarcar y puede ser borrado con facilidad. En este sentido, se puede afirmar que las pautas culturales si bien no son estáticas, evolucionan lentamente; en consecuencia, uno de los principales problemas que se producen es que el cambio cultural y el cambio político generalmente son asincrónicos.

Otra objeción importante es que las estructuras y los mecanismos políticos no generan por sí solos estas diferencias (aunque sí pueden -y de hecho lo hacen- agravar o atemperar una problemática ya existente) sino que son formas institucionalizadas de contener o regular el conflicto cultural, a partir de sus manifestaciones políticas. De esta forma, lo que es adecuado para un suelo cultural determinado no lo es para otro diferente; por ejemplo, en una sociedad fragmentada, la regla clásica de la mayoría (propia de una sociedad homogénea) no es conducente a los objetivos democráticos, ya que el hecho de que se exprese la voluntad de la mayoría es, en este caso concreto, la condena a la discriminación -sino persecución y exterminación- política de la minoría. Y esto funciona en dos sentidos: establece un límite entre la naturaleza de la sociedad (homogénea-heterogénea) pero también advierte las posibles diferencias que existen "dentro de la heterogeneidad", ya que no todas las sociedades heterogéneas son iguales en su composición cultural. Es necesario preguntarse entonces, ¿qué mecanismos políticos son los adecuados para una sociedad culturalmente heterogénea? o, inversamente, ¿cuáles son inadecuados y por qué? Luego, ¿qué combinación de mecanismos se requiere para enfrentar distintas heterogeneidades culturales?

Arend Lijphart, junto a otros autores europeos durante las décadas de 1960 y 1970, desarrolló el concepto de "democracia consociacional". Dicho modelo expresa una fórmula política que no pretende anular o superar las divisiones sectoriales, sino todo lo contrario: busca reconocerlas explícitamente y, a partir de ello -a través de especiales instituciones e instrumentos de articulación política- convertir a las partes en elementos constructivos de una democracia estable.

Si bien la coexistencia de identidades culturales no siempre evolucionará en la forma de conflicto político, este resultado es muy probable ya que "sólo" se requiere que determinados grupos expresen pretensiones políticas en relación a las conductas de miembros de otros grupos, quienes sienten esta acción como un ataque a sus valores y pautas de acción específicos. Las instituciones y políticos comprometidos con el espíritu de la democracia consociacional intentarán "controlar" el dinamismo histórico-social de los cleavages y sus consecuencias profundas en la cultura política (en relación al sistema como un todo y a los miembros individuales) y en el sistema de partidos (como agentes mediadores de la realidad política).

Existen tres eventuales soluciones para la organización democrática de una sociedad plural: el deseo de eliminar o reducir sustancialmente su carácter a través de la asimilación, lo cual no representa una opción política de éxito dentro del marco de referencia de una democracia liberal; reducir el pluralismo dividiendo al Estado en dos o más Estados homogéneos, lo cual resultará imposible si las divisiones se presentan geográficamente entremezcladas, como es el caso de Malasia; o avanzar en la solución unificacional, por la que se aceptan las divisiones plurales como el ingrediente básico para un régimen democrático estable.

La democracia consociacional o consensual, afirma Lijphart, se caracteriza por las siguientes cualidades: participación en el poder, que se produce a través de un gobierno de coalición lo suficientemente amplio como para incorporar, en la medida de lo posible, a todos los actores importantes del sistema político; dispersión del poder, que debe asegurarse formal e informalmente, y reforzarse por medio de un parlamentarismo bicameral y de la representación política de las minorías; distribución del poder, que se expresa en el sistema de partidos multidimensional propio de estas sociedades, en el número de partidos políticos importantes y en la representación electoral proporcional; delegación del poder, que asume la forma de gobierno descentralizado y federalismo (territorial o no); límite formal al poder, impuesto a través de una Constitución escrita y el veto de las minorías; e influencia sobre el poder, ejercido por medio del corporativismo horizontal (concertación de grupos) y vertical (relaciones jerárquicas de grupos).

Asimismo, para posibilitar el desarrollo y funcionamiento de este esquema institucional, es necesario que existan determinadas condiciones favorables a la democracia consensual:

1. Cooperación de los líderes, quienes deben aceptar y apoyar el objetivo político de mantener unido al país por medio de prácticas democrático-consensuales. En consecuencia, debe promoverse un sentimiento de moderación y compromiso para la cooperación entre líderes de diferentes sectores. Esto les impone un doble riesgo: por un lado, tienen que ser más tolerantes que sus representados y, por el otro, no pueden perder la lealtad de aquellos.
2. Balance de poder. Medido por la fuerza numérica de los sectores sociales; generalmente toma la forma del peso político de cada uno de ellos a través de los puestos parlamentarios (lo cual no niega, de todas maneras, la ponderación a través de las relativas presencias económica o cultural). El balance está garantizado por la cooperación y el compromiso que devienen de la constitución plural de la alianza de poder: minorías que no pueden tentarse a romperla porque no alcanzarían la autonomía suficiente como para gobernar solas.
3. Sistema multipartidista. Es preferible la existencia de un sistema multipartidista con relativamente pocos partidos políticos. Sin embargo, si la sociedad está muy sectorizada, el peligro de un pluralismo extremo y de atomización siempre estará presente.
4. Tamaño de la unidad política. Si se trata de un país pequeño, se favorece la cooperación entre las élites ya que éstas adquieren un mayor conocimiento recíproco. Además, de existir una amenaza externa -relativamente común en este tipo de países- provocará un reforzamiento de la solidaridad interna (aunque para que esto suceda, la amenaza debe constituir -o ser percibida como- un peligro común para todos los sectores). En tercer lugar, un país pequeño favorece el equilibrio entre las demandas y las capacidades del sistema político.
5. Tradiciones de la posición de élite. Esta característica se refiere el comportamiento en el tiempo de las élites, es decir, si tienen una postura de tipo adversarial o una de tipo unida. En definitiva, representa un factor clave en la evolución de la democracia consensual como una alternativa inviable políticamente (comportamiento adversarial), o como un factor por el cual las divisiones sectoriales nunca se transforman en un peligro (comportamiento unido).
6. Estructuras divisorias. Estas se clasifican en: número y grado de fragmentación; grado en que se entrecruzan y coinciden; tipos e intensidades (religiosa, lingüística, étnica...); efectos de contrapeso de la reunión de lealtades; formas de relación entre las divisiones sectoriales y el sistema de partidos.

A partir del análisis de Lijphart, considero que tres son los factores claves que determinarán el éxito (o no) del desarrollo, consolidación y estabilidad de una democracia consensual. Ellos son: 1) la naturaleza y función del sistema de partidos (o en términos de Sartori, el formato y la mecánica del mismo) y el sistema electoral que lo complementa; 2) el orden institucional formal (si se trata de un sistema presidencialista o parlamentario, si es un régimen federal o centralizado...); y 3) el conjunto de relaciones entre las élites (si son adversariales o unidas, si están condicionadas históricamente para llegar a acuerdos transaccionales) y de ellas con los respectivos grupos "representados" (es decir, las relaciones de responsabilidad en la representación y compromiso, o demagogia y nacionalismo...).

La combinación de estos elementos conforman un escenario complejo que en gran medida determinará si una sociedad heterogénea en particular puede arribar exitosamente a una solución política como es la democracia consensual y, de hacerlo, a qué costo y de qué forma. Por ello, analizaré brevemente a continuación cada uno de estos factores:

El sistema de partidos y el sistema electoral

En relación a la forma de representación, Lijphart enuncia el principio general por el que la representación mayoritaria es propia de las sociedades relativamente homogéneas, donde no presenta un peligro particular el riesgo de "no representatividad" de este tipo de sistema electoral. En cambio, en una sociedad fragmentada culturalmente es preferible un sistema de representación proporcional ya que, se afirma, éste permite un fiel reflejo del suelo social que subyace a las formas políticas. Si la sociedad se encuentra fragmentada en subculturas bien diferenciadas, entonces es necesario que el sistema electoral brinde la posibilidad de representar dicha diversidad a través de una fórmula apropiada como es la proporcionalidad.

