El Comité Ejecutivo del ACNUR aprobó una conclusión sobre la seguridad personal de los refugiados, en la que deploraba la violencia, la intimidación, los ataques militares o armados, el reclutamiento forzoso y las condiciones arbitrarias e inhumanas de detención a la que se veían sometidos los refugiados y pedía a los Estados que adoptaran diversas medidas concretas para prevenir o eliminar esas amenazas; además subrayó la necesidad de situar los asentamientos de refugiados en zonas seguras y, cuando proceda, el acceso sin obstáculos a las personas refugiadas. Por otra parte el Comité Ejecutivo aprobó una conclusión sobre la protección de los refugiados contra la violencia sexual, observando que los refugiados, solicitantes de asilo (adultos e incluso niños), habían sido sometidos a estas violaciones, exhortando a los Estados para que tomen medidas para impedir que se cometan y reparar sus efectos y asimismo, garantizar un acceso efectivo a los recursos previstos por la ley.

El ACNUR espera intensificar sus vínculos con el Alto Comisionado para los Derechos Humanos y mantener en el programa político en forma prioritaria las cuestiones y conflictos que desestabilizan aún más a la comunidad internacional al generar desplazamientos forzosos de grandes cantidades de personas; propugna que se refuerce el derecho humanitario y los instrumentos de derechos humanos que se aplican a las personas desplazadas, haciendo hincapié en la necesidad de mejorar la aplicación de los principios vigentes del derecho internacional y derechos humanos y de desarrollar la base jurídica que permita el acceso de la ayuda humanitaria a las poblaciones afectadas.

Durante el primer trimestre de 1994 se concertaron diversos acuerdos y se tomaron disposiciones para organizar importantes movimientos de repatriación voluntaria en Africa y Asia. Pero al mismo tiempo, en varios otros conflictos surgieron dificultades que impidieron la repatriación e incluso crearon nuevas corrientes de refugiados.

Respecto a la realización de los derechos de los refugiados, el ACNUR durante el año 1994 recomendó a los países de acogida, que otorgaran a los beneficiarios una protección temporal [algunos de los cuales entraban ya en su tercer año de refugio] y reconocieran su condición de refugiado en virtud de la Convención o por razones humanitarias. Las encuestas realizadas por el ACNUR muestran que unos 700.000 ciudadanos de la ex Yugoslavia gozaron de protección temporal en países de acogida.

En relación a la promoción de la protección de los refugiados, durante el primer trimestre de 1994, Armenia, Azerbaiyán, Bahamas, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Eslovaquia, la ex República Yugoslava de Macedonia, la Federación Rusa, la República Checa, San Vicente y Granadinas y Tayikistán se adhirieron a la Convención de 1951 o al Protocolo de 1967, con lo que el número de Estados Partes en uno u otro instrumento llegó a 126.

La finalidad de las actividades de promoción del ACNUR fue incrementar el conocimiento y comprensión de los problemas de los refugiados, y fomentar la aplicación efectiva de las normas internacionales en favor de los refugiados, los repatriados y otras personas de las que se ocupa el ACNUR, en particular mediante su incorporación en la legislación nacional y procedimientos administrativos.

La elaboración de una legislación modelo fue el tema central de un proyecto de cooperación entre el ACNUR, la OUA y el Comité Jurídico Consultivo Asiático / Africano. En el mundo árabe, los esfuerzos de promoción aprovecharon el hecho de que a fines de 1992, se aprobó la Declaración de El Cairo sobre la protección de los refugiados y las personas desplazadas. El ACNUR organizó más de cien cursos en todo el mundo sobre derecho y protección de los refugiados. En la organización de tales actividades el ACNUR ha continuado su colaboración con el Centro de Derechos Humanos, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Temas y prioridades de las actividades de asistencia

En relación a la ayuda de refugiados y repatriados y el derecho al desarrollo, se encuentra en la etapa preparatoria un proyecto conjunto del ACNUR y del Banco Africano de Desarrollo en Mozambique que deberá iniciarse en 1995. En el marco del programa de reintegración para refugiados etíopes procedentes de Somalia, el ACNUR siguió contribuyendo al proyecto de rehabilitación de los pastizales sudorientales en Etiopía financiado por el BAFD. El "proyecto de rehabilitación de pastizales y generación de ingresos para los refugiados de Khorasan meridional", del ACNUR y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), en la República Islámica de Irán, está en su último año de ejecución. Aún está en curso de ejecución el "proyecto de generación de ingresos para las zonas de refugiados" en Pakistán, realizado conjuntamente por el ACNUR y el Banco Mundial, etapa en que se da prioridad a la capacitación relacionada con la repatriación. Para planificar estos programas el ACNUR cuenta con la cooperación de otros organismos de las Naciones Unidas, como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en particular la Oficina de servicios para Proyectos; el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF); el Programa Mundial de Alimentos (PMA); la Organización Mundial de la Salud (OMS); la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO); la Organización Internacional del trabajo (OIT); el Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (HABITAT) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Los proyectos de efectos rápidos también se han utilizado para apoyar la integración local de los refugiados en los países de asilo cuando esto es posible, impidiendo o disminuyendo así la tirantez entre los refugiados y la población local. Estos proyectos se están ejecutando en Belice, Camboya, Etiopía, Mozambique, Myanmar, Nepal, la República Democrática Popular Lao, Somalia y Sri Lanka.

Sobre las mujeres refugiadas se han realizado notables progresos en lo concerniente a sus necesidades, como integrar las cuestiones relativas a ellas en los procedimientos de respuesta de emergencia, dar más importancia a su protección física, evaluar las necesidades según los sexos y dar un mayor grado de capacitación en la materia. Se han dictado cursos de capacitación en torno a esta problemática. Los miembros del personal de organizaciones no gubernamentales capacitados como instructores por el ACNUR están desarrollando su propia capacitación para la planificación orientada hacia las personas, lo que amplía aún más su alcance. Además, esa planificación se ha incorporado a programas de formación del ACNUR tales como gestión de programas, gestión de las situaciones de emergencia y protección.

El ACNUR preparó un documento sobre "Ciertos aspectos de la violencia sexual contra las mujeres refugiadas" que fue acogido favorablemente por el Comité Ejecutivo y se tradujo en recomendaciones fundamentales para evitar y tratar esos problemas, como también encontraron eco en los debates y recomendaciones de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer. En los preparativos para la Conferencia Mundial sobre la Mujer de 1995, ACNUR proporcionará información sobre las refugiadas a efectos de que se traten cuestiones relativas a estas mujeres.

Respecto a los niños refugiados, existen dos aspectos de especial interés para el ACNUR: la nutrición adecuada de los niños refugiados y su acceso a la educación. En este cometido se firmó un nuevo memorando de entendimiento entre el PMA y el ACNUR con la finalidad de mejorar su salud y nutrición y por otra parte, con la colaboración de la UNICEF, la UNESCO y otras organizaciones, el ACNUR apoyó la educación primaria y secundaria de los niños desplazados y refugiados en la Ex Yugoslavia. Esta colaboración también se puso de manifiesto en Somalia, donde los materiales didácticos preparados para la iniciativa "Educación para la paz" de la UNESCO se utilizaron con los refugiados somalíes en países de asilo, así como en las operaciones transfronterizas del ACNUR en Somalia.

El ACNUR, en relación al medio ambiente ha procurado una gestión ambiental racional de los programas para refugiados o repatriados, que incluyen las condiciones materiales de vida de los refugiados, así como sus efectos en el medio ambiente, en particular en lo que respecta a la destrucción de los recursos forestales y agrícolas alrededor de los emplazamientos de refugiados.

Gestión y ejecución de los programas

El ACNUR realizó estudios relacionados con soluciones duraderas, la preparación y respuesta para situaciones de emergencias, y otras cuestiones normativas y programáticas importantes. En ellas se incluyeron una revisión del programa de repatriación y reintegración de los refugiados camboyanos, una evaluación del programa de cobro para refugiados afganos en Pakistán, una evaluación de la Conferencia Internacional sobre Refugiados Centroamericanos, y una revisión del programa correspondiente a diversos mandatos en Etiopía. También se realizó una revisión de las operaciones del ACNUR en la ex Yugoslavia y de los acuerdos especiales de dotación de personal en situaciones de emergencia establecidos entre el ACNUR y dos organismos voluntarios nórdicos.

Situación de emergencia en Burundi

Los desórdenes ocurridos en Burundi provocaron el éxodo más espectacular de refugiados en 1993, pues unas 580.000 personas buscaron asilo en la República Unida de Tanzania, Rwanda y el Zaire. En enero y febrero de 1994 tuvo lugar un importante retorno espontáneo de refugiados procedentes de la República Unida de Tanzania pero unos 60.000 todavía permanecen asilados. La esperanza de un pronto retorno de los refugiados procedentes de Rwanda y el Zaire resultó prematura puesto que la situación de seguridad en sus lugares de origen en Burundi siguió siendo sumamente inestable. Una ola de violencia a mediados de marzo provocó un nuevo éxodo de refugiados. Se ha iniciado un limitado programa de asistencia a los repatriados. El enviado especial de la Alta Comisionada prosiguió sus conversaciones con las autoridades de Burundi a fin de crear las condiciones necesarias para una repatriación ordenada y evitar un nuevo éxodo.

Acontecimientos en Africa Occidental

La crisis política que comenzó a afectar a Togo en 1992 empeoró aún más a principios de 1993, y terminó en la huida de unos 250.000 refugiados hacia Benin y Ghana en el transcurso del año.

En enero de 1994, la violencia entre dos grupos étnicos en Ghana septentrional causó graves bajas y obligó a unos 6.500 ghaneses a huir hacia aldeas vecinas en Togo, con un desplazamiento interno de alrededor de 150.000 ghaneses en la región del Volta. El ACNUR ha establecido un programa para brindar socorro de emergencia a los refugiados ghaneses en Togo.

En julio de 1993 se concertó un acuerdo de paz en Cotonú (Benin) entre el Gobierno Provisional de Unidad Nacional de Liberia, el frente Patriótico Nacional de Liberia (NPFL) y el Movimiento Unido de Liberación de Liberia para la democracia (ULIMO). El acuerdo prevé la formación del Gobierno nacional de transición de Liberia, el desarme, la desmovilización y la celebración de elecciones, mejorando las perspectivas para un posible retorno de 700.000 refugiados. En la zona de Alto Lofa, donde el ACNUR ejecutaba un programa de asistencia a unos 175.000 refugiados sierraleoneses y personas internamente desplazadas, después de un ataque rebelde fueron interrumpidas las actividades.

El desarme y la desmovilización del Gobierno de transición comenzaron en marzo de 1994 después del despliegue en Liberia de las fuerzas del Grupo de Observadores Militares de la Comunidad Económica de los Estados de Africa Occidental (ECOMOG). No obstante se están produciendo nuevos conflictos entre las facciones y el interior de las mismas. El ACNUR, en coordinación con otros organismos, está adoptando las medidas necesarias a fin de preparar un programa de asistencia para la reintegración y rehabilitación de las personas que regresen a Liberia.

Acontecimientos en Africa Meridional

Hasta fines de marzo de 1994, habían regresado a Mozambique unas 600.000 personas, en su mayoría procedentes de Malawi. El ACNUR concertó un acuerdo con las autoridades sudafricanas para permitir su asistencia a los mozambiqueños. La repatriación a Sudáfrica concluyó satisfactoriamente en 1993 y con la asistencia del ACNUR se repatrió a más de 17.000 personas.

En Angola, el ACNUR, a pesar de la inseguridad constante, pudo prestar ayuda a personas que regresaban o que estaban internamente desplazadas en zonas de retorno. Como resultado de los esfuerzos del enviado especial del Secretario general, se permitió a los organismos de las Naciones Unidas que prestaran asistencia en todo el país a partir de septiembre de 1993. El resultado de las negociaciones de paz, celebradas en Zambia entre el gobierno angoleño y la Unidad Nacional para la Independencia Total de Angola (UNITA), bajo los auspicios de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Angola (UNAVEM), determinará la capacidad del ACNUR de ejecutar programas de asistencia.

Acontecimientos en Africa Oriental y el Cuerno de Africa

Continúan las corrientes de refugiados hacia Uganda, procedentes del Sudán, Rwanda y el Zaire, y a pesar de que las autoridades ugandesas junto con el ACNUR, el PMA y otras organizaciones no gubernamentales ayudaron a los refugiados, es una situación difícil en virtud de la combinación de factores tales como la falta de un gobierno efectivo en el Zaire, la lucha en Rwanda y los ataques contra poblaciones civiles en el Sudán meridional.

El ACNUR ejecutó unos 360 proyectos de efectos rápidos en el programa transfronterizo para alrededor de 60.000 etíopes y somalíes que se repatriaron voluntariamente desde Kenya.

Los esfuerzos para facilitar la repatriación de etíopes y eritreos desde Sudán se intensificaron durante el período que abarca el presente informe pero su éxito fue limitado, puesto que solo regresaron unos 15.000 etíopes de un total de 50.000.

Los movimientos de repatriación espontánea hacia Somalia noroccidental se han desarrollado en escala considerable desde Etiopía oriental y en forma limitada desde Djibouti. Los obstáculos a una repatriación organizada lo constituyen la amenaza constante de las minas, el hecho de no haberse procedido a su desarme y la necesidad de formar y dar empleo remunerado a unos 50.000 militares.

La ONUSOM presentó un plan de acción en las zonas de repatriados para llevar a cabo actividades de rehabilitación y desarrollo de especial importancia para el ACNUR.

El PMA y la FAO estiman que, dada la amenaza de escasez de alimentos, la pérdida de cosechas y de un hambre colectiva en muchas partes de Africa, aproximadamente unos 22 millones de refugiados necesitarán asistencia alimentaria en 1994. Si esta situación no se soluciona, podría disminuir el ritmo de la repatriación voluntaria, en especial en el Cuerno de Africa, y obligar a las poblaciones a desplazarse dentro de los países y a través de las fronteras en busca de alimentos.

Acontecimientos en América del Norte

En Canadá las cuestiones referidas a la discriminación sexual fueron motivo de una publicación sobre "Directrices sobre quejas de refugiadas que temen ser perseguidas por motivos de sexo". En enero de 1994, el Ministro de la Ciudadanía e Inmigración anunció que los solicitantes de la condición de refugiado podían trabajar mientras esperaban el resultado de la tramitación de sus solicitudes. El nuevo gobierno también declaró que mantendría su actual cupo de inmigración de 250.000 personas en 1994.

En Estados Unidos el Comisionado del Servicio de Inmigración y Naturalización anunció públicamente una nueva iniciativa destinada a reducir la inmigración ilegal que entrañaba el cobro de derechos por la solicitud de asilo y la simplificación de los procedimientos para la determinación de la condición de refugiado. El Director de Asilo del Servicio indicó que unos 400.000 solicitantes de asilo podían estar esperando la resolución de su caso. En consecuencia, se habían presentado propuestas para aumentar el personal del Servicio a fin de reducir la acumulación de solicitudes. En relación a la política de los Estados Unidos frente a los solicitantes de asilo haitianos, en varias ocasiones el ACNUR sugirió la aplicación de un criterio regional amplio que previera la creación de refugios provisionales y procedimientos de selección.

Acontecimientos en Centroamérica y el Caribe

A raíz de la celebración de elecciones en Belice, Costa Rica, El Salvador y Honduras se produjo un proceso de consolidación de la paz y la democracia. El ACNUR apoyó los diversos procesos de paz. El Acuerdo de Derechos Humanos firmado el 29 de marzo de 1994 entre el Gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) podría dar un gran impulso para la repatriación de unos 10.000 guatemaltecos.

Otras actividades del ACNUR en Centroamérica, México y Belice, iniciadas en 1993, incluyeron la ejecución de proyectos de efectos rápidos en El Salvador, Belice y Guatemala, así como actividades de formación y de producción orientadas a mujeres refugiadas y repatriadas.

Como el mandato de la CIREFCA concluye oficialmente en mayo de 1994, el ACNUR ha estado participando en consultas para desarrollar una estrategia a fin de terminar las tareas pendientes y hacer frente a futuros problemas en Centroamérica, México y Belice. Se convocó a una reunión en Costa Rica, y se elaboró una propuesta conjunta del ACNUR y el PNUD en la que se esboza una estrategia para seguir atendiendo las necesidades pendientes de las personas desarraigadas en la región.

A pesar de los problemas existentes, 1796 haitianos acogidos en Cuba y las Bahamas recibieron asistencia para su repatriación.

El ACNUR toma con satisfacción la adhesión a la Convención de 1951 y al Protocolo de 1967 de las Bahamas, y a la Convención de 1951 de San Vicente y Granadinas, así como el interés de otros Estados del Caribe de adherirse a estos instrumentos.

Acontecimientos en Sudamérica

Una afluencia acelerada de solicitantes de asilo, principalmente de Africa, en particular de Angola y el Zaire, hacia Brasil caracterizó las actividades del ACNUR en Sudamérica. En Chile continúa la repatriación voluntaria de los refugiados chilenos.

Acontecimientos en Asia Meridional

La firma de dos memorandos de entendimiento en Dhaka y Yangon, en 1993, preparó el establecimiento de un sistema para la repatriación voluntaria de un cuarto de millón de refugiados procedentes de Myanmar que habían solicitado asilo en Bangladesh. Esto fue el resultado de negociaciones entre el ACNUR y los Gobiernos de Bangladesh y Myamnmar, que incluyeron una visita de la Alta Comisionada a Myanmar en 1993.

Se repatrió a 10.501 refugiados de Sri Lanka desde Tamil Nadu, India, en el período del informe. No obstante, la situación inestable en aquel país impide al ACNUR promover activamente la repatriación desde la India.

En virtud de un acuerdo bilateral entre las autoridades de Sri Lanka y Suiza, para la repatriación de los solicitantes de asilo de Sri Lanka rechazados, se invitó al ACNUR a servir de enlace a fin de resolver los problemas de seguridad personal que podrían plantearse al volver al país. Esta modalidad, llamada de "vigilancia pasiva" se estableció mediante intercambio de cartas entre el ACNUR y los dos gobiernos.

La atención y manutención de los refugiados en los campamentos de Bangladesh y Nepal, así como de los refugiados en las zonas urbanas de Nueva Delhi y Dhaka, constituyeron lo fundamental de las operaciones del ACNUR durante este período.

Acontecimientos en Asia Sudoriental

Un total de 132.000 camboyanos fueron repatriados en 1993 desde Tailandia y unos 1000 más desde Indonesia.

El Comité Directivo de la Conferencia Internacional sobre Refugiados Indochinos (Ginebra, febrero de 1994) acordó por consenso que diciembre de 1995 sería la fecha límite para poner fin a toda la actividad en virtud del Plan General de Acción en los países de primer asilo y para el cese del trato especial en virtud del mismo para los solicitantes de asilo vietnamitas recién llegados. A fines de marzo de 1994 el total era de 60.291 repatriados voluntariamente bajo los auspicios del ACNUR, quien continuó vigilando y ayudando a quienes regresaban, sin comprobar casos fundamentados de persecución o acoso grave.

Se llegó a un entendimiento con relación al retorno de los vietnamitas no refugiados, sin recurrir a la fuerza, desde Indonesia, entre el ACNUR, Vietnam e Indonesia.

En febrero de 1994, las autoridades de Malasia estaban terminando de resolver la vieja cuestión de los refugiados detenidos de Atjeh y los que se encuentran en la oficina regional del ACNUR. Se estaba tratando de legalizar su condición en Malasia.

Acontecimientos en Europa Occidental

Los Gobiernos han continuado sus esfuerzos por adaptar sus procedimientos de asilo a la necesidad de tramitar un gran número de solicitudes de asilo. Los Estados Miembros de la Unión Europea introdujeron una nueva legislación relativa al asilo en 1992, en un intento de armonizar su ordenamiento jurídico y su política de asilo. El objetivo era aplicar sus resoluciones sobre las solicitudes manifiestamente infundadas, así como las políticas respecto de terceros países y de los países en los que en general no existe un peligro real de persecución. Se dio un nuevo impulso a este proceso de armonización con la entrada en vigor en 1993, del Tratado de la Unión Europea. En consecuencia, ha disminuido el tiempo necesario para tramitar los caso de solicitudes de asilo.

Acontecimientos en Europa Central y Oriental

Las actividades del ACNUR en esta región siguieron girando en torno a la protección, el fomento del derecho de los refugiados y la creación de instituciones, así como la ejecución de programas limitados de asistencia. En colaboración con los gobiernos interesados se crearon puestos de oficial nacional, a fin de proseguir las actividades jurídicas y de formación en el país, contrarrestar las tendencias xenofóbicas y fomentar una actitud más positiva frente a los refugiados. La región está gravemente afectada por los acontecimientos en la ex Yugoslavia y la mayoría de los países brindan protección provisional a un número importante de personas que huyen de las zonas de conflicto.

Todos los Estados se han adherido a la Convención de 1951 y a su Protocolo de 1967; y el ACNUR les brinda asesoramiento para elaborar planes de contingencia en situaciones de afluencia en masa de refugiados. Se está prestando apoyo al naciente movimiento de organizaciones no gubernamentales de estos países especialmente en cooperación con las Consultas Europeas sobre Refugiados y Exiliados. Se ha facilitado la integración local de los refugiados y se ha prestado apoyo financiero con destino a los refugiados de la ex Yugoslavia en Hungría, Polonia y la República Checa.

