World Economic Forum
Cumbre Económica del MERCOSUR
Sesión Plenaria de Cierre
Discurso del Señor Canciller, Dr. Adalberto Rodríguez Giavarini
Río de Janeiro, Brasil, 9 de mayo de 2000
Agradezco la oportunidad de estar en este evento tan
importante, con un temario que ha enfocado los temas clave para el desarrollo
de la región y donde la fecundidad de los debates y la profundidad de las
conclusiones nos servirán para reflexionar sobre estos cuestiones, con la vista
puesta en la acción y en el diseño de las estrategias de crecimiento. Esperamos
que la próxima reunión de la Cumbre Económica del Mercosur, que se llevará a
cabo en Buenos Aires el año que viene, sea tan enriquecedora como lo ha sido
ésta.
Liderazgo responsable implica, en la actualidad, un fuerte
compromiso de los líderes con la defensa de la democracia plena -dotada de una
institucionalidad que limite las apetencias personales de perpetuación en el
poder-, el pluralismo, el respeto de los derechos humanos y una más equitativa
distribución del ingreso que compatibilice crecimiento sostenido con inclusión
y solidaridad social.
Nuestra región tiene bien en claro la importancia crucial
del crecimiento sostenido. Y nuestro compromiso con este objetivo es firme e
inclaudicable. Sólo un par de números bastan para reflejar esta impostergable
necesidad. El PIB per cápita de América Latina es igual al 20% del de la Unión
Europea. Suponiendo un crecimiento de nuestro PIB a una tasa más que
significativa del 5% anual y asumiendo que la UE crezca a una tasa del 2,5%
anual -tampoco nada despreciable-, en diez años nuestra región solamente
logrará elevar su producto per cápita a un nivel equivalente al 25% del
europeo. Con menores tasas, la posibilidad de la convergencia es aún más
difícil y remota. Y lo que es más grave, se diluirá la posibilidad de
compatibilizar el crecimiento de la productividad, que nos exige una economía
globalizada, con la creación de puestos de trabajo, necesarios para crecer con
equidad.
Esto habla a las claras de la importancia de cuidar los recursos y del énfasis puesto en su asignación eficiente, pues cualquier desvío en el sentido incorrecto disminuye la tasa de crecimiento de la economía, retrasa la ya difícil y lenta convergencia y reduce la mejora del bienestar de la población.
En un mundo globalizado, más crecimiento implica lograr un
incremento sustancial del comercio. Uno de los caminos para lograr una mayor inserción
internacional, es a través de las negociaciones multilaterales que promuevan la
liberalización de los flujos de comercio y eliminen los tratos
discriminatorios, trabas que dificultan el acceso de nuestros productos a los
países desarrollados. En este sentido, la posición de nuestros países en la OMC
ha sido y sigue siendo firme y precisa: las barreras comerciales, y en especial
los subsidios que los países desarrollados otorgan al sector agropecuario,
deben reducirse sustancialmente y en muchos casos eliminarse.
Un camino complementario es ampliar los mercados externos
mediante negociaciones regionales, tanto entre los países geográficamente
próximos como entre otros un poco más alejados pero que comparten ciertos
rasgos comunes. Esta combinación de los dos caminos es la estrategia que han
venido llevando los países de América Latina, que puede denominarse de
“regionalismo abierto”, esto es, que busca acuerdos para incrementar el
intercambio tanto al interior de las regiones como con el resto del mundo.
Porque una región con un mercado interno reducido necesita una inserción plena
en las corrientes comerciales internacionales para potenciar su crecimiento. De
este modo, se busca profundizar la interdependencia entre las economías de la
región mediante políticas compatibles y complementarias con las reglas
multilaterales.
Por lo tanto, se diferencia claramente de un sendero proteccionista, cuyas prácticas pueden favorecer a un sector en particular, pero que en el largo plazo resultan perjudiciales para el conjunto de la sociedad, al desviar recursos desde las actividades más productivas a otras menos eficientes, afectando así la tasa de crecimiento de toda la economía. Y ello nos llevaría, inevitablemente, a un sendero de crecimiento más bajo que aquel que se lograría si la asignación de recursos respetara las señales del mercado, con los costos que ya mencioné para toda la sociedad.