Paralela a esta argumentación se halla el sistema de partidos, que se vincula estrechamente al sistema electoral (ambos pueden ser considerados como dimensiones de una misma variable, denominada "representación política"). Al respecto, Lijphart señala que "El modelo de consenso puro exige el multipartidismo, con un número suficiente de partidos como para representar a todos los sectores sociales naturales y sectores de opinión". Este supuesto se vincula directamente con la multidimensionalidad del sistema de partidos, que refleja la heterogénea composición social.

Pero aquí se plantea un problema: si bien se establece la relación entre el multipartidismo y el modelo de consenso puro (queriendo significar que es la consecuencia lógica de los principios constitutivos del modelo en cuestión), en la realidad se impondrán límites "tanto por lo que es práctico como por lo que es apropiado a las condiciones de cada país en particular". Entonces la relación antes establecida pierde su fuerza.

Sartori toma en cuenta esta observación y critica certeramente sus consecuencias:

Lo que Sartori quiere destacar es que la dicotomía puede ser útil como guía, pero que su alcance empírico-explicativo corre el riesgo de asociar a la democracia mayoritaria como un tipo de democracia que agrava al máximo los conflictos, o que es malo para manejarlos, mientras que la democracia consensual -como su nombre lo indica- permitiría un manejo apropiado de los conflictos, tratados en términos de cooperación y consenso... En esta idea no se advierte, continúa Sartori, que el principio de gobierno representativo (sea éste de representación mayoritaria o de representación consensual, es decir, basado en la proporcionalidad) es, además, responsable, lo que significa que debe actuar con prudencia y en el marco de un mandato, de una correspondencia con los representados y su voluntad política.

Por lo tanto, todos los gobiernos, independientemente de su carácter proporcional o mayoritario, en la medida en que son responsables (democráticos), reconocen la línea que divide el derecho de la mayoría a prevalecer y el derecho de las minorías a ser respetadas.

Además, el poder de veto establecido por Lijphart como un "límite formal al poder" y la "dispersión del poder" que se materializa en asignaciones de cuotas, convenios de servicio civil y duplicaciones de los servicios públicos (administrativa y financieramente), establecen un peligro muy probable: el abuso de las posibilidades institucionales. Es decir, si desde el régimen político se acepta -y en cierto modo se fomenta- la expresión política de las divisiones sociales existentes, lo más seguro es que estas divisiones ¡terminen destruyendo el consenso mismo que se quería construir!

El orden institucional-formal

Una democracia consensual se corresponde, según Lijphart, con un régimen político marcadamente federal (que a su vez puede ser territorial o no, dependiendo de las particulares circunstancias del país) y una forma de gobierno parlamentaria más que presidencial. Esto puede ser entendido como el correlato lógico del primer elemento, es decir, el parlamentarismo y el federalismo asegurarían una adecuada inclusión de los grupos sociales relevantes en el proceso político general (participación en el poder, influencia en la toma de decisiones...).

En términos globales, se puede afirmar que cada combinación institucional específica crea incentivos (o no) para los actores políticos, agudiza las identidades de los mismos, establece un contexto funcional (o no) para la toma de decisiones y, en definitiva, facilita u obstruye la construcción de un régimen democrático. Esto significa que en una sociedad culturalmente dividida, las especiales condiciones que ésta presenta afectarán el funcionamiento esperado o "teórico" de cualquier conjunto de instituciones políticas, con lo cual las perspectivas democráticas se vuelven más ambiguas desde el punto de vista institucional. En otras palabras, la dinámica de los procesos políticos trasciende a las instituciones, las cuales deberán ajustarse en términos sociales y culturales a las necesidades presentes de la sociedad.

