CRONOLOGIA
DOCUMENTAL
Naciones Unidas
1996 /1. Situación de los derechos humanos
en Burundi.
Condenó la
violencia que se sigue ejerciendo contra las poblaciones civiles, en particular
los refugiados, las personas desplazadas y el personal humanitario
internacional, así como los asesinatos de funcionarios gubernamentales, los
intentos de socavar la legitimidad del gobierno y las matanzas de civiles que
siguen ocurriendo en ese país.
Exhortó a
las autoridades burundianas a poner fin a la situación de impunidad que reina
en ese país, e instó a los sectores civiles, gubernamentales y militares a
promover el diálogo con miras a la reconciliación nacional.
1996/2. Los derechos humanos en el Golán Sirio
ocupado.
Profundamente
preocupada por los sufrimientos de la población del Golán Sirio ocupado,
causado por la violación a los derechos humanos desde la ocupación militar
israelí en 1967, exhortó a Israel -potencia ocupante- a que desista de
modificar el carácter físico, la composición demográfica, la estructura
institucional y la condición jurídica de ese país, e hizo hincapié en que debe
permitirse que las personas desplazadas puedan regresar a sus hogares y
recuperar sus bienes.
Instó a
Israel a que desista de imponer su nacionalidad a los ciudadanos sirios en el
Golán ocupado. Declaró que todas las medidas, actos legislativos y
administrativos que haya adoptado o pueda adoptar Israel con el propósito de
modificar el carácter y la condición jurídica del Golán Sirio ocupado, son
nulos y constituyen violaciones patentes al Derecho Internacional y al Convenio
de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de personas
civiles en tiempo de guerra. En ese sentido, exhortó a los Estados miembros a
no reconocer ninguno de estos actos.
1996/3. Cuestión de la violación de los
derechos humanos en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina.
Lamentó
profundamente que continúen las violaciones de los derechos humanos en el
territorio palestino ocupado, aún luego de la firma de la Declaración de
Principios sobre las disposiciones relacionadas con un Gobierno Autónomo
Provisional, por el gobierno de Israel y la Organización para la Liberación de
Palestina el 13 de septiembre de 1993.
Particularmente
condenó que aún subsistan las acciones que provocan la muerte y la detención de
miles de palestinos sin juicio previo; la ampliación y el establecimiento de
asentamientos israelíes; la confiscación de los bienes; y la expropiación de
tierras.
Como
consecuencia de ello instó a Israel a poner fin a estas acciones, así como a la
imposición de castigos colectivos, a la demolición de casas y al cierre del
territorio palestino.
Por
último, pidió a Israel que se retire del territorio palestino, incluida
Jerusalén, y demás territorios árabes ocupados.
1996/4. Asentamientos israelíes en los
territorios árabes ocupados.
Tomó nota
de que la cuestión de los asentamientos israelíes en los territorios ocupados
será examinada en las negociaciones sobre el estatuto definitivo de los
territorios, que comenzara en mayo de 1996, y consideró que la cesación total
de la política de expansión israelí facilitará enormemente esas negociaciones.
Instó al
gobierno de Israel a abstenerse de instalar colonos en los territorios ocupados
y reafirmó que la instalación de civiles israelíes en esos territorios es
ilegal, y constituye una violación a las disposiciones del Convenio de Ginebra
de 1949, relativo a la protección de personas civiles en tiempo de guerra.
1996/6. Cuestión del Sahara Occidental.
Expresó la
esperanza de que se resuelvan rápidamente los problemas que demoran la
conclusión del proceso de identificación, así como el Código de Conducta, la
puesta en libertad de los presos políticos, el acontonamiento de las tropas del
Frente Popular para la Liberación de Saguia el Hamra y de Río de Oro y las
disposiciones para reducir las tropas marroquíes en el territorio.
Reafirmó
que el objetivo convenido por todos consiste en la celebración de un referéndum
libre, justo e imparcial para el pueblo del Sahara Occidental.
1996/10. Los derechos humanos y la extrema
pobreza.
Reafirmó
que la extrema pobreza y la exclusión social constituyen una violación de la
dignidad humana y requieren la adopción de medidas urgentes en el plano
nacional e internacional.
Recordó
que es necesario conocer mejor la vida que llevan las poblaciones en la miseria
y proceder en base a la experiencia y a las ideas que ellas transmiten, así
como de las personas que trabajan a su lado.
