MERCOSUR
XVIII Reunión del Consejo del Mercado Común
Carta de Buenos Aires sobre Compromiso Social en el MERCOSUR, Bolivia y Chile
Buenos Aires, 30 de junio de 2000.
Los Presidentes de la República Argentina, de la República Federativa del
Brasil, de la República del Paraguay y de la República Oriental del Uruguay,
Estados Partes del Mercosur y los Presidentes de la República de Bolivia y de
la República de Chile,
REAFIRMANDO los principios contenidos en el Protocolo de Ushuaia sobre
Compromiso Democrático y en la Declaración Política del Mercosur, Bolivia y
Chile como Zona de Paz;
TENIENDO presente los principios y derechos contenidos en la
"Declaración Sociolaboral del Mercosur";
CONVENCIDOS de que el desarrollo económico y la plena integración
regional sólo pueden lograrse en un marco de justicia y de equidad social;
REAFIRMANDO el compromiso con la consolidación y defensa de los derechos
humanos y de las libertades fundamentales y con las declaraciones e
instrumentos internacionales y regionales que los resguardan;
CONSIDERANDO que la firme adhesión a los principios de la democracia
representativa y al Estado de Derecho y el respeto irrestricto a los derechos
civiles y políticos constituyen la base irrenunciable de la integración regional;
CONVENCIDOS de que el crecimiento económico es una condición necesaria
pero no suficiente para alcanzar una mejor calidad de vida, erradicar la
pobreza y eliminar la discriminación y la exclusión social;
RATIFICANDO su propósito de contribuir unidos a lograr un mayor
bienestar e igualdad social a través de un desarrollo económico equilibrado y
justo;
CONSIDERANDO que resulta prioritario profundizar la dimensión social del
Mercosur y teniendo en cuenta que todos los aspectos del proceso de integración
deberán avanzar en forma conjunta;
COINCIDEN EN:
Reconocer la
responsabilidad primordial del Estado en la formulación de políticas destinadas
a combatir la pobreza y otros flagelos sociales y apoyar las acciones de la
sociedad civil dirigidas al mismo objetivo.
Intensificar los
esfuerzos de sus Gobiernos para mejorar la calidad de vida en sus respectivos
países y en la región, mediante la atención prioritaria a los sectores más
desprotegidos de la población en materia de alimentación, salud, empleo,
vivienda y educación.
Fomentar la
cooperación con las organizaciones comunitarias y solidarias de sus respectivos
países y a nivel regional o internacional, que permitan el aprovechamiento
racional y equitativo de los recursos públicos y privados en las acciones
encaminadas a superar los desequilibrios sociales en la región.
Fortalecer los
mecanismos de apoyo a los grupos sociales más afectados, dando prioridad a los
campos de la nutrición, con atención especial a la niñez, la juventud, la tercera
edad, las mujeres cabeza de familia y madres menores de edad, las comunidades
indígenas, las comunidades rurales críticas, los trabajadores migrantes y sus
familias, las personas discapacitadas y otros grupos sociales vulnerables.
Asegurar la efectiva
vigencia de los principios rectores orientados a la protección integral de la
niñez y la adolescencia y estimular la formulación de políticas específicas en
su favor, que contemplen su problemática en el contexto familiar y comunitario,
dando prioridad por igual a los aspectos preventivos y correctivos.
Impulsar medidas
adecuadas destinadas a satisfacer las necesidades especiales de los niños y
jóvenes en situaciones de violencia y abuso sexual, trabajo infantil, embarazo
precoz, uso de drogas y comisión de delitos.
Intensificar los
esfuerzos para mejorar la situación de las personas mayores, especialmente de
aquellas en estado de pobreza o desamparo, a través de avances en materia de
prestaciones sociales y de políticas de vivienda e integración social y
programas de capacitación.
Velar por el
estricto cumplimiento de las respectivas normas legales que prohíben la
discriminación y resguardan la efectiva igualdad de derechos, trato y
oportunidades para todos, sin distinción o exclusión de ningún tipo.
Promover el
crecimiento de sus sociedades fundado en la igualdad entre mujeres y varones en
la vida social, política, económica y cultural, conforme a una concepción de la
ciudadanía que amplíe los derechos de las mujeres y afirme la responsabilidad
compartida entre ambos.
Fortalecer la
cooperación entre los países de la región en materia migratoria y asegurar a
los migrantes el pleno ejercicio de los derechos humanos, y un trato digno,
justo y no discriminatorio.
Garantizar el
derecho a la educación básica y favorecer el acceso a la educación secundaria,
técnica y vocacional, siendo ambos elementos claves en la superación de la
pobreza como vehículos de movilidad social y económica.
Desarrollar políticas
que promuevan un tipo de sociedad no excluyente, que prepare a las personas
para enfrentar los desafíos planteados por la nueva comunidad del conocimiento.
Incentivar las
investigaciones y estudios conjuntos sobre vulnerabilidad y exclusión social,
descentralización y participación, orientados a mejorar el proceso de toma de
decisiones en política social y en la asignación de recursos.
POR TODO ELLO, DECIDEN:
Instruir a las
respectivas autoridades nacionales competentes a fortalecer el trabajo conjunto
entre los seis países, así como el intercambio de experiencias e informaciones
a fin de contribuir a la superación de los problemas sociales más agudos que
los afectan y a la definición de los temas o áreas donde sea viable una acción
coordinada o complementaria tendiente a su solución.
Acordar que el Foro
de Consulta y Concertación Política del Mercosur, Bolivia y Chile efectúe el
seguimiento de las orientaciones y líneas de acción contenidas en la presente
Carta, promoviendo la institucionalización de una reunión de las autoridades
responsables en materia de desarrollo social.