Estados Unidos

Discurso de Jesse Helms, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de los EE.UU.

Audiencia sobre la “Ley de protección para los
soldados estadounidenses”

14 de junio de 2000

Con el establecimiento de una Corte Penal Internacional permanente cada vez más cerca, la amenaza de que los soldados y oficiales estadounidenses puedan ser algún día aprehendidos, extraditados y juzgados por "crímenes de guerra", es cada vez mayor.

De hecho, ese día quizás ya haya llegado. En un pequeño artículo publicado recientemente en The New York Times, se informó que luego de la detención del Gen. Pinochet "el FBI había advertido a [varios ex oficiales estadounidenses] no viajar a algunos países, incluyendo algunos de Europa, donde existe el riesgo de una extradición por otros países interesados en juzgarlos."

Lo que es más, este año, por primera vez, hemos visto a un tribunal penal internacional investigar acusaciones acerca de que la OTAN había cometido crímenes de guerra durante la campaña militar en Kosovo.

Un mes antes, en mayo, el Secretario General de la OTAN, Lord Robertson, fue sometido a una denigrante interrogación escrita por una mujer llamada Carla del Ponte, la Fiscal del Tribunal para Crímenes de Guerra de la Antigua Yugoslavia. Después de examinar las respuestas de Lord Robertson, la Srta. del Ponte decidió concluir con su investigación de once meses sobre la OTAN sin formular cargos en contra del Presidente Clinton, los comandantes de la OTAN o los soldados aliados.

Pero el daño ya estaba hecho. Simplemente al cooperar con la investigación, Lord Robertson reconoció de manera equivocada que el Tribunal de Yugoslavia tenia jurisdicción sobre la OTAN y sus estados miembros, y por lo tanto tenía autoridad para juzgar las acciones de la OTAN. Este precedente extremadamente peligroso volverá a molestar a Estados Unidos .

Los comandantes y funcionarios de la OTAN puede que hayan evitado la acusación esta vez. Pero fijense en lo que les digono está lejos el día en que los soldados y funcionarios estadounidenses tengan que enfrentar una acusación de parte de una Corte Penal Internacional.

Esta Comisión está reunida hoy para evaluar la amenaza colocada sobre los soldados y funcionarios estadounidenses debido a esta peligrosa evolución del "derecho internacional", y para considerar un arreglo legislativo que he presentado esta mañana junto con los líderes de la Mayoría del Senado Trent Lott, y los senadores Warner, Grams, Hatch, Shelby y otros"La Ley de Protección para los solados estadounidenses del 2000"

"La Ley de protección para los solados estadounidenses" prohibirá cualquier cooperación con la CPI mientras Estados Unidos no haya firmado o ratificado el Estatuto de Roma. Esto requiere que el personal estadounidense tenga inmunidad en relación con la competencia de la CPI antes de que Estados Unidos pueda participar en cualquier operación de mantenimiento de la paz de NN.UU. Impide la entrega a la Corte de información clasificada considerada de seguridad nacional y prohíbe el apoyo militar a cualquier país que haya ratificado el Estatuto de Roma (con una renuncia para los aliados de Estados Unidos que tienen acuerdos que protegen a los ciudadanos estadounidenses de la extradición). Y autoriza al Presidente a emplear todos los medios necesarios y convenientes para llevar de regreso a casa a cualquier ciudadano estadounidense o personal aliado detenido en contra de su voluntad o en nombre de la Corte.

Esta legislación no impide a los Estados Unidos cooperar con los actuales o futuros tribunales Ad-Hoc creados a través del Consejo de Seguridad -- esto no impedirá el enjuiciamiento de futuros Pol Pot y Saddam Husseins. Lo que será un hecho es que Estados Unidos no reconocerá la legitimidad del falso derecho de la CPI de ejercer su competencia sobre ciudadanos estadounidenses.

¿Por qué es necesaria dicha legislación? Debido a que la Corte Penal Internacional insiste en que los ciudadanos estén bajo su competencia a pesar de que los Estados Unidos no han firmado ni ratificado el Estatuto de Roma.

Sin embargo a pesar de esto, la Secretaria Albright ha declarado que Estados Unidos intenta seguir la política del "buen vecino" con la CPI. ¿Cómo podemos ser "buen vecino" de una Corte que insiste en su "derecho" a juzgar a los soldados y funcionarios estadounidenses, aunque Estados Unidos se haya negado a unirse a la Corte?

Si otras naciones insisten en colocar a los estadounidenses bajo la competencia de la Corte en contra de su voluntad, el Congreso tiene el derecho y la responsabilidad de poner un precio a su obstinación y garantizar que nuestros hombres y mujeres uniformados sean protegidos.

Nos complace dar la bienvenida al Honorable Capar Weinberger, que compartirá su visión como ex Secretario de Defensa de los EE.UU., sobre por qué los probables enjuiciamientos de soldados y funcionarios estadounidenses tendrían un efecto estremecedor en la toma de decisiones de seguridad nacional.

También damos la bienvenida al Profesor Jeremy Rabkin de la Cornell University, que es uno de los principales expertos nacionales (y opositores) de estos avances en el derecho internacional. Y saludamos al Dr. Ruth Wedgewood, profesor de la Universidad de Yale y Senior Fellow del Consejo de Relaciones Exteriores, que ha escrito extensamente sobre la Corte Penal Internacional.

Debido a que las delegaciones estadounidenses se están reuniendo en Nueva York esta semana para discutir sobre la competencia de la Corte sobre los ciudadanos estadounidenses, sus testimonios son particularmente oportunos.

Senador Biden [cede la palabra]

Traducción no oficial por el Equipo de Trabajo de APRODEH-FIDH]