1996/12. Consecuencia de las políticas de
ajuste económico originadas por la deuda externa en el goce efectivo de los
derechos humanos y, especialmente, en la aplicación de la Declaración sobre el
Derecho al Desarrollo.
Consideró
que, si bien las nuevas estrategias destinadas a resolver el problema de la
deuda exigen la adopción de políticas de ajuste económico, acompañadas de
crecimiento y desarrollo, es indispensable dar prioridad en su aplicación a las
condiciones humanas, especialmente entre los grupos mas vulnerables y de bajos
ingresos.
Destacó la
necesidad de aplicar medidas adicionales de reducción de la deuda, como así
también de que se aporten nuevas corrientes de recursos financieros a los
países deudores en vías de desarrollo.
Afirmó que
los pagos de la deuda no deben tener prelación sobre los derechos básicos de la
población de los países deudores.
1996/14. Efectos nocivos para el goce de los
derechos humanos del traslado y vertimiento ilícito de productos y desechos tóxicos
y peligrosos.
Afirmó que
el traslado y vertimiento ilícito de productos y desechos tóxicos y peligrosos
constituye una amenaza grave para el derecho de todos a la vida y a la salud,
particularmente en los países en desarrollo que carecen de las tecnologías
necesarias para su tratamiento.
Acogió con
satisfacción la decisión adoptada por los Estados partes en el Convenio de
Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos
peligrosos y su eliminación, de introducir una enmienda al mismo por el cual se
prohiba la exportación de esos desechos, incluidos los destinados al reciclaje.
Instó a
todos los gobiernos a que adopten medidas legislativas adecuadas a fin de
prohibir el tráfico internacional ilícito de productos y desechos tóxicos y
peligrosos.
1996/18. Convención Internacional sobre la
Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus
Familiares.
Destacó la
importancia de crear y desarrollar condiciones que promuevan una mayor armonía
y tolerancia entre los trabajadores migrantes y el resto de la sociedad del
Estado en que residen, a fin de eliminar las crecientes manifestaciones de
racismo y xenofobia.
Exhortó a
los Estados miembros a que examinen la posibilidad de firmar y ratificar la
Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los
Trabajadores Migratorios y sus Familiares, expresando su deseo de que dicho
instrumento entre en vigor en fecha próxima.
1996/19. La tolerancia y el pluralismo como
elementos indispensables de la promoción y protección de los derechos humanos.
Condenó
categóricamente todos los actos y actividades violentas que atentan contra los
derechos humanos y las libertades fundamentales, la democracia, la tolerancia y
el pluralismo.
Pidió a
los Estados que promuevan y fomenten mediante la educación, la tolerancia, la
coexistencia y las relaciones armoniosas entre los grupos étnicos, religiosos,
lingüísticos y otros. Instó a promover eficazmente los valores del pluralismo
auténtico, el respeto de la diversidad y la no discriminación.
1996/21. Medidas adoptadas para combatir las
formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y otros
tipos análogos de intolerancia.
Observó
que, a pesar de los sostenidos esfuerzos por eliminar el racismo, la discriminación
racial, el antisemitismo, la xenofobia y otras formas conexas de intolerancia,
estos actos persisten e incluso cobran incremento, revistiendo continuamente
nuevas formas, entre ellas la tendencia a establecer políticas basadas en la
superioridad y el exclusivismo de tipo racial, religioso, étnico, cultural y
nacional.
Expresó su
repudio ante las manifestaciones de racismo y discriminación racial contra los
grupos vulnerables de muchas sociedades, condenando el papel de ciertos medios
de comunicación que incitan a actos de violencia motivados por el odio racial.
Asimismo,
pidió a los gobiernos que apliquen y hagan cumplir la legislación para evitar
que se cometan actos de racismo y discriminación, así como también adoptar
nuevas medidas tendientes a su eliminación.
Decidió
ampliar por tres años el mandato del Relator Especial encargado de estudiar
este tema.
1996/24. Trata de mujeres y niña.
Observó
con preocupación el número cada vez mayor de mujeres y niñas procedentes de los
países en desarrollo y de algunos países con economía en transición, que son
víctimas de los tratantes. Asimismo reconoció, que el problema de la trata
afecta también a adolescentes varones.
Exhortó a
los gobiernos de los países de origen, de tránsito y de destino, y a las
organizaciones nacionales e internacionales a tomar medidas para abordar las
causas fundamentales, incluidos los factores externos que promueven la trata de
mujeres y niñas con fines de prostitución y otras formas de comercio sexual,
matrimonios y trabajos forzados.
