La
Décima Primera Conferencia de Jefes de Estado o de Gobierno del Movimiento
de
los Países No Alineados
(Cartagena de Indias, Colombia del 18 al 22 de
octubre de 1995)
El
llamamiento desde Colombia
Los Jefes
de Estado o de Gobierno de los Países Miembros del Movimiento No Alineado,
reunidos en la heroica ciudad de Cartagena de Indias, Colombia, hacemos un
ferviente llamado a la Paz y al desarrollo de nuestros pueblos.
Destacamos
los importantes cambios que se han experimentado en el marco Internacional
durante los últimos años. Muchos de los conflictos que surgieron en las décadas
anteriores se han venido resolviendo, mientras que se observa un notable
incremento del comercio y un dinámico desarrollo de mecanismos de integración a
nivel regional y subregional.
Se han
registrado progresos significativos en el camino científico. Se ha aumentado la
expectativa de vida, a tiempo que se experimenta una mayor cobertura en la
alfabetización y una notable disminución de la tasa de mortalidad infantil en
los países en desarrollo.
Existe una
renovada mentalidad favorable al cambio de la confrontación por la cooperación
y un interés manifiesto hacia el desarrollo social y económico de los pueblos.
No
obstante, observamos con preocupación el desvanecimiento progresivo de las
expectativas creadas tras el fin de la Guerra Fría. Los problemas que hemos
enfrentado durante mucho tiempo, y que considerábamos se solucionarían en forma
gradual con la distensión de la confrontación bipolar, en muchos casos se han
agudizado y son más evidentes que en el pasado.
Aún cuando
se afirma que la situación económica general se ha recuperado notablemente, en
muchos casos este mejoramiento sólo ha beneficiado a unos pocos que han
acumulado cantidades excesivas de riqueza y de poder, mientras que en varias
regiones el desempleo adquiere proporciones alarmantes y la pobreza se extiende
inexorablemente, dando lugar a serios desequilibrios de carácter social.
El hambre
ha aumentado vertiginosamente y el analfabetismo continúa siendo uno de los
mayores obstáculos al mejoramiento de las condiciones de vida de nuestros
pueblos. Más aún, amplios sectores de nuestras sociedades continúan careciendo
de servicios médicos básicos, inclusive de agua potable, para satisfacer sus
necesidades primarias de supervivencia.
A riesgo
de generar perturbaciones internas, estamos trabajando por la apertura de
nuestras economías. Sin embargo, con diferentes pretextos, algunos países
desarrollados han continuado imponiendo barreras comerciales, financieras y
tecnológicas que impiden y obstaculizan seriamente los procesos que estamos
llevando a cabo.
Para
muchos países en desarrollo, y en particular para los menos desarrollados, el
problema de la deuda se ha constituido en uno de los mayores obstáculos para el
despegue de sus economías y en un drástico impedimento para su desarrollo
social.
La
discriminación racial y la xenofobia que considerábamos superadas han cobrado
nuevo ímpetu. Los nacionales de muchos países en desarrollo continúan siendo
marginados y minorías étnicas o religiosas están peligrosamente amenazadas en
muchos países desarrollados, mientras que las protestas derivadas de esta
situación son ahogadas en muchas oportunidades por la indiferencia.
Veinticuatro
millones de personas, incluidos ancianos, mujeres y niños, que han sido
forzados a dejar sus lugares de residencia y deambulan como refugiados a
consecuencia de la intolerancia política, racial o religiosa, guardan la
esperanza de una solución a su difícil situación.
Han
surgido nuevas modalidades para desestabilizar a los gobiernos de los países en
desarrollo, siendo cada vez más frecuente el uso de la difamación y la
tergiversación de la información, a los que dificilmente puede responder en
forma eficaz con los precarios medios a nuestra disposición.
Los
grandes exportadores de armas se han aprovechado de la nueva situación
internacional para aumentar sus ventas a los países en desarrollo, en tanto que
los Estados donde operan tales empresas no toman medidas eficaces para
restringir su comercio ilícito y tráfico de armas a los grupos de terroristas,
de mercenarios y de delincuentes comunes, que tienen fácil acceso a dicho
armamento gracias a la permisividad de quienes toleran y promueven ese rentable
negocio, resultando beneficiados con esta indolente conducta.
No
obstante la existencia del nuevo marco de las relaciones internacionales, nos
preocupa la persistencia de la amenaza nuclear y el riesgo de los ensayos
nucleares que exponen a nuestros países a desastrosos efectos. Simultáneamente,
miles de armas nucleares siguen constituyendo una peligrosa amenaza para el
mundo.
Sobre
nuestros pueblos persisten las amenazas por los crecientes riesgos resultantes
del manejo, movimiento, transbordo y disposición irresponsable de materiales
radioactivos y desechos tóxicos generados en los países industrializados. El
problema se agrava porque los países de origen, al reconocer el peligro que
ofrecen tales materiales en sus respectivos territorios, buscan removerlos a
los espacios oceánicos o a zonas terrestres de los países en desarrollo.
La
globalización y la interdependencia han beneficiado principalmente a los países
industrializados. Muchos de nuestros Estados permanecen en cambio marginados
ampliando la brecha existente entre países ricos y pobres. La globalización
también ha ocasionado problemas y riesgos para muchos de los Países No Alineados
que son obligados a enfrentar fenómenos tales como la degradación ambiental y
el problema de las drogas ilícitas que se originan en la permisividad
prevaleciente en ciertos países desarrollados.
Estas
consideraciones nos llevan a ratificar que:
El No Alineamiento
y sus principios fundamentales conservan su vigencia y, bajo las circunstancias
actuales, constituye hoy más que nunca un foro que proporciona un marco de
referencia básico para coordinar nuestros intereses y posiciones en el ámbito
internacional.
Frente a
las nuevas realidades de este momento histórico, el Movimiento busca promover
sus objetivos a través del diálogo sobre la base del beneficio y el interés
mutuos, la interdependencia genuina y la responsabilidad compartida.
El
Movimiento No Alineado continuará luchando a toda costa por la paz, la
independencia, la igualdad soberana de los Estados y la No Intervención en sus
asuntos internos, que algunos ahora pretenden ignorar. Al mismo tiempo,
continuaremos trabajando sin descanso en el mejoramiento de la condición
económica y social, el fortalecimiento de la democracia y la libre
determinación de los pueblos.
Convencidos,
por consiguiente, de que nuestra posición activa y concertada permitirá el
logro de nuestros propósitos comunes, adoptamos los siguientes compromisos que
denominaremos:
El llamamiento desde Colombia
Continuaremos
promoviendo la reestructuración, revitalización y democratización de las
Naciones Unidas sobre la base de los principios contenidos en su Carta, al
igual que la reestructuración del sistema financiero internacional, incluidas
las instituciones de Bretton Woods, sobre la base del principio de igualdad
soberana de los Estados.
Intensificaremos
nuestras acciones encaminadas al logro de un desarme general y completo, que comprendió
también el desarme nuclear y la eliminación de las armas de este tipo.
Consideramos
indispensable el casi cumplimiento de los compromisos acordados en la Cumbre de
la Infancia en Nueva York, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Medio Ambiente y Desarrollo en Río de Janeiro, en la Asamblea Mundial del Grupo
de Educación para todos en Jon-Tien, en la Conferencia Mundial sobre Derechos
Humanos en Viena, en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo
de El Cairo, en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social de Copenhague y en la
IV Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing, así como aquellos acordados
en la Ronda Uruguay.
Lucharemos
conjuntamente contra todo tipo de condicionalidades, medidas, reglas y
políticas coercitivas y unilaterales que se pretenda imponernos o nos sean
impuestas, así como a la imposición de la adopción de modelos ajenos a las
particularidades religiosas, históricas y culturales de nuestros países.
Fomentaremos
la erradicación de los remanentes del colonialismo y de la ocupación foránea y
actuaremos concertadamente contra nuevas tendencias intervencionistas.
Perseveraremos
en nuestro llamado para un arreglo definitivo del problema de la deuda de los
países en desarrollo, incluyendo en particular la multilateral, y la
cancelación de la deuda de los países menos desarrollados y de menor ingreso
más severamente afectados.
Promoveremos
la plena aplicación de los principios de la Carta de la Naciones Unidas y de
las normas del derecho internacional, en particular los atinentes a la
soberanía, la independencia y la integridad territorial.
Adicionalmente,
los suscritos Jefes de Estado o de Gobierno
1. Nos abstendremos de recurrir al uso o amenaza del uso de la fuerza en
contra de cualquier Estado, y nos valdremos de los medios contemplados por el
derecho internacional para dirimir pacíficamente toda controversia.
2. Procederemos a reducir el gasto militar con el propósito de dedicar
tales recursos al desarrollo económico y social de nuestros pueblos.
3. Nos comprometemos a erradicar el analfabetismo y la pobreza.
Solicitamos
al Presidente de Colombia, Ernesto Samper, en su calidad de Presidente de
nuestro Movimiento, que emprenda las siguientes acciones:
1. Transmitir a los Jefes de Estado o de Gobierno del "Grupo de los
Siete", en las reuniones que dicho Grupo realice, las posiciones e
inquietudes de los países miembros del Movimiento, expresadas en nuestra
Declaración.
2. Adelantar las acciones indispensables para promover dentro de los
Miembros del Movimiento la cooperación Sur-Sur como uno de los objetivos
fundamentales de nuestra acción con miras a lograr mayor autosuficiencia
colectiva.
3. Formular las recomendaciones aprobadas con el objeto de revisar el
funcionamiento, procedimientos y acciones del Movimiento dentro del marco de
los principios que nos rigen.
4. Adelantar el estudio e implementación de acciones del Movimiento con
miras al mejoramiento efectivo de la condición social de nuestros pueblos.
Finalmente,
los Jefes de Estado o de Gobierno de los Países No Alineados, expresamos al
Presidente Ernesto Samper, al pueblo y al Gobierno de Colombia nuestro
incondicional y absoluto respaldo en la valiente y denodada lucha que
decididamente vienen enfrentando contra el flagelo del narcotráfico, dentro del
marco de su ordenamiento jurídico interno y de los compromisos internacionales
de que es parte. Manifiestan igualmente su decidido apoyo a la iniciativa de
Colombia y de otros países en desarrollo, de convocar dentro del marco de las
Naciones Unidas una conferencia mundial sobre el problema de las drogas
ilícitas.
Documento
final
Preámbulo
I. La Décima Primera Conferencia de Jefes de Estado o de Gobierno del
Movimiento de los Países No Alineados se celebró en Cartagena de Indias,
Colombia del 18 al 2 de octubre de 1995.
II. Estuvo precedida de una reunión preparatoria a nivel de Embajadores
y Altos Funcionarios, celebrada los días 14 y 15 de octubre, y de una reunión
preparatoria; nivel Ministerial, celebrada los días 16 y 17 de octubre.
III. Participaron en la Conferencia los siguientes miembros del
Movimiento: Afganistán, Angola, Arabia Saudita, Argelia, Bahrein, Bangladesh,
Barbados, Belice Benin, Bhutan, Bolivia, Botswana, Brunei Darussalam, Burkina
Faso, Burundi, Cabo Verde, Camboya, Camerún, Colombia, Congo Coté D'lvoire,
Cuba, Chad, Chile, Chipre, Djibouti Ecuador, Egipto Emiratos Arabes Unidos,
Eritrea, Etiopía, Filipinas, Gabón, Gambia, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea,
Guinea Bissau, Guinea Ecuatorial Guyana, Honduras, India, Indonesia, Irán,
Iraq, Jamahiriya Arabe Libia, Jamaica, Jordania, Kenya, Kuwait, Lesotho,
Libano, Liberia, Madagascar, Malasia, Malawi, Maldivas, Mali, Malta, Marruecos,
Mauricio, Mauritania, Mongolia, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua,
Niger, Nigeria, Omán, Palestina, Panamá, Papua, Nueva Guinea, Paquistán, Perú,
Qatar, República Centroafricana, República Democrática Popular Lao, República
Popular Democrática de Corea, República Arabe Siria, República Unida de
Tanzania, Rwanda, Senegal, Seychelles, Sierra Leona, Singapur, Sri Lanka
Sudáfrica, Sudán, Suriname, Swazilandia, Tailandia, Togo, Trinidad y Tobago,
Túnez, Uganda, Uzbekistán, Venezuela, Viet Nam, Yemen, Zaire, Zambia y
Zimbabwe.
IV. Asistieron a la Conferencia en calidad de observadores los
siguientes países movimientos de liberación nacional y organizaciones
internacionales: Armenia, Azerbaiyán, Brasil, China (República Popular), Costa
Rica, Croacia, El Salvador, Kyrguistán, México, Uruguay.
También como observadores participaron las siguientes organizaciones y
movimientos de liberación nacional: Organización de las Naciones Unidas,
Organización de la Unidad Africana, Liga de Estados Arabes, Organización de la
Conferencia Islámica, Organización de la Solidaridad de los Pueblos
Afro-Asiáticos, Movimiento Independentista de Puerto Rico.
V. Asistieron a la Conferencia en calidad de invitados los siguientes
países y organizaciones:
Alemania, Australia, Austria, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Canadá,
Eslovenia, España, Federación Rusa, Finlandia, Grecia, Hungría, Italia,
Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa,
República Dominicana, República Eslovaca, Rumania, Santa Sede, Suecia, Suiza,
Ucrania. También participaron como invitados las siguientes organizaciones:
Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Comité Especial de las Naciones
Unidas del Océano Indico, Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y
Desarrollo (UNCTAD), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),
Programa Mundial de Alimentos (PMA), Instituto Internacional de Estudios No
Alineados, Secretaría del Commonwealth, Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Sistema Económico Latinoamericano
(SELA), Comité de las Naciones Unidas sobre el Ejercicio de los Derechos
Inalienables del Pueblo Palestino, Organización de las Naciones para el
Desarrollo Industrial (ONUDI), Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF), Comité Especial de las Naciones Unidas encargado de examinar la
situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de
la independencia a los países y pueblos coloniales, Organización Mundial de la
Salud (OMS), Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Cultura
(UNESCO), Grupo de los 77, Centro Sur.
VI. Como invitados del Gobierno de Colombia estuvieron presentes los
siguientes países y organizaciones: Japón, Organización de Estados Americanos,
Organización Internacional de Trabajo, Greenpeace, la Federación Islámica
Internacional de Organizaciones Estudiantiles, Comisión de Juristas para la No
Proliferación Nuclear.
VII. Los Jefes de Estado y Gobierno dan la bienvenida a Turkmenistan
como nuevo miembro del Movimiento. Asimismo dan la bienvenida a Ucrania como
invitado del movimiento.
Introducción
1. Los Jefes de Estado o de Gobierno de los países Miembros del
Movimiento de Países No Alineados se reunieron en Cartagena de Indias,
Colombia, con el propósito de concretar una serie de acciones tendientes a
promover la paz, la seguridad y el desarrollo, lo que ha de conducir al logro
de un nuevo sistema de relaciones internacionales fundamentando en los
principios de justicia, igualdad y democracia.
Capítulo primero: asuntos globales
Reseña de la situación internacional
2. Los Jefes de Estado o de Gobierno se congregaron en un momento de
excepcional trascendencia. Si bien comienzan a apreciarse en su auténtica
dimensión las consecuencias de la terminación de la guerra fría en varias
situaciones y la economía mundial se encamina hacia la nueva dinámica de la
globalización, las esperanzas de que la humanidad alcance, dentro del marco
general de paz y convivencia, un nuevo sistema internacional más justo y
equitativo basado en el respeto y la igualdad entre las naciones, parecen estar
todavía muy lejos.
3. En muchas naciones, la riqueza y el comercio han crecido
aceleradamente. La esperanza de vida y el acceso a la enseñanza primaria han
aumentado en buena parte de los Estados, en tanto que la tasa media de
mortalidad infantil se ha reducido notablemente. Sin embargo, la pobreza y el
hambre han alcanzado proporciones dramáticas en muchos de los Países No
Alineados y de otros en desarrollo, creando una de las mayores paradojas de
nuestro tiempo. Más de quinientos millones de personas sufren de hambre y
muchas mueren a consecuencia de ella. El desempleo ha crecido en forma
acelerada. El planeta y sus habitantes son víctimas del inexorable deterioro
del medio ambiente y de los patrones insostenibles de consumo que se registran
en algunos países industrializados.
4. Aún cuando el fantasma de un holocausto nuclear parece cada vez más
remoto y algunos gobiernos han decidido recortar sus presupuestos militares
para dedicar esos recursos a las necesidades del desarrollo social y económico
de sus pueblos, las grandes potencias continúan poniendo en peligro el futuro
de la humanidad mediante la acumulación y el desarrollo injustificados de armas
nucleares y de otras armas de destrucción masiva, mientras el tráfico
desenfrenado de armamentos continúa atentando contra la seguridad y la
estabilidad de vastas regiones del planeta.
5. Si bien observan con satisfacción que varios de los conflictos que
afectan la estabilidad de los países de Africa, Asia y América Latina y el
Caribe, han sido resueltos mediante acuerdos de trascendencia histórica con
repercusiones importantes a nivel regional y mundial y que la democracia y las
instituciones democráticas se han fortalecido y tornado más participativas, los
Jefes de Estado o de Gobierno expresaron su profunda preocupación ante la
agravación de conflictos y diferencias ya existentes y el surgimiento de nuevos
conflictos, así como la reaparición de viejas rivalidades étnicas, religiosas,
económicas y sociales, que se creían ya superadas. Entre tanto, observaron que
la desintegración de una de las superpotencias ha conducido a la desaparición
del equilibrio de poder y a una inestabilidad latente a nivel mundial.
Subrayaron que el mundo de hoy está todavía lejos de ser un lugar justo,
pacífico y seguro. Tensiones a punto de estallar, conflictos violentos,
agresión y ocupación extranjera, injerencia en los asuntos internos de los
Estados, políticas de hegemonía y dominación, luchas étnicas, intolerancia
religiosa, xenofobia, nuevas formas de racismo y nacionalismos concebidos con
mentalidad estrecha, se cuentan entre los obstáculos mayores y más peligrosos
para la coexistencia armónica entre Estados y pueblos, y, han conducido incluso
a la desintegración de naciones y de sociedades. También tomaron nota con
repulsión de las masivas violaciones de los derechos humanos y del derecho
humanitario, entre los que cabe señalar los actos de genocidio y los delitos
perpetrados contra la humanidad en varias regiones de mundo.
6. En América Latina y el Caribe, los acontecimientos políticos y
económicos han dado impulso a la consolidación de la paz, al fortalecimiento de
la democracia y al progreso económico. La región avanza decididamente hacia la
cooperación. En América Central se ha logrado con éxito solucionar conflictos
de vieja data y se avanza firmemente hacia la consolidación de la paz. En
Haití, por primera vez tras más de un siglo y medio de vida independiente, un
mandatario legítimamente elegido se encuentra en el poder.
En Africa se han registrado hechos que habrían parecido inconcebibles
hace apenas algunos años. Una vez desmantelado el aberrante sistema del
apartheid, Sudáfrica estableció un gobierno democrático y no racial bajo la
presidencia de Nelson Mandela. Mozambique ha abierto un nuevo capítulo de su
historia, al celebrar sus primeras elecciones generales multipartidistas en
octubre del año pasado, preparando el terreno para la consolidación de la paz,
la estabilidad y la reconciliación nacional y emprender el proceso de
desarrollo económico del país. En Angola, el progreso logrado en la aplicación
del Protocolo de Lusaka y el despliegue de UNAVEM III de acuerdo con la
Resolución 976 (1995) ha creado un clima propicio para lograr una paz duradera
y la estabilidad en el país; Eritrea, después de una prolongada y sangrienta
guerra de liberación, ha ganado su independencia como nación y, su pueblo, a
pesar de las dificultades que enfrenta, se encamina con confianza hacia los
retos del futuro. En Europa, la reciente iniciativa de paz lanzada en
Bosnia-Herzegovina despierta grandes esperanzas de un arreglo definitivo, justo
y equitativo de un conflicto cuyas atrocidades han marcado el final de este
siglo. Asia ha registrado tendencias positivas hacia la cooperación para la paz
y el desarrollo: en Asia del Sudeste, el ingreso de Vietnam a ASEAN constituye
un paso significativo en el proceso de integración regional, mientras Camboya,
después de las elecciones de 1993 avanza por el sendero del desarrollo social y
económico y de la democracia, y en el Asia del Nordeste la República
Democrática Popular de Corea ha concluido decisivos acuerdos con los Estados
Unidos de América. En el Medio Oriente, el Presidente Yasser Arafat ha
celebrado en nombre de Palestina acuerdos históricos con Jordania e Israel,
mientras Siria se empeña en la búsqueda de una solución pacífica al problema de
la ocupación de su territorio por Israel sobre la base de las Resoluciones del
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y de la fórmula de la "tierra
para la paz". A pesar de estos hechos positivos y alentadores, los Países
No Alineados no tienen la garantía de que se atenderán sus necesidades en
materia de seguridad y desarrollo.
7. Si bien varios compromisos sobre desarrollo se han alcanzado en el
pasado, y más recientemente en varias conferencias internacionales sobre
desarrollo, son muchos los que quedan por cumplir.
8. Los Jefes de Estado o de Gobierno expresaron su preocupación por el
adverso clima económico externo que continúa ejerciendo un impacto negativo en
las economías de los países en desarrollo. Las exportaciones de estos países
siguen siendo obstaculizadas por el proteccionismo en todas sus formas y sus
esfuerzos siguen siendo menoscabados por los lastres excesivos del
endeudamiento extremo y las corrientes financieras de corto plazo, limitadas y
fugaces, que han resultado en la transferencia neta y general de recursos hacia
los países desarrollados, así como por la falta de acceso adecuado a la
tecnología. Esta situación se complica aún más con la secular caída de los
precios de los productos básicos y el deterioro general de los términos
comerciables de los países en desarrollo. Desde este punto de vista, Africa,
que abarca una cuarta parte de la superficie de la tierra, con recursos
naturales considerables, y que a finales del siglo tendrá una quinta parte de
la población mundial, merece mayor atención en vista de la crítica situación
económica por la que atraviesa, habiendo sido particularmente golpeada en
muchos aspectos del desarrollo económico y social.
9. Los Jefes de Estado o de Gobierno expresaron su determinación por
hacer lo que sea necesario para cambiar esta situación de modo que se atentan
los intereses y se cumplan las verdaderas aspiraciones de los países en
desarrollo.
10. Los Jefes de Estado o de Gobierno observaron que a pesar de haber
finalizado la Guerra Fría y haberse resuelto los conflictos internos en varios
Estados, el comercio y el tráfico ilícitos de armas han aumentado
considerablemente. Esta situación ha contribuido a la aparición de nuevas zonas
de conflicto armado y a que se hayan alcanzado niveles sin precedentes de
violencia como resultado del crimen organizado, el terrorismo y la subversión,
tanto en las zonas rurales como urbanas. Observaron que la comunidad
internacional debe emprender una acción vigorosa y concertada para poner fin a
la circulación y el tráfico de armas de corto alcance, y continuar con sus
esfuerzos encaminados a la solución de conflictos en las regiones afectadas.
11. Los Jefes de Estado o de Gobierno expresaron su profunda
preocupación ante el grave problema humanitario que ocasiona la presencia de
minas y otros dispositivos sin estallar, a las poblaciones de países infestados
de minas y el alto número de víctimas de éstas, en especial entre las
poblaciones civiles.
12. Los Jefes de Estado o de Gobierno, al tiempo que subrayaron la
importancia de que se apliquen todas las resoluciones y mandatos del Consejo de
Seguridad correspondientes a las operaciones para el mantenimiento de la paz de
las Naciones Unidas, observaron con preocupación la tendencia manifiesta, cada
vez mayor, de parte de algunos Estados a promover sus intereses nacionales por
conducto del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Consideraron que los
esfuerzos desplegados en favor de la conservación de la paz y la seguridad
internacionales, mediante las operaciones para el mantenimiento de la paz,
deben ceñirse a los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas
y no deben conducir a la implantación de un nuevo sistema de injerencia en los
asuntos internos de los Estados.
13. Algunos Estados pretenden imponer unilateralmente sus políticas y
criterios culturales y sociales los países en desarrollo, y ejercer su poder e
influencia en los organismos internacionales. En efecto, la experiencia de
algunos Estados miembros del Movimiento de los Países No Alineados muestra como
algunos miembros poderosos de la comunidad internacional siguen insistiendo en
imponer sus modelos y percepciones como normas de conducta universal. Por esa
razón, los países del Movimiento de los No Alineados son cada vez más objeto
del intervencionismo unilateral o multilateral en sus asuntos internos, con
varios pretextos. En este contexto, los Jefes de Estado o de Gobierno
expresaron su preocupación ante los continuos intentos por socavar los
principios de soberanía y de no ingerencia en los asuntos internos de los
países del Movimiento, y la renuencia cada vez mayor de varios países
desarrollados por reiterar esos principios en los instrumentos y negociaciones
internacionales y respaldar su vigencia y aplicabilidad permanentes.
14. Los Jefes de Estado o de Gobierno consideraron que el derrumbe del
sistema bipolar, si bien alienta las esperanzas todavía por cumplirse de llegar
a una paz universal, justa y duradera, podría resultar en un preocupante y
nocivo unipolarismo que podría llevar a una mayor desigualdad, injusticia, y,
por lo tanto, a una situación mundial más compleja e inquietante. Subrayaron la
necesidad de trabajar juntos por la creación de un nuevo sistema de relaciones
internacionales que esté caracterizado por la ausencia de escasez, miedo y
todas las formas de intolerancia y que, por el contrario, se base en la paz, la
justicia, la equidad, la democracia y el respeto de todos los principios
consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional. En
este contexto, reiteraron su convicción de que el movimiento debe seguir
desempeñando un papel activo y eficaz en el logro de ese objetivo.
15. En estas circunstancias es, por lo tanto, más urgente que nunca que
el Movimiento se esfuerce por lograr la cooperación y el espíritu de plena
asociación en el ámbito internacional en favor de la paz y el desarrollo social
y económico.
16. Los Jefes de Estado o de Gobierno reiteraron la validez y la
pertinencia de los principios y objetivos de la independencia, la integridad
territorial y la soberanía de los Estados, el logro del desarme general y
completo bajo un control internacional eficaz, el derecho de autodeterminación
de los pueblos que se encuentran bajo el dominio colonial u otras formas de
ocupación extranjera, la igualdad entre las naciones, el pleno respeto al
derecho internacional, la solución pacífica de los conflictos, la
democratización de las relaciones internacionales, el desarrollo económico y
social, el orden económico internacional equitativo, el desarrollo de los
recursos humanos, la protección y promoción de todos los derechos humanos y las
libertades fundamentales incluido el derecho al desarrollo y la coexistencia
entre diferentes sistemas, culturas y sociedades. En este contexto, subrayaron
la necesidad de lograr sus objetivos mediante una adaptación dinámica a las
nuevas realidades así como de las estrategias, iniciativas y proyectos
apropiados.
17. Los Jefes de Estado o de Gobierno recalcaron que para que el papel
de Movimiento tenga un mayor realce a nivel internacional debe continuar con su
labor de ampliar y fortalecer su habilidad capacidad de iniciativa,
representación y negociación, así como de su fuerza ética, política y moral,
como la tribuna que representa los intereses y aspiraciones del mundo en
desarrollo. Reiteraron, a este respecto que su compromiso moral y político
irrevocable radica en el pleno respeto de los principios fundadores del
movimiento adoptados en Bandung y de los principios establecidos en la Carta de
las Naciones Unidas. Consideraron que el papel del Movimiento en el logro de
sus objetivos depende fundamentalmente de solidaridad de sus miembros, de su
unidad y cohesión, basados en una cultura de paz y desarrollo, y exige la conjugación
de esfuerzos para dirimir desacuerdos y solucionar conflictos de manera
pacífica.
Cooperación económica internacional para el
desarrollo
18. Si bien el final de la Guerra Fría debería haber atraído mayor
atención y preocupación hacia los temas del desarrollo económico y social por
parte de la comunidad internacional, no han alcanzado aún la prelación que
requieren, ni el grado de compromiso necesario para resolver los serios
problemas que enfrentan países como los del Movimiento. Es un hecho que en
estos últimos años han disminuido los recursos disponibles para la cooperación
internacional para el desarrollo; la aparición del paradigma de desarrollo
basado en el mercado también ha estado acompañada por intentos de trasladar al
sector privado toda la carga de la cooperación del desarrollo internacional.
Los Jefes de Estado o de Gobierno reafirmaron el papel del Estado en el
desarrollo y en la cooperación internacional para el desarrollo.
19. Además, los Jefes de Estado o de Gobierno han presenciado la
aparición de una tendencia en los países desarrollados a desatender sus
compromisos anteriores y marginar los aspectos relacionados con el desarrollo
de las negociaciones internacionales, estableciendo nuevas condiciones y
menoscabando conceptos tradicionales en detrimento de los Países No Alineados y
de otros países en desarrollo. Por lo tanto, subrayaron la necesidad de que el
Movimiento mantenga una presencia activa en las negociaciones económicas y
comerciales internacionales, adoptando posiciones fuertes, concertadas y
comunes.
20. La situación internacional continúa siendo muy inestable. El clima
de incertidumbre persiste, así como la tendencia a concentrarse primordialmente
en los intereses y preocupaciones de un limitado número de países desarrollados;
recientes compromisos en algunas de las principales esferas de la cooperación
internacional siguen sin cumplirse. Los intereses de los países en desarrollo
continúan siendo marginados. La inversión privada extranjera tiende a
concentrarse en algunos países en desarrollo y una gran parte de estos recursos
es de carácter especulativo y fugaz. La infraestructura social y económica en
los países en desarrollo está rezagada y frena las posibilidades de
crecimiento. Es urgente corregir este estado de cosas en forma prioritaria. La
necesidad fundamental del desarrollo debe reflejarse en las nuevas prioridades
de cooperación internacional.
21. Los Jefes de Estado o de Gobierno subrayaron que la brecha entre los
países desarrollados y en desarrollo, especialmente de los países menos
adelantados, continúa ampliándose, y reiteraron que los problemas derivados de
la pobreza y el atraso social lejos de estar superándose se han agravado de
manera significativa. Expresaron su particular preocupación por la situación
económica de los países menos adelantados, la mayoría de los cuales se
encuentran en Africa. Observaron, además, que el subdesarrollo económico, la
pobreza y la injusticia social son fuente de frustración y causa de nuevos
conflictos, y que la estabilidad, la seguridad, la democracia y la paz, no
pueden consolidarse sin que se corrijan las crecientes desigualdades
internacionales. Consideraron, por lo tanto, que era urgente regenerar las
economías de los países menos adelantados con el fin de que alcancen el
crecimiento sostenido y el desarrollo sostenible.
22. Los Jefes de Estado o de Gobierno hicieron particular hincapié en
que el alto costo social del ajuste estructural y la apertura de las economías
de los países del Movimiento no deben ser asumidos únicamente por los países en
desarrollo, en especial por los sectores más pobres de su población. Son las
grandes naciones desarrolladas las que han obtenido las mayores ventajas de
este cambio de la economía mundial mientras que la alarmante concentración de
la riqueza en pocas manos, como consecuencia de la economía de mercado
desenfrenada, constituye un preocupante presagio de inestabilidad social.
Encontraron por ello inaceptable que naciones ricas y poderosas establezcan
condicionalidades unilaterales al intercambio comercial abierto que ellas
mismas han promovido, para obtener de los países del Movimiento ventajas de
diverso orden o, lo que es peor, para imponer criterios o forzar actitudes, en
atención a sus necesidades políticas internas. Declararon que el hecho de
exigir a los países del Movimiento la apertura de sus economías y de establecer
simultáneamente restricciones y trabas arancelarias para sus productos,
constituye una conducta moralmente reprochable.
23. Los Jefes de Estado o de Gobierno resaltaron que la globalización de
la economía, coadyuvada por la revolución en las comunicaciones y en la
informática, ha creado nuevos desafíos y oportunidades. Sin embargo, para la
mayoría de países en desarrollo este proceso de globalización se ha traducido
en una creciente marginación.
24. Mientras los beneficios de la creciente interdependencia entre
economías son claros en los países desarrollados, en los países en desarrollo
son frágiles o incipientes. Los Jefes de Estado o de Gobierno hicieron un
llamado a la comunidad internacional para que aplique medidas con miras a crear
un sistema de relaciones económicas internacionales más equilibrado y
participativo, en el que dicha interdependencia beneficie a todas las naciones.
25. Los Jefes de Estado o de Gobierno hicieron un llamamiento para que
se fomente una cooperación más estrecha con los países desarrollados, así como
con las agrupaciones económicas regionales y subregionales, con miras a
promover un enfoque bien coordinado e integrado de las relaciones económicas
internacionales basado en la equidad y la justicia y la mutualidad de intereses
y beneficios. Consideraron, además, que el Movimiento debe emprender
activamente la cooperación Sur-Sur en todos sus aspectos. Decidieron que los
Países No Alineados deben poner en marcha programas y proyectos sobre la
cooperación Sur-Sur, con el fin de complementar sus economías y proseguir el
camino hacia la autosuficiencia.
26. Los Jefes de Estado o de Gobierno observaron que la integración de
los países con economías en transición a la economía mundial ha tenido el
efecto de absorber recursos considerables que en otra época hubiesen sido
asignados a los países en desarrollo. En este respecto, no se han cumplido las
expectativas con relación a los beneficios previstos para los Países No
Alineados. Expresaron preocupación acerca de las nuevas prioridades
establecidas por los países desarrollados que favorecen las economías en
transición.
Recalcaron que el Movimiento debe abordar este problema en todos los
foros apropiados reiterando, entre otras cosas, la urgente necesidad de que la
comunidad internacional cumpla cabalmente con todos los compromisos actuales
sobre desarrollo, asumidos en varias Conferencias y Reuniones internacionales
sobre desarrollo, en particular mediante el suministro de recursos nuevos y
adicionales.
27. Es evidente que la solución de los problemas sociales y el logro de
un crecimiento económico sostenido no pueden ser el resultado automático del
libre funcionamiento del mercado. El desarrollo social y el desarrollo
económico constituyen procesos interdependientes que deben reforzarse
mutuamente. La libre iniciativa y la creatividad son una base importante para
el progreso. Sin embargo, se requieren intervenciones apropiadas para mitigar
el impacto negativo de las fuerzas del mercado, corregir sus fallas,
complementar sus mecanismos y lograr condiciones de estabilidad económica y
social. Por lo tanto, ya que no se pueden imponer los modelos de desarrollo,
fomentaron enfoques alternativos de desarrollo acordes con las necesidades y
prioridades nacionales de cada país No Alineado.
El Legado de Bandung
28. Al conmemorarse su cuadragésimo aniversario, los Jefes de Estado o
de Gobierno exaltaron la histórica Conferencia de Bandung, en cuyo seno se
desarrollaron los principios de la No Alineación y de la coexistencia pacífica
entre los Estados con diferentes sistemas económicos o políticos. Los Jefes de
Estado o de Gobierno reiteraron que la Declaración expedida en esa memorable
ocasión constituyó un hito en el surgimiento de una corriente de pensamiento
independiente, expresión de los legítimos anhelos de libertad y progreso de los
pueblos y de las aspiraciones de los países en desarrollo.
29. Los Jefes de Estado o de Gobierno reiteraron que el papel que cabe
al Movimiento para promover un orden internacional justo depende en gran medida
de su solidez, unidad y cohesión internas. En consecuencia, corresponde a todos
los Estados miembros esforzarse por la promoción de la solidaridad y unidad del
Movimiento. Para ello será preciso tomar medidas para resolver los desacuerdos
entre los Estados miembros y solucionar pacíficamente sus controversias.
30. Los Jefes de Estado o de Gobierno destacaron el papel histórico y el
aporte constructivo del Movimiento a la promoción de la paz en el mundo y las
relaciones de cooperación entre los Estados.
Además, la médula de esta filosofía se ha mantenido y sus principios
básicos siguen inmutables. La validez de sus principios y objetivos es indiscutible.
Estos comprenden, entre otros, la salvaguardia de la independencia, la
soberanía e integridad territorial de los Estados, el ejercicio de la
autodeterminación y la soberanía de los países no alineados y otras naciones en
desarrollo, el desarme, especialmente el desarme nuclear, el fin del
colonialismo y toda forma de sometimiento, la erradicación del racismo y todo
tipo de discriminación racial, la coexistencia pacífica entre los Estados, la
democratización de las relaciones entre éstos, la solución pacífica de
conflictos regionales, el logro de los objetivos de crecimiento de todos los
países en desarrollo y la protección de los derechos humanos, especialmente los
de índole socioeconómica. Los Jefes de Estado o de Gobierno encomiaron el valioso
aporte del Movimiento de Países No Alineados a la lucha encaminada al logro del
desarme general y la prohibición de producir, probar y utilizar armas de
destrucción masiva. Reconocieron su visionario aporte a la promoción del
desarrollo y la cooperación Sur-Sur.
31. Los Jefes de Estado o de Gobierno destacaron que la posición
decidida que mantuvo el Movimiento en los últimos 34 años ha impulsado muchos
de los logros alcanzados en los últimos tiempos en el ámbito internacional,
incluida la independencia de muchos territorios sometidos al yugo colonial y la
expresión de las necesidades sentidas de los pueblos de los Países No
Alineados, que individual y aisladamente ni siquiera eran escuchadas.
Resaltaron que la No Alineación constituyó y seguirá representando la expresión
colectiva de naciones con identidades y necesidades comunes. El papel que cabe
al Movimiento para promover un orden internacional justo depende en gran medida
de su solidez, unidad y cohesión internas. Corresponde a todos los Estados
miembros esforzarse por la promoción de la solidaridad y unidad del Movimiento.
Para ello será preciso tomar medidas para resolver los desacuerdos entre los
Estados miembros y solucionar pacíficamente sus controversias.
El papel del Movimiento de Países No Alineados
32. Los Jefes de Estado o de Gobierno expresaron su satisfacción por la
tendencia actual a revitalizar las actividades del Movimiento de Países No
Alineados desde la Cumbre de Yakarta en 1992, la Undécima Conferencia
Ministerial de El Cairo en 1994 y la Reunión Ministerial del Buró de
Coordinación de los Países No Alineados, celebrada en abril de este año en
Bandung, e hicieron hincapié en que en adelante el Movimiento debe mantener y
fomentar esa tendencia. Al respecto, estuvieron de acuerdo, especialmente, en
diseñar un mecanismo para dar mayor realce al papel del Movimiento de Países No
Alineados, de conformidad con los cambios en la situación internacional, de
manera que, como vocero de los intereses de los países No Alineados y otros
países en desarrollo, el Movimiento puede reaccionar eficaz y rápidamente ante
los desafíos actuales, sobre la base de las posiciones convenidas por sus
miembros.
33. Los Jefes de Estado o de Gobierno subrayaron que el Movimiento debe
afianzar su unidad y cohesión y coordinar las posiciones de los países miembros
con respecto a los principales asuntos internacionales, con miras a fortalecer
su poder negociador frente a los países desarrollados. En este contexto,
consideraron que para el Movimiento, el nuevo orden internacional debe
descansar en los principios de justicia, igualdad y democracia en las
relaciones internacionales y, a tal fin, debe adoptar una estrategia común.
Reafirmaron también que es necesario mejorar el mecanismo de coordinación de la
posición entre sus miembros, como los actuales grupos de estudio de las
Naciones Unidas y los organismos especializados, y fomentar el proceso
encaminado al logro de un denominador común de posiciones e intereses de los
Países No Alineados y así tener una sola voz en las negociaciones
internacionales.
34. Los Jefes de Estado o de Gobierno subrayaron la necesidad de
reactivar el Movimiento, y para esto aprobaron conmemorar el Trigésimo Quinto
aniversario de la fundación del Movimiento de Países No Alineados con ocasión
de la reunión de los Ministros de Relaciones Exteriores del Movimiento de
Países No Alineados que tendrá lugar en Nueva York en septiembre de 1996.
Encomendaron al Buró de Coordinación en Nueva York el área de efectuar las
consultas necesarias con miras a realizar los preparativos para dicha
conmemoración, incluida la escogencia del lugar de celebración del aniversario
y la preparación de los temas a tratar.
35. Los Jefes de Estado o de Gobierno reconocieron que es fundamental
incrementar la fuerza interna para ampliar el papel del Movimiento. Decidieron
introducir un sistema de acuerdo con el cual presidencias del Comité
Ministerial de Metodología será rotativa y durará tres años, lo que en su
opinión daría un nuevo ímpetu al mejoramiento de los métodos de trabajo y la
eficiencia del Movimiento. En sentido, recordaron la pronta adopción de
criterios para la admisión de nuevos miembros, observadores e invitados.
Reiteraron que la ampliación del papel del Movimiento debería ser un proceso
constante consideraron que el Comité Ministerial sobre Metodología debería
continuar intensificando sus actividades de análisis profundo y extenso de
diversos aspectos vinculados a la estructura y las modalidades del Movimiento
de los No Alineados. Recomendaron al Comité Ministerial reunirse a principios
de 1996 para discutir las formas y medios de ampliar el papel del Movimiento a
la luz de los recientes cambios acaecidos en la situación internacional.
36. Los Jefes de Estado o de Gobierno recalcaron la importancia de que
se ponga en vigor la recomendación formulada por la Undécima Conferencia
Ministerial de El Cairo de 1994 para poner marcha el sistema de apoyo
establecido en la Décima Conferencia Ministerial de Accra en 1991 y que fuera
adoptada por la Cumbre de Jakarta en 1992.
37. Los Jefes de Estado o de Gobierno, luego de examinar la situación
internacional y reafirmar importancia de los principios y objetivos del
Movimiento, decidieron buscar nuevas formas de acción colectiva con el fin de
ampliar su influencia y su participación en los asuntos mundiales. Una de las
razones fundamentales que suscitan dicha necesidad es promover el cumplimiento
de los principios de la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional
como base fundamental para la coexistencia pacífica entre Estados. Expresaron
su satisfacción por el importante y activo desempeño del Buró Coordinador en
Nueva York, así como de sus Grupos de Trabajo y Grupos de Redacción. También
expresaron su convicción de que dicho papel debe intensificarse para cumplir con
las necesidades en rápida evolución en el contexto internacional, incluido el
surgimiento de nuevos temas de gran interés para el Movimiento. Por lo tanto
los Jefes de Estado o de Gobierno confiaron al Buró de Coordinación la tarea de
intensificar sus acciones para fortalecer aún más la coordinación y la
cooperación mutua entre los países no alineados, incluida una acción unificada
en las Naciones Unidas y otros foros internacionales sobre temas de interés
común. Opinaron también que cuando sea necesario, el Buró de Coordinación debe
convocar sus reuniones a nivel ministerial sobre un tema específico de interés
mayor para el Movimiento, tal como se ha hecho hasta ahora.
38. Los Jefes de Estado o de Gobierno reconocieron la importancia de la
coordinación y la cooperación entre el Movimiento de los países No Alineados y
el Grupo de los 77 en promover el interés de los países en desarrollo en los
foros internacionales. En este contexto, acogieron la adopción por parte del
Movimiento de los No Alineados y el Grupo de los 77 de los términos de
Referencia del Comité Mixto de Coordinación (CMC) del Movimiento de los países
No Alineados y el Grupo de los 77, e particular su carácter operativo.
Asimismo, observaron con beneplácito el progreso logrado por el CM en perseguir
los intereses de los países en desarrollo tal y como aparecen en la
presentación conjunta hecha tanto por los Presidentes del MNA y del Grupo de
los 77 en su calidad de co-Presidentes del CM del mensaje del Presidente de MNA
al Presidente de la Cumbre de los Siete en Halifax y en las negociaciones de la
resolución de la Asamblea General sobre el fortalecimiento del Sistema de las
Naciones Unidas, la cual fue adoptada por consenso. El hecho de que los países
en desarrollo posean ahora un mecanismo mediante el cual puedan forjar su
solidaridad sobre varios temas, es un buen augurio. Por lo tanto, decidieron
valerse de estos éxitos y encomendaron al CMC para que desempeñe un papel más
activo de acuerdo con su mandato, contenido en los términos de Referencia del
CMC.
39. Los Jefes de Estado o de Gobierno observaron con satisfacción la
coordinación emprendida por el Presidente del Buró de Coordinación del
Movimiento en Nueva York y el Grupo de Países del Movimiento de los No
Alineados en el Consejo de Seguridad para abordar puntos de particular
importancia para los miembros del Movimiento según lo solicitado por las
anteriores Cumbres del Movimiento de los Países Alineados. Por lo tanto,
subrayaron la necesidad de continuar e intensificar la coordinación, así como
explorar los medios que faciliten dicha coordinación en la forma más apropiada,
incluida la posibilidad de celebrar consultas periódicamente entre los miembros
del Grupo de Países del Movimiento NOAL en el Consejo de Seguridad y los
miembros del Movimiento por intermedio del Buró de Coordinación.
El papel de las Naciones Unidas
40. Los Jefes de Estado o Gobierno reafirmaron su constante compromiso
con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. Reiteraron
su convicción de que las Naciones Unidas representan el foro internacional más
apropiado para mantener la paz y la seguridad internacionales, solucionar
pacíficamente los conflictos, lograr las libertades y garantizar el derecho a
la autodeterminación de los pueblos sujetos a un régimen colonial u otras
formas de dominación u ocupación extranjera, establecer relaciones económicas
justas y equitativas y lograr la emancipación social, permitir el pleno goce de
todos los derechos humanos y libertades fundamentales, así como el fortalecimiento
de relaciones amistosas y la coexistencia pacífica entre naciones. Son
indisputables la función y el valor irreemplazables de la Organización en su
calidad de foro multilateral único para abordar los problemas mundiales.
También lo son los aportes hechos por dicho órgano mundial y sus
organismos especializados al adelanto económico, social y cultural de todos los
países y pueblos.
41. El Movimiento, que compone dos terceras partes de la membrecía de
las Naciones Unidas, está decidido a consolidar sus logros y exhorta a sus
miembros a utilizar el potencial del organismo de una manera mucho más resuelta
y racional, para de esta forma asegurar sus aspiraciones comunes, tales como la
paz, la seguridad mutua y la prosperidad para todos. El Movimiento debe
reafirmarse en las Naciones Unidas como el vocero colectivo y eficaz del mundo
en desarrollo.
42. Los Jefes de Estado o de Gobierno reafirmaron su convicción de que
las Naciones Unidas son el vehículo más importante para encauzar el aporte del
Movimiento de Países No Alineados a la conformación de un nuevo sistema de
relaciones internacionales basado en la justicia y la equidad y en los otros
principios del Movimiento de Países No Alineados. Por lo tanto, reiteraron la
determinación del Movimiento de desempeñar un papel determinante en la
revitalización, reestructuración y democratización del sistema de las Naciones
Unidas. En este contexto, reafirmaron el papel del Grupo de Trabajo de Alto
Nivel del Movimiento de Países No Alineados para la reestructuración de las
Naciones Unidas con el fin de democratizar y aumentar la eficacia de la
Organización, de acuerdo con los principios y propósitos de la Carta, y
garantizar la participación del Movimiento en este importante proceso.
43. Al conmemorarse el Quincuagésimo Aniversario de la creación de la
Organización de las Naciones Unidas, los jefes de Estado o de Gobierno
destacaron el papel de la misma en la transformación de la sociedad
internacional, la promoción del desarrollo económico y social, el mantenimiento
de la paz y la seguridad internacionales, el fomento de una mejor comprensión
entre los pueblos, el proceso de descolonización en curso y el respeto
universal del principio de igualdad de derechos. Resaltaron las numerosas y
complejas transformaciones ocurridas en el mundo durante la segunda mitad del
presente siglo. De una Organización integrada por 51 Estados fundadores, se ha
pasado a 185 Estados Miembros, muchos de los cuales lograron su independencia
en las últimas cuatro décadas.
44. Los jefes de Estado o de Gobierno reiteraron la necesidad de
democratizar las Naciones Unidas, para lo cual el Quincuagésimo Aniversario
debe ser un eje fundamental. Si bien estuvieron de acuerdo con la necesidad de
poner la Organización a tono con las nuevas realidades, manifestaron
claramente, que las acciones adoptadas en este proceso no pueden servir como
base para aumentar aún más los actuales desequilibrios políticos, ni como una
forma de eludir el respeto fiel a los principios generales, en particular los
principios de imparcialidad, soberanía, independencia nacional, integridad
territorial y no ingerencia en los asuntos internos de los Estados, señalados
hace más de medio siglo y cuya validez ha sido plenamente justificada. En este
contexto, expresaron asimismo su convicción de que no se puede seguir socavando
el papel de los Países No Alineados y de los otros países en desarrollo,
miembros de la Organización, como tampoco relegar sus intereses en beneficio de
las políticas externas de las grandes potencias.
45. Los jefes de Estado o de Gobierno consideraron que la tarea
prioritaria y el mayor reto para las Naciones Unidas en la nueva era es la
promoción del desarrollo social y económico. A este respecto, subrayaron la
necesidad de recuperar la primacía del papel de las Naciones Unidas en la
reestructuración de las relaciones económicas internacionales sobre la base de
justicia y equidad.
Fortalecimiento, Reestructuración,
revitalización y democratización de las Naciones Unidas
46. Los Jefes de Estado o de Gobierno reiteraron la importancia de la
reforma y reestructuración de las Naciones Unidas. En este contexto,
reafirmaron el papel de la Asamblea General como órgano deliberativo y
decisorio del más alto nivel en el Sistema de las Naciones Unidas. A este
respecto, elogiaron el papel realizado por el Grupo de Trabajo de Alto Nivel
del Movimiento de Países No Alineados para la Reestructuración de las Naciones
Unidas en su tarea de consolidar una posición unificada y sólida del Movimiento
y contribuir positivamente en el proceso de negociación que llevó a la adopción
por consenso, de las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas. Acogieron
con beneplácito las importantes medidas adoptadas para revitalizar la Asamblea
General, incluida la decisión de continuar con el uso de los mecanismos
actuales y crear los organismos que fueren necesarios y consideraron que estas
medidas deben ser cumplidas a cabalidad, y desarrolladas y perfeccionadas aún
más. Reiteraron, además, el llamado a observar escrupulosamente las
disposiciones de la Carta sobre las respectivas funciones de la Asamblea
General y el Consejo de Seguridad y subrayaron la necesidad de establecer
relaciones más eficaces entre los dos órganos, basadas en la responsabilidad
necesaria del Consejo ante la Asamblea General.
47. Los jefes de Estado o de Gobierno confiaron al Buró de Coordinación
en Nueva York la tarea de estudiar los recientes informes y proyectos de
algunas entidades, incluidas instituciones no gubernamentales, referentes a la
reestructuración de las Naciones Unidas que tienen implicaciones de largo
alcance para los No Alineados y otros países en desarrollo con miras, inter-alia,
a determinar la posición del MNA sobre los asuntos tratados. En este contexto,
tomaron nota sobre el establecimiento del Grupo de Trabajo de Alto Nivel de la
Asamblea General sobre el Fortalecimiento del sistema de las Naciones Unidas. A
este respecto, reiterando la necesidad de la reforma y reestructuración del
sistema de las Naciones Unidas para aumentar su efectividad, recalcaron que el
trabajo y las contribuciones de este grupo de trabajo no deben debilitar las
actividades de desarrollo de las Naciones Unidas, así como tampoco traslapar
los trabajos de otros grupos de trabajo existentes. En este contexto, acordaron
que el Movimiento debe participar activamente en el proceso de negociación con
posiciones unificadas.
48. Los jefes de Estado o de Gobierno recalcaron que la democratización
de las Naciones Unidas y sus organismos debe llevarse a cabo dentro del espíritu
de igualdad soberana de los Estados. Hicieron un llamado a los Estados más
importantes para que acepten este inevitable proceso en el más amplio interés
de la humanidad.
49. Los jefes de Estado o de Gobierno mostraron su satisfacción por los
esfuerzos en marcha encaminados a reformar y mejorar algunos procedimientos y
mecanismos de las Naciones Unidas como elemento esencial para fortalecer el
multilateralismo con miras a asegurar la participación equitativa, una
representación más pareja y un mayor equilibrio de conformidad con los
principios y objetivos de las Naciones Unidas. En este sentido, hicieron
hincapié en la necesidad de democratizar a las Naciones Unidas para que se
refleje mejor la naturaleza universal de la Organización y se cumpla el principio
de igualdad soberana de los Estados. Recalcaron particularmente la necesidad de
democracia y transparencia plenas en el trabajo del Consejo de Seguridad,
habida cuenta de las prácticas y desempeño de este órgano en los últimos
tiempos. Manifestaron su decisión de tener una participación constructiva en el
proceso de revitalización y reforma, ya que tengan la firme convicción de que
las Naciones Unidas es un foro indispensable que debe apoyarse y fortalecerse.
Sin embargo, la democratización de las Instituciones Internacionales políticas
y económicas inherente a dicho proceso sigue viéndose obstaculizada por quienes
procuran mantener su posición privilegiada de poder. En esta labor, la
finalidad principal debe ser que la Organización sea más flexible ante el
cambio de la realidad y los desafíos incipientes de paz y desarrollo en un
contexto dinámico.
50. Los jefes de Estado o de Gobierno, en vista de la creciente
tendencia de algunos países a ejercer influencia indebida en el Consejo de
Seguridad y el papel privilegiado y predominante que el derecho de veto asegura
a los Miembros Permanentes del Consejo de Seguridad, lo que es contrario al
objetivo de democratizar las Naciones Unidas, reiteraron la posición que
adoptaron en las Quinta, Sexta y Décima Cumbres con respecto al privilegio
especial de los Miembros Permanentes del Consejo de ejercer el derecho de veto,
y se comprometieron a hacer lo posible por restringirlo con miras a su
eliminación.
Asimismo, si bien se mostraron complacidos con las medidas adoptadas por
el Consejo con respecto a su transparencia y métodos de trabajo, consideraron
que ellos seguían siendo insuficientes e instaron a la Asamblea General a
recomendar al Consejo otras medidas para asegurar su plena democratización.
51. Los jefes de Estado o de Gobierno tomaron nota del informe del Grupo
Abierto de Trabajo sobre el tema de la representación equitativa, el aumento
del número de miembros del Consejo de Seguridad y otros asuntos relacionados
con el Consejo de Seguridad, que refleja el acuerdo de ampliar el Consejo de
Seguridad, revisar sus métodos de trabajo y abordar otras cuestiones relativas
a su funcionamiento a fin de fortalecer su capacidad y eficacia y realizar su
carácter representantivo. Como siguen existiendo diferencias importantes, es
preciso ahondar el estudio de estas cuestiones. Hicieron referencia al hecho de
que los países no alineados participaron en las deliberaciones del Grupo
Abierto de Trabajo y expresaron su determinación de que el Movimiento siga la
labor de dicho Grupo concertada y activamente.
51 bis. Confirmaron que la reforma y la ampliación del Consejo de
Seguridad deben considerarse parte integral de un conjunto de medidas que tenga
en cuenta el principio de igualdad soberana de los Estados y una distribución
geográfica equitativa, así como la necesidad de transparencia, responsabilidad
y democratización de los métodos y procedimientos de trabajo del Consejo de
Seguridad, incluidos los procesos decisorios. Tomaron nota con satisfacción de
la propuesta presentada por el Movimiento de Países No Alineados ante el Grupo
Abierto de Trabajo acerca de la reforma del Consejo de Seguridad, que abarca
cuestiones relativas al número de miembros, la transparencia y los métodos de
trabajo del Consejo. Hicieron hincapié en que la propuesta de ampliar el
Consejo de Seguridad debe ser integral, con el objeto de darle mayor
credibilidad y reflejar de esa manera el carácter universal de la organización
mundial. Consideraron que es esencial aumentar considerablemente la proporción
de países miembros del Movimiento que integran el Consejo y a tal fin instaron
a que los países no alineados se esfuercen por aumentar la representación de
los países en desarrollo de Africa, Asia y América Latina y el Caribe en el
Consejo de Seguridad. Todo intento de excluir a los países no alineados de la
ampliación del número de miembros del Consejo de Seguridad sería inaceptable
para el Movimiento. En consecuencia convinieron en la necesidad de que los
miembros del Movimiento adopten un enfoque coherente y coordinado.
52. Los jefes de Estado o de Gobierno destacaron la importancia de
aumentar la eficacia del funcionamiento del Consejo de Seguridad mediante la
adopción de medidas específicas orientadas a mejorar la relación de trabajo del
Consejo con la Asamblea General otros órganos de las Naciones Unidas y los
países que no son miembros del Consejo de Seguridad. También subrayaron la
necesidad de poner en práctica las disposiciones del Artículo 50 de la Carta,
sobre todo mediante la institucionalización de las consultas contempladas en
este artículo, y de adoptar otras medidas eficaces para permitir a los países
que no son miembros del Consejo llamar la atención de aquéllos que si lo son a
los problemas y dificultades de los primeros con miras a encontrarles una
solución.
53. Si bien reconocieron la importancia adquirida por las reuniones
cerradas oficiosas de los miembros del Consejo, los jefes de Estado o de
Gobierno confirmaron su convicción que esas consultas oficiosas no deben
reemplazar las disposiciones de la Carta y las normas provisionales de
procedimiento del Consejo, ni restringir la transparencia con que debe
desarrollarse su labor.
54. Con el objeto de alcanzar el objetivo de que con la reestructuración
de las Naciones Unidas se logre la democratización, transparencia y eficiencia
del Consejo de Seguridad y un mayor equilibrio en las funciones de los
principales órganos de las Naciones Unidas, los jefes de Estado o de Gobierno
estudiaron varios mecanismos, incluida la posible convocatoria de la
Conferencia General para la revisión de la Carta, como se prevé en el Artículo
109 de la Carta de las Naciones Unidas en la ocasión adecuada.
55. Los jefes de Estado o de Gobierno tomaron nota del hecho de que la
quincuagésima sesión de la Asamblea General está estudiando las funciones del
Consejo Fiduciario como parte del proceso integral orientado a revitalizar y
aumentar la eficacia de las Naciones Unidas, especialmente de sus principales
órganos.
56. Los jefes de Estado o de Gobierno tomaron nota del Suplemento de una
Agenda para la Paz presentado por el Secretario General de las Naciones Unidas,
y de la convocatoria del Grupo Oficioso de Trabajo de la Asamblea General para
tratar la Agenda para la Paz. Al respecto, manifestaron su disposición a considerar
el Suplemento y las propuestas contenidas en él, y a tal efecto encomendaron al
Grupo de Trabajo de Alto Nivel del Movimiento de Países No Alineados para la
Reestructuración de las Naciones Unidas la tarea de continuar su labor con el
fin de lograr una posición común del Movimiento en el proceso de negociación y
garantizar la consecución del objetivo de fortalecer el sistema de las Naciones
Unidas dentro del marco y de acuerdo con las disposiciones de la Carta.
57. Los Jefes de Estado o de Gobierno reiteraron que para el imperio de
la democracia dentro de la familia de naciones haría falta la consulta,
participación y el compromiso plenos de todos los Estados, grandes y pequeños,
en la labor de la Organización. Subrayaron además que la labor preventiva de
orden diplomático y la de afianzamiento de la paz después de los conflictos
deben realizarse sobre la base de los principios contemplados en la Carta de
las Naciones Unidas.
58. Los Jefes de Estado o de Gobierno consideraron que la Asamblea
General debe realizar un estudio exhaustivo de los problemas vinculados con la
reestructuración de la Secretaría de las Naciones Unidas, especialmente
teniendo en cuenta el informe presentado por la Secretaría General al respecto
ante la Cuadragésima Novena sesión ordinaria de la Asamblea, que consta en el
documento as/49/336, habida cuenta de la discusión que se generó respecto de
este tema.
59. Los Jefes de Estado o de Gobierno apoyaron la recomendación del
Secretario General de que el Consejo de Seguridad establezca un mecanismo para
estudiar, inclusive dentro del contexto de la aplicación del Artículo 50 de la
Carta, todos los aspectos relacionados con las sanciones y sus repercusiones
efectivas. Coincidieron en que las sanciones previstas en la Carta tienen grandes
consecuencias, no sólo en los países a los que se aplican, sino también en los
Estados vecinos y en los que mantienen relaciones comerciales con ellos. Los
problemas económicos que ocasione a dichos Estados la aplicación de sanciones a
cualquier otro Estado deben abordarse con prontitud mediante la pertinente
indemnización. Señalaron que las sanciones deben levantarse tan pronto como se
alcancen sus objetivos, y que todo intento por imponer o prolongar su
aplicación en aras del logro de algunos objetivos políticos debe rechazarse.
Además, consideraron que deben aclararse muchos aspectos cruciales antes de
imponerse las sanciones.
Expresaron que a tal fin deben estudiarse concienzudamente la manera de
minimizar los posibles efectos no previstos a largo plazo en los países a los
que se aplican las sanciones y reducir al mínimo todo perjuicio o impacto en
los países vecinos o terceros. En el estudio se debe analizar la necesidad de
fijar claramente objetivos y metas, y tener en cuenta consideraciones de orden
humanitario, como los efectos en la población civil.
60. Los Jefes de Estado o de Gobierno coincidieron en que es importante
que las Naciones Unidas, y en particular el Consejo de Seguridad, incrementen
sus esfuerzos y recursos en favor de la solución pacífica de las diferencias,
lo cual ayudará, por una parte, a acabar con el sufrimiento humano causado por
la profundización de las crisis internacionales y, por la otra, a canalizar
recursos de la comunidad internacional hacia la satisfacción de necesidades
económicas y sociales urgentes, para lo cual no existe actualmente un
financiamiento adecuado.
Operaciones de las Naciones Unidas para el
mantenimiento de la paz
61. Los Jefes de Estado o de Gobierno ratificaron que la principal
responsabilidad para el mantenimiento de la paz y la seguridad recae en las
Naciones Unidas.
62. Los Jefes de Estado o de Gobierno reconocieron la importancia de las
operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas y reafirmaron su
convicción de que estas operaciones deben ajustarse estrictamente a los
principios y propósitos consagrados en la Carta de las Naciones Unidas.
Resaltaron que estas operaciones de mantenimiento de la paz deben guiarse por
los principios adoptados en la XI Conferencia Ministerial del Movimiento de
Países No Alineados (NOAL) celebrada en El Cairo en 1994.
63. Los Jefes de Estado o de Gobierno expresaron su preocupación por el
desequilibrio existente ente los gastos conexos del gran número de operaciones
para el mantenimiento de la paz y los recursos disponibles para actividades de
desarrollo de las Naciones Unidas, así como por la complejidad de las funciones
y tareas que les han sido asignadas. Así mismo expresaron sus reservas ante la
reciente tendencia mediante la cual las operaciones de mantenimiento de la paz
se convierten en operaciones militares que no están contempladas en las
disposiciones de la Carta. En este sentido, reiteraron la necesidad de
diferenciar entre operaciones de mantenimiento de la paz y operaciones de
asistencia humanitaria.
64. Los Jefes de Estado o de Gobierno resaltaron la necesidad de
establecer con urgencia una escala uniforme de compensaciones de las Naciones
Unidas en caso de muerte o incapacidad del personal encargado del mantenimiento
de la paz.
65. Los Jefes de Estado o de Gobierno recalcaron que la contribución de
los países en desarrollo constituye un importante factor para asegurar el éxito
de las operaciones de mantenimiento de la paz. Por lo tanto, es necesario
abordar los problemas de las demoras en el reembolso de los costos de las
tropas y del uso de equipos propiedad de las mismas a los países participantes,
sobre todo a los países no alineados y otros países en desarrollo.
66. Los Jefes de Estado o de Gobierno señalaron que el mantenimiento de
la paz constituye una medida ad-hoc utilizada para evitar la intensificación de
conflictos mientras se buscan formas de resolverlo en forma pacífica. En este
sentido, manifestaron que no debe recurrirse a las operaciones de mantenimiento
de la paz como medio para refrenar los conflictos, y por lo tanto deben
desplegarse todos los esfuerzos necesarios para resolverlos tempranamente.
67. Los Jefes de Estado o de Gobierno encomiaron las valiosas
contribuciones de los miembros del NOAL a las diversas operaciones de mantenimiento
de la paz de la ONU. Alabaron los sacrificios realizados por las tropas de
países no alineados que participan en diversas operaciones de mantenimiento de
la paz de las Naciones Unidas.
Situación financiera de las Naciones Unidas
68. Los Jefes de Estado o de Gobierno expresaron su preocupación por la
situación financiera que atraviesa la Organización de las Naciones Unidas y
destacaron que la causa fundamental de dichas dificultades es el incumplimiento
por parte de algunos Estados desarrollados, en el pago pleno y oportuno de sus
cuotas al presupuesto ordinario y para las operaciones de mantenimiento de la
paz. Exhortaron a estos Estados a cumplir sus obligaciones pendientes sin
imponer condición alguna, como prueba de su voluntad política de honrar sus
obligaciones en el marco de la Carta, aplicables a todos los miembros.
69. Los Jefes de Estado o de Gobierno reiteraron que el principio de la
capacidad de pago debe seguir siendo el criterio fundamental de cualquier
análisis de la metodología para el reparto de los gastos de la Organización.
Subrayaron también, que cualquier análisis de la metodología debe fundarse en
el consenso y la consulta y no sobre la base de las medidas unilaterales.
70. Los Jefes de Estado o de Gobierno recordaron, además, la obligación
de los Estados Miembros de asumir los gastos de la Organización según la cuota
establecida por la Asamblea General, de acuerdo a lo estipulado en el Artículo
17 de la Carta. En este sentido reafirmaron además, que los principales contribuyentes
deben llevar a efecto sus compromisos para con la Organización y tomar la
iniciativa para cumplir en forma oportuna con el pago total de sus cuotas con
ocasión del Quincuagésimo Aniversario de las Naciones Unidas.
71. En este sentido, los Jefes de Estado o de Gobierno tomaron nota del
progreso alcanzado por el Grupo Abierto de Trabajo de Alto Nivel sobre la
situación financiera en las Naciones Unidas y expresaron la esperanza de que
los resultados de sus deliberaciones permitan a la Asamblea General tomar las
medidas adecuadas con el fin de colocar a la Organización en una posición
económicamente viable para hacerse cargo de los desafíos a los que se encuentra
enfrentada.
72. Los Jefes de Estado o de Gobierno reiteraron también su opinión de
que deben adoptarse de manera permanente los principios contenidos en la escala
especial de cuotas establecida en la Resolución 3101 (XXVIII) para la
repartición de los gastos de las operaciones de mantenimiento de la paz. A este
respecto convinieron en la necesidad de que la escala para la financiación de
dichas operaciones deber reflejar claramente las responsabilidades especiales
de los Miembros Permanentes del Consejo de Seguridad, así como la situación
económica que enfrentan los países o grupos de países.
Organizaciones regionales
73. En tanto que reafirmaron que la responsabilidad primaria por la paz
y la seguridad internacionales recae en las Naciones Unidas, los Jefes de
Estado o de Gobierno recalcaron que el papel de los organismos y convenios
regionales no debe en forma alguna sustituir el papel legado por las Naciones
Unidas ni podrá eludir la plena aplicación de los principios rectores de la
Carta y del derecho internacional.
74. Los Jefes de Estado o de Gobierno reafirmaron que es útil contar con
un proceso de consultas, cooperación y coordinación entre las Naciones Unidas y
los acuerdos u organismos regionales, de acuerdo a lo estipulado en el Capítulo
VIII de la Carta, así como en sus mandatos, alcance y composición, ya que puede
contribuir al mantenimiento de la paz y la seguridad a nivel internacional.
75. Los Jefes de Estado o de Gobierno afirmaron que los convenios
regionales sobre cooperación económica pueden contribuir al crecimiento y al
desarrollo de la economía mundial mediante, inter-alia, el fomento del
comercio, la inversión y la transferencia de tecnología. Destacaron la
necesidad de un firme compromiso para mejorar la cooperación económica entre
los países en desarrollo dentro del marco de un sistema comercial multilateral
abierto, equitativo y no discriminatorio.
76. Los Jefes de Estado o de Gobierno resaltaron el importante papel que
pueden jugar los convenios y organismos regionales, integrados por países no
alineados y otros países en desarrollo, en la promoción de la paz y seguridad
regionales, la cooperación económica y el desarrollo económico y social.
Derecho a la auto-determinación y a la
descolonización
77. Los Jefes de Estado o de Gobierno reiteraron la validez sostenida
del derecho fundamental de todos los pueblos a la libre determinación, cuyo
ejercicio, en el caso de los pueblos sometidos a la dominación extranjera o
colonial o que están bajo ocupación extranjera, es esencial para asegurar la
erradicación de todas estas situaciones y para garantizar el respeto universal
de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Los Jefes de Estado o
de Gobierno condenaron firmemente la actual represión brutal de las
aspiraciones legítimas de alcanzar la autodeterminación por parte de los
pueblos bajo dominación extranjera o colonial y ocupación extranjera en
diversas regiones del mundo.
78. Los Jefes de Estado o de Gobierno observaron con satisfacción el
acceso a la condición de Estados soberanos e independientes de pueblos antes
sometidos a la ocupación colonial, extranjera o foránea. Recalcaron el derecho
inalienable de los pueblos de territorios que no cuentan con su propio
Gobierno, a la libre determinación e independencia en el marco de la Resolución
1514 (XV) de la Asamblea General del 14 de diciembre de 1960 independientemente
del tamaño, ubicación geográfica, población y recursos naturales limitados del
territorio en cuestión. Renovaron su compromiso de acelerar la completa
eliminación del colonialismo y apoyaron la aplicación efectiva del plan de
acción para el Decenio para la Erradicación del Colonialismo. En este sentido,
el principio de libre determinación con respecto a los demás territorios en el
marco del Programa de Acción debe ejecutarse en concordancia con los deseos de
los pueblos, de acuerdo a las resoluciones de la Asamblea General de las
Naciones Unidas y a la Carta de esta organización.
79. Los Jefes de Estado o de Gobierno exhortaron a la aplicación plena
de las resoluciones y decisiones pertinentes de la UNESCO relativas a la
restitución de la propiedad cultural de los pueblos antiguamente bajo régimen
colonial e instaron al pago de las compensaciones correspondientes.
80. En el contexto de la aplicación de la Resolución 1514 (XI), los
Jefes de Estado o de Gobierno reiteraron que cualquier intento orientado a la
perturbación parcial o total de la unidad nacional y la integridad territorial
de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las
Naciones Unidas.
Mercenarios
81. Los Jefes de Estado o de Gobierno alarmados por la persistencia de
las actividades delictivas de mercenarios internacionales, reafirmaron que el
reclutamiento, el financiamiento, el entrenamiento, el tránsito, la utilización
o el apoyo a mercenarios son violatorios de los propósitos y principios
consagrados en la carta de las Naciones Unidas. Han puesto en peligro la
seguridad nacional de los Estados, especialmente de los Estado pequeños, al
igual que la seguridad y estabilidad de los Estados multiétnicos e impedido el
ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación. En consecuencia,
los Jefes de Estado o de Gobierno instaron a que se acojan las disposiciones
contenidas en la Resolución 49/150 de la Asamblea General de las Naciones
Unidas, en especial el llamado que ella hace a los Estados a considerar la
posibilidad de firmar o ratificar el Convenio Internacional contra el
reclutamiento, la utilización, el financiamiento y el entrenamiento de
mercenarios.
