CRONOLOGIA
DOCUMENTAL
Naciones Unidas
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
(Hong Kong).
El Comité
se mostró complacido por el compromiso asumido por Gran Bretaña y Hong Kong a
fin de garantizar la plena aplicación del Pacto de Derechos Civiles y
Políticos.
Celebró la
promulgación de la Carta de Derechos en 1991 y de una ordenanza que prohibe la
tortura, como así también la amplia difusión en materia de derechos humanos en
los distintos ámbitos de la sociedad.
Acogió con
agrado el proyecto para la creación de una Comisión de Igualdad de
Oportunidades para el primer trimestre de 1996, tendiente a eliminar la
discriminación por razones de sexo o discapacidad.
Observó
con preocupación que la Carta de Derechos confiere protección a violaciones a
los derechos humanos cometidas sólo por funcionarios gubernamentales.
Advirtió
la falta de reglamentación en los trámites de urgencia y la preocupación por la
vaguedad del concepto "actos de gobierno", sobre los cuales debe
intervenir el Tribunal de última instancia. Asimismo, repudió la denegación de
justicia frente a denuncias que involucran al Estado o a sus funcionarios y
recomendó la participación de miembros no pertenecientes a la policía en el
Consejo Independiente de Reclamaciones contra la Policía, órgano encargado de
la recepción de denuncias de esa especie.
Sugirió la
creación de una Comisión de derechos humanos, como así también la adopción de
medidas tendientes a eliminar los rasgos discriminatorios que contienen las
ordenanzas, en particular, aquellos que afectan a la mujer.
Instó a
tomar medidas tendientes a mejorar las condiciones de vida de los niños y de
los refugiados vietnamitas, como así también de los deportados que no son
vietnamitas.
Por último
consideró que el actual sistema de elección del Consejo Legislativo de Hong
Kong es discriminatorio por razones de patrimonio o fortuna de sus miembros,
por lo que recomendó la adopción de medidas tendientes a adecuarlo al Pacto.
Suecia.
Expresó su
agrado por la ampliación de facultades otorgadas al Ombudsman contra actos de
discriminación étnica, confiriéndole función de litigante en los procedimientos
del Tribunal de Trabajo, tendiente al logro de la igualdad de remuneración
entre hombres y mujeres.
Destacó la
incorporación al Código Penal del concepto de circunstancias agravantes para
los delitos cuyos móviles fueren religiosos, étnicos, raciales u otros
análogos.
Recibió
satisfactoriamente la creación de la Oficina del Defensor del Niño, la amplia
protección de éstos contra actos de abuso sexual y el sistema de vigilancia de
la adopción internacional.
Celebró la
extensión de la asistencia jurídica gratuita para las víctimas de delitos de
violencia y delitos contra la integridad física.
Recomendó
la adopción de medidas tendientes a garantizar la operatividad, en el ámbito
interno, de los derechos consagrados en el Pacto, como así también el
establecimiento de un mecanismo de aplicación de los dictámenes emitidos por el
Comité, en virtud de lo dispuesto por el Protocolo Facultativo del Pacto.
Instó a
combatir los brotes de xenofobia y de racismo de algunos sectores suecos,
mediante la implementación de campañas educativas en materia de derechos
humanos.
Por
último, consideró necesario el reconocimiento al derecho de revisión, frente a
decisiones de detención, expulsión o denegación de la inmigración o el asilo.
Estonia.
Expresó su
satisfacción por los esfuerzos realizados por el Estado, tendientes a crear un
mejor marco político, constitucional y jurídico a fin de garantizar el respeto
por los derechos tutelados en el Pacto, frente a los vestigios de un pasado
totalitario.
Acogió con
agrado el reconocimiento de la competencia del Comité para la recepción y
examen de las comunicaciones de particulares, en virtud del Protocolo
Facultativo.
Celebró la
incorporación con jerarquía constitucional de los tratados sobre derechos
humanos, al igual que los principios y normas universalmente reconocidas de
derecho internacional, si bien consideró que todavía debía definirse si frente
a una disposición nacional contraria a una disposición del Pacto, la primera
podría ser declarada nula y sin efecto.
Consideró
favorable la adopción de una Ley de Tribunales, a fin de garantizar la
competencia e imparcialidad del Poder Judicial.
Recomendó
la modificación de una disposición en virtud de la cual se fija la obligación
de prestar juramento solemne, como requisito para acceder a cualquier puesto al
servicio del gobierno de un organismo de la administración local, por
considerarla discriminatoria.
Consideró
profundamente negativa la aplicación de la pena capital a casos que no revisten
excesiva gravedad, como así también la ampliación del número de casos en los
que procede. Por tal motivo, instó a acelerar el proceso de promulgación del
nuevo Código Penal en el cual se prevé la abolición de la pena de muerte.
Recomendó
la ampliación del concepto de minorías, el cual alcanza solamente a los
nacionales, y también el reconocimiento del derecho de libre asociación en
distintas esferas, incluso la política.
Solicitó
la revisión de todas las disposiciones de carácter interno que sean
discriminatorias, especialmente en razón de nacionalidad y de idioma,
situaciones estas padecidas especialmente por los rusos.
Instó a la
reglamentación de las indemnizaciones debidas a las víctimas de violaciones a
los derechos consagrados en el Pacto, tanto por parte del Estado como de sus
funcionarios.
Pidió
encarecidamente la presentación de informes sobre la situación de la mujer, al
igual que la implementación de políticas de educación a fin de conseguir la
igualdad entre ambos sexos.
Creyó
necesaria la ampliación del concepto de tortura, haciéndolo extensivo no sólo a
la violencia física, sino también a la coacción y a la tortura psicológica.
Solicitó
la adopción de medidas tendientes a garantizar el debido respeto de los procesados
y condenados, mediante la eliminación de las condiciones de hacinamiento que
estos padecen.
Invitó al
Estado a colaborar con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los
Refugiados, con miras a la regularización de las solicitudes de asilo, y a
considerar la posibilidad de adherirse al Estatuto de Refugiados de 1951 y al
Protocolo de 1967.
Finalmente,
recomendó la capacitación en materia de derechos humanos de todos los sectores
de la población, en especial para los funcionarios judiciales y penitenciarios.
Mauricio.
Manifestó
su agrado por la abolición de la pena de muerte, reemplazándola por la condena
a cadena perpetua.
Destacó la
preocupación del Estado por reformar su legislación a fin de disminuir la
duración de los procesos judiciales y por examinar el sistema de Asistencia
Letrada.
Asimismo,
se mostró complacido por la creación de una dependencia de derechos humanos,
cuyo fin es la presentación de informes a los órganos de Naciones Unidas y por
el establecimiento futuro de un Instituto de Derechos Humanos para la zona del
Océano Indico.
Observó
satisfactoriamente la promulgación de la Ley de Protección de Menores de 1994,
si bien tomó nota con preocupación de la violencia en los hogares, por lo que
instó a tomar medidas a fin de revertir la situación.
En materia
de discriminación, recomendó que fuesen contemplados todos los motivos que
consagra el Pacto y que se establezcan planes de educación a fin de erradicar
especialmente la ejercida contra la mujer.
Solicitó
finalmente el establecimiento de la Junta Independiente para las denuncias
contra la policía y solicitó se garantice un mecanismo mediante el cual se
brinde asistencia letrada en casos de apelaciones al Consejo Privado.
España.
Manifestó
su beneplácito por la adhesión al Protocolo Facultativo en lo relativo a la
abolición de la pena de muerte, como así también por el interés demostrado a
fin de ampliar la difusión de los derechos humanos en escuelas y otros ámbitos.
Consideró
de importancia la promulgación de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del
Menor, ya que permite la futura aplicación de la Convención sobre los Derechos
del Niño.
Celebró
los progresos en la promoción de la igualdad de oportunidades de la mujer en
todos los sectores, al igual que la incorporación al Código Penal de
disposiciones que sancionan actos de discriminación y xenofobia.
Sintió
profunda preocupación frente a la presentación de informes que denotan la
imposición de tortura y malos tratos por parte de los miembros de las fuerzas
de seguridad, y asimismo, expresó su inquietud por el reconocimiento de pruebas
obtenidas bajo coacción como medios aptos en procesos judiciales.
Se alarmó
por la violación del derecho al debido proceso a los sospechosos de pertenecer
a grupos armados y por la prolongada duración de las prisiones preventivas.
Recomendó
la adopción de procedimientos transparentes y equitativos para la investigación
de las denuncias sobre abusos cometidos por la autoridad y la formación de
estos funcionarios en materia de derechos humanos.
Solicitó el
reconocimiento del derecho de apelación de los fallos de la Audiencia Nacional,
en virtud de lo establecido en el Pacto.
Exhortó
finalmente a la modificación de la legislación que determina el momento en el
cual puede oponerse la objeción de conciencia, facultando a hacerlo antes o
después de ingresar a las Fuerzas Armadas.
Zambia.
Consideró
un gran progreso la adopción de un gobierno pluripartidista, el establecimiento
de una comisión para examinar la Constitución del Estado y la implementación de
medidas encaminadas a consolidar el imperio del derecho.
Se alarmó
profundamente por las detenciones sufridas por periodistas, en clara violación
al derecho de libertad de prensa y expresión consagrados en el Pacto.
Otro
aspecto que despertó inquietud fue la falta de independencia del Tribunal
Supremo, demostrada por el hecho de que la elección de magistrados es facultad
del presidente, la cual está sujeta a la ratificación de la Asamblea Nacional
en caso de destitución de los mismos.
En
relación a la situación de la mujer, recomendó la abrogación de ciertos
artículos de la Constitución, a fin de eliminar todas las formas de
discriminación de las cuales son objeto, especialmente en lo referente a la
educación, la política y el trabajo. Solicitó también la adopción de una
política de protección frente a actos de violencia y a disminuir la tasa de
mortalidad derivada de los abortos.
Instó a
las autoridades a velar por la eliminación de los malos tratos, las detenciones
ilegales y la imposición de tortura.
Recomendó
tomar en consideración la posibilidad de abolir la pena de muerte, así como la
ratificación o adhesión del Estado al 2º Protocolo Facultativo del Pacto.
Consideró
necesario el reconocimiento del derecho de revisión de las sentencias y el
aceleramiento de los juicios, a fin de reducir el número de reclusos.
Por
último, exigió el cumplimiento de las cláusulas referentes al tratamiento de
las personas privadas de su libertad, especialmente por parte del personal
penitenciario.
Guatemala.
Consideró
como un factor de entorpecimiento de la aplicación del Pacto, la existencia del
conflicto armado, el cual ha dado lugar a graves violaciones de los derechos
humanos.
Asimismo,
manifestó que el sometimiento del pueblo civil al militar, la gran disparidad
económica y social, la pobreza y el analfabetismo, la falta de oportunidades y
la discriminación contra los indígenas, son factores que contribuyen a la
violación de estos derechos.
Expresó su
satisfacción por el avance del diálogo con miras a poner fin al conflicto
armado y a establecer el estado de derecho. En este contexto, tomó nota de la
firma del Acuerdo Global de Derechos Humanos, de la misión de las Naciones
Unidas en Guatemala, así como del Acuerdo para el reacentamiento de las
poblaciones desarraigadas por el enfrentamiento armado.
Acogió con
agrado la intención del gobierno de conseguir una paz firme y duradera, por
medio de medidas tales como la suspensión del servicio militar obligatorio, que
contribuyeron a la desmilitarización.
Se celebró
la creación de la Oficina del Procurador de Derechos Humanos y la Comisión
Presidencial coordinadora de la política del ejecutivo en materia de derechos
humanos.
Consideró
también como puntos positivos, la aprobación del nuevo Código Procesal Penal,
la promulgación de una nueva ley orgánica del Ministerio Público para la
investigación y el castigo de las violaciones a los derechos humanos, y la
reciente legislación que hace de la tortura, las desapariciones y las
ejecuciones extrajudiciales delitos punibles, con miras a reducir el poder de
los Tribunales Militares y a reforzar la autoridad de los funcionarios
libremente elegidos.
Observó
con gran preocupación la ausencia de una política estatal destinada a combatir
la impunidad y los atrasos y deficiencias de los procedimientos judiciales.
Lamentó el
hecho de que se continúen cometiendo violaciones a los derechos humanos, en
especial los referidos a la vida, a la libertad y a la seguridad de las
personas, frente a casos de desapariciones, torturas, castigos inhumanos,
arrestos o imposición de penas de muerte sin cumplir los requisitos legales.
Se lamentó
por ciertas costumbres y tradiciones que discriminan a la mujer, al igual que
el cuadro de violencia dentro de la familia que afecta no sólo a la mujer sino
también a los niños.
Se
inquietó por las restricciones al derecho de asociación en lugares de trabajo y
por el empleo de intimidación a los miembros de los sindicatos.
Se alentó
un profundo análisis del marco jurídico para la protección de los derechos
humanos e instó al gobierno a investigar y a poner a disposición de la justicia
los responsables de tales actos.
Recomendó
el aumento de recursos y la ampliación de la jurisdicción de la Oficina del
Procurador de los derechos humanos para que pueda desempeñar eficazmente sus
funciones. Además, solicitó la tolerancia y el respeto de los derechos humanos
y de la dignidad.
Solicitó
que se adopten medidas de seguridad a fin de proteger a diversos sectores de la
población, tanto del poder judicial, de la policía o de los sindicatos a fin de
poder desarrollar su tarea sin intimidación alguna.
Ordenó la
adopción de medidas inmediatas en cuanto a la situación de los niños de la
calle, la violencia en el hogar padecida por la mujer, legislación referente a
la conservación de la identidad cultural y religiosa de los indígenas,
imposición de la pena de muerte solo en cumplimiento de una sentencia
definitiva de tribunal competente.
Nigeria.
Se
agradeció al gobierno la decisión de presentar su informe, cuyos temas fueron
examinados en dos etapas.
En su
primer informe se abordaron temas referidos a la protección de la vida, la
libertad, la seguridad, la igualdad de las personas frente a los tribunales y
también los casos de tortura y malos tratos.
Luego del
examen se observaron incongruencias básicas entre las obligaciones contraídas
por Nigeria de conformidad con el Pacto y el respeto por los derechos en él
contenidos. En particular la supresión del hábeas corpus, el establecimiento
por decreto presidencial de tribunales especiales que excluyen la libre
elección de un defensor, carencia de disposiciones para apelación, entre otros.
Esto motivó la privación arbitraria de la vida de varios acusados y la falta de
una investigación sobre denuncias de torturas, malos tratos, y condiciones indebidas
de detención.
Se
recomendó la revocación de todos los decretos por los que se establecen
tribunales especiