¿Cómo puede entenderse el derrumbe de la confianza que rodeaba al proceso de paz en los primeros años?. ¿Cómo puede explicarse que ese optimismo que embargó a las partes israelí y palestina diera paso a la desconfianza y a la paralización del proceso de paz?. La respuesta está en el concepto de «reciprocidad» de las relaciones israelo - palestinas. El Acuerdo de Hebrón, conocido como Oslo III, tuvo profundas implicaciones porque demandó la implementación “inmediata y paralela” de numerosos compromisos de ambos lados. Aún con anterioridad al Acuerdo de Hebrón, el concepto de reciprocidad había comenzado a declinar.
La decisión israelí de construir el asentamiento de Har Homa sin la adecuada política de consultas con la Autoridad Palestina (no negociaciones porque los Acuerdos de Oslo no lo obligan) contribuyeron fuertemente a crear una atmósfera de desconfianza. Har Homa solo es una pieza más de la explicación, no es ni la única y exclusiva causa del estancamiento del proceso de paz; pero sí es el claro ejemplo de tantas acciones unilaterales tomadas por ambas partes. Har Homa fue el motivo perfecto de la Autoridad Nacional Palestina para frenar un proceso de paz que, en los términos en que están planteados, no le favorece; Israel, por el contrario, justifica su política de asentamiento como una política de defensa necesaria ante la hostilidad de la Autoridad Palestina para cumplimentar sus compromisos asumidos en Oslo. Ambas partes se excusaron, durante toda la gestión Likud, para no adoptar medidas estipuladas en los acuerdos.
La principal hipótesis de este trabajo de investigación es que la inexistencia del concepto de reciprocidad en el cumplimiento de los Acuerdos de Oslo contribuyó a crear una atmósfera de desconfianza que terminó por paralizar el proceso de paz. Las decisiones y acciones unilaterales, israelíes y palestinas, fuera de la adecuada política de consultas terminó por socavar la buena voluntad de las partes.
Por consiguiente, la decisión unilateral del Gobierno Israelí de construir un nuevo asentamiento en el Monte Abu Ghneim, en territorio palestino anexado, es el motivo detonante y excusa perfecta para la total paralización del proceso de paz.
Como se aseveró más arriba, Har Homa no fue el único motivo que desestabilizó el proceso de paz; existieron otras medidas unilaterales que propiciaron el estancamiento de las relaciones entre Israel y la Autoridad Nacional Palestina. A continuación se detallan otras acciones que violaban los compromisos asumidos en Oslo.
1) El primero
de los compromisos israelíes fue el de llevar a cabo los redespliegues adicionales
en Cisjordania. Oslo II, señalaba tres redespliegues adicionales en tres fases
prefijadas: la primera fase tenía que comenzar en octubre de 1996; la segunda
en marzo de 1997; la tercera en octubre de ese mismo año; y por último la conclusión
del periodo interino con la firma del acuerdo final en octubre de 1999.. 1
Después de la asunción del Primer Ministro Benjamin Netanyahu, se propuso la
transferencia del solo 9% de territorios de Cisjordania a la Autoridad Palestina;
es decir, 7% del Área B al Área A y 2% del Área C al Área B, pero la Autoridad
Palestina rechazó la propuesta por la limitada extensión de los territorios
transferidos. Estados Unidos había presionado a Israel para ofrecer más del
9% para el segundo y tercer redespliegue adicional. Pero según el Primer Ministro,
Israel no realizaría nuevos redespliegues en los territorios ocupados durante
el periodo interino hasta que la Autoridad Palestina no modificara su política
de seguridad en cooperación con Israel y, en particular, hasta que el servicio
de seguridad palestino no trabaje en forma conjunta con las fuerzas de defensa
israelíes.. 2
Si Arafat no logra controlar los grupos opositores dentro de su jurisdicción,
Israel seguirá justificando el incumplimiento de compromisos aprovechando la
ola de conflictos, atentados y luchas abiertas entre ambas partes. Una señal
de ello fue la muerte de dos colonos en el asentamiento de Beit El el 11 de
diciembre de 1996. Este caso avivó nuevamente el debate sobre la paralización
en la construcción de asentamientos en Cisjordania y sobre los redespliegues
en los territorios ocupados. La consecuencia del conflicto fue la instalación
de siete casas rodantes en los territorios circundantes cuyas familias, apoyadas
por el movimiento Gush Emunim, solicitaban al gobierno la creación de un nuevo
asentamiento -Maoz Tzur-. El asentamiento finalmente fue construido.. 3 La desconfianza del gobierno israelí
en los servicios de seguridad palestino también se vio fundamentada cuando se
denunció que Ghazi Jabali, la cabeza de la policía palestina, estaba involucrado
en un ataque planificado contra el asentamiento de Har Bracha cerca de Nablus.. 4 Bajo estas circunstancias, Israel
se niega redesplegar sus fuerzas de los territorios por que la seguridad del
Estado está amenazada.
