SEGUNDA PARTE
Capítulo IV

El proceso de paz guatemalteco

 

IV.1 Raíces del conflicto armado suscitado de 1960 a 1996 en la República de Guatemala

Guatemala, desde su conquista, cuenta con una historia extremadamente compleja, pudiéndose advertir como rasgos característicos de esa historia: la combinación de luchas y acomodo entre las élites (cuyo status se ha basado en su extracción española y su control sobre recursos estratégicos como la tierra, el capital y el poder militar) y los pobres, en su mayoría indígenas y habitantes de las áreas rurales (quienes no han tenido acceso ni a la tierra, ni al capital, ni al poder militar). Lo anterior ha provocado la conformación de un Estado injusto, que veló por la satisfacción plena de las necesidades de sólo un sector de la población, marginando al resto. Por ello, las causales del conflicto armado guatemalteco pueden encontrarse en su poco afortunada historia.

Tomando como base el abordaje que hace Monseñor Rodolfo Quezada Toruño, ex-coordinador de la Comisión de Paz, el conflicto armado guatemalteco tuvo su origen, por una parte, en la situación de inhumana pobreza en que desde tiempos ancestrales ha sobrevivido la inmensa mayoría de los guatemaltecos. Mientras que a un sector muy reducido de la población le han abundado los bienes y servicios. Ingentes han sido los problemas derivados del analfabetismo, la falta de educación, el deficiente cuidado de la salud, la carencia de vivienda, el grave problema agrario, la exclusión y marginación de las etnias indígenas, la fragmentación de la misma sociedad guatemalteca, etc. Por otra parte, el país ha contado con instituciones debilitadas, abundando los regímenes dictatoriales. Estos hechos han permitido que los gobiernos no hayan sido capaces de implementar medidas audaces para hacer posible que el mayor número de guatemaltecos accediera a los bienes y servicios que requieren para su realización personal y familiar. Por ello, se habla de la persistencia de una injusticia institucionalizada.

Del párrafo anterior se deduce que en Guatemala no ha existido un ambiente de verdadera paz, sino al contrario, se ha vivido en un ambiente de violencia estructural, o sea una situación en la que las necesidades de la gran mayoría de la población han sido insatisfechas, frente a la plena satisfacción de unos pocos.

Guatemala tuvo su oportunidad para gestar un importante proceso de vida democrática (que efectivamente implicaba la participación de la mayoría de la población), luego de la expulsión de la dictadura militar existente hasta 1944. Esa oportunidad da inicio con el primer gobierno revolucionario encabezado por Juan José Arévalo (1945-51), quien, animado por hacer cambios, impulsó reformas que hoy pudieran ser vistos como elementales, pero que, entonces, eran imprescindibles para una sociedad que parecía estar iniciando así el siglo XX.

El proceso revolucionario permitió que por primera vez se viviera la amplia participación y organización ciudadana en la toma de decisiones sobre asuntos públicos. El crecimiento de la organización civil se amplió a la esfera sindical y cultural. Se aceptó que los analfabetos (la mayoría indígena) fueran ciudadanos con derecho a elegir y ser electos; se implementaron programas para impulsar la industria nacional y la pequeña y mediana producción agrícola; se aprobó el sistema de seguridad social; y se realizaron importantes transformaciones en las políticas educativa y laboral.

El sucesor de Arévalo, Jacobo Arbenz Guzmán (1951-54), en un intento por impulsar reformas revolucionarias buscó atar en una sola estrategia de lucha el desarrollo capitalista con la democracia social, pero no bajo la dirección de la burguesía empresarial sino desde el Estado y con apoyo en una fuerte movilización popular. El proyecto, por sus propósitos y por la manera como empezó a ser aplicado, apareció en el enrarecido ambiente conservador del país como una amenaza comunista, principalmente por la dinámica expropiatoria de la propiedad terrateniente.

La cercana asesoría política que el Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT -partido comunista-) otorgó al presidente Arbenz, aunado a la decisión de éste de suprimir privilegios a las compañías estadounidenses y la ejecución de la reforma agraria dirigida a estimular la mediana producción y el mercado interno, se convirtieron en pretextos de sectores militares, latifundistas y estadounidenses para derrocar al gobierno de Arbenz a través de una invasión militar organizada por la CIA.

De esa forma, la semilla del movimiento insurgente de Guatemala fue sembrada con la interrupción del proceso revolucionario, materializada con la caída del régimen de Jacobo Arbenz Guzmán, quien había gestado importantes reformas estructurales en la sociedad guatemalteca.

La consecuente llegada al poder de Carlos Castillo Armas dio al traste con el proceso de democratización y desarrollo iniciado en 1944. Estos hechos originaron un período de inestabilidad política en el país, pues provocó la disconformidad de quienes apoyaban las acciones reformistas de Arbenz y que veían en su caída la postergación de muchas tareas de beneficio social.

Entre las primeras normas dictadas en 1954 por el gobierno contra-revolucionario se encontraron: la anulación de la reforma agraria y otras políticas sociales, así como la proscripción de todas las organizaciones políticas, sindicales, campesinas y gremiales acusadas de pertenecer o vincularse al Partido Comunista y a las corrientes social-demócratas, cerrando con ello los espacios de participación política. Además, se destruyó el proceso de descentralización del poder público. El retorno al autoritarismo fue estimulado por la política de guerra fría sostenida por Estados Unidos, luego de la Segunda Guerra Mundial. Sólo a través de este modelo político, los grupos agro-exportadores tradicionales tanto como los grandes monopolios estadounidenses aseguraron la continuidad de un sistema de producción y mercado basado en la obtención de alta plusvalía. Obviamente, la satisfacción de las necesidades de la mayoría fue constituyéndose en una tarea postergada.

A pesar que el ejército guatemalteco se constituyó en el garante de los intereses de las clases dominantes en 1954, esta institución no fue inmune a los cambios observados en la sociedad guatemalteca, ya que el triunfo de la revolución de 1944 propició un cambio en la composición social del alumnado de la Escuela Politécnica (institución educativa encargada de la formación militar), así, cuando triunfó la contra-revolución de 1954, el Ejército estaba dividido (no todos comulgaban con las ideas contrarrevolucionarias).

El asesinato del presidente Castillo Armas en 1957, la incapacidad de los contrarrevolucionarios de mantener el orden y la división interna de las filas castrenses, condujo a la participación de políticos junto a militares en la búsqueda del poder. Así, llegó a la presidencia el general Miguel Ydígoras Fuentes, luego de la anulación de unas confusas elecciones y de su subsecuente victoria en una segunda versión de las mismas.

El arribo al poder en Cuba por parte de Fidel Castro capturó la imaginación de innumerables jóvenes idealistas de toda América Latina (muchos de ellos: militares guatemaltecos).

Ante la ascensión de Fidel Castro y en la espera de favores por parte del gobierno estadounidense, el presidente Ydígoras Fuentes permitió entrenarse en suelo guatemalteco, bajo la dirección de la CIA, a las fuerzas mercenarias anticastristas. Este hecho causó mucha indignación entre algunos miembros prorevolucionarios del ejército guatemalteco.

El descontento generado por un régimen desvinculado de las demandas de la mayoría, la indignación por haber brindado el territorio guatemalteco a las fuerzas anticastristas y la división interna en las filas del ejército propiciaron el alzamiento del 13 de noviembre de 1960. En esa fecha, un grupo de oficiales de la base militar de Puerto Barrios, departamento de Izabal, encabezaron una sublevación, comprometidos en derrocar al presidente Miguel Ydígoras Fuentes, para restituir la credibilidad al sistema político. El movimiento se gestó como un intento de golpe de estado, careciendo de sustento ideológico.

El levantamiento fue controlado, pero varios de los oficiales líderes se internaron en las montañas del oriente del país. Cuatro meses después, en 1961, se produce un segundo brote rebelde, dirigido por los mismos ex oficiales. El grupo se da a conocer como "Movimiento Revolucionario 13 de noviembre, MR-13". Esta agrupación estableció contactos con el clandestino PGT y como resultado de ello, en 1962, se forma el grupo denominado "Fuerzas Armadas Rebeldes, FAR" (luego se denominaron: Fuerzas Armadas Revolucionarias). La vinculación entre el PGT y los alzados en armas produce la ideologización del movimiento armado.

La lucha armada gestada por las FAR se inició como complemento estratégico de la acción política. Sus acciones no tardaron en transformarse en el origen de un proyecto político-militar de notoria identidad con la revolución cubana.

Las FAR y el PGT generaron una estructura clandestina de organización política que se integró con militares urbanos de clase media, pequeños propietarios, trabajadores agrícolas y, en menor medida, por obreros. La bandera enarbolada por estas agrupaciones establecía como sus principales propósitos: resolver de raíz la injusticia y marginación social causantes de la pobreza y la ausencia de libertades.

Según el guerrillero Julio César Macías (Comandante César Montes) fueron tres los factores que motivaron el surgimiento de la guerra:

"La intervención de la CIA en 1954, las fisuras dentro del Ejército en 1960 y la consolidación de la izquierda en 1962".

A partir del golpe de estado gestado en marzo de 1963, con el que se depone a Miguel Ydígoras Fuentes, el Estado contrarrevolucionario empezó su consolidación, alcanzando considerable nivel represivo en los primeros años de la década de los setenta, con el gobierno de Carlos Arana Osorio (1970-74). De esa forma, el Estado respondió a los alzamientos con la contrainsurgencia, llegándose a la supermilitarización de la sociedad y a erogar importantes cantidades de dinero para hacer frente a la insurgencia.

Es deducible que el conflicto armado guatemalteco ha tenido una raíz que va mucho más allá de 1960, pues ha sido producto de un descontento originado de la imposibilidad de llevar avante las reformas estructurales emprendidas en la revolución de 1944, que para muchos significaban la posibilidad de avanzar hacia la plena satisfacción de las necesidades de la mayoría de la sociedad guatemalteca.

Según Gabriel Aguilera, los conflictos sociales centroamericanos, como el guatemalteco, surgieron como la desembocadura de demandas por la instauración de una verdadera democracia política y social que no han sido satisfechas. El autoritarismo y la represión convirtieron los primeros brotes de insurgencia en las guerras que recién culminaron. La fuerza de las demandas insatisfechas provocó que los Estados no pudieran vencer a los revolucionarios. De esa forma, las guerras se prolongaron con su secuela de destrucción humana y material, provocando el empantanamiento de las posibilidades de transición y de resolución de los terribles problemas centroamericanos, en especial la persistencia en la violación de los derechos humanos.

Se puede advertir que el conflicto guatemalteco no fue casualidad, sino que se desarrolló en un ambiente social que favorecía la exclusión y propiciaba los descontentos. En suma, el origen del conflicto guatemalteco puede encontrarse en las hondas injusticias sociales vividas. Edelberto Torres-Rivas, respecto de las raíces del conflicto armado guatemalteco, expone:

"El período histórico clausurado formalmente con la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera empezó a constituirse a finales de los años cincuenta y tuvo como causa las reacciones de la élite agraria-comercial, de sectores de las clases medias conservadores, de una parte del Ejército y de la Iglesia Católica frente al programa nacional reformista que postularon las fuerzas democráticas del país, representadas en el gobierno de Jacobo Arbenz. La reacción al proyecto modernizador del arbencismo coaguló fuertemente a los sectores conservadores del país gracias al eminente apoyo norteamericano.

En el ambiente de la guerra fría, una propuesta como la reforma agraria con motivación campesina resultó insoportable y movilizó en contra importantes fuerzas sociales y políticas. En la consolidación de esta alianza reaccionaria no solamente resultó decisivo el papel de la política exterior norteamericana movido por su enfrentamiento con la URSS el mundo comunista".

 

IV.2 Actores del conflicto armado

Al hacer referencia a los actores del conflicto armado guatemalteco, nos referimos a los participantes en acciones de violencia directa. En tal sentido, se puede afirmar que el conflicto armado directo tuvo como actores principales a dos partes en pugna: el gobierno guatemalteco (que incluye al ejército, el cual forma parte del aparato del Estado, que fue instituido en 1871, y cuya existencia tiene origen constitucional) y las fuerzas armadas insurgentes izquierdistas.

Por parte del gobierno guatemalteco, el actor directo era el ejército, que se constituyó en el órgano encargado de la defensa del status quo. Los gobiernos que se sucedieron desde 1960 propiciaron el desmedido armamento y la profesionalización del ejército. En su seno se enfatizó el discurso anticomunista y la visión polarizada del mundo, por ello, su accionar estuvo marcado por dictados de la ideología de la Seguridad Nacional. Todo esto implicó una amplia disponibilidad de recursos materiales y técnicos, una inspiración ideológica extremadamente articulada para la defensa del status quo; y un conjunto de prácticas (guerra irregular, operaciones encubiertas -no supiéndose diferenciar, sino tardíamente, entre la izquierda insurreccional y la oposición política, legal, pública y democrática-), que reforzaron las estructuras autoritarias de la sociedad.

En la lucha contrainsurgente, el ejército guatemalteco no actuó solo, se incorporaron a la lucha, patrullas paramilitares como: el Movimiento Anticomunista Nacional Organizado, MANO o Mano Blanca; la Nueva Organización Anticomunista, NOA; el Consejo Anticomunista de Guatemala, CADEG; el Ojo por Ojo; y el Ejército Secreto Anticomunista, ESA. Estos grupos permitieron disminuir cuantitativamente al movimiento guerrillero, pero también hicieron que el conflicto armado tuviera dentro de sus principales víctimas a civiles opositores al régimen. Es evidente que la estrategia contrainsurgente se marcó en dos campos: la oficial, perpetrada en los combates y, la extraoficial, denominada guerra sucia, que implicó el uso de grupos paramilitares y del ejército mismo.

Un duro golpe a la estrategia guerrillera consistió en convertir a la población civil en instrumento del terror (constituyéndose en actores del conflicto armado). El Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo, establecido durante el gobierno de Efraín Rios Montt, señaló que la guerra debía combatirse en todos los campos, a saber: en lo militar, en lo político y en el socioeconómico, siendo la mente de la población civil el principal objetivo. De ese modo, se crean las "Patrullas de Autodefensa Civil, PAC". Estas patrullas se extendieron en 1982 como grupos paramilitares impuestos para reunir a vecinos de una comunidad con el fin de involucrarlos en acciones represivas de control poblacional. Las PAC llegaron a aglutinar a cerca de novecientos mil hombres (un 10% de la población nacional), muchos de los cuales fueron armados y mandados a vigilar a la comunidad, denunciar a sospechosos, rastrear a la guerrilla e informar y apoyar los requerimientos logísticos del ejército.

Al amparo del ejército, las PAC, que luego se denominaron "Comités Voluntarios de Defensa Civil, CVDC", se convirtieron en instrumentos de violación de los derechos humanos.

Durante la segunda fuerte ofensiva guerrillera (de 1978 a 1982), la izquierda armada se encontró como una amplia red de comisionados militares, civiles que actuaban como ojos y oídos de las fuerzas armadas. Los prolíficos nexos de éstos con el ejército y otros cuerpos de seguridad constituyeron fuentes relevantes de empleo e ingresos para esa población.

Es evidente que el conflicto armado guatemalteco se caracterizó por el accionar de dos partes en pugna, pero en cada parte existe una pluralidad de actores y, consecuentemente, de nombres.

La otra parte del conflicto la integraban las fuerzas armadas insurgentes o guerrillas izquierdistas. Como vimos en IV.1, éstas tienen su origen en el levantamiento armado del 13 de noviembre de 1960. Cuando se firma el Acuerdo de Paz Firme y Duradera, el movimiento guerrillero guatemalteco se presentó como una unidad (mediante la URNG), pero éste no siempre ha estado unificado, al contrario, la mayor parte del tiempo estuvo dividido.

Luego que en 1962 se logró la verdadera ideologización del grupo insurgente al agruparse en un solo mando a los integrantes el MR-13, el movimiento 20 de octubre, el movimiento 12 de abril y el PGT, conformando las FAR, en 1966 se produjo la primera división de la guerrilla, causada principalmente por las diferencias de percepción de los líderes guerrilleros Marco Antonio Yon Sosa (quien era de la línea maoísta) y Luis Turcios Lima (que apoyaba la tesis de la guerra popular revolucionaria).

Los años setenta se presentan como la década de la reorganización insurgente. El comandante Pablo Monsanto (Jorge Soto García) asume la dirección de las FAR, al mismo tiempo, nuevas organizaciones guerrilleras surgieron entre los años 1971 y 1972, pero las mismas anunciaron públicamente su existencia varios años después. Estas organizaciones fueron el Ejército Guatemalteco de los Pobres, EGP (que originalmente surge como la Nueva Organización Revolucionaria de Combate, NORC), apareciendo públicamente en 1975 y la Organización Revolucionaria del Pueblo en Armas, ORPA, que apareció públicamente en 1979. Ambas se ubicaron especialmente en zonas eminentemente indígenas y empobrecidas.

Tras la reorganización de la guerrilla y su asentamiento en zonas pobladas principalmente por indígenas, las etnias guatemaltecas se convirtieron en actores de una manera como nunca antes había ocurrido. El sufrimiento que estos grupos experimentaron les hizo emigrar de sus tierras; asimismo, los convirtió en principales víctimas de grandes atrocidades vividas; y, en cierta forma, provocó su organización para exigir el respeto de sus derechos y la atención de sus necesidades insatisfechas. Las masacres y la derrota de la estrategia de la guerra popular revolucionaria no impidieron que el movimiento indígena siguiera desarrollándose por otros cauces y con otras expectativas.

Al finalizar la década de los setenta la acción política de estas agrupaciones se convirtieó en complemento de la estrategia militar. No obstante, el incremento de la represión política desalentó el debate político en las organizaciones guerrilleras, acentuó la clandestinidad y la secretividad y reforzó el mandamiento de estructuras similares a las del ejército, es decir, basadas en la subordinación de los mandos inferiores a los superiores y en la centralización en la toma de decisiones.

La evolución del movimiento revolucionario hacia opciones exclusivamente militares estuvo influida por el triunfo sandinista (julio de 1979) en Nicaragua y el fortalecimiento militar de las organizaciones guerrilleras salvadoreñas.

El 1979 se formó una instancia de comunicación entre el EGP, las FAR y una facción del PGT, a la que en 1980 se incorporó la ORPA, la cual se llamó inicialmente La Cuatripartita. Esta comunicación permitió a las fuerzas insurgentes más grandes agruparse en una sola organización que surgió a la luz pública en enero de 1982, con el nombre de Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG. Luego, a la URNG llegó la facción del PGT-Comité Central y, con esta reorganización, se allanó el camino para gestar el proceso pacificador, produciéndose los primeros contactos entre las fuerzas insurgentes y los militares, al llegar ambas partes a la conclusión de que ninguno de los dos bandos tenía la perspectiva de lograr una victoria armada total a corto plazo.

Al momento de llegar a la firma de los acuerdos finales de paz, la URNG contaba con una estructura superior así:

a) Una comandancia general, compuesta por los comandantes de los tres grupos guerrilleros (FAR, EGP y ORPA) y por el secretario general del PGT.

b) Una comisión político-diplomática a nivel internacional, compuesta por cuatro miembros de la URNG y tres asesores.

Es evidente que el conflicto armado guatemalteco no puede resumirse en un simple enfrentamiento armado de ejército y guerrillas, pues varios sectores de la sociedad guatemalteca se vieron, directa e indirectamente, involucrados.

Muestra de lo anterior, fue la participación de agrupaciones que ofrecieron resistencia a actos institucionalizados de violación de los derechos humanos y que surgieron dentro del conflicto, tales como: el Grupo de Apoyo Mutuo, GAM (surgido en 1984); la Comisión Nacional de Viudas de Guatemala, CONAVIGUA (1988); las Comunidades de Población en Resistencia, del Ixcán, de la Sierra y de El Petén, CPR (1991); el Consejo Nacional de Desplazados de Guatemala, CONDEG (1989); y la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, ODHA (1989).

 

IV.3 Contenido del conflicto armado

Para determinar el contenido del conflicto armado guatemalteco se tiene que recurrir al inicio del mismo (Ver IV.1). Para entonces, la guerrilla justificó sus acciones en la pretensión de derribar a un régimen corrupto, pero luego el enfrentamiento este-oeste los atrapó y el conflicto se tornó ideológico. Es evidente, que al estar marcada la historia del Estado de Guatemala por la permanente insatisfacción de las necesidades de la mayoría y las consecuentes disconformidades, el conflicto guatemalteco no puede entenderse sin tener como telón de fondo la historia del país

Sin embargo, el contenido del conflicto guatemalteco está matizado por influencias de factores endógenos, pero también por factores exógenos; vale la pena tener presente que en los años sesenta, por la fuerza de la experiencia cubana, hubo intentos guerrilleros en casi toda América Latina, consituyéndose este acontecimiento en detonante de posteriores movimientos armados izquierdistas, que pudieran imitarles los pasos.

En tal sentido, se debe considerar como determinante: la situación interna guatemalteca marcada por problemas ancestrales que, a juicio de los alzados en armas, tuvieron su oportunidad histórica para resolverse durante el gobierno de Arbenz; y, a la vez, el contexto internacional marcado por el auge del conflicto este-oeste.

Las posiciones asumidas por la izquierda armada guatemalteca fueron variadas, según la época y el grupo guerrillero. Edelbeto Torres-Rivas presenta de forma resumida los rasgos de sus actuaciones, de la siguiente manera:

"El primer rasgo ideológico de la izquierda guerrillera guatemalteca es que estuvo inicialmente encabezada por oficiales del ejército, un grupo de rangers entrenados en Estados Unidos que formaron el MR 13 de Noviembre, y que se movieron de la insubordinación nacionalista, a un izquierdismo campesinista, luego al troskismo y finalmente al marxismo castrista. El periplo ideológico fue superficial pero ejemplar. Luego, vino la primera ola guerrillera (1964-69), derrotada, que se rehace bajo la misma generación dirigente pero con nuevos métodos. La bandera del socialismo animó claramente estas luchas, pero como una mención de estrategia a futuro y no como una causa movilizadora. Y cuando se produce la unidad programática (y una inicialmente difícil coordinación militar), la sociedad socialista como objetivo desaparece finalmente del programa de la izquierda armada. En los cinco puntos del documento de constitución de la URNG, dos se refieren a la futura construcción de un gobierno pupular, democrático y revolucionario, y de una sociedad justa y mejor... Como una fórmula seca, sin emoción, rutinaria.

El segundo rasgo, en esta segunda época, a finales de los setenta, es que las tres generaciones de izquierda armada (el EGP, ORPA y las FAR) mantuvieron una cierta búsqueda por alcanzar una expresión doctrinaria, sin lograrlo. Son abundantes los documentos que fijan su posición y su oferta, pero tienen un carácter panfletario, propagandístico; es una izquierda pobre teóricamente. Como quedó dicho, se reconocen marxistas, aunque fueron las FAR quienes mejor tuvieron una clara definición de ese aspecto.

El EGP y luego la ORPA, elaboraron modalidades originales de interpretación de la sociedad guatemalteca. Esta última, estuvo animada por una obsesiva necesidad de comprensión del racismo y de las reinvindicaciones indígenas, pero no elaboró una estrategia para la lucha social. En cambio, el EGP no sólo abordó conceptualmente el tema de las relaciones ladino-indígenas sino que tuvo más éxito en la incorporación de éstos a la lucha armada".

La incapacidad del Estado para paliar la miseria indígena, situación que abarcó a los más de veinte grupos étnicos guatemaltecos, convirtió a este importante conglomerado social en la principal pieza de manipulación dentro del conflicto. La participación indígena le da un contenido particular a la lucha interna guatemalteca, aun cuando es verdad que el conflicto armado guatemalteco no puede ser calificado como un conflicto étnico o etnopolítico. La participación de este conglomerado humano le da un perfil especial, lo cual lo distingue de los otros conflictos armados que se suscitaron en el istmo centroamericano (se refiere a los conflictos salvadoreño y nicaragüense).

Frente a la guerrilla izquierdista se opuso el Estado contrainsurgente, que basó su lucha en la defensa del status quo y planteó una estrategia de combate basada en la doctrina de la Seguridad Nacional. La falta de criterios acertados para distinguir entre el izquierdismo insurgente y el democrático llevó al Estado a desarrollar una guerra sucia, convirtiéndose en señalado violador de los derechos humanos.

Cuando asume la presidencia Marco Vinicio Cerezo Arévalo (1986), elegido democráticamete, cambió el contenido de la lucha contrainsurgente que desarrollaba el ejército guatemalteco, pues se pone en ejecución la tesis de la Estabilidad Nacional, según la cual se buscaba un equilibrio entre los factores de poder (entre acciones políticas, psicosociales, económicas y militares). Héctor Alejandro Gramajo Morales, Ministro de Defensa durante la presidencia de Cerezo Arévalo, advertía que mediante dichas acciones se produciría el grado relativo de seguridad necesario para la continuidad del Estado.

En cuanto a los factores exógenos que matizaron el conflicto armado, conviene establecer que se vio influido por la participación indirecta de las superpotencias de la época. La guerra fría, como conflicto mayor, realineó e inspiró a los actores internos para una guerra menor, o de baja intensidad. Como fuere, el encuadre global dotó a los contendientes locales de aliados, pertrechos, programas y estrategias. Además, les prestó discurso (macartista o marxista), les abrió horizonte de poder y les dio claves alternativas para la reinterpretación histórica y social de sus realidades.

 

IV.4 Características del conflicto armado

El conflicto armado guatemalteco se caracterizó por limitarse a dos períodos de auge en los que nunca se llegó a toma de cuarteles, guerra de posiciones, enfrentamientos prolongados, ni a producirse (tal como sucedió en El Salvador) dos manifestaciones opuestas de poder dentro del territorio nacional. Esta fue efectivamente una guerra de un ejército institucionalizado contra pequeñas guerrillas, donde ambas partes se acostumbraron al juego sucio, provocando que la población civil (adepta o no a sus postulados) haya sido la más vulnerada. Según Edelberto Torres-Rivas, de dichos períodos se advierten los siguientes caracteres:

a) Un primer período de auge de esa guerra de guerrillas se produjo entre 1965 y 1968, el cual fue precedido y continuado por una feroz represión militar. Esta ola guerrillera fue derrotada y aparece una segunda oportunidad desde 1978 a 1982. En el período intermedio, sucesivos gobiernos militares castigaron, con extrema dureza, múltiples y reiterados esfuerzos de organización estudiantil, sindical, campesina y política, no necesariamente vinculados a la estrategia armada revolucionaria. Esto hacía prevalecer un clima de inestabilidad institucionalizada.

b) Bajo una óptica estrictamente militar, la segunda ola guerrillera no fue derrotada en una óptica estrictamente militar pues las fuerzas insurgentes mantuvieron sus estructuras como grupos irregulares armados, control de pequeñas zonas de influencia, frente guerrilleros y mando militar (tardíamente) unificado. Retuvieron la posibilidad de aplicar los métodos de la guerra de guerrillas, lo que hicieron de manera intermitente, pero ya sin opción de triunfo.

Además, la segunda ola guerrillera tiene como característica que se desarrolló en las zonas fronterizas, selvas tropicales y sierras impenetrables, a donde el brazo del Estado no alcanzaba a llegar. Protegida por la geografía y la barrera cultural representada por los idiomas indígenas, la guerrilla se implantó y creció hasta constituirse hacia 1981 en una seria amenaza para el poder del gobierno de turno.

Fue característico del ambiente conflictual, vivido en Guatemala durante treinta y seis años, las continuas violaciones a los derechos humanos que se perpetraron. En esencia, los derechos humanos no se violaron en los momentos álgidos del conflicto, por el simple hecho de querer hacerlo, sino se violaron como parte esencial de una política estatal de terror, que tenía como objetivo central, detener la insurgencia mediante técnicas contrainsurgentes. O sea que las miles de violaciones de los derechos humanos en Guatemala, se realizaron planificada y conscientemente y no como producto de excesos ocasionales de parte de miembros de la institución armada. Eso significó que la mayor parte de las víctimas de las violaciones fuera la población civil, considerada potencialmente como colaboradora combatiente de la insurgencia.

A manera de síntesis, se puede caracterizar el conflicto armado guatemalteco de la siguiente forma:

a) El conflicto tiene profundas raíces históricas;

b) El conflicto armado tuvo dos marcados períodos de auge. Sin embargo, el estado de tensión se mantuvo hasta su finalización;

c) Durante el desarrollo del conflicto, la insurgencia cambia sus objetivos;

d) Dentro de cada parte en conflicto, se observó multiplicidad de actores;

e) El conflicto tiene amplia participación indígena.

f) El conflicto tiene principalmente dentro de sus víctimas a la población civil. Las víctimas del conflicto fueron mayoritariamente indígenas; y

g) El conflicto fue una expresión de la confrontación este-oeste.

Ante lo frío que pudiera resultar la exposición sintética de los rasgos que caracterizan al conflicto armado guatemalteco, resulta elocuente dar a conocer los resultados del documento "Guatemala, nunca más", producto del proyecto denominado Recuperación de la Memoria Histórica, REMHI, llevado a cabo por la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, bajo la coordinación de Monseñor Juan José Gerardi Conedera. En este documento se establece que durante treinta y seis años que duró el conflicto se produjeron cincuenta y cinco mil violaciones a los derechos humanos. De esta cifra, cuarenta y tres mil violaciones fueron registradas entre 1980 y 1983. Según el informe, alrededor de doscientos mil niños y niñas quedaron huérfanos y ochenta y seis mil fueron víctimas indirectas, además cuarenta mil mujeres quedaron viudas, existieron cincuenta mil desaparecidos y un millón de refugiados. La suma del cuadro final del conflicto armado interno, según el informe del REMHI, alcanzó un millón cuatrocientos cuarenta mil víctimas directas e indirectas. En el informe se responsabiliza al Ejército y a las llamadas Patrullas de Autodefensa Civil de alrededor del 80% de las violaciones a los derechos humanos.

Es difícil cuantificar con precisión el precio que le ha costado a Guatemala afrontar un largo conflicto armado. De lo que no hay duda es que los cultivos abandonados, los ataques a la infraestructura vial, las torres de transmisión eléctrica y telecomunicaciones, así como los atentados contra edificios públicos y privados, aunado a la desaparición forzosa de eminentes intelectuales guatemaltecos, dejaron al país al margen del desarrollo social, político y económico. El recuento es negativo por dondequiera que se vea, tanto en el aspecto humano, como físico y económico.

 

IV.5 Desenlace del conflicto armado

En más de treinta años de conflicto armado, ni los insurgentes ni los sucesivos gobiernos consideraron seriamente la posibilidad de una solución política en lugar de la lucha militar. En buena medida, ello se debió a la serie de gobiernos autoritarios que, al negar la democracia pluralista y falsearla mediante fraudes electorales, intentaron controlar, no solamente, la insurrección sino a toda la sociedad por medio del terrorismo de Estado.

A pesar de la pérdida de fuerza experimentada por la guerrilla izquierdista, el conflicto guatemalteco subsistió pues las causas que le dieron origen persistieron con el tiempo. El hecho que a los gobiernos guatemaltecos se les viera como símbolos de la violación sistemática de los derechos humanos otorgó cierta legitimidad a la lucha de los alzados en armas.

La relativa paz impuesta, vivida en Guatemala durante el gobierno de Kjell Eugenio Laugerud García (1974-78), fue una paz tensa (sin solidez), pues no estaba basada en la satisfacción de las necesidades de la mayoría de la población, lo cual se convirtió en el motor de la lucha. Eso no quiere decir que hoy, cuando ya no existe conflicto armado, las causas hayan desaparecido, pero si significa que las partes en pugna han puesto sobre la mesa condicionantes para transformar al Estado y convertirlo en garante de los derechos que permitirán la plena realización humana.

Es evidente que en el istmo centroamericano fracasaron ostensiblemente las soluciones violentas. A pesar que en El Salvador, la guerrilla y el ejército llegaron a un relativo empate en el campo de la batalla. En Guatemala, en cambio, la guerrilla se vio fuertemente diezmada, sin embargo, la paz que hubiera significado su aniquilamiento en el campo de batalla, no convencía a la mayoría, pues ello implicaría la subsistencia de una situación de descontento que llevó a los guerrilleros a alzarse en armas. Por eso, lentamente se abrió paso a la voluntad pacificadora de negociar para evitar perjuicios a las inmensas mayorías.

Inicialmente, fue en el exterior donde se abrió la posibilidad de buscar una solución negociada a los conflictos centroamericanos (lo que implicaba solución al conflicto guatemalteco). La experiencia del Grupo de Contadora constituye una extraordinaria iniciativa de la política exterior de cuatro países vecinos: México, Venezuela, Colombia y Panamá. En enero de 1983, los cancilleres de esos cuatro países examinaron la situación centroamericana y formularon una declaración en la que se llamó al diálogo y a la negociación como instrumentos eficaces para reducir las tensiones y establecer las bases para un clima de convivencia. El rol mediador de Contadora se desarrolló por más de tres años, por intermedio de reuniones de consulta periódicas y encuentros con los cancilleres centroamericanos. El eco internacional que tuvieron las iniciativas del grupo de Contadora provocó que sus propuestas recibieran un decidido apoyo de países americanos y europeos. La iniciativa de Contadora fue un valioso instrumento de la diplomacia latinoamericana, que sacó por primera vez de la Organización de Estados Americanos y de la influencia directa norteamericana la discusión de un problema regional.

En julio de 1985, los gobiernos de Argentina, Brasil, Perú y Uruguay formaron el Grupo de Apoyo, y con ello se terminó por definir una política latinoamericana para Centroamérica. De esa forma, el grupo de Contadora sirvió de catalizador para el entendimiento latinoamericano, pues sus iniciativas generaron la creación de un segundo grupo. Pero, además, Contadora fue el primer esfuerzo serio y persistente para construir una solución latinoamericana a conflictos latinoamericanos, procurando mantener los conflictos centroamericanos por fuera de la confrontación este-oeste. Con este grupo se afianzó, en la práctica y no en la retórica, el anhelo de la vigencia de los principios democráticos consignados como ideal en la Carta de la OEA y coincidió en el tiempo con la mayor onda expansiva de la democracia en el subcontinente latinoamericano.

El documento más importante producido por el grupo de Contadora fue el Acta de Contadora para la Paz y la Cooperación en Centroamérica, aprobado en la VII Reunión de Consulta (7 de septiembre de 1984). El acta consta de un preámbulo y tres partes, relativas a compromisos jurídicos, ejecución y seguimiento, y disposiciones generales. El acta contiene, asimismo, un protocolo adicional y un anexo en el que se definen algunos términos militares utilizados en el acta.

A pesar que las negociaciones sobre el Acta de Contadora llegaron a un pleno acuerdo, al momento de la aceptación final no pudo ser suscrita por los gobiernos centroamericanos, quedando simplemente como un proyecto. Cuando las iniciativas del grupo se tornaron poco receptivas, por parte de los gobiernos centroamericanos, se dio un último esfuerzo por reavivar el papel mediador del grupo por medio de la emisión del Mensaje de Caraballeda para la Paz, la Seguridad y la Democracia en Centroamérica (11 y 12 de enero de 1986).

Meses después del mensaje de Caraballeda, la iniciativa de Contadora comenzó a decaer. No obstante, en el acto de toma de posesión del presidente Marco Vinicio Cerezo Arévalo (14 de enero de 1986), éste hace un llamado a los cinco presidentes centroamericanos para reunirse en fecha cercana y encontrar la solución pacífica a las crisis armadas que los centroamericanos afrontaban. El encuentro de los cinco presidentes se llevó a cabo el 25 de mayo de 1986 en la villa de Esquipulas, Guatemala. De dicha reunión emanó la Declaración de Esquipulas (Ver Anexo C), en la cual se expresaba, entre otras cosas, la voluntad de las partes de firmar el "Acta de Contadora para la Paz y la Cooperación en Centro América" y:

"Que la paz en América Central sólo puede ser fruto de un auténtico proceso democrático pluralista y participativo que implique la promoción de la justicia social, el respeto de los derechos humanos, la soberanía e integridad territorial de los Estados y el derechos de todas las naciones a determinar libremente y sin injerencias externas de ninguna clase, su modelo económico, político y social, entendiéndose esta determinación con el producto de la voluntad libremente expresada por los pueblos".

La Declaración de Esquipulas evidencia que las partes en conflicto comenzaron a desarrollar una percepción positiva de la paz para el área. No obstante el gran avance que representaba haber suscrito un instrumento con esa percepción, debe tenerse en cuenta que dicho documento era una simple declaración y no poseía carácter vinculante, constituyendo una expresión de soft law (Ver Anexo C). Ello fue superado, afortunadamente, por un documento vinculante que los cinco presidentes suscribieron al año siguiente (nos referimos a Esquipulas II).

En febrero de 1987, el presidente de Costa Rica, Oscar Arias Sánchez, lanzó su propuesta denominada "Procedimiento para establecer la paz firme y duradera en Centroamérica" y que presentaba diez puntos (todos ellos contemplados en los documentos de Contadora), como la reconciliación nacional por medio de un decreto de amnistía general sobre delitos políticos; el restablecimiento del diálogo interno con todos los grupos desarmados de oposición política; el cese del fuego; la democratización a través de la realización inmediata de procesos democráticos, pluralistas y participativos, la celebración de elecciones libres, supervisadas por la OEA; la suspensión de la ayuda militar de naciones extranjeras; el control y reducción de armamentos y efectivos y un seguimiento eficaz en los anteriores propósitos.

Sin embargo, la más importante consecuencia del planteamiento de Arias fue el hecho que, por la propia iniciativa de los cinco presidentes centroamericanos, se convocó a una reunión que nuevamente se celebraría en territorio guatemalteco (en esa ocasión en Ciudad de Guatemala) para tratar el tema de solución a los conflictos existentes en la región. De esa manera, se consolida la filosofía de Contadora, en el sentido que los propios centroamericanos debían tomar en sus manos la responsabilidad de la paz y, por ello, debían alcanzar los acuerdos que correspondieren.

La cumbre de Esquipulas II se llevó a cabo del 5 al 7 de agosto de 1987 y allí se aprobó el "Procedimiento para establecer la paz firme y duradera en Centro América" (Ver el contenido anexo D). Es evidente que este fue un acontecimiento histórico que marca el próximo desenlace que tendrían los conflictos armados que tenían lugar en Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Por la importancia de este acontecimiento, Esquipulas II será objeto de tratamiento especial en el parágrafo IV.5.3.

Esquipulas II marcó la pauta para que se facilitara el acercamiento de las partes involucradas en los conflictos. En Guatemala, permite el inicio de un proceso de conversaciones que marcan la etapa de desenlace del conflicto armado local.

Dentro de los factores que facilitaron el desenlace de los conflictos armados en Centroamérica, y particularmente en Guatemala, merecen especial consideración tanto la democracia que logró imponerse como sistema político en el área, la finalización del conflicto este-oeste y el acuerdo de Esquipulas II (sendos temas serán tratados en los siguientes subparágrafos).

IV.5.1 La Democracia como factor determinante para el surgimiento del proceso de paz

El proceso de pacificación que se desarrolló en Guatemala fue producto de la democratización gestada en el país. Por ello, la relación casi paralela entre los procesos de democratización y de pacificación.

Anteriormente a 1986, cuando los gobiernos no habían sido producto de elecciones competitivas y libres, ni por asomo se pensó en llevar a cabo un proceso de pacificación. En esa época no existían los mecanismos, ni las culturas aptas para la solución pacífica de los conflictos que se plantean como parte de la modernización y el crecimiento de la sociedad. Al contrario, lo que se dio fue una represión descontrolada.

La URNG, aprovechando el descrédito internacional que tenía el gobierno guatemalteco por violaciones a los derechos humanos, exigió como condición previa para iniciar platicas de pacificación, la democratización del país.

Al asumir como jefe de Estado, el general Humberto Mejía Víctores (1983-86), encontró un conflicto armado donde la guerrilla tenía ya muy pocas posibilidades de alcanzar el poder; la estrategia de su antecesor, general Efraín Rios Montt, que consistió en convertir a la población civil en actores del conflicto armado, diezmó numéricamente a la guerrilla. Pero este gobernante no se interesó en un proceso de pacificación, pues tenía otros proyectos como convocar a una asamblea constituyente, promulgar una nueva constitución y llevar a cabo elecciones generales en 1985.

La entrada en vigencia de una nueva Constitución Política en 1986 amplió el marco de regulación y protección de los derechos humanos. Apareció una nueva normativa para la protección al patrimonio natural y cultural, la protección del medio ambiente y la protección de los derechos de los pueblos indígenas. Además, se crearon tres nuevas instituciones garantes de los derechos de los guatemaltecos: la Corte de Constitucionalidad, la Procuraduría de Derechos Humanos y el Tribunal Supremo Electoral, lo cual estimuló la confianza en la izquierda armada.

La elección del primer gobierno civil, después de quince años de gobiernos militares, produjo como resultado la incorporación al discurso estatal de los temas: respeto a los derechos humanos, búsqueda del bienestar social y reconciliación nacional, todos estos conceptos agrupados en un llamamiento hacia la paz.

Cuando Vinicio Cerezo Arévalo tomó posesión (enero de 1986), planteó la posibilidad de negociar con la insurgencia, condicionada a que las fuerzas insurgentes depusieran las armas.

La primera reunión de representantes del gobierno con representantes de la insurgencia se cristalizó durante el período de gobierno de Vinicio Cerezo Arévalo, auspiciado por el gobierno de España. La debilidad de una democracia naciente, en la que no podía confiarse de plano, llevó al fracaso el primer intento negociador. Lo que es innegable es que Cerezo Arévalo inició los primeros pasos de un diálogo que posteriormente cobra fuerza. Con un régimen militar difícilmente se hubiera abierto el diálogo.

El acuerdo de Esquipulas II contempló la democratización del istmo centroamericano como claro objetivo, señalando que dentro de ese contexto deben desarrollarse los procesos de reconciliación de las sociedades centroamericanas. Con Cerezo Arévalo se da inicio a la conformación de la Comisión Nacional de Reconciliación que constituye antecedente directo de las pláticas directas de pacificación.

Cuando asume la presidencia Jorge Serrano Elías (1991) se expresa la clara intención del gobierno de dar finalización al conflicto armado y, efectivamente, dentro de su período de gobierno se producen avances sustanciales. Pero, la significancia de esos avances se ven opacados con una muestra de la debilidad de la democracia guatemalteca: un fallido autogolpe de Estado (disolución del Congreso Nacional, de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte de Constitucionalidad y suspensión de la vigencia de ciertos artículos de la Constitución Política de la República). Este acontecimiento de espíritu antidemocratico provocó un lógico estancamiento en las encaminadas pláticas de pacificación. Ante el fallido intento de autogolpe, el presidente Serrano Elías es desconocido como presidente y se retira del cargo.

Las pláticas de pacificación retoman el rumbo cuando asume la presidencia Ramiro De León Carpio, elegido democráticamente, no mediante elecciones populares, sino mediante elecciones parlamentarias, conforme lo mandaba la Constitución Política de la República de Guatemala, para el caso de quedar vacante el cargo de presidente.

Con la toma de posesión del gobierno de Alvaro Arzú, en enero de 1996, se inicia un período político que ofrece condiciones favorables para enfrentar retos postergados. Una de esas condiciones es la autoridad y reconocimiento político del nuevo gobierno, puesto que Alvaro Arzú llega a la presidencia de manos del Partido de Avanzada Nacional (PAN) como partido mayoritario en el Congreso de la República, con lo cual cuenta con posibilidades de coordinar sus planes en el organismo legislativo.

La democracia, entendiéndola como forma de gobierno que implica la decisión de la mayoría de gobernados, ha representado una condición determinante para el nacimiento y empuje del proceso de pacificación en Guatemala. Las elecciones libres abrieron la oportunidad para el ejercicio de la libre expresión y organización popular, además, sirvieron para activar a las ciudadanías pasivas, retraídas o atemorizadas.

Ahora, para hacer que la paz experimente solidez, queda la tarea de perfeccionar la democracia, en el sentido que ésta no sólo debe implicar un sistema de gobierno en el que la mayoría de gobernados hayan contribuido a elegir, sino que es necesario el abordaje que implique el acceso de la mayoría a la riqueza económica, cultura, y la posibilidad de participar, en igualdad de condiciones, en los ámbitos políticos y sociales, tal como manda el Acuerdo marco sobre la democracia en Guatemala, o Acuerdo de Querétaro (Ver IV.6).

 

IV.5.2 El fin de la Guerra Fría como factor determinante dentro del proceso de paz

La participación indirecta de las dos superpotencias de la guerra fría dio a los conflictos centroamericanos un perfil particular. Los mismos constituyeron guerras de baja intensidad que experimentaron determinados auges atendiendo al apoyo que los bandos en conflicto recibían de las superpotencias aliadas. El desarrollo de los conflictos centroamericanos, desde sus respectivos inicios, tuvo en la guerra fría a un factor que reforzó sus contenidos.

La suscripción de los acuerdos Reagan-Gorbachov y la paralela aparición del Glasnost y la Perestroika produjo la moderación ideológica de las partes conflictuadas. Con ello se posibilitó la negociación y el desarrollo exitoso de procesos de pacificación que pusieran fin a conflictos armados regionales o locales a los que el auge de la guerra fría había otorgado perfiles especiales.

Ante los cambios experimentados, para la Unión Soviética era un contrasentido seguir apoyando a la insurgencia. Para los Estados Unidos, el soporte político y militar a las fuerzas contrainsurgentes se transformó en innecesario, volviendo intolerables los costos de una victoria militar. La finalización del antagonismo este-oeste provocó que las superpotencias favorecieran la solución pacífica y no militar de los conflictos existentes; ni económica, ni políticamente les convenía la continuación de éstos.

Ciertamente, al definir los contenidos de los conflictos centroamericanos no podemos conformarnos con el argumento que expone que éstos fueron una simple expresión de la gran guerra fría prevaleciente, pues las raíces de los mismos van más allá del gran conflicto mundial, pero si es aceptable establecer que la guerra fría les otorgó un perfil particular.

En Guatemala, como consecuencia del fin de la guerra fría, perdieron sustento los argumentos a favor de la lucha por la imposición de un Estado socialista, asimismo las coartadas de los miembros de la derecha dura centroamericana. Con ello se produjo un ambiente propicio para el diálogo interno. Además, ante la desaparición de las contradicciones ideológicas irreconciliables entre las fuerzas políticas, se tornó posible la incorporación de las fuerzas insurgentes (ya desarmadas) al sistema político.

El fin de la guerra fría ha generado un nuevo escenario en el que las relaciones internacionales basadas en el diálogo y la cooperación pueden convertirse en pilares fundamentales de la convivencia pacífica entre Estados. Sin ánimo de tomar partido por ninguno de los antiguos contendientes en guerra fría, la desaparición de este conflicto otorga la oportunidad a que las partes busquen la solución de sus respectivos conflictos por medio de instancias que contemplen el diálogo.

 

IV.5.3 Importancia del Acuerdo Esquipulas II

De los días 5 al 7 de agosto de 1987, se llevó a cabo en la ciudad de Guatemala la cumbre presidencial que se denominó Esquipulas II. En esa ocasión se aprobó un acuerdo entre los jefes de Estado centroamericanos, denominado "Procedimiento para establecer la paz firme y duradera en Centroamérica".

El instrumento jurídico comprende un preámbulo en el que los presidentes de los países centroamericanos acuerdan los siguientes puntos: asumir plenamente el reto histórico de forjar un destino de paz para Centroamérica; el compromiso a luchar por la paz y erradicar la guerra; hacer prevalecer el diálogo sobre la violencia y la razón sobre los rencores; dedicar a las juventudes de América Central, cuyas legítimas aspiraciones de paz y justicia social, de libertad y reconciliación, han sido frustradas durante muchas generaciones, estos esfuerzos de paz; y colocar al Parlamento Centroamericano como símbolo de libertad e independencia de la reconciliación a la que se aspiraba en Centroamérica (Ver anexo D).

Los aspectos contemplados dentro del cuerpo del documento son los siguientes: la reconciliación nacional (que comprende el diálogo, amnistía y comisiones nacionales de reconciliación); la exhortación al cese de hostilidades; la democratización (que comprende la libertad de uso de los medios de comunicación, el pluralismo político partidista y la derogación de los estados de excepción, sitio o emergencia); las elecciones libres; el cese de la ayuda exterior a las fuerzas irregulares o a los movimientos insurreccionales; el no uso del territorio para agredir a otros Estados; el control y limitación de armamentos; las negociaciones en materia de seguridad, verificación, control y limitación de armamento; la reinserción de refugiados y desplazados; la cooperación, democracia y libertad para la paz y el desarrollo; la verificación y seguimiento internacional (por medio de la Comisión Internacional de Verificación y Seguimiento); y un calendario para la ejecución de los compromisos (Ver anexo D).