Desarme y seguridad internacional
82. Al desaparecer la confrontación Este-Oeste, los asuntos relacionados
con el desarme, la limitación y el control de las armas y la seguridad
internacional han adquirido una dimensión totalmente nueva. Los escenarios de
disuasión nuclear del pasado ya no son pertinentes. En la era posterior a la
guerra fría, no existe ninguna justificación, si es que alguna vez la hubo,
para mantener los arsenales nucleares, y mucho menos para crear otros nuevos,
en continuación de la carrera armamentista. Ha llegado la hora de destruir
definitivamente todas las reservas de estas armas mortíferas de destrucción
masiva. El régimen de la no proliferación no tendrá éxito si no se cuenta con
una perspectiva clara de desarme nuclear. Los Jefes de Estado o de Gobierno
instaron a renunciar a las doctrinas estratégicas basadas en el uso de armas
nucleares y a adoptar un plan de acción para la eliminación de todas las armas
nucleares en un período de tiempo limitado. Reiteraron su creencia en que
lograr el desarme general y completo bajo un control internacional efectivo
continúa siendo el objetivo último, para lo cual es preciso adoptar un enfoque
de seguridad internacional global no discriminatorio y equilibrado.
83. Los Jefes de Estado o de Gobierno reafirmaron su convicción de que
el nuevo entorno mundial ofrece hoy en día mejores oportunidades para abordar,
de manera efectiva, todos los problemas relacionados con el desarme y la
seguridad internacional y para promover un mundo más seguro, libre de armas de
destrucción masiva. Como objetivo último que debe alcanzarse dentro de un
período de tiempo razonable, reafirmaron la necesidad de buscar un desarme
general y completo bajo un control internacional efectivo mediante la
eliminación de todos los arsenales nucleares y de todas las demás armas de
destrucción masiva, así como reducciones graduales y equilibradas de las armas
convencionales.
84. Los Jefes de Estado o de Gobierno invocaron la Conferencia sobre
Desarme para que, como asunto prioritario, establezca un comité ad-hoc que
inicie a comienzos de 1996 las negociaciones sobre un programa de desarme
nuclear por fases y para la eventual eliminación de las armas nucleares en un
período de tiempo limitado, tal como se contempla en el párrafo 50 del
documento final del primer período extraordinario de sesiones de la Asamblea
General de las Naciones Unidas sobre Desarme, y con tal fin decidieron someter
a consideración un proyecto de resolución ante el 50 período de sesiones de la
Asamblea General de las Naciones Unidas.
85. Los Jefes de Estado o de Gobierno expresaron su preocupación por el
limitado y lento progreso de las negociaciones destinadas a reducir y
finalmente eliminar los arsenales nucleares de conformidad con los objetivos
del desarme general y completo. Urgieron a todos los demás Estados poseedores
de armas nucleares a unirse a los esfuerzos encaminados en los dos Países
dueños de los arsenales de armas nucleares más grandes para acelerar el proceso
de eliminación completa de esta categoría de armas.
86. Los Jefes de Estado o de Gobierno reiteraron la seriedad e
importancia de la eliminación de las armas de destrucción masiva, y
consideraron la creación de zonas libres de armas nucleares como el primer paso
necesario para alcanzar este objetivo. Instaron a los Estados a la concertación
de acuerdos con miras a la creación de zonas libres de armas nucleares en las
regiones donde aún no existen, de conformidad con las disposiciones del
Documento Final de SSOD-1. Estas zonas libres de armas nucleares deberían
extenderse a todos los territorios que forman parte de cada Estado en dichas
zonas de acuerdo con la integridad territorial de cada Estado. Acogieron con
satisfacción el actual proceso de consolidación del régimen establecido en
virtud del Tratado de Tlatelolco en América Latina y la Región del Caribe.
También recibieron con beneplácito la adopción por parte de la OUA, el
23 de junio de 1995, del Tratado de Pelindaba sobre la creación de una zona
libre de armas nucleares en Africa. Solicitaron el apoyo de los Estados
poseedores de armas nucleares miembros de este Tratado a, entre otras cosas,
adherir los protocolos que les atañen, así como otros tratados regionales para
garantizar su éxito. Además, alentaron la unificación de las zonas ya creadas
por los tratados de Tlatelolco, Rarotonga y el Tratado Antártico, con la zona
que se establecerá en Africa. Recibieron con beneplácito la declaración
unilateral por parte de Mongolia de su territorio como zona libre de armas
nucleares y manifestaron que su acción es un aporte encomiable a la estabilidad
regional y a la consolidación de un clima de confianza.
87. Los Jefes de Estado o de Gobierno reiteraron su apoyo a la creación
en el Medio Oriente de una zona libre de toda clase de armas de destrucción
masiva. Con ese fin, los Jefes de Estado o de Gobierno reafirmaron la necesidad
de establecer con prontitud una zona libre de armas nucleares en el Medio
Oriente, acorde con las resoluciones pertinentes de la Asamblea General
adoptadas por consenso.
Hicieron un llamado a todas las partes involucradas para que adopten
medidas urgentes y prácticas con miras a crear dicha zona, entre tanto,
instaron a Israel a que renuncie a la posesión de armas nucleares, adhiera el
Tratado sobre la No Proliferación de Armas Nucleares y coloque todas sus
instalaciones nucleares bajo las garantías integrales de la OIEA. Los Jefes de
Estado o de Gobierno manifestaron su profunda preocupación ante la adquisición,
por parte de Israel, de capacidad nuclear, lo que plantea una amenaza seria y
permanente a la seguridad de los Estados vecinos y otros países, y condenaron a
Israel por continuar desarrollando y acumulando arsenal nuclear.
Adicionalmente, acogieron con beneplácito la iniciativa de S.E. Mohammed Hosni
Mubarak, Presidente de la República Arabe de Egipto, relativa al establecimiento
de una zona libre de armas de destrucción masiva en el Medio Oriente.
Consideraron que deben darse los pasos necesarios en distintas instancias
internacionales para el establecimiento de esta zona.
También hicieron un llamado por la total y absoluta prohibición de la
transferencia de todo tipo de equipos, información, materiales e instalaciones,
recursos y dispositivos nucleares y la prestación de asistencia a Israel en
materia de ciencia y tecnología nucleares.
88. Los Jefes de Estado o de Gobierno observaron con preocupación las
crecientes limitaciones impuestas al acceso a materiales, equipos y tecnología
de energía nuclear con fines pacíficos por parte de los países desarrollados
mediante la imposición de regímenes ad-hoc de control de exportaciones. Ello
podría entorpecer el desarrollo económico y social de los países en desarrollo.
Adscribieron la mayor prioridad a la búsqueda de mecanismos que posibiliten la
transferencia de tecnología y la cooperación para los usos pacíficos de la
energía nuclear, con miras a hacer efectivas y a fortalecer las políticas de
desarrollo económico de los países miembros del Movimiento.
89. Los Jefes de Estado o de Gobierno consideraron que mientras los
Estados continúen acumulando armas nucleares y persista la posibilidad de
fabricar y utilizar este tipo de armamento, continuarán existiendo tensiones en
todo el mundo y serias amenazas a la paz mundial. En tal contexto, saludaron la
decisión de Sudáfrica de desmantelar sus armas nucleares, descontinuar la
totalidad de sus programas de armas nucleares y ajustarse a las salvaguardias
internacionales.
90. Los Jefes de Estado o de Gobierno condenaron de manera categórica
toda clase de ensayos nucleares, los cuales se llevan a cabo no obstante sus
graves implicaciones ambientales y sus efectos contrarios a la paz, a la
seguridad y a la estabilidad internacional. Deploraron la reanudación y
continuación de los ensayos nucleares e hicieron un llamado a todos los Estados
poseedores de armas nucleares a actuar de manera compatible con las
negociaciones y objetivos de un tratado general de prohibición de ensayos
nucleares y a suspender cualquier tipo de prueba nuclear. Manifestaron su apoyo
a la total eliminación de todos los ensayos nucleares. Se mostraron complacidos
por los esfuerzos efectuados por culminar las negociaciones de un Tratado
General de Prohibición de Ensayos Nucleares (CTBT) para 1996 y subrayaron que
cualquier nueva actividad relacionada con investigación y desarrollo en
arsenales nucleares, o su producción, sería contraria al espíritu del CTBT.
Reafirmaron que para que el CTBT tenga sentido como tratado de desarme, debe
ser considerado como un paso importante en el camino hacia la completa
eliminación de todas las armas nucleares en un plazo específico.
91. Los Jefes de Estado o de Gobierno de los Países No Alineados Partes
del TNP señalaron que, para el momento de su prórroga, el proceso de revisión
quinquenal previsto por dicho Tratado no había sido concluido por segunda vez,
lo que refleja serias dificultades sobre la manera de alcanzar la universalidad
de este acuerdo. Esto se suma a las dudas sobre la posibilidad de lograr la
definición de prioridades por consenso en materia de desarrollo nuclear.
92. Los Jefes de Estado o de Gobierno, a la luz de la Resolución 984 (1995
del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptado unánimamente el 11 de
abril de 1995, y de la declaración de los países poseedores de armas nucleares
relativas a las garantías de seguridad tanto positivas como negativas, urgieron
a los Estados poseedores de armas nucleares a dar nuevos pasos para dar
garantías a los Estados No Nucleares Partes del Tratado contra el uso o amenaza
de uso de armas nucleares. Estos pasos deberían adoptar la forma de un
Instrumento Internacional con fuerza obligatoria.
93. Los Jefes de Estado o de Gobierno Partes del Tratado de la No
Proliferación (TNP) deploraron fuertemente que hasta ahora los Estados
poseedores de armas nucleares no hayan cumplido con las obligaciones del
Artículo VI del TNP y reiteraron la necesidad urgente de lograr la eliminación
total de todas las armas nucleares existentes, como paso indispensable hacía el
desarme general y completo bajo un estricto y efectivo control internacional.
Hicieron un llamado a los Estados poseedores de armas nucleares para que con
determinación desplieguen esfuerzos sistemáticos y progresivos en este sentido.
También instaron a los Estados poseedores de armas nucleares a poner fin de
inmediato al desarrollo, producción y mejora cualitativa de armas nucleares.
94. Los Jefes de Estado o de Gobierno Partes del TNP consideraron que es
esencial que los Estados poseedores de armas nucleares den muestras de voluntad
política necesaria para atender las preocupaciones de los Estados No Nucleares
y para lograr una base mutua aceptable para el desarme universal que garantice
la utilización de la energía nuclear para fines pacíficos. Con este propósito,
el Movimiento de No Alineados respalda la creación de zonas libres de armas
nucleares de destrucción masiva. Debe reconocerse la particular importancia de
garantizar el ejercicio del derecho inalienable de todas las Partes del TNP de
realizar investigación, producir y utilizar la energía nuclear para fines
pacíficos sin discriminación. Deberán instrumentarse cabalmente medidas para facilitar
la participación en el mayor intercambio posible de equipos, materiales e
información científica y tecnológica para el uso de la energía nuclear con
fines pacíficos.
95. De conformidad con las decisiones adoptadas por la Conferencia de
Revisión y Extensión del Tratado de No Proliferación de 1995, los Jefes de
Estado o de Gobierno de los Estados Partes del TNP instaron a todos los Estados
y, sobre todo, a los Estados poseedores de armas nucleares, a cumplir
cabalmente con sus compromisos, a saber a) logro de la universalidad del
Tratado; b) la firma del Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares,
antes de la finalización de 1996; c) el acuerdo sobre instrumentos legalmente
vinculantes que aseguren a los Estados No Nucleares el no uso o amenaza de uso
de las armas nucleares; d) la prohibición de materiales fisibles y otros
artefactos nucleares para propósitos bélicos; e) la eliminación de armas
nucleares y otras armas de destrucción masiva; f) el establecimiento de zonas
libres de armas nucleares, y g) la transferencia de tecnología nuclear libre y
no discriminatoria para fines pacíficos a todos los Estados Partes sin
excepción.
96. Los Jefes de Estado o de Gobierno recalcaron que de conformidad con
la Resolución 388 de la Conferencia General, se invita a la AIEA a llevar a
cabo sus principales actividades, en particular la instrumentación de
salvaguardas y la cooperación técnica con el mismo énfasis. En este sentido,
también subrayaron la necesidad de tomar en cuenta los cambios fundamentales y
estructurales que se han registrado en la comunidad nuclear mundial,
particularmente con relación a los usos de la energía nuclear para fines
pacíficos en las diferentes esferas del desarrollo socioeconómico. Por
consiguiente, declararon su convicción de que el Artículo VI de la carta de la
AIEA debe reformarse a más tardar para el 40 Aniversario de dicho organismo,
con el fin de ampliar el tamaño y la composición de su consejo rector de modo
de incrementar su representatividad y eficacia. A tal sentido, acogieron con
beneplácito la propuesta formal presentado por el Reino de Marruecos (contenida
en el documento gov/2814/rev1) con el objeto de lograr un consenso sobre la
misma en la 49 Conferencia General de la AIEA.
97. Los Jefes de Estado o de Gobierno instaron a negociar un convenio
internacional que prohiba el uso de la amenaza de uso de armas nucleares bajo
cualquier circunstancia, y tomaron nota de la Resolución 49/75K,
"Solicitud de Asesoría a la Corte Internacional de Justicia sobre la
Legalidad de la Amenaza o Uso de Armas Nucleares", adoptada por la
Asamblea General en su 49 período ordinario de sesiones.
98. Los Jefes de Estado o de Gobierno signatarios del Tratado tomaron
nota del trabajo realizado por el Comité Preparatorio de la Organización para
la Prohibición de Armas Químicas (PrepCom del OPAQ), y expresaron su
preocupación por la falta de progreso en sus negociaciones sobre diversos
asuntos. Entre ellos se incluye el retraso de los principales poseedores de arsenales
de armas químicas en adelantar la radicación del Artículo 11 del Convenio
relativo a la cooperación económica y técnica en el sector químico. Estos
retrasos conllevarían implicaciones negativas para el futuro del Convenio sobre
Armas Químicas, Inter-alia, su efectiva instrumentación, adhesión universal y
oportuna entrada en vigor. En consecuencia, reiteraron la necesidad de que los
Países No Alineados signatarios del Convenio sobre Armas Químicas participen
activamente y adopten una posición más coordinada en las reuniones de la OPAQ,
así como también en el transcurso de las sesiones de la Asamblea General de las
Naciones Unidas.
Asimismo, solicitaron a los países desarrollados promover la cooperación
internacional mediante la transferencia de tecnología, materiales y equipos
para fines pacíficos en el campo químico, y eliminar todas las restriciones
discriminatorias existentes, tanto a nivel nacional como multilateral que sean
contrarias a los principios y espíritu del Convenio.
99. Los Jefes de Estado o de Gobierno registraron las continuas
deliberaciones que se han adelantado en relación con el establecimiento de un
mecanismo de verificación para el Convenio sobre Armas Biológicas.
Subrayaron que los recientes avances en el campo de la biotecnología son
de vital importancia para el desarrollo económico de los Países No Alineados,
especialmente en los sectores de la agricultura y la salud. En este contexto,
demandaron la adopción de medidas específicas para garantizar la implementación
plena y eficaz de las disposiciones de la Convención sobre uso pacífico y
retiro de todas las restricciones sobre transferencia de material, equipo y
tecnología para fines pacíficos a todos los Estados partes, sin excepción, y
reiteraron que nada de lo dispuesto en esta Convención será interpretado de
modo que imponga restricciones en el uso pacífico de la biotecnología.
Expresaron su convicción de que los compromisos en este sentido constituyen
parte esencial de todo régimen de verificación voluntaria.
100. Los Jefes de Estado o de Gobierno hicieron énfasis en la necesidad
de frenar la excesiva producción, el desarrollo y la concentración de armas
convencionales, habida cuenta de las necesidades legítimas de los Estados para
su autodefensa y las características especiales de cada región. En este
contexto, subrayaron que la solución pacífica de los conflictos regionales e
interestatales es indispensable para crear las condiciones que permitan a los
Estados desviar los recursos que dedican al armamento, hacia el desarrollo y el
crecimiento económicos.
101. Si bien reconocen que existe un desequilibrio importante en la
producción, la posesión y el comercio de armas convencionales entre los países
industrializados y los países no alineados, los Jefes de Estado o de Gobierno
demandaron una reducción significativa en la producción y posesión de armas
convencionales por parte de las naciones con mayores arsenales, tendiente a
incrementar la paz y la seguridad regionales e internacionales.
102. Los Jefes de Estado o de Gobierno instaron a los estados de
diferentes regiones del mundo a negociar un acuerdo que propicie un mayor
equilibrio en el armamento convencional y que límite la producción y
adquisición de armas convencionales y, cuando fuere necesario, a reducirlas de
manera continua y equilibrada con miras a incrementar la paz y la seguridad
regionales e internacionales. Se opusieron a las medidas discriminatorias y
unilaterales que algunos Estados industrializados han impuesto para prevenir la
transferencia y la adquisión de material de defensa a los Países No Alineados y
a otros países esenciales para sus necesidades de autodefensa.
103. Los Jefes de Estado o de Gobierno instaron a los Estados a
garantizar la creación de un cuerpo legislativo adecuado que maneje eficazmente
el problema de la transferencia ilegal de armas. Exhortaron a los Estados a
cooperar a nivel internacional en el intercambio de información, mecanismos y
formas posibles para afrontar el tráfico ilícito de armas.
104. Los Jefes de Estado o de Gobierno también pusieron énfasis en la
conveniencia de fomentar la adopción y eficaz aplicación de medidas conducentes
a crear confianza y lograr transparencia tanto a nivel global como regional. En
el empeño de promover eficazmente medidas de este tipo, consideraron importante
que el funcionamiento de los Centros Regionales de las Naciones Unidas para
Desarme y Desarrollo, que podrían desempeñar un papel excepcional, sea
revitalizado mediante programas eficaces y de fondo.
105. Los Jefes de Estado o de Gobierno expresaron seria preocupación por
el uso indiscriminado de minas antipersonal que, contraviniendo el derecho
humanitario internacional, ha causado innumerables víctimas civiles.
Registraron la decisión de varios países de imponer un plazo a la producción de
cierto tipo de minas terrestres antipersonal. También registraron los últimos
resultados alcanzados en la Conferencia de Revisión de la Convención de 1980
sobre Prohibición y Restricción al Uso de Ciertas Armas Convencionales.
Reiteraron su apoyo a la creación del fondo de las Naciones Unidas para la
eliminación de las minas y demandaron la provisión urgente de recursos para el
fondo, en particular por parte de los países exportadores de estos artefactos.
Expresaron la esperanza de que la sesión de la Conferencia que continuará en
Ginebra adopte medidas adicionales relacionadas con la prohibición y el uso de
cierto tipo de minas antipersonal, así como limitaciones y restricciones
adicionales en el uso de armas amparadas por la Convención, junto con medidas
específicas que garanticen el acceso pleno y sin obstáculos al equipo y
tecnología necesarios para la erradicación de las minas.
106. Los Jefes de Estado o de Gobierno observaron que los países
desarrollados están restringiendo el acceso a la tecnología mediante la imposición
de regímenes de control de exportaciones ad hoc de afiliación exclusiva y no
transparentes, so pretexto de preocupación por la proliferación. Estas
restricciones tienden a impedir el desarrollo económico y social de los países
en desarrollo. Con el fin de afrontar eficazmente el tema de la proliferación,
estos regímenes de control a las exportaciones deben ser transparentes y
distinguir entre aplicaciones civiles y no civiles de tecnología. Los Jefes de
Estado o de Gobierno recalcaron que las necesidades para un rápido desarrollo
económico y social demandan acuerdos de transferencia de tecnología delicada
que sean multilateralmente negociados, universales, integrados, y no
discriminatorios. Hicieron hincapié, además, en que los Estados partes que posean
las tecnologías del caso deben cumplir cabalmente con las obligaciones que los
instrumentos internacionales pertinentes les imponen, como el TNP y el RCM. Los
ministros reiteraron que todos los Estados tienen derecho a ser plenamente
representados y a participar en todos los acuerdos que tengan que ver con
dichos empeños.
107. Los Jefes de Estado o de Gobierno acogieron la creación, por parte
del Buró de Coordinación del Movimiento No Alineado en Nueva York, de un Grupo
de Estudio sobre Desarme, cuya función sea la de coordinar una posición común
en todos los asuntos relacionados con desarme, de forma tal que el Movimiento
pueda formular una postura unificada para lograr un desarme completo y general,
bajo un control internacional eficaz.
108. Los Jefes de Estado o de Gobierno apoyaron la convocatoria al
Cuarto Período Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General de las
Naciones Unidas para el Desarme en 1997, que brindaría una oportunidad para
revisar, desde una perspectiva acorde con la actual situación internacional,
los aspectos más críticos por los que atraviesa el proceso de desarme, y para
movilizar a la comunidad internacional y a la opinión pública en favor de la
eliminación de las armas de destrucción masiva y del control y de la reducción
de las armas convencionales.
109. Los Jefes de Estado o de Gobierno reiteraron su preocupación por el
hecho de que la carrera armamentista absorbe una parte importante de recursos
humanos, financieros, materiales y tecnológicos en el mundo de hoy, impone una
pesada carga a las economías de todos los países, en particular a las de los
Países No Alineados y de otros países en desarrollo, y afecta al comercio
internacional y a los flujos financieros y tecnológicos. También expresaron su
preocupación por el extraordinario contraste entre el gasto militar a nivel
mundial y el impacto del subdesarrollo, con sus secuelas de miseria y pobreza
que afectan a más de dos terceras partes de la humanidad. Los Jefes de Estado o
de Gobierno urgieron a la comunidad internacional a que dedique parte de los
recursos que han quedado disponibles como resultado de la aplicación de los
convenios sobre desarme y limitación de armas, al desarrollo económico y
social, con miras a reducir la brecha cada vez mayor entre los países desarrollados
y los países en desarrollo.
110.Los Jefes de Estado o de Gobierno solicitaron que se amplíe, a la
mayor brevedad, el número de miembros de la Conferencia sobre Desarme, y
acogieron la reciente declaración que en este sentido hizo el Presidente marroquí
de la Conferencia sobre Desarme.
Océano Indico
111. Los Jefes de Estado o de Gobierno registraron con beneplácito la
labor que ha venido desarrollando el Comité Ad Hoc sobre el Océano Indico y
requirieron a los miembros permanentes del Consejo de Seguridad y a los
principales usuarios marítimos del Océano Indico que participen en las labores
del Comité, con el fin de contribuir al fortalecimiento de la paz, la
seguridad, la estabilidad y la cooperación en la región, a la luz de las
Resoluciones 48/82 y 49/82 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Terrorismo
112. Los Jefes de Estado o de Gobierno expresaron su viva preocupación
por los actos de terrorismo y subversión que, con diversos pretextos y
fachadas, incurren en la flagrante violación de los derechos humanos y
pretenden desestabilizar el ordenamiento constitucional vigente y la unidad
política de los Estados soberanos.
113. Los Jefes de Estado o de Gobierno recibieron con beneplácito la
adopción, por parte de la Asamblea General de la Declaración sobre Medidas para
eliminar el Terrorismo Internacional (UNGA Resolución 49/60) y urgieron su
aplicación. Reiteraron su condena a todos los actos, métodos y prácticas de
terrorismo por tener, entre otras, consecuencias adversas sobre la economía y
el desarrollo social de los Estados. Declararon que el terrorismo también
afecta la estabilidad de las naciones y la base misma de las sociedades,
especialmente de las pluralistas. Asimismo demandaron la urgente culminación y
aplicación eficaz de un convenio internacional integral para combatir el
terrorismo.
114. Los Jefes de Estado o de Gobierno urgieron además a todos los
Estados a afianzar la cooperación internacional en la lucha contra el
terrorismo, donde quiera, por quien quiera y contra quien quiera que ocurra a
los niveles nacional, regional e internacional, y a observar e implementar los
instrumentos bilaterales e internacionales pertinentes, teniendo en cuenta el
documento final de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Prevención del
Crimen, realizada en El Cairo en 1995.
115. Los Jefes de Estado o de Gobierno manifestaron que los actos
criminales intencionados o calculados para provocar un estado de terrorismo
entre la población en general un grupo de personas o determinadas personas para
cualquier fin, no se justifican bajo ninguna circunstancia, independientemente
de las consideraciones o factores que se invoquen para justificarlos.
116. Los Jefes de Estado o de Gobierno reafirmaron que todos los Estados
están obligados por los propósitos y principios y demás disposiciones de la
Carta de las Naciones Unidas y de otros instrumentos internacionales, códigos
de conducta y otras normas de derecho internacional pertinentes, a abstenerse
de organizar, ayudar o participar en actos terroristas en los territorios de
otros Estados, o de coadyuvar o propiciar actividades dentro de los territorios
tendientes a la comisión de dichos actos, incluida la autorización para
utilizar los territorios nacionales y los territorios bajo su jurisdicción para
la planeación y entrenamiento para ese propósito. Los Jefes de Estado o de
Gobierno reafirmaron solemnemente su condena inequívoca a toda forma de apoyo
político, diplomático, moral o material al terrorismo.
117. Los Jefes de Estado o de Gobierno reafirmaron la posición del
Movimiento, consagrada por el derecho internacional, en el sentido de que la
lucha de los pueblos bajo dominio colonial o dominación extranjera por su
liberación nacional y su autodeterminación contra la ocupación por otros
países, es legítima y no constituye terrorismo.
118. Los Jefes de Estado o de Gobierno demandaron una vez más el apoyo
en principio al llamamiento para definir el terrorismo y diferenciarlo de la
lucha legítima que los pueblos bajo dominio colonial o extranjero y otra clase
de ocupación foránea tienen para su autodeterminación y liberación nacional.
119. Los Jefes de Estado o de Gobierno hicieron énfasis en la necesidad
de combatir el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones,
independientemente de la raza, la religión o la nacionalidad de las víctimas o
de los mismos terroristas.
La Décima Primera Conferencia de Jefes de Estado o de Gobierno del
Movimiento de los Países No Alineados se celebró en Cartagena de Indias,
Colombia del 18 al 2 de octubre de 1995.
Derecho internacional
120. Los Jefes de Estado o de Gobierno coincidieron en que el respeto y
fomento del estado de derecho es requisito indispensable para la paz y armonía
entre las naciones y los pueblos. Por tal razón, se comprometieron a conducir
sus relaciones internacionales sobre la base de las obligaciones estipuladas en
el derecho internacional. Coincidieron en que sólo una sociedad internacional
regida por el derecho podría asegurar la paz y la seguridad para todos sus
integrantes.
121. Los Jefes de Estado o de Gobierno reiteraron su respaldo a la
resolución 44/23 de la Asamblea General y su decidido apoyo al MNA. También
manifestaron su respaldo al programa de la Década del Derecho Internacional de
las Naciones Unidas, así como a la recomendación de celebrar una Tercera
Conferencia Internacional de Paz tras concluir la década, en ocasión del 100
aniversario de la Primera Conferencia Internacional de Paz, celebrada en La
Haya.
122. Es menester progresar aún más en pos del pleno respeto al derecho
internacional y a la Corte Internacional de Justicia, así como al fomento de la
solución pacífica de las diferencias y de un sistema de justicia penal
internacional para aquellos casos de crímenes cometidos contra la humanidad,
amén de otras ofensas internacionales.
123. La Carta se refiere a la Corte Internacional de Justicia como el
principal órgano judicial de la Organización. El Consejo de Seguridad debería
recurrir con mayor frecuencia a la Corte como fuente de asesoría, y en el caso
de controversias, valerse de la Corte como fuente interpretativa de las normas
pertinentes de derecho internacional y considerar el posible sometimiento de
las decisiones a la consideración de la Corte.
124. Los Jefes de Estado o de Gobierno recalcaron la necesidad de
mantener el derecho internacional por encima de las exigencias políticas. Por
lo tanto, es esencial mantener la autonomía de los órganos judiciales que se
creen. Estos órganos deben estar separados y ser independientes de los órganos
políticos de las Naciones Unidas, los cuales no pueden asumir el papel de un
Tribunal de Justicia superior o paralelo.
125. Los Jefes de Estado o de Gobierno hicieron hincapié en la necesidad
de mantener la integridad de los instrumentos legales adoptados por los Estados
Miembros.
126. Concluida la Guerra Fría, han surgido muchas nuevas áreas de
preocupación que justifican la renovación del compromiso de la comunidad
internacional de sostener y defender los principios de la Carta de las Naciones
Unidas y del derecho internacional así como la utilización más cabal del
mecanismo y los medios para la solución pacífica de las diferencias, tal como
lo prevé la Carta de las Naciones Unidas.
127. Los Jefes de Estado o de Gobierno recordaron la iniciativa adoptada
en el Cuadragésimo Cuarto Período de Sesiones de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, de proclamar el período 1990-1999 como la Década del Derecho
Internacional, la cual fue respaldada por la Novena Cumbre del Movimiento de
Países No Alineados realizada en Belgrado en 1989.
El Derecho del Mar
128. Los Jefes de Estado o de Gobierno celebraron la entrada en vigor
del Convenio de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y el
establecimiento de la Autoridad Internacional sobre el Lecho Marino en Jamaica.
Instaron a aquellos países que aún no lo han hecho a ratificar el convenio y
sus acuerdos habilitantes. Reiteraron que el Convenio y sus acuerdos
representan logros significativos de la comunidad internacional, a través de
los esfuerzos multilaterales desplegados para crear un orden legal para los
mares y océanos, lo que, entre otras cosas, facilitará las comunicaciones
internacionales, promoverá el uso pacífico de los mares y océanos, la
explotación equitativa y eficiente de sus recursos, la conservación de sus
componentes vivos, así como la protección y preservación del medio ambiente
marino.
Solución Pacífica de Diferencias
129. Los Jefes de Estado o de Gobierno subrayaron la necesidad de
renovar el compromiso de la comunidad internacional de enarbolar y defender los
principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y el derecho
internacional, al igual que los medios estipulados en la Carta para la solución
pacífica de las diferencias. El papel del Movimiento en promover un orden
internacional justo dependería en gran parte de su fuerza interna, su unidad y
su cohesión. Por lo tanto, corresponde a todos los Estados Miembros trabajar
formalmente para fomentar la solidaridad y la unidad del Movimiento.
130. A tal fin, los Jefes de Estado o de Gobierno reiteraron su decisión
de encomendar al Buró de Coordinación que estudie con mayor detenimiento la
creación de un mecanismo para la solución de diferencias entre los Estados
Miembros, incluidas las propuestas formuladas y opiniones expresadas en la
Cumbre. El Buró ha de elevar sus conclusiones a la consideración del Comité
sobre Metodología.
Medio Oriente
Palestina
131. Los Jefes de Estado o de Gobierno manifestaron su irrestricto apoyo
a la legítima lucha del pueblo Palestino por garantizar el respeto de su
derecho inalienable de autodeterminación e independencia, y reiteraron su
demanda de que Israel se retire de todos los territorios palestinos y árabes
ocupados, incluida Jerusalén.
132. Los Jefes de Estado o de Gobierno señalaron que la responsabilidad
de las Naciones Unidas en esta materia debe continuar hasta lograr que el
pueblo Palestino ejerza su derecho inalienable a la autodeterminación, se
establezca un Estado independiente y soberano en su territorio nacional y se
resuelva el problema de los refugiados de conformidad con las resoluciones
pertinentes de las Naciones Unidas. Insistieron, por lo tanto, en la necesidad
de que la Asamblea General, en ocasión de su quincuagésimo período de sesiones,
ratifique su posición sobre los principales aspectos de un arreglo definitivo
de paz, incluidos el status de Jerusalén, los asentamientos ilegales y los
refugiados. Lamentaron la decisión de Israel de confiscar propiedades y tierras
palestinas en Jerusalén y sus tentativas de modificar el carácter religioso e
histórico de la Ciudad Santa. En este sentido, ratificaron todas las
resoluciones del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General sobre Jerusalén
y consideraron nulas e inválidas todas aquellas acciones israelíes contrarias a
dichas resoluciones. Exhortaron a la aplicación plena y meticulosa de los
acuerdos, y en particular de las disposiciones contempladas en las resoluciones
242, 338, 465 y 478 del Consejo de Seguridad. Subrayaron la necesidad de que el
mecanismo que tiene que ver con la cuestión de Palestina y que fuera
establecido por la Asamblea General continúe funcionando de manera efectiva.
Los Jefes de Estado o de Gobierno expresaron su apoyo al llamado que hiciera el
Comité de Jerusalén, reunido en Ifrane, Marruecos, del 16 al 17 de enero de
1995, al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y en especial a los dos
copatrocinadores de la Conferencia de Paz, para que se tomaran las medidas
necesarias con el fin de exigir a Israel que desista de efectuar cualquier
asentamiento y judaización en la Ciudad Santa de Jerusalén, así como de
cualquier otro cambio geográfico o demográfico en la misma; igualmente, se le
solicitó cumplir con los acuerdos y convenios relativos a la preservación de las
instituciones palestinas y de los lugares islámicos y cristianos sagrados en la
Santa Ciudad de Jerusalén, de conformidad con las resoluciones pertinentes del
Consejo de Seguridad.
133. Los Jefes de Estado o de Gobierno manifestaron que la Declaración
de Principios firmada en Washington el 13 de septiembre de 1993, el Acuerdo
Provisorio sobre la Margen Occidental y Franja de Gaza del 20 de septiembre de
1995 y el establecimiento de la Autoridad Palestina de Gobierno Autónomo
constituyen un nuevo avance en los esfuerzos de palestinos e israelíes
134. Los Jefes de Estado o de Gobierno consideraron que las
disposiciones relativas al establecimiento de un Gobierno autónomo Palestino
provisional deben ampliarse con rapidez, de modo que la Declaración de Principios
se aplique lo más pronto posible a la totalidad de los territorios ocupados,
con miras a hacer efectivo el derecho inalienable del pueblo Palestino a su
autodeterminación y al establecimiento de un Estado Palestino.
135. En este contexto, los Jefes de Estado o de Gobierno acogieron con
beneplácito la conclusión del Acuerdo sobre la Margen Occidental y la Franja de
Gaza alcanzado en Taba, Egipto, y suscrito en Washington por el Presidente
Arafat y el Primer Ministro de Israel como un paso esencial e importante hacia
el cumplimiento de los derechos nacionales del pueblo Palestino. Expresaron su
esperanza de que se pongan en marcha nuevas acciones vigorosas con el fin de
llevar a término el retiro israelí de todos los territorios árabes ocupados en
1967 y así lograr que prevalezcan la paz integral y la prosperidad común en
toda el área.
136. Los Jefes de Estado o de Gobierno coincidieron con el Secretario
General de las Naciones Unidas en que, para mantener el apoyo a la Declaración
de Principios y al Acuerdo Provisional sobre la Margen Occidental y la Franja
de Gaza, es indispensable promover el desarrollo económico y social de los
territorios palestinos ocupados. En tal sentido, hicieron un llamado a los
participantes en la Conferencia de Apoyo a la Paz en el Medio Oriente, que tuvo
lugar en Washington el 1 de octubre de 1993, a que cumplan con la asistencia
ofrecida, por ser indispensable para el establecimiento de la paz.
137. Los Jefes de Estado o de Gobierno enfatizaron la necesidad de que
Palestina participe plenamente en la Reunión Conmemorativa Extraordinaria de
las Naciones Unidas en Nueva York, de conformidad con las condiciones y
facilidades que rigen para los Estados observadores de las Naciones Unidas en
sus reuniones.
El Proceso de Paz
138. Los Jefes de Estado o de Gobierno reafirmaron su respaldo al
proceso de paz iniciado en la Conferencia de Paz celebrada en Madrid en octubre
de 1991, que aspira a lograr una paz integral, justa y duradera en el Medio
Oriente sobre la base de las Resoluciones 242, 338 y 425 del Consejo de
Seguridad y del principio de tierra para la paz, los cuales garantizan el
retiro total de Israel de los territorios palestinos y de otros territorios
árabes ocupados.