2) El segundo
compromiso israelí era la liberación del 80% de los prisioneros palestinos como
estaba previsto en el Acuerdo de Oslo II, artículo XVI y XVII del Anexo I. El
Protocolo de Hebrón reanudó nuevamente las conversaciones para la liberación
de prisioneros políticos palestinos. Israel cumplimentó, en parte, la liberación
entre el 11 y 12 de febrero de 1997 cuando indultó a un grupo de 31 mujeres
palestinas, bajo la condición de frenar los ataques terroristas. Esta liberación
estaba preparada para dieciocho meses antes como lo disponía el Acuerdo de Taba
de 1995. El mismo acuerdo, convenía la liberación de todas las prisioneras palestinas
para antes de Eid al-Fitr, festividad que se celebra durante los últimos cuatro
días antes de finalizar el Ramadán. Pero el Protocolo de Hebrón no especificaba
claramente la fecha de liberación lo que dio motivos a las autoridades israelíes
para atrasar la supuesta fecha.. 5
Según fuentes provenientes de la Autoridad Palestina, existen otros 3.500 hombres
prisioneros políticos que permanecen aún en las cárceles israelíes.. 6 Si bien, muchos analistas políticos
creen que el tema de los prisioneros políticos no tendría que haber sido negociado
en los acuerdos, las medidas discriminatorias practicadas por las autoridades
israelíes hicieron posible que el tema fuera puesto en la mesa de negociación.
Entre las medidas que afectan a los derechos humanos se puede mencionar la decisión
de la Suprema Corte de Justicia Israelí de permitir el uso de la violencia física
y torturas contra los prisioneros; los retrasos en los juicios con demoras de
hasta más de cinco años; la existencia de prisioneros palestinos sin juicio
ni condenas; la desaparición de expedientes y la ausencia de abogados que, a
la vez, permite retrasar el juicio hasta que se lo encuentre [expediente y/o
abogado]; la prohibición para hermanos o hermanas del prisioneros, amigos o
allegados de poder visitarlo, solo los padres o hermanos menores de 16 años
pueden hacerlo; la transferencia de detenidos en los territorios ocupados a
cárceles en Israel; incomunicación del detenido que les impide ponerse en contacto
con personas que pueden ayudarlo, entre otras violaciones.. 7
Inmediatamente después de la firma del Protocolo de Hebrón, el gobierno del
Likud renovó las detenciones administrativas. Estas detenciones no requieren
la necesidad de tener una acusación ni la celebración de un juicio, constituyendo
una grave violación al derecho internacional. Muchas detenciones son realizadas
en los territorios bajo jurisdicción de la Autoridad Palestina.. 8 Según el parágrafo 4b del Protocolo
sobre Asuntos Legales del Acuerdo de Oslo II, Israel tiene la obligación de
transferir al sospechoso a la Autoridad Palestina; en la mayoría de los casos
no sucede esto.