La Federación Rusa se adhirió a la Convención de 1951 y su Protocolo de 1967 en 1992. El Servicio de Migración Federal Ruso, en cooperación con el ACNUR ha iniciado la inscripción de los solicitantes de asilo y los refugiados procedentes de las repúblicas de la ex Unión Soviética y de otros países. El ACNUR organizó una campaña en ruso de información masiva de sus actividades junto con la Organización Internacional para las Migraciones. Se ha iniciado la determinación de los grupos que son causa de preocupación y la elaboración de programas concretos de asistencia y creación de instituciones para los otros tres Estados que prestan servicios a la Oficina Regional del ACNUR en Moscú, Belarús, la República de Moldavia y Ucrania.

Atendiendo a una solicitud de los gobiernos de Armenia, Azerbaiyán y Georgia, el ACNUR movilizó a su Equipo de Respuesta ante Situaciones de Emergencia e inició un proyecto de asistencia de socorro a corto plazo en el Cáucaso.

Armenia ha acogido a más de 300.000 refugiados de origen étnico armenio que huyen de Nagorno-Karabaj, Sumgait y Bakú. La población vulnerable, compuesta tanto de refugiados como de no refugiados, asciende a 2, 5 millones de una población total de 3, 5 millones. El ACNUR brinda ayuda para la subsistencia a unos 140.000 refugiados. En Azerbaiyán, el ACNUR presta socorro de emergencia a los desplazados a consecuencia del conflicto en Nagorno-Karabaj. En Georgia, como consecuencia del conflicto militar que comenzó en agosto de 1992, el número de refugiados y personas desplazadas ascendió a 300.000. El Programa de asistencia de emergencia del ACNUR brindó atención y manutención limitadas a personas desplazadas procedentes de Abjasia y Osetia meridional, así como un pequeño número de repatriados de Osetia septentrional a Osetia meridional. Después de la firma en diciembre de 1993 de un memorando de entendimiento que preveía, entre otras cosas, el retorno a Abjasia de 250.000 georgianos, el 4 de abril de 1994 se firmó un acuerdo cuatripartito en Moscú, donde el ACNUR desempeña las funciones de presidente/secretario de la Comisión Cuatripartita creada para dirigir el proceso de repatriación.

En las reuniones intergubernamentales en el contexto de la Unión Europea, del Consejo de Europa y la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa, el ACNUR siguió favoreciendo el desarrollo de una política general para tratar las cuestiones de los refugiados y la migración.

Acontecimientos en la Ex Yugoslavia

Se estima actualmente que el número de refugiados, personas desplazadas y otras personas afectadas es de 3.792.000, la mayoría de ellos mujeres y niños. Estas personas procedían de: Bosnia y Herzegovina, Croacia, Eslovenia, ex República Yugoslava de Macedonia, Montenegro, Servia y de zonas protegidas por las Naciones Unidas.

Durante el período que se examina, el ACNUR se ha esforzado por alcanzar los siguientes objetivos: mantener el socorro humanitario de forma completamente imparcial, conseguir de las partes que se comprometan a permitir el libre y rápido acceso a todas las víctimas del conflicto, garantizar el paso con seguridad de toda la asistencia humanitaria y conseguir la seguridad y el respeto de todo el personal que presta socorro humanitario.

En su función de protección el ACNUR ha proseguido sus actividades de supervisión, comunicación y transmisión de información que, en algunos casos, han revelado violaciones de los derechos humanos. El acceso a las personas necesitadas y la admisión de la población de personas desplazadas y de refugiados a lugares seguros han sido elementos de importancia fundamental. El ACNUR hizo todo lo posible por garantizar el traslado en condiciones de seguridad de estas personas y su admisión a otras partes de la región y colaboró en la evacuación de personas cuya vida corría peligro como en el caso de Srebrenica. En el plano internacional, la Oficina fomentó activamente la admisión en las fronteras y la no devolución, así como la divulgación del concepto de protección temporal. El ACNUR presta atención especial a los programas de asistencia comunitaria con relación a las mujeres y los niños.

La política de "depuración étnica" continúa con la misma intensidad, con medidas que van desde las presiones declaradas en Herzegovina meridional hasta la práctica cínica de ordenar expulsiones en la región de Banja Luka y las campañas de terror desencadenadas en los enclaves orientales y en Bosnia central. Un aumento alarmante de los combates entre el Gobierno de Bosnia y las fuerzas croatas de Bosnia durante el período examinado desencadenó una nueva oleada de "depuración étnica" en Bosnia central y en Herzegovina occidental, que impuso enormes dificultades logísticas a la operación de socorro humanitario de las Naciones Unidas e interrumpió completamente el tráfico comercial a Bosnia central y la región de Tuzla. El resultado fue la creación de dos "Guetos" en Zenica y Tuzla. La situación en Mostar fue espantosa y unas 50.000 personas asediadas en la devastada orilla oriental de la ciudad tuvieron que soportar los disparos continuos de las armas pesadas y la acción de los francotiradores y se vieron obligadas a sobrevivir sin agua, electricidad ni saneamiento.

En el marco del Grupo de Trabajo sobre cuestiones humanitarias de la Conferencia Internacional sobre la ex Yugoslavia, presidido por la Alta Comisionada, el ACNUR propuso la creación del Grupo Internacional de Administración para atender las necesidades de vivienda, infraestructura y energía.

Acontecimientos en Afganistán

A principios de 1993 más de 4 millones de afganos seguía en el exilio y los enfrentamientos civiles continuaron socavando las iniciativas para formar un gobierno central de base amplia y ensombrecieron las perspectivas de una repatriación completa.

Desde el cambio de gobierno en abril de 1992, y debido a la continuación de la lucha en Kabul, casi la mitad de la población se ha visto desplazada. El ACNUR es el organismo director que coordina la asistencia en el norte de Afganistán de las personas desplazadas de Kabul.

