Miembro del Departamento de Relaciones Económicas Internacionales del IRI

El auge y la ulterior crisis de Bretton Woods siempre ha estado íntimamente relacionado con el devenir de la institución que más fielmente representó la nueva estructura del sistema financiero internacional: el Fondo Monetario Internacional.

Su labor se evidenció promediando los años cincuenta, cuando los países subdesarrollados (en mayor medida latinoamericanos) se vieron inmersos en una profunda crisis inflacionaria y de balanza de pagos, lo que hizo necesaria su asistencia financiera. En tal marco, sus recomendaciones comenzaron a apreciarse como partes integrantes de programas económicos con características muy definidas. Consecuentemente, el llamado "modelo fondomonetarista" se erigió en el fundamento último de políticas de estabilización dirigidas a acrecentar la apertura externa y a ajustes de la política económica que agudizaron la concentración de ingreso y capital.

Dentro ya de la crisis internacional manifestada en los inicios de la década de los setenta a partir del languidecimiento de la supremacía norteamericana y la quiebra del patrón oro-dólar, el FMI se mostró inepto para llevar adelante los cometidos encomendados por Bretton Woods. La contienda entre las mayores potencias por la creación de nuevas reglas de juego internacional y las exigencias "in crescendo" de los países subdesarrollados por una intervención más importante, aumentaron los problemas y las ambigüedades. Todos los debates relativos a lo imprescindible de un nuevo orden monetario internacional apuntaban al Fondo como el punto que mayor análisis requería. Las críticas abandonaron su habitual fuente académica, sindical o de partidos de oposición para oírse también en boca de los gobiernos y de los foros internacionales.

La crisis internacional y las decisiones unilaterales, principalmente de los EE.UU., llevó al abandono de hecho de muchas de las directivas de Bretton Woods. Ello derivó en un complicado proceso de sucesivas negociaciones en la cúpula del sistema.

Todo ello llevó a que el FMI abandonase el protagónico papel de regulador del sistema monetario para ocuparse, casi con exclusividad, de la custodia y determinamiento de las políticas económicas de los países deficitarios.

En un desordenado proceso de readaptación orgánica, el Fondo ha cambiado sus modalidades de crédito y rediseñado sus directivas teóricas. Su óptica monetaria de la balanza de pagos y de ajuste estructural son indicativos de la tendencia a conformar su acción y pensamiento a las nuevas exigencias de la crisis ecuménica. Sin embargo, acordados con los enfoques generales de la banca internacional, el Fondo ha reincidido con sus programas recesivos, ahondando la inestabilidad y especulación del sistema monetario, a la vez que ha seguido protegiendo las disparidades de la estructura económica internacional.

Por todo ello cabe asegurar que la dificultosa transacción entre los intereses que simboliza y los agudos conflictos que resultan de sus propuestas le demandará revisar sus poco flexibles programas y luego rever sus propias finalidades.

Los cometidos asignados al FMI, según su documento constitutivo, son:

- Promover la cooperación monetaria internacional mediante un organismo permanente que habilitara a un proceso de consulta y colaboración en lo atinente a las dificultades monetarias;

- favorecer la expansión y crecimiento equilibrado del comercio internacional, contribuyendo así a promover y mantener altos niveles de ocupación e ingresos reales y al desarrollo de los recursos productivos de todos los países asociados como principal finalidad de todo programa económico;

- propender a la estabilidad de cambios, afianzando relaciones cambiarias ordenadas entre sus miembros, evitando así depreciaciones con fines de competencia;

- colaborar en el establecimiento de un sistema multilateral de pagos para las operaciones en cuenta corriente efectuadas entre los países y a eliminar las restricciones cambiarias que impidieran el florecimiento del comercio internacional;

- inspirar confianza a los miembros al poner a su disposición los recursos del Fondo, en condiciones que los protegieran, posibilitándole así subsanar los desajustes de sus balanzas de pagos sin tomar medidas que afecten a la prosperidad nacional e internacional;

- en consecuencia, reducir la duración e intensidad del desequilibrio de las balanzas de pago nacionales.

Las tres directivas principales que sintetizan el papel a asumir por el Fondo como rueda principal en el engranaje del nuevo orden del sistema monetario internacional eran: a) el establecimiento de un patrón oro-dólar, b) la aplicación de un código de políticas y mecanismos de ajuste de las balanzas de pago, y c) la creación de un fondo financiero que apoye esos procesos de ajuste.

La misión del FMI en estas tres exigencias se basaba en ciertos presupuestos iniciales de funcionamiento. Con respecto al patrón oro-dólar, EE.UU. se hallaba comprometido a mantener la convertibilidad de su moneda en una relación de 35 dólares la onza troy de oro. En este punto es necesario señalar la permanente negativa a un cambio de esta relación, ya que los EE.UU rechazaron toda revisión. En lo atinente a la unificación de políticas, los demás países debían restablecer la paridad de sus monedas con el citado patrón, mantener sus tipos de cambios en los márgenes admitidos y asegurar la libre convertibilidad entre sus monedas. Por último, en lo referente a la integración de cuotas al Fondo que fundamentarían más tarde la amplitud de la asistencia financiera prestada por el organismo, el aporte norteamericano fue, obviamente, el que posibilitó la constitución inicial de la mayoría de los recursos utilizables, ya que la moneda de los demás países no fue requerida y se mantuvo inconvertible durante mucho años. Todo esto acrecentó la hegemonía americana dentro de la institución.

Inmediatamente se deduce que la situación de partida para el impulso del FMI no fue la más conveniente, por lo que prácticamente sus primeros diez años de existencia fueron de una casi "imperceptibilidad". Por 1952, cuando las restricciones temporariamente admitidas debían ser revisadas, ellas aún no habían sido eliminadas. Los controles de cambio, los acuerdos bilaterales y los tipos de cambio múltiples pululaban por doquier. Las devaluaciones de las monedas europeas, que pretendió evitarse, igualmente fueron llevadas a cabo. Las normas de conducta acordadas no se verificaban y los préstamos concedidos por el FMI no eran elevados.

La morosidad en el cumplimiento de los objetivos previstos en Bretton Woods estaban originados en las dificultades provenientes del proceso de reconstrucción europeo y japonés. El restablecimiento de sus procesos productivos internos y de su comercio exterior, al igual que de sus reservas monetarias internacionales fue conseguido mediante políticas bilaterales, a las prácticas proteccionistas, a la ayuda militar y, naturalmente, al Plan Marshall.

A pesar de que el FMI no funcionaba de acuerdo a lo previsto, el dólar se impuso como eje del patrón monetario internacional. La política norteamericana tuvo que hacerse cargo, por aquél entonces, de la "escasez de dólares" causada por su alto superávit comercial en la posguerra, en un primer momento mediante el Plan Marshall, luego con la ayuda militar a Europa y Japón y, finalmente, promoviendo inversiones de sus empresas en el exterior. El Fondo sólo legitimó la supremacía del dólar, promoviendo la libre convertibilidad de las demás monedas con la misma, aunque la expansión de la asistencia financiera americana fue la causa última que llevó al dólar a constituirse en el instrumento de pago internacional por excelencia.

A fines de la década del cincuenta ya era palpable la recuperación y el crecimiento productivo de las economías europeas y japonesa, al igual que la integración entre las primeras. Como dato, cabe señalar que sus reservas de divisas y oro se duplicaron, llegando a constituir el 40% del total mundial. Las restricciones sobre pagos y transferencias en operaciones corrientes fueron dejadas paulatinamente de lado, denunciando, en primer lugar, los convenios bilaterales de comercio y pagos; más tarde, se abandonaron las prácticas de tipos de cambio múltiples; por último, se generalizó la convertibilidad externa de sus monedas. Todas estas etapas fueron llevadas a cabo gracias al fortalecimiento económico de esos países y, aparte, porque todo ello era imprescindible para la colocación de las inversiones americanas en dichos mercados, así como la colocación de capitales del mismo origen en el exterior.

Por oposición, varios países latinoamericanos (sobre todo los de mediano desarrollo), entraban en una etapa de desarrollo mucho más lento, signado por desequilibrios en sus balanzas de pagos y sumergidos en un proceso inflacionario. En dicha región se hicieron mucho más evidentes e inflexibles las exigencias del FMI, cuando en el mismo marco fue mucho más contemplativo para con Europa, es decir, en lo referente a la apertura cambiaria y comercial y en la implantación de planes de estabilización. En este caso, tales puntos no pudieron ser dejados de lado para que los países latinoamericanos obtuviesen algún apoyo financiero de dicho organismo, pero también para apoyar la llegada de capitales extranjeros de préstamo y riesgo.

En tal sentido, vemos como el Fondo influyó en la definición de la política económica en Chile a fines de 1954, como consecuencia de la misión Klein y Saks. En 1956, la misión Adair actuó de igual manera en Bolivia. En 1957 trabajó en forma activa en la reforma tributaria en Paraguay. A fines del año siguiente, Colombia recibió la ayuda del EXIMBAK, obligándose, con la colaboración del Fondo, a llevar adelante un plan de estabilización. En Brasil, no siempre se permitió a la institución actuar a sus anchas: en el gobierno de Kubistech, sus condiciones fueron rechazadas, rompiéndose las negociaciones al año siguiente; durante el gobierno de Janio Quadros se atenuó el sistema de cambios múltiples, pero se continuó con un fuerte control sobre el comercio exterior. En 1958, Argentina firmó su primera Carta de Intención con el organismo y Uruguay llevó a cabo la reforma monetaria y cambiaria bajo su influjo al año siguiente.

Gracias a la convertibilidad de los países tercermundistas y los programas de estabilización implementados en Latinoamérica el Fondo trabajó acorde a los principios e intereses constitutivos en los inicios de la década del sesenta. Sin embargo, desde los desequilibrios de la balanza de pagos americana y los primeros procesos especulativos que se evidenciaban con respecto a su moneda, se manifestaron las primeras flaquezas del patrón monetario internacional vigente. Todo ello desató las primeras discusiones y preocupaciones en los países centrales.

No obstante este continuo desequilibrio, la situación preferencial de los EE.UU. en el ámbito monetario internacional no sufrió mella alguna, por lo que dicho país prosiguió encabezando la liquidez internacional a través de sus repetidos déficits de su balanza de pagos. Sus políticas no se encontraban sujetas a ningún tipo de traba monetaria o presupuestal, ni la relación del dólar con el oro se veía desafiada. No obstante, debió negociar compromisos más vastos a fin de asegurar un respaldo más importante al patrón dólar-oro. Dicho concierto tuvo como consecuencia procesos no sospechados ni encauzados por el Fondo.

En 1961, a modo de ejemplo, se creó el Pool del Oro, destinado a estabilizar su precio a través de algunas ventas de dicho metal. Sus miembros fueron EE.UU, Gran Bretaña, Francia, República Federal Alemana, Italia, Bélgica, Holanda y Suiza (ésta última nación ajena, por aquél entonces, al FMI) y constituyeron la raíz del Grupo de los Diez. Este grupo fue integrado por estos países menos Suiza más Canadá, Japón y Suecia.

El nacimiento de este grupo hizo notorias lo restringidas de las posibilidades con las que contaba el FMI para convertirse en foro de resolución de las dificultades monetarias internacionales. Ello generó un ámbito de concertación entre los países desarrollados sin intervención de otros países. En tal grado es donde se proyectan las ideas que luego serán cristalizadas en el marco del FMI. Todo ello generó un leve decaimiento de la hegemonía americana, menoscabando el rol del FMI en el impulso de los hechos que le incumben.

Así se puso de manifiesto que EE.UU. por sí solo era incapaz de sostener el precio del oro, ni aún interponiendo la institucionalidad del Fondo. Por otro lado, la magnitud de los recursos necesarios para encarar los procesos especulativos que se evidenciaban hacía insuficiente las disponibilidades del organismo, lo cual motivó que los países desarrollados asignaran mayores recursos al Fondo. En consecuencia, se celebraron los Arreglos Generales para la Obtención de Préstamos (General Arrangement to Borrow-GAB), que le insufló 6 mil millones de dólares complementarios a través de aportes en diferentes monedas de los países centrales.

La postura francesa de mediados de los sesenta fue muy influyente respecto a la dirección que ya se sugería en el sistema monetario internacional. Es ejemplificativa la embestida de De Gaulle para que el patrón oro-dólar fuera reemplazado por un patrón oro propiamente dicho, a la vez que proponía al Grupo de los Diez como el espacio más adecuado para la elaboración de tal proyecto, adjudicando, a su vez, roles preponderantes a los seis países del Mercado Común.

Hasta finales de la década del sesenta esta permanente fluctuación no llevó, sin embargo, a modificaciones trascendentales en las directrices primigenias. Continuaron invariables el patrón monetario, las políticas cambiarias y de convertibilidad fijas, así como el funcionamiento del FMI. Tan sólo surgieron, en el ámbito de esta organismo, dos modestos instrumentos de financiamiento, debido a la frágil situación de los países subdesarrollados y la continua exhortación de la CEPAL y más tarde, de la UNCTAD referidas a los problemas de balanzas de pagos causados por perjudiciales relaciones de intercambio. Hacemos referencia al financiamiento compensatorio ante problemas de caída extraordinaria de los ingresos de exportación (1963) y el de existencias reguladoras (1969).

La política americana vaciló entre los llamados de buena voluntad y cooperación entre los países centrales a fin de eludir las corrientes especulativas que erosionaban su moneda y reservas áureas y la amenaza de ejecutar medidas unilaterales que perjudicarían sus créditos e inversiones en Europa si dicha adhesión no se verificaba.

Igualmente, el crecimiento de sus déficits obligó a que los gobiernos norteamericanos tomasen medidas destinadas a restringir el movimiento de capitales al exterior.

Ya finalizando la década de los sesenta la política de los EE.UU. no sólo no alcanzaba aunar sus criterios con los demás países desarrollados, sino que sus propias empresas y bancos se hacían cargo de una suerte de independencia debido a un irreversible proceso de internacionalización.

La anulación de la exigencia del respaldo de oro en la emisión de dólares por los EE.UU y la creación del doble mercado del oro en 1968, antecedida por la devaluación de la libra en 1967 y seguida por la devaluación del franco francés y la revaluación del marco alemán en 1969, evidenciaron el caos que revestía al sistema monetario internacional, que engendró una crisis abierta cuando el presidente norteamericano anunció el 15 de agosto de 1971 la inconvertibilidad del dólar.

En diciembre de 1971, durante las reuniones del Smithsonian Institute de Washington se trató de rehabilitar una estabilidad de los tipos de cambio mediante la devaluación del dólar (el precio del oro pasó de 35 a 38 dólares la onza troy), la revaluación de algunas monedas (yen japonés, marco alemán, franco belga y florín holandés) y el aumento de la banda de flotación a 2,25% a ambos lados de la paridad de cada moneda en relación al dólar. Todas estas decisiones fueron tomadas fuera del foro del FMI; naturalmente, el único ámbito "apto" para llevar a cabo estos debates fue, nuevamente, el Grupo de los Diez.

Los últimos intentos por mantener un sistema de cambios estable perecieron con la segunda devaluación del dólar en febrero de 1973 (la onza troy de oro pasó de 38 a 42,22 dólares) y las violentas modificaciones cotejadas en el precio internacional del petróleo. La mayoría de las monedas pasaron a integrar un mecanismo de cambios flotantes.

Pese a ello, la segunda enmienda del Convenio Constitutivo del FMI, diseñada en Jamaica (1976) y aprobada en México (1978) cristalizó un sistema monetario internacional inestable, admitiendo la flotación del total de las monedas, desechando al oro como unidad monetaria internacional y suprimiendo el precio oficial para dicho metal. De este modo se dejó de lado el principio de las paridades fijas entre las monedas por otro de paridades flexibles. Este sistema, relacionado con las políticas alcistas de la tasa de interés y la práctica de su corrección periódica en los préstamos internacionales, proporcionó al sistema de las cualidades adecuadas para que se generara un proceso especulativo más importante y una progresiva valoración de los capitales financieros.

Es indiscutible que, expresamente desde entonces, los principios de Bretton Woods no fueron empleados, aunque el verdadero quiebre del sistema tuvo lugar en 1973. Las novedosas normas adoptadas rigen las actuales relaciones internacionales. La crisis signó la actuación del FMI, cuyas decisiones reflejaban lo endeble de los acuerdos y las dudas que provocaban las diferencias entre los países industrializados.

En el proceso institucional del Fondo tuvieron lugar diversas modificaciones en lo atinente a características organizativas internas, entre las cuales se destacan las relacionadas a las formas de asistencia financiera y su condicionalidad, las fuentes de los recursos y el proceso de toma de decisiones. La creación de diferentes modalidades de asistencia financiera, que fueron de la mano de las alteraciones producidas a raíz de la crisis internacional, condujo a modelos de ayuda más importantes, intrincados y sujetos a mayores exigencias. En consecuencia, el Fondo debió renovar sus fuentes de recursos. Sin embargo, el proceso de toma de decisiones no se ha visto sometido a ninguna reforma de importancia.

A grosso modo, puede hablarse de tres tipos de asistencia financiera proporcionadas por el Fondo. El más importante es denominado de servicios, y su objetivo es el de auxiliar a los estados con problemas en su balanza de pagos. Al otorgarse el mismo, el FMI ordena algunas "recomendaciones" de política económica de ajuste dentro de esas economías (condicionalidad). En segundo lugar hallamos aquella que se presta transfiriendo recursos de fondos específicos que son administrados por el Fondo. Por último, encontramos las operaciones realizadas con los Derechos Especiales de Giro (DEG).

La parcela más importante de la asistencia financiera ofrecida por el Fondo, salvo la concedida a través de los fondos especiales administrados, hállase fundamentada en un proceso de compra y recompra de monedas. Por lo tanto, la asistencia financiera del FMI radica en la venta del país miembro de monedas de otros países, a la vez que compra moneda del primero. El cumplimiento de la operación se realiza en un plazo previamente convenido, mediante la recompra de la moneda del respectivo país a cambio de divisas. A pesar de que las citadas operaciones no son "créditos" propiamente dichos, el método es similar al crédito con pacto con reembolso.

I. Servicios Financieros

Los servicios financieros del FMI fueron las primigenias y más trascendentales operaciones de ayuda a los estados con problemas de balanza de pago que singularizó a dicho organismo.