139. Los Jefes de Estado o de Gobierno expresaron su complacencia por
los encomiables esfuerzos de los Gobiernos de Siria y El Líbano en favor del
progreso de su pleno compromiso con la paz en el Medio Oriente; igualmente,
demandaron el retiro total de Israel de los territorios sirios del Golán y del
Líbano, en ejecución de las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad y
de conformidad con el derecho internacional y el principio de inadmisibilidad
de la adquisición de territorios por la fuerza.
140. Los Jefes de Estado o de Gobierno tomaron nota de la declaración de
Washington del 25 de julio de 1994, suscrita entre Jordania e Israel y la cual
puso fin al estado de beligerancia entre estos países e inició el camino hacia
la devolución de los territorios jordanos ocupados y la restitución del derecho
a los recursos hídricos, contribuyendo con ello a la normalización de las
relaciones. Tomaron nota también de la conclusión del Tratado de Paz
Jordania-Israel firmado el 26 de octubre de 1994, que a su juicio constituye un
paso transcendental hacia el logro de una paz integral, justa y duradera en el
Medio Oriente.
141. Los Jefes de Estado o de Gobierno consideraron que medidas y
acciones adoptadas por Israel -la potencia ocupante-; tales como su decisión
ilegal del 14 de diciembre de 1981 que pretende cambiar el status jurídico del
Golán sirio ocupado, son nulas e inválidas, constituyen una violación flagrante
del derecho internacional y de los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de
1949, por lo que no tienen efecto legal alguno. Exhortaron a Israel a acatar la
resolución 497 (1981) del Consejo de Seguridad y a retirarse completamente del
Golán sirio ocupado hacia a las líneas de frontera del 4 de junio de 1967, en
cumplimiento de las resoluciones 242 y 338 del Consejo de Seguridad.
142. Los Jefes de Estado o de Gobierno reiteraron el principio de que la
adquisición o el control de áreas terrestres o la marítimas por la fuerza es
inadmisible, contradice los principios del derecho internacional y no genera
derecho alguno.
143. Los Jefes de Estado o de Gobierno exhortaron a respetar cabalmente
la independencia, soberanía e integridad territorial del Líbano, y condenaron
la ocupación israelí de la parte sur de su territorio y del Valle de Bekaa;
igualmente, expresaron su apoyo a los esfuerzos dirigidos, entre otras cosas, a
la liberación de estos territorios. Reafirmaron la necesidad de aplicar pronta
e incondicionalmente la Resolución 425 (1978) del Consejo de Seguridad, como
prerequisito para la paz y la seguridad de la región y la liberación de todos
los libaneses detenidos en los campos israelíes.
Europa
Bosnia y Herzegovina
144. Los jefes de Estado o de Gobierno condenaron los actos de agresión
de genocidio y la limpieza étnica contra la República de Bosnia y Herzegovina y
sus habitantes. Recibieron con beneplácito la iniciativa de paz del Grupo de
Contacto y el Acuerdo sobre los Principios Básicos concluido en Ginebra el 8 de
septiembre de 1995, amén del convenio suscrito en Nueva York el 26 de
septiembre de 1995. En este sentido resaltaron que deben preservarse la
soberanía, la independencia e integridad territorial de Bosnia-Herzegovina
dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente. También subrayaron que
el proceso de paz debe garantizar la devolución de todas las áreas pobladas
confiscadas mediante el uso de la fuerza durante la aplicación de la política
de limpieza étnica. Acogieron el compromiso contraído por los miembros del
Grupo Internacional de Contacto sobre Bosnia, en el sentido de que Sarajevo
debe ser mantenida como una ciudad indivisible y unificada. En este contexto,
los Jefes de Estado o de Gobierno exigieron el cese inmediato del sitio a
Sarajevo. Enfatizaron que debe conservarse la pluralidad cultural y religiosa
de Bosnia-Herzegovina, y que debe respaldarse la Federación de Bosnios y
Croatas. Reiteraron que debe haber una garantía internacional para la
protección de los derechos humanos, la celebración de elecciones democráticas,
la libertad de movimiento y el derecho de los refugiados a regresar a sus
hogares y reafirmaron que deben tomarse acciones adecuadas que garantizen el
seguimiento del trabajo del Tribunal Internacional de Crímenes de Guerra en La
Haya.
145. Los Jefes de Estado o de Gobierno subrayaron la necesidad de que el
Consejo de Seguridad ejecute plenamente sus resoluciones y decisiones sobre
Bosnia y Herzegovina. Destacaron que debe mantenerse y consolidarse el papel de
las Naciones Unidas en Bosnia y que este organismo ha de asumir la supervisión
general de todas las actividades realizadas con miras a lograr el restablecimiento
y la observancia de la paz en Bosnia. Afirmaron que el Gobierno de Bosnia y
Herzegovina no puede verse privado de su derecho inherente a la autodefensa, y
señalaron además que si el actual proceso de paz colapsa, debe levantarse el
embargo de armas.
146. Los Jefes de Estado o de Gobierno manifestaron su complacencia con
la celebración de la Reunión Ministerial Conjunta del Grupo de las Cinco
Naciones y el Grupo de Contacto OIC en París el 7 de septiembre, reunión
iniciada por Su Majestad el Rey Hassan II de Marruecos, así como la reunión que
sostuvieran en Nueva York los dos Grupos de Contacto el 28 de septiembre de
1995. En tal sentido reiteraron su pleno respaldo a la cooperación iniciada
entre los dos Grupos de Contacto con miras a lograr el éxito de los actuales
esfuerzos de paz en Bosnia-Herzegovina. Igualmente expresaron su esperanza de
que la Reunión Ministerial Conjunta de los dos Grupos de Contacto, pautada para
celebrarse dentro de poco tiempo, constituya un paso decisivo en la dinámica de
la paz y en sus esfuerzos colectivos en favor de una solución justa, equitativa
y duradera en este conflicto.
147. Los Jefes de Estado o de Gobierno expresaron su reconocimiento y
respaldo a la iniciativa tomada por Su Excelencia el Sr. Soeharto, Presidente
de Indonesia y Presidente del Movimiento de Países No Alineados, de esforzarse
por contribuir al proceso de paz y por explorar todos los caminos posibles para
lograr una solución integral, justa y duradera a los conflictos de los Estados
en la antigua Yugoslavia. Destacaron la necesidad de que el Movimiento de los
No Alineados continúe contribuyendo con el proceso de paz.
Chipre
148. Los Jefes de Estado o de Gobierno reiteraron todas las posiciones y
declaraciones anteriores del Movimiento de Países No Alineados sobre la
cuestión de Chipre, y expresaron su profunda preocupación ante la falta de
progreso en la búsqueda de una solución justa y viable. Ratificaron su respaldo
a la soberanía, independencia e integridad territorial de la República de
Chipre y su solidaridad con el pueblo y Gobierno chipriotas. Demandaron
nuevamente el retiro de todas las fuerzas de ocupación y de los colonizadores,
el regreso de los refugiados a sus hogares bajo condiciones de seguridad, el
restablecimiento de los derechos humanos de todo el pueblo chipriota y el
rendimiento de cuentas por los desaparecidos. Partiendo de la posición de que
el statu quo en Chipre, que ha sido creado y mantenido por el uso de la fuerza,
es inaceptable, los Jefes de Estado o de Gobierno hicieron énfasis en la
necesidad de garantizar el cumplimiento y la ejecución de todas las
resoluciones de las Naciones Unidas sobre Chipre. Para tal fin, reafirmaron la
necesidad de que el Consejo de Seguridad tome acciones vigorosas y las medidas
que se requieran, incluida la realización de una Conferencia Internacional y
acciones dirigidas a la desmilitarización de Chipre, tal como lo propuso el
Presidente de dicha nación. Además, al expresar su preocupación por la continua
falta de voluntad política de Turquía, como se confirma en el Informe del
Secretario General de las Naciones Unidas (Documento S/194/629 del 30 de mayo
de 1994), reafirmaron su respaldo a los esfuerzos realizados por éste en favor
de una solución justa y viable, tal como lo dispone la Resolución 939 (1994)
del Consejo de Seguridad, que llama a la constitución de una federación bizonal
y bicomunal, con una sola soberanía, ciudadanía y personalidad internacional, y
con la igualdad política que describen las resoluciones pertinentes del Consejo
de Seguridad. En tal sentido, decidieron solicitar al grupo de contacto de los
Países No Alineados seguir y respaldar activamente los esfuerzos de las
Naciones Unidas por solucionar el problema de Chipre.
Seguridad en el Mediterráneo
149. Los Jefes de Estado o de Gobierno pasaron revista a los
acontecimientos acaecidos en la región del Mediterráneo desde la Cumbre de
Yakarta y recordaron las reuniones ministeriales de los países No Alineados del
Mediterráneo celebradas en Valletta en 1984, Brioni en 1987 y Argel en 1989.
Reiteraron su determinación a llevar adelante iniciativas dirigidas a promover
una cooperación amplia y equitativa en la región. Los Jefes de Estado o de
Gobierno manifestaron su apoyo a las iniciativas de los países del Mediterráneo
que apuntan a la adopción de medidas eficaces de fomento de la generación de
confianza y seguridad y estabilidad en la región mediante la eliminación de
todas las causas de tensión y la consiguiente amenaza a la paz y la seguridad.
150. Los Jefes de Estado o de Gobierno recordaron que los últimos
veinticinco años, los miembros del Movimiento provenientes del Mediterráneo han
dado muestras de su disposición a promover y ampliar la seguridad y la
cooperación en la región en la formulación de propuestas que han sido
presentadas ante las Naciones Unidas y otras organizaciones regionales. En este
contexto, los Jefes de Estado o de Gobierno expresaron su apoyo a los esfuerzos
de revitalización del Grupo 5 + 5, el cual representa una contribución
importante y tangible a la cooperación y seguridad en la región. También
reiteraron su respaldo a la propuesta de convenir una Conferencia sobre
Seguridad y Cooperación. Al respecto, recordaron la propuesta que formulara
Argelia en mayo de 1972 de convocar dicha reunión. Los Jefes de Estado o de
Gobierno saludaron la iniciativa de S.E. Mohamed Hosni Mubarak, Presidente de
Egipto, de establecer un Foro del Mediterráneo. Tomaron nota de las reuniones
sostenidas en Egipto y Malta para ampliar la cooperación en la región.
Recibieron con beneplácito el llamado hecho por el Parlamento Europeo en junio
de 1993 y por S.E. Zune Ei Abidini Ben Ali, Presidente de la República de
Túnez, en favor de la celebración de una Conferencia Europeo-Mediterránea. También
acogieron la propuesta que hiciera S.E. El Rey Hassan II de Marruecos en la
Reunión Ministerial del CSCE celebrada en Roma en diciembre de 1993, para que
su país fungiera de sede de una Reunión Ministerial sobre Seguridad y
Cooperación en el Mediterráneo. También celebraron la iniciativa de la
República de Malta de crear un Consejo del Mediterráneo y tomaron nota de la
propuesta de dicho país, formulada en marzo de 1995, en favor de la formulación
de un Pacto de Paz para el Mediterráneo. Los Jefes de Estado o de Gobierno
destacaron con beneplácito la convocatoria, para noviembre de 1995, de la
Segunda Conferencia de la IPU sobre Seguridad y Cooperación en el Mediterráneo,
a celebrarse en Malta.
151. Los Jefes de Estado o de Gobierno manifestaron su complacencia ante
la convocatoria de la Conferencia Europeo-Mediterránea, a celebrarse en
Barcelona, España, en noviembre de 1995. En este contexto, tomaron nota de los
resultados de la Reunión Ministerial del Foro del Mediterráneo que tuvo lugar
en Tabarica, Túnez, en julio de 1995, así como la reunión de los países
arábigo-mediteráneos sostenida por iniciativa de Argelia en Aipeis, en
septiembre de 1995, como actividad de preparación para la Conferencia
Euro-Meditarránea. Los Jefes de Estado o de Gobierno afirmaron que este tipo de
conferencias beneficiarán a todos los Estados mediterráneos como parte del
proceso de fortalecimiento de la cooperación en la región.
152. Los Jefes de Estado o de Gobierno subrayaron que el respeto por el
derecho a la autodeterminación, la terminación de la ocupación extranjera, la
remoción de bases militares y flotas foráneas, así como la no intervención en
los asuntos internos de los Estados y el respeto de su soberanía, son
condiciones esenciales para garantizar la paz y la seguridad en la región.
153. Los Jefes de Estado o de Gobierno tomaron nota de los esfuerzos de
los países mediterráneos miembros del Movimiento de los No Alineados por
fortalecer aún más su cooperación para enfrentar las actividades terroristas,
las cuales plantean una seria amenaza a la paz, la seguridad y estabilidad de
la región y, por lo tanto, al mejoramiento de la actual situación política,
económica y social.
Africa
Rwanda
154. Los Jefes de Estado o de Gobierno elogiaron los continuos esfuerzos
del Gobierno de Rwanda para conducir el país hacia la normalidad. Expresaron su
honda preocupación por la inestabilidad de la región como consecuencia de la
existencia e armas ilegales en manos de los perpetradores de genocidio, y
condenaron vehementemente a aquellos países que apoyan a éstos tanto política
como militarmente.
155. Los Jefes de Estado o de Gobierno hicieron un llamado por la
separación de los genocidas de lado de los refugiados inocentes retenidos como
rehenes en la mayoría de los campos y urgieron al desarme de aquellos bajo los
auspicios del Alto Comisionado para los Refugiados y la OUA, con el fin de
facilitar la repatriación voluntaria de los refugiados de conformidad con las
resoluciones adoptadas en la Cumbre de Nairobi y las decisiones de la
Conferencia de Buiumbura, así como lo estipulado en los diversos acuerdos
tripartitas firmados entre el Alto Comisionado para los Refugiados y los países
de la región.
156. Los Jefes de Estado o de Gobierno instaron al Movimiento a condenar
a los genocidas e Insistieron en que se les juzgue y que las resoluciones ad
hoc adoptadas en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sean llevadas a
la práctica. A tal fin, solicitaron la puesta en marcha de la Corte
Internacional.
157. Los Jefes de Estado o de Gobierno invitaron a la comunidad
internacional a asistir a Rwanda en su proceso de reconstrucción, e hicieron un
llamado a los donantes a hacer bueno el compromiso que adquirieron en la Mesa
Redonda de Donantes reunida en Ginebra.
158. Los Jefes de Estado o de Gobierno acogieron con beneplácito el
llamado del órgano central de la OUA para la Prevención, el Manejo y la
Solución de Conflictos, que se reunió en Túnez el 20 de abril de 1995, en
particular su convocatoria a una conferencia internacional sobre la
rehabilitación y reconstrucción de la región.
Burundi
159. Los Jefes de Estado o de Gobierno instaron a todas las partes a
propiciar la reconciliación, bajo el Gobierno de Coalición establecido en la
Convención de Gobierno del 10 de septiembre de 1994, y a perseverar en el
camino de la paz y el desarrollo económico y social, y recomendaron firmemente
a todos los signatarios de la Convención, es decir, al Presidente de la
República, el Primer Ministro y los partidos políticos, a que la observen de
una manera fiel y eficaz, toda vez que la han adoptado como la base de
participación en el poder, administración conjunta y co-responsabilidad dentro
del sistema estatal de Burundi insistieron en la necesidad de desarmar a todos
los grupos terroristas que portan armas ilegales, sobre todo en la región de
los Grandes Lagos, en cuyos terrenos depositan desechos y ponen en serio
peligro la paz y la seguridad. Sometieron a negociación el tema de los lugares
de origen y de asilo con el fin de garantizar la repatriación expedita y
voluntaria de refugiados desarmados y el retiro, de las áreas de frontera
común, de aquellos exiliados que se nieguen a regresar a su país en los
términos estipulados en las convenciones internacionales sobre refugiados.
Destacaron la importancia de ejecutar el Programa de Acción adoptado por la
conferencia que sobre la asistencia a los refugiados, retomados y desplazados
de la región de los Grandes Lagos se realizara entre el 14 y el 17 de febrero
de 1995 en Bujumbura (Burundi). Asimismo, renovaron su urgente llamado a la
comunidad internacional para que preste de manera oportuna su asistencia al
Gobierno y al pueblo de Burundi. Condenaron enérgicamente la estación radial
autodenominada "Democrade" por sus programas incendiarios que incitan
al pueblo de Burundi a cometer genocidio, siguiendo los pasos de la estación de
radio y televisión de Mille Collines de Rwanda. Apoyaron firmemente el urgente
llamado hecho de manera oficial y conjunta por el Presidente y el Primer
Ministro de Burundi al Secretario General de las Naciones Unidas y a la
comunidad internacional para silenciar y desmantelar dicha estación.
160. Los Jefes de Estado o de Gobierno encomiaron los esfuerzos del
Gobierno de Burundi por lograr la reconciliación nacional. Destacaron las
iniciativas de los líderes de la subregión, la OUA, y las misiones recientes de
buena voluntad del consejo de seguridad así como la asistencia humanitaria
ofrecida al Gobierno de Burundi para superar sus dificultades. Hicieron el
debido reconocimiento al positivo papel desempeñado por la OUA y la ONU como
mediadores en Burundi e instaron a estas dos organizaciones internacionales a
que prosigan con sus misiones respectivas y complementarias para el
restablecimiento de la paz, la seguridad y la armonía entre los dirigentes
políticos y el pueblo de Burundi en general. Además, registraron con interés el
nombramiento, por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de una
Comisión Internacional de Investigación Judicial en Burundi. Urgieron al
Consejo a cumplir esta noble misión de manera objetiva e imparcial, y a
identificar y localizar a los responsables del asesinato del Presidente
Melchior Ndadaye y de la masacre de decenas de miles de inocentes ciudadanos
desde octubre de 1993. Reiteraron su llamado a la comunidad internacional a
intensificar el apoyo al Gobierno de Burundi en sus esfuerzos por alcanzar la
reconciliación nacional y la estabilización del país.
Somalía
160. Los Jefes de Estado de Gobierno destacaron los positivos
acontecimientos que han tenido lugar en Somalía, especialmente la conclusión
del acuerdo de paz, el 21 de febrero de 1995, y el acuerdo alcanzado entre las
distintas facciones, después del retiro de UNISOM 11, sobre el control de las
instalaciones de los puertos marítimos y aeropuertos. No obstante, dejaron
sentada su preocupación ante el hecho de que el problema Somalía no se haya
resuelto aún, y que el país continúe sin un Gobierno central. Reiteraron que la
solución al problema Somalía esta en manos del pueblo de Somalía e instaron a
sus líderes a lograr una paz y una estabilidad duraderas en el país, con la
necesaria voluntad política para promover la paz y la estabilidad perdurables
en su país. Asimismo, tomaron nota con satisfacción de los esfuerzos de la
Organización de Unidad Africana, y en particular de los países vecinos, por
encontrar soluciones al problema Somalía.
162. Los Jefes de Estado o de Gobierno encomendaron al Grupo de Trabajo
de los No Alineados mantenerse al tanto de la situación en Somalía. Igualmente,
subrayaron que la Organización de Unidad Africana, la Liga de Estados Arabes, y
la Organización de la Conferencia Islámica desempeñan un papel importante en
los esfuerzos encaminados a ayudar al pueblo Somalía a restaurar la paz, la
estabilidad y la reconciliación en su nación. Hicieron un llamado a la
comunidad internacional para que suministre ayuda humanitaria y asistencia para
la rehabilitación del pueblo de Somalía, y expresaron su confianza en que, por
su parte, los Somalía les garantizarán que en su país se den las condiciones
propicias para la realización de actividades humanitarias.
Libia
163. Los Jefes de Estado o de Gobierno urgieron al Consejo de Seguridad
a levantar el embargo aéreo y las otras medidas impuestas contra Libia, como
respuesta a las decisiones y resoluciones adoptadas por organizaciones
regionales sobre la controversia entre Libia y Francia, el Reino Unido y los
Estados Unidos. Expresaron su solidaridad con Libia e hicieron un llamado a los
demás países involucrados a responder positivamente a las iniciativas en favor
del diálogo y la negociación que conduzcan a una solución aceptable para las
partes. Expresaron su honda preocupación por las pérdidas humanas y materiales
sufridas por el pueblo árabe libio y los países vecinos como resultado de las
sanciones impuestas de conformidad con las resoluciones 748 (1992) y 883 (1993)
del Consejo de Seguridad. Afirmaron que la escalada de la crisis, la amenaza de
imposición de sanciones adicionales y el uso de la fuerza como vías para
conducir las relaciones entre los Estados constituyen una violación de la Carta
de las Naciones Unidas y de los principios del Movimiento de los No Alineados,
así como del derecho y las normas internacionales, e instaron a los tres países
occidentales involucrados a responder a las iniciativas positivas en favor del
diálogo y a la negociación, así como a la celebración de un juicio justo y
equitativo para los dos sospechosos en un país neutral, a ser escogido por
todas las partes. A menos que los países occidentales involucrados respondan a
las solicitudes de las organizaciones regionales, a las propuestas de solución
pacífica de la crisis y a la flexibilidad demostrada por la Jamahiriya Arabe
Libia, los Estados Miembros del Movimiento de los No Alineados no estarán en
capacidad de continuar acatando las resoluciones de sanciones, especialmente
porque estas han causado grandes pérdidas humanas y económicas no sólo al
pueblo libio, sino a varios pueblos de Estados Miembros del Movimiento de los
No Alineados.
Sáhara Occidental
164. Los Jefes de Estado o de Gobierno tomaron nota de los últimos
hechos dirigidos a resolver la cuestión del Sáhara Occidental y reiteraron el
respaldo del Movimiento a los esfuerzos emprendidos por las Naciones Unidas
para organizar y supervisar un referendo imparcial, libre y justo acorde con el
Plan de Asentamiento y las resoluciones del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas.
Sierra Leona
165. Los Jefes de Estado o de Gobierno expresaron su preocupación por
los serios problemas que enfrenta Sierra Leona debido a los continuos
conflictos armados en el país, en particular el sufrimiento de la población
civil los desplazados al interior del país y aquellos que se han visto
obligados a huir del país en calidad de refugiados. Sierra Leona ha empezado a
sufrir hambre como consecuencia del prolongado conflicto. Recalcaron que la
paz, incluida la paz a nivel regional, es el elemento central para lograr la
solución definitiva del problema en Sierra Leona. Hicieron un llamado a la
comunidad internacional para que redoble sus esfuerzos diplomáticos con miras a
resolver la crisis y a aumentar su asistencia económica, material y técnica a
Sierra Leona, particularmente a la población civil afectada por la guerra.
Liberia
166. Los Jefes de Estado o de Gobierno manifestaron su beneplácito ante
los recientes y positivos acontecimientos acaecidos en Liberia tras la firma de
los Acuerdos de Abuja y el inicio de labores del Consejo de Estado del Gobierno
Nacional de Transición de Liberia (LNTG), conformado por líderes de las partes
en conflicto. Manifestaron su convicción de que la plena ejecución de los
acuerdos conducirá a una resolución final del conflicto e instaron a la nueva
dirigencia liberiana a trabajar mancomunadamente en favor de la paz, la
reconciliación nacional y la restauración de la estabilidad en el país.
Rindieron homenaje a los Estados Miembros de la Comunidad Económica de Africa
Suroccidental (ECOWAS) y otros países de Africa por los muchos sacrificios que
han hecho y continúan haciendo por lograr una paz duradera en Liberia, y
exaltaron la contribución hecha por la OUA y las Naciones Unidas en apoyo a la
iniciativa de la ECOWAS. Dejaron sentado su respaldo a la resolución de OUA que
insta a la comunidad internacional a reconocer y conceder toda su fe y
confianza en el actual Gobierno de Transición Nacional de Liberia y sus
sucesores. También hicieron un llamado a la comunidad internacional para que
continúe prestando a Liberia la asistencia requerida para la repatriación y el
reasentamiento de sus refugiados y contribuya con el Fondo Fiduciario de las
Naciones Unidas para Liberia.
167. En este sentido, destacaron que el Secretario General de las
Naciones Unidas y el Presidente de la ECOWAS convocarán dentro de poco una
Conferencia sobre Promesas de Contribuciones para Liberia en la sede de las
Naciones Unidas, dirigida a captar fondos para asistir a la ECOWAS en el
cumplimiento de su mandato y facilitar la desmovilización y rehabilitación de
combatientes, así como la reconstrucción de Liberia. Hicieron un llamado a la
comunidad internacional para que participe plenamente en la conferencia y
brinde el apoyo material y financiero necesario con miras a lograr el cumplimiento
cabal de los objetivos mencionados.
Angola
168. Los Jefes de Estado o de Gobierno registraron con beneplácito los
avances positivos en la aplicación de las disposiciones del Protocolo de Lusaka
dirigidas a la restauración de la paz y la estabilidad en Angola. Instaron al
Consejo de Seguridad a ejecutar lo dispuesto en la resolución 976 (1995), que
estipula el envío de componentes militares de UNAVEM III, por ser ahora
propicias las condiciones para su despliegue. Exhortaron a los Estados miembros
a dar una respuesta positiva al llamado del Secretario General a contribuir con
la ejecución completa del Protocolo de Lusah. Encomiaron la Resolución de la
Asamblea Nacional de Angola relativa a la revisión de la Constitución para
otorgar al Sr. Jonas Savimbi, líder de UNITA, una de las vicepresidencias de la
República, e hicieron un llamado a ambas partes a honrar los compromisos por
ellas suscritos en el Protocolo de Lusaica, con el fin de poder instaurar la
paz y la estabilidad en Angola. Felicitaron a la Conferencia de Ginebra sobre
la Ayuda Humanitaria a Angola y a la Mesa Redonda de Bruselas sobre el Programa
Nacional para la Rehabilitación y la Reconciliación Comunitarias, e instaron a
la comunidad internacional a aportar los fondos prometidos de manera previsible
y oportuna.
Sudáfrica
169. Los Jefes de Estado o de Gobierno extendieron su más cordial
bienvenida a Sudáfrica por su reintegro a la comunidad de naciones con su
ingreso al Movimiento de Países No Alineados, hecho que tuvo lugar en la
Conferencia Ministerial de El Cairo en julio de 1994. Resaltaron el papel
fundamental que desde sus inicios desempeñó el Movimiento en la lucha contra el
régimen racista de Sudáfrica. Rindieron un sentido y especial homenaje al
Presidente Mandela por su infatigable lucha y por su capacidad para conducir
por la vía pacífica a su pueblo y a su país hacia la democracia bajo un
Gobierno de unidad nacional. Asimismo, felicitaron al pueblo de Sudáfrica por
su empeño en superar el legado del apartheid y en reconstruir esta nación bajo
nuevas realidades multirraciales y políticamente pluralistas.
Mayotte
170. Los Jefes de Estado o de Gobierno reiteraron la indiscutible
soberanía de la República Federal Islámica de las Comoras sobre la isla de
Mayotte y la necesidad de cumplir con los compromisos adquiridos con
anterioridad al referéndum del 22 de diciembre de 1974 en lo relativo al
respeto a la unidad e integridad territorial de las Comoras. Instaron al
Gobierno de Francia a acelerar el proceso de negociaciones con miras asegurar
el efectivo y pronto retomo de la isla de Mayotte a las Comoras, de conformidad
con la Resolución 49/18 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, del 6 de
diciembre de 1994, y otras resoluciones adoptadas sobre esta materia.
Archipiélago de Chagos
171. Los Jefes de Estado o de Gobierno reiteraron el respaldo del
Movimiento de Países No Alineados a la soberanía de la Isla de Mauricio sobre
el Archipiélago de Chagos, incluido Diego García, y solicitaron a la anterior
potencia colonial continuar los diálogos con el Gobierno de la Isla de Mauricio
para la pronta devolución del archipiélago. A este respecto, observaron con
satisfacción la iniciación de algunas medidas adoptadas por ambas partes para
generar confianza entre sí.
Asia
La situación entre Iraq y Kuwait
172. Los Jefes de Estado o de Gobierno revisaron la situación entre Iraq
y Kuwait y enfatizaron que todos los Estados Miembros del Movimiento están
comprometidos con el respeto a la soberanía, integridad territorial e
independencia política tanto de Iraq como de Kuwait. Destacaron igualmente que
la plena aplicación de todas las resoluciones pertinentes del Consejo de
Seguridad constituye el medio para alcanzar la paz, la seguridad y la
estabilidad en la región. En este sentido, los Jefes de Estado o de Gobierno
resaltaron la importancia de que Iraq termine de poner en práctica las
resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad. Los Jefes de Estado o de
Gobierno tomaron nota del trabajo realizado por el Comité Tripartita de
Ginebra, establecido bajo los auspicios del Comité Internacional de la Cruz
Roja (CICR) para resolver los problemas de todos los prisioneros, detenidos y
desaparecidos de Kuwait y otros países. Recalcaron la importancia de dar una
rápida solución a estos problemas de conformidad con los documentos finales de
la Cumbre de Yahrta. Reconocieron, además, la necesidad de resolver el problema
de todos los desaparecidos en acción a través de una cooperación seria y
sincera con el CICR a fin de alcanzar a una solución a este asunto. Tomaron
nota del progreso registrado en los trabajos de la Comisión Especial, UNSCOM y
la IDEA en Iraq dirigido a efectuar la disposición de la Sección C de la
Resolución 687 del Consejo de Seguridad. A la luz de los últimos informes
disponibles, los Jefes de Estado o de Gobierno instaron a Irak a cumplir
cabalmente con el requerimiento de aportar información completa sobre todos sus
armamentos de acuerdo a lo estipulado en las resoluciones pertinentes del
Consejo de Seguridad y a cooperar totalmente con UNSCOM. Tras estudiar el
problema del sufrimiento de la población en Iraq, destacaron la resolución
adoptada por el Consejo de Seguridad en esta materia, la cual constituye un
paso importante en este proceso.
Turquía-Iraq
173. Los Jefes de Estado o de Gobierno rechazaron la violación de la
integridad territorial de Iraq por parte de las fuerzas turcas, que con el
pretexto de combatir a grupos guerrilleros localizados en territorio Iraquí,
traspasaron las fronteras establecidas entre los dos Estados. Repudiaron la
denominada "persecución en caliente" Invocada por Turquía para violar
el territorio Iraquí. Semejante práctica, ajena al derecho internacional es el
reflejo de una política intervencionista caduco que se apoya en el uso de la
fuerza y que en muchos casos obedece a problemas de carácter interno que no han
logrado resolverse mediante el diálogo y la concertación.
Península de Corea
174. Los Jefes de Estado o de Gobierno expresaron su preocupación ante
el hecho de que aún se encuentra dividida la Península de Corea, a pesar del
deseo y las aspiraciones del pueblo coreano, y reafirmaron su respaldo a los
esfuerzos realizados por el pueblo coreano para volver a reunir a su patria
sobre la base de los principios estipulados en la Declaración Conjunta
Norte-Sur el 4 de julio de 1972, así como el acuerdo concluido en febrero de
1992. Los Jefes de Estado o de Gobierno resaltaron la importancia de garantizar
una paz y una seguridad duraderas en la Península de Corea para bien de la
prosperidad común del pueblo coreano, así como de la paz y la seguridad del
Noreste Asiático y el resto del mundo. Manifestaron sus esperanzas de que el
problema nuclear en la Península de Corea, dada su naturaleza política y
militar, sea resuelto por medios pacíficos a través del diálogo y las
negociaciones entre todas las partes involucradas, así como la instrumentación
plena del Acuerdo Marco de Ginebra y la Declaración de Kuala Lumpur entre la
República Democrática Popular de Corea y los Estados Unidos de América, amén de
otros documentos pertinentes, habida cuenta de la necesidad de mantener la
cooperación con la AIEA.
Afganistán
175. Los Jefes de Estado o de Gobierno hicieron un llamado a todos los
Estados para que se respete la soberanía e integridad territorial del Estado
Islámico de Afganistán y se abstengan de interferir en sus asuntos internos.
Expresaron su preocupación ante la continuación de las hostilidades en el
Estado Islámico de Afganistán. No obstante, manifestaron su deseo de alentar
los pasos dados hacia la reconciliación nacional de conformidad con lo
estipulado en la Resolución 49/140 de la Asamblea General de Diciembre de 1994,
y los ingentes esfuerzos realizados por el enviado especial del Secretario
General de las Naciones Unidas para Afganistán, junto a los esfuerzos del
Secretario General de la OIC y su Representante Especial. Se mostraron
convencidos de que los problemas de Afganistán sólo pueden ser resueltos por
los afganos de manera soberana y reiteraron que corresponde a la comunidad
internacional asistir a éstos en el logro de la paz y participar activa y
generosamente en la reconstrucción de Afganistán, así como en el incremento de
la asistencia humanitaria y financiera para el regreso expédito, voluntario y
seguro, en condiciones de seguridad y dignidad, de los refugiados afganos a su
patria.
Turkmenistán
176. Los Jefes de Estado o de Gobierno dieron la bienvenida a
Turkmenistán como nuevo miembro del MNA y expresaron su apoyo y total
comprensión del compromiso de dicho país de desempeñar un papel constructivo y
pacífico en el logro de la estabilidad y el entendimiento mutuo entre los
estados sobre la base del principio de neutralidad positiva. Expresaron su
esperanza de que las iniciativas de Turkmenistán reciban el respaldo de todos
los miembros de las Naciones Unidas y de la comunidad internacional.
Sureste Asiático
177. Los Jefes de Estado o de Gobierno reconocieron el papel de la ASEAN
en el mantenimiento de la paz, la estabilidad y la prosperidad en la región y
en el incremento de la cooperación en la región del Asia-Pacífico en general.
En este sentido, aplaudieron el progreso alcanzado en el fomento del diálogo y
la cooperación para la paz y la seguridad en el Sureste Asiático a través del
Foro Regional de ASEAN, que en su sesión inaugural celebrada en Bangkok brindó
su respaldo a los propósitos y principios del Tratado de Amistad y Cooperación
en el Sureste Asiático. En este sentido, acogieron con beneplácito el resultado
de la Segunda Reunión del Foro Regional de la ASEAN realizada en Bandar Seri
Begawan el 1 de agosto de 1995, el cual constituye la base de su trabajo futuro
dirigido a facilitar el diálogo abierto y las discusiones sobre asuntos
políticos y de seguridad que son de interés y preocupación comunes en la región
de Asia-Pacífico. Esta segunda reunión del Foro fue considerada un paso más en
el proceso evolutivo hacia la promoción de medidas generadoras de confianza a
nivel regional, el desarrollo de la diplomacia preventiva y la definición de
enfoques ante la resolución de conflictos.
178. Los Jefes de Estado o de Gobierno acogieron el progreso de los
continuos esfuerzos de ASEAN para establecer la Zona de Paz, Libertad y
Neutralidad en el Sureste Asiático (ZOPFAN). Igualmente, tomaron nota con
satisfacción de los avances realizados hasta ahora para el establecimiento de
una zona libre de armas nucleares en la región como componente esencial de la
ZOPFAN.
179. Los Jefes de Estado o de Gobierno resaltaron la necesidad de
resolver todos los conflictos de soberanía y jurisdicción relacionados con el
Mar Meridional de China a través de medios pacíficos y sin tener que recurrir a
la fuerza, e instaron a todas las partes a tener moderación con miras a crear
un clima positivo para la solución eventual de todos los asuntos en conflicto.
Expresaron su preocupación ante los acontecimientos recientes, los cuales
pueden conducir al deterioro de la paz y la estabilidad en la región. En este
sentido, los Jefes de Estado o de Gobierno apoyaron los principios contenidos
en la Declaración de ASEAN de 1992 sobre el Mar Meridional de China y el
Pronunciamiento de 1995 de la ASEAN sobre los hechos recientemente acaecidos en
el Mar Meridional de China y subrayaron la necesidad de que todas las partes
involucradas apliquen a cabalidad tales principios. Expresaron la esperanza de
que las partes involucradas se abstengan de ejecutar más acciones que puedan
socavar la paz, la estabilidad y la confianza en la región, incluida la
posibilidad de menoscabar la libertad de navegación y aviación en las áreas
afectadas. Igualmente, urgieron a los reclamantes a afrontar el problema en
distintos foros bilaterales y multilaterales, por lo que reiteraron la
importancia de fomentar todo tipo de medidas encaminadas a generar confianza
entre todas las partes. Para este fin, los Jefes de Estado o de Gobierno
acogieron la iniciativa de Indonesia de patrocinar un taller sobre el manejo de
posibles conflictos en el Mar Meridional de China y otras medidas emprendidas
en la región por las partes involucradas con el fin de incrementar la
cooperación y garantizar la solución pacífica de todos los asuntos pendientes.