Un aspecto importante en la estrategia de nuestros países se
encuentra en el proceso de integración regional en América Latina, donde se han
registrado avances importantes en los últimos años y se han consolidado
diversas agrupaciones subregionales.
Mercosur es, en este sentido, una demostración de liderazgo
responsable, considerando la vigencia que ha mantenido en el tiempo. Su
trascendencia geopolítica y económica ha sido percibida por las
administraciones que se han sucedido en todo este período en los países
miembros. Más allá de transitorios lapsos de aparente estancamiento, los
inconvenientes se han superado y el proyecto consolidado. Fundamentalmente,
Mercosur ha mostrado poseer una alta calidad político-institucional, creando un
marco de entendimiento pacífico y favoreciendo el desarrollo democrático en los
países miembros, articulando los aspectos sociales, políticos y económicos.
El Mercosur ha sido concebido para profundizar la inserción
competitiva de la región en el mundo. Desde su creación, favoreció tanto el
crecimiento del comercio entre sus socios como con el exterior del bloque. Una
muestra del avance de este proceso de integración, lo constituyen los
importantes acuerdos alcanzados en rubros considerados “sensibles” y el
progreso en el camino de la armonización de políticas macroeconómicas,
componente que le dará un mayor impulso. De este modo, el bloque contará con
acuerdos sobre políticas macroeconómicas sensatas, con el objetivo puesto en
cuentas fiscales equilibradas, brindando un clima favorable para la inversión,
el incremento del comercio y el crecimiento, aumentando la sustentabilidad del
proyecto integrador.
La recientemente suscripta Declaración de Buenos Aires,
ratifica la voluntad política de Argentina y Brasil de profundizar los vínculos
existentes y el compromiso de realizar esfuerzos sistemáticos en el proceso de
integración, y constituye un paso decisivo en el plano de los desarrollos
institucionales de la región.
Permítanme recordar algunas pocas cifras: en los último ocho
años, el comercio mundial creció 60%, el intercambio intra-Mercosur 200% y el
del Mercosur con el resto del mundo 45%. Pese a todo, el índice de apertura
económica del Mercosur muestra que el comercio total representa sólo el 11% del
PIB.
Estas asociaciones y acuerdos entre los diferentes bloques
regionales y países, van más allá del objetivo de incrementar los flujos
comerciales recíprocos. También pretenden estimular la complementación entre
las economías, mejorar la competitividad de sus productos con vistas a una
mayor inserción en los mercados mundiales y favorecer el desarrollo económico
de sus miembros. De este modo, ayudan a reforzar la credibilidad de las
políticas económicas nacionales y facilitan continuar con la modernización de
las economías. Asimismo, permitan consolidar las relaciones políticas entre los
países y promover la toma de posiciones comunes en negociaciones multilaterales
y en procesos de integración más amplios.
En este sentido, el ALCA –Área de Libre Comercio de las
Américas- se constituye como la iniciativa más ambiciosa en el ámbito
hemisférico. Desde el punto de vista de América Latina, este acuerdo le
permitiría obtener mejoras en su acceso al mercado norteamericano, afirmar un
ambiente propicio para el aumento del flujo de inversiones extranjeras, al
tiempo que favorece la posición negociadora en tratativas birregionales frente
a otros socios comerciales y en foros multilaterales.
Además de los acuerdos subregionales y de las iniciativas a nivel hemisférico, la región busca también ampliar su inserción en los mercados internacionales mediante tratativas con otros bloques, acorde con las bases del regionalismo abierto. Y la Unión Europea es uno de esos bloques comerciales con los cuales se inició un serio proceso de negociación. “Serio” quiere decir tratar todos los temas, en particular la cuestión de los subsidios agrícolas, que para América Latina es una condición sine qua non para la negociación.
Otro elemento central para mantener un sendero de
crecimiento sostenido, es crear un clima favorable para la inversión, de modo
que el ahorro interno se canalice hacia la actividad productiva y se incremente
el ingreso de capitales externos de largo plazo.