3) El tercer compromiso fue comenzar las negociaciones sobre asuntos civiles, incluyendo el “pasaje seguro” entre Cisjordania y Gaza y la construcción del aeropuerto y puerto de Gaza.. 9 Si bien las conversaciones finales comenzaron el 16 de febrero de 1997 quedaron rápidamente suspendidas como resultado del inicio en la construcción de Har Homa. Sin embargo, el gobierno de Israel permitió a Yasser Arafat hacer uso personal del aeropuerto de Gaza. Por el contrario, la construcción del puerto se le negó con el pretexto que no era necesario otro puerto, que los palestinos podían hacer uso de los puertos israelíes. Según el Acuerdo Económico de París firmado en 1994, Israel autorizaba a la Autoridad Palestina a utilizar el aeropuerto y puertos israelíes con los mismos derechos que poseen todos sus ciudadanos.. 10
1) El primer compromiso de la Autoridad Palestina fue enmendar la Carta Nacional Palestina. Si bien, la Autoridad Palestina se comprometió a rectificar la Carta en lo relativo a la eliminación de Israel, hasta fines de la gestión Likud, no se lo había hecho. Diez días después de la firma del Acuerdo de Hebrón, Arafat desmintió su compromiso, diciendo repetidas veces que no rectificaría la Carta hasta que Israel no adoptara una constitución escrita.. 11
2) El segundo compromiso fue la lucha contra el terrorismo y la violencia.
Los actos suicidas después del Acuerdo de Hebrón y la creciente ola de atentados
en la ciudad de Jerusalén y en el asentamiento de Har Homa (Jabel Abu Ghneim)
facilitaron al gobierno israelí continuar con su política de control de todos
los territorios, aún de aquellos que están concedidos a la Autoridad Palestina.. 12
La creciente decepción de la población palestina sobre el proceso de paz repercutió
en un incremento en el soporte a movimientos islámicos como Hamas o Jihad Islámica.
La Autoridad Palestina, después de que Israel redesplegara sus tropas en Hebrón,
no llevó a cabo las detenciones de activistas islámicos ni el cierre de instituciones
educativas religiosas dirigidas por los movimientos islámicos, tal como se había
acordado en Oslo II Anexo VII. Más bien, durante el periodo interino, Arafat
había liberado a numerosos activistas de Hamas. Lejos de respetar los compromisos,
el líder palestino invitó a Hamas y a Jihad Islámica a participar en una conferencia
organizada en Gaza, a mediados de agosto de 1997. Según Arafat, el fin de la
conferencia era representar a todos los “sueños y aspiraciones” del pueblo palestino.. 13
La conferencia fue vivida por la comunidad israelí como una demostración de
unidad popular donde todos los sectores políticos estuvieron representados,
inclusive aquellos que apoyan las operaciones armadas en todas las ocasiones.. 14
Como consecuencia, Netanyahu decidió no continuar con los redespliegues adicionales
de octubre hasta que Arafat no debilitara a Hamas, incluyendo el arresto de
sospechosos incluidos en una lista israelí concedida a la Autoridad Palestina.
La lista conferida a la Autoridad Palestina contenía 30 nombres de palestinos
que debían ser extraditado a Israel y 150 para ser arrestados. Israel había
entregado a la Secretaria de Estado Estadounidense, Madeleine Albright, una
lista con 1.500 nombres que el Estado de Israel demandaba. Arafat, por mediación
de Estados Unidos, se comprometió a realizar sus compromisos siempre y cuando
Netanyahu paralizara la construcción de asentamientos. Para demostrar sus buenas
intenciones de cooperar con Israel, Arafat durante 1997 clausuró 16 instituciones
sociales islámicas en Gaza entre las cuales figuraban la Sociedad Islámica y
todas sus filiales, el Club Social Islámico, la Asociación de Mujeres Musulmanas,
el Instituto de Tierra Santa y la Sociedad de Beneficencia Islámica y todas
sus filiales. Sin embargo, el resultado fue el quebrantamiento de los compromisos
por ambas partes.. 15
3) Un tercer compromiso se refería al cuerpo de policía civil palestina
(al- Shurta Madaniyya) o también conocida como “policía azul”. La policía civil
es la principal herramienta de ejecución de la ley en los territorios palestinos.
Su función principal es el mantenimiento del orden público. Según el Acuerdo
Interino, la policía actuaría en 25 ciudades correspondientes al “Área B”; en
esta área está prohibida la portación de armas de fuego pero la policía palestina
sí lo hace constituyendo una violación a lo acordado. El Acuerdo del Cairo de
1994 limitaba el número de armas a 15.000 (7.000 en Gaza y 8.000 en Cisjordania).. 16
Según algunos analistas, hoy el servicio de seguridad palestino cuenta con más
de 40.000 armas adicionales.. 17
El consenso general es que los palestinos están acumulando grandes cantidades
de armas pesadas, prohibida por el Acuerdo de Oslo II Anexo III. Según las autoridades
israelíes, los palestinos habrían adquirido armas a través de continuos intentos
de robos a las instalaciones militares israelíes. Los esfuerzos para adquirir
misiles fueron hechos públicos en febrero de 1997, cuando un miembro de las
fuerzas de defensa israelíes fue arrestado por robo a una patrulla militar cargada
con armas y municiones. En la investigación, reconoció que actuaba bajo órdenes
del servicio de seguridad palestino por medio de un civil palestino que había
servido como contacto.. 18
Asimismo, el Acuerdo Interino dispone el número total de policías palestinos
que no debe exceder los 24.000 policías (18.000 en Gaza y 6.000 en Cisjordania).
Con los redespliegues adicionales, la policía civil en Cisjordania aumentaría
a 12.000 oficiales en coordinación conjunta con Israel. En la actualidad existen
aproximadamente unos 40.000 policías palestinos.. 19
El Acuerdo del Cairo permitió a la Autoridad Palestina establecer un aparato
de seguridad estatal que incluye un cuerpo policial y fuerzas de seguridad internas
(Acuerdo del Cairo, Apéndice II). Varias fuerzas de seguridad fueron creadas
después de la firma del acuerdo, como fue el caso de la Inteligencia Militar
(Istkhabbarat al-Askariyya). Este cuerpo de inteligencia se dedica a investigar
y arrestar a activistas opositores que pueden poner en peligro la estabilidad
del régimen. Sin embargo, y a pesar de su función, el Acuerdo de Oslo II ni
siquiera lo menciona, por tanto se convierte en un nuevo órgano de seguridad
no reconocido oficialmente. Igual situación sufre la Policía Militar, cuerpo
subordinado de la Istkhabbarat, cuya función es el arresto, control, protección
de importantes personalidades e instalaciones y mantenimiento del orden y la
disciplina entre los cuerpos de seguridad.
Otros cuerpos ni siquiera están nombrados en algún acuerdo. Es el caso de la
Policía Aérea responsable de la operación y el mantenimiento de cinco helicópteros
usados casi exclusivamente para el transporte personal de Arafat. Otro ejemplo
lo constituye la Guardia del Condado (al-Amn al-Mahafza), cuya función es la
resolución de conflictos locales entre la población. También es el caso de la
Fuerza de Seguridad Especial, bajo la directa supervisión de Arafat, especializado
en obtener información de las actividades de oposición de grupos extranjeros,
principalmente islámicos y de otros servicios de seguridad palestinos.
Con respecto a las fuerzas de seguridad palestinas, Israel denuncia que la Autoridad
Palestina no proporciona la lista completa de los nombres de todos sus miembros.
Esta actitud puede tener dos razones: una, para que Israel no conozca el verdadero
número de oficiales empleados; otra, para que Israel no conozca las identidades
de algunos de sus hombres que son requeridos por el gobierno israelí. Según
Oslo II, Israel tiene el derecho de desaprobar el empleo de cualquier hombre
que esté sospechado de cometer actos contra la seguridad israelí.
4) La cuarta obligación está vinculada a las actividades gubernamentales palestinas y la ubicación de sus oficinas. Como se especifica en Oslo II artículo XI y XII, solo pueden existir oficinas palestinas en las áreas A y B, pero no en el área C o Jerusalén. Inmediatamente después del Acuerdo de Hebrón, Arafat cerró varias oficinas en Jerusalén que operaban bajo su autoridad. Sin embargo, otras oficinas continuaron en la ciudad alegando que no tenían ninguna conexión con la Autoridad Palestina. Como reacción, la policía israelí allanó las oficinas del Departamento de Mapas de Estudios Arabes, Centro Palestino de Micro-Proyectos, Club de Prisioneros y el Colegio Um Imara. El allanamiento se realizó bajo los fundamentos de que estos centros estaban relacionados a la Autoridad Nacional Palestina.. 20
Ninguno
de los compromisos asumidos en Oslo II ha sido cumplido en forma completa. Algunos
fueron iniciados pero prontamente quedaron paralizados como las rondas de conversaciones
finales. Otros compromisos se emprendieron con demoras, idas y venidas, como
los redespliegues adicionales y la liberación de los prisioneros palestinos.
Otros, en cambios, ni siquiera fueron considerados como la rectificación de
la Carta Nacional Palestina o el establecimiento de organismos de seguridad
públicos palestinos.
El asesinato de Rabin y los continuos atentados a las ciudades de Jerusalén
y Tel Aviv por grupos islámicos pro-palestinos mostraron el fuerte descontento
popular hacia el proceso de paz o hacia los términos en los cuales se fundaba
el proceso. Sin embargo, la Autoridad Nacional Palestina y el Estado de Israel
firmaban en enero de 1997 el Protocolo de Hebron que, a pesar de las dificultades
conocidas, significaban un nuevo paso hacia la paz.
La decisión de Benjamin Netanyahu de construir el asentamiento de Har Homa en territorio ocupado palestino es el punto de inflexión para el cumplimiento de los compromisos de Oslo. Después del 26 de febrero de 1997, fecha de inicio de la construcción, las partes adoptan una postura de desconfianza que frena el proceso de consumación de las obligaciones. A partir de dicha fecha no se visualizan grandes adelantos en las relaciones entre ambos pueblos sino solo retrocesos y paralización del proceso de paz.
Durante la campaña electoral, Benjamin Netanyahu se había opuesto al proceso de paz por considerarlo sumamente costoso para el pueblo judío. Según el Primer Ministro israelí, las entregas de territorios a la Autoridad Palestina mediante los redespliegues ofrecían un ambiente favorable para erigir el Estado Palestino en un futuro inmediato. Por consiguiente, Netanyahu no quiere un proceso de paz en estos términos, cree que debe oponerse a los Acuerdos de Oslo y paralizar el proceso de paz como alternativa para frenar la creación de un Estado Palestino en las tierras de Eretz-Israel.
Existieron tres opciones para paralizar el proceso de paz durante el último gobierno del Likud:
ü El quebrantamiento de los compromisos asumidos en Oslo y que debían ser realizados durante su mandato; por ejemplo los redespliegues adicionales.
ü La violación de los compromisos asumidos en Oslo iniciados por el gobierno laborista de Rabin – Peres y, que por cuestiones de tiempo, debían finalizarse durante el gobierno Likud; por ejemplo la liberación de los prisioneros políticos palestinos.
ü Modificando, mediante acciones unilaterales, los cinco temas previstos para las rondas de negociaciones finales.
El presente trabajo solo analiza esta última opción para discernir el por qué la paralización del proceso de paz y comprender la masiva construcción en Jerusalén Oriental. La política de asentamiento israelí en Jerusalén Oriental no es la única causa de la interrupción del proceso de paz pero sí es una herramienta útil, aunque parcial, para comprender dicha paralización.
Mediante la construcción intensiva de viviendas en Jerusalén Oriental, la expansión de los asentamientos existentes, la demolición de hogares palestinos, la confiscación de tierras palestinas, la confiscación de documentos de identidad, el cierre de la ciudad de Jerusalén a la comunidad palestina y con el deterioro de la situación socio-económica de los palestinos jerosolimitanos, ¿se está respetando el proceso de paz?. La respuesta a tal interrogante sería no. Pero ¿el Acuerdo de Oslo II prohibe o restringe tales actividades?. Los vacíos permitidos en Oslo (condición jurídica de Jerusalén, delimitación de las fronteras con la Autoridad Palestina, política de asentamiento, futuro de los refugiados y control de las cuencas hídricas) propiciaron un ambiente favorable para cometer una serie de acciones unilaterales que llevaron al proceso de paz al colapso total.
La política de asentamiento israelí, en general, y la política de asentamiento en Jerusalén Oriental, en particular, sería plenamente consistente con el proceso de paz. Ni en la Declaración de Principios (13 de setiembre de 1993), ni en el Acuerdo Interino (28 de setiembre de 1995) existe alguna disposición prohibiendo o restringiendo las actividades de expansión o construcción de los asentamientos en los territorios ocupados.
En el artículo XXXI (5) del Acuerdo de Oslo II, el tema de los asentamientos quedó relegado para ser negociado en las conversaciones finales. A pesar de los intentos de la Autoridad Palestina para obtener una cláusula prohibiendo la expansión de los asentamientos, Israel rechazó totalmente todas las demandas.
Igual posición adquiere el tema de Jerusalén Oriental. Jerusalén es explícitamente uno de los “temas sobrantes” (remaining issues) que será tratado en las rondas finales.. 21 Ni la Declaración de Principios ni los acuerdos posteriores se señala alguna prohibición de “crear efectos sobre el terreno” en Jerusalén o en los alrededores a favor de Israel.
No obstante, si los Acuerdos de Oslo se formularon para implementar una paz duradera en la región, basada en los principios del derecho internacional y con los deseos de encontrar una solución al problema palestino, entonces sí es admisible examinar el problema de los asentamientos en Jerusalén Oriental considerando el concepto de reciprocidad.
Los esfuerzos israelíes por borrar las instituciones palestinas de Jerusalén, la no renovación de permisos de residencia, que se conoce como la “limpieza étnica silenciosa”, la confiscación de tierras palestinas, la decisión de construir Har Homa en tierras anexadas, la construcción de un barrio judío en el corazón musulmán de la ciudad -Ras Al-Amud-, la expansión constante de las fronteras municipales, la inclusión de asentamientos situados en Cisjordania dentro del Gran Jerusalén, el cierre de la ciudad a la comunidad palestina son todas medidas amparadas en un marco semi-legal proporcionado por los Acuerdos de Oslo.
Con la intención de reavivar el proceso de paz y de mejorar el ámbito en el cual se desarrolla el proceso, se firmó el Acuerdo de Wye River el 23 de octubre de 1998. Uno de los puntos centrales del acuerdo está contenido en el artículo V sobre Acciones Unilaterales, el cual establece que:
“Reconociendo la necesidad de crear un ambiente positivo para las negociaciones, ninguna parte iniciará o tomará medidas para cambiar el estatus de Cisjordania y la Franja de Gaza en conformidad con el Acuerdo Interino”.
Sin embargo, desde la firma del acuerdo hasta finalizar la gestión de Benjamin Netanyahu se confiscaron 11 kilómetros de tierras palestinas y se construyeron 6 nuevos asentamientos.. 22
Bajo estas circunstancias, la desconfianza y la desilusión domina los ánimos de la mayoría de los ciudadanos de ambas partes. Muchas personas no tienen fe en el proceso de paz; la casi totalidad de los palestinos lo perciben como un callejón sin salida, donde Jerusalén parece estar condenada a permanecer bajo el dominio de Israel.. 23
Tales acciones unilaterales son justificadas por el gobierno nacional israelí y por la municipalidad de Jerusalén. Uno de los elementos claves de auto-legitimación israelí para adoptar dichas medidas es la promoción de la democracia israelí en una región dominada por el autoritarismo. En Jerusalén, el argumento de “gobierno democrático” es usado como una espada de doble filo. Por un lado, las autoridades municipales lo utilizan para justificar las políticas discriminatorias tales como las restricciones en los permisos de construcción o la declaración de tierras como reserva natural o zonas verdes. Por otro lado, les permite responsabilizar a los palestinos de su propia situación, culpándolos de no tomar ventajas del proceso democrático ofrecido por Israel. Las autoridades israelíes han intentado demostrar cómo el gobierno democrático ha beneficiado a la población palestina argumentando que los palestinos jerosolimitanos son privilegiados por que cuentan con los servicios que sus hermanos en los territorios ocupados no poseen: agua corriente, cloacas, clínicas, librerías, entre otros servicios.. 24
Como demostramos en capítulos anteriores, Israel depende de métodos cuasi-legales para implementar sus objetivos políticos. En el caso de Jerusalén Oriental, las restricciones de permisos de construcción, las expropiaciones de tierras o demoliciones de hogares son justificadas como parte de un proceso democrático y legítimo para satisfacer necesidades públicas. Todo gobierno dispone de ingresos que, a su vez, son distribuidos en la sociedad para intensificar su desarrollo. Cualquier gobierno que se dice democrático asigna tales ingresos bajo el principio de igualdad, del beneficio de toda la comunidad o como parte del bien común. Cuando se recaudan impuestos o se expropian tierras en nombre de los propósitos públicos estos deben servir al beneficio de todas las partes implicadas en una sociedad. Cuando se pagan impuestos, la sociedad entera espera que se redistribuyan en mejores servicios y en forma equitativa. Esto no sucede en Jerusalén Oriental. Los palestinos jerosolimitanos contribuyen con el 26% del total recaudado; solo el 5% del mismo es invertido en servicios en los vecindarios palestinos.. 25
La definición de “público” en términos de distribución de recursos resulta ambigua y contradictoria. En todos los casos de expropiación de tierras y propiedades, los palestinos parecen ser los únicos que están incluidos en la definición de propósitos públicos. Cuando lo público es definido como construcción de viviendas en las áreas expropiadas, los únicos que están incluidos son los colonos israelíes. Un perfecto ejemplo de esta situación lo proporciona el caso de Har Homa (Jabel Abu Ghneim). Cuando se decidió expropiar las tierras del Monte Abu Ghneim los afectados fueron residentes palestinos de las localidades lindantes. Pero cuando se construyen viviendas están destinas a los colonos israelíes. Todas estas circunstancias no hacen más que agravar la desilusión palestina y aumentar la desconfianza hacia el proceso de paz iniciado en 1991.
La política de asentamiento ha creado una situación socio – económica – política en los territorios ocupados incluida Jerusalén Oriental que presenta ciertas similitudes con el apartheid sudafricano. La población nativa palestina en Jerusalén no goza plenamente de todos los derechos que goza un ciudadano judío. Si bien la población judía – israelí supera ampliamente a la población palestina, debe recordarse que la superioridad demográfica fue posible gracias a un conjunto de medidas nacionales y municipales. De la misma manera en Sudáfrica, el apartheid estuvo amparado en varios decretos establecidos para asegurar la separación física entre los nativos y los blancos europeos. Existieron tres actas de segregación: la Ley de Áreas Grupales, que permitía la separación entre negros y blancos; la Ley de Registro Separado para Votantes, la cual privaba a los nativos de su derecho a votar; y, la Ley de Ciudadanía al Territorio Bantú, que negaba la ciudadanía sudafricana a los nativos negros.