1996/27. Derechos humanos y las personas con
discapacidad.
Expresó su
preocupación por la utilización indiscriminada de minas antipersonales que
provocan un gran número de discapacidades entre la población civil en todos los
continentes.
Destacó la
responsabilidad de los gobiernos de eliminar o facilitar la eliminación de las
barreras y obstáculos que se oponen a la plena integración y participación en
la sociedad de las personas con discapacidad, y apoyó los esfuerzos de los
gobiernos por formular políticas nacionales para alcanzar objetivos concretos
al respecto.
Tomó nota
con satisfacción de la propuesta del Relator Especial de la Subcomisión de
Prevención de Discriminaciones y Protección de Minorías acerca de la creación
de un mecanismo internacional -ombudsman- para la protección y promoción de los
derechos humanos de las personas con discapacidad.
1996/28. Cuestión de la detención arbitraria.
Expresó su
preocupación ante el Informe suministrado por el Grupo de Trabajo sobre
Detención Arbitraria según el cual, los casos más frecuentes de privación
arbitraria de la libertad están motivados por el ejercicio del derecho a la
libertad de opinión y expresión, y recordó la necesidad de prestar la debida
atención a los casos de detención arbitraria que son resultado de violaciones a
otros derechos humanos y libertades fundamentales.
Asimismo,
destacó que la práctica de la detención arbitraria se ve facilitada y agravada
por varios factores, como el abuso de los estados de excepción, la
inobservancia del principio de proporcionalidad entre la gravedad de las
medidas adoptadas y la situación de que se trata, la definición roga de los
delitos contra la seguridad del Estado y la existencia de jurisdicciones
especiales.
Pidió a
los gobiernos interesados que presten la atención necesaria a los
"llamamientos urgentes" del Grupo de Trabajo sobre una base
estrictamente humanitaria y sin prejuzgar el carácter de la detención.
1996/30. Cuestión de las desapariciones
forzadas.
Se
preocupó por la intensificación y generalización en diversas partes del mundo
de esta práctica, lamentando el hecho de que algunos gobiernos nunca hayan dado
una respuesta circunstanciada sobre casos de desapariciones forzadas que
presuntamente han ocurrido en sus países.
Exhortó a
los gobiernos a que adopten medidas para proteger a las familias de las
personas desaparecidas contra todo acto de intimidación o contra cualquier
maltrato de que pudieran ser objeto.
Pidió al
Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas que preste particular atención a
los casos de niños víctimas de desapariciones forzadas y de hijos de padres
desaparecidos y que coopere estrechamente con los gobiernos interesados en la
búsqueda e identificación de esos niños.
1996/32. Los derechos humanos en la
administración de justicia, en particular los de los niños y menores detenidos.
Se
preocupó por la gravedad y la brutalidad con que los niños y los menores son
utilizados como instrumentos para actividades delictivas, y en particular por
sus necesidades especiales mientras están privados de libertad.
Instó a
los Estados a que tomen las medidas adecuadas para garantizar el cumplimiento
del principio de que sólo como último recurso se debe privar de libertad a los
niños y menores y por el menor período de tiempo posible, en particular antes
del juicio. Asimismo, que se garantice que los niños y menores detenidos o
encarcelados estén separados de los adultos.
1996/35. El derecho de restitución,
indemnización y rehabilitación de las víctimas de violaciones graves de los derechos
humanos y las libertades fundamentales.
Tomó nota
con interés de la positiva experiencia de países que han establecido políticas
de reparación a las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos, e
instó a la comunidad internacional a dar mayor atención al derecho de
restitución, indemnización y rehabilitación de las mencionadas víctimas.
1996/46. Protección de los derechos humanos de
las personas infectadas con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y con el
síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA).
Se
preocupó por el hecho de que las personas infectadas por el VIH o enfermas de
SIDA, así como los que se supone que están infectados, continúen siendo objeto
de discriminación en la ley, en la política y en la práctica.
Exhortó a
los Estados a que adopten todas las medidas necesarias, en particular medidas
de educación e información, con el objeto de facilitar conductas responsables.
1996/47. Derechos humanos y terrorismo.
Deploró el
número cada vez mayor de personas inocentes, entre ellas mujeres, niños y
personas de edad, que son asesinadas, masacradas y mutiladas por terroristas en
actos indiscriminados y arbitrarios de violencia y terror que no pueden
justificarse bajo ninguna circunstancia.
Expresó su
solidaridad con las víctimas del terrorismo y reiteró su condena inequívoca a
todos los actos, métodos y prácticas terroristas.
Exhortó a
los Estados a que adopten todas las medidas necesarias para prevenir, combatir
y eliminar el terrorismo.
Asimismo,
instó a la comunidad internacional a intensificar la cooperación regional e
internacional en la lucha contra el terrorismo con el objeto de erradicarlo.
1996/49. La eliminación de la violencia contra
la mujer.
Condenó
todos los actos de violencia sexista contra la mujer y exigió que la misma sea
eliminada del ámbito familiar, comunitario o dondequiera que sea perpetrada o
permitida por el Estado, poniendo de manifiesto el deber que los gobiernos
tienen de evitar el empleo de la violencia contra la mujer y actuar con la
necesaria diligencia para prevenir, investigar y castigar dichos actos,
proporcionando a las víctimas el acceso a un medio de reparación justo y
eficaz, como así también a recibir una asistencia especializada.
Asimismo,
condenó todas las violaciones de los derechos humanos de la mujer en
situaciones de conflicto armado.
1996/51. Derechos humanos y éxodos en masa.
Expresó su
preocupación por la escalada y la creciente magnitud de los éxodos de efugiados
y de los desplazamientos de poblaciones en muchas regiones del mundo.
Acogió con
beneplácito que continúen las consultas interinstitucionales sobre alerta
temprana, con el fin de asegurar tanto la prevención como la preparación para
casos de emergencia.
Deploró la
intolerancia étnica y otras formas de intolerancia, que constituyen una de las
causas principales de los movimientos migratorios forzados, e instó a los
Estados a que adopten todas las medidas para garantizar el respeto de los
derechos de las personas pertenecientes a minorías.
1996/53. Derecho a la libertad de opinión y de
expresión.
Expresó su
preocupación por el gran número de detenciones en muchas partes del mundo, así
como por la discriminación, las amenazas y los actos de violencia y
hostigamiento, incluso persecución e intimidación de personas que tratan de
promover y defender las libertades de opinión y expresión.
Acogió con
satisfacción la liberación de personas detenidas por ejercer esos derechos y
libertades.
Hizo un
llamamiento a todos los Estados para que velen por que todas las personas que
traten de ejercer esos derechos y libertades no sean objeto de discriminación.
1996/69. Los derechos humanos en Cuba.
Deploró la
detención y el hostigamiento de los miembros de la Organización pro Democracia
Concilio Cubano y el que se les haya impedido reunirse libremente y expresar
sus convicciones.
Instó al
gobierno cubano a que dé al Relator Especial la oportunidad de cumplir
plenamente su mandato, en particular permitiéndole visitar Cuba, y a que
aplique las recomendaciones que figuran en su informe.
Acogió con
beneplácito la ratificación por el gobierno de Cuba de la Convención contra la
Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas y Degradantes; y también la
autorización concedida a una delegación de derecho humanos para que visite
Cuba.
1996/71. Situación de los derechos humanos en
la República de Bosnia y Herzegovina, el Estado de Bosnia y Herzegovina, la
República de Croacia y la República Federativa de Yugoslavia (Servia y
Montenegro).
Condenó
todas las violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional
humanitario cometidas durante el conflicto, especialmente en las zonas que
estaban bajo control de las autoproclamadas autoridades servias de Bosnia y
Croacia.
Expresó su
indignación ante la abominable práctica deliberada y sistemática de la
violación, utilizada como arma de guerra en la República de Bosnia y
Herzegovina, pidiendo se proteja y atiende a las víctimas.
Lamentó la
continuación de las violaciones de los derechos humanos en el Estado de Bosnia
y Herzegovina, y el retraso en aplicar las disposiciones del Acuerdo de Paz
relativas a los derechos humanos.
Reconoció
y apoyó la importante labor de las actividades realizadas por el Tribunal
Internacional para el enjuiciamiento de los presuntos responsables de
violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas en el
territorio de la ex-Yugoslavia a partir de 1991, y exigió a los Estados que
colaboren con dicho Tribunal, particularmente en lo relativo a la entrega a las
personas buscadas.
Pidió con
urgencia que las autoridades de la República Federativa de Yugoslavia (Servia y
Montenegro) adopten medidas inmediatas para poner fin a la represión de las
poblaciones no servias de Kosovo, e impidan la violencia contra ellas, como
también que permitan que las personas de origen albanés de Kosovo disfruten de
los derechos políticos y educacionales sin discriminación alguna.