Acontecimientos en Asia central

La guerra civil que estalló en Tayikistán en 1992 causó el desplazamiento interno y externo de unas 500.000 personas. La repatriación espontánea y asistida de los refugiados tayikos empezó poco después de concertarse un acuerdo de amnistía y de celebrarse la primera reunión de la Comisión Cuatripartita sobre repatriación, formada por Afganistán, Tayikistán, Uzbekistán y el ACNUR. Más del 80% de las personas desplazadas internamente en Tayikistán meridional han regresado a sus lugares de origen y necesitan asistencia de emergencia para su reintegración.

El ACNUR coordina sus actividades con otros organismos de las Naciones Unidas y organizaciones internacionales como parte de una política integrada del sistema de las Naciones Unidas cuyos elementos son el establecimiento y el mantenimiento de la paz así como la ayuda humanitaria. En este contexto y sobre la base de un acuerdo con el Departamento de Asuntos Humanitarios, el Jefe de Misión del ACNUR en Tayikistán actúa también como Coordinador del Socorro de Emergencia.

Una de las funciones principales del ACNUR en Tayikistán consiste en prestar asistencia a las autoridades locales para proteger a los repatriados, tanto ex refugiados como personas desplazadas internamente. La presencia del personal del ACNUR en zonas de retorno ha permitido reducir las violaciones de derechos humanos cometidas contra quienes regresan.

Acontecimientos en la República Islámica del Irán

Como resultado de los movimientos de repatriación en 1993, la población de refugiados afganos en la república Islámica del Irán disminuyó a 1,8 millones a fines de 1993, después de la repatriación de la mayoría de los habitantes de asentamientos bajo asistencia del ACNUR y el PMA.

Como consecuencia de los combates que se iniciaron en Azerbaiyán en agosto de 1993, la población azerbaiyana que residía a lo largo de la frontera con el Irán empezó a entrar en el norte de este país provocando una situación de emergencia, la que fue asistida conjuntamente por el Gobierno de la República Islámica del Irán y el ACNUR.

Acontecimientos en Pakistán

La Oficina del Comisionado para Refugiados Afganos del Gobierno de Pakistán (CAR) y el ACNUR continuaron ajustando y consolidando el programa de asistencia a los refugiados afganos.

La situación de la seguridad en Afganistán, que está empeorando rápidamente, puede reducir todavía más el número de repatriaciones voluntarias y por lo tanto prolongar el proceso de reducción gradual de refugiados en Pakistán.

Acontecimientos en Iraq

En septiembre de 1993, el ACNUR inició un proyecto experimental que comprende alimentación, alojamiento e integración económica, para facilitar la repatriación de kurdos iraquíes procedentes de países vecinos.

El ACNUR continúo desempeñando sus actividades tradicionales en el Iraq en favor de las personas comprendidas en su mandato: refugiados kurdos iraníes en las tres gobernaciones del norte, en el campamento Al-Tash de la gobernación de Al Anbar, refugiados ahwazi iraníes en las gobernaciones de Wasit y Misan y refugiados urbanos de distintas nacionalidades.

Acontecimientos en Arabia Saudita

Este país acogió 24.025 refugiados iraquíes, los alojó en el campamento de Rafha y les brindó asistencia. El ACNUR hizo esfuerzos especiales para facilitar la tramitación del reasentamiento de los refugiados que cumplieron los requisitos de selección.

Acontecimientos en la República Arabe Siria

A fines de 1993 este país acogió a una población de refugiados de 37.100 personas (iraquíes, somalíes, eritreos y de otros países).

El ACNUR presta asistencia a unas 3850 personas en el campamento de El Hol y por medio de la Sociedad de la Media Luna Roja Siria a refugiados urbanos necesitados de Damasco.

Acontecimientos en Yemem

Unos 11.300 refugiados somalíes que recibían asistencia del ACNUR fueron trasladados en 1993 al campamento Al Khoud en la gobernación de Abyan. Los refugiados somalíes en los campamentos de Shihir y Sacar reciben ayuda alimentaria del PMA. La inseguridad que reina en Somalia hizo imposible la repatriación voluntaria de muchas personas que habían optado por volver al país.

Acontecimientos en Argelia

El ACNUR inició en Argelia un programa de atención y manutención en 1993 para prestar asistencia a refugiados de Malí y del Niger.

La repatriación de los refugiados del Niger no está prevista todavía, pero con relación a Malí se celebraron reuniones en Ginebra y Argel a este fin. Se espera la firma de un acuerdo cuatripartito entre los gobiernos de Argelia, Malí, el ACNUR y el FIDA que trabajan en un proyecto experimental de desarrollo en el norte de Malí.

Acontecimientos en Mauritania

El ACNUR prestó asistencia a los refugiados de Malí en este país. En 1993 se celebraron consultas a efectos de preparar un posible movimiento de repatriación en 1994 y se formuló un acuerdo tripartito sobre este tema.

Acontecimientos en el Sáhara Occidental

Las dos partes interesadas no han llegado a un acuerdo sobre la interpretación y aplicación de los requisitos exigidos para votar en el referéndum de libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental, previsto en el plan de asentamiento de las Naciones Unidas.

El ACNUR está siguiendo de cerca los acontecimientos y está dispuesto a revisar su planificación y presupuesto para el programa de repatriación, dentro de los parámetros del plan de paz de las Naciones Unidas.

Informe del Comité contra la Tortura

Presentado ante el cuadragésimo noveno período de sesiones de la Asamblea General.