Las operaciones se llevan a cabo tomando como parámetro la suma de la cuota y son hechas por tramos de 25%. El primero es denominado "tramo de reserva" (antes "tramo de oro") y los cuatro siguientes son indicados como "tramos de crédito". Reciben un doble tope: la suma de los préstamos concedidos no pueden ser superiores al 25% de la cuota y éstos son liberados en tramos no mayores al 25% de la misma. La cancelación de los tramos de crédito tiene lugar, generalmente, en un año. No obstante, dicho período se amplió a tres años en 1979.

Existiendo problemas en la balanza de pagos, cualquier país miembro puede hacer uso del tramo de reserva y del primer tramo de crédito sin ninguna restricción. Tal mecanismo casi automático no se aplica a los tres tramos de crédito superiores. Ante tal supuesto, su aceptación requiere reglas específicas en cuanto a política económica del país que gestiona el crédito.

Entonces, mientras en los préstamos comunes al autorización y utilización son simultáneas, el stand-by (entendido como acuerdo de confirmación, crédito provisional o crédito contingente) importa dejar los fondos a disposición del país solicitante, pero en forma condicionada.

Debido a los progresivos desequilibrios externos de los países exportadores de productos primarios y de los insistentes planteos por reparar esas anomalías, el Fondo expandió, en 1963, su política de asistencia mediante el financiamiento compensatorio de caídas abruptas y temporales en sus ingresos de exportación. En 1981, el FMI acrecentó ese concepto de asistencia financiera, implicando en el financiamiento compensatorio los efectos de una elevación repentina y significativa en los costos de importación de cereales.

Debido a la caída de exportación o aumento del precio de importación de cereales, un país puede girar hasta un 100% del valor de su cuota. Sin embargo, ambas operaciones combinadas puede llegar a un máximo del 125% de dicha cuota. Ya que esta clase de asistencia se basa en motivos extraños al país en cuestión, sus condiciones son comparativamente menos exigentes que las de otros servicios financieros, extendiéndose su plazo de cancelación a dos años.

En 1969, este tipo de financiamiento fue complementado por el financiamiento de existencias reguladoras, idea por la cual se intentaba apoyar la nivelación de los precios de bienes primarios. A través de este servicio financiero, el Fondo puede aprobar el financiamiento de la formación de stocks de mercancías o commodities, de los importes operacionales y del refinanciamiento de las deudas al corto plazo originadas en la formación de inventarios. El tope para giros de esta clase de financiamiento es de 50% del monto de la cuota del país miembro.

Con la agudización de la crisis de los años setenta, el Fondo tuvo que ampliar el abanico de operaciones de sus servicios financieros. Por ello, en 1974 se crearon el servicio de financiamiento del petróleo y el servicio ampliado (extended arrangement). El primero de ellos, netamente coyuntural, se concibió a fin de minimizar las secuelas del desequilibrio de la balanza de pagos causada por le repentina suba del precio del petróleo. En un principio pretendió sortear la imposición de medidas proteccionistas y grandes desvalorizaciones de sus monedas para encarar los agudos déficits externos. No obstante, al instaurar el segundo servicio petrolero en 1975, el Fondo puso el acento en la necesidad de llevar a cabo transformaciones en la estructura productiva.

El servicio ampliado, por otro lado, se vinculó desde el principio a la idea de suprimir las deformaciones más importantes en la estructura productiva, expresadas en los desequilibrios de la balanza de pagos y en el propio comercio mundial. Por ello, los programas financiados por el servicio ampliado se extienden a períodos de tres años, cancelándose en plazos que van de los cuatro a los seis años después de hecho el giro. El límite de crédito bajo el servicio ampliado es de 140% del valor de la cuota del país miembro, con la cortapisa de que su respectiva moneda en poder del fondo (producto de compras en los tramos de crédito y del servicio ampliado) no exceda el 165% de su cuota.

En 1979, el Fondo robusteció su rol en lo que a ajustes estructurales respecta, mediante la institución del servicio de financiamiento suplementario. A través del mismo, se incrementó nuevamente el ingreso de los países miembros a los recursos del FMI aunque subordinado condiciones más exigentes en materia de política económica. Con la restitución de dicho servicio financiero, el organismo debió recurrir a préstamos gubernamentales, como los contraidos por los Acuerdos Generales para Obtención de Préstamos y el Servicio Petrolero.

Ya que este tipo de créditos complementa los conseguidos por giros en los tramos superiores de créditos o de los giros del servicio ampliado, su condicionalidad adquiere el mismo contenido que singulariza a estos servicios. En el primer caso, el límite máximo de este servicio era de 102,5% de la cuota. Cuando el financiamiento se suplementario se aúna con el servicio ampliado, dicho límite se elevaba al 140% de la cuota.

Dado que los recursos afectados al servicio de financiamiento suplementario se vaciaron antes de los pronosticado, en 1981 el Fondo lo suplió por la Política de mayor acceso. Este programa siguió la senda trazada por el servicio suplementario, aumentando el límite de recursos disponibles para un programa anual al 150% del valor de la cuota. Como esta especie de créditos imperiosamente supera el período de un año, un país miembro puede girar por tramos de reserva y de créditos, servicio ampliado y política de mayor acceso hasta un máximo de 600% de su cuota si el programa es trienal.

En síntesis, bajo la actual política del Fondo, los países miembros llegarían hasta un máximo de 775% de su cuota en un programa de tres años, subordinado a las determinaciones y los condicionamientos definidos para los diversos servicios financieros incluidos.

II. Fondos Administrados

Otro instrumento de ayuda financiera del Fondo es el de los fondos administrados. Estos servicios son gestionados por esa institución, pero no se consideran como integrables a su función básica, ya que se dirigen tan sólo a los países subdesarrollados, teniendo como fuentes de recursos los préstamos y donaciones gubernamentales extraordinarios.

En este mecanismo encontramos ciertos subsidios que operan sobre ciertos créditos del FMI, especialmente, los subsidios al servicio petrolero (1975) y los subsidios al servicio de financiamiento suplementario (1980). Al no emplearse fondos propios, estos recursos se conceden a costos comparativamente más altos. Otra forma de préstamos con base en los fondos administrados es el Fondo de Garantía (Trust Fund). Fue resuelto en 1976 a fin de transferir a los países subdesarrollados las ganancias originadas en las ventas de parte del stock de oro del FMI. Este apoyo se distingue de las operaciones normales en que es ejecutada llanamente como préstamo y no bajo el mecanismo de compra de monedas.

III. Derechos Especiales de Giro

Otra fuente de asistencia financiera es la que surge de las operaciones conocidas como Derechos Especiales de Giro (DEG).

Los DEG son emitidos en forma unilateral por el FMI cuando existe un porcentaje favorable del 85% del total de los votos. Pueden contabilizarse seis emisiones por 21,4 miles de millones de dólares hasta el año 1982. Dicha suma fue repartida entre los países miembros de acuerdo a la cuota de cada uno de ellos, por lo cual puede deducirse que los grandes países industrializados fueron los principales beneficiados, ya que han acrecentado su poder en virtud de una mayor acumulación de activos internacionales.

La asignación y uso de los DEG se contabilizan en cuentas diferenciadas en un fondo operativo para todos los integrantes del Fondo, que opera al igual que una cámara de compensación.

La atribución de DEG a un país permita al mismo a comprar monedas de terceros países, lo que puede suceder por exigencias de la coyuntura de su balanza de pagos, por operaciones financieras de swaps, créditos o cumplimiento de obligaciones con el Fondo o alguno de sus integrantes. Los países que deben vender su moneda a cambio de los DEG pueden ser señalados en forma directa por el Fondo o mediante un convenio.

El empleo de los DEG es automático y no está sometido a ningún procedimiento de consultas o de condicionamiento que tiene lugar ante la utilización de otros recursos del FMI. Sin embargo, hallamos restricciones en lo referente al "quantum" de las transacciones. Por un lado, todo país tiene que conservar en su poder un mínimo del 30% del total de los DEG asignados. Por el otro, todo país tiene que facilitar su moneda a cambio de DEG hasta que su tenencia de activos no supere el triple del monto neto que ha percibido. Los DEG rinden intereses a los países cuya tenencia sea superior a lo asignado, los que son pagados por los países que se hallen en la situación inversa. Estas tasas son sujetas a revisión cada cuatro meses, y suelen ser similares a las de los mercados financieros internacionales.

El DEG, como activo de reserva inconvertible al oro, se calcula como unidad de medida internacional con base a una canasta de cinco monedas convertibles o libremente utilizables, cuya proporción es la siguiente: dólar (42%), marco alemán (19%), yen (13%), franco francés (13%) y libra esterlina (13%). Esta canasta y la influencia de cada una de ellas en el cálculo final pueden ser revisadas cada cinco años.

La ayuda financiera del FMI, como ya ha sido sostenido, posee una relación armónica con la puesta en marcha de determinadas políticas económicas, cuyo contenido tiene que ver con el cometido de regulador que el organismo lleva a cabo desde su creación. La persistencia de las políticas relacionadas al comercio y al flujo de inversiones está firmemente afiliada al suministro de fondos que dicha institución provee ante inconvenientes en la balanza de pagos.