América Latina y el Caribe
Cumbre Iberoamericana
180. Los Jefes de Estado o de Gobierno tomaron nota de los acuerdos
alcanzados en el marco de la Quinta Cumbre Iberoamericana, celebrada en
Bariloche, Argentina.
Asociación de Estados del Caribe
181. Los Jefes de Estado o de Gobierno expresaron su beneplácito por la
entrada en vigor del Convenio Constitutivo de la Asociación de Estados del
Caribe, que se instituye como organismo de consulta, conciliación y cooperación
y concertación con miras al desarrollo cultural, económico, social, científico
y tecnológico sostenido de los Estados de la región. Reconocieron que la
Declaración de Principios y el Plan de Acción en materia de Turismo, Comercio y
Transporte adoptado en la Cumbre Inaugural realizada en Puerto España en agosto
de 1995 representó un paso importante para el logro de los objetivos de la
Asociación.
Haití
182. Los Jefes de Estado o de Gobierno registraron con especial
satisfacción el regreso del Presidente Jean Bertrand Aristide a su país y el
restablecimiento de la democracia en un espíritu de reconciliación nacional. Al
tomar nota del establecimiento de UNMIH, destacaron la necesidad de que la
comunidad internacional brinde a Haití la cooperación técnica, económica y
financiera urgentemente requerida para su reconstrucción material. Consideraron
que la vigencia de la democracia y la libertad en ese país depende
fundamentalmente de la capacidad de la comunidad internacional para contribuir
a su desarrollo económico y social.
Cuba
183. Los Jefes de Estado o de Gobierno hicieron un llamado al Gobierno
de los Estados Unidos de América para que ponga fin a las medidas y actos
económicos, comerciales y financieros contra Cuba los cuales, además de ser
unilaterales y contrarios a la Carta de las Naciones Unidas y al derecho
internacional y al principio de buena vecindad, causan enormes pérdidas
materiales y daños económicos. Exhortaron a los Estados Unidos de América a
resolver sus diferencias con Cuba mediante negociaciones celebradas sobre la base
de la igualdad y el respeto mutuos y pidieron dar estricto cumplimiento a las
Resoluciones 47/19, 48/16 y 49/9 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Expresaron honda preocupación con respecto a los nuevos proyectos de ley
presentados al Congreso de los Estados Unidos, los cuales intensificarían el
embargo en contra de Cuba y ampliarían su naturaleza extraterritorial. Instaron
también para que el Gobierno de los Estados Unidos devuelva el territorio
ocupado actualmente por la base Naval de Guantánamo a la soberanía de Cuba y
que ponga fin a las agresivas transmisiones por radio y televisión contra Cuba.
Puerto Rico
184. Los Jefes de Estado o de Gobierno, en el contexto de su compromiso
con la autodeterminación, reiteraron el derecho inalienable del pueblo
puertorriqueño a la autodeterminación y la independencia, de conformidad con la
Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Centroamérica
185. Los Jefes de Estado o de Gobierno tomaron nota de los importantes
progresos realizados por los pueblos y los Gobiernos de los países de
Centroamérica en ejecución de los compromisos adquiridos por los Presidentes
centroamericanos en virtud de los "Procedimientos para Establecer una Paz
Firme y Duradera de Centroamérica", aprobados en Esquipulas II, Guatemala
(1987), y las subsiguientes reuniones cumbres.
186. Los Jefes de Estado o de Gobierno reconocieron que en Centroamérica
no puede haber paz sin desarrollo sostenible ni democracia, objetivos
fundamentales para satisfacer las aspiraciones de los países centroamericanos
de que dicha región pueda constituirse en una región de paz, libertad,
democracia y desarrollo sostenible. Exhortaron a la comunidad internacional a
continuar apoyando estos esfuerzos con miras a lograr la consolidación de la
paz y la aplicación de una estrategia de desarrollo sostenible en la región
centroamericana.
187. Los Jefes de Estado o de Gobierno se mostraron complacidos con los
esfuerzos realizados por los países centroamericanos para fomentar el crecimiento
económico en un contexto de desarrollo humano, así como con el progreso logrado
en el fortalecimiento del sistema de integración centroamericano y exhortaron a
la comunidad internacional a continuar prestando su apoyo a estas acciones.
El Salvador
188. Los Jefes de Estado o de Gobierno expresaron su satisfacción ante
la permanente evolución de El Salvador, que pasó de ser un país devastado por
los conflictos a convertirse en una nación democrática y pacífica. También
señalaron su beneplácito ante el renovado compromiso del Gobierno y pueblo de
El Salvador con la consolidación del proceso de paz.
189. Los Jefes de Estado o de Gobierno manifestaron además su respaldo a
la Resolución 49/21 J de la Asamblea General, "Asistencia para la
Reconstrucción y el Desarrollo de El Salvador", en virtud de la cual se
solicita a todos los Estados e instituciones internacionales de financiamiento
y desarrollo continuar contribuyendo con la consolidación de la paz en El
Salvador y se les insta a responder en forma expedita y generosa a los
esfuerzos desplegados conjuntamente por los signatarios de los acuerdos de paz
dirigidos a reunir los recursos necesarios para el pleno cumplimiento de los
mismos, junto a otros programas prioritarios de desarrollo que desemboquen en
el establecimiento de una paz sólida y duradera en El Salvador.
Guatemala
190. Los Jefes de Estado o de Gobierno tomaron nota con satisfacción de
los recientes acuerdos concluidos entre el Gobierno de Guatemala y la Unión
Revolucionaria Nacional de Guatemala (URNG), y expresaron su esperanza de que
el Acuerdo de Paz definitivo se firme durante el presente año. Manifestaron su
beneplácito por la valiosa contribución de las Naciones Unidas en el proceso de
paz de Guatemala.
191. Los Jefes de Estado o de Gobierno hicieron manifiesta su esperanza
de que Guatemala y Belice reanuden y culminen con éxito sus negociaciones a la
brevedad posible, con el fin de encontrar una solución definitiva al conflicto.
Nicaragua
192. Los Jefes de Estado o de Gobierno tomaron nota de los esfuerzos
realizados por el Gobierno de Nicaragua para fomentar una reconciliación
nacional amplia como el mejor medio para consolidar la paz, la reconciliación
nacional, la democracia y el desarrollo sostenible con justicia social. También
expresaron su apoyo a la Resolución 49/16 de la Asamblea General del 17 de
noviembre de 1994, "Asistencia Internacional para la Rehabilitación y
Reconstrucción de Nicaragua: Consecuencias de la Guerra y los Desastres
Naturales", en la cual se reconocen las excepcionales circunstancias que
ha enfrentado Nicaragua.
193. Asimismo, los Jefes de Estado o de Gobierno tomaron nota de los
avances del Gobierno de Nicaragua en la promoción sostenida de su reactivación
económica, la inversión social y los programas de desarrollo, para lo cual
solicitaron el apoyo de las organizaciones financieras y de la comunidad
internacional.
Panamá
194. Los Jefes de Estado o de Gobierno registraron con satisfacción los
significativos progresos realizados en la ejecución del Tratado del Canal de
Panamá y del Tratado Concerniente a la Neutralidad Permanente y al
Funcionamiento del Canal de Panamá de 1977, conocidos como los Tratados
Torrilos-Carter, entre la República de Panamá y los Estados Unidos de América.
Dichos tratados aseguran el ejercicio efectivo de la jurisdicción y la
soberanía de Panamá sobre la totalidad de su territorio y culminarán con la
plena transferencia a Panamá del Canal y sus instalaciones al mediodía del 31
de diciembre de 1999, mediante un proceso de transición fluído que actualmente
desarrollan los dos países.
195. Los Jefes de Estado y de Gobierno reconocieron la importancia que
para el comercio y la navegación mundiales tiene el acceso al Canal, así como
el manejo adecuado de su cuenca hidrográfica. Hicieron un ferviente llamado a
los Estados para que consideren su adhesión al Protocolo del Tratado, el cual
declara la neutralidad permanente de la vía interoceánica.
196. Los Jefes de Estado o de Gobierno expresaron su solidaridad con los
planes del Gobierno panameño de realizar, en septiembre de 1997, un Congreso
Universal sobre el Canal de Panamá, con la participación de Gobiernos,
organizaciones internacionales, instituciones académicas públicas y privadas,
usuarios marítimos y de las empresas internacionales de transporte, para
examinar conjuntamente el papel que debe desempeñar el Canal de Panamá en el
Siglo XXI, sobre la base del pleno respeto de la integridad territorial y la
soberanía de la República de Panamá y el control del canal por parte de dicho
país. Además, instaron a los organismos especializados y demás organizaciones y
programas del sistema de las Naciones Unidas a que colaboren en ese propósito
con el gobierno panameño.
Diferendo entre Guyana y Venezuela
197. Los Jefes de Estado o de Gobierno destacaron la continuación de la
controversia entre Guyana y Venezuela. También señalaron el estado de las
relaciones entre ambos países y expresaron su satisfacción ante los avances
logrados en pos de una solución pacífica, mediante los buenos oficios del
Secretario General de las Naciones Unidas y su Representante Especial.
Reiteraron la necesidad de que las Partes continúen el proceso de diálogo con
miras a alcanzar una solución definitiva sobre la base de los principios
establecidos de derecho internacional y en el Acuerdo de Ginebra de 1966.
Capítulo tercero: Asuntos económicos
El nuevo contexto de la cooperación económica
internacional
198. Al examinar la evolución de la situación económica internacional
desde la Cumbre de Yakarta de 1992, los Jefes de Estado o de Gobierno
observaron que, aunque se han registrado signos de progreso en algunos países,
no hay señales de que vaya a producirse una recuperación rápida y sólida de la
economía mundial. Observaron también que algunas tendencias positivas
registradas en los últimos años en los países en desarrollo respecto de las
tasas de crecimiento económico, el incremento del comercio y la inversión
extranjera, así como un cierto alivio de los problemas de la deuda externa,
sólo se han experimentado en un grupo reducido de países. Llegaron a la
conclusión de que no se han cumplido las expectativas de alcanzar un orden
económico internacional más justo, no discriminatorio y equitativo.
199. Los Jefes de Estado o de Gobierno señalaron que el fin de la guerra
fría, así como la mayor interdependencia y globalización de la economía
internacional, están dando lugar a nuevas tensiones, desequilibrios y
estancamiento, y a la creciente marginalización de la gran mayoría de países en
desarrollo. La brecha entre países ricos y pobres continúa ampliándose. Las
inestabilidades son transmitidas más rápidamente de un país a otro, sobre todo
hacia los países en desarrollo, los cuales son ahora más vulnerables y
sensibles a los factores externos. La liberalización y globalización de los
mercados financieros se han convertido en fuente de inestabilidad y
desequilibrios.
200. Los Jefes de Estado o de Gobierno expresaron su preocupación por
las implicaciones que tiene el cambio de prioridades de los países
desarrollados en favor de las economías en transición y de los bloques
comerciales del Norte, mientras que muchos de los países del Movimiento siguen
agobiados por el estancamiento económico y el atraso social.
201. Los Jefes de Estado o de Gobierno reconocieron, al mismo tiempo,
que el período posterior a la Guerra Fría presenta oportunidades y desafíos
para el diálogo sobre la cooperación económica internacional. Reiteraron su
decisión de asignar prioridad al tema del desarrollo, con especial atención al
crecimiento económico y a la erradicación de la pobreza, en la agenda del
Movimiento.
202. Ello demandará una mayor coordinación entre los países en
desarrollo para fortalecer su capacidad de acción y abordar los nuevos problemas
con una visión integrada. El Movimiento, si bien se suscribe a los valores de
protección ambiental, normas laborales, propiedad intelectual, sólida gestión
macroeconómica y fomento y protección de los derechos humanos, rechaza todo
intento por utilizar estos temas como condicionalidades y pretextos para
restringir el acceso al mercado o los flujos de ayuda y tecnología para los
países en desarrollo.
203. Los Jefes de Estado o de Gobierno subrayaron que la cooperación
internacional para el desarrollo debe orientarse a crear un entorno económico
internacional más favorable y dinámico, como condición indispensable para
facilitar los esfuerzos de los Países No Alineados y otros países en desarrollo
en su lucha por erradicar la pobreza, alcanzar el progreso económico y social y
lograr condiciones de crecimiento económico sostenido y de desarrollo
sostenible. Para lograr este objetivo, reafirmaron la necesidad prioritaria de
poner en marcha los acuerdos adoptados en las principales conferencias
internacionales en el campo del desarrollo. Reiteraron que tales acuerdos deben
ser implementados de manera coherente e integrada.
204. Los procesos y mecanismos decisorios vigentes en las instituciones
internacionales para abordar los principales temas de la economía mundial no
abarcan a los países en desarrollo ni tienen en cuenta sus intereses y
preocupaciones. La democratización de las relaciones económicas internacionales
es ahora una necesidad más apremiante que nunca. Los Jefes de Estado o de
Gobierno reiteraron la necesidad de la democratización y transparencia en la
toma de decisiones económicas y financieras a nivel internacional en todos los
foros y en todos los niveles, con la plena participación de los países en
desarrollo, para garantizar que sus intereses en el desarrollo se tomen
plenamente en cuenta.
205. Los cambios observados en los últimos años en el ordenamiento de
las instituciones económicas internacionales han producido el debilitamiento de
los organismos más universales y representativos como las Naciones Unidas, lo
que genera desventajas adicionales para los países en desarrollo y reduce aún
más su capacidad de influencia en los principales organismos de decisión.
206. Con ocasión del Quincuagésimo Aniversario de la creación de las
Naciones Unidas, el Movimiento reconoce el papel que esta Organización ha
desempeñado para brindar una perspectiva universal democrática y cabal sobre la
cooperación internacional para el desarrollo y para contribuir a la formulación
de políticas en esta esfera. El Movimiento se compromete a apoyar los esfuerzos
destinados a convertir la cooperación para el desarrollo en el centro del
mandato, papel y funciones de las Naciones Unidas. El fomento del desarrollo
social a largo plazo y el desarrollo y crecimiento económico universal más
equilibrado deben ser el centro primordial de atención de las Naciones Unidas.
Para que esto se convierta en realidad, es necesario que las Naciones Unidas
inicien el proceso de reforma de la Organización para abordar la situación de
la nueva economía mundial de manera más idónea.
207. Los Jefes de Estado o de Gobierno consideraron que es urgente que
las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la
Organización Mundial de Comercio (OMC), desempeñen un papel eficaz con el
objeto de corregir los desequilibrios económicos mundiales. A tal fin,
reiteraron la necesidad de fortalecer la cooperación y la coordinación entre
las Instituciones de Bretton Woods, la OMC y las Naciones Unidas a efectos de
alcanzar una mayor transparencia y coherencia en las políticas comerciales,
monetarias y financieras. En este sentido celebraron el hecho de que, en virtud
de la propuesta presentada por el Rey Hassan II, se haya creado un grupo de
estudio en la OMC encargado de analizar la coherencia de las políticas
comerciales, financieras y monetarias. Hicieron hincapié en la necesidad de que
esas instituciones adapten y ajusten sus políticas y programas a las
necesidades cruciales de los países en desarrollo.
208. Los Jefes de Estado o de Gobierno también reafirmaron la necesidad
de que todos los miembros de la comunidad internacional ajusten sus políticas
económicas y financieras a los requerimientos de una economía internacional
cada vez más interdependiente.
209. Para consolidar una nueva etapa de asociación para el desarrollo,
superando la confrontación y fortaleciendo la cooperación, no existe otra
alternativa que el diálogo constructivo entre países desarrollados y países en
desarrollo. El diálogo deberá basarse en Intereses comunes, beneficios mutuos,
interdependencia auténtica y responsabilidades compartidas.
210. En este contexto, los Jefes de Estado o de Gobierno resaltaron el
significado de la coordinación de las políticas macroeconómicas para reducir
las incertidumbres vinculadas al comercio, los flujos financieros, la
transferencia de tecnología y la inversión en todo el mundo. Reafirmaron
asimismo la urgente necesidad de crear un entorno económico internacional
propicio, basado en un mayor acceso al mercado de los países desarrollados, la
eliminación de las prácticas comerciales desleales, políticas comerciales
predecibles y no discriminatorias, un mayor fomento de la inversión extranjera
y la reducción de la carga de la deuda. En el ámbito de la asistencia para el
desarrollo, es imperativo que los países desarrollados proporcionen recursos
financieros nuevos y adicionales y que se promueva la transferencia de
tecnología en condiciones preferenciales y concesionarias. El diálogo también
debe concentrarse en proyectos y programas de prioridad para el desarrollo y en
su gestión y ejecución, de manera de obtener resultados concretos y efectivos.
211. En este sentido, los Jefes de Estado o de Gobierno acogieron el
llamado que hiciera el Presidente de la República de Túnez, S.E. el Señor
Zine-EI-Abidine BEN ALI, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en
1989, por un contrato para la paz y el progreso entre los países en desarrollo
y países desarrollados.
212. Resulta indispensable que los Países No Alineados y otros países en
desarrollo tracen una estrategia común acorde con las profundas
transformaciones del entorno internacional, con el fin de mejorar su capacidad
de negociación en el diálogo con los países desarrollados, ello teniendo en
cuenta las conclusiones de la Comisión del Sur y el cambio de la situación
mundial. Los Jefes de Estado o de Gobierno acordaron convocar un grupo abierto
de expertos de alto nivel con la función de formular propuestas específicas
relativas a la estrategia común. Acordaron además que las recomendaciones correspondientes
sean presentadas al Presidente del Movimiento y sometidas a consideración en
una futura Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores del Movimiento.
213. Los Jefes de Estado o de Gobierno también convinieron en crear un
foro abierto de expertos de alto nivel con miras a diseñar enfoques integrados
y bien coordinados con respecto a la cooperación internacional en el siglo XXI,
mediante el establecimiento de vínculos más estrechos con el Grupo de los 77 y
otras instituciones regionales y subregionales.
214. Los Jefes de Estado o de Gobierno solicitaron al Presidente Ernesto
Samper, en su calidad de Presidente del Movimiento de Países No Alineados, que
siga reuniéndose con los dirigentes de los países desarrollados, incluidos los
del Grupo de los 7, con el fin de fomentar el diálogo y lograr una mayor
comprensión de las aspiraciones, opiniones y posiciones de los países en
desarrollo sobre cuestiones económicas y de desarrollo internacional. También
solicitaron el apoyo del Presidente del Buró de Coordinación del Movimiento de
Países No Alineados para la preparación de dichas reuniones, en estrecha
cooperación y coordinación con el Presidente del Grupo de los 77.
Agenda para el desarrollo
215. Los Jefes de Estado o de Gobierno reafirmaron su convicción de que
sin la erradicación de la pobreza y el logro del desarrollo y el crecimiento
económico sostenido de los países en desarrollo, será imposible asegurar una
paz y una seguridad duraderas. Debido a la creciente interdependencia de los
países, es imperativo garantizar el logro de respuestas y soluciones eficaces a
través de la cooperación económica internacional, con el fin de que se puedan
hacer progresos significativos a los niveles nacional, regional y mundial.
216. Los Jefes de Estado o de Gobierno asignaron alta prioridad a la
Agenda para el Desarrollo, la cual brinda una oportunidad única para emprender
un proceso de diálogo constructivo con miras a crear una genuina asociación
para abordar los problemas del desarrollo y revitalizar la cooperación
internacional para el desarrollo. Con ello se pondrá a prueba la voluntad
política para la reanudación efectiva del diálogo entre los países en
desarrollo y los países desarrollados. Para que el diálogo y la asociación sean
eficaces, es imprescindible que la Agenda refleje una nueva actitud y un mayor
grado de compromiso para abordar los desequilibrios fundamentales existentes en
esferas básicas como el comercio internacional, la inversión, el financiamiento
externo, la deuda externa, la ciencia y la tecnología, y los recursos externos
para el desarrollo, incluidos los recursos del sistema de las Naciones Unidas
para el desarrollo.
217. En la Agenda también se debe prestar la debida atención al ser
humano, al mejoramiento de la calidad de vida, a la erradicación del hambre,
las enfermedades, el analfabetismo, el hacinamiento y el desempleo. En vista de
los resultados de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, en la Agenda
deberán contemplarse las medidas prácticas necesarias para erradicar la pobreza,
satisfacer las necesidades básicas y generar empleo. El mejoramiento de la
educación y la condición de la mujer resultan igualmente esenciales para el
desarrollo.
218. La Agenda debe fundamentarse en varias medidas precisas y
específicas, orientadas al desarrollo social y al crecimiento económico
acelerados y sostenidos. Debe tener como base inicial la efectiva
implementación de los compromisos y acuerdos internacionales ya existentes en
el área del desarrollo económico y social, así como la incorporación de las
acciones y medidas que fueran necesarias para encarar los nuevos desafíos y
oportunidades. Debe basarse, además, en el principio fundamental de que el
desarrollo es un requisito indispensable para la paz y la seguridad.
219. La Agenda para el Desarrollo debe encarar la necesidad de
especificar, subrayar y fortalecer claramente el papel que cabe a las Naciones
Unidas en el desarrollo, incluida la formulación de políticas economías y la
coordinación internacionales, así como la promoción del crecimiento económico,
teniendo en cuenta el carácter universal y los principios democráticos de la
Organización. Debe rechazarse cualquier intento por apartar a las Naciones
Unidas de su misión original en lo referente al desarrollo. La UNCTAD y los
organismos especializados, en particular la Organización de las Naciones Unidas
para el Desarrollo Industrial (ONUDI), deben desempeñar un papel clave como
puntos focales del sistema de las Naciones Unidas en esferas como las de
comercio y desarrollo y el progreso industrial de los países en desarrollo,
entre otras. En la Agenda deben especificarse claramente los medios para
intensificar la relación entre las Naciones Unidas, los organismos
especializados y otras organizaciones, incluidas las Instituciones de Bretton
Woods, la Organización Mundial de Comercio y otras instituciones
multilaterales, con el fin de aumentar la cooperación y asegurar una mayor
coherencia tendiente al logro de los objetivos de la agenda para el desarrollo,
tal como se indicó anteriormente.
Comercio internacional y productos básicos
220. Los Jefes de Estado o de Gobierno asignaron importancia vital al
comercio internacional como medio para acelerar el crecimiento económico
mundial y el desarrollo, y como instrumento eficaz para la cooperación
internacional. Coincidieron en que la expansión del comercio redundará en
beneficio mutuo de los países en desarrollo y los países desarrollados. Es
necesario dar mayor ímpetu a los esfuerzos por liberalizar y ampliar el
comercio en beneficio de todos los países, especialmente de los países en
desarrollo, pero al mismo tiempo estar alerta ante cualquier riesgo que puedan
plantear las restricciones discriminatorias, acciones unilaterales y/o
condicionalidades gravosas al sistema de comercio multilateral.
221. Los Jefes de Estado o de Gobierno expresaron su satisfacción por la
firma de los acuerdos de la Ronda Uruguay en Marrakech (Marruecos). Resaltaron
que los nuevos compromisos y procedimientos definidos en esos acuerdos deben
traducirse en un mayor acceso a los mercados, la expansión del comercio mundial
y el aumento de los ingresos y las oportunidades de empleo en todo el mundo,
sobre todo en los países en desarrollo. Expresaron su confianza en que con la
entrada en vigor de la Organización Mundial de Comercio, se avance rápidamente
para garantizar la aplicación plena de los principios y compromisos
multilaterales, y se impidan o corrijan las medidas unilaterales de naturaleza
proteccionista.
222. Los Jefes de Estado o de Gobierno señalaron que algunos de los
análisis y proyecciones ya habían indicado que aunque la puesta en marcha de la
Ronda Uruguay trae consigo nuevas oportunidades comerciales, podría afectar los
intereses de los países en desarrollo, sobre todo de los países menos
adelantados, los que son importadores netos de alimentos y los que gozan de
preferencias comerciales.
223. Los Jefes de Estado o de Gobierno expresaron que la Organización
Mundial de Comercio debe contribuir al logro y expansión de un sistema
multilateral de comercio abierto, previsible, equitativo, no discriminatorio,
seguro y basado en normas claras y transparentes, así como en la protección de
los derechos y los intereses de los países en desarrollo. Consideraron
igualmente que debe regirse por principios de universalidad en sus
deliberaciones y de equidad en la participación y en el trato preferencial y
diferenciado para los países en desarrollo. También reviste importancia
fundamental que se determine pronto la relación entre el sistema de las
Naciones Unidas y esa Organización, incluidos los mecanismos de coordinación
entre ambas instituciones.
224. Los Jefes de Estado o de Gobierno hicieron un llamado a la
Organización Mundial de Comercio para que analice la factibilidad de poner en
marcha actividades específicas, incluidas las que son objeto de cooperación con
las Naciones Unidas con el fin de contribuir a la aplicación del Programa de
Acción de Copenhague.
225. La puesta en vigencia de los acuerdos de Marrakech debe ser objeto
de una evaluación constante, para propiciar un acceso creciente a los mercados
por parte de los países en desarrollo en lo referente a productos básicos,
manufacturas y servicios de exportación y para la expansión del comercio
internacional.
En este sentido, consideran que la Conferencia a Nivel Ministerial de la
OMC que se celebrará en Singapur en 1996 debería constituir una buena
oportunidad para evaluar el cumplimiento de los compromisos contraídos para
beneficiar a los países en desarrollo con el objeto de analizar el consiguiente
impacto sobre el comercio, sobre todo en lo que respecta a la agricultura.
Adicionalmente, decidieron convocar una Conferencia de Países en Desarrollo
bajo los auspicios de la UNCTAD, para llevar a cabo una evaluación de la
aplicación de los acuerdos de la Ronda Uruguay. Subrayaron la necesidad de
tomar las medidas adecuadas, compatibles con el Acta Final de la Ronda Uruguay,
en favor de los países menos adelantados (PMA) y de los países en desarrollo
importadores netos de alimentos, aplicando cabalmente la Decisión Ministerial
adoptada en Marrakech al concluir la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales
Multilaterales con el fin de prestar a estos países atención especial a objeto
de poder ampliar su participación en el sistema multilateral de intercambio y
mitigar cualquier efecto adverso de la puesta en práctica de la Ronda Uruguay.
Recalcaron la importancia de los compromisos relacionados con las medidas
especiales y diferenciadas en favor de los países en desarrollo, así como
aquéllas dirigidas a mitigar cualquier efecto adverso que sobre esos países
pueda originar la aplicación de los acuerdos.
226. Los jefes de Estado o de Gobierno observaron con preocupación que
algunos países desarrollados continúan haciendo caso omiso de las reglas
comerciales multilaterales acordadas, mediante la aplicación de medidas
unilaterales de carácter proteccionista, haciendo prevalecer las políticas
internas sobre los compromisos comerciales multilaterales. Deploraron el hecho
de que esa actitud se produzca luego de los enormes esfuerzos desplegados para
concluir la Ronda Uruguay y del nuevo contexto en el cual los países en
desarrollo avanzaron sustancialmente en la liberación de sus regímenes
comerciales y en la integración de sus economías al comercio mundial. Estos
esfuerzos deben ser compensados por el reconocimiento de la consolidación de
aranceles emprendido por los países en desarrollo. Recalcaron la importancia de
aumentar el acceso de los productos de los países en desarrollo a los mercados
no discriminatorios de los países desarrollados y la necesidad de oponerse y
desmantelar todas las formas de proteccionismo directo o indirecto.
227. Los Jefes de Estado o de Gobierno declararon que la aplicación de
los Acuerdos de Marrakech debe tomar en cuenta las restricciones impuestas por
las medidas de liberalización de las instituciones financieras internacionales
en los países en desarrollo. Resulta paradógico esperar que los países abran
sus mercados y eliminen sus restricciones en el ámbito del comercio
internacional, incluidas las medidas no arancelarias, mientras que los países
desarrollados adoptan medidas proteccionistas que impiden a los países en
desarrollo cumplir plenamente sus compromisos con las instituciones financieras
internacionales.
228. Los Jefes de Estado o de Gobierno expresaron su preocupación por la
creciente tendencia a adoptar nuevos tipos de proteccionismo surgidos en los
mercados de los principales países desarrollados. Esta tendencia se debe
corregir, para beneficio tanto de los países desarrollados y los países en
desarrollo, como del sistema de comercio multilateral. A la vez que
reconocieron que para promover un crecimiento económico y un desarrollo
sostenibles, el comercio y el medio ambiente deben apoyarse mutuamente y las
medidas unilaterales deben concordar con las normas comerciales
internacionales, advirtieron que la introducción del etiquetado con
indicaciones ecológicas o de las cláusulas de carácter social en el régimen de
comercio internacional tendría un impacto negativo sobre el crecimiento económico
y el desarrollo y transferirla una injustificada carga económica y social a los
países en desarrollo. En este contexto también expresaron su preocupación por
las tentativas de recargar la agenda de la naciente Organización Mundial de
Comercio, ya que ello podría desintegrar el paquete de derechos y obligaciones
que fue equilibrado cuidadosamente, antes de poner en marcha los Acuerdos de la
Ronda de Uruguay y de que la nueva OMC haya tenido tiempo y espacio para
establecerse y consolidarse con miras a vigilar la aplicación del paquete.
Declararon que la política comercial debe basarse en el principio fundamental
de la ventaja comparativa y no debería utilizarse como una panacea para
resolver todos los problemas. También tomaron nota con preocupación del creciente
uso por parte de los países desarrollados de medidas "antidumping" y
de derechos compensatorios con objetivos meramente proteccionistas, así como
medidas unilaterales Incompatibles con las reglas del comercio Internacional.
229. Los Jefes de Estado o de Gobierno manifestaron la necesidad que
tienen los países en desarrollo de recibir asistencia técnica y financiera de
los países desarrollados, los organismos internacionales y las instituciones de
comercio, con el fin de aprovechar las nuevas oportunidades del sistema
multilateral de intercambio y promover la diversificación de sus exportaciones.
Resaltaron que los países desarrollados deben desempeñar un papel más activo en
el fortalecimiento de la capacidad de los países en desarrollo para que éstos puedan
participar eficazmente en el sistema como actores de pleno derecho.
230. Los Jefes de Estado o de Gobierno resaltaron la importancia de
permitir que la UNCTAD desempeñe a cabalidad su papel como punto focal esencial
del sistema de las Naciones Unidas, para que, entre otras cosas, promueva el
comercio y el desarrollo en los países en desarrollo. Reconocieron que la
UNCTAD es el único foro dentro de las Naciones Unidas en el cual los temas de
desarrollo son discutidos de manera integral y se abordan las interconexiones
entre temas y sectores, así como entre países y regiones. Por lo tanto,
reafirmaron el fuerte compromiso del Movimiento de Países No Alineados para
fortalecer a la UNCTAD, incluidas sus acciones para la dotación de recursos
adecuados por parte de los países desarrollados y expresaron su firme
determinación de oponerse a cualquier tentativa que debilite o socave los
aportes de la UNCTAD al proceso de desarrollo de los países en desarrollo.
231. Los recientes acontecimientos y cambios institucionales en el
mundo, entre ellos la creación de la Organización Mundial de Comercio, han
reforzado la necesidad de que la UNCTAD sea un foro orientado hacia la
formulación de políticas con una sólida perspectiva de desarrollo. Consideraron
necesario que los resultados de las deliberaciones intergubernamentales de ese
organismo estén mas orientados hacia las políticas y la acción, y que los
países en desarrollo tengan una mayor participación en la planificación de este
organismo. Convinieron en que la formulación de políticas no debe ser
monopolizada por un pequeño grupo de países, y resaltaron que la UNCTAD, en su
carácter de foro internacional, puede ayudar a corregir estos desequilibrios,
al ofrecer a los países en desarrollo una selección más amplia de políticas,
con lo cual se fomenta el diálogo referente al desarrollo. En la formulación y
dirección de nuevas políticas es vital adoptar un enfoque equilibrado para su
análisis, que tome en cuenta la capacidad limitado de los países en desarrollo
para adaptarse a las nuevas responsabilidades multilaterales, así como las
limitaciones a que se enfrentan.
232. Los Jefes de Estado o de Gobierno reafirmaron el papel primordial
de la UNCTAD como foro internacional para las deliberaciones y negociaciones
Intergubernamentales, para fomentar políticas y consolidar el consenso, así
como para la supervisión, ejecución, seguimiento y cooperación técnica, con
miras a acelerar el crecimiento económico y el progreso, sobre todo en los
países en desarrollo. Señalaron que la UNCTAD representa un foro idóneo para
forjar un consenso sobre temas nuevos y sentar las bases para las negociaciones
de otros acuerdos comerciales en foros apropiados. Reafirmaron su apoyo al
mandato de la UNCTAD para el tratamiento integral de temas relativos al
desarrollo y vinculados a este, incluido el comercio, los productos básicos,
las finanzas, las inversiones, la deuda externa, los servicios, la tecnología y
el medio ambiente. Recalcaron la importancia fundamental de permitir a la
UNCTAD cumplir cabalmente su mandato.
233. Los Jefes de Estado o de Gobierno hicieron un llamado a la UNCTAD,
dentro del ámbito de los preparativos para la UNCTAD-IX, a prestar mayor
atención a los temas prioritarios para el desarrollo y a identificar formas de
identificar al máximo el impacto que tiene el desarrollo sobre la globalización
y la liberalización, a la vez que reduce los peligros de la inestabilidad y la
marginalización. Solicitaron a la UNCTAD estudiar las tendencias y los
problemas de la economía mundial, sobre todo aquéllos que tienen un impacto
sobre los países en desarrollo y proponer políticas y medidas, que aborden los
temas previstos, tanto a nivel internacional como nacional. Instaron a la
UNCTAD a fortalecer su papel como generador de ideas para los países en
desarrollo en el contexto de un entorno económico mundial cambiante y a
identificar, examinar y presentar rumbos alternos hacia el desarrollo.
234. Los Jefes de Estado o de Gobierno exhortaron a la UNCTAD a cumplir
las siguientes tareas en el ámbito del desarrollo
- desarrollar un trabajo
conceptual a través de análisis y pronósticos objetivos; analizar ideas y
conceptos con miras a identificar sus implicaciones para los países en
desarrollo y sugerir las medidas correctivas;
- reactivar y fortalecer
su papel en el campo del comercio, el desarrollo y temas conexos, tales como
normas de inversión, políticas de competencia, flujos financieros, medio
ambiente, promoción del sector de servicios en países en desarrollo, ciencia y
tecnología, transferencia tecnológica y cooperación e integración regionales;
- evaluar el impacto de la aplicación de los acuerdos de la Ronda
Uruguay, identificando las oportunidades de acceso al mercado y sugiriendo
medidas para mitigar los posibles efectos negativos;
- fortalecer su papel en las áreas del Sistema Generalizado de
Preferencias y en la agilización del comercio;
- apoyar a los países en desarrollo en la formulación de políticas y
estrategias dentro de áreas específicas, incluidos el desarrollo de la
infraestructura y la expansión de pequeñas y medianas empresas.
235. Los Jefes de Estado o de Gobierno expresaron su satisfacción por el
ofrecimiento de la sede de la novena sesión de la UNCTAD por parte del Gobierno
de la República de Sudáfrica en Johanesburgo, del 26 abril al 11 mayo de 1996,
y esperan que UNCTAD IX sirva como medio para consolidar el mandato y el papel
de la UNCTAD en materia de comercio y desarrollo y ofrezca directrices de política
importantes para el logro del desarrollo global. Se comprometieron a poner en
marcha un programa exitoso de preparación y ejecución de la UNCTAD IX.