Aquí se resalta el papel de las políticas macroeconómicas
prudentes, que tengan como objetivo central el balance de las cuentas públicas,
que disminuye la vulnerabilidad de la región ante shocks externos. En este
sentido el mensaje de Maastricht es claro: la sustentabilidad de largo plazo
depende en gran medida de la situación fiscal de cada uno de nuestros países.
Al respecto, es un hecho alentador que tanto en Argentina como en Brasil se
hayan aprobado sendas leyes de Responsabilidad Fiscal, limitando el crecimiento
del endeudamiento y del déficit fiscal. En tanto, Paraguay, Uruguay, Bolivia y
Chile muestran “fundamentals” absolutamente compatibles con los principios
básicos de una economía equilibrada desde el punto de vista de sus cuentas
públicas. En la Declaración de Buenos Aires se ha establecido un cronograma de
pasos a dar por Argentina y Brasil para, a partir de marzo del año que viene,
establecer metas macroeconómicas de resultado fiscal y de precios.
En la medida en que la región muestre instituciones fiscales
sólidas, la prima de riesgo se reducirá y, así, será menor la tasa de interés
de largo plazo, aproximándose a las que pagan economías con mayor tradición de
estabilidad económica. Asimismo, un marco macroeconómico estable disminuye la
incertidumbre, factor central para un aumento de la tasa de inversión, pues
reduce el riesgo de cambios no previstos en las reglas de juego que, en el caso
extremo, afectan derechos adquiridos.
Los países del Mercosur deben, y de hecho lo están haciendo día a día, construir esforzadamente su reputación. En este aspecto, su situación es diferente a la que presenta la Unión Europea, que siempre tuvo en su seno países con alta credibilidad. De esta manera, la región estará en condiciones de absorber los capitales y el financiamiento que su sector privado requiere para expandirse y seguir “aggiornándose” en innovación tecnológica, destinada a aumentar su competitividad, balancear su crecimiento y reducir la vulnerabilidad externa.
Consolidar la situación regional en el plano fiscal, crear
amortiguadores ante shocks externos e ingresar en un círculo virtuoso de
crecimiento que se traduzca en un crecimiento sostenido del PIB per cápita,
tienen un fin último: el bienestar de las personas.
En este sentido, superar la pobreza y fomentar la equidad
social, son objetivos prioritarios en la agenda política de los países de
América Latina. Y su vinculación con el desarrollo es cada vez más nítida y
evidente. El mayor o menor grado de desarrollo de un país, guarda una relación
estrecha con la desigualdad en la distribución del ingreso. De ahí que, junto
con las políticas que promueven un uso eficiente de los recursos y favorecen el
crecimiento, pongamos énfasis en aquellas que aumentan el potencial de
crecimiento y al mismo tiempo permiten cerrar la brecha existente entre los
niveles de ingresos en nuestras sociedades. Medidas como favorecer la inserción
laboral de aquellos que se incorporan a la población activa, apuntar claramente
a una mejora de la calidad educativa y a un aumento de la tasa de
escolarización y acrecentar el acceso a sistemas de salud de mayor calidad,
hacen a la denominada inversión en capital humano, clave tanto para el
desarrollo económico como para el progreso de los individuos.
Para ello, la eficiencia debe ser un elemento insoslayable
de las políticas sociales, de manera de poder brindar soluciones que sirvan a
la mayor población posible. La programación y evaluación de los gastos sociales
–para evitar derroches-, la descentralización de su gestión –para mejorar el
control de los recursos- y un mayor esfuerzo en la focalización –para evitar
que sectores de ingresos medios y altos reciban los beneficios de programas
concebidos para las personas de menores ingresos-, constituyen instrumentos
esenciales para esta tarea. En este sentido, la calidad de la educación es un
elemento clave para aumentar la equidad y reducir la exclusión, sobre la base
de la utilización de tecnologías modernas y la potencialidad que tienen los
nuevos desarrollos, como Internet, para extender el conocimiento.