Los compromisos referentes a la política económica son concluidos por los propios gobiernos al solicitarse los tres tramos de créditos superiores, mediante las "cartas de intenciones". El mentado crédito se entrega de manera gradual, en montos e intervalos preliminarmente convenidos, de acuerdo al cumplimiento de la política económica comprometida. Estos arreglos de préstamo "posible", más conocidos como créditos stand by, implican la expresión de planes concretos para la instauración de medidas correctivas y dispone la ejecución de permanentes consultas entre el Fondo y los correspondientes miembros referidas al cumplimiento y a la reconsideración de dichas medidas.

Los acuerdos stand by rigen por seis meses, susceptibles de renovaciones conforme el grado de observancia a las cartas de intenciones.

La condicionalidad no rige sólo para los giros por tramos de crédito. También se hallan sometidos a la misma el servicio ampliado, el servicio de financiamiento suplementario y la política de mayor acceso. En estos créditos, además del cometido de minimizar los problemas "transitorios" de balanza de pagos, se suman criterios a largo plazo de ajustes estructurales de las economías, particularmente en el plano productivo. Por ello, sus plazos son más largos. Consecuentemente, la condicionalidad de las políticas puede y llega a ser más exigente. La existencia misma de ese grado de exigencia hace que el servicio ampliado y la política de mayor acceso funcionen articuladamente: sus límites pasan a conectarse entre sí y con los tradicionales tramos de crédito.

La fuente más importante de recursos del Fondo -y dispositivo cardinal sobre el que se fundamenta la estructura de poder en ese organismo- son las suscripciones de cuotas de los países miembros. Por ello, cada revisión de cuotas produce un incremento proporcional de los recursos disponibles.

En los primeros 25 años de vida del FMI, el 25% de la cuota era suscrita en oro y el 75% restante en la moneda del correspondiente país miembro. Luego dicha regla fue flexibilizada, autorizándose su integración con DEG, monedas fuertes, o aún la propia moneda nacional. El FMI especifica en cada revisión la manera en la que debe integrarse la suscripción, sin dejar de lado sus necesidades de las diferentes monedas.

Otra fuente de recursos son los créditos gubernamentales que el Fondo ha obtenido de los países industrializados y exportadores de petróleo. A pesar de que el organismo está facultado para obtener créditos en fuentes públicas y privadas, hasta el día de hoy siempre ha acudido a las entidades gubernamentales.

Algunos recursos del Fondo fueron originados en la venta de sus stocks de oro, recursos a los que se les dio el status de una cuenta administrada a pesar de ser propios.

Finalmente, las operaciones con los DEG importan una fuente indirecta de recursos para el FMI. Aunque el Fondo ocupa el rol de un centro contable de la movilización de los DEG, el depósito de monedas por un valor superior a la asignación de estos Derechos se constituye en una masa disponible de recursos para el organismo.

Formalmente, el grado superior de decisión en el Fondo es la Junta de Gobernadores, en la que cada miembro es representado por un gobernador (generalmente, su ministro de Economía o Finanzas o el Presidente del Banco Central). Aunque el Convenio Constitutivo pone a cargo de la Junta numerosas funciones, un porcentaje importante de ellas ha sido delegado en los Directores Ejecutivos. La Junta conserva el poder de decisión final en la admisión de nuevos miembros en el Fondo, la distribución de las cuotas y la asignación de DEG. Sin embargo, en la práctica ratifica decisiones procesadas previamente, reuniéndose solo una vez al año conjuntamente con la Junta de Gobernadores del banco Mundial.

Una segunda instancia de decisiones se halla constituida por la Junta de Directores Ejecutivos, presidida por un gerente o director general. En dicho ámbito se resuelven los temas más importantes del FMI. Debido a que las decisiones son preparadas antes de las reuniones, es innegable que el Director General y su equipo tienen un peso notable sobre las mismas.

La Junta de Directores Ejecutivos está compuesta de miembros "indicados" o designados directamente, y "electos". Los cinco países que poseen las mayores cuotas en la institución (hoy día, EE.UU., Gran Bretaña, Alemania, Japón y Francia) eligen un director ejecutivo cada uno. Si entre los directores no se incluyen representantes del país o de los dos países cuya moneda haya sido la más utilizada en los dos último años, estos países (como actualmente Arabia Saudita) pueden escoger un director ejecutivo adicional.

Además de los directores ejecutivos indicados, encontramos otros 16, seleccionados por diferentes grupos de países, representando cada uno el poder de voto de su grupo.

Otra escala en la organización interna del Fondo está constituida por su propio staff técnico, distribuido en cuatro sectores. En primer lugar tenemos los departamentos por área o regionales, encargados del seguimiento, de la confección de los principios rectores de sus políticas económicas y de financiamiento del Fondo por conjuntos de países. Generalmente, estos departamentos son dirigidos por personas del área geográfica a su cargo, excepto el Departamento del Hemisferio Occidental, encargado de América Latina y el Caribe, conducido por un técnico norteamericano. En segundo término, hallamos los departamentos funcionales y de servicios especiales, entre los que tenemos el de Investigación y el de Cambio y relaciones Comerciales. En ellos se confeccionan las bases teóricas de la política institucional. Por último, pueden mencionarse el Departamento de Información Estadística y el Servicio de Apoyo.

Entre las instancias formales de decisión, el Fondo cuenta con el Comité Interino o Provisional y el de Desarrollo. El interino fue creado en 1975 y se halla ocupado en proyectar y sugerir las modificaciones al sistema monetario internacional. Su trabajo es meramente asesor y se ha hecho cargo de los cometidos originalmente asignados al Comité de los Veinte desde 1972. Está compuesto por 22 miembros propuestos por los países o grupos de países que eligen directamente o nombran a los directores ejecutivos, respectivamente. El Comité de Desarrollo, en donde trabajan en forma conjunta el FMI y el BM debe prestar atención al examen de los mecanismos de asistencia financiera a los países subdesarrollados.

En el Fondo operan institucionalmente dos grupos que ejercen un ascendiente concreto en el mecanismo decisorio, sin ser ninguno de los dos reconocidos formalmente. Uno es el ya mencionado Grupo de los Diez, fuente eficiente de medidas importantes tomadas en los últimos años. Trata temas que sobrepasan, en muchos casos, las incumbencias del Fondo.

El otro grupo es el de los 24, formado a partir del Grupo de los 77 países subdesarrollados. Representa en alguna manera la contracara del Grupo de los Diez, ya que fue instituido para defender los intereses de los países más débiles y pobres en las discusiones sobre la reforma del sistema monetario internacional.

La evidente supremacía de los EE.UU. en el nacimiento y en los primeros pasos del Fondo ha sido señalado por todos y cada uno de los estudios que de esta institución se han hecho. Por ello es ineludible el análisis de la despareja distribución de poder que desde su origen singularizó al Fondo y su ulterior desarrollo. Sin embargo debe reconocerse que dicha preponderancia ha debido ser compatibilizada y negociada con el poder de los nuevos actores que entraron en la escena del mundo capitalista.

La cuota, además de ser la fuente de recursos más importante y la base de cálculo para los servicios financieros y asignación de DEG, es la unidad que mide el poder de voto de un país dado en el FMI. La cuota representa el peso que cada país tiene en el Fondo, tanto en lo que refiere a la toma de decisiones, como en el origen y utilización de sus recursos financieros.

La cuota se determina teniendo en cuenta un conjunto de variables económicas con las que se quiere manifestar el potencial económico interno del país y su apertura al mercado internacional. Así encontramos que los datos económicos tenidos en cuenta son el ingreso nacional, el nivel de reservas internacionales, el monto de su comercio exterior y su relación con el producto.

Cada cinco años el Fondo lleva a cabo revisiones generales, aunque en ese intervalo puede llevar a cabo revisiones selectivas si se considera que la cuota atribuida a algún país se halla desactualizada por transformaciones en su economía y su inserción en el comercio internacional.

Hasta 1986, el FMI había llevado a cabo ocho revisiones generales de cuotas. Debido a ellas, EE.UU. ha perdido posiciones dentro del organismo, aunque sigue reteniendo el 20,6%. A su vez, el conjunto de los países desarrollados posee más del 65% de las cuotas. cristalizando una indiscutible supremacía de dichas naciones en este ámbito. Aquí debe destacarse que se ha producido una trascendental reorganización dentro de dicho grupo, distinguido por el retroceso de Gran Bretaña ante el avance del Japón y de Alemania.

Los países subdesarrollados han aumentado su participación relativa en la distribución de cuotas debido al aumento del número de sus miembros dentro del citado organismo. Su mayor participación en los votos, sin embargo, ha hallado su causa en la mayor asignación de cuotas a algunos países exportadores de petróleo, política adoptada por el Fondo a fin de tomar un papel protagónico en el proceso de reciclaje de los excedentes financieros de estas economías.