Medidas adoptadas por el Comité para garantizar la presentación de los informes

En su 154º sesión el Comité examinó la situación de los informes presentados con arreglo al art. 19 de la Convención. El Comité evaluó las notas del Secretario General relativas a los informes iniciales que los Estados Partes debían presentar de 1988 a 1993 y las notas del Secretario General relativas a los segundos informes.

El Secretario General continuó enviando recordatorios a los Estados Partes cuyos informes tenían un retraso de un año. En los casos de tres años de atraso el Presidente del Comité examinó la cuestión con los representantes de los Estados Partes y dirigió una carta a los mismos cuando tuvieren informes iniciales con retraso de más de cuatro años. Subrayó que tenía obligación de vigilar la Convención y que la falta de cumplimiento de las obligaciones contraídas libremente por los Estados constituye una violación de la misma. Con relación a los de más de cinco años de retraso, podría adoptar la decisión de estudiar la aplicación de la Convención a esos Estados Partes aunque no hubieran presentado informe, e invitar a sus representantes a que participen en las sesiones pertinentes.

En sus sesiones 176º, 179º y 185º el Comité examinó también la presentación de informes con arreglo al art. 19 de la Convención.

En sus períodos de sesiones 11º y 12º el Comité examinó los informes iniciales de seis Estados Partes y los segundos informes presentados por seis Estados Partes. Se invitó a los representantes de cada Estado a presenciar el examen de su informe. El Comité trató los siguientes puntos: situación de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y reservas y declaraciones con arreglo a la misma; pautas generales relativas a las formas y contenidos de los informes iniciales y periódicos que deben presentar los Estados Partes. En referencia a los informes de los Estados Partes, se subraya lo siguiente:

Paraguay

El Comité considera muy positivo que Paraguay haya adoptado un sistema democrático de gobierno y la voluntad de promover y proteger los derechos humanos, especialmente la erradicación de la tortura y otros tratos análogos; la declaración en su nueva Constitución de los derechos fundamentales y la prohibición expresa de la tortura. Le resultan alentadores los procesos judiciales en que se investigan graves violaciones de los derechos humanos cometidos durante el régimen anterior.

Le preocupan, sin embargo, las denuncias recibidas de torturas por parte de la policía y la compleja situación carcelaria donde se reciben malos tratos. También el hecho de que las normas legales no impidan las detenciones e incomunicaciones prolongadas; la falta de reacción de jueces ante denuncias de malos tratos y torturas, y la lentitud del sistema judicial sobre procesos de los delitos cometidos en el régimen anterior.

El Comité recomienda: la aceptación de Paraguay de la competencia del Comité para recibir denuncias interestatales y comunicaciones individuales, que adecue su legislación a la Convención y que acelere la investigación y los juicios sobre casos de tortura.

Polonia

El Comité toma con agrado que Polonia sea uno de los primeros países del Este en iniciar reformas políticas, económicas, sociales y legislativas, así como el haber ratificado el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Convención contra la Tortura sin reservas. Toma nota de los progresos del Gobierno en la lucha contra diferentes formas de tortura y califica las leyes penitenciarias como de buena calidad.

Observa con preocupación que las reformas del Código Penal y Enjuiciamiento llevan un retraso por la falta de tipificación exacta de la tortura, las prerrogativas del Ministerio Fiscal sobre los Tribunales y la falta de disposiciones sobre indemnización a las víctimas.

El Comité recomienda al Gobierno que se aprueben los proyectos del Código Penal y Enjuiciamiento Criminal y se solucionen los problemas específicos que plantea la tortura; también que se garantice una indemnización adecuada a las víctimas de la tortura; que se elabore un programa específico sobre el tema para la formación de personal civil y militar, de los juristas y del cuerpo médico.

Egipto

El Comité toma nota con satisfacción el hecho de que la reanudación del diálogo con el Estado Parte le ha permitido evaluar la situación en lo referente a la compatibilidad de la legislación interna con la Convención. Señala que la situación jurídica es satisfactoria en la medida que parece inspirar confianza a los justiciables y al pueblo egipcio; también se congratula de que las organizaciones no gubernamentales tengan la posibilidad de expresarse libremente y visitar algunos lugares de detención.

El Comité observa que el estado de excepción vigente en Egipto sin interrupción desde 1981, impide la aplicación de la Convención. También está preocupado porque al parecer la tortura sigue siendo práctica corriente y las medidas preventivas para cambiar esta situación son insuficientes; señala en especial la duración y las condiciones de detención preventiva y administrativa y los lentos procesos contra los autores de torturas. Asimismo le preocupa la existencia de tribunales especiales, como los tribunales militares, que hacen pensar una estrecha dependencia de la administración de justicia, con el Jefe del Ejecutivo. Por último, consciente de que el terrorismo ha creado una situación alarmante, señala que las medidas a adoptarse no deben violar la Convención, ni justificar en ningún caso la tortura.

El Comité sugiere que se prevean en las leyes penales todas las formas de tortura; que se prosiga en los esfuerzos de reforma de esas leyes, especialmente se reduzcan las prerrogativas que le confieren al Poder Ejecutivo y la duración y condiciones de detención preventiva y administrativa. También recomienda a las autoridades que investiguen a las fuerzas policiales y determinen si existen casos de tortura y en su caso los lleven a la justicia, además de poner en marcha medidas preventivas.

Ecuador

El Comité valora como positiva la voluntad del Estado en la promoción y protección de los derechos humanos, especialmente la erradicación de la tortura; también la modernización de la legislación y la institución de una policía judicial como único órgano público que puede investigar delitos, bajo la supervisión de magistrados independientes.

Le preocupan las denuncias de torturas en sitios de detención, formuladas por organismos no gubernamentales, especialmente en dependencias de la Oficina de Investigación del Delito; también le inquieta que algunas recomendaciones que le formuló al país no fueran tomadas en consideración, principalmente las referidas a que todas las privaciones de libertad fueran responsabilidad de jueces independientes.

El Comité recomienda tomar medidas profundas y urgentes para erradicar la tortura. A tal fin el gobierno deberá asegurar que todas las situaciones comprendidas en la definición de tortura de la Convención, estén incriminadas por la legislación. También anima al Ecuador a concluir en un término razonable las reformas del sistema penal.

Portugal

El Comité valora los esfuerzos realizados por el Estado con miras a garantizar en su legislación los principios de la Convención. Aprecia especialmente que las convenciones internacionales debidamente ratificadas, son de aplicación directa y obligan a todas las entidades públicas y privadas. En ellas se afirma la corresponsabilidad del Estado, sus entidades y funcionarios; que las pruebas obtenidas bajo tortura son nulas; se proclama inequívocamente que no puede ponerse en entredicho el derecho a la integridad física cuando el país se encuentra en estado de sitio.

Preocupan al Comité los hechos de tortura que persisten en comisarías y lugares de detención; el retraso de las investigaciones y la levedad de las condenas que crean cierta impunidad; considera perjudicial la duración de la prisión preventiva, tanto en el plano jurídico como en el práctico. Lamenta la suerte reservada al territorio de Macao, bajo administración portuguesa hasta 1999, al que no se aplica la Convención contra la Tortura.

El Comité recomienda que prosigan los esfuerzos para garantizar la conformidad de su legislación a la Convención. Sugiere que se establezcan mecanismos para la vigilancia eficaz a las comisarías.

Chipre

El Comité considera que tiene un programa legislativo y administrativo acorde a los valores de los derechos humanos, por ejemplo la propuesta a fin de otorgar competencia al ombudsman para investigar violaciones a los derechos humanos.

Se han señalado actos de brutalidad perpetrados por policías, que revelan una falta de profesionalidad.

Recomienda que cuando se creen comités para examinar denuncias, se contemple que la composición de los mismos sea inobjetable respecto a su imparcialidad.

Suiza

El Comité expresa su reconocimiento al gobierno por su voluntad de garantizar los derechos humanos, manifestada mediante su adhesión a instrumentos internacionales y regionales, así como por apoyar la adopción del proyecto del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura; también toma con agrado la inexistencia de denuncias de casos de tortura.

Sin embargo, el Comité ha sido informado de algunos malos tratos por parte de la policía en detenciones. Le preocupa también el período de incomunicación en prisión preventiva, así como el aislamiento por períodos prolongados. El Comité aprecia que el Tribunal Federal considere que el derecho de no devolución de refugiados es un derecho fundamental y expresa su temor por el hecho de que algunas leyes sobre derecho de asilo autoricen la extradición a un Estado donde el asilado corra riesgo de verse sometido a torturas.

Nepal

Este Estado cumple con sus obligaciones impuestas por la Convención, contando con instituciones democráticas para hacerlo, aún careciendo de recursos económicos. El Comité observa que este país está estudiando la inclusión, por ley, del delito de tortura en su legislación interna y un sistema de indemnización a las víctimas.

Preocupa al Comité el hecho de que la definición propuesta de tortura no sea tan amplia como la que exige la Convención; asimismo que diversas organizaciones no gubernamentales y el Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos sobre cuestiones relativas a la Tortura han observado varios casos de malos tratos infringidos por la policía a detenidos y solicitantes de asilo, sin que se haya aportado prueba alguna de que esos agentes hayan sido procesados.

El Comité alienta que se inicie un programa de formación destinado a policías y guardias fronterizos.

Grecia

El Comité valora que el gobierno adopte medidas para proteger y fomentar los derechos humanos; le resulta alentador comprobar procesos e investigaciones de violaciones a estos derechos, en particular por los casos de tortura.

El Comité recomienda que se afirme en la práctica la avanzada legislación, para prevenir que las personas acusadas sean objeto de malos tratos; y sugiere impartir información adecuada al personal médico sobre la prohibición de todo acto de tortura.

Israel

El Comité toma nota de la permisión de debates públicos de cuestiones como el maltrato de los detenidos tanto en Israel como en los territorios ocupados; le satisface que la Asociación Médica haya reaccionado para impedir que sus miembros participen en los malos tratos infringidos a los detenidos; observa con satisfacción que los servicios generales de seguridad no tengan a cargo el examen de las quejas por malos tratos y que se haya enjuiciado a personas encargadas de los interrogatorios, que han violado las normas de conducta.

Le preocupa el hecho de la no adopción de medidas para aplicar en el país la Convención, como que tampoco se haya adoptado la definición de tortura; también le aflige que normas relativas a la obediencia de "ordenes superiores" y "necesidad" estén en contradicción con la Convención. Igualmente la "presión física moderada" que se permite en los interrogatorios, es considerada inaceptable para el Comité. El Comité expresa su preocupación por el gran número de casos de malos tratos durante el período de detención, incluso que varios de ellos hayan derivado en muerte.

El Comité sugiere que Israel incluya en su legislación disposiciones de la Convención; que los procedimientos e interrogatorios sean transparentes; que se emprenda un programa de educación de los servicios de seguridad para hacer conocer al personal las obligaciones de la Convención. Además aconseja que se ponga fin a las actuales prácticas en materia de interrogatorios; y recomienda que las víctimas de esas prácticas sean objeto de medidas de rehabilitación e indemnización.