Para la mejora del bienestar en nuestra región, la disciplina fiscal es una condición necesaria. En primer lugar, las instituciones fiscales sólidas son indispensables para un sendero de crecimiento sostenido, tal como ya lo mencioné. Segundo, las políticas sociales precisan de recursos, muchas veces crecientes, que resultan difíciles de obtener en contextos donde impera la inestabilidad macroeconómica. Y este es el camino que están siguiendo nuestros países, donde se nota el esfuerzo por aumentar la asignación de recursos a la esfera social, incluso en el marco de fuertes restricciones presupuestarias, mostrando una vez más que no tiene por qué existir conflicto entre la disciplina fiscal y la atención de los objetivos sociales.
En resumen, en los tiempos nada fáciles que nos toca vivir,
un liderazgo responsable no sólo es aquel que pretende mejorar el bienestar de
la población, sino que lo busca con instrumentos sostenibles en el tiempo y con
resultados perdurables, más allá de la coyuntura. La intertemporalidad de las
decisiones, la responsabilidad histórica de los líderes respecto no sólo de los
que están sino también de las futuras generaciones, es un principio al que no
debemos renunciar. Por eso es fundamental promover un marco adecuado para el
crecimiento de nuestras economías, que aumente el acervo nacional y regional y
asegure a nuestros hijos mejores condiciones de vida. Y más crecimiento implica,
entre otras cosas, un incremento sustancial del comercio y de la
inversión.
En lo que hace al comercio, estamos siguiendo tres caminos
paralelos y complementarios.
1. El primero se da en el marco multilateral, donde el
objetivo es lograr mayores avances en materia de liberalización del comercio, y
en especial del agrícola, sector donde nuestras economías presentan claras
ventajas comparativas que muchas veces son menoscabadas o anuladas por medidas
que restringen el acceso a los mercados desarrollados.
2. El segundo camino es la profundización de la integración
regional, tanto en lo que hace a la consolidación de cada uno de los bloques,
como a su ampliación y la paulatina unión entre ellos. Los avances en la
armonización de políticas macroeconómicas en el Mercosur y los progresos en las
discusiones del ALCA y el CAN, constituyen ejemplos de esto.
3. El tercero es la vinculación progresiva con otros bloques
extra-hemisféricos, como la Unión Europea, porque no hay que olvidar que, para
alcanzar una inserción internacional flexible, es preciso participar en forma
activa en los procesos de integración regional, pero sin afectar las relaciones
con otros países y regiones ni su posición en los foros multilaterales, siempre
de acuerdo con el camino del regionalismo abierto.
Por su parte, es preciso brindar un marco favorable para la
inversión, el cual consta de medidas estructurales, como un entorno jurídico e
institucional transparente, claro y previsible, y otras más coyunturales, como
políticas macroeconómicas sensatas y ordenadas. La sustentabilidad de nuestros
procesos de crecimiento en el largo plazo, precisa de instituciones fiscales y
monetarias sólidas y una disciplina, fuera de toda duda, en el uso de los
recursos públicos.
Este tipo de políticas es claramente propicia para la
promoción del bienestar de nuestras sociedades. Pues no hay que olvidar que el
crecimiento estable mejora las condiciones de empleo y los salarios, favorece
la reducción de la pobreza y permite financiar un nivel adecuado de gasto
social, prestado en condiciones de alta eficiencia. Porque en materia de gasto
social, el principal problema no es sólo su magnitud, sino su eficiencia.
Políticas mal orientadas e irresponsables, aunque proclamen
como objetivo una mejora del bienestar de la población y una reducción de las
desigualdades, terminan en los hechos empeorándolas. Y esto tanto en lo que
hace a las políticas macroeconómicas como a las políticas sociales.
En Argentina, la Alianza, en 1998 y 1999, expresó claramente
su pensamiento en la Carta a los Argentinos y en su plataforma electoral, donde
fijó los parámetros fundamentales a los que se seguiría en materia de economía
y de relaciones internacionales, dando así previsibilidad a la sociedad
respecto de su acción de gobierno.
Creo, finalmente, que existe en los gobiernos de todos los
países de la región voluntad de implementar estas políticas y que contaremos
con el apoyo y la contribución del sector privado, representado por ustedes en
este importante evento.
Muchas gracias.