La estructura de cuotas se manifiesta en el poder de voto en el FMI, en el cual cada país miembro tiene 250 votos más uno por cada 100 mil DEG. De acuerdo a tal criterio, EE.UU. aún conserva el poder de veto en la institución. Hasta 1981, las decisiones de mayor importancia, que son las que pueden alterar la estructura de poder y/u operaciones de esa institución requerían una mayoría del 80% de los votos, lo cual garantizaba el derecho a veto de los EE.UU. Cuando dicho poder fue amenazado por su baja en la participación (en 1981 se autorizó un aumento a la cuota de Arabia Saudita) el veto logró salvaguardarse aumentando a un 85% el porcentaje de votos necesarios para las medidas de mayor envergadura en esta ámbito. Si a ello se suma el hecho de que para casi todas las medidas del Fondo basta con la mayoría simple, es fácil deducir que el peso específico de los EE.UU. es más que importante, el que sumado a los países desarrollado asegura la aprobación de cualquier iniciativa. Ello nos permita afirmar que el poder de los países periféricos en el Fondo, que poseen sólo un tercio de los votos, es prácticamente inexistente.

Sintetizando, la distribución de las cuotas y su relación con la composición de las mayorías estatutarias, pone en manos de EE.UU., no obstante la disminución de su participación relativa que se ha observado, un poder de veto efectivo en las decisiones del FMI.

El sistema de control sobre la labor del FMI que el gobierno americano ha depositado en su haber no se limita a los ribetes institucionales antes mencionados. Sin embargo, dichas conexiones son menos evidentes que las existentes hoy en día con el BM, ya que por un pacto no formal que tuvo lugar durante Bretton Woods, el cargo de Director General sería ocupado por un funcionario europeo. Debido a esta suerte de compensación, la vice-dirección general es ocupada por un norteamericano.

Esta distribución, aparentemente restrictiva no ha disminuido en lo más mínimo el fuerte influjo norteamericano en las decisiones del Fondo. Quizá porque el cargo de director general del FMI tiene un menor peso y muy poca independencia decisoria que la presidencia del BM. Todo ello lleva a la conclusión de que ciertos procesos informales que tienen trascendencia en la tarea del Fondo son, tal vez, más representativos de otras maneras de poder que tienen lugar en su interior.

Específicamente, el director ejecutivo norteamericano tiene elementos reales para orientar las disposiciones del Fondo, lo cual no se da, o al menos en tal magnitud, con relación a los directores de otros países.

La organización que determina el voto del director ejecutivo norteamericano está compuesta por el Departamento del Tesoro, mediante el National Advisori Council (NAC) y del Development Coordinating Comitee (DCC).

Mientras los directores ejecutivos indicados detentan su función por tiempo indeterminado, los electos se renuevan cada dos años. Esto es demostrativo de que existe una facultad maximizada de gestión y aptitud para aquellos estados que, como EE.UU., poseen un director general con tal autoridad en asesoría. Naturalmente, en una situación inversa se hallan los países periféricos ya que su propia diversidad de posturas y dificultades impide una acción conjunta estricta y perjudica a la eficiencia en el gobierno.

Resumiendo, desde los primeros pasos del Fondo la gravitación norteamericana ha sido ininterrumpida. No obstante, pese a que los controles con los que cuenta sobre la conducción y el funcionamiento del organismo son notorios e importantes, su supremacía ya no es incuestionable. Tanto su cuota como su poder de voto se han visto erosionados, a la vez que su poder real debió repartirse más equitativamente con los países industrializados. El rol de los países tercermundistas no ha sufrido mayor alteración: continúa siendo minoritario y secundario. En este juego de poder, EE.UU. se ha visto empujado a conciliar posiciones en el bloque de los países de significación política y económica, a fin de conducir al Fondo en la crisis internacional. Resulta manifiesto que la lógica seguida por el gobierno americano responde a intereses más globales e internacionales del sistema capitalista, que puede no coincidir con los propios o con lo que sea considerado prioritario. Pese a ello, debe reconocerse que a partir de 1982, gracias a la recuperación de los EE.UU. de su posición central en la economía mundial, se ha vuelto a condensar en dicho país una porción más importante en las decisiones de alcance global.

A pesar de la frecuencia con la que se habla de un "modelo fondomonetarista", no existe una posición oficial de la institución que detalle las premisas directrices en las que se basa la actividad de ella. En un principio, los estudios llevados a cabo por los técnicos del Fondo eran escasos y hechos a título personal. Lo que sí abundaba era publicaciones referentes a los efectos prácticos de sus recomendaciones. Ello hace ineludible el examen de las cartas de intenciones concluidas con los gobiernos a fin de puntualizar los dogmas teóricos (si es que ellos existen) e ideológicos de sus políticas.

La ausencia de investigaciones que delimiten los presupuestos del desempeño del Fondo ha sido atendida por investigaciones que el mismo avala o que son realizadas en el ámbito académico. Pero en ninguno de ambos casos sus resultados son considerados como un reconocimiento institucional de su posición. Ello no es obstáculo para tomar como gráfico del sentir oficial las fundamentos referidos por los economistas más identificados con el Fondo.

La primera fuente a la que hay acudir cuando hablamos de un enfoque determinado del FMI es la de los postulados constitutivos de Bretton Woods. La norma basal del Fondo sostiene la libre circulación de capitales y mercancías entre los países. Ello consiguió un perfil concreto en los años cincuenta, cuando trabajaron las primeras misiones del FMI en los países periféricos y se redactaron los primeros programas de estabilización. En América Latina, la intervención del FMI se unificó a una posición monetarista que perseveraba en explicar los déficits de balanza de pagos y la inflación como resultados de un exceso en la demanda, causado por erróneas políticas cambiarias, monetario-crediticias, fiscales y salariales. Ello siempre fue divergente a las ideas reformistas (inspirados en la CEPAL) que ubicaba la causa última de tal inestabilidad externa e interna en el ámbito de la estructura productiva.

La reincidencia del FMI en las mismas fórmulas fue tal que su gestión se convirtió en sinónimo de rígida ortodoxia en lo atinente a los criterios y formas de combatir la inflación y los déficits internos como condictio sine que non a todo proceso de crecimiento económico.

Su tradicional ideología fue remozada con nuevos elementos. Tales novedades son justificadas como una forma de flexibilizar el "modelo", haciéndose eco de las fuertes críticas sobre la carencia de adaptación de sus esquemas teóricos y de políticas económicas. Pese a ello, puede afirmarse que los nuevos linemiantos adoptados más bien responden a las nuevas reglas de funcionamiento de la economía internacional y a los efectos emergentes de una crisis de acumulación en el espacio monetario-financiero, que a las observaciones mencionadas.

A modo de ejemplo, podemos decir que el abandono total de los principios de las paridades fijas conminó a la reforma de algunas de sus proposiciones menos flexibles que, en materia cambiaria, singularizó la gestión del FMI desde Bretton Woods. Y si bien en los países subdesarrollados esas pautas habían sido sometidas a profundas transformaciones, el Fondo acudió a una generalización teórica de los patrones de flotación cambiaria.

Lo más expresivo en las nuevas exigencias del Fondo es la inclusión del enfoque monetario de la balanza de pagos y la obligación del ajuste estructural en sus planteos estabilizadores. El primer enfoque lleva a la admisión de la definición de funcionamiento abierto e internacionalizado de los sistemas financieros y los mercados de capitales locales. La segunda idea, vigorizando dicho panorama de las economías, al implicar la subordinación de los sistemas de precios y la afectación de los recursos internos a los imperantes a nivel mundial. Ello importó la preocupación cualitativa de mediano y largo plazo (estructurales y por el lado de la oferta) en los programas de estabilización, hasta entonces regidos por metas y medios convencionales, de características cuantitativa y cortoplacista.

Es importante hacer notar que estas "innovaciones" no tuvieron su lugar de origen en el FMI, sino que el mismo se las apropió. A pesar de que ha querido probar lo contrario, la idea moderna de la balanza de pagos fue desarrollado por economistas de Chicago y Standford, que tuvieron una fuerte presencia en las políticas económicas de los países asiáticos y latinoamericanos. En lo referente al "ajuste o cambio estructural" fue una adaptación de ideas propias del BM.

Analizando la trayectoria seguida por la ideología y el accionar del FMI, puede hablarse de tres etapas:

En el marco de la posguerra, la reactivación del flujo de bienes y capitales a nivel internacional fue la meta prioritaria del sistema capitalista. El Fondo halló su punto de partida en la idea de que un alto nivel de ingreso y empleo, fundamentado en un compatible desarrollo productivo, era posible tan sólo mediante un paulatino intercambio internacional, hecho que favorecería a todo país interviniente.

La tradicional hipótesis de los costos comparativos confirmaba que el comercio debía realizarse de acuerdo a las ventajas comparativas que algunos países poseían con relación a otros en un sistema internacional de competencia perfecta. Consecuentemente, el Fondo trataba de probar que la división internacional del trabajo funcionaba alentado por los diferenciales de productividad entre los diferentes países. A este tipo de disquisición por los costos se agregaba, complementariamente, una teoría de dotación relativa de factores y recursos. La elaboración de todo producto exige la acción del trabajo, el capital y los recursos naturales, lo que son susceptibles de asociarse de diferentes maneras. Entre todas las combinaciones posibles, la producción óptima (aquélla con posibilidades de competir externamente) sería la que utilizase predominantemente el o los recursos más disponibles y, ergo, con costos relativamente más bajos.