El futuro Estado Palestino, bajo las actuales condiciones, estaría compuesto por un grupo de cantones o bantustanes. Hemos visto como muchos pueblos palestinos no se benefician de las conexiones terrestres, masivamente construidas durante el gobierno de Benjamin Netanyahu. Tal situación no hace más que favorecer la formación de nuevos bantustanes y obstaculizar la creación del Estado Palestino.
El Acuerdo de Oslo II no altera la realidad de apartheid en Jerusalén Oriental ni en los demás territorios ocupados palestinos. No existe cláusula alguna que deplore y sancione tal comportamiento. El Acuerdo de Oslo ha legitimado solapadamente la situación vigente. La comunidad palestina dispone de resoluciones, en el ámbito de Naciones Unidas, que poco han logrado progresar las relaciones entre ambos pueblos.
Es necesario formularnos una última pregunta: ¿es posible un proceso de paz definitivo entre el Estado de Israel y la Autoridad Nacional Palestina?. En la medida en que la paz se plantee en términos de vencedores y vencidos, de hacer desaparecer al otro y no en convivir con él, el proceso de paz seguirá estando condenado al fracaso. Por que es cierto que con la confiscación de tierras, de documentos de identidad palestinos, el cierre de la ciudad, entre otras decisiones se ha logrado una “limpieza étnica” de la población palestina jerosolimitana; Pero debemos recordar que los movimientos islámicos tienen mucha popularidad en la sociedad palestina y muchos árabes se niegan a condenar los atentados terroristas contra la comunidad judía.
El desafío en la actualidad es restaurar el intrincado sitio que ocupa la cooperación entre las partes, el cual debe estar basado en el principio positivo de reciprocidad. La exigencia no es menos real si se continúa en el periodo interino o se aceleran las conversaciones finales. Más allá de cualquier solución final brindada por el proceso de paz, se deben conservar los compromisos de cooperación en el cumplimiento de cualquier acuerdo alcanzado.
Un proceso de paz definitivo y verdadero debe dejar de lado la falacia según la paz puede lograrse a través de un amplio consenso nacional. En el conflicto de Medio Oriente, solo las guerras unen. La paz, paradójicamente, es un empeño que divide porque al requerir numerosas concesiones, a veces no deseadas, hace el consenso inalcanzable. Desde 1948, la conflictividad es algo permanente en Medio Oriente. Por el contrario, la paz es algo excepcional. De la misma manera, creer que con inversiones y desarrollo económico se soluciona el conflicto es también una falacia. Si bien, el desarrollo económico y el mejoramiento social de la comunidad palestina es un componente importante para proseguir el proceso de paz, no pueden ser utilizados como sustituto de los derechos políticos del pueblo palestino.
Un proceso de paz definitivo y verdadero debe fundarse en el entendimiento de comunidades enfrentadas, que cargan con un pasado tan rico como doloroso. Debe fundarse en la integración de comunidades bajo el amparo de la comprensión de sus historias, sin intereses nacionales e internacionales de por medio. Debe fundarse en la reciprocidad positiva de acciones que mejoren la situación de cada uno de los pueblos pero que no implique el perjuicio del otro. Puede sonar utópico expresar estas ideas, pero se cree pertinentes hacerlas públicas y por que no intentarlas en la medida de nuestras posibilidades.
El cambio de signo político con el triunfo de Ehud Barak, en mayo de 1999, ofrece nuevas opciones para reavivar el proceso paz. Concertar nuevas propuestas y esperanzas al proceso de paz es una obligación de todos los habitantes árabes, palestinos y judíos como de todos aquellos que deseamos un “Nuevo Medio Oriente”.
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