Con el Acuerdo de Esquipulas II se marcó el momento en que los actores locales de cada conflicto asumieron el rol central, tanto para la definición del conflicto, como para advertir las claves para su resolución. El acuerdo fue una verdadera señal de autonomía centroamericana en contradicción con los intereses hegemónicos de las grandes superpotencias. Se puso todo el peso en resolver los conflictos domésticos y alcanzar la reconciliación nacional, más que en intentar resolver las amenazas a la seguridad externa.

El éxito de Esquipulas II se debió, en buena medida, a ser un esfuerzo conducido por los propios actores: los centroamericanos; y a que los mismos lograron que prevaleciera una percepción de interés común regional y de búsqueda de autonomía con relación a los diversos elementos que actuaban a favor del conflicto, particularmente las diferencias ideológicas y la política hacia la región de la administración norteamericana de aquella época, que privilegiaba la solución violenta a la crisis del área.

Afortunadamente, la Declaración de Esquipulas I y el acuerdo de Esquipulas II, en concordancia con los cambios internacionales, se caracterizan por justificar una definición amplia de la paz (democratización, desarrollo, derechos humanos) y una modalidad propia para alcanzarla, que es la acción por medio del diálogo, mecanismo que a su vez otorga la legitimidad.

Según Luis Alberto Padilla y Carlos Ochoa García, autores de la introducción en una obra dedicada a la Cronología de los Procesos de Paz de Guatemala y El Salvador, publicada por el Instituto de Relaciones Internacionales y de Investigaciones para la Paz, IRIPAZ, los Acuerdos de Esquipulas contienen una noción amplia de paz. Veamos el contenido del párrafo correspondiente:

"Los Acuerdos de Esquipulas, como se recordará, en concordancia con los cambios internacionales, al abordar los conflictos internos, los sitúa en una perspectiva diferente, que se caracteriza por justificar una definición amplia de la paz (democratización, desarrollo, derechos humanos) y una modalidad propia para alcanzarla, que es la acción por medio del diálogo, mecanismo que a su vez otorga la legitimidad. Una modalidad distinta de definición de la paz conduce necesariamente a una modalidad distinta para explicar los conflictos y sus formas de resolución".

El acuerdo de Esquipulas II no se limitó a mandar que se resuelvan los conflictos en forma pacífica, sino que también estipula formas concretas para dar solución a los conflictos existentes en Centroamérica al enfatizar que los conflictos deber resolverse a la luz de un procedimiento general: la reconciliación nacional. A la vez establece como mecanismos concretos para lograr la reconciliación nacional: el diálogo, instancias nacionales institucionalizadas (como las comisiones nacionales de reconciliación), presencia internacional (comisiones internacionales de verificación y seguimiento) y compromisos políticos (la negociación). Además, vale la pena resaltar que Esquipulas II favoreció la apertura de un proceso de negociación directa (entre gobierno e insurgentes), aun sin cese de fuego, como una manera de allanar el camino de la reconciliación.

La historia centroamericana reciente demostró que la evolución observada en los procesos de paz nacionales y de solución de conflictos armados internos han sido, en gran medida, definidos en la línea prevista en Esquipulas II. De esa forma, el acuerdo tuvo una importancia trascendente al establecer caminos viables hacia la búsqueda de la pacificación en los países centroamericanos.

En Guatemala, el proceso de búsqueda de la paz comenzó como una consecuencia del Acuerdo de Esquipulas II, ya que este instrumento jurídico establecía la obligación de los gobiernos de iniciar procesos de diálogo con las fuerzas de oposición y a la vez crear condiciones que permitieran la conclusión pacífica de los conflictos armados.

Como consecuencia de Esquipulas II, fue importante el primer paso: la constitución de la Comisión Nacional de Reconciliación, CNR, el 11 de septiembre de 1987, integrada por un miembro oficial, un ciudadano notable y un delegado de la Conferencia Episcopal. La CNR facilitó por primera vez algunos contactos entre la URNG y actores locales diversos, primero y luego, diálogos preliminares con representantes del gobierno (Ver V.6).

 

IV.6 Historia del proceso de paz guatemalteco

El acuerdo de Esquipulas II marca el momento en que la instancia negociadora se toma como la única válida para resolver el conflicto guatemalteco. A raíz de ese acontecimiento se produjeron los primeros acercamientos entre las partes en conflicto y, con fundamento en lo acordado, se estableció la Comisión Nacional de Reconciliación, quien, según el acuerdo, tenía la función de constatar la vigilancia real del proceso de reconciliación, así como el respeto irrestricto de todos los derechos civiles y políticos de los centroamericanos. En atención a sus obligaciones y atributos, la CNR tomó la iniciativa y desarrolló esfuerzos por dar un inicio a las pláticas de paz.

En octubre de 1987, un día después de la toma de posesión de la CNR, las partes en conflicto: la URNG y el gobierno (en cuya comitiva se encontraba el ejército de Guatemala) hicieron un primer intento de acercamiento en Madrid propiciado por el embajador de Guatemala en España, Danilo Barillas. Dichos acercamientos fueron violentamente rechazadas por grupos conservadores opuestos a la propuesta de paz.

La CNR buscó la manera de propiciar un ambiente negociador, de esa cuenta, se produjo una reunión con la URNG en Oslo, Noruega (30 de marzo de 1990), en la que se dejaron sentadas las bases de lo que sería la negociación posterior. El acuerdo de Oslo fue denominado "Acuerdo Básico para la Búsqueda de la Paz por Medios Políticos". Con éste se superó la objeción militar que buscaba el fin del conflicto por medios militares. Vale la pena tener en cuenta que ese acuerdo no fue firmado por la comandancia guerrillera, sino por una delegación de tres médicos pertenecientes a la comisión diplomática de la URNG y que como miembro de la CNR estaba Jorge Serrano Elías, quien posteriormente sería elegido como presidente de la República. En dicho acuerdo se definió, como objetivo de la negociación, establecer un proceso serio que culminase con el logro de la paz y el perfeccionamiento de una democracia funcional y participativa. A la vez creó la figura del "conciliador" que asumía el rol de mediador interno (cargo que recayó en el obispo de la diócesis de Zacapa, Monseñor Rodolfo Quezada Toruño), presidente de la CNR, llamando también la presencia de un observador de las Naciones Unidas, en representación del secretario general (cargo que recayó originalmente en Francesc Vendrell y posteriormente en Jean Arnault).

El acuerdo de Oslo estableció que la CNR debía organizar rondas de encuentros de la URNG con diversos sectores de la sociedad civil y posteriormente se reanudaría la discusión directa con el gobierno. La estrategia planteada advertía la necesidad de concientizar a los actores guatemaltecos de la necesidad y posibilidad de la paz y de crear condiciones que hicieran posible retomar la negociación directa. De esa cuenta, se realizaron una serie de reuniones, resultando de las mismas: importantes acuerdos o comunicados.

La primera de esta serie fue la reunión que se realizó entre los partidos políticos y la URNG en mayo de 1990, en El Escorial, España. En el acuerdo se convino que la negociación se desarrollaría dentro de los marcos constitucionales, y que a la vez se pondría en marcha un proceso de revisión y reforma institucional, lo que incluía reformas a la Constitución Política de la República, a fin de lograr las metas de paz y perfeccionamiento de la democracia funcional y participativa. Las reformas acordadas no fueron logradas.

La segunda reunión se produjo entre la URNG y el sector empresarial organizado representado por la Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras de Guatemala, CACIF. Esta reunión tuvo lugar en Ottawa, Canadá, en agosto y septiembre de 1990. De esta reunión no se logró la suscripción de acuerdo alguno, sino sólo fue logrado un "comunicado" en la cual ambas partes formulaban sendas declaraciones.

En septiembre de 1990 se desarrolló la reunión entre la URNG y líderes de los sectores religiosos (Iglesia Católica, Iglesia Episcopal, Confederación de Guatemala, Alianza Evangélica, Iglesia Presbiteriana, Asamblea de Grupos Cristianos, Comunidad Judía). La reunión tuvo lugar en Quito, Ecuador. De dicha reunión emanó la Declaración de Quito.

En el mes de octubre de 1990 se desarrolló la reunión entre la URNG y representantes del movimiento sindical y popular. Dicha reunión tuvo lugar en Metepec, Puebla, México y de la misma emanó una declaración conjunta. Asimismo, en ese mes se desarrolló la reunión entre la URNG y representantes de los sectores académicos, cooperativistas y profesionales. La misma tuvo lugar en Atlixco, Puebla, México y de ésta emanó una declaración conjunta.

Con excepción del primer encuentro, en las restantes reuniones se coincidió en señalar que la paz necesariamente debía buscarse en la solución de problemas nacionales y no solamente se refería a la conclusión del conflicto armado, lo cual indica que se advertía que la paz deseable era la que tenía un contenido amplio.

El estancamiento del proceso se dio cuando, una vez concluida la ronda de encuentros, se volvió a la posición inicial, en la que el gobierno persistía en negarse a volver a encontrarse con los insurgentes, si éstos no hacían presencia a los diálogos con el fin de discutir las condiciones para deponer las armas. La dirigencia de la izquierda armada insistía en el tratamiento de los temas sustantivos o de reestructuración social, antes de deponer las armas. Esa inflexibilidad sostenida durante el gobierno de Cerezo Arévalo tiene como justificación el hecho que durante su mandato, el ejército de Guatemala se oponía rotundamente a las conversaciones con la guerrilla. Una frágil democracia naciente, difícilmente, tomaría el riesgo de oponerse a las posiciones asumidas por los grupos de poder, toda vez que los sectores más duros del ejército habían intentado dos veces dar un golpe de Estado.

Es lugar común que al período que comprende las reuniones que se sostuvieron entre la comandancia de la izquierda armada y los distintos grupos representativos de la sociedad guatemalteca se le denomine fase de negociación indirecta.

Jorge Serrano Elías, cuando asume la presidencia de Guatemala (enero de 1991), se ubicó en una posición diferente al de su predecesor. Serrano no buscó apoyo dentro de grupos de poder del Ejército, sino se limitó a impartir órdenes y asumir efectivamente su cargo constitucional de Comandante General de dicha institución. Esta posición le otorgó suficiente fuerza como para que el ejército no le condicionara la posibilidad de entablar diálogo con la URNG.

En abril de 1991, el presidente Serrano dio a conocer su "Iniciativa para la paz total de la nación", en la cual se pedía discutir inmediatamente el fin de la lucha armada y la desmovilización de los insurgentes, así como su incorporación a la vida civil, el inicio de programas para lograr mayor equidad económica y social y para profundizar el proceso democrático. Dentro de ese marco, formó una comisión gubernamental de paz, bajo la dirección de Oscar Conde Orellana.

Ante esos hechos, era inminente que la comisión gubernamental se sentaría en la mesa de negociaciones con la URNG. Cuando esto se produce, el Gobierno de la República entró a la negociación, a la inversa que lo hacen los insurgentes, asumiendo su legitimidad y el carácter democrático del régimen imperante en el país. Por ello su motivación central era la de concluir el conflicto armado por medio de la negociación política (tal como lo prescribe el Acuerdo de Esquipulas II). El gobierno admitió un conjunto de insatisfacciones y demandas sin respuesta, presentes en la sociedad, pero no las vio como fundamentales del conflicto, sino como manifestaciones de un proceso democratizador inacabado, de ahí su reiterada percepción de que la institucionalidad constituía la infraestructura adecuada para resolver esa situación y que el problema más urgente a resolver era el aspecto bélico del conflicto. Con esa óptica, el gobierno pretendía buscar la solución lo más rápido posible al conflicto, concediendo menor urgencia a los temas sustantivos.

La URNG llegó a la mesa con una posición menos reticente. Comparando su postura con la del Ejército, la URNG estuvo más interesada en articular, e incluso participar en la convocatoria del diálogo nacional. Aceptó finalmente Esquipulas II y, en su nombre, presionó para realizar el diálogo. Rearticuló sus frentes políticos nacionales e internacionales (como la Representación Unitaria de las Oposición Guatemalteca, RUOG) y reforzó su campaña internacional de denuncia contra la militarización del país. En su discurso comenzaron a aparecer temas como el fin de la discriminación y el respeto a la identidad de los pueblos indígenas y el llamado a realizar un diálogo nacional sobre temas sustantivos, como la situación agraria, la distribución de la riqueza y la eliminación de las condiciones que provocan la pobreza y la violación de los derechos humanos. De esa forma, la URNG se interesó en aparecer como representativa de los intereses de la población y socialmente marginada.

En fecha 26 de abril de 1991 se reunieron los representantes gubernamentales y la URNG en la ciudad de México. De esa forma se da inicio a la llamada fase de negociación directa. Denominar a esa etapa como de negociación directa podría dar lugar a confusión, ya que no solamente se hizo uso de la negociación como medio de solución de conflictos. En esta fase estuvieron presentes los buenos oficios y la mediación.

Durante la reunión de Ciudad de México se logró firmar el "Acuerdo del procedimiento para la búsqueda de la paz por medios políticos", o "Acuerdo de México", en el cual se logró acordar un temario de once puntos a negociar y el procedimiento para desarrollar la negociación. El temario incluyó:

1) Democratización y derechos humanos;

2) Fortalecimientos del poder civil y la función del ejército en una sociedad democrática;

3) Identidad y derechos de los pueblos indígenas;

4) Reformas constitucionales y régimen electoral;

5) Aspectos socioeconómicos;

6) Situación agraria;

7) Reasentamiento de las poblaciones desarraigadas por el enfrentamiento armado;

8) Bases para la incorporación de la URNG a la vida política del país;

9) Arreglos para el definitivo cese del fuego;

10) Cronograma para la implementación, cumplimiento y verificación de los acuerdos; y

11) Firma del Acuerdo de paz firme y duradera y la desmovilización de los insurgentes.

De esa suerte, la agenda contempló una parte para resolver una amplia gama de problemas nacionales (denominada parte sustantiva), para después pasar a trabajar sobre el fin de la confrontación armada y la desmovilización de los rebeldes (denominada parte de procedimiento). Con ello se puede notar que el proceso de paz tomó el perfil deseado por la dirigencia insurgente, en el sentido que primeramente debían abordarse los temas estructurales y luego los procedimentales.

El acuerdo definió un proceso para negociar la firma de un acuerdo de paz firme y duradera en el que se consignarían los acuerdos políticos, su implementación y ejecución por las partes, y los términos de verificación por la CNR y la ONU.

Este acuerdo tuvo amplio consenso en la población y ganó expectativas optimistas sobre la posibilidad de alcanzar rápidamente la paz. Esas expectativas se acentuaron al firmarse el "Acuerdo sobre democratización para la búsqueda de la paz por medios políticos", también conocido como "Acuerdo de Querétaro", suscrito el 25 de julio de 1991. Conviene citar textualmente a Gabriel Aguilera Peralta, quien le otorga una importancia trascendental a este acuerdo. Veamos:

"Este acuerdo es uno de los logros más importantes hasta la fecha en la búsqueda de la paz. Constituye una especie de marco general para el tratamiento de los restantes puntos del temario. En su redacción el acuerdo define lo democrático en cuatro dimensiones: política, social, económica y cultural y le pone dos apellidos: funcional y participativa.

Al definir lo que quiere decir por 'funcional y participativa' se vierte una visión de una sociedad democrática que abarca sub temas como: respeto a los derechos humanos, desmilitarización, reconocimiento de los derechos indígenas, necesidad de la distribución del ingreso, vigencia del Estado de derecho, eliminación de la represión, retorno de los refugiados. Se plantea también la participación de la sociedad civil en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas de gobierno.

La importancia del consenso de Querétaro estriba también en que por primera vez desde que se inició la guerra interna ambas partes, gobierno e insurgentes, se ponen de acuerdo en un modelo de sociedad democrática para el país...".

Siendo la democratización el primer punto de la agenda sobre temas sustantivos, con la adopción del acuerdo de Querétaro se dio por cerrado el primer punto, dando paso, en octubre de 1991, al siguiente: los derechos humanos.

Los derechos humanos comenzaron a abordarse en septiembre de 1991 y para mayo de 1993 aún no se había resuelto. No existía consenso tal como el observado al tratar el tema de la democratización. La discusión se movió a un terreno concreto que implicaba decisiones con efectos prácticos, ello causó dificultad, toda vez que resultaba muy difícil lograr el consenso sobre decisiones que implicaran una óptica común sobre un conflicto tan prolongado y complejo y que, obviamente, implicó violaciones masivas a los derechos humanos por parte de ambos bandos.

Ya para diciembre de 1992, se habían resuelto diez de los once puntos en que se subdividía el tema de derechos humanos. En las discusiones se habían logrado entendimientos para dar plena vigencia (normativa y sociológica) a un conjunto de derechos ya incorporados en los ordenamientos legales del país. Sin embargo, las grandes dificultades se dieron por la discrepancia en los siguientes aspectos:

a) La situación de las milicias auxiliares del ejército, compuestas por los comités voluntarios de defensa civil, conocidos originalmente como PAC. La URNG pedía su disolución inmediata, en tanto que el gobierno ofrecía su disolución hasta finalizar el conflicto;

b) El momento de vigencia del conjunto de entendidos sobre derechos humanos. Al respecto, los insurgentes pedían la vigencia inmediata de los acuerdos y el gobierno ofrecía la vigencia de éstos desde que finalizara el conflicto; y

c) La inclusión de una comisión que investigara violaciones de los derechos humanos en el curso del conflicto. A esto se oponía el gobierno, protegiendo intereses de miembros del ejército.

Finalmente se acordó que el gobierno ya no organizaría más milicias auxiliares del ejército y que las existentes podrían ser encuestadas en cuanto a la voluntariedad de pertenencia, quedando en libertad de retirarse los elementos que no estuvieren por voluntad propia. Como contrapartida, la guerrilla aceptó que sus fuerzas fueran desmovilizadas hasta el final del conflicto. Las otras dos diferencias no pudieron resolverse, pues el autogolpe de Estado del 25 de mayo interrumpió la negociación.

Cuando asumió Ramiro De León Carpio aceptó la renuncia de la CNR, que había actuado como mediador interno del proceso de pacificación, integró una nueva comisión de paz gubernamental, bajo la dirección de Héctor Rosada Granados, formulando una propuesta conocida como "Plan Nacional de Paz".

Mientras que los acuerdos de Oslo y México abordaron el tratamiento conjunto de temas sustantivos y operativos, el plan de De León Carpio contemplaba una propuesta distinta al contemplar como eje central una división entre los temas sustantivos y operativos de la agenda, pues se concibió que primero debía buscársele solución a las causas del conflicto armado y después ponerle fin al mismo. Con dicho plan, los temas procedimentales seguían siendo negociados por gobierno y URNG, en tanto que los temas sustantivos pasaban a jurisdicción de un foro permanente por la paz, integrado por representantes de la sociedad civil, cuyas recomendaciones se debían tomar en cuenta por el gobierno para diseñar las directrices políticas. Otra novedad que contemplaba el plan era la de un mediador internacional, o sea un representante de las Naciones Unidas, en lugar del mediador nacional que había sido el conciliador.

La propuesta de De León no tuvo entera receptividad. Al establecer que la negociación directa sólo giraría en torno a los temas operativos, negándose la posibilidad de que la izquierda armada tuviera autoría de los acuerdos que pudieran lograrse y que la deposición de su actitud hostil se diera únicamente cuando se diera solución a las causas que propiciaron el conflicto armado, colocaba en una situación desfavorable a la URNG. La negatividad de los insurgentes ante la propuesta del gobierno estancó el proceso.

Estancado el proceso, las Naciones Unidas, quien, según el Plan Nacional de Paz, tendría la iniciativa de acercar a las partes, convocó a éstas a una reunión que se llevó a cabo en México y, a raíz de la misma, se convino en los términos para reanudar las discusiones de paz por medio de un instrumento denominado "Acuerdo Marco para la reanudación del proceso de negociación entre el gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca" (10 de enero de 1994).

En el apartado I del Acuerdo Marco se ratificó el temario de negociación establecido en el Acuerdo de México. Veamos:

"Las partes negociarían el conjunto de los puntos del temario general del Acuerdo de México en cada punto. Las partes decidirían conjuntamente los alcances de sus compromisos, los cuales estarían sujetos a verificación.

El gobierno y la URNG se comprometieron a estar debidamente representados durante las negociaciones por delegados de alto nivel a fin de asumir acuerdos políticos acordes al marco constitucional, sin limitar su facultad de llegar a acuerdos sobre reformas institucionales y constitucionales".

El regreso a la agenda diseñada en el Acuerdo de México fue de vital importancia para dar seguimiento a los progresos alcanzados. Con ello se logró unificar, nuevamente, los temas sustantivos y operativos de la mesa de discusión.

El Acuerdo Marco tiene la característica de ser un compromiso de concesiones mutuas. Con este instrumento se acordó solicitar al Secretario General de las Naciones Unidas que designara un representante para que asumiera la función de moderador de las pláticas bilaterales. Es característico de este proceso que quien tuvo las funciones mediadoras (o sea, de acercamiento de las partes y de proposición de iniciativas encaminadas a lograr la solución del conflicto) se le haya denominado "moderador".

Sobre el foro de la sociedad civil, las partes coincidieron que la sociedad guatemalteca tiene un papel esencial en la consecución de la paz y en el proceso de reconciliación. Por ello, un aspecto de gran importancia del Acuerdo Marco para la reanudación del proceso de negociación fue la creación de la "Asamblea de la Sociedad Civil", acordándose abrir la participación de todos los sectores no gubernamentales, siempre que se acreditase legitimidad, representatividad y legalidad. Como funciones de la Asamblea, se señalaron, en el apartado III del Acuerdo, las siguientes:

"i) Discutir la temática sustantiva de la negociación bilateral, es decir, los puntos del ii al vii del temario general del Acuerdo de México, con miras a formular posiciones de consenso.

ii) Transmitir al Moderador de las Naciones Unidas, al Gobierno de Guatemala y a la URNG, recomendaciones u orientaciones formuladas como resultado de sus deliberaciones. Dichas recomendaciones u orientaciones no serán vinculantes y estarán encaminadas a facilitar el entendimiento entre las Partes. La Asamblea discutirá la temática sustantiva de acuerdo a un calendario ajustado a los plazos establecidos de las negociaciones bilaterales y no podrá retrasar el desarrollo del proceso de negociación bilateral.

iii) Conocer los Acuerdos sobre la temática sustantiva concluidos por Las Partes y avalar estos Acuerdos para darles el carácter de compromisos nacionales, lo que facilitará su implementación, sin embargo, si por alguna otra razón no se avala un Acuerdo bilateral, este acuerdo mantendrá su vigencia".

La instalación de la Asamblea de la Sociedad Civil y sus consecuentes labores permitieron un atinado acompañamiento al trabajo de la mesa oficial. La Asamblea se convirtió en un actor central (aunque no formal) para la elaboración de propuestas a tratar en la mesa de negociaciones en cada uno de los puntos sustantivos de la agenda. Sus propuestas no eran vinculantes, pero no podían ser descartadas, ni pasadas por alto.

Otra contribución significativa del Acuerdo Marco fue la creación del "Grupo de Países Amigos del Proceso de Paz", compuesto por Colombia, España, Estados Unidos, México, Noruega y Venezuela. Fue de especial importancia el rol asumido por España, México y Noruega, quienes con su trabajo de lobby, a nivel de Naciones Unidas, influyeron en los momentos de crisis, evitando que el proceso se interrumpiese.

Al convertirse la ONU en moderadora y dársele participación directa a los países amigos se allanó el camino para una participación significativamente mayor de la comunidad internacional. Otro punto de entendimiento al que se llegó fue el de establecer un mecanismo de verificación, lo cual se le solicitó a las Naciones Unidas.

Con el Acuerdo Marco se lograron modificar los procedimientos establecidos en los acuerdos de Oslo y de México. Sobre esas bases, nuevamente, se puso en marcha el proceso de pacificación que había quedado estancado.

Al momento de reanudarse las pláticas de paz, la URNG se encontró en una difícil situación, pues había surgido en México (precisamente en Chiapas) un conflicto armado con contenidos parecidos al conflicto guatemalteco, eso le provocó el estrechamiento de los amplios espacios políticos en México. Quizás a ello se deba la flexibilidad de la URNG ante la opción que planteaba la renovación del proceso de paz. El gobierno, por su parte, a pesar de su legitimidad, encontró una comunidad internacional que le presionaba más para la reanudación de las conversaciones.

De esa forma, se le dio continuidad al proceso de pacificación, desarrollándose consecuentes rondas de conversaciones entre gobierno y guerrilla en México, lográndose la suscripción del "Acuerdo Global sobre derechos humanos" (Ver IV. 8.1) y el "Acuerdo de calendario de las negociaciones para una paz firme y duradera en Guatemala".

Al haber logrado la suscripción del Acuerdo Global sobre derechos humanos, se puso fin al estancamiento experimentado en las conversaciones cuando ambas partes no transigían sobre puntos álgidos en materia de derechos humanos. Debe advertirse, que gran parte de lo que contiene este acuerdo fue convenido en las pláticas interrumpidas (lo convenido con anterioridad formaba parte de los preacuerdos).

En el Acuerdo Global se reitera el compromiso del gobierno de Guatemala de dar pleno cumplimiento a las normas constitucionales y a los tratados internacionales. Además, contiene compromisos adicionales específicos relativos a asuntos que tienen particular importancia para la población en la coyuntura actual. Ninguno de los compromisos afectaba el marco constitucional que estaba vigente en el país. Sobre el tema de la vigencia, se convino que, como una excepción, lo relacionado con derechos humanos tendría una vigencia inmediata.

El Acuerdo de calendario que se logró daba un espacio de un mes para cada tema, se suscribió con el objeto de lograr culminar con el proceso en diciembre de 1994. Evidentemente, ello no fue logrado, no se tomó en cuenta que las negociaciones podían empantanarse en temas álgidos como los derechos de los pueblos indígenas y la desmilitarización.

Luego, otros dos acuerdos fueron firmados en Oslo, en junio de 1994, uno acerca del reasentamiento de la población desarraigada por el enfrentamiento armado (17 de junio), y el otro que establecía una (tibia) comisión para el esclarecimiento histórico de las violaciones a los derechos humanos y los hechos de violencia que han causado sufrimientos a la población guatemalteca (23 de junio).

Al respecto de las negociaciones para crear la comisión de la verdad, conviene resaltar que la URNG había llegado a Oslo con el objeto de plantear la creación de una comisión al estilo salvadoreño, en tanto que las fuerzas de línea dura dentro de la delegación del gobierno (principalmente del ejército) asumieron la posición de no aceptar ninguna comisión. Al final, se estableció una comisión para esclarecer los crímenes que significaban violaciones a los derechos humanos en el pasado, pero sin mencionar los nombres de los individuos responsables y tampoco se confería a ésta ninguna facultad para procesarlos. Las repercusiones de haber establecido una comisión de la verdad paralizaron las conversaciones y elevaron el nivel de tensión entre sectores de la derecha y la izquierda guatemaltecas, quienes culpaban a sus respectivas delegaciones por haber aceptado (la derecha advertía el gran riesgo de establecer una comisión de la verdad; en tanto que la izquierda reprochaba haber aceptado una comisión ineficaz y moralmente inapropiada).

La debilidad que representaba haber contemplado el establecimiento de una tibia comisión de paz fue paliada, en parte, por el desarrollo de un proyecto de recuperación de la memoria histórica, que desarrolló la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, ODHA. Ese afortunado emprendimiento de la ODHA fue iniciado el 23 de abril de 1995 (antes de la culminación del proceso de paz).

La crisis provocada por los descontentos suscitados por la adopción del acuerdo de establecimiento de la comisión de esclarecimiento histórico y las demoras para implementar el Acuerdo Global sobre derechos humanos provocaron un nuevo estancamiento del proceso de paz. La URNG se negó a regresar a la mesa negociadora mientras no se implementaran las disposiciones del Acuerdo Global. Ello socavó la credibilidad de todo el proceso de paz.

Las demoras de implementación del Acuerdo Global de Derechos Humanos, en parte, fueron responsabilidad de la ONU, pues MINUGUA, como misión de verificación de derechos humanos, tenía el mandato de empezar a funcionar de inmediato, sin embargo, se vio impedida de iniciar sus labores, pues en el seno de la ONU estuvo en un impasse la decisión sobre si la misión quedaría bajo la jurisdicción del Consejo de Seguridad o de la Asamblea General. Al final, la última posición prevaleció.

Debido a una oportuna participación de la ONU, se reanudaron las negociaciones. El siguiente punto era el de los derechos de los indígenas. Por la complejidad de los asuntos a tratar en este tema y debido a las tensiones que alteraron el cronograma del proceso negociador el "Acuerdo sobre Identidad y derechos de los Pueblos Indígenas" fue suscrito el 31 de marzo de 1995 en la ciudad de México, fecha posterior a la prevista.

El Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas incluyó reformas trascendentales y fue considerado un logro decisivo para un país que cuenta con más de la mitad de la población indígena. Era de esperar que no dejara satisfechas todas las demandas de los movimientos indígenas organizados, sin embargo, colocó los cimientos para futuros logros.

El clima preeleccionario de 1995 tomó un matiz muy especial cuando la URNG lanzó un llamado (sin precedentes) a votar, hecho que fue interpretado como un cambio de las estrategias de lucha, advirtiéndose que la izquierda armada comenzaba a concebir a los medios eleccionarios como posibles formas de acceder al poder. En el mes de agosto de 1995, la URNG se comprometió a suspender las acciones militares durante las dos últimas semanas de la campaña electoral, a cambio de que los partidos políticos más importantes asumieran el compromiso de continuar las negociaciones de paz, y respetar los acuerdos ya firmados cuando accedieran al poder. De esa forma, la clase política guatemalteca aceptaba que los acuerdos negociados constituían acuerdos de Estado, y que, por ello, no podrían ser pasados por alto por ningún gobierno.

Las negociaciones con la moderación de la ONU continuaron en el resto del año 1995 sobre el siguiente punto de la agenda, los asuntos socioeconómicos, el cual incluía un asunto espinoso: la cuestión agraria en Guatemala. No obstante, las negociaciones pasaron a un segundo plano frente a la expectativa de las elecciones que tendrían lugar en noviembre de 1995 (en primera vuelta) y en enero de 1996 (en segunda vuelta). El proceso de paz no fue tema central en las propuestas de los principales candidatos, abundaron más las descalificaciones mutuas y las apelaciones al orden y a la seguridad como valores privilegiadas en una sociedad largamente castigada por el conflicto y la crisis.

En noviembre de 1995, la Cámara del Agro (sindicato patronal compuesto por integrantes de la oligarquía terrateniente guatemalteca), en medio de una publicitada maniobra de sabor electoral, promovió una acción de inconstitucionalidad con el fin de anular todos los acuerdos firmados por el Gobierno. El argumento jurídico era inconsistente, pero el planteamiento político tenía la fuerza del sentido común: ¿Los acuerdos que toma una comisión gubernamental, que negocia en secreto, comprometen en su cumplimiento a toda la sociedad? ¿Y el organismo legislativo, representación legal de la nación, qué papel juega en esto? Posteriormente, la acción fue rechazada, pero el hecho dejó entrever la intransigente posición de este sector de la sociedad.

Antes y después de su ascenso al poder, Alvaro Arzú, conjuntamente con sus consejeros, sostuvo varias reuniones secretas, directas, con la URNG en diversos lugares. En enero de 1996, al asumir Arzú, no se había llegado a ningún acuerdo sobre aspectos socioeconómicos, a pesar de que existían algunos acuerdos parciales sobre puntos específicos. El nuevo presidente tomó una actitud positiva acerca de las negociaciones, aumentando las expectativas de que podría firmarse un acuerdo de paz final en 1996. Fueron éstas y otras acciones del nuevo gobierno (lo que incluía una reorganización importante del ejército, que lo descomprometía frente a los miembros de éste) las que allanaron el camino para que, en marzo de 1996, la URNG emitiera unilateralmente un gesto de buena voluntad sin precedentes: hacer un llamado a un alto a las acciones armadas ofensivas. Con ello, el gobierno respondió deteniendo las operaciones contrainsurgentes ofensivas.

El presidente Arzú nombró una nueva comisión de paz, ahora coordinada por Gustavo Porras Castejón. A este equipo le tocó tratar el aspecto más difícil del temario fijado por las partes, el relativo a los aspectos sociales, económicos y agrarios. En este punto se había estancado el proceso por casi dieciocho meses y había provocado los mayores desencuentros tanto entre el Gobierno y la URNG como en el interior de la sociedad.

La negociación formal se reanudó el 22 de febrero, en la ciudad de México, ratificando el procedimiento, la agenda y valorando positivamente las condiciones existentes a partir de la asunción del nuevo gobierno. De esa forma, en medio del optimismo reinante, el 6 de mayo de 1996 se logró firmar el "Acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria", abriéndose el camino hacia la etapa final del proceso.

El Acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria, a pesar de las dificultades vividas para su suscripción, es testimonio abierto de cuánto se ha avanzado en el país en el uso de un lenguaje político y democrático. Por la importancia de este acuerdo conviene destacar las notas que caracterizan a cada una de sus partes. De esa cuenta, en la primera parte del texto, aborda aspectos relativos a la participación y concertación social; en dicha parte se tomó el compromiso de profundizar una democracia real, funcional y participativa, de forma que el proceso de desarrollo económico y social sea democrático y participativo.

En una segunda parte del texto se establece el compromiso del Estado de promover, orientar y regular el desarrollo socioeconómico del país, de manera que con el esfuerzo de la sociedad, en su conjunto, se asegure, en forma integrada, la eficiencia económica, la satisfacción de las necesidades de la población y, con ello, la justicia social. Además, se establece la necesidad de un crecimiento económico acelerado del país para la generación de empleos y su desarrollo social. Se consideró que la elevación del nivel de vida, la salud de los habitantes y la educación y capacitación, constituyen premisas básicas para acceder al desarrollo sustentable de Guatemala.

En la tercera parte se considera que la resolución de la problemática agraria y el desarrollo social son fundamentales e ineludibles para dar respuesta a la situación de la mayoría de la población que vive en el medio rural, que es afectada por la pobreza. La resolución de la situación agraria requiere de un proceso complejo que abarca múltiples aspectos de la vida rural, lo cual va desde la modernización de las modalidades de producción y de cultivo, hasta la protección del ambiente, pasando por la seguridad de la propiedad, la adecuada utilización de la tierra y del trabajo, la protección laboral y una distribución más equitativa de los recursos y bienes del desarrollo. Afortunadamente, la promoción del acceso de los campesinos a la propiedad de la tierra y uso sostenible de los recursos del territorio, no quedó en un plano discursivo, pues se creo el Fondo de Tierras, como una instancia que daría atención a las exigencias de tierras. Se abordó la necesidad de reformar el marco jurídico del agro y de un desarrollo institucional en el área rural que permitiera poner fin a la desprotección y despojos de los que han sido objeto los campesinos y, en particular, los pueblos indígenas.

Por último, en la cuarta parte se aborda el tema de la modernización de la gestión pública y política fiscal. En esa parte se advierte que la administración pública debe convertirse en un instrumento eficiente al servicio de las políticas de desarrollo, por ello el Gobierno se compromete a la descentralización y desconcentración y a elaborar una política fiscal que permita cumplir con sus obligaciones constitucionales. Se estableció que la política presupuestaria debe responder a la necesidad de un desarrollo socioeconómico con estabilidad. El presupuesto nacional debe contemplar suficientes recursos para el fortalecimiento de los organismos e instituciones que garantizan el estado de derecho y respeto a los derechos humanos. Se contempló lo relativo a la política tributaria en el sentido que ésta debe concebirse de forma que permita la recaudación de recursos que permitan el cumplimiento de las tareas del Estado, incluyendo los fondos requeridos para la consolidación de la paz. Dentro de este marco, se establece como meta elevar en por lo menos un 50%, para el año 2000, la carga tributaria en relación PIB, respecto de la carga tributaria de 1995 (carga tributaria que significaba apenas el 7,6% del PIB, proponiéndose llevarla a un 12% de PIB).

Ciertamente, el acuerdo no cuenta con una perspectiva revolucionaria que cambie radicalmente las estructuras productivas del país, como muchos esperaron, sin embargo, aborda temas esenciales para la modernización de un país, al enunciar, reiteradamente, la necesidad de la participación social y concertación política, así como el decisivo reordenamiento institucional y lo trascendente de incorporar numerosos aspectos del Acuerdo a la política económica nacional.

Para el logro de la paz a la que el pueblo guatemalteco tiene derecho, este acuerdo tiene tremenda importancia pues plantea la modernización del país sobre la base de permitir el acceso de la mayor parte de la población nacional a los bienes que producen riqueza y, con ello, dar atención a necesidades insatisfechas, considerando que las inconformidades que han causado la insatisfacciones de las necesidades han sido la fuente de los conflictos armados. Es muestra lo afirmado el primer párrafo del preámbulo del acuerdo. Veamos:

"Considerando

Que una paz firme y duradera debe cimentarse sobre un desarrollo socioeconómico orientado al bien común que responda a las necesidades de toda la población".

Con un afortunado optimismo, las negociaciones continuaron, provocando la confianza que pronto se resolverían los delicados temas relacionados con el poder civil y el futuro de las fuerzas armadas, por un lado, y la reinserción a la vida política de los guerrilleros, por el otro. Las pláticas condujeron a que el 19 de septiembre de 1996 se firmara en la Ciudad de México el "Acuerdo sobre fortalecimiento del poder civil y función del ejército en una sociedad democrática". Conviene tener presente que en la parte considerativa de ese acuerdo se establecen las bases sobre las cuales debe descansar la paz, como valor que se aspira hacer realidad. Veamos:

"Que la paz descansa sobre la democratización y la creación de estructuras prácticas que, en el futuro, eviten la exclusión política, intolerancia ideológica y polarización de la sociedad guatemalteca".

El acuerdo afirma la necesidad de mejorar, modernizar y fortalecer el Estado y su sistema de gobierno republicano, democrático y representativo. El acuerdo rediseña los tres poderes del Estado en un escenario de participación popular.

Sobre el ejército nacional, se estableció que su misión sería la defensa de la soberanía del país y de la integridad de su territorio, no tendría asignadas otras funciones y su participación en otros campos se limitarían a tareas de colaboración. En el tema de las reformas constitucionales de los artículos que regulan las funciones del ejército fue fundamental haberse establecido que "los delitos y faltas del orden común cometidos por militares serían conocidos y juzgados por la jurisdicción ordinaria". Y a la inversa: "Ningún civil podrá ser juzgado por Tribunales Militares". Se estableció, además, que el Presidente de la República como Comandante General del Ejército e impartiría sus órdenes por conducto del Ministro de la Defensa Nacional, quien podría ser civil o militar, lo que constituyó un avance sustancial del poder civil frente al poderoso ejército nacional.

Con respecto a la doctrina del ejército, se estableció que la misma estaría orientada al respeto de la Constitución Política de la República, de los derechos humanos, a los instrumentos internacionales ratificados por Guatemala en materia militar, a la defensa de la soberanía e independencia nacional, a la integridad del territorio del país y al espíritu de los Acuerdos de Paz Firme y Duradera.

Con respecto al sistema educativo militar, se estipuló la necesidad de propiciar reformas, de manera que ese sistema fuera congruente, en su marco filosófico, con: el respeto a la Constitución de la República y demás leyes; con una cultura de paz y convivencia democrática; con la doctrina definida en el párrafo anterior; con los valores nacionales guatemaltecos; el desarrollo integral del ser humano; el conocimiento de la historia nacional guatemalteca; el respeto a los derechos humanos, la identidad y derechos de los pueblos indígenas, así como la primacía de la persona humana.

Respecto del servicio militar, se estableció la necesidad de efectuar una práctica de alistamiento en forma voluntaria, mientras se adoptara la Ley de Servicio Cívico, que debiera incluir tanto el servicio militar, como el servicio social, lo cual debiera conllevar al cumplimiento de un deber y un derecho constitucional, pero que no sea forzado, ni violatorio de los derechos humanos, que sea universal y no discriminatorio. Es oportuno hacer la aclaración que esto constituyó un gran avance, pues en Guatemala, el servicio militar era totalmente discriminatorio, constituía una actividad realizada, casi exclusivamente, por la población campesina, principalmente indígena.

Ya este acuerdo contempló una parte puramente operativa, en la cual se promueve la desintegración de los Comités Voluntarios de Defensa Civil, CVDC (conocidas como PAC). Se convino la disolución de la Policía Militar Ambulante, PMA (cuerpo policial que dependía del Ejército Nacional), y se estableció la reducción de efectivos del ejército y, consecuentemente, la reducción de su presupuesto.

Las propuestas giraron en el tema de la reducción del ejército. La URNG proponía que se hiciera un recorte del 50% (como en El Salvador) y el ejército propuso cercenarse en un 33% que finalmente fue lo que se acordó.

Quizás por las expectativas que se guardaban sobre este tema, el acuerdo desalentó a muchos, principalmente en lo que respecta a las funciones del ejército, para el efecto conviene citar a Edelberto Torres Rivas:

"Debe interrogarse, una vez más, por qué un tema tan sensible en la historia política del país despierta un interés tan relativamente menor. El esperado debate nacional sobre el fin de la hegemonía política de las fuerzas armadas no se dio en la dimensión que el tema sugiere. Era ésta le mejor oportunidad de valorar en alta voz y con voluntad crítica el destino mesiánico de los militares, en un ambiente de fin de siglo.

Nada se dijo que no fueran los lugares comunes, que por serlos, nada agregan. Se produjo como siempre alguna referencia a la inconstitucionalidad de varios puntos. El silencio se explica no porque haya un acuerdo implícito en la opinión pública sino porque en su interior subsiste el miedo. Se filtra en nuestra cultura política el temor cervical que aún despiertan los militares, sus poderes fácticos aún vigorosos, su capacidad de represalia aún intacta".

Nada se dijo sobre temas sustantivos como el nuevo concepto de seguridad nacional, la significación de la soberanía en una sociedad global, la utilidad del ejército en un mundo sin guerras, lo cual hubiese sido lo más oportuno, pues a pesar que, según la Constitución Política de la República de Guatemala, el ejército debe ser un órgano apolítico, obediente y no deliberante, eso nunca ha sido así, ya que éste se ha ubicado como el eje fundamental en la estructura del poder, lo que le ha hecho asumir posiciones en la gestión política de la sociedad, con lo cual obviamente ha superado el mandato constitucional, que lo limita a tareas de seguridad y defensa del Estado, constituyéndose en un órgano político, no siempre obediente y deliberante.

Contrariando cualquier previsión posible, el 28 de octubre de 1996 estalló un escándalo que provocó la suspensión de las negociaciones. A ORPA se le señaló estar vinculada con el secuestro extorsivo de la señora Olga Alvarado de Novella, de 86 años, miembro del grupo familiar propietario de la monopólica industria cementera guatemalteca. La perpetración de ese acto, realizado el 25 de agosto, fue atribuido a un comando subversivo y el día 20 de octubre había sido canjeada por el comandante Isaías (Rafael Augusto Valdizón Núñez). Con ello se colocó en una situación crítica a la URNG, la cual decidió expulsar a Isaías y, en la mesa de negociaciones, se produjo la renuncia del comandante Gaspar Ilom (Rodrigo Asturias).

Superado el escándalo, el 7 de noviembre presidente Arzú instruyó a la Comisión de Paz para que solicitara a las Naciones Unidas la convocatoria a una nueva ronda de conversaciones. Fue hasta el 4 de diciembre, en el Ayuntamiento de la ciudad de Oslo, cuando se firmó el "Acuerdo sobre el definitivo cese al fuego", lo que constituyó una ratificación del concensuado cese al fuego que ya se había alcanzado desde el 20 de marzo de 1996, cuando la URNG ofreció una suspensión unilateral de acciones bélicas y el presidente Arzú ordenó que el Ejército cesara sus operaciones contrainsurgentes.

Con ese acuerdo se contemplan ya temas operativos, lo cual evidencia el salto que se ha dado al abordar temas procedimentales, superándose los aspectos sustantivos. En el primer considerando de dicho acuerdo se fundamenta el hecho de dar inicio al tratamiento de temas operativos, pues se ha dado conclusión a los acuerdos sustantivos del proceso de paz. En el cuerpo del acuerdo se establece el día "D", fecha a partir de la cual corren los plazos y procedimientos para la concentración, primero, y la posterior desmovilización de las fuerzas guerrilleras. La logística y seguridad de tales movimientos, los compromisos que adquiere tanto el gobierno, en representación de su ejército, y las fuerzas guerrilleras para separarse entre sí con garantías suficientes, la entrega del armamento por parte de estos últimos y otras previsiones se realizarían bajo la supervisión de militares de las Naciones Unidas.

El 7 de diciembre de 1996, se suscribió el "Acuerdo sobre las reformas a la Constitución y a la Ley electoral y de partidos políticos". En este acuerdo se presenta, de manera ordenada, las diferentes reformas constitucionales que implicaría la implementación de cada uno de los acuerdos alcanzados. Además de contemplarse la reforma a muchos artículos constitucionales, contempla la creación de nuevos artículos.

El carácter constitucional de los aspectos que comprenden los acuerdos de paz y, en particular, las reformas específicas contempladas en el acuerdo del 7 de diciembre, han sido objeto de encontradas opiniones en el medio jurídico del país. Nuestro punto de vista es que ésta ha sido una ocasión para aprovechar y mejorar algunos aspectos de la Constitución, de manera que se aborde una noción amplia de orden social.

El 12 de diciembre de 1996, se suscribió en Madrid el "Acuerdo sobre bases para la incorporación de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca a la legalidad". Es importante resaltar que en la parte considerativa del acuerdo se establece como causa del enfrentamieno armado: el cierre de los espacios políticos. Veamos:

"Considerando que el origen del enfrentamiento armado interno que durante más de tres décadas ha vivido Guatemala estuvo determinado por el cierre de espacio políticos de expresión y participación democrática, y la adopción de medidas de represión política en contra de personas y organizaciones que fueron vinculadas o identificadas con el régimen derrocado en 1954".

El acuerdo dio margen para un amplio debate sobre la figura apropiada para el retorno de los insurgentes a la vida social y civil. Al final, en el acuerdo se regula lo relativo a la integración de los miembros de la URNG a la vida política, económica, social y cultural en un marco de dignidad, seguridad, garantías jurídicas y pleno ejercicio de derechos y deberes ciudadanos. Para el efecto, dispuso de dos fases de incorporación, una inicial que duraría un año calendario a partir del día "D + 60", en la que se desarrollarían programas de ayuda educativa, financiera, legal, económica para que en lo individual, los insurgentes fueran trasladándose hacia la normalización de sus vidas; y la segunda etapa es la definitiva, o de mediano plazo, en la que se proveerían los apoyos necesarios para consolidar la reincorporación. En esta fase, que se desarrollaría a partir de un año después del día "D + 60", los beneficiarios podrían acceder a servicios de más largo plazo, incluyendo la asistencia financiera, asesoría técnica, legal y laboral, educación, capacitación y proyectos educativos, destinados a asegurar una incorporación sostenible a la vida económica, social y cultural del país, en igualdad de condiciones que el resto de la población guatemalteca.

En ese acuerdo también se contempló lo relativo al compromiso del Gobierno de promover ante el Organismo Legislativo la promulgación inmediata de una Ley de Reconciliación Nacional, "con el objetivo de promover una cultura de concordia y respeto mutuo que elimine propósitos revanchistas" y, que al mismo tiempo, preserve los derechos fundamentales de las víctimas, como condiciones indispensables para una paz firme y duradera. En el acuerdo no se habla de amnistía, sino de extinción de responsabilidades, lo que trae casi los mismos efectos jurídicos. Se estableció lo relativo al derecho inalienable de toda sociedad a conocer la verdad. Para el efecto, se crea la comisión de esclarecimiento histórico de las violaciones de los derechos humanos y los hechos de violencia que han causado sufrimiento a la población guatemalteca. Así también, se establece lo relativo al derecho a obtener reparación por parte de las víctimas de las violaciones de los derechos humanos.

Finalmente, el 29 de diciembre, en un solemne acto, se firmó en el interior del Palacio Nacional de Guatemala dos acuerdos, uno, el "Acuerdo sobre Cronograma para la implementación, cumplimiento y verificación de los acuerdos de paz" y, el otro, el "Acuerdo de Paz Firme y Duradera", poniéndose fin, a un conflicto armado que había causado, durante treinta y seis años, profundo luto al país.

En el Acuerdo sobre Cronograma se establecen las etapas de implementación de cada una de la serie de reformas abordadas en los distintos acuerdos suscritos por las partes.

El Acuerdo de Paz Firme y Duradera constituye un instrumento síntesis de todos los acuerdos suscritos y medio para la vigencia de éstos (Ver análisis efectuados en el capítulo V). Con éste se pone fin formalmente al conflicto armado y, a la vez, se da inicio al proceso de reformas tendientes a disminuir las condiciones de violencia estructural existentes en Guatemala (el acuerdo puede verse en el anexo F).

IV.7 Naturaleza y caracteres del proceso de paz

La historia del proceso de paz guatemalteco ha evidenciado que éste ha tenido como fin la reestructuración de una sociedad que se había caracterizado por la exclusión y la injusticia. Por ello, se puede advertir como naturaleza del mismo el hecho de ser un proceso complejo, al haberse propuesto múltiples objetivos, a saber: la desmovilización de las fuerzas irregulares insurgentes, la desmilitarización del país, la democratización, el desarrollo y la plena vigencia a los derechos humanos. En ese sentido, el proceso se ha informado del contenido de los principios que inspiran la concepción amplia de paz, o sea no simplemente como ausencia de conflicto armado, sino considerando los aspectos positivos de la misma.

Según Edelberto Torres-Rivas, el proceso de paz guatemalteco tuvo como características originales a las siguientes:

a) Que la consecución de la paz fue paralela a la transición a la democracia política. En otras experiencias, la democracia es resultado posterior del alcance de paz. En Guatemala, se da el hecho que sólo un gobierno civil podía interesarse en la negociación con la guerrilla, dada la resistencia del ejército a dialogar con la insurgencia, sin obtener la previa entrega de las armas. De la transición democrática salieron recursos políticos para empezar la transición a la paz.

b) En el proceso de paz se discutieron y aprobaron aspectos sustantivos de la construcción de la paz, constituyéndose en un diálogo sobre temas económico-sociales de la sociedad guatemalteca y de su desarrollo futuro, en condiciones de justicia social, participación y tolerancia. El proceso no podía, abordar solamente aspectos técnicos relacionados con el fin del conflicto armado, sino debía contar con un programa adecuado para modernizar al país y hacerlo más justo. Esto le otorgó a la negociación una dimensión original para contribuir a la construcción de confianza necesaria en la etapa posterior al conflicto.

c) También es característico que el retorno de los refugiados y desplazados se inició con anticipación a la finalización del conflicto. A partir de octubre de 1992, se inició la reinserción de grupos de población desplazada. Circunstancias como éstas allanaron el camino del proceso, pues advertían la buena voluntad de ambas partes, al propiciar que desde la fecha del retorno de los refugiados y desplazados comenzaron a cesar las terribles efectos del conflicto armado.

d) La verificación internacional se comenzó a desarrollar antes de finalizado el conflicto armado, pues la misma inició en noviembre de 1994, es decir, dos años antes de culminado el conflicto. Esto fue producto de que en el Acuerdo Global sobre derechos humanos, que tuvo una vigencia inmediata, se contempló la implementación de mecanismos de verificación, en este caso la tarea fue encomendada a Naciones Unidas. Lo normal es que la verificación sea una consecuencia del acuerdo entre los contendientes, pero en el caso guatemalteco se advirtió que no podía existir una complaciente actitud hacia conocidos actos institucionalizados de violaciones a los derechos humanos.

e) También, el cese de fuego se ha logrado antes del acuerdo de paz firme y duradera. Una oportuna decisión de la dirigencia de la izquierda armada en marzo de 1996, fue seguida por una orden presidencial para que el ejército suspendiera toda operación contrainsurgente. De esa forma, durante nueve meses antes del fin del conflicto, éste dejó de producir víctimas.

A las características señaladas por Torres-Rivas, proponemos agregar las siguientes:

f) El proceso de paz tiene su punto de partida en un acuerdo internacional: el Acuerdo de Esquipulas II, que promovía la búsqueda de solución pacífica de los conflictos internos de los países centroamericanos, por medio del diálogo. La existencia de un acuerdo internacional como ese allanó el camino para dar solución a los conflictos armados que tenían lugar en suelo centroamericano.

g) También es característico de este proceso de paz el hecho de poseer dos etapas bien diferenciadas: primeramente, la etapa de pláticas indirectas de paz donde no intervenían los propios actores del conflicto (se refiere a la fase donde se desarrollaron reuniones entre los distintos sectores de la sociedad nacional y la URNG, generando una serie de acuerdos, declaraciones o comunicados) y, luego, la etapa de pláticas directas de paz (se refiere a la fase en la que representantes gubernamentales y de la guerrilla celebraron reuniones directas).

h.       El proceso de paz tuvo como principales protagonistas a las dos partes en conflicto. Sin embargo, los representantes de las partes no fueron siempre los mismos. Hubo multiplicidad de actores. El proceso de paz se desarrolló con representantes de cuatro gobiernos y existieron tres comisiones de paz distintas. Eso provocó que en nueve años de diálogo haya cambiado paulatinamente el estilo de diálogo de las fuerzas que intervinieron. El escenario local fue variando así: primero se observaron los temores de negociar por parte de Cerezo Arévalo, seguido de la anuencia condicionada de Serrano Elías, luego los primeros acuerdos con De León Carpio y, por último, el éxito final logrado por Arzú Yrigoyen.

i) Fue sumamente importante la participación indirecta de la sociedad en las negociaciones, por medio de la instancia denominada Asamblea Nacional de la Sociedad Civil, de los resultados del trabajo de esa instancia se podían advertir legítimas reformas sociales.

j) Fue importante el rol de las Naciones Unidas, primeramente como buen oficiante, acercando a las partes. Seguidamente, como observador del proceso, monitoreando la mesa de negociaciones. Luego, como moderador o mediador del proceso, acercando a las partes y proponiendo soluciones. Y, por último, ha pasado a la verificación. Con la participación de este organismo se le da dimensión internacional al proceso.

k) También fue importante el rol del grupo de Países Amigos, quienes propiciaron el acercamiento de las partes (actuando como buenos oficiantes). Estos, además, prestaron sus respectivos territorios para el desarrollo de la mesa de negociaciones y ejercieron presión para que el proceso no decayera.

l) Del proceso de paz guatemalteco es destacable el hecho de que nunca se efectuó un reconocimiento expreso de los grupos insurgentes guatemaltecos (tal como se dio en El Salvador), lo cual no impidió que se activaran mecanismos internacionales de mediación, de apoyo y de verificación internacional. Pero, desde el momento en que las Naciones Unidas, el grupo de países amigos y la comunidad internacional toda, tuvieron participación en los acuerdos de paz, tácitamente se aceptaron repercusiones internacionales del conflicto.

m) También fue característico, que durante mucho tiempo las negociaciones se realizaron casi secretamente. Al inicio hubo un ambiente de desinformación, lo cual provocó que se combinaran las falsas expectativas y el escepticismo de la población.

 

IV.8 Acuerdos suscritos por las partes en conflicto durante el proceso de paz

En V.6 vimos que fueron muchos los instrumentos jurídicos suscritos, pero en el presente parágrafo nos dedicaremos a enunciar y establecer, de manera sintética, las características de los instrumentos jurídicos integrados, los cuales, a partir del 29 de diciembre de 1996, forman parte de la estructura jurídica que fundamenta el proceso de edificación de la paz.

En el Acuerdo de Paz Firme y Duradera se establece que quedan integrados al mismo, todos los acuerdos suscritos con base en el Acuerdo Marco sobre Democratización para la Búsqueda de la Paz por Medios Políticos, suscrito en la ciudad de Querétaro, México, el 25 de julio de 1991; y a partir del Acuerdo Marco para la Reanudación del Proceso de Negociación entre el Gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, suscrito en la ciudad de México el 10 de enero de 1994. De manera ordenada, esos acuerdos son presentados a continuación.

El 29 de marzo de 1994, en México, se suscribió el Acuerdo Global sobre Derechos Humanos el cual constituye el documento más importante para dar plena vigencia a las normas que persiguen la dignificación humana y la democracia. En este documento se concertó crear una misión para verificar la implementación del acuerdo.

El 17 de junio de 1994, en Oslo, se logró suscribir el Acuerdo para el reasentamiento de las poblaciones desarraigadas por el enfrentamiento armado, en el que se cubre una amplia agenda de aspectos relativos al regreso de la población desarraigada, en condiciones de seguridad, libre decisión, inserción productiva y reconciliación en un ambiente de paz y democracia. En este documento se define que la estrategia del reasentamiento debe, entre otros objetivos, priorizar la lucha contra la pobreza que caracteriza a las áreas de desarraigo, asegurar el pleno ejercicio de los derechos de esta población, reintegrarla política, económica y socialmente en la perspectiva de un desarrollo sostenible y promover en dichas áreas la reconciliación.

Luego, el 23 de junio de 1994, en Oslo, se suscribió el Acuerdo sobre el establecimiento de la comisión para el esclarecimiento histórico de las violaciones a los derechos humanos y los hechos de violencia que han causado sufrimientos a la población guatemalteca. Atendiendo a la necesidad de lograr la verdad, como condición para alcanzar una paz sostenible, este documento se ha considerado débil y vago, "es expresión de las debilidades con las que ya negociaba la dirigencia de la insurgencia armada".

Luego de un tiempo de estancamiento, se suscribió el 31 de marzo de 1995, en México, el Acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas, en el que se reconocen y desarrollan algunos aspectos relativos a la condición multiétnica y pluricultural de la sociedad guatemalteca y los derechos y obligaciones derivadas de tal reconocimiento. El acuerdo incluye el reconocimiento de derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales, que comprometen una nueva institucionalidad del Estado y una revisión de la cultura nacional existente.

Nuevamente, después de un largo período de estancamiento, el 6 de mayo de 1996, en México, se logró suscribir el Acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria. La negociación de este acuerdo suponía abordar uno de los aspectos más controvertidos de la mesa, pues se advertía que debían tratarse puntos referentes a la cuestión social y económica del país, pretendiéndose rectificar aquellas situaciones de exclusión e injusticia sociales que estuvieron entre los orígenes del conflicto. La versión final del documento fue calificado de gran envergadura. No obstante las encontradas opiniones contradictorias que se vertieron sobre este instrumento, resulta difícil aceptar que con éste se han logrado superar las situaciones de exclusión e injusticia sociales, pero el intento de modernización de las estructuras productas resultan alentadoras.

El 19 de septiembre de 1996, se suscribe en México, el Acuerdo sobre fortalecimiento del poder civil y función del ejército en una sociedad democrática. Con éste se advierten las pretensiones de construir un proyecto que rediseñe los tres poderes del Estado en una perspectiva de ampliar la participación ciudadana, la gobernabilidad democrática y la racionalización de sus responsabilidades públicas. Aquí se definen las funciones del ejército limitadas a la defensa de la soberanía del país y de la integridad de su territorio.

El 4 de diciembre de 1996, en Oslo, se firmó el Acuerdo Base para el definitivo cese al fuego. En éste se estableció el día "D", a partir del cual corren los plazos y procedimientos para la concentración y posterior desmovilización de las fuerzas guerrilleras, bajo la supervisión de militares de las Naciones Unidas.

El 7 de diciembre de 1996, en Estocolmo, se suscribió el Acuerdo sobre reformas constitucionales y régimen electoral. En éste se contempló la reforma y la creación de varios artículos constitucionales; y reformas a la ley electoral y de partidos políticos.

El 12 de diciembre de 1996, en Madrid, se suscribió el Acuerdo sobre bases para la incorporación de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca a la legalidad. Aquí se estableció que los insurgentes y quienes estuvieron involucrados en el enfrentamiento armado serían eximidos de las responsabilidades penales por los delitos cometidos a lo largo del conflicto armado, sean éstos políticos o comunes conexos.

El 29 de diciembre de 1996, en Guatemala, se suscribieron dos acuerdos: Acuerdo sobre cronograma para la implementación, cumplimiento y verificación de los acuerdos de paz y el Acuerdo de Paz Firme y Duradera. Con este documento, de manera simbólica, se pone punto final a un largo y doloroso episodio de la historia guatemalteca y se da inicio al proceso de edificación de la paz positiva.

 

IV.8.1 Importancia del Acuerdo Global sobre derechos humanos suscrito el 29 de marzo de 1994 en la ciudad de México

El tratamiento del tema de los derechos humanos se inició en septiembre de 1991; sólo fue posible la suscripción del Acuerdo Global sobre derechos humanos hasta finales de marzo de 1994. El abordaje de este tema es fundamental en los procesos que pretenden abordar la paz desde una concepción amplia, en la que los derechos humanos han pasado a formar parte de su contenido. No es posible pensar en lograr la paz, cuando el respeto a los derechos humanos permanece ausente.

El Acuerdo Global demuestra que se tomó plena conciencia de un clima de violaciones a los derechos humanos que era necesario superar. El contexto guatemalteco en la época de conflicto se caracterizó por la gran cantidad de violaciones a los derechos humanos, lo que significó una inmensa cantidad de personas asesinadas, desaparecidas y desplazadas, propiciando una cultura de violencia, evitando el desarrollo de una vida digna. En el acuerdo se consideró como el primer compromiso de las partes: fortalecer el Estado de Derecho, mediante la plena observancia de los derechos humanos, reconociendo que no era suficiente la existencia de una estructura normativa de protección, sino que debía añadirse una voluntad política de respeto a los mismos. Ese acuerdo presenta como responsables de respetar y proteger los derechos humanos a: el Estado de Guatemala, personificado en el Gobierno quien se comprometió a respetar y promover los derechos humanos, conforme el mandato constitucional; y la URNG que se comprometió a respetar los "atributos inherentes a la persona humana" y de concurrir al efectivo goce de los derechos humanos.

Con el acuerdo se reconoció la plenitud de sus derechos, tanto a la población civil, como a los contendientes, contemplándose todas las garantías de protección establecidas en la Constitución Política de la República de Guatemala, así como los tratados o convenciones internacionales en materia de derechos humanos de los que Guatemala forma parte.

Resulta evidente que con el Acuerdo Global sobre Derechos Humanos se reitera el concepto amplio de paz que ha inspirado el proceso de paz guatemalteco. La creación de este instrumento, su vigencia y verificación inmediatas, demuestran que los derechos humanos han sido considerados esenciales para lograr la paz.

El acuerdo contiene una gran variedad de aspectos, tales como:

a.       El compromiso del gobierno de Guatemala de dar pleno cumplimiento a las normas constitucionales y a los tratados internacionales en materia de derechos humanos;

b.      El fortalecimiento de las instancias de protección de los derechos humanos;

c.       El compromiso de combatir la impunidad, así como el compromiso de que no existan cuerpos de seguridad ilegales y aparatos clandestinos;

d.      Se refiere a la regulación de la portación de armas y la necesidad de hacer restrictiva la portación;

e.       Se establecen garantías para las libertades de asociación y de movimiento;

f.        Se suprime el servicio militar en forma obligatoria y discriminada;

g.       Se establecen garantías y protección a las personas y entidades que trabajan en la protección a los derechos humanos;

h.       Se establece el resarcimiento y/o asistencia a las víctimas de violaciones a los derechos humanos; e

i) Se regulan funciones de verificación internacional por parte de la Organización de las Naciones Unidas.

El logro de la paz le restó todo tipo de justificaciones a las violaciones a los derechos humanos, por ello fue necesario que la paz se comenzara a construir otorgándole efectiva positividad a los derechos fundamentales de las personas. Fue atinado, entonces, que el acuerdo logrado comenzara a tener plena vigencia antes que culminara el proceso de pacificación (Ver el contenido del acuerdo en anexo E).

 

IV.9 Importancia de la participación de la sociedad guatemalteca en el proceso de paz

La participación de la sectores organizados de la sociedad guatemalteca en el tratamiento de los problemas que le agobiaban fue de sustancial importancia, pues, de su seno podían emerger soluciones, con alto nivel de legitimidad, a diversos asuntos que habían sido la causa de la división o retraso del país. Afortunadamente se contó con la instancia de la Asamblea de la Sociedad Civil, ASC, que desarrolló importantes aportes que hizo llegar a la mesa de negociaciones.

La necesidad de hacer participar a la sociedad guatemalteca en el proceso de paz no fue una novedad del Acuerdo Marco que creó a la ASC, pues, recordando el contenido del parágrafo IV.6, advertimos que la sociedad guatemalteca fue participante activa ya en la fase de pláticas indirectas de paz.

Los primeros pasos para hacer participar a la sociedad guatemalteca en las pláticas para la pacificación interna fueron dados por la iglesia católica (especialmente a través de los obispos Rodolfo Quezada Toruño y Juan Gerardi Conedera, titular y suplente de la CNR, respectivamente), quien asumió la iniciativa de crear espacios para que los ciudadanos expresaran sus intereses y propuestas en torno a la paz, llamando al diálogo nacional.

En el Gran Diálogo Nacional, convocado por la CNR y emprendido en febrero de 1989, diferentes sectores de la sociedad guatemalteca tuvieron presencia. En éste participaron cuarenta y siete organizaciones y ochenta y cuatro delegados de organizaciones de los siguientes sectores: gubernamental, popular, sindical, cooperativo, solidarista, académico y profesional, político, periodístico, religioso y empresarial. Estuvieron ausentes poderosas agrupaciones patronales como CACIF y UNAGRO y algunos partidos de oposición.

Evidentemente, con el Gran Diálogo Nacional se desarrolló el primer intento serio de tomar en consideración los puntos de vista de la sociedad para determinar la fuente de sus principales problemas. Sin embargo, en 1991 al cambiar el esquema del proceso de paz guatemalteco, no se consideró como parte de la negociación a la sociedad organizada. De esa forma, la importancia de los aportes que podrían provenir de sectores organizados de la sociedad quedaron relativizados.

En 1994, nuevamente cambió el esquema del proceso de paz y, entonces, se suscribe el Acuerdo Marco y en éste se contempla la creación de la Asamblea de la Sociedad Civil, consituyendo el principal aporte de la sociedad guatemalteca integrada para dar solución a sus principales problemas.

La creación de esa instancia se fundamentó en el insistente reclamo de los sectores sociales de participar en la mesa. Pretender tomar en cuenta las propuestas de amplios y variados sectores resultaba muy difícil, pues el acceso de muchos sectores a la mesa hubiera tornado complejo y prolongado el proceso. Por ello se creó la ASC como foro paralelo a la mesa. La ASC tuvo como cometido analizar los temas sustantivos y formular propuestas. Sus recomendaciones, no obstante, fueron opcionales para los integrantes de la mesa bilateral.

La ASC ha sido un espacio de debate que se concretó en elevar la participación activa y propositiva de la sociedad para contribuir al éxito del proceso de paz. Esta instancia fue considerada como una tribuna para adquirir experiencia en métodos de concertación y negociación y para desarrollar nuevas formas de movilización y presión social.

Cumpliendo con el referido Acuerdo Marco, la ASC fue instalada el 1 de mayo de 1994, bajo la dirección de Monseñor Rodolfo Quezada Toruño, que había actuado como conciliador desde los acuerdos de Oslo. La convocatoria para participar incluyó a todos los sectores que participaron en el diálogo de Oslo, ampliándose a las organizaciones indígenas. Igualmente, lograron incorporarse las organizaciones femeninas. La ausencia del CACIF impidió la obtención de un consenso más amplio dentro de la sociedad.

La participación de los sectores fue bastante amplia, para el efecto se conformaron once mesas de trabajo que desarrollaron un trabajo puntual y muy a tiempo que fue pasado a las partes para que se tomaran en cuenta en la negociación de los asuntos sustantivos. La ASC asumió el compromiso de presentar a las partes su posición sobre cada uno de los temas sustantivos. Para ello aprobó un procedimiento basado en la consulta y el consenso, en el que cada sector presentaba su respectiva posición sobre un mismo tema sustantivo, luego de ello, las ponencias sectoriales eran estudiadas por una comisión ad hoc para redactar, después, una postura de consenso, la que era discutida detenidamente hasta la aprobación final. Al mismo tiempo, la ASC tuvo como tarea estudiar los acuerdos emanados de la mesa de negociaciones y darles su aval con el objeto de convertirlos en acuerdos nacionales.

Sumamente importante fue la participación de la sociedad guatemalteca. Evidentemente los representantes de los diferentes sectores presentes en la ASC son una parte relativamente reducida de la sociedad guatemalteca, muy importante, pero insuficiente. No obstante, con esa experiencia se han establecido los pasos para que la sociedad pueda abordar sus problemas responsablemente en el futuro. La ASC demuestra que la capacidad de organización de los guatemaltecos se ha incrementado mucho, lo cual es de suma importancia para hacer de ésta una sociedad verdaderamente democrática, donde, por los conductos adecuados, se sepa hacer saber las inquietudes o necesidades de cada sector.

IV.10 La Organización de las Naciones Unidas y el proceso de paz guatemalteco

Los procesos de paz centroamericanos se vieron fuertemente impulsados cuando los cinco presidentes centroamericanos, mediante el Acuerdo de Esquipulas II, pidieron la intervención del Secretario General de Naciones Unidas para que conformase la Comisión Internacional de Verificación y Seguimiento. Dicha comisión tuvo como funciones la verificación y seguimiento del cumplimiento de los compromisos contenidos en el Acuerdo de Esquipulas II. Así da inicio la participación de la ONU en los conflictos centroamericanos. Vale la pena resaltar el rol sumamente importante que esta organización desempeñó en el proceso de pacificación salvadoreño, el cual, en buena medida, produjo un efecto demostración a las partes en conflicto en Guatemala.

En el caso particular de Guatemala, a raíz de Esquipulas II se abrieron los espacios para la negociación. Cuando da inicio la fase de pláticas directas, las Naciones Unidas fueron invitadas a participar únicamente como observadores. Durante el lapso que la ONU desempeñó el rol de observador, el proceso no avanzó con la celeridad deseada y, a raíz del intento de autogolpe de Estado perpetrado por Jorge Serrano Elías, el proceso se estancó.

Posteriormente, el presidente De León Carpio trató de reiniciar las pláticas a finales de 1993, pero no fue sino hasta que se modificó la participación de la ONU en el proceso de paz, que las negociaciones dieron resultado. El 10 de enero de 1994, cuando se suscribió el Acuerdo Marco, se otorgó el papel de único moderador y máximo verificador de todos los futuros acuerdos. El involucramiento protagónico de la ONU, que tomó tres años en conseguirse, elevó la importancia del proceso de paz para todas las partes involucradas, tanto a nivel interno, como a nivel internacional.

El rol que asumió la ONU fue de vital importancia para revitalizar el proceso que, en momentos, se caracterizó por la intransigencia de ambas partes. Así lo expresó Monseñor Rodolfo Quezada Toruño, quien fungió como conciliador. Veamos:

"Las partes no se ponían de acuerdo en nada, eso fue lo más duro y difícil, porque mientras en México se trataba de conciliar posiciones, en Guatemala se daban enfrentamientos a cada momento.

Cuando en marzo de 1994 las partes decidieron cambiar el formato de negociación y por tanto, negociaron mi salida de la Comisión Nacional de Reconciliación (CNR), le di gracias a Dios porque entró a batear Naciones Unidas".

A raíz de la firma del Acuerdo Global sobre derechos humanos, que tuvo vigencia inmediata y que contemplaba la verificación inmediata del cumplimiento del mismo, las Naciones Unidas hicieron presencia directa en territorio guatemalteco para dar inicio a su tarea verificadora, por medio de una misión especial denominada Misión de las Naciones Unidas para la verificación de los derechos humanos en Guatemala, MINUGUA. En el Acuerdo Global se contempló que la misión de verificación comenzaría a trabajar de manera inmediata, pero problemas internos dentro del seno de la ONU impidieron el rápido establecimiento de MINUGUA, con ello se produjo la pérdida de la dinámica del proceso de paz. Sin embargo, esos obstáculos fueron superados y en noviembre de 1994 se estableció la misión. MINUGUA constituyó la expresión más concreta del interés que la comunidad internacional tenía en lograr la solución al conflicto guatemalteco.

La verificación de la observancia de los derechos humanos, encomendada a la ONU, se ha considerado como uno de los aspectos fundamentales que aporta el Acuerdo Global sobre derechos humanos. Así lo expresa Jorge Mario García Laguardia, ex Procurador de los Derechos Humanos guatemalteco:

"Uno de los compromisos más significativos del Acuerdo es la verificación, aspecto que recoge algunos mecanismos de protección establecidos por al ONU bajo la denominación «verificación internacional de los derechos humanos». Este mecanismo recoge las experiencias de la ONU en otros países como El Salvador, Kampuchea y Haití, pero lo amplió ya que se le vincula con otro tipo de compromisos mucho más amplios, como lo son el llamado «fortalecimiento institucional»".

Como parte del trabajo de verificación que desarrolla MINUGUA, se elaboraron los informes referidos al cumplimiento del Acuerdo Global sobre derechos humanos. Hasta junio de 1998 se habían producido ocho informes. Como elemento común de dichos informes es destacable el hecho de haberse considerado a la impunidad como el principal obstáculo para mejorar el respeto de los derechos humanos.

Obviamente, MINUGUA por sí misma no puede corregir la abismal situación de inobservancia de los derechos humanos en Guatemala, pues ese ha sido un problema institucionalizado, pero la sola presencia de una misión de más de cuatrocientas personas en todo el país ha cambiado el contexto de los derechos humanos, ya que la presencia de éstos ha tenido un impacto disuasorio, sirviendo de recordatorio de que el mundo observa cuidadosamente la situación de los derechos humanos en Guatemala, eso provoca que ese contingente humano sea tomado en serio. Además, la asistencia prestada por MINUGUA ha contribuido a superar el profundo temor que experimentaban muchos guatemaltecos de denunciar las violaciones a sus derechos fundamentales. En ese sentido, proporcionan una instancia neutral para llevar sus testimonios, particularmente en remotas áreas rurales donde mucha gente jamás tuvo contacto con ningún funcionario que velase por el respecto de los derechos humanos de estas personas. Ello ha abierto necesarios espacios de expresión.

MINUGUA, también, se ha visto influenciada por una importante innovación que experimentan las nuevas misiones de derechos humanos de las Naciones Unidas, que es la de asociar la verificación con el fortalecimiento de las instituciones nacionales encargadas de la protección de los derechos humanos. No puede pretenderse que con una misión, de carácter transitorio, como lo es MINUGUA, pueda lograrse un clima de respeto permanente de los derechos humanos, por ello se tiene que recurrir a las instituciones pre-existentes o las que están por formarse, para fortalecerlas y hacerlas eficientes en sus importantes labores de protección de los derechos fundamentales.

Es evidente que la participación de la ONU ha sido fundamental para encausar al país en la búsqueda de remedios a los grandes males vividos, pero MINUGUA no fue el único ente de la ONU que ha brindado asistencia reciente en Guatemala. La situación de los derechos humanos en ese país ha merecido la atención de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas desde 1979, a través de diferentes mecanismos que fueron desde solicitudes de informes al Secretario General, el nombramiento de un Relator Especial y, luego, de un Representante Especial, hasta la designación sucesiva de tres expertos independientes encargados de brindar asistencia al gobierno de Guatemala. De esa cuenta, la Comisión pudo seguir con particular atención la situación de los derechos humanos en ese país durante diecinueve años.

De particular importancia fue la labor desarrollada por los expertos independientes, pues tuvieron el mandato de examinar la situación de los derechos humanos, de brindar ayuda al gobierno guatemalteco, siempre en materia de derechos humanos, y de elevar informes a la Comisión de Derechos Humanos respecto de la observancia de esos derechos. La ciudadana argentina Mónica Pinto ejerció como la última experta independiente; la finalización de su mandato (marzo de 1997), sin que se produjera posterior nombramiento de un nuevo investigador independiente, evidencia que la situación de los derechos humanos (cívico-políticos) en Guatemala ha mejorado sustancialmente con relación al pasado.

 

IV.11 Lectura efectuada del conflicto armado guatemalteco durante el proceso de paz

Conociendo las raíces y contenido del conflicto armado guatemalteco y el temario abordado en el proceso de paz, podemos concluir que las partes involucradas en el proceso de paz formularon una lectura adecuada del conflicto. No se tomó la posición simplista de negociar el cese al fuego (lo que hubiera significado la obtención de la paz negativa), sino que se comprendió que la solución del conflicto requería la implementación de variados mecanismos que propiciaran el acceso al desarrollo del pueblo guatemalteco.

No se puede pretender que prontamente se logre dar satisfacción a las necesidades de todos los componentes de la sociedad, para que éstos nunca consideren la vía armada como una alternativa para exigir la satisfacción de sus demandas, pero se han establecido las pautas necesarias para que en la sociedad guatemalteca se impongan mecanismos democráticos que hagan posible la participación de todos los sectores de la sociedad en la vida nacional.

Paradógicamente, durante el proceso de paz guatemalteco, primero se abordaron aspectos sobre el diseño del proceso que permitirá conseguir la paz positiva, como condición para negociar la obtención de la paz negativa, o sea la deposición de las armas.

Es obvio que las raíces de la violencia armada no logran superarse de la noche a la mañana, las mismas continuarán operando al margen de la paz alcanzada, así como ellas se hacían presentes al margen de la guerra, de esa suerte, la etapa post conflicto puede verse caracterizada por la presencia de la violencia despolitizada, cruda y criminal. Sin embargo, en la medida que todos los sectores sociales guatemaltecos den cumplimiento a los lineamientos estipulados en los acuerdos de paz suscritos, podrá conformarse un país justo y no excluyente.

Ya en el proceso de Esquipulas se liga la paz y la democratización al desarrollo y a la eliminación de los problemas de pobreza e injusticia social. La visión amplia y positiva de paz se hizo presente e inspiró la solución de los conflictos nacionales.

Al referirse a las bondades del proceso de pacificación guatemalteco, Tania Palencia Prado comenta:

"El impacto más importante que ha provocado el proceso de paz en Guatemala es la inauguración de nuevos escenarios políticos para procesar y dirimir los conflictos sociales. La violencia político militar ya no sostendrá ni derrumbará Estados. Ahora el sistema político se reordenará mediante reformas mínimas que habían sido anuladas desde 1954 por las cúpulas militares y menospreciadas por el radicalismo de la izquierda armada. Concluyó el círculo vicioso que alimentó la intransigencia ideológica".

Pero vale la pena establecer que, pese a las bondades del proceso de paz guatemalteco, es destacable la corta visión de futuro que se tuvo en términos de la reconstrucción de la memoria histórica y de la sociedad en general. Se optó nuevamente, por sumergir en el olvido toda una serie de tremendos e innegables hechos de terror y violencia ocurridos en el pasado reciente. Además, no se dejó establecido, con la objetividad necesaria que el tema requería, las funciones, objetivos y dimensiones de un ejército en un país que decía adiós a los conflictos armados. Igualmente, lo conseguido en el Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria constituyen acuerdos tibios frente a las grandes necesidades nacionales, pero ello no debe ser desalentador, pues la construcción de la paz es un proceso incesante y la etapa posterior a la suscripción del acuerdo final puede representar la oportunidad para seguir trabajando arduamente en la perfección de la agenda para la construcción de la paz.

Pese a lo anterior, la culminación del proceso de paz presenta una oportunidad que se debe aprovechar para construir una mejor sociedad. Edelberto Torres-Rivas se refiere al respecto:

"La paz termina con la violencia directa que se expresaba en el conflicto. Pero este no desaparece con el cese del fuego, la desmovilización de la guerrilla, el fin de las Patrullas de Autodefensa o la reducción del Ejército. Las causas profundas que a finales de los años cincuenta empujaron al descontento, la protesta y finalmente la represión y la violencia se mantienen en nuevas magnitudes.

Este período que ahora se intenta clausurar solo dará comienzo a otro si se enfrenta con decisión el desafío de construir la paz y fortalecer la democracia con grandes cuotas de justicia y bienestar para todos. No es necesario volver al ideario arbencista pues la historia va hacia adelante. No es posible prescribir en el texto lo que debe hacerse. Solamente es prudente insistir una vez más en que no debe desperdiciarse esta oportunidad, la última del siglo".