Esta óptica del FMI referente al comercio internacional se sustenta en la tutela de las ventajas comparativas germinadas de las diferencias de costos por la relativa abundancia (entre otros motivos) de los recursos empleados. Para explotar, desarrollar e incrementar esas ventajas a nivel internacional, la movilidad de los productos y capitales entre países no debía ser obstaculizado por restricciones de pagos o prácticas cambiarias discrecionales. En consecuencia, el patrón monetario internacional debía ser regido por paridades relativamente fijas entre las diferentes unidades monetarias y un sistema multilateral de pagos.

No obstante, las economías están sometidas a oscilaciones, es decir, a la expansión o retracción de variada importancia que llevan a desajustes en el sistema internacional. Tales desequilibrios no implican una desavenencia en el sistema internacional, al decir del FMI, sino que es una situación que hace imprescindible algunas correcciones a políticas erradas.

"El FMI se construyó sobre los principio de que los desequilibrios cíclicos para un país dado se compensarían a lo largo del tiempo y de que se distribuirían aleatoriamente entre los países1". Ello permitiría afirmar que el funcionamiento de las economías nacionales y del sistema internacional tendía al equilibrio y a la estabilidad. El FMI, en tal marco, cooperaría para compensar los déficits de las balanzas de pagos al corto plazo, impidiendo que la enmienda llevase a una retracción del comercio internacional por la aplicación de políticas proteccionistas o discriminatorias, que contrariaraban las orientaciones generales ya indicadas.

La llegada de tales déficits en la balanza de pagos de ciertos países, conforme a su enfoque, se origina en un inadecuado ajuste de su demanda interna y sus importaciones cuyas fuentes se hallan en una manipulación de su sistema de precios y de ingresos internos.

Por un lado, en lo referente al sistema de precios, el hincapié fue puesto en la manipulación del tipo de cambio. Idealizado el comercio internacional como una serie de transacciones libremente hechas en un gran mercado en el cual se teoriza funciona la competencia perfecta (en el que detrás de los productos se ofertan y demandan monedas extranjeras), el tipo de cambio no debería actuar como una barrera a la realización normal y equilibrada de dichos intercambios. Por lo tanto, la continuidad de un déficit manifiesta una sobrevaluación de precios y costos relativos (cambiarios, en este caso) que impide que los mecanismos de exportación se lleven a cabo en forma normal, a la vez que alienta la importación. Una política de sobrevaluación de la moneda nacional falsea la función equilibradora del tipo de cambio. Su devaluación (cotización más alta de la moneda extranjera) aumentaría los precios relativos de los bienes importados, reduciendo los de los bienes internacionalmente comerciables, lo que mediante el efecto elasticidad-precio, acercaría las exportaciones de bienes y servicios a un mayor equilibrio en la cuenta corriente de la balanza de pagos.

No obstante, el inadecuado empleo de ese tipo de procesos (tal vez por la búsqueda de ventajas para la exportación) deriva en el desaliento del comercio internacional y lleva a prácticas competitivas indeseables.

De allí que, por otro lado, no podía dejarse de lado la importancia del circuito de ingresos internos sobre el desajuste externo. Si se presume que las importaciones de un país están relacionadas directamente al ingreso nacional, al mermar este último, siendo el tipo de cambio realista, debía producirse una baja de importaciones más que proporcional al descenso de las exportaciones, que eventualmente siguiera al decrecimiento de la producción. Ello se identifica sensiblemente con el clásico análisis de elasticidades críticas.

Sin embargo, estas relaciones y elasticidades podían ser modificadas por efecto de la política económica. Tal el caso de los países reacios a enfrentar esos ajustes, o proclives a la aplicación de medidas selectivas de importación. En tal caso, el sostenimiento del déficits de divisas llevaría a comprimir coercitivamente a las importaciones, a través de prohibiciones o por cuotificación. La difusión de tales mecanismos y los efectos que ellos pueden producir, provocaría ondas sucesivas de contracción de importaciones afectando al comercio internacional y quebrando las ideas de beneficio mutuo y competencia que deberían ser sostenidas.

Sintetizando, de acuerdo al FMI ninguna devaluación puede llevar a buen fin; una política de equilibrio externo, carente de un ajuste en la "desproporción" establecida entre el ingreso nacional y el saldo en cuenta corriente de la balanza de pagos. Teniendo el ingreso nacional en el corto plazo, el déficit en cuenta corriente sólo puede ser enmendado disminuyendo la demanda interna, es decir, achicando relativamente la absorción del ingreso nacional (consumo, inversión y gasto de gobierno), o sea, contrayendo el gasto nacional.

Las bases de un sistema de relaciones económicas internacionales equilibradas se fundamentan, en última instancia y al decir del Fondo, en el equilibrio interno de cada uno de los países, asentado en un control del lado de la demanda agregada al que se incorpora el ajuste cambiario. Consecuente con este presupuesto es que este organismo, dirigido a tratar los desequilibrios financieros y de pagos con el exterior, incursionó en la búsqueda de remedios el proceso inflacionario, tema no contemplado expresamente entre los cometidos que se otorgaron en Bretton Woods.

En una primera aproximación, resulta ineludible hacer notar que la noción de estabilización empleada por el FMI ha sido constantemente definida como de signo monetario. La estabilidad, conceptuada como el equilibrio del balance de pagos y eliminación de las alzas de precios, importaba, desde dicho enfoque, un proceso de ajuste monetario. Obviamente, esta no es la conclusión lógica a la clase de desarrollo basada en las ópticas de elaasticidad-precio y absorción-ingreso mentadas "ut supra", lo que evidencia que en un comienzo existieron dos aproximaciones diferentes en lo referente a la estabilización.

En un trabajo de Polak, realizado en 1957, se manifiesta la polémica originada en el antagonismo existentes entre las diferentes ramas teóricas que actuaron en el pensamiento del FMI. Al remozar dicho autor la teoría cuantitativa del dinero, proponiendo una evaluación monetaria a la formación del ingreso y a los problemas del balance de pagos, lo que estaba haciendo era enfrentarse a las posturas keynesianas, cuya injerencia inspiraron los enfoques de absorción o control por la demanda.

El modelo de Polak sugiere que la expansión del crédito es la causal de los inconvenientes en la balanza de pagos. Un aumento en la tasa de crédito que no esté motivada por el ingreso ahorrado y su afectación a la inversión por las instituciones de crédito lleva a aumentar en igual medida la masa monetaria y las importaciones, a la vez que se reducen las reservas monetarias internacionales. Consecuentemente, "la moderación en la expansión del crédito es generalmente prescrita para prevenir o curar las dificultades de la balanza de pagos" 2 .

Dicho remedio monetario por el control del crédito fundamentó la instrumentación de las políticas de estabilización del FMI. No obstante, no actuó como la única base, ya que con él se amalgamaron los conceptos referidos a necesidad de enmendar la sobrevaluación del tipo de cambio y contraer la demanda agregada.

La resultante de la fusión de estos diversos acercamientos teóricos podría ser resumido en las siguientes ideas: el déficit de la balanza de pagos y la inflación son desequilibrios generados por una capacidad de demanda (deseo de comprar apoyado en dinero y crédito) superior a las posibilidades inmediatas de la oferta interna y la capacidad para importar, que lleva a descensos de las reservas monetarias internacionales.

Conforme al criterio del FMI, los desequilibrios e inestabilidades internas y externas de las economías tienen en el gobierno respectivo al principal responsable. Lo primero que debe ser revisado son las políticas económicas proteccionistas, la consecuente expansión del aparato estatal y la manipulación de distintas variables sin la intervención del mercado. Por ello, los frentes a ser atacados en una política de estabilización a corto plazo son el cambiario, el monetario-crediticio, el fiscal y el salarial.

En el ámbito cambiario, la sobrevaluación de la moneda nacional (o subvaluación de la moneda extranjera), acompañada por altos gravámenes arancelarios y barreras no arancelarias influyen en forma determinante sobre el desequilibrio en el intercambio con el exterior y el déficit del balance de pagos. Ello conduce a la compra desmedida de divisas para la importación de bienes y servicios, al igual que la formación de reservas en divisas por parte de personas y empresas, fomentándose, colateralmente, la especulación financiera, reduciendo el crecimiento exportador y erosionando la situación de reservas del Banco Central. La primera cura para ello estriba en la devaluación de la moneda nacional (tomando al dólar como moneda internacional) en la proporción que permita el equilibrio entre ingresos y egresos corrientes de divisas y enfrente los posibles egresos de capital de corto plazo. El principio rector de la devaluación será el concepto de paridad de poderes de compra entre monedas (como equivalente a un ajuste de costos y precios relativos), fundamentado en las diferencias acumuladas que durante un período de referencia se registraron entre la inflación interna y la de Estado Unidos (o la del país o países con los que se realice el mayor porcentaje del comercio exterior).

Durante mucho tiempo no sufrió grandes variaciones dicha forma de concebir la devaluación con fines de alcanzar una paridad fija y realista de la moneda. Más tarde, debido a los fenómenos inflacionarios causados por esa misma persistencia se auspició otra fórmula que agregó el peso de esas expectativas a la anterior. Al ajuste cambiario corriente de acuerdo al método de paridad de poder de compra entre monedas se le agregaba una suerte de "colchón de seguridad", sin modificar sustancialmente los fundamentos de dicha medida.