236. Los Jefes de Estado o de Gobierno declararon que es indispensable
contar con una coordinación efectiva de las posiciones del Movimiento para
renovar y mejorar el esquema del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP),
con miras a estimular significativamente un acceso mayor y estable a los
mercados de los países desarrollados para sus exportadores de productos
básicos, manufacturas y servicios. Reafirmaron su oposición a las restricciones
del SGP como herramientas de coerción que reflejan tendencias proteccionistas
en los países desarrollados. Acordaron que existía una urgente necesidad de
mejorar los esquemas del SGP mediante la ampliación de la cobertura de
productos, reducción o eliminación de aranceles SGP en detrimento de las
cláusulas de Nación Más Favorecida (NMF) de la Ronda Uruguay, ampliación de los
esquemas para incluir nuevos productos de interés para los países en desarrollo
y el establecimiento de criterios objetivos para la graduación. Expresaron su
preocupación de que se debiliten los esquemas al someterlos a nuevas
condicionalidades. En este contexto, también hicieron un llamado a los donantes
del SGP a simplificar y armonizar las normas de origen.
237. Los Jefes de Estado o de Gobierno condenaron el hecho de que
algunos países, haciendo uso de su posición predominante en la economía mundial
siguen intensificando la adopción de medidas coercitivas unilaterales contra
los países en desarrollo contrarias al derecho internacional, como son las
restricciones del comercio, bloqueos, embargos, congelación de bienes, con el
fin de evitar que estos países ejerzan su pleno derecho a determinar su sistema
político, económico y social y expandir libremente su comercio internacional.
Consideraron que dichas medidas son inaceptables y demandaron su cese
inmediato.
238. Los Jefes de Estado o de Gobierno hicieron un llamado urgente a los
países desarrollados para que pongan fin a todas las condicionalidades
políticas al comercio internacional, la asistencia para el desarrollo y las
inversiones, ya que ellas constituyen una clara contravención a los principios
universales de autodeterminación, soberanía nacional y no injerencia en los
asuntos internos.
239. Los Jefes de Estado o de Gobierno reconocieron que en muchos países
en desarrollo, y en particular los países menos avanzados, el sector de
productos básicos sigue siendo la principal fuente de ingresos por concepto de
exportaciones, empleos, ingresos y ahorros, a la vez que contribuye
significativamente a alcanzar la meta de desarrollo. Sin embargo el deterioro
de los precios y la desorganización de ciertos mercados de productos básicos
han socavado enormemente los esfuerzos de esos países en pro del desarrollo,
así como su capacidad para cumplir con los pagos de la deuda externa. Hicieron
un llamado para que se eliminen las distorsiones de la oferta y la demanda que
agravan tan incierta situación.
240. Los Jefes de Estado o de Gobierno resaltaron la importancia de
aumentar al máximo la contribución de los productos básicos al crecimiento
económico y al desarrollo, en particular en países que dependen de los mismos.
En este sentido, subrayaron la necesidad de mejorar el funcionamiento de los
mercados internacionales de productos básicos a través de la determinación
eficaz, transparente, estable y adecuada de los precios. Solicitaron también
apoyo internacional a los esfuerzos realizados por los países en desarrollo
para modernizar y diversificar sus sectores de productos básicos, con el fin de
aumentar el ingreso de divisas y mejorar su competitividad a la luz de la
persistente inestabilidad de precios y el deterioro general de los términos del
comercio.
241. Los Jefes de Estado o de Gobierno se comprometieron a robustecer la
cooperación internacional en la esfera de los productos básicos. Exhortaron a
la comunidad internacional a apoyar los esfuerzos de los países en desarrollo
por mejorar el procesamiento, la comercialización, la distribución y el
transporte de sus productos básicos y en este contexto, aprovechar los nuevos
avances de la ciencia y la tecnología. Instaron a los países desarrollados a
mejorar el acceso a sus mercados mediante el desmantelamiento de las barreras
arancelarias y no arancelarias, y la abolición de los subsidios que
obstaculizan la exportación de productos básicos de los países en desarrollo.
242. Los Jefes de Estado o de Gobierno recalcaron la necesidad de poner
en marcha los acuerdos y convenios vigentes sobre productos básicos y concertar
otros. Acogieron con beneplácito las políticas adoptadas por la UNCTAD en
relación con la participación plena y activa de consumidores y productores en
los acuerdos y convenios internacionales sobre productos básicos. Consideraron
que el Programa Integrado de Productos Básicos y el Fondo Común para los
Productos Básicos, aprobados tras intensas negociaciones, pero casi abandonados
en la actualidad, merecen ser reexaminados. Asimismo, señalaron que deben
promoverse medidas complementarias como la diversificación de las exportaciones
y el mejoramiento de la calidad y competividad de los productos básicos. El
financiamiento compensatorio de los déficit causados por caídas en los ingresos
por concepto de exportación de productos básicos de los países en desarrollo
deben considerarse como parte integrante y complementaria de las medidas
internacionales en esta materia. Encontraron apropiado que la UNCTAD reinicie
las consultas relativas a la propuesta de convocar una conferencia
internacional sobre productos básicos.
Temas financieros y monetarios
243. Los Jefes de Estado o de Gobierno afirmaron que la ejecución de los
compromisos adoptados por diversas conferencias internacionales en los campos
económico y social requieren la movilización de un volumen sustancial de
recursos nuevos y adicionales hacia los países en desarrollo. No basta recurrir
al reordenamiento de las prioridades o a la reasignación de los presupuestos
nacionales ni a la Asistencia Oficial para el Desarrollo. Instaron a los países
desarrollados que aún no lo hayan hecho, a cumplir, antes del año 2000 con el
compromiso de destinar el 0,7% de su PNB a la asistencia oficial para el
desarrollo.
244. Los Jefes de Estado o de Gobierno expresaron su apoyo al
"concepto 20/20" acordado en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo
Social, por medio del cual se convoca a un compromiso mutuo entre países
desarrollados y países en desarrollo interesados, con el fin de asignar en
promedio un 20 por ciento de la Asistencia Oficial para el Desarrollo y un 20
por ciento de los presupuestos nacionales, respectivamente, a los programas
sociales básicos.
245. Los Jefes de Estado o de Gobierno hicieron constar su preocupación
ante el hecho de que las corrientes financieras se estén desviando cada vez en
mayor medida de los países en desarrollo hasta los países con economías en
transición. Las necesidades de estos países deben ser cubiertas con recursos
adicionales, sin detrimento de los recursos asignados para los países en
desarrollo.
246. Los Jefes de Estado o de Gobierno hicieron notar como los flujos
financieros privados hacia los países en desarrollo se han concentrado en unos
pocos países y sectores, y no compensan los efectos del largo período de
corrientes negativas. Dichos flujos son hoy principalmente de corto plazo, de
carácter especulativo y en muchos casos han generado serios desequilibrios
cambiarios. Urgieron a la comunidad internacional a diseñar un mecanismo de
vigilancia multilateral para el monitoreo de los flujos de capital privado de
corto plazo de los países desarrollados y para salvaguardar a los países en
desarrollo de los efectos adversos producidos por la volatilidad de esos
flujos.
247. Los Jefes de Estado o de Gobierno resaltaron que, no obstante los
esfuerzos de los Países No Alineados y de otros países en desarrollo por crear
un clima propicio para inversión extranjera directa, los flujos actuales de
dicha inversión resultan insuficientes para las necesidades del desarrollo; se
hace necesario garantizar su incremento y su diversificación. El logro de este
objetivo debe facilitarse con la ayuda de los países desarrollados,
especialmente a través de la apertura de sus mercados, y con la participación
de los organismos económicos y financieros internacionales.
248. Los Jefes de Estado o de Gobierno se mostraron preocupados por el
impacto que el nuevo proteccionismo de los países desarrollados tendrá sobre
los flujos de inversión extranjera directa (IED) hacia los países en
desarrollo. Se requiere de un nuevo estímulo y respaldo estratégico a los
flujos de IED por parte de los países donantes a los países en desarrollo, con
el fin de complementar los esfuerzos hechos por los países receptores con miras
a atraer inversiones.
249. Los Jefes de Estado o de Gobierno pusieron de presente que las
medidas adoptadas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional a
través de sus diversos mecanismos concesionarios han resultado insuficientes
frente a los requerimientos del desarrollo. También han sido insuficientes la
cuarta reposición de recursos del Fondo Internacional para el Desarrollo
Agrícola y la Reestructuración y Reposición de Recursos del Fondo para el Medio
Ambiente Mundial. Exhortaron a los países desarrollados donantes a cumplir con
sus compromisos adquiridos en el contexto de la décima reposición de recursos
de la Asociación Internacional para el Desarrollo (AID) y a acelerar las
negociaciones para la undécima reposición de fondos de la Agencia Internacional
de Fomento; mostrándose confiados en que ésta se traduzca en un aumento
significativo de los mismos.
250. Los Jefes de Estado o de Gobierno subrayaron la necesidad de
aumentar la base de capital del Banco Mundial y de los bancos regionales de
desarrollo con el fin de contribuir más eficazmente a movilizar el ahorro
mundial y canalizarlo hacia proyectos y programas de países en desarrollo. Con
este fin, también urgieron a los países desarrollados acreedores a aumentar los
recursos del FMI, incluida la asignación de nuevos Derechos Especiales de Giro
orientados al desarrollo.
251. Los Jefes de Estado o de Gobierno hicieron un llamado a los países
desarrollados para que aumenten, en términos reales, los recursos del Servicio
de Ajuste Estructural (SAE) y del Servicio Reforzado de Ajuste Estructural del
Fondo Monetario Internacional, como medio para suministrar flujos de recursos a
mediano plazo en condiciones concesionarias a los países de bajos ingresos.
Respaldaron también la transformación del ESAF en un servicio financiero permanente
del FMI.
252. Los Jefes de Estado o de Gobierno manifestaron que una vez se
acuerden los Programas de Ajuste Estructural (PAE), éstos deberán ser
totalmente financiados e incluir objetivos de desarrollo social, en particular,
la erradicación de la pobreza, la promoción del empleo pleno y productivo y el
logro de una mayor integración social.
253. Los Jefes de Estado o de Gobierno destacaron la importancia de
fortalecer los fondos, los programas y las agencias especializadas del sistema
de las Naciones Unidas, como canal adecuado de asignación de recursos para la
cooperación internacional. Hicieron un llamado para que se adopten las medidas
que resulten necesarias para garantizar la financiación de las actividades
operativas de las Naciones Unidas sobre una base estable, predecible y segura.
Consideraron que debe corregirse, asimismo, el desbalance generado entre el
volumen de recursos destinados a las operaciones de mantenimiento de la paz y a
las actividades de asistencia humanitaria de emergencia, frente a aquéllos
destinados al desarrollo.
254. Los Jefes de Estado o de Gobierno pusieron de presente que el
sistema monetario y financiero internacional imperante no ha logrado satisfacer
los requerimientos de los Países No Alineados y de otros países en desarrollo,
estimular un crecimiento económico mundial estable, ni crear un clima
financiero propicio para el desarrollo y el crecimiento económico sostenidos.
Las consultas y los procesos de adopción de decisiones en las instituciones
monetarias y financieras multilaterales deben democratizarse. La participación
limitada de los países en desarrollo en dichas consultas y procesos ha
determinado que sus intereses y necesidades queden en gran parte desatendidos.
255. Los Jefes de Estado o de Gobierno observaron que la globalización
de los mercados de capital y la volatilidad de los flujos de capital, las tasas
de interés y los tipos de cambio -que tienen un impacto especialmente adverso
en los países en desarrollo- exigen, entre otras cosas, la reforma al sistema
monetario y financiero internacional. Destacaron que todo estudio acerca del
funcionamiento de dicho sistema y la adopción de toda medida encaminada a su
reforma, deben hacerse con la participación de los países en desarrollo. En
este contexto, consideraron imperativo hacer un examen intergubernamental
completo de las instituciones de Bretton Woods. Se debe hacer un análisis
integrado de las normas y funciones del FMI, el Banco Mundial y los bancos
regionales, dentro del marco global de las Naciones Unidas. Este estudio debe
realizarse sobre una base verdaderamente multilateral y a través de un proceso
democrático.
256. Los Jefes de Estado o de Gobierno propiciaron la idea de crear un
Grupo Ministerial con participación de ministros de los países en desarrollo y
de los países desarrollados para examinar conjuntamente el funcionamiento del
sistema monetario y financiero internacional y formular recomendaciones
tendientes a su reforma. Esta reforma deberá estar orientada, entre otras
cosas, a apoyar las necesidades de los países en desarrollo y a fomentar una
mayor interacción y cooperación entre las instituciones de Bretton Woods y el
sistema de las Naciones Unidas. Apoyaron asimismo la iniciativa de convocar una
conferencia internacional sobre el financiamiento del desarrollo para abordar
los problemas relativos a los flujos de capital, la movilización de recursos,
las restricciones y los riesgos que encaran los países en desarrollo.
Deuda externa
257. Los Jefes de Estado o de Gobierno observaron con preocupación que
la carga de la deuda y el servicio pendiente de muchos países en desarrollo,
especialmente de las naciones con mayor endeudamiento, han aumentado
significativamente en el último decenio y están lejos de ser resueltos. La
reiterada reestructuración de la deuda de estos países desvía los recursos ya
escasos que estarían destinados a atender los problemas de desarrollo económico
y de alivio de la pobreza. Lamentaron que, a pesar de algunas medidas adoptadas
como parte de los compromisos acordados durante ese período, la mayoría de los
países en desarrollo continúe afectada por la crisis de la deuda. Expresaron su
profunda preocupación por los efectos negativos de la deuda externa excesiva
que socavan la capacidad de los países en desarrollo para generar crecimiento
económico y emprender programas de desarrollo.
258. Los Jefes de Estado o de Gobierno manifestaron que la solución al
problema de la deuda sólo podrá derivarse de una concertación entre deudores y
acreedores que tenga en cuenta todas las dimensiones de este problema y que
vaya más allá de adoptar nuevas medidas de alivio, garantizando una
transferencia neta de recursos financieros a los países deudores, impulsando de
esta manera el crecimiento económico. A tal fin, se debe tratar de asegurar la
existencia de un medio económico internacional propicio, mediante el
fortalecimiento de la cooperación internacional a través de, entre otras cosas,
la mejora del acceso al mercado, la relación de intercambio, el acceso a la
tecnología, el sistema monetario y financiero internacional en términos de
estabilidad y de mayor liquidez, así como la transferencia de recursos nuevos y
adicionales para el desarrollo y el crecimiento económico sostenidos de los
países en desarrollo.
259. Los Jefes de Estado o de Gobierno hicieron hincapié en que la
aplicación de medidas que puedan poner en peligro la estabilidad política y las
posibilidades de desarrollo económico y social de los Países No Alineados y de
otros países en desarrollo no constituye alternativa viable a una solución
duradera del problema de la deuda. Cualquier enfoque deberá cubrir todos los
tipos de deuda, incluida la deuda multilateral, y a todos los países en
desarrollo deudores, y contemplar medidas orientadas a un arreglo definitivo
que tenga por objeto la reducción de la carga de la deuda a un nivel que
permita a dichos países reanudar el desarrollo y el crecimiento económico,
mediante una reducción significativa de todas las categorías de la deuda por
parte de los grandes grupos de acreedores, incluidos los acreedores
multilaterales. Exhortaron a que se apliquen más ampliamente mecanismos que han
arrojado resultados positivos, tales como la conversión de deuda en capital, en
medidas de protección a la naturaleza y en medidas de desarrollo social, sin
perjuicio de una solución más duradera como la reducción y/o la cancelación de
la deuda.
260. Los Jefes de Estado o de Gobierno consideraron que para aliviar la
carga de la deuda comercial, los países acreedores deberán, entre otras
medidas, aumentar los recursos asignados a las instituciones financieras
internacionales para la reducción del servicio de la deuda. Destacaron la
necesidad de que los países desarrollados acreedores cancelen la deuda
bilateral de los países de ingresos bajos muy endeudados, los países menos
adelantados y otros países que encaran dificultades especiales. Exhortaron
asimismo a los países desarrollados acreedores a que reduzcan sustancialmente
la deuda bilateral de los demás países en desarrollo.
261. Los Jefes de Estado o de Gobierno subrayaron la necesidad de que el
Club de París continúe aplicando medidas orientadas a reducir la deuda
bilateral, incluida la cancelación u otras medidas de alivio, y que amplíe el
alcance de esas medidas a los diferentes países en desarrollo e incremente los
flujos concesionales de recursos a los países que enfrentan dificultades
especiales.
262. Los Jefes de Estado o de Gobierno recomendaron que, con el fin de
reducir la deuda multilateral de los Países No Alineados y de otros países en
desarrollo, se considere seriamente la posibilidad de utilizar los Derechos
Especiales de Giro y las reservas de oro del FMI (sin ningún perjuicio de los
países en desarrollo productores de oro) y otras modalidades de reducción de
dicho tipo de deuda. Recomendaron además consolidar la asistencia financiera
del Fondo Monetario Internacional y su conversión en asistencia financiera de
largo plazo en términos concesionales, y reescalonar los préstamos de ajuste
estructural del Banco Mundial convirtiéndolos en préstamos de largo plazo y
adoptar medidas similares a las aplicadas por el Club de París.
263. Los Jefes de Estado o de Gobierno invitaron a los países
desarrollados acreedores a otorgar incentivos a aquellos países que, a un gran
costo social y político, siguen cumpliendo sus obligaciones en materia de deuda
externa. Señalaron la necesidad de que el problema de la deuda externa de los
países en desarrollo de mediano ingreso también sea enfrentado con medidas
eficaces de alivio. Manifestaron que, en el caso de la deuda comercial de estos
países, deben aplicarse de manera más flexible las medidas contempladas en la
iniciativa Brady.
Ciencia y tecnología
264. Los Jefes de Estado o de Gobierno expresaron ante todo su sincero
agradecimiento a la República de Colombia por la valiosa donación de este país
a la Humanidad, de la vacuna colombiana contra la malaria desarrollada por el
Profesor Manuel Elkin Patarroyo Murillo y ofrecida a la Organización Mundial de
la Salud (OMS) para su distribución y uso en los países en desarrollo.
Recalcaron que esta valiosa iniciativa constituye un claro ejemplo de
solidaridad y cooperación Sur Sur, que aporta grandes beneficios a los países
del Movimiento de los No Alineados y en particular a los pueblos más afectados
de Africa al Sur del Sáhara.
265. Los Jefes de Estado o de Gobierno destacaron que el progreso de los
países en desarrollo depende de su acceso a la tecnología y del nivel de su
capacidad endógena para desarrollarla. Los Países No Alineados y otros países
en desarrollo están marginalizados por hallarse impedidos de participar en el
proceso de revolución tecnológica. La adquisición de tecnologías y la decisión
sobre la escogencia de aquellas que se ajusten a las necesidades particulares
es un derecho legítimo de los países en desarrollo. Exhortaron a los países
desarrollados a promover y aumentar la transferencia de nuevas tecnologías y
conocimientos técnicos a los países en desarrollo. Se debe permitir que los
países en desarrollo tengan acceso a los avances tecnológicos esenciales para
su desarrollo agrícola e industrial y la competitividad de las exportaciones.
No se les debe impedir el acceso a estas tecnologías y su utilización con fines
pacíficos y de desarrollo so pretexto de que tienen doble aplicación.
266. Los Jefes de Estado o de Gobierno adscribieron especial importancia
a la transferencia de tecnologías ambientalmente sanas y seguras. Consideraron
que las negociaciones en este sentido deberán orientarse a garantizar la
adquisición de tecnologías nuevas, en términos preferenciales y concesionarios,
acompañada del fortalecimiento de la capacidad de los países en desarrollo para
su plena utilización.
267. Los Jefes de Estado o de Gobierno destacaron la necesidad de
promover la cooperación tecnológica mediante nuevos mecanismos de asociación
entre países proveedores y consumidores, mejorar la capacidad endógena para
impulsar el desarrollo científico y facilitar el acceso de pequeñas y medianas
empresas al desarrollo de la tecnología. Recomendaron la adopción de medidas para
facilitar el acceso a tecnologías de propiedad pública y fortalecer los
mecanismos de las Naciones Unidas, en particular la UNCTAD, con el fin de que
pueda cumplir satisfactoriamente sus mandatos en estas materias. Subrayaron que
la transferencia de tecnología no puede dejarse solamente en manos del mercado
o del sector privado. El Estado debe desempeñar un papel importante en la
promoción de la cooperación internacional en esta área.
268. Los Jefes de Estado o de Gobierno manifestaron su preocupación ante
las medidas tendientes a obstaculizar, con fines políticos, la transferencia de
tecnología hacia los países en desarrollo. Los controles impuestos por países
altamente industrializados sobre las exportaciones de tecnologías de doble
aplicación y otros tipos de tecnología delicada no deben utilizarse para
impedir el exceso de los países en desarrollo a la tecnología para fines
pacíficos o de desarrollo. Recalcaron que sólo los países en desarrollo están
en condiciones de decidir el tipo de tecnologías que mejor se adapten a su
dotación de recursos y a sus necesidades.
269. Los Jefes de Estado o de Gobierno subrayaron que la aplicación de
los procedimientos de protección a los derechos de propiedad intelectual debe
tener en cuenta las necesidades de los países en desarrollo de forma tal que no
afecte adversamente los intereses financieros, comerciales, tecnológicos y de
desarrollo de nuestros países. Expresaron que la protección de la propiedad
intelectual debe ser complementada con acciones dirigidas a estimular la
creación de nuevas tecnologías endógenas y emergentes en condiciones
favorables.
270. Los Jefes de Estado o de Gobierno instaron a poner cabalmente en
práctica el Programa de Acción de Viena sobre Ciencia y Tecnología para el
Desarrollo y exhortaron a todos los países, especialmente a los países
desarrollados, así como a las instituciones internacionales, a examinar medidas
para vigorizar el Sistema de Financiamiento de las Naciones Unidas para la
Ciencia y la Tecnología para el Desarrollo, según lo previsto en el Programa de
Acción de Viena. En este contexto, también destacaron el importante papel que
desempeña la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ciencia y Tecnología para
el Desarrollo e instaron a su fortalecimiento.
271. Los Jefes de Estado o de Gobierno reconocieron también la necesidad
de apoyar más aún los esfuerzos de los países en desarrollo en materia de
ciencia y tecnología, a través, entre otras medidas, de las instituciones
financieras multilaterales, la transferencia de tecnología entre empresas
pequeñas y medianas de los países en desarrollo y de los países desarrollados,
los flujos de inversión extranjera directa y el fortalecimiento de los sistemas
de información referentes a tecnologías cónsonas con el medio ambiente.
Industrialización
272. Los Jefes de Estado o de Gobierno coincidieron en que la
industrialización sigue siendo un componente esencial del desarrollo económico
y que, en la economía globalizada de hoy, el éxito económico es sinónimo de la
competitividad industrial y tecnológica. Consideraron que la relevancia y
significación de la ONUDI reside en que siga prestando a sus miembros servicios
que se consideren esenciales para su desarrollo industrial. Su singular
capacidad para hacer análisis imparciales e independientes de los problemas
mundiales, regionales, nacionales y sectoriales que afectan el desarrollo
industrial constituye una fuente de información y asesoría de incalculable
valor para los gobiernos. Su caudal de información sobre tecnologías y procesos
industriales es un activo valioso para la labor de establecimiento y
modernización de fábricas en los países en desarrollo.
273. Los Jefes de Estado o de Gobierno expresaron su satisfacción ante
los esfuerzos constantes de la ONUDI por concentrar sus recursos y actividades
en los problemas que revisten prioridad para los países en desarrollo, por
ejemplo, abordar las necesidades de los pobres -como oportunidades de empleo y
reducción de la pobreza mediante el desarrollo industrial-; promover el
desarrollo industrial ecológicamente sostenible mediante una producción limpia
y segura y eficiencia energética; mejorar la competitividad de las industrias
de los países en desarrollo a nivel internacional en el marco de la
liberalización del comercio y la globalización de la producción y los flujos de
capital; capacitar los recursos humanos con miras al crecimiento industrial
sostenido, y promover la cooperación internacional en materia de inversiones
industriales y tecnología.
274. Los Jefes de Estado o de Gobierno reconocieron la necesidad, a la
luz de la crítica situación actual de la Organización, de apoyar el mandato y
la existencia de la ONUDI y que el proceso de reestructuración de la misma se
lleve a cabo de manera tal que no comprometa los programas referentes a los
países en desarrollo en los niveles nacional y regional. Conscientes de los
nuevos apremios financieros que afectan el presupuesto ordinario de la
Organización, hicieron un llamado a los países desarrollados para que cumplan
con sus obligaciones a ese respecto. Igualmente, se comprometieron a asumir su
parte de responsabilidad en su calidad de contribuyentes. Instaron a todos los
Países No Alineados miembros de la ONUDI a participar activamente en la Conferencia
General de dicho organismo (Viena, diciembre de 1995) y contribuir
positivamente a la adaptación viable de sus programas de dotación de personal y
de presupuesto.
Alimentación y agricultura
275. Los Jefes de Estado o de Gobierno expresaron su profunda
preocupación por el deterioro de la situación mundial en materia de
alimentación y agricultura en los países en desarrollo. Consideraron su deber
el conceder alta prioridad en la agenda internacional a la solución de los
problemas de alimentación y agricultura, y propugnar por que los países
miembros del Movimiento adopten medidas de cooperación para coadyuvar a la
solución de los problemas del hambre en el mundo. Afirmaron que lograr obtener
una seguridad alimentaria debe ser un objetivo fundamental del desarrollo.
Encontraron paradójico que a pesar del incremento sustancial registrado en la
producción mundial de alimentos, el número de personas afectadas por el hambre
y la desnutrición haya aumentado abrumadoramente en los últimos años. La nueva situación
mundial ofrece la oportunidad de manejar los recursos en forma más productiva
para lograr la seguridad alimentaria, en particular la de los más pobres y
vulnerables. En tal sentido, instaron a los países en desarrollo a prestar su
apoyo a la elaboración, por parte de la Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación (FAO), del código de conducta para la
pesca responsable, con miras a preservar los recursos y administrar y
desarrollar recurso bioacuáticos, tomando sobre la base de la preservación de
los ecosistemas y la biodiversidad. Hicieron un llamado a la FAO, otros
organismos especializados pertinentes de las Naciones Unidas y a las
instituciones financieras multilaterales a conceder a los Países No Alineados y
a otros países en desarrollo asistencia prioritaria para fortalecer sus
programas de seguridad alimentaria.
276. Los Jefes de Estado o de Gobierno reafirmaron que el derecho a la
alimentación es un derecho humano fundamental y que su promoción constituye un
imperativo moral por parte de la comunidad internacional. Por lo tanto,
rechazaron enfáticamente el uso de los alimentos como instrumento de presión
económica o política.
277. Los Jefes de Estado o de Gobierno pusieron de presente que a pesar
de los avances registrados al culminar la Ronda Uruguay, los acuerdos sobre
agricultura tan solo conducirán a una liberalización parcial del comercio y
que, aún después de su plena aplicación, persistirán serias distorsiones en los
mercados de productos agrícolas. Manifestaron su profunda preocupación ante los
efectos negativos de estos acuerdos sobre los países menos adelantados y las
naciones importadores netas de alimentos. Por consiguiente, consideraron
necesario emprender estudios en torno al impacto del nuevo sistema multilateral
de intercambio sobre la oferta de alimentos y sus posibles consecuencias sobre
la seguridad alimentaria, particularmente en los países en desarrollo.
278. Los Jefes de Estado o de Gobierno apoyaron decididamente la
convocatoria de una Cumbre Mundial sobre Alimentación para promover la
cooperación internacional en este campo y formular un programa de acción sobre
seguridad alimentaria. Afirmaron que el Movimiento deberá mantener una posición
conjunta frente a esta iniciativa, para lo cual los Ministros de Agricultura de
los países miembros deberán actuar coordinadamente en el marco de la Cumbre y
en su proceso preparatorio.
Medio ambiente y desarrollo
279. Los Jefes de Estado o de Gobierno reafirmaron que el desarrollo
económico y social constituye una prioridad y un derecho fundamental de los
países. El desarrollo sostenible debe ser por tanto examinado dentro del
contexto más amplio del crecimiento económico sostenido. Los Estados tienen el
derecho soberano de explotar sus recursos con arreglo a sus propias políticas
ambientales y de desarrollo.
280. La protección ambiental el crecimiento económico sostenido y el
desarrollo sostenible requieren de la cooperación internacional, basado en el
principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Los Jefes de Estado
o de Gobierno pusieron de relieve que, mientras los problemas ambientales de
los países desarrollados están asociados a patrones insostenibles de consumo y
producción, los que aquejan a los países en desarrollo son en gran medida secuelas
de la pobreza y del subdesarrollo y de sus limitaciones técnicas y financieras.
Por lo tanto, afirmaron que la protección del medio ambiente y el crecimiento
económico deben reforzarse mutuamente. Si bien la Declaración de Río de
Janeiro, la Agenda 21 y otros instrumentos internacionales sobre temas
ambientales dan fe de un nuevo espíritu de asociación y de cooperación en
materia ambiental, los Jefes de Estado o de Gobierno mostraron su preocupación
por el hecho de que, tres años después de haberse celebrado la Cumbre de la
Tierra, no se hayan asignado aún los recursos necesarios para que esos
compromisos se hagan realidad.
281. Los Jefes de Estado o de Gobierno se comprometieron a efectuar los
preparativos, en plena colaboración con el Grupo de los 77, para el período
extraordinario de sesiones de la Asamblea General para examinar el cumplimiento
de los compromisos, las recomendaciones y los acuerdos del Programa de Acción
de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo programado para
1997.
282. Los Jefes de Estado o de Gobierno acogieron con beneplácito la
celebración de la Primera Conferencia de las Partes del Convenio Marco sobre el
Cambio Climático y de la Primera Conferencia de las Partes en el Convenio sobre
la Biodiversidad. Expresaron su agradecimiento al Gobierno de Indonesia por
acoger, en calidad de anfitrión, la Segunda Conferencia sobre la Biodiversidad,
a celebrarse en Yakarta del 6 al 17 de noviembre de 1995, e instaron a los
Países Miembros a que participen activamente. Exhortaron también a todos los
Países Miembros a que apoyen la adopción de un protocolo sobre bioseguridad en
el marco del Convenio sobre Biodiversidad.
283. Los Jefes de Estado o de Gobierno observaron con satisfacción la
conclusión, en junio de 1994, de las negociaciones relativas al Convenio
Internacional de Lucha contra la Desertificación, en Aquellos Países con Serios
Problemas de Sequía y/o Desertificación, particularmente en Africa, así como la
decisión de la Asamblea General de declarar el 17 de junio el Día Mundial de
Lucha contra la Desertificación. Además, exhortaron a la comunidad
internacional a tomar medidas tendientes a la aplicación cabal y efectiva de
este Convenio y sus anexos regionales, así como la adopción de una resolución
sobre medidas urgentes para Africa, sobre todo mediante la provisión de
recursos financieros nuevos y adicionales, y a participar activamente en el
primer período de sesiones de la Conferencia de las Partes que tendrá lugar en
junio de 1997. Hicieron un llamado a los países signatarios que aún no lo hayan
hecho, a adherir o ratificar el Convenio con miras a su pronta aplicación.
284. Los Jefes de Estado o de Gobierno apoyaron las decisiones adoptadas
en el marco del Convenio de Basilea de prohibir, para fines de 1997, todos los
movimientos transfronterizos de desechos peligrosos provenientes de países
miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE) hacia terceros países y urgieron su estricta y severa aplicación.
Declararon que los países pobres no deberán convertirse en depositarios de los
desechos tóxicos generados por los patrones insostenibles de producción y
consumo de los países miembros de la citada Organización.
285. Los Jefes de Estado o de Gobierno exhortaron a la comunidad internacional,
en particular a los países desarrollados, a adoptar las acciones necesarias
para aplicar la Agenda 21, mediante la asignación de recursos financieros
nuevos y adicionales y la adopción de medidas que permitan, a través de la
cooperación científica y técnica y de la apropiada difusión de información, la
transferencia de tecnologías ambientalmente racionales en condiciones
concesionarias y preferenciales.
286. Los Jefes de Estado o de Gobierno observaron con particular
atención los acontecimientos vinculados con la reestructuración del Fondo para
el Medio Ambiente Mundial. Consideraron que los recursos asignados a este
mecanismo deben incrementarse significativamente, con el fin de asegurar la
plena realización de sus objetivos. Resaltaron la necesidad de que las
decisiones del Fondo se tomen en forma transparente y democrática. Se
comprometieron a continuar reforzando la participación conjunta de los países
en desarrollo en las actividades del Fondo, para salvaguardar así sus intereses
comunes, tanto en la orientación de las políticas de ese mecanismo como en la
asignación de los recursos financieros.
287. Los Jefes de Estado o de Gobierno afirmaron que el Fondo para el
Medio Ambiente Mundial no debe constituirse en el único mecanismo para el
financiamiento del desarrollo sostenible y pusieron de presente la necesidad de
insistir en la identificación de otras fuentes de recursos financieros nuevos y
adicionales.
288. Los Jefes de Estado o de Gobierno expresaron su preocupación por el
hecho de que los países desarrollados, ya sea directamente o a través de
instituciones internacionales, recurren a pretextos ambientales para aumentar
los obstáculos al comercio, intervenir en los asuntos internos de los países en
desarrollo e imponer condicionalidades a la asistencia oficial y al
financiamiento del desarrollo, mientras que sus patrones insostenibles de
producción y consumo continúan afectando severamente el medio ambiente.
Enfatizaron que, en ningún caso, la adopción de medidas unilaterales que bajo
estos pretextos restringen el comercio internacional contribuye a la
conservación del medio ambiente; por el contrario, debilita gravemente el
sistema multilateral de comercio.
289. Los Jefes de Estado o de Gobierno resaltaron la importancia de la
biodiversidad como una riqueza estratégica de los países en desarrollo, tanto
por sus valores actuales como potenciales, y coincidieron en afirmar que su
adecuado manejo y conservación son fundamentales para el desarrollo sostenible,
especialmente en las áreas primordiales para las economías nacionales de los
países, como son el aprovechamiento forestal, la agricultura, la pesca, la
salud, la industria y el turismo. Reconocieron que el Gobierno de Guyana donó
un millón de acres de selva tropical virgen para la investigación científica
internacional, que será propiedad de toda la comunidad mundial.
290. A este efecto, los Jefes de Estado o de Gobierno exhortaron a los
Miembros de nuestro Movimiento a trabajar en favor de la puesta en práctica de
los resultados de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Conservación y
el Manejo de las Poblaciones Compartidas y Altamente Migratorias.
291. Los Jefes de Estado o de Gobierno subrayaron la importancia de la
tecnología aplicada a la biodiversidad, como instrumento necesario para obtener
los beneficios derivados de los incrementos de productividad en la agricultura
o de productos nuevos y mejores, de manera que se constituyan en fuente de
seguridad económica y alimentaria para las generaciones futuras. Encontraron
primordial lograr el desarrollo de un marco adecuado que permita garantizar a
los países proveedores de recursos genéticos una participación justa y
equitativa en los proyectos de investigación y desarrollo, y en los resultados
y beneficios que se deriven de este proceso.
292. Los Jefes de Estado o de Gobierno subrayaron que de acuerdo con el
Convenio sobre Biodiversidad Biológica, Transferencia de Tecnología y los
esfuerzos dirigidos a establecer un sistema internacional para la protección de
los derechos de propiedad intelectual, incluidos aquéllos relacionados con
bienes y procesos, deben garantizar una distribución equitativa de los
beneficios provenientes del uso de los recursos genéticos. En este sentido,
recordaron que los países en desarrollo son propietarios de la mayor proporción
de la diversidad biológica del planeta. Los Jefes de Estado o de Gobierno
enfatizaron también que las reglas y los hábitos de las comunidades locales
deben ser respetados e incorporados dentro de las normas del derecho de
propiedad intelectual. El acceso a los mercados no debe constituir un mecanismo
para la imposición de dichas normas.