En consecuencia, al hablar de un orden institucional concreto siempre se corre el riesgo de generalizar lo particular; y no necesariamente lo que funciona en una sociedad es adecuado en otra (aunque ambas se encuentren divididas culturalmente). Esto equivale a afirmar que tanto el parlamentarismo como el federalismo son principios ordenadores centrales, a partir de los cuales cada sociedad se adaptará funcionalmente a las necesidades y urgencias propias.

Además, no hay que olvidar que el orden institucional formal se encuentra subordinado al tercer factor, que es el conjunto de patrones de sociología y cultura políticas. Este determinará si es conveniente y viable, por ejemplo, un régimen federal o centralizado, y qué formas adoptará... Por lo tanto, el comportamiento de las élites, la relación que se establezca entre éstas y los grupos de interés y los grupos sociales "representados", impondrán determinados límites a la construcción del régimen político. Si estos límites no son respetados, el conjunto de instituciones que se dé esa sociedad no tendrá fundamento, las mismas se encontrarán vacías y provocarán un ahondamiento de los conflictos.

Las élites y la representatividad

En síntesis, se puede afirmar que la frontera de lo que es correcto y lo que no lo es, siempre es borrosa. Pareciera ser que la capacidad de los líderes como impulsores de acuerdos consociativos (en términos del carácter de la élite, si es adversarial o unida) constituye una condición esencial, a partir de la cual se avanza en la construcción de la democracia consensual.

La capacidad prescriptiva de toda teoría es limitada al grado en que la realidad empírica se ajusta a ella y a la exactitud con que puedan ser anticipados los hechos que se intentan explicar. El problema central en este punto es que la Ciencia Política (como toda ciencia humana) no puede establecer leyes de carácter universal como la física o la matemática, sino que busca identificar probabilidades y generalizaciones que determinen un patrón que razonablemente sucederá, pero no inevitablemente.

Esta indeterminación propia del estudio del hombre (que no implica de ninguna manera poca rigurosidad científica) "obliga" a Lijphart a reconocer que en muchas oportunidades el éxito o el fracaso de la democracia consensual responde a condiciones o limitaciones particulares de cada sociedad, entre ellas: la existencia en el pasado de cooperación entre los grupos enfrentados; el grado de sensibilidad de los líderes para lograr los acuerdos necesarios; la fragilidad inherente de las negociaciones, que pueden perderse por cuestiones puramente coyunturales...

No obstante, el comportamiento de las élites debe ser entendido como una de las expresiones más altas del suelo cultural existente en la sociedad, es decir, ellos son los portavoces o los intérpretes de un clima político que se halla presente en el conjunto de la población y que, en mayor o menor medida, es articulado en un discurso y en un actuar políticos concretos. Cabe suponer que existe una correspondencia entre el "sentir popular" y las decisiones de las élites, por cuanto éstas aspiran a ser representativas… Puede darse el caso en que para perseguir determinadas aspiraciones individuales o de la élite como grupo, se genere una reacción desde arriba, como es el caso de fenómenos de demagogia o de chauvinismo. Sin embargo, cabe esperar que esa no sea la norma.

Intimamente relacionado a esto se encuentra el proceso de elaboración de políticas, para el cual Lijphart señala la conveniencia del corporativismo como una característica propia de la democracia consensual. Esto significa que los grupos de interés significativos de una sociedad deben participar en forma inclusiva y flexible en la toma de decisiones, y deben orientarse hacia el compromiso en el proceso de elaboración de políticas.

En definitiva, se puede afirmar entonces que, a partir de la relación que se produce entre estos tres elementos, la dimensión cultural o social determinará las formas políticas. Teniendo en mente estas recomendaciones teóricas, analizaré a continuación la evolución histórica de Malasia, con el propósito de identificar cuáles son las variables que no se cumplen, las razones para que así sea, y qué posibilidades existen de avanzar en la realización de un proyecto democrático genuino en una sociedad culturalmente heterogénea como Malasia.