En la esfera cambiaria el FMI patrocina la unificación del sistema de cambios y la abolición de todas las limitaciones o los procedimientos de pagos corrientes al exterior (por ejemplo, las nacidas en los convenios de compensación o pagos bilaterales). Como una ampliación del mismo interés, pero apuntando al intercambio comercial propiamente dicho, el Fondo postula la imperatividad de eliminar las restricciones que afectan indirectamente el sistema multilateral de pagos, como las adoptadas por los convenios bilaterales de comercio, licencias, contingentación o regímenes de cuotas de importación y exportación por productos y países.

En la órbita monetario-crediticia, el FMI halla otro marco de la política económica que promueve el desajuste del balance de pagos y la inflación.

Por una parte, dicha situación es generada por la presión hecha por el estado para conseguir fondos que no se originan en el ahorro, a fin de financiar su gestión presupuestalmente deficitaria. Haciendo abuso de su autoridad monetaria, el Estado amplía el crédito destinado al sector público (gobierno central y empresas públicas) recurriendo a la emisión para sostener su política expansiva de gastos.

Por otra parte, al decir del FMI, la política crediticia puede fomentar un abultado endeudamiento privado, usando para ello tasas de interés diferenciales y negativas. Ello propende a aumentar la capacidad de adquisición de divisas (para importación y otros finas), a expandir el nivel de consumo con iguales efectos en la balanza de pagos e, incluso, allanar la reconstitución del capital de giro de las empresas ante presiones por aumentos salariales. Dicho incremento crediticio a tasa de interés bajas o negativas motiva una deformación de tipo inflacionario, con efectos en las cuentas externas, debido al exceso de demanda que estimula y que se cristaliza en un crecimiento desmedido de la cantidad de dinero circulante.

La consideración estratégica de la política monetario-crediticia nace, por lo tanto, en la relevancia que para el Fondo tiene este campo de la actuación gubernamental, en lo referente al desequilibrio externo (déficit del balance de pagos) y al desequilibrio interno (inflación por exceso de demanda).

Las recomendaciones del FMI en esta campo llevan a la imposición de topes cuantitativos al desarrollo del crédito (particularmente, el del sector público) conforme a los objetivos de contracción del crecimiento de la cantidad de dinero, y el crecimiento del promedio de la tasa de interés a niveles positivos para limitar la demanda privada de préstamos.

En lo atinente a la esfera fiscal, el Organismo critica el crecimiento divergente de los gastos públicos en relación con los ingresos, déficit que determina la expansión del crédito y la masa monetaria. Específicamente, pone énfasis en las grandes partidas de transferencias que emergen de las políticas de subsidios a bienes o servicios privados y públicos (en éste punto, elevando la ineficiencia y deteriorando la capacidad de financiamiento de sus empresas). Al decir del FMI, las nociones que más tergiversan el libre funcionamiento de los mercados de bienes y servicios públicos son los que más alteran el déficit fiscal.

La meta fundamental en el ámbito fiscal es la de reducir el déficit a niveles considerados regulares desde la óptica monetario-crediticio. La fijación de un déficit fiscal máximo (entre un 2% y 3% del PBI, aproximadamente), constituye una de las propuestas habituales del Fondo en dicha línea. Consecuentemente, la eliminación en la brevedad de los subsidios que llevan a una artificial nivelación de ciertos precios al nivel de los consumidores, tanto para reducir el déficit fiscal como para evitar un exceso de consumo interno de productos subsidiados (que puede derivar en un alza de las importaciones o en una restricción a eventuales posibilidades de exportación).

Finalmente, en la esfera salarial, el FMI persevera en que las regulaciones gubernamentales pueden causar o sostener procesos inflacionarios cuando los márgenes en que se precisan a esos ingresos omite de su vinculación con la productividad del trabajo y busca su adecuación a la par o por sobre el camino seguido por los precios. En lo pertinente, se aconseja restringir el exceso de demanda que puede originarse por un ajuste desmedido de salarios. Una fórmula basada en una noción de la inflación impulsada por costos y expectativas fue juzgar que los ajustes de este tipo de ingresos debían llevarse a cabo teniendo en cuenta las metas venideras del nivel general de precios y no los índices de la inflación preexistente, o actuar separando los salarios de una indexación plena relacionada a la marcha de los precios.

En resumen, la óptica que subyace en las políticas de estabilización propuestas por el FMI formula el déficit de la balanza de pagos y la inflación como un hecho accidental causado por una alteración en el normal funcionamiento económico; es decir, en una situación de equilibrio y estabilidad de mercados en competencia perfecta. La autoría de dichas distorsiones monetarias, manifestadas por una sobrevaluación cambiaria, un exceso de demanda global y una exagerada propagación crediticia la halla en una manipulación errónea de las políticas económicas que obstaculizan el libre funcionamiento de los mercados. Los principales ámbitos a tomar en cuenta en una política de restabilización son la cambiaria, monetario-crediticia, fiscal y salarial. Restablecer el equilibrio de la balanza de pagos (primordialmente, en sus cuentas de comercio) y la estabilidad de precios son consideradas premisas esenciales para consolidar un crecimiento económico, incitar el comercio y las inversiones extranjeras y, por lo tanto, dinamizar la economía internacional.

Las redefiniciones que pueden señalarse en el andamiaje teórico del FMI desde fines de los setenta hasta el día de hoy tienen un profundo contacto con la grave crisis mundial que tuvo lugar en aquellos años. Dos son los conceptos novedosos que se suman a los enraizados conceptos ya descriptos: el enfoque monetario de la balanza de pagos y la obligación de ajustes estructurales desde el ángulo de la oferta.

Como ya se ha dicho, la internacionalización financiera se basó en América Latina en una renovación de conceptos monetarios que favorecieron la unificación de los circuitos internos y externos de capitales y la revitalización de la intermediación financiera. Ese nuevo pensamiento tuvo auge a partir de los realizados por algunas escuelas norteamericana (Milton Friedman, Harold Harberger, Harry Johnson, Ronald Mckinnon, etc.) que tuvieron una influencia directa en los modelos de las denominadas "pequeñas economías abiertas", aplicadas en el Sudeste asiático y el Cono Sur latinoamericano.

El enfoque mentado da un rol decisivo en el desarrollo de la balanza de pagos a los fenómenos monetarios. Esta concepción amplía la idea de "mercado en competencia perfecta" a nivel internacional, por lo que propugna un sistema integrado de mercados mundiales de bienes pero también de activos financieros. Además, sostiene que ningún país (sobre todo aquellos definidos como "pequeños") practica una influencia determinante en los precios de bienes comerciables y las tasas de interés internacionales.

En tal marco, el equilibrio monetario interno (equivalencia entre oferta y demanda monetaria) actúa como nexo con el equilibrio de la balanza de pagos. Debe ponerse énfasis en que el equilibrio buscado es el que puede conseguirse mediante "acervos" y no los alcanzados temporariamente a través de "flujos". Por ello, la condición de equilibrio a largo plazo sería la que se funda entre el acervo monetario y la demanda de saldos monetarios.

Al ser aceptado el principio de la sustitución entre el dinero y otros activos financieros, cualquier exceso de oferta monetaria provocará cambios en la constitución del patrimonio de activos financieros. Aún el sector privado pude ocasionar modificaciones en la cuantía de dinero por razón de transacciones internacionales. La fórmula que muestra la relación y la consolidación de ambos movimientos son los siguientes términos: variación de la masa monetaria - variación del crédito interno = saldo en cuenta corriente + capitales netos del exterior = variación de reservas monetarias internacionales. Expuesta de dicha manera, la política económica es entendida como un péndulo que oscila entre dos alternativas instrumentales: manejar el tipo de cambio o manejar el dinero.

Optando por la primera posibilidad, cabe observar si el tipo de cambio es flotante o flexible, caso en el cual la cantidad de dinero sería variable bajo control. Ello implica que la política activa para contener el proceso inflacionario y conseguir los equilibrios entre las variables monetarias internas y externas sería aquella que propendiese a un rígido control sobre la política monetaria y fiscal. Inversamente, producido cualquier exceso de oferta monetaria hallaría su correspondencia en un exceso de demanda de bienes que al presionar las importaciones y la demanda de moneda extranjera, elevaría el tipo de cambio y el nivel de precios internos.

La elección de una política de flexibilidad o flotación del tipo de cambio y una política de rígido control monetario importa conservar intactas las reservas monetarias internacionales y establecer diferencias entre tasas de interés y precios internos con sus correspondientes niveles internacionales, divergencia causada en las expectativas de alteración cambiaria.

La segunda alternativa se correlaciona con la interpretación más difundida del enfoque monetario de la balanza de pagos y sugiere la necesidad de pensar en un equilibrio externo a largo plazo y en la esfera de economías totalmente abiertas, con propensión a igualar las tasas de interés y los precios internas e internacionales. Por ello, el ajuste debe llevar a mantener fijo el tipo de cambio o sujetarlo a una flexibilidad restringida. Consecuentemente, se afirma que una oferta excedentaria de dinero (dada una capacidad determinada del sector privado de transar libremente dinero circulante por divisas) se cristaliza en déficit de la balanza de pagos, ocasionando una modificación de las reservas monetarias internacionales que enmienda el desequilibrio monetario.

La explicación de como dicho movimiento de reservas internacionales suprime el desequilibrio monetario es la siguiente: un potencial exceso de oferta monetaria lleva a ajustar los saldos monetarios en poder del público, incrementando su gasto en bienes; esto importa una presión anexa de demanda de moneda extranjera por importaciones, lo que producirá una caída de las reservas monetarias internacionales pero, coetánemente, una absorción de moneda nacional reductora de su oferta.

Entonces, la cantidad nominal de dinero se ajusta mediante la balanza de pagos, con el movimiento automático de las reservas facilitado por la libertad y la estabilidad cambiaria. Coherentemente, los precios y la tasa de interés interna tenderían a equilibrarse con sus medidas internacionales, cuanto más rígida fuera la política cambiaria admitida.

Si nos hallamos inmersos en una situación de flexibilidad limitada (sistema de minidevaluaciones o "crawling peg"), el mecanismo de ajuste tendrá lugar a través del movimiento de reservas internacionales, pero implicará un ajuste de tipo inflacionario, tanto menor cuanto más pasivas y retrasadas sean las variaciones cambiarias en relación a los cambios en el nivel de los precios.

Partiendo de la idea de que un exceso de oferta monetaria produce modificaciones en la composición de activos financieros (en moneda nacional y en moneda extranjera), la óptica monetaria de balanza da pagos observa una íntima vinculación entre la emisión de dinero y la variación de reservas monetarias internacionales, estando esta última supeditada a los movimientos de capitales con el exterior.

Consecuentemente, se aboga para que la inflación interna se equipare al valor de la tasa de crecimiento de los precios internacionales más la tasa de devaluación cambiaria. En busca de ello se implantan políticas de tipo de cambio fijo; o, ante carencia de las mismas, de devaluaciones programadas por debajo de los índices de precios, siempre que se restrinja el crédito interno para evitar los efectos inflacionarios de origen cambiario. A un mismo tiempo, se sugiere operar con tasas de interés internas reales y positivas, aunadas a las vigentes en los grandes centros financieros, ya que las "pequeñas economías" son, por naturaleza, tomadoras de precios. La manipulación de tipos de cambio fijos o con sobrevaluación programada minimizaría el riesgo en el cálculo de rentabilidad de las colocaciones financieras externas y favorecería el ingreso de capitales.

Generalmente, se agrega a todo esto la "invitación" a eliminar las restricciones a la entrada en el negocio bancario privado, las que pesan sobre la concentración de actividades en una misma entidad financiera y las que limitan excesivamente el multiplicador del crédito (encajes).

En síntesis, podemos decir que el enfoque monetarista propugnó, en materia de política económica, lo que a continuación se detalla:

- el control inflacionario se subordina al tipo de cambio sobrevaluado y a los movimientos de capital en el exterior;

- el equilibrio de la balanza de pagos, sea cual fuere el déficit de cuenta corriente, se supedita a la capacidad financiera externa;

- la tasa de interés positiva se yergue como un instrumento activo de atracción del crédito internacional y de restricción del crédito interno.

Es decir, se fundamentó la internacionalización de los sistemas financieros nacionales aun cuando no se cumplieran la totalidad de estas condiciones.

Ello no era tema desconocido para el Fondo, pero se le otorgaba una escasa importancia. Pasó mucho tiempo hasta que se introdujo a este modelo de estabilización la noción de los flujos financieros internacionales de capital y su influencia sobre el manejo de la política monetaria interna.

Su visión de la balanza de pagos, de la mano con los desequilibrios comerciales y de la cuenta corriente, procuraba su rectificación mediante el realismo cambiario, por lo que era incompatible con cualquier idea de sobrevaluación. Por ello, invertir la balanza de pagos, concediendo una importancia trascendental en su equilibrio a los flujos internacionales de capital y, consecuentemente, sostener tipos de cambio fijos por debajo del ritmo inflacionario fueron "descubrimientos" recientes para el FMI, lo cual no impidió que fuese añadido a su diseño general, y fuese utilizado más tarde en los ajustes efectuados en los países subdesarrollados ante la problemática de la deuda externa y la contracción del crédito internacional.

Efectivamente, si en la etapa expansiva de los préstamos de los bancos privados internacionales la óptica monetarista de la balanza de pagos respaldó un crecimiento desmedido de la capacidad de importación de los países subdesarrollados, en la etapa de contracción de dicho financiamiento externo el FMI favorece un ajuste depresivo de las importaciones. En tal sentido, predica que las políticas internas reduzcan la demanda global y, por lo tanto, depriman esas compras externas por los efectos combinados de elasticidad-precio y absorción-ingreso, intentando que su volumen (hasta tanto halla una mayor disponibilidad de divisas por exportaciones) se restrinja, respondiendo a lo que podría llamarse un efecto elasticidad-crédito externo. Es decir, lo que el FMI considera viabilidad de la balanza de pagos.

Tal concepto de "viabilidad" (coincidente con la idea monetaria de adjudicarle una función estratégica al financiamiento en la solución de los problemas de balanza de pagos) es definida de la manera que sigue: "una balanza de pagos viable (implica) que firmes medios de financiamiento estarán disponibles para saldar cualquier déficit prolongado en la cuenta corriente. El papel del FMI es promover en sus miembros un manejo de sus políticas internas de manera de mejorar su capacidad de atraer ingresos de capital y así mantener una posición viable de la balanza de pagos en todo el período necesario para alcanzar un ajuste completo".3 

Con una severa restricción del nuevo financiamiento a los países subdesarrollados más endeudados, la viabilidad de la balanza de pagos importa, en lo primordial, capacidad para cubrir los déficits causados por el pago de los servicios de esa deuda externa. Ello hace cardinal un esfuerzo recesivo de contención de importaciones, estimular al máximo las exportaciones y el ingreso sin trabas de las eventuales inversiones directas extranjeras, es decir, subordinar la dinámica productiva ya no a la entrada sino a la salida de capitales con miras a satisfacer los servicios de la deuda acumulada.

En lo atinente a los cambios estructurales, el Fondo propone rectificar la distorsión observada en la asignación de recursos (ofertas) y en el destino de la producción (demanda). Desde este punto de vista, las reformas estructurales sugeridas no guardan ninguna semejanza con el pensamiento reformista que ha singularizado la labor de la CEPAL en el inicio de la década del ‘60. El Fondo no ha admitido políticas comerciales y financieras que combatan las desigualdades existentes entre los países desarrollados y los subdesarrollados. Lógicamente, tampoco apoya modificaciones en la producción y la demanda (reformas agrarias, fiscales o redistributivas, controles de precios y mecanismos proteccionistas, a modo de ejemplo). En síntesis, repudia cualquier participación activa y selectiva de los estados en la planificación, la política y la acumulación económicas.

La noción que realmente existe en la idea de "cambios estructurales" no importa para el FMI el reconocimiento de la existencia de desequilibrios, inestabilidades o desigualdades intrínsecas al funcionamiento del sistema capitalista. Su rasgo estructural deviene de la continuidad de las distorsiones que, al decir del Fondo, deben enmendarse y de la obligación de implicar ribetes de la organización y la dirección económicas que, generalmente, no son susceptibles a los instrumentos convencionales o cuantitativos de corto plazo.

Sintéticamente, la lucha contra la inflación y el déficit de la balanza de pagos ha sido una constante en los enfoque del FMI en las últimas cuatro décadas.

Atendiendo los grandes lineamientos que caracterizaron las sucesivas etapas del enfoque del Organismo, no se observan grandes diferencias en sus explicaciones, objetivos fundamentales de la política económica y en sus principales áreas instrumentales (mayor realismo y uniformidad de los tipos de cambio, reducción del déficit fiscal y de los subsidios, liberalización de los precios y en el tratamiento de los capitales privados, metas de endeudamiento externo, creación monetaria y crédito interno, y restricciones salariales, entre los más destacados).

Pese a ello, tanto el pensamiento como la influencia del Fondo no han sido constantes. Su postura originaria más divulgada e influyente que tuvo lugar desde su creación hasta casi terminados los años setenta, se basó en una óptica monetaria y de exceso de demanda de tipo ortodoxa.

Desde allí, la rigidez de su punto de vista, erosionado por las nuevas realidades en los procesos nacionales e internacionales, llevó a una renovación en 1982, luego de la crisis financiera sufrida por los países subdesarrollados, que alineó su planteo teórico al moderno pensamiento neoliberal: visión financiera del equilibrio de la balanza de pagos (a fin de permitir el pago de los préstamos otorgados por la banca transnacional), ajuste inflacionario altamente recesivo y la necesidad de consolidar la estabilización a través de cambios que tienden a la reducción del Estado, redifiniendo su participación, así como reasignar los recursos de las economías de acuerdo a un patrón notoriamente exportador y un financiamiento conforme a las reglas dictadas por los mercados y la circulación de capitales internacionales.

Alfredo Eric Calcagno: "Estructuras y Funciones actuales de los Organismos Internacionales Financieros y Económicos, Primera Edición, 1993.

Samuel Leichtensztein y Mónica Baer: Fondo Monetario Internaciona y Banco Mundial Estrategias y Políticas del Poder Financiero, Editorial Nueva Doc (Ed. 1985)