293. Los Jefes de Estado o de Gobierno observaron que debido, entre
otras cosas, a la falta de suficiente infraestructura para la prevención, la
preparación, la mitigación y el socorro en caso de desastres, los países en
desarrollo seguirán siendo las principales víctimas de los desastres naturales.
Recomendaron que los Países No Alineados apliquen la Estrategia de Yokohama
para un Mundo más Seguro e intensifiquen la cooperación recíproca en el área.
Asimismo señalaron que el progreso en el desarrollo económico contribuiría a
crear la infraestructura necesaria para reducir los efectos de los desastres
naturales en los países en desarrollo, y que los recursos concesionales, junto
con la transferencia de tecnología son fundamentales para fortalecer sus
esfuerzos en este respecto.
294. Los Jefes de Estado o de Gobierno reconocieron que el problema del
agua en el mundo es de carácter estratégico y global. Las reservas hídricas del
mundo están disminuyendo constantemente mientras los requerimientos humanos de
este líquido crecen enormemente. De no corregirse esa situación, la escasez
aguda de recursos hídricos y agua potable podría convertirse en la causa de conmociones
sociales y conflictos internacionales. En este contexto, es necesario que las
organizaciones internacionales competentes, particularmente la Organización
Internacional de Energía Atómica (OIEA), intensifiquen sus esfuerzos por
movilizar y generalizar el uso de técnicas apropiadas, tales como tratamiento
de aguas servidas y desalinización del agua de mar en las condiciones
económicas mas competitivas. En el ámbito de la cooperación internacional, el
problema del agua debe ser objeto de gran prioridad, igualmente deben asignarse
recursos suficientes para el proceso de elaboración de los programas y
presupuestos de las organizaciones internacionales interesadas.
Cooperación Sur-Sur
295. Los Jefes de Estado o de Gobierno reiteraron que la Cooperación
Sur-Sur es un mecanismo esencial para fomentar el desarrollo y el crecimiento
económico acelerados, imprimir un mayor dinamismo a la economía internacional y
promover la reestructuración de las relaciones económicas internacionales. La
Cooperación Sur-Sur brinda nuevas oportunidades para la expansión del comercio
y las inversiones, el acceso a recursos financieros, la transferencia de
tecnologías, el desarrollo de los recursos humanos y otras formas de
cooperación económica, técnica y científica. Aseveraron que sólo el cultivo de
un espíritu de autosuficiencia colectiva y la adopción de estrategias comunes
les permitirá aplicar con eficacia programas socioeconómicos basados en sus
propias iniciativas políticas. Por lo tanto, reafirmaron firmemente su
compromiso de intensificar la cooperación Sur-Sur con miras a lograr mayor
autosuficiencia colectiva de los países en desarrollo.
296. Los Jefes de Estado o de Gobierno manifestaron su satisfacción por
los logros alcanzados en materia de cooperación e integración bilateral
subregional y regional entre los países del Movimiento. El nuevo ímpetu de la
cooperación y de la integración, sumado a la creación y al fortalecimiento de
organizaciones e instituciones subregionales y regionales, contribuirá a
construir una plataforma más sólida de negociación y de diálogo con los países
desarrollados. Observaron, sin embargo, que las posibilidades y el potencial de
la Cooperación Sur-Sur distan mucho de haberse aprovechado plenamente.
297. Los Jefes de Estado o de Gobierno acogieron con beneplácito la
aprobación por consenso de la Resolución 49/96 de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, copatrocinada por el Movimiento de Países No Alineados y el
Grupo de los 77, en la cual se propone convocar a una conferencia de las
Naciones Unidas sobre Cooperación Sur-Sur, y expresaron su firme respaldo para
que la Conferencia se celebre, a más tardar, en 1997. Exhortaron al Comité
Conjunto de Coordinación (CCC) del Movimiento de Países No Alineados y del
Grupo de los 77 a preparar un proyecto de programa de acción que sirva de base
de negociación en la Conferencia.
298. Los Jefes de Estado o de Gobierno acogieron con beneplácito la
adopción de "Las Nuevas Directrices para la CTPD" por parte de la
Reunión de Alto Nivel sobre Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo
(CTPD) en su noveno período de sesiones llevado a cabo en junio de 1995, en
respuesta a la Resolución 49/96 de la Asamblea General. En las nuevas directrices
se exhorta a la reorientación de la CTPD con el fin de que se pueda concentrar
en las iniciativas estratégicas que tengan un impacto importante en el
desarrollo de un gran número de países en desarrollo. Al hacerlo, habría que
concentrarse en importantes temas de desarrollo, tales como el comercio y la
inversión, la deuda, el medio ambiente, la atenuación de la pobreza, la
producción y el empleo, así como la coordinación y el manejo macroeconómicos.
Acordaron que los vínculos operativos entre la CTPD y la Cooperación Económica
entre Países en Desarrollo (CEPD) constituyen un elemento central para la
exitosa adaptación de "Las Nuevas Directrices para la CTPD". En tal
sentido, hicieron un llamado al Comité Conjunto de Coordinación del Movimiento
de Países No Alineados y del Grupo de los 77 a formular recomendaciones, con
insumos del Centro Sur, para la instrumentación de "Las Nuevas Directrices
para la CTPD".
299. Con el fin de facilitar e intensificar la promoción de los
programas y proyectos Sur-Sur, los Jefes de Estado o de Gobierno reiteraron su
convicción de que deben explorarse y aplicarse intensamente enfoques evolutivos
y tripartitas, cuya eficacia ya ha sido demostrada. También hicieron hincapié
en que al promover esos programas y proyectos, se deberían considerar el apoyo
y la asistencia que podrían prestar los países desarrollados y las
instituciones multilaterales pertinentes, incluido el suministro de recursos
financieros con arreglo a los objetivos de la cooperación Sur-Sur.
300. Los Jefes de Estado o de Gobierno expresaron su respaldo a la
decisión de imprimir un nuevo ímpetu al Programa de Acción sobre Cooperación
Económica (PACE) del Movimiento de Países No Alineados. Las actividades
adelantadas en el marco del mismo se han visto afectadas por la escasez de
recursos financieros y la pérdida de Interés de los países miembros.
Consideraron necesario establecer prioridades, orientar las acciones hacia
objetivos más definidos, fijar plazos puntuales para la ejecución de los
proyectos y simplificar sus actividades. Coincidieron en que las instituciones
y mecanismos creados por el Programa son particularmente importantes y por ello
merecen todo su apoyo. Además, pusieron de manifiesto la necesidad de que se
establezcan vínculos sólidos y eficaces entre estas instituciones y mecanismos,
con el fin de facilitar el establecimiento de redes efectivas para el
intercambio de información mediante, entre otras medidas, ejercicios
comparativos de las capacidades y necesidades de los países en desarrollo en
materia de asistencia técnica e intercambio de experiencias.
301. Los Jefes de Estado o de Gobierno subrayaron la necesidad de
ampliar el comercio entre los Países No Alineados. El sistema global de
preferencias comerciales (SGPC) entre países en desarrollo constituye un medio
importante para promover y ampliar el comercio mutuo. Los Jefes de Estado o de
Gobierno instaron a los países que aún no hayan firmado o ratificado el acuerdo
que ampara dichas preferencias a que lo hagan lo antes posible, e invitaron a
otros países en desarrollo a adherirse a él. Urgieron la finalización de la
segunda ronda de negociaciones del sistema de preferencias. Tomaron nota con
reconocimiento del ofrecimiento de la República de Cuba de servir como
anfitrión de la Reunión Ministerial del Comité de Negociación, una va terminada
la ronda.
302. Los Jefes de Estado o de Gobierno indicaron que para aprovechar
plenamente las preferencias del sistema generalizado y lograr una mayor
participación en los mercados, los países en desarrollo deberán modernizar y
hacer más competitivos sus sectores productivos. Es conveniente, además, que
sus bancos centrales, sus ministerios de finanzas y sus instituciones
financieras busquen una mayor interacción con el fin de promover el comercio y
otras actividades de cooperación económica Sur-Sur, en particular lo tocante a
nuevas formas de financiamiento del comercio y al fortalecimiento de los
arreglos de pagos bilaterales y multilaterales entre dichos países.
303. Al reconocer la evolución de las capacidades financieras de algunos
países en desarrollo, los Jefes de Estado o de Gobierno señalaron la necesidad
de promover, mediante la conclusión de acuerdos laterales y multilaterales
estipulados en términos favorables y competitivos, los flujos de inversión
directa entre países en desarrollo, lo que a su vez generarla mayores mercados
en los ámbitos bilateral, subregional, regional e interregional.
304. Los Jefes de Estado o de Gobierno manifestaron su convicción de que
la cooperación e integración económica regional y subregional puede desempeñar
un importante papel en la promoción de la cooperación Norte-Sur y Sur-Sur y
contribuir a la paz y seguridad mundiales. Invitaron a la comunidad
internacional a prestar su total apoyo a los esfuerzos de los países en desarrollo
dirigidos a incrementar la cooperación regional y subregional, y a profundizar
el desarrollo. En tal contexto, tomaron nota de la venidera Conferencia Cumbre
Económica, a celebrarse en Amman del 30 de octubre al 1° de noviembre de 1995,
y manifestaron su esperanza de que esta cumbre contribuya a la promoción de la
cooperación económica regional e interregional en el Medio Oriente y Africa del
Norte, de conformidad con la reunión de la Cumbre de Casa Blanca de octubre de
1994.
305. Los Jefes de Estado o de Gobierno expresaron su satisfacción por el
éxito de la Reunión Ministerial de Países No Alineados sobre Deuda y
Desarrollo: Intercambio de Experiencias, celebrada en Yakarta en agosto de
1994. Reconocieron que el poder de negociación de los países afectados por la
deuda podría reforzarse considerablemente si estuvieren en capacidad de
cooperar en los diversos aspectos del problema de la deuda. Con este fin,
acordaron continuar realizando reuniones, como la celebrada en Yakarta, para
examinar periódicamente la situación de la deuda e intercambiar puntos de vista
y experiencias y adoptar una posición común; fortalecer la cooperación técnica
entre los países en desarrollo en materia de gestión de la deuda y técnicas de
negociación; y mejorar los convenios de cooperación bilaterales que se celebran
entre estos países en el ámbito de la deuda y el desarrollo.
306. Los Jefes de Estado o de Gobierno destacaron la importancia de la
cooperación Sur-Sur en el campo de la ciencia y la tecnología, expresaron su
satisfacción por la adopción del programa ampliado de cooperación por parte del
Centro de Ciencia y Tecnología de los Países No Alineados y señalaron que en
cumplimiento del mismo y con miras a su aplicación se realizaron varias
reuniones, talleres, programas de capacitación y proyectos de colaboración y se
publicaron trabajos en esferas prioritarios, como la teleobservación para la
agricultura, la lucha contra la malaria y el cultivo comercial de tejidos y
biotecnología, telecomunicaciones rurales, tecnologías para la pequeña y
mediana empresa y técnicas de reemplazo de las sustancias que agotan la capa de
ozono. Sin embargo, pusieron de relieve que el Centro de Ciencia y Tecnología
del Movimiento de Países No Alineados necesita un nivel suficiente de compromiso
y de contribuciones financieras para poder desempeñar adecuadamente su papel y
sus funciones. Por lo tanto, instaron a los Países No Alineados y a otros
Países en desarrollo que aún no lo hayan hecho, a suscribir el Estatuto del
Centro y a efectuar aportes en calidad de miembros.
307. Los Jefes de Estado o Gobierno indicaron que el establecimiento de
centros regionales de ciencia y tecnología y la creación de una red entre las
instituciones especializadas de los países en desarrollo pueden dar nuevo
impulso a la cooperación tecnológica Sur-Sur. En este contexto estiman que es
recomendable convocar una reunión de expertos en ciencia y tecnología para
intercambiar experiencias e identificar las recomendaciones que deben hacerse a
los miembros del Movimiento. Pusieron de relieve la importancia de apoyar los
acuerdos existentes entre países en desarrollo para el intercambio de
información y experiencias en el campo de la biotecnología e instaron a otros
países en desarrollo a sumarse a esas iniciativas.
308. Los Jefes de Estado o de Gobierno manifestaron su satisfacción por
la creación de la Comisión de Ciencia y Tecnología (COMSTEC) como resultado de
las primeras reuniones de expertos de varios países en desarrollo en Islamabad
en octubre de 1994. La Comisión ayudaría a ampliar el sistema de red de
cooperación Sur-Sur en el campo de la ciencia y la tecnología.
309. Los Jefes de Estado o de Gobierno se mostraron complacidos con los
resultados de la Conferencia de Ministros de Alimentación y Agricultura del
Movimiento de Países No Alineados sobre Seguridad Alimentaria que se celebró en
Ball, Indonesia del 7 al 11 de octubre de 1994. Señalaron que la Conferencia
analizó la magnitud de la escasez de alimentos, así como los indicadores
futuros sobre la escasez continua de productos alimenticios, y definió las
soluciones para este problema, las cuales dependen sobre todo de la
movilización de una acción colectiva con miras a utilizar los recursos
inexplotados en aquellos Países No Alineados que poseen un elevado potencial de
producción de alimentos. Al respecto, subrayaron la necesidad de intensificar
la aplicación de la Declaración de Ball y el Programa de Acción sobre Seguridad
Alimentaria del Movimiento de Países No Alineados y de otros países en
desarrollo, que fue aprobada en la Conferencia.
310. Los Jefes de Estado o de Gobierno resaltaron que la información y
las comunicaciones constituyen un medio esencial para la ejecución eficaz de
los proyectos y programas de Cooperación Sur-Sur. Se comprometieron a facilitar
la ampliación y el afianzamiento de los vínculos entre los países en desarrollo
en estas áreas, mediante la promoción de la cooperación entre los respectivos
centros de intercambio de datos y en particular a través del Centro del Sur de
Intercambio de Datos sobre Inversión, Comercio y Tecnología (SITTDEC) con sede
en Kuala Lumpur para fomentar el comercio, la inversión y las redes de
cooperación.
311. Los Jefes de Estado o de Gobierno reafirmaron su compromiso con la
cooperación Sur-Sur en el campo de la información y la comunicación sobre la
base del principio de autoconfianza colectiva. Exhortaron a la habilitación de
las funciones y el papel del Pool de Agencias Noticiosas No Alineadas (NANAP) y
de las Organizaciones Transmisoras de los Países No Alineados (BONAC), así como
la aceleración de la puesta en marcha de los Nuevos Centros de Información
Internacional recomendados por COMINAC-IV.
312. Los Jefes de Estado o de Gobierno pusieron de relieve que la
Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo (CTPD) es un catalizador
importante para el proceso de desarrollo. En este contexto, apoyaron los
resultados y las recomendaciones de la Reunión Conjunta de Expertos y de las
Personas Encargadas de Formular Decisiones sobre la Estrategia de Crecimiento
Autoimpulsado (SPS) realizada en Yakarta, Indonesia, del 12 al 15 de junio de
1995. Encontraron indispensable promover y fortalecer los programas de CTPD
para fomentar el intercambio sistemático de información y de experiencias en
materia de desarrollo, así como el financiamiento y el apoyo técnico
provenientes de los países donantes y de las organizaciones internacionales.
313. Los Jefes de Estado o de Gobierno dieron su respaldo a la creación
del Centro para la Cooperación Técnica Sur-Sur en Indonesia, como uno de los
medios vitales y eficaces para fomentar y acelerar el desarrollo en los países
en desarrollo. Manifestaron asimismo que el Centro es un ente complementario de
los centros existentes en el Movimiento de Países No Alineados y forma parte
integral de los esfuerzos del Movimiento para consolidar la cooperación
Sur-Sur. Reafirmaron que el país anfitrión del Centro debe mantener los
convenios financieros vigentes de la CTPD en calidad de modelo de
financiamiento operativo del Centro y urgieron a los países en desarrollo y a
los países desarrollados, así como a las organizaciones multilaterales e
internacionales, a que aprovechen los servidos que ofrece el Centro.
314. Los Jefes de Estado o de Gobierno destacaron la importancia de una
mayor cooperación entre los países del Movimiento en los campos de la educación
y la capacitación, factores claves para el desarrollo económico y social. Se
comprometieron a promover los programas de becas y de intercambio estudiantil y
a fomentar la creación de centros de excelencia en los países en desarrollo.
315. Los Jefes de Estado o de Gobierno solicitaron convocar, para 1996,
una conferencia de los Ministros de Cultura de los Estados Miembros con miras a
fomentar la cooperación entre ellos. Hicieron hincapié en la necesidad de
fortalecer aún más la cooperación de los Países No Alineados y de otros países
en desarrollo en las áreas de la cultura, y en este sentido acogieron la
propuesta de realizar el Quinto Festival de Cine de los Países No Alineados y
de otros países en desarrollo por parte del Gobierno de la República
Democrática Popular de Corea, en Pyongyang, en septiembre de 1996, de acuerdo
con el programa de acción en las áreas de educación y cultura.
316. Los Jefes de Estado o de Gobierno expresaron su satisfacción por los
resultados de la Quinta Conferencia de Ministros de Trabajo de Países No
Alineados y otros Países en Desarrollo celebrada a comienzos de 1995 en Nueva
Delhi, en particular la decisión de emprender programas de cooperación entre
países en desarrollo en diversas esferas socioeconómicas que tienen
implicaciones en la mano de obra y el empleo. Apoyaron la resolución de los
Ministros para movilizar y aunar las capacidades de los países en desarrollo en
las áreas de cooperación identificadas en la Declaración de Delhi y en el
Proyecto de Programa de Acción.
317. Los Jefes de Estado o de Gobierno acogieron con Interés la
iniciativa presentada en el marco de la Conferencia Internacional sobre
Población y Desarrollo celebrada en El Cairo, denominada "Socios en materia
de población y desarrollo: Una iniciativa Sur-Sur" y los progresos
realizados en este campo. Consideraron fundamental que todos los países se
sumen a ella, y que los Países No Alineados y otros países en desarrollo
mantengan una coordinación eficaz en el proceso de aplicación de los acuerdos
alcanzados en la Conferencia. Prometieron fomentar el intercambio de
información y de experiencias en lo relativo a métodos, técnicas y modalidades
de ejecución de políticas y programas de población.
318. Los Jefes de Estado o de Gobierno se comprometieron a buscar una
mayor y más eficaz movilización de los sectores empresariales de los Países No
Alineados, con el fin de aprovechar sus capacidades financieras,
administrativas y tecnológicas en la promoción del comercio, las inversiones y
otras formas de Cooperación Sur-Sur. A tal fin, brindarán las facilidades, el
apoyo y los estímulos necesarios para fomentar la cooperación directa entre los
círculos empresariales ya mencionados, mediante la celebración de seminarios,
ruedas de negocios y la promoción de empresas mixtas y de otras actividades de
cooperación industrial.
319. Los jefes de Estado o de Gobierno recomendaron armonizar,
consolidar e integrar en las áreas en que resultaré posible, el Programa de
Acción de Caracas del Grupo de los 77 y el Programa de Acción sobre Cooperación
Económica del Movimiento de Países No Alineados, con el objeto de aprovechar
plenamente las actividades complementarias, lograr mayor eficiencia y evitar la
duplicación de esfuerzos. Estimaron que el Comité Conjunto de Coordinación
entre el Movimiento de Países No Alineados y el Grupo de los 77 debe desempeñar
un papel vital en tal sentido.
320. Los Jefes de Estado o de Gobierno observaron con satisfacción los
avances registrados en la adopción de los Términos de Referencia y la puesta en
operación del Comité Conjunto de Coordinación (CCC) y destacaron la necesidad
de consolidarlo como un medio para fortalecer la coordinación y la cooperación
entre el Movimiento de Países No Alineados y el Grupo de los 77 con el fin de
promover los intereses y las posiciones de los países en desarrollo en las
distintas negociaciones y foros internacionales. Acogieron complacidos el
progreso logrado por el CCC en la consecución de los intereses de los países en
desarrollo reflejados en el documento conjunto entregado por los Presidentes
del Buró de Coordinación del Movimiento de Países No Alineados y del Grupo de
los 77, como co-Presidentes del CCC, el cual incluye el Mensaje del Presidente
del Movimiento de Países No Alineados al Presidente de la Cumbre del Grupo de
los 7 realizada en Halifax, así como los esfuerzos conjuntos realizados para
consolidar el sistema de las Naciones Unidas durante el 49 período de sesiones
de la Asamblea General. Recalcaron que la reunión del Comité será abierta,
según sea el caso, con el fin de permitir una mayor participación por parte de
todos los miembros del movimiento, así como de los miembros del Grupo de los
77. Consideraron necesario establecer una coordinación similar entre el
Movimiento de Países No Alineados y el Grupo de los 77 con respecto a las
actividades de las Naciones Unidas fuera de Nueva York en el campo del
desarrollo y de la cooperación internacional, con el fin de reforzarla
solidaridad y cooperación entre los países en desarrollo.
321. Los Jefes de Estado o de Gobierno recomendaron la realización de
una Reunión Ministerial de Países No Alineados y de otros países en desarrollo
sobre Cooperación Sur-Sur. Invitaron también a las agrupaciones y los
organismos de integración y cooperación de los países en desarrollo a reunirse
en un futuro próximo con el propósito de intercambiar experiencias, explorar
nuevos esquemas de cooperación y formular las propuestas respectivas con miras
a la Reunión Ministerial.
322. Los Jefes de Estado o de Gobierno reconocieron la importancia del
papel y de las actividades del Centro del Sur y recalcaron su compromiso para
apoyar plenamente a este Centro con el fin de que pueda desempeñar sus tareas y
mandatos de manera eficaz. En este sentido acogieron la entrada en vigencia del
Acuerdo para crear el Centro e Invitaron a los Países No Alineados y a otros
países en desarrollo que aún no lo hayan hecho a suscribir el Acuerdo.
Asimismo, expresaron su satisfacción por los resultados positivos de la Primera
Sesión de los representantes del Consejo del Centro del Sur para consolidar más
aún la relación y la cooperación con el Movimiento de Países No Alineados.
Invitaron a los Países No Alineados y a otros países en desarrollo a estudiar
la posibilidad de contribuir a su fondo de capital con miras a asegurar el
autofinanciamiento del Centro.
323. Los Jefes de Estado o de Gobierno Invitaron al Centro del Sur a
según contribuyendo al diseño y la formulación de las posiciones y opiniones de
los países en desarrollo en tomo a diversos temas mundiales en materia de
economía, desarrollo, política y estrategias para las diversas reuniones y
conferencias, especialmente las que se celebran bajo los auspicios de las
Naciones Unidas.
Información y comunicación
324. Los Jefes de Estado o de Gobierno manifestaron su beneplácito ante
los resultados de la IV Conferencia de Ministros de Información y
Comunicaciones de los Países No Alineados (COMINAC-IV), celebrada en Pyongyang
en junio de 1993, y analizaron la situación actual de las relaciones en materia
de información y comunicaciones. Al respecto, coincidieron en que las
desigualdades y desequilibrios prevalecientes en esta área distorsionan la
imagen de los países en desarrollo; también señalaron la urgente necesidad de
establecer un Nuevo Orden Mundial de Información y Comunicaciones basado en los
principios de independencia, progreso, democracia y cooperación mutua.
325. Los Jefes de Estado o de Gobierno reconocieron el importante papel
de las organizaciones internacionales, entre ellas la UNESCO, en el
establecimiento de infraestructuras de información y comunicaciones de los
Países No Alineados y otras naciones en desarrollo. Subrayaron la necesidad de
cooperar con dichas organizaciones y coordinar de manera eficaz las posiciones
de los países en desarrollo con los organismos internacionales pertinentes.
Crítica situación económica en Africa
326. Los Jefes de Estado o de Gobierno estudiaron la crítica situación
económica prevaleciente en Africa. Pusieron de relieve los denomiados esfuerzos
de los Gobiernos y pueblos de dicho continente por superar tan difícil
situación. Sin embargo, manifestaron su profunda preocupación ante la
persistente y crítica situación de la economía en Africa. Señalaron que a pesar
de los numerosos acuerdos y compromisos en esta materia, los resultados
continúan siendo desalentadores, lo cual indica la falta de suficiente voluntad
de la comunidad internacional para enfrentar efectivamente las necesidades económicas
de ese continente. Exhortaron a la comunidad internacional sobre todo a los
países desarrollados y al sistema de las Naciones Unidas, a adoptar, fortalecer
y ejecutar medidas eficaces para apoyar los esfuerzos de los países africanos
en sus procesos de reforma económica. En este contexto, reiteraron su apoyo al
llamado del Rey de Marruecos, que con el respaldo de otros Jefes de Estado o de
Gobierno africanos, instaba a iniciar un plan Marshall para Africa dirigido a
revitalizar el crecimiento y desarrollo económicos de dicho continente.
327. Los Jefes de Estado o de Gobierno declararon que el sistema de las
Naciones Unidas debe, ante todo, proveer medios efectivos, incluidos recursos
nuevos y adicionales, dirigidos al desarrollo del sector social en los países
africanos, con el fin de aliviar los efectos adversos resultantes de la
ejecución de los programas de ajuste estructural a un costo social muy elevado.
Acogieron con beneplácito la aprobación de la resolución 49/42 de la Asamblea
General e hicieron un llamado a ejecutar oportunamente el Nuevo Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo de Africa en los Años Noventa, así como a
consolidar los esfuerzos dirigidos a la diversificación de las economías
africanas.
328. Los Jefes de Estado o de Gobierno expresaron su preocupación ante
los problemas derivados de los desastres naturales y aquéllos causados por el
hombre, incluidos las sequías y la desertificación, fenómenos que agravan aún
más la situación en Africa a pesar de los esfuerzos emprendidos a los niveles
nacional, subregional y regional.
329. Los Jefes de Estado o de Gobierno, si bien subrayaron que el
desarrollo económico y social del continente depende principalmente de los
propios esfuerzos de los países africanos, reafirmaron la importancia de la
asistencia externa como un complemento indispensable de apoyo. En tal sentido,
respaldaron las recomendaciones contenidas en la Declaración de El Cairo sobre
el Desarrollo Económico y Social de Africa, adoptada por el Consejo de
Ministros de la Organización para la Unidad Africana en mano de 1995 y por
otros instrumentos internacionales relacionados con el desarrollo en Africa.
330. Los Jefes de Estado o de Gobierno observaron además, que a pesar de
la renegociación y la condonación de la deuda, los países africanos aún encaran
un agobiante aumento en la carga de la deuda. Aunque la aplicación de los
"Términos de Nápoles" representa un paso alentador hacia la solución
del problema de la deuda bilateral dentro del Club de París, la deuda de los
países africanos de bajos ingresos continúa siendo un grave impedimento para
sus perspectivas de desarrollo. Esta situación se agrava aún más por el flujo
negativo de recursos hacia instituciones financieras multilaterales. El aumento
progresivo de la proporción de la deuda multilateral con respecto al total de
su deuda exige la creación de modalidades adecuadas para llevar a cabo la
reducción de la deuda multilateral. En consecuencia, los Jefes de Estado o de
Gobierno instaron al Banco Mundial para que en cooperación con el FMI
establezca mecanismos que no sólo busquen soluciones duraderas y eficaces al
problema de la deuda multilateral, sino que también ofrezcan recursos
concesionarios adicionales a los países involucrados.
Países menos adelantados
331. Los Jefes de Estado o de Gobierno deploraron el incumplimiento de
los compromisos asumidos por la comunidad internacional para afrontar la
persistente crisis de los países menos adelantados, lo que ha causado serios
perjuicios a sus esfuerzos de desarrollo. En los últimos años, los países menos
adelantados han visto agudizarse su marginación y aumentar su población.
332. Los Jefes de Estado o de Gobierno manifestaron su profunda
inquietud ante las incertidumbres que rodean la reposición de recursos AID. Por
lo tanto, hicieron un llamado a la comunidad internacional, y en especial a los
principales contribuyentes, a mostrar un mayor compromiso con la asistencia
para el desarrollo, ayudando a garantizar la décima reposición de fondos AID ya
asumida como compromiso, y contribuyendo en mayor grado con la undécima
reposición de fondos AID; también la instaron a financiar adecuadamente el
Programa Especial de Asistencia para Africa.
333. Los Jefes de Estado o de Gobierno hicieron un llamado a la
aplicación eficaz, completa y rápida del Programa de Acción para los Países
Menos Adelantados para el Decenio de 1990, con el fin de facilitar la
reactivación y la aceleración del crecimiento económico y el desarrollo
sostenible en esos países. En este sentido, también acogieron los resultados de
la Reunión Intergubernamental de Alto Nivel para el Análisis de Mitad de
Período del Programa de Acción para los Países Menos Adelantados para el
Decenio de los 90 y exhortaron a todas las partes a tomar medidas urgentes para
poner en marcha las recomendaciones de la Reunión de Análisis de Mitad de
Período.
334. Los Jefes de Estado o de Gobierno urgieron a los países
desarrollados a cumplir el compromiso de designar por lo menos el 0,15% de su
PNB a la asistencia oficial para el desarrollo en favor de los países menos
adelantados (PMA) y a procurar alcanzar la meta del 0,20% para el año 2000.
Hicieron un llamado a los países desarrollados, las instituciones financieras
multilaterales y otros acreedores a intensificar sus esfuerzos en favor de una
efectiva, plena y expedita solución a la crisis de la deuda de los PMA. En este
sentido exhortaron a los países desarrollados a condonar todos los tipos de
deuda de los países menos adelantados.
335. Los Jefes de Estado o de Gobierno instaron también a la comunidad
internacional a dar pasos concretos para que los países menos adelantados
logren un acceso más amplio y preferencial para sus exportaciones hacia los
mercados de los países desarrollados y a brindar apoyo en el área del comercio de
servicios, así como en la facilitación de los flujos de inversión extranjera
directa. Expresaron también su respaldo a la compensación para los países menos
adelantados por el posible efecto negativo resultante de la aplicación del Acta
Final de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales; también
brindaron su apoyo a la generación de capacidades para elevar al mínimo las
oportunidades producto de tales acuerdos y, en este sentido, exhortaron a la
comunidad internacional a poner en ejecución las disposiciones complementarias
del Acuerdo de Marrakech en favor de los países menos adelantados.
Países en desarrollo sin salida al mar
336. Los Jefes de Estado o de Gobierno exhortaron a la comunidad
internacional a prestar una atención y apoyo especiales a los problemas y
necesidades de desarrollo específicos de los países en desarrollo y sin salida
al mar, particularmente a través de la cooperación técnica y la asistencia
financiera de los países desarrollados y de las instituciones financieras
multilaterales, con miras a permitir a estos países participar eficazmente en
una economía mundial en rápida globalización. También destacaron que los países
en desarrollo de tránsito afrontan serios problemas económicos y que sus esfuerzos
por desarrollar una infraestructura de tránsito viable también requieren del
respaldo financiero y técnico de la comunidad internacional.
Pequeños Estados Insulares en desarrollo
337. Los Jefes de Estado o de Gobierno subrayaron la necesidad de instrumentar
en forma expedita el Plan de Acción de Barbados para el Desarrollo Sostenible
de los Estados Insulares Pequeños. Al respecto, hicieron un llamado al Programa
de Desarrollo de las Naciones Unidas, como principal actor en esta área, a
intensificar sus esfuerzos de organización del apoyo del Sistema de las
Naciones Unidas en favor de la generación de capacidades en los ámbitos local,
nacional y regional.
338. Los Jefes de Estado o de Gobierno reconocieron el hecho de que
muchos países insulares en desarrollo experimentan limitaciones comerciales y
financieras específicas que se ven agravadas por la creciente frecuencia de
desastres naturales, lo cual se ha traducido en vulnerabilidad económica y
social.
En este sentido, destacaron la importancia de la cooperación
internacional como instrumento de apoyo a las políticas y medidas de los países
insulares en desarrollo dirigidas a mitigar los efectos adversos de estas
limitaciones sobre su desarrollo económico y social.
Capítulo cuarto: Asuntos sociales
Desarrollo social
339. Los Jefes de Estado o de Gobierno registraron complacidos los
resultados de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social llevada a cabo en
Copenhague, Dinamarca, en marzo de 1995. Manifestaron su determinación a
adherirse a los principios y cumplir con los diez compromisos contenidos en la
Declaración adoptada en la Cumbre. Los Jefes de Estado o de Gobierno recalcaron
la urgente necesidad de poner en marcha el Programa de Acción que recomienda
adelantar las acciones para crear, dentro de un marco de crecimiento económico
sostenido y desarrollo sostenible, un entorno nacional e internacional
favorable al desarrollo social, erradicar la pobreza, incrementar el empleo
productivo con miras a lograr el pleno empleo, reducir el desempleo y fomentar
la integración social.
340. Los Jefes de Estado o de Gobierno pusieron de relieve el hecho de
que el logro de los objetivos establecidos en Conpenhague exige la
consideración de propuestas relativas a la provisión de recursos nuevos y
adicionales para financiar el desarrollo social de los países en desarrollo.
341. Los Jefes de Estado o de Gobierno destacaron además la imperiosa
necesidad de promover el desarrollo de los países en desarrollo y afirmaron que
el desarrollo social, conjuntamente con el crecimiento económico sostenido, es
fundamental para colmar las aspiraciones y alcanzar el bienestar de los
pueblos, por lo que es responsabilidad central de los Gobiernos y de todos los
sectores de la sociedad civil llevar a la práctica las metas relativas a la
erradicación de la pobreza, la alimentación, la salud, la educación, el empleo,
la vivienda y la integración social que se comprometieron a alcanzar en
Copenhague. Manifestaron, además, que tal acción debe ser complementada por una
eficaz cooperación internacional.
342. Los Jefes de Estado o de Gobierno recordaron el compromiso
contraído en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social en el sentido de que la
erradicación de la pobreza en el mundo requiere de decisivas acciones
nacionales y la cooperación internacional. La erradicación de la pobreza es un
imperativo ético, social, político y económico que sólo se puede lograr
mediante un enfoque integrado y multidimensional que combine programas
dirigidos a los pobres con políticas y estrategias que satisfagan las
necesidades básicas de todos, garanticen el acceso de todos a los recursos
productivos, oportunidades, servicios públicos, a la vez que aumenten la
protección social y reduzcan la vulnerabilidad. El crecimiento económico
sostenido es crucial para elevar los niveles de vida y eliminar la pobreza.
343. Los Jefes de Estado o de Gobierno enfatizaron la necesidad de
aumentar sustancialmente el gasto público para el desarrollo social en sus
países y exhortaron a la comunidad internacional en particular a los países
desarrollados y a los organismos internacionales, para que asistan en la
provisión de los recursos financieros y técnicos necesarios a los países
desarrollados, con el fin de apoyar sus esfuerzos. Resaltaron que una inversión
semejante destacaría su solidaridad y redundaría en mayor equidad,
productividad y bienestar.
344. Los Jefes de Estado o de Gobierno se obligaron a facilitar y
promover la prestación de servicios más modernos, de mayor cobertura y mejor
calidad, y a brindar atención especial a aquellos sectores cuyo acceso a estos
servidos es limitado. Alentaron la participación de la comunidad en la gestión
del sector social.
345. Los Jefes de Estado o de Gobierno subrayaron el aporte del
desarrollo social al progreso económico, y al logro de mayores condiciones de
equidad, productividad económica, solidaridad social, participación y
tolerancia políticas, y cooperación internacional. Todo lo cual debe traducirse
en avances en competitividad y en índices de desarrollo social más elevados. Se
comprometieron, en consecuencia, a asignarle mayor prioridad a los estratos
sociales más vulnerables y a las regiones menos adelantadas en sus respectivos
países.
346. La generación de empleo productivo constituye un factor vital de
tal estrategia, en la cual deben conjugarse los objetivos del desarrollo social
y económico. La estrategia de crecimiento económico debe conducir a la creación
de más y mejores oportunidades de empleo, al tiempo que la estrategia social
debe resaltar aún más el desarrollo de los recursos humanos, para de esta forma
aprovechar plenamente las oportunidades.
347. Los Jefes de Estado o de Gobierno reiteraron que la educación debe
ser uno de los ejes fundamentales del desarrollo económico y social. Al mismo
tiempo, la cultura y la recreación son factores que enriquecen las relaciones
sociales y permiten reafirmar la identidad de los pueblos.
348. Los Jefes de Estado o de Gobierno manifestaron que las políticas de
desarrollo deben incorporar sistemas de seguro social que permitan ampliar la
cobertura de los servicios de salud y mejorar su eficiencia, incluidos
programas de seguro social para los grupos más vulnerables.
349. Los Jefes de Estado o de Gobierno declararon que un hábitat sano y
seguro es indispensable para mejorar el nivel de vida de la población. Debe
procurarse vivienda y servicios públicos adecuados, mecanismos idóneos de
prevención y atención de desastres, rehabilitación de las áreas marginadas e
instalaciones recreativas, y de otro tipo.
350. Los Jefes de Estado o de Gobierno renovaron su compromiso de
promover la integración social, y luchar por el logro de niveles de
estabilidad, seguridad y justicia basados en el fomento y la defensa de todos
los derechos humanos, en la tolerancia, la no violencia y la no discriminación,
para que todo ello conduzca, dentro de un espíritu de solidaridad, a un mayor
entendimiento entre los pueblos en sociedades más justas y equitativas.
351. Los Jefes de Estado o de Gobierno apoyaron el llamado hecho por el
Presidente de Guyana, S.E. Dr. Cheddi Jagan, para definir una nueva serie de
relaciones entre los Estados que enfatice el logro de la paz internacional
sobre la base de la atención de las necesidades humanas y la justicia social
internacional.
Derechos humanos
352. Los Jefes de Estado o de Gobierno reafirmaron su decidida
determinación de promover y proteger todos los derechos humanos, incluido el
derecho al desarrollo conforme a la Carta de las Naciones Unidas, la
Declaración Universal sobre los Derechos Humanos, así como otros instrumentos
internacionales de derechos humanos, y a los compromisos contraídos en la
Declaración y Programa de Acción de la Conferencia sobre los Derechos Humanos.
Los Jefes de Estado o de Gobierno reafirmaron la posición del Movimiento de Países
No Alineados en el ámbito de los derechos humanos de acuerdo a lo estipulado en
el Documento Final de la Cumbre de Yakarta y la XI Conferencia Ministerial
celebrada en El Cairo en 1994.
353. Los Jefes de Estado o de Gobierno reafirmaron que la democracia, el
desarrollo, y el respeto a todos los derechos humanos y las libertades
fundamentales, incluido el derecho al desarrollo son interdependientes y se
refuerzan mutuamente. La comunidad internacional debe tratar a los derechos
humanos en forma global y de manera justa y equitativa, por igual y con el
mismo énfasis. Los Jefes de Estado o de Gobierno reafirmaron que la promoción y
protección de todos los derechos humanos se debe basar por igual en los
principios de objetividad, imparcialidad y no selectividad, teniendo en cuenta
las características políticas, históricas, sociales, religiosas y culturales de
cada país, a la vez que respeta los principios de soberanía nacional y la no
injerencia en los asuntos internos de los demás países. Reiteraron que los Estados
tienen el deber, independientemente de sus sistemas políticos, económicos y
culturales, de promover y proteger los derechos humanos y las libertades
fundamentales.
354. Los Jefes de Estado o de Gobierno resaltaron que para asegurar la
plena realización de las obligaciones de los derechos humanos internacionales,
la protección y promoción de esos derechos es responsabilidad primaria de los
Gobiernos, con el apoyo y colaboración de las entidades y organismos
pertinentes de las Naciones Unidas para asegurar de esta forma la aplicación de
los instrumentos internacionales pertinentes sobre derechos humanos y las
disposiciones de la Declaración de Viena y el Programa de Acción.
355. Los Jefes de Estado o de Gobierno reafirmaron que la promoción y
protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales dentro del
marco de la cooperación internacional constituye una preocupación legítima de
la comunidad internacional. Enfatizaron que los derechos humanos no deben
utilizarse como instrumentos de presión política, sobre todo contra los Países
No Alineados y otros países en desarrollo. Enfatizaron que debe rechazarse
cualquier intento de utilizar los derechos humanos como una condición para
otorgar asistencia comercial o económica.
356. Los Jefes de Estado o de Gobierno reafirmaron que la Asamblea
General, el Consejo Económico y Social y la Comisión sobre Derechos Humanos son
los organismos responsables de la formulación de políticas, la toma de
decisiones, así como de la protección y promoción de los derechos humanos. Así
mismo reafirmaron la necesidad de racionalizar la tarea de estas instituciones
con miras a evitar la duplicación de esfuerzos y promover el consenso a través
de un sistema de consulta fortalecido.
357. Los Jefes de Estado o de Gobierno resaltaron que debe existir un
equilibrio entre los derechos y libertades fundamentales del individuo, por una
parte, y sus obligaciones ante la sociedad y el Estado, por otra. Reiteraron su
preocupación ante la tendencia a abordar los derechos humanos en forma
selectiva con nuevos fines políticos y a hacer caso omiso de los derechos
económicos, sociales y culturales que están más estrechamente vinculados a las
necesidades humanas básicas.
358. Los Jefes de Estado o de Gobierno recalcaron que la coordinación de
las actividades sobre derechos humanos debe ser llevada a cabo por los
organismos, entidades y dependencias especializadas de las Naciones Unidas
cuyas actividades están vinculadas a los derechos humanos.
359. Los Jefes de Estado o de Gobierno defendieron el espíritu de
cooperación internacional de Viena que debe excluir la explotación del tema de
los derechos humanos para fines políticos, incluyendo el señalamiento selectivo
de determinados países por motivos de otra índole.
360. Los Jefes de Estado o de Gobierno reafirmaron que toda forma de
racismo y xenofobia constituyen una grave violación a los derechos humanos que
debe combatirse mediante todos los medios políticos y jurídicos. Expresaron su
profunda preocupación por el surgimiento de rigurosas políticas de inmigración
en varios países desarrollados, las cuales restringen significativamente el
libre desplazamiento de las personas y generan xenofobia. En este sentido
resaltaron que debe prestarse especial atención a los trabajadores migrantes y
sus familias y exhortaron a todos los países a suscribir los instrumentos
internacionales pertinentes.
361. Los Jefes de Estado o de Gobierno manifestaron que es
responsabilidad del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos aplicar la Declaración de Viena y el Programa de Acción y en este
sentido, exhortaron a la comunidad internacional a apoyar y cooperar con la
labor del Alto Comisionado con el objeto de alcanzar los objetivos estipulados
en estos instrumentos. Manifestaron su satisfacción por la sugerencia del Alto
Comisionado de establecer un diálogo permanente con el Buró de Coordinación de
los Países No Alineados, con miras a informar al Movimiento sobre las gestiones
de este funcionario y a transmitir información generada por el Movimiento
relativa al trabajo realizado por el mismo.
362. Al recalcar la naturaleza indivisible de los derechos humanos, los
Jefes de Estado o de Gobierno hicieron especial énfasis en la importancia que
tiene el derecho al desarrollo para todos los pueblos, como parte integral de
los derechos humanos fundamentales. La adopción, por cualquier causa o
consideraron, de medidas coercitivas y unilaterales, o de normas y políticas
contra los países en desarrollo, constituye una flagrante violación de los
derechos básicos de los pueblos.
363. Los Jefes de Estado o de Gobierno observaron con preocupación el
escaso progreso alcanzado en las negociaciones sobre el derecho al desarrollo.
Exhortaron a los organismos y entidades competentes de las Naciones Unidas a
coordinar las actividades y a elaborar los programas apropiados. Destacaron
asimismo los esfuerzos e iniciativas del Alto Comisionado para los Derechos
Humanos para garantizar la promoción efectiva del derecho al desarrollo.
364. Los Jefes de Estado o de Gobierno reiteraron la necesidad de que el
Secretario General de las Naciones Unidas siga coordinando las distintas
actividades encaminadas a garantizar el derecho al desarrollo, y que el Centro
para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas reciba recursos adecuados.
También hicieron énfasis en la necesidad de adoptar con urgencia medidas
concretas para modificar la distribución desigual de cargos en el Centro para
los Derechos Humanos mediante el nombramiento de personal proveniente de los
países en desarrollo.
365. Los Jefes de Estado o de Gobierno condenaron inequívocamente el
terrorismo internacional como acto criminal y manifestaron que el terrorismo
amenaza la integridad y seguridad territorial de los Estados, debido a los
actos de terrorismo perpetrados dentro de sus fronteras, sobre todo aquéllos
que violan los derechos humanos y en especial el derecho a la vida de los
ciudadanos, actos éstos que destruyen la infraestructura física y económica, y
atentan con desestabilizar los Gobiernos legítimamente constituidos. Expresaron
su determinación de tomar medidas expeditas y efectivas para eliminar el
terrorismo internacional y exhortaron a todos los Estados a cumplir sus
obligaciones dentro del marco del derecho internacional, incluido el
enjuiciamiento y la extradición de quienes ejecuten estos actos, cuando sea
pertinente. Así mismo exhortaron a los Estados a impedir la organización e
instigación del terrorismo contra otros países, tanto dentro como fuera de sus
territorios. Los Jefes de Estado o de Gobierno reafirmaron su apoyo a la
Resolución 46/51 de la Asamblea General del 27 de enero de 1992, que condenó
firmemente todos los métodos y prácticas del terrorismo dondequiera y como
quiera que se cometan, calificándolos de delictivos e injustificables, y exhortaron
a todos los Estados a cumplir con sus obligaciones dentro del marco del derecho
internacional, y abstenerse de organizar, instigar, asistir o participar en
actos terroristas en otros Estados, o de consentir o estimular actividades
dentro de su territorio encaminadas a tal fin.
366. Los Jefes de Estado o de Gobierno hicieron un llamado a todos los
Estados para que apoyen en principio la convocatoria de una Conferencia
Internacional bajo los auspicios de las Naciones Unidas para definir el
terrorismo, diferenciarlo de las luchas de liberación nacional y diseñar
medidas exhaustivas y efectivas para la acción concertada. Así mismo
denunciaron como la forma más grave de terrorismo la violencia indiscriminada
contra los pueblos bajo ocupación extranjera. Los Jefes de Estado o de Gobierno
condenaron el uso del poder del Estado para reprimir y hostigar a civiles
inocentes que luchan contra la ocupación foránea cuando estos ejercen su
derecho inalienable a la autodeterminación. Recalcaron la inviolabilidad de este
derecho y manifestaron que en esta época de mayor libertad y democracia debe
permitirse a las personas que estén bajo ocupación foránea determinar
libremente su destino. En este sentido, también reafirmaron el principio del
Movimiento que indica que la lucha de los pueblos bajo dominio colonial o
extranjero o contra la ocupación por otros países, no constituye terrorismo
cuando se trata de la defensa de la autodeterminación de los pueblos.
367. Los Jefes de Estado o de Gobierno acogieron con satisfacción la
adopción, por parte de la Asamblea General, de la Resolución 49/185 titulada
"Derechos humanos y terrorismo", y renovaron su preocupación por las
violaciones patentes de los derechos humanos perpetradas por grupos terroristas
y reiteraron su condena a todos los actos, métodos y prácticas de terrorismo.
368. Los Jefes de Estado o de Gobierno objetaron la presencia y
participación de individuos y organizaciones que no están comprometidos con los
principios y objetivos de la Carta de las Naciones Unidas, en las conferencias
y reuniones internacionales de este organismo relativas a los derechos humanos
o temas conexos, debido al uso indiscriminado de los privilegios concedidos a
las Organizaciones No Gubernamentales consultoras del Consejo Económico y Social.
Población y desarrollo
369. Los Jefes de Estado o de Gobierno expresaron su satisfacción por
los resultados exitosos de la Conferencia Internacional sobre Población y
Desarrollo, celebrada en El Cairo, Egipto en 1994 y concebida para incorporar
los temas vinculados a la población dentro del contexto del desarrollo.
Señalaron que desde la adopción de la resolución de la Asamblea General
relativa al Informe de la Conferencia Internacional sobre Población y
Desarrollo, ya fueron tomadas las primeras acciones para implementar sus
disposiciones. Hicieron un llamado a la rápida aplicación del Programa de
Acción de El Cairo tal como fuera adoptado y recalcaron la importancia del
papel tanto de la comunidad internacional como del sistema de las Naciones Unidas
para movilizar los recursos necesarios para este fin. También manifestaron su
satisfacción por la Reunión Ministerial de Países No Alineados sobre Población
y Desarrollo llevada a cabo en Ball, Indonesia, en octubre de 1993.
Migración Internacional y Desarrollo
370. Los Jefes de Estado o de Gobierno expresaron su profunda
preocupación por los problemas que enfrentan los trabajadores migrantes y sus
familias, en especial las trabajadoras migrantes, y se comprometieron a dar
atención prioritaria a este asunto y a promover la convocatoria de una
Conferencia Mundial sobre Migración y Desarrollo que analice la situación y
adopte las acciones pertinentes para su tratamiento y solución. Así mismo
hicieron un llamado a todos los Estados, especialmente a los miembros de Países
No Alineados, a hacerse partes del Convenio de las Naciones Unidas sobre la
Protección de todos los Trabajadores Migrantes y sus familias. Exhortaron a los
Estados que aún no han suscrito este Convenio a proceder en tal sentido.
Asentamientos Humanos
371. Los Jefes de Estado o de Gobierno apoyaron plenamente la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos (Hábitat II) que
se llevará a cabo en Estambul Turquía, en 1996, así como su proceso de
preparación. Reconocieron la gran importancia de los dos temas escogidos para
poner en marcha el Plan de Acción Global, a saber, "Asentamientos Humanos
Sustentables en un Mundo Urbanizado" y "Vivienda adecuada para
Todos". El logro de una vivienda adecuada para todos es punto central para
la estabilidad socioeconómica de los asentamientos humanos y sirve de base para
el desarrollo sostenible. Los Jefes de Estado o de Gobierno manifestaron su
apoyo a los esfuerzos por mejorar e incorporar, de alguna forma, la estrategia
Global para la Vivienda hasta el año 2000 al Programa de Acción de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos (Hábitat II), y
exhortaron a la comunidad internacional a proveer en mucho mayor grado apoyo
financiero y de otra índole. Solicitaron a los Países No Alineados participar
activamente, en absoluta cooperación con el Grupo de los 77, en esa importante
conferencia, y a coordinar sus posiciones durante la misma y las reuniones del
comité preparatorio.
372. Los Jefes de Estado o de Gobierno expresaron su optimismo de que
Hábitat II produzca un plan de acción concreto que otorgue un mandato más
idóneo y una capacidad más efectiva para ayudar a los Países No Alineados y a
otros países en desarrollo a abordar los problemas de los asentamientos humanos
y a garantizar una vivienda para todos, ya que la vivienda es uno de los
derechos humanos básicos.
Refugiados, repatriados, desplazados internos
y problemas humanitarios
373. Los Jefes de Estado o de Gobierno profundamente consternados por el
considerable aumento del número de refugiados (de 17 millones en 1992 a 27,4
millones en agosto de 1995) y de desplazados internos (26 millones) en todo el
mundo, instaron a los Estados y a la comunidad internacional a aunar esfuerzos
para proteger y ayudar a las víctimas de esa dolorosa situación, en particular
a las mujeres y a los niños -especialmente los no acompañados- que se
encuentran en estado de vulnerabilidad y constituyen la mayoría de los
refugiados y desplazados internos.
374. Los Jefes de Estado o de Gobierno destacaron la valiosa y eficiente
labor humanitaria desarrollada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados (ACNUR), aún a cosa de la dolorosa e irreparable pérdida de
sus funcionarios, y aplaudieron los constantes esfuerzos de ACNUR por aplicar
los programas de repatriación voluntaria que se han puesto en marcha
satisfactoriamente en varios países de Africa y Asia, con la cooperación y
contribución de los países anfitriones. En este sentido, hicieron un
llamamiento para que los Estados y las organizaciones internacionales
interesados sigan cooperando al máximo de sus posibilidades y coordinando sus
esfuerzos para garantizar la exitosa culminación de los programas de
repatriación voluntaria.
375. Los Jefes de Estado o de Gobierno resaltaron la necesidad de la
asistencia internacional, incluida la asistencia para el desarrollo, con el fin
de encontrar soluciones duraderas y oportunas para los problemas de los
refugiados y los desplazados, incluidos los desplazados internos, y para
mitigar los efectos adversos sobre el entorno económico y social de los países
anfitriones. Instaron a los Estados a tomar las medidas necesarias para
prevenir situaciones que puedan generar nuevas olas de refugiados y de personas
desplazadas.
376. Los Jefes de Estado o de Gobierno invitaron a los Estados que aún
no lo han hecho a adherirse al Convenio de 1951 y al Protocolo de 1967 sobre la
condición de los refugiados, y renovaron sus esfuerzos por preservar el respeto
a la institución del asilo y al principio fundamental de la no expulsión.
377. Los Jefes de Estado o de Gobierno expresaron su manifiesto apoyo a
la labor del Representante Especial del Secretario General de las Naciones
Unidas para los Desplazados Internos, y dentro de este marco apoyaron las
iniciativas tendientes a auspiciar la elaboración de una declaración
internacional sobre un conjunto de principios y normas básicas de protección y
trato humanitario para todos los desplazados internos en cualquier situación o
circunstancia.
378. Los Jefes de Estado o de Gobierno declararon que los importantes
cambios registrados en el mundo en el curso de los últimos años harían pensar
en los medios e instrumentos para una posible disminución del número de
víctimas de conflictos armados. Sin embargo, observaron que, paradójicamente,
han recrudecido la violencia en todas sus formas y los enfrentamientos armados.
La disponibilidad de armas y su bajo costo plantean un grave problema. Además,
sigue siendo motivo de preocupación la fabricación permanente de nuevas armas,
especialmente las que producen ceguera, así como la producción y el empleo
generalizado de minas antipersonales que afectan en particular a la población
civil.
379. Los Jefes de Estado o de Gobierno reiteraron que debe darse
prioridad al conocimiento, respeto y observancia de las normas del derecho
humanitario internacional con base en principios fundamentales y valores
universales cuya instrumentación continúa siendo insuficiente. Se mostraron
convencidos de que el conocimiento, el respeto y la observancia de las normas
del derecho humanitario internacional no sólo contribuye a aliviar el
sufrimiento de todas las víctimas y a brindarles una protección eficaz, sino
que también propicia un ambiente para el diálogo y el restablecimiento de la
paz.
380. Los Jefes de Estado o de Gobierno destacaron la importancia de
promover el respeto al derecho humanitario internacional y a los principios
humanitarios reconocidos universalmente, en particular los señalados por los
cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales de 1977.
Invitaron a los Estados miembros que aún no lo han hecho, a ratificar o
adherirse a los dos Protocolos adicionales al Convenio de Ginebra de 1949.
381. Los Jefes de Estado o de Gobierno recomendaron a los Estados
miembros del Movimiento apoyar a las organizaciones humanitarias con miras a
garantizar que la ayuda de emergencia para las víctimas de conflictos armados
se preste de manera efectiva e imparcial.
382. Los Jefes de Estado o de Gobierno consideraron esencial distinguir
entre los diferentes tipos de actividades operativas de las Naciones Unidas, en
particular las relativas a la asistencia humanitaria y mantenimiento de la paz.
También hicieron hincapié en que, con el fin de mantener la independencia, la neutralidad
y la imparcialidad de la labor humanitaria, las actividades humanitarias y las
acciones políticas y militares deben conservar su propia dinámica individual,
además de objetivos y tareas diferenciados.
383. Los Jefes de Estado o de Gobierno reiteraron que la ayuda
humanitaria no constituye una alternativa a la asistencia para el desarrollo ni
para la solución duradera de los problemas que surgen de la necesidad de
prestar asistencia en emergencias. En este contexto, manifestaron que los
recursos financieros, materiales y humanos destinados a la asistencia en
emergencias no deben provenir de los recursos destinados a la asistencia para
el desarrollo.
384. Los Jefes de Estado o de Gobierno instaron a los Estados miembros
del Movimiento a participar activamente en la XXVI Conferencia Internacional de
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, que tendrá lugar en Ginebra entre el 3 y
el 7 de diciembre de 1995.
Situación de la Infancia
385. Tras examinar los resultados de la Cumbre Mundial sobre la Infancia
celebrada en Nueva York en 1990, los Jefes de Estado o de Gobierno reconocieron
los importantes avances logrados desde entonces en favor de la niñez. Hicieron
un vehemente llamado a los países para que emprendan con carácter prioritario y
dentro de los plazos establecidos, esfuerzos encaminados a cumplir las Metas
para la Infancia y el Desarrollo en la década de 1990, convenidas en el Plan de
Acción para la aplicación de la Declaración Mundial sobre la Supervivencia, la
Protección y el Desarrollo de la Infancia en la Década de los 90. En este
contexto, exhortaron a todos los países para que concluyan e implementen sus
respectivos programas de acción nacional, así como para que tomen todas las
medidas necesarias para cumplir las Metas de la Mitad de la Década a finales de
1995, y las Metas del Final de la Década en el año 2000.
386. Los Jefes de Estado o de Gobierno elogiaron el papel que ha
desempeñado la UNICEF desde su creación en 1946 en pro de la supervivencia, la
protección y el desarrollo de la infancia en el mundo entero, y en particular
en los países en desarrollo, y exhortaron a la comunidad internacional,
especialmente a los países donantes, a suministrar mayores recursos para que la
Organización pueda continuar con su área.
387. Los Jefes de Estado o de Gobierno expresaron su satisfacción por el
hecho de que 180 Estados hayan ratificado el Convenio sobre los Derechos de la
Infancia, e instaron a los pocos Estados que aún no lo han hecho a que adopten
medidas tendientes a su ratificación universal a finales de 1995, como lo
reiteró la Resolución 49/211 de la Asamblea General. Exhortaron a los países a
tomar medidas urgentes para aplicar plena y eficazmente el Convenio tanto a
nivel nacional como global y elogiaron a la UNICEF por su apoyo a este empeño.
388. Profundamente preocupados por la difícil situación de muchos niños
que son víctimas inocentes de conflictos armados en diferentes partes del
mundo, los Jefes de Estado o de Gobierno urgieron a los Estados y a la
Organización de las Naciones Unidas a adoptar medidas concretas que alivien su
dolorosa situación, de conformidad con la Resolución 49/209 de la Asamblea
General de la ONU. Expresaron también su preocupación por las intolerables
condiciones sociales y económicas de los niños que viven circunstancias
particularmente difíciles, tales como desastres naturales, explotación,
analfabetismo, desnutrición, enfermedad, hambre e incapacidad, e instaron a
todos los Estados a intensificar sus esfuerzos para protegerlos.
389. Los Jefes de Estado o de Gobierno reiteraron el llamamiento hecho
en la Cumbre Mundial para el Desarrollo Social para que se diseñen políticas y
programas laborales que ayuden a erradicar la pobreza de la familia, causa
principal del trabajo infantil, que acaben con la explotación del menor y que
motiven a los padres a enviar a sus hijos a la escuela, a través inter alla de
la prestación de servicios sociales y otros incentivos.
390. Los Jefes de Estado o de Gobierno condenaron enérgicamente la
prácticas intolerables tales como el rapto y la venta de niños y de sus
órganos, y la explotación infantil a través de la pornografía, el abuso sexual,
la prostitución y el trabajo infantil, prácticas que han aumentado como
resultado de su creciente demanda en diversos países. Exhortaron a todos los
Estados y a la Organización de las Naciones Unidas a adoptar medidas concretas
para la erradicación de esas prácticas como se establece en la Resolución
49/210 de la Asamblea General. Urgieron hacer esfuerzos especiales para tomar
medidas contra el tráfico y uso de drogas ilícitas, para terminar con la
explotación infantil en este comercio y proteger al niño contra el uso de
estupefacientes.
391. Los Jefes de Estado o de Gobierno expresaron también honda
preocupación por el reclutamiento, la organización y el empleo de niños en los
conflictos armados. Condenaron esa práctica inhumana como amenaza para el
desarrollo cabal y civilizado de la población infantil, y exhortaron a los
Estados a educar a sus niños para que lleguen a ser los futuros líderes de un
mundo donde impere la paz.
Progreso de la mujer
392. Los Jefes de Estado o de Gobierno manifestaron su satisfacción por
el Mensaje de la IV Conferencia Ministerial del Movimiento de Países No
Alineados realizada en Beijing el 1º de septiembre de 1995, así como la
Declaración y el Plan de Acción de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer.
Estos actos constituyen la expresión del compromiso real de los países del
Movimiento dirigido a la adopción de medidas eficaces, la inclusión de las
perspectivas del género, la remoción de los principales obstáculos para el
logro de los objetivos de igualdad entre el hombre y la mujer, el desarrollo y
la paz, y sobre todo la erradicación de la pobreza, el acceso insuficiente y
equitativo a la educación y a los servicios de salud, y la participación en el
proceso de la toma de decisiones, todo ello con el debido respeto a las
creencias religiosas y valores culturales.
393. Los Jefes de Estado o de Gobierno, convencidos de que la mujer
puede desempeñar un papel decisivo en la búsqueda y el logro de la paz,
recalcaron la necesidad de continuar dando el debido reconocimiento a los
derechos humanos de la mujer y de hacer énfasis en la importancia de un acceso
equitativo a todos los aspectos de las actividades de desarrollo, en particular
la educación y la capacitación, la salud, el empleo, el acceso al crédito y el
acceso preferencial a la tenencia de tierras y a la utilización de nuevas
tecnologías. Esta contribución también debe incluir disposiciones relativas a
esfuerzos para desarrollar un entorno político, económico, social y cultural
conducente a la plena integración de la mujer al desarrollo, y a tomar las
medidas necesarias para aumentar la cooperación entre los países en desarrollo y
con los países desarrollados en el fortalecimiento del papel de la mujer en el
desarrollo, lo que le permitirá participar con el hombre, plena y
equitativamente, en todas las actividades de desarrollo, incluido el proceso de
toma de decisiones. Convencidos de que la mujer tiene el derecho de desempeñar
un papel decisivo en todas las esferas de la vida natural, los Jefes de Estado
o de Gobierno hicieron hincapié en la necesidad de seguir promoviendo la
condición de la mujer, así como el disfrute pleno de éstas a todos los derechos
humanos.
394. Teniendo en cuenta que la explotación y la discriminación en contra
de la mujer también se originan en la condición de la niñez en la sociedad, los
Jefes de Estado o de Gobierno reafirmaron su resolución de tomar medidas
eficaces y expeditas para acabar con todas las formas de discriminación contra
la niñez y la mujer. En este contexto, y con carácter prioritario, se
comprometieron a prestar particular atención a la educación de la niñez.
395. Ante la evidente realidad de que el aumento de la extrema pobreza,
especialmente en los países en desarrollo, afecta en mayor grado el papel de la
mujer, quien en muchos casos es jefe de familia, los Jefes de Estado o de
Gobierno declararon que es indispensable que los esfuerzos nacionales e
internacionales para erradicarla orienten prioritariamente hacia el
mejoramiento de la situación de la mujer.
396. Los Jefes de Estado o de Gobierno señalaron que esta alarmante
situación de la mujer es causada, inter alla, por estancamiento económico,
crecimiento económico negativo, crecimiento demográfico continuado y aumento de
la carga del endeudamiento externo, agravada por las reducciones del gasto
público para programas sociales, principalmente de alfabetización y educación.
Afirmaron también que un entorno internacional propiciador puede contribuir a
acelerar el logro de la igualdad entre el hombre y la mujer.
397. Los Jefes de Estado o de Gobierno expresaron su repudio por la
creciente victimización de la mujer, especialmente en situaciones de conflicto
armado, y por el uso sistemático de la violación como instrumento de guerra y
limpieza étnica. Hicieron un llamado para que los países tomen las medidas
necesarias que pongan fin de inmediato a dichas prácticas.
398. Los Jefes de Estado o de Gobierno registraron con satisfacción que
un número creciente de Estados han suscrito el Convenio sobre la Eliminación de
todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y de que varias de las
Partes han retirado las reservas que inicialmente habían formulado, con lo cual
dicho Convenio se ha convertido en uno de los instrumentos internacionales de
derechos humanos con mayor grado de universalidad. Invitaron a los Estados
miembros del Movimiento que aún no lo hayan hecho, a que ratifiquen dicho Convenio
con el fin de cumplir con la meta de alcanzar su completa universalidad para el
año 2000.
Juventud
399. Con ocasión de celebrarse en 1995 el décimo aniversario del Año
Internacional de la Juventud, y preocupados por la persistencia, en algunos
casos agravada, de factores que afectan a los jóvenes en el mundo actual, los
Jefes de Estado o de Gobierno instaron a los Gobiernos y a los organismos
especializados del sistema de las Naciones Unidas a empeñar mayores esfuerzos
en el diseño, mejoramiento y desarrollo de políticas, planes y programas
apropiados para que hacia el año 2000 se cumplan los propósitos que inspiraron
el Programa de Acción Mundial para la juventud.
400. A ese respecto, los Jefes de Estado o de Gobierno acogieron la
adopción de la Resolución 49/152 de la Asamblea General que decidió dedicar
hasta cuatro sesiones plenarias en su quincuagésimo período de sesiones para
celebrar, inter alla, el décimo aniversario del Año Internacional de la
Juventud.
Racismo y discriminación racial
401. Conscientes del importante papel que el Movimiento de Países No
Alineados ha desempeñado en la lucha contra el racismo y la discriminación
racial, los Jefes de Estado o de Gobierno expresaron su preocupación por la
nueva tendencia que presenta el racismo a adoptar prácticas discriminatorias
basadas en la cultura, la nacionalidad, la religión o el idioma, y rechazaron
enérgicamente las manifestaciones contemporáneas del racismo, la discriminación
racial la xenofobia y las formas conexas de intolerancia.
402. Los Jefes de Estado o de Gobierno acogieron con beneplácito el
Programa de Acción revisado para la celebración de la Tercera Década de la
Lucha contra el Racismo y la Discriminación Racial, e instaron a todos los
países a adoptar medidas que a nivel nacional coadyuven al logro de las metas
del Programa de Acción. Recalcaron también la necesidad de convocar, tan pronto
como sea posible, una conferencia mundial contra el racismo y la discriminación
racial y étnica, la xenofobia y otras formas contemporáneas de intolerancia.
Fiscalización Internacional de drogas
403. Los Jefes de Estado o de Gobierno expresaron su honda preocupación
por la grave amenaza que para la sociedad y para las vidas y el futuro de los
niños y los jóvenes constituye el creciente uso indebido de drogas, y por los
efectos desestabilizadores que el uso, la producción, el tráfico y la
distribución ilícitos de narcóticos y sustancias sicotrópicas tienen para los
países afectados. Renovaron su decidido compromiso de luchar contra la producción,
el tráfico, la distribución y el consumo de drogas, en todas sus etapas y
modalidades, así como contra el lavado de dinero, el tráfico de armas,
municiones y explosivos y el desvío de precursores y sustancias químicas
esenciales.
404. Los Jefes de Estado o de Gobierno rechazaron el enfoque
desequilibrado, desigual y selectivo que buscan imponer algunos países
desarrollados, el cual pretende asignar una mayor responsabilidad a un grupo
específico de países, en especial aquéllos donde tiene lugar la fase de la
producción ilícita de estupefacientes y sustancias sicotrópicas. El fenómeno de
las drogas ilícitas y las organizaciones criminales que en él participan
constituye una amenaza común a los países, por lo que requiere del decidido
compromiso de todos los miembros de la comunidad internacional para su
solución.
405. Los Jefes de Estado o de Gobierno reiteraron que la cadena de las
drogas ilícitas se inicia con la comercialización insuficientemente controlada
de los precursores y químicos esenciales para la producción de estupefacientes
y sustancias sicotrópicas, y que se completa con el lavado de dinero a través
de los canales financieros y comerciales internacionales. Consideraron por
tanto que, por su naturaleza global, el problema de las drogas sólo puede
enfrentarse eficazmente mediante la cooperación internacional, basada en el
principio de la responsabilidad compartida donde se articulan las medidas
nacionales con una respuesta global, integral y equilibrada ante el flagelo de
las drogas ilícitas.
406. Los Jefes de Estado o de Gobierno manifestaron su interés por que
todos los países participen en el desarrollo de principios comunes que orienten
los programas de reducción de la demanda dentro de un enfoque integral y
equilibrado. También pusieron de relieve la necesidad de promover la
cooperación en las áreas de rehabilitación de adictos, prevención del abuso de
estupefacientes y medidas de observancia.
407. Los Jefes de Estado o de Gobierno llamaron a la unidad de los
pueblos y a los representantes de los Estados ante todos los foros
internacionales con el objetivo de que el narcotráfico sea considerado y
declarado delito de esta humanidad.
408. Los Jefes de Estado o de Gobierno expresaron su apoyo a la
iniciativa del Gobierno de Colombia de promover un convenio contra el lavado de
dinero. También encomiaron la propuesta de celebrar una conferencia mundial
contra los estupefacientes y sustancias sicotrópicas en 1998, que evalúe, inter
alla, el estado de la cooperación internacional en esta materia y estudie el
diseño de mecanismos internacionales que permitan enfrentar el reto que
representa el crimen organizado transnacional.
409. Por ser la pobreza y la marginalidad factores que agudizan el
problema de las drogas ilícitas en los países en desarrollo, particularmente
debido a que estimulan la siembra de cultivos ilícitos, los Jefes de Estado o
de Gobierno hicieron un llamado para que se aumente la cooperación
internacional de carácter bilateral y multilateral encaminada hacia programas
de desarrollo socioeconómico en las zonas afectadas. Exhortaron también a la
cooperación internacional a que apoye programas para el desarrollo alterno y
para la rehabilitación ambiental en áreas donde los cultivos ilícitos han
producido graves daños ambientales.
410. Los Jefes de Estado o de Gobierno reiteraron enfáticamente que la
lucha internacional contra el uso y el tráfico ilícitos de drogas debe
realizarse en armonía y sin menoscabo de los principios y normas del derecho
internacional establecidos en la Carta de las Naciones Unidas, en particular el
respeto a la soberanía y la integridad territorial de los Estados, y el no uso
o la amenaza de uso de la fuerza en las relaciones internacionales.
411. Los Jefes de Estado o de Gobierno acogieron con beneplácito la
propuesta del Presidente de Panamá, S.E. Ernesto Pérez Balladares, de que su
país sirva de sede de un centro multilateral contra el tráfico ilícito de
narcóticos y sustancias sicotrópicas y delitos relacionados con los
estupefacientes.
412. Los Jefes de Estado o de Gobierno hicieron un llamado a los países
que aún no han ratificado el Convenio de las Naciones Unidas contra el Tráfico
Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, suscrito en Viena, el 20
de diciembre de 1988, a que lo hagan a la mayor brevedad posible. Asimismo,
instaron a la puesta en práctica de la Declaración Política de Nápoles y Acción
Mundial contra el Crimen Organizado Transnacional.
413. Los Jefes de Estado o de Gobierno resolvieron fortalecer la lucha
internacional contra las organizaciones delictivas internacionales de la droga
que plantean graves amenazas a los esfuerzos de construcción y consolidación de
la democracia. Por lo tanto, decidieron consolidar la cooperación internacional
para erradicar los crecientes y peligrosos vínculos entre grupos terroristas,
traficantes de drogas y sus pandillas paramilitares y demás grupos criminales
armados que han recurrido a todo tipo de violencia, socavando con ello las
instituciones democráticas de los estados y violando los derechos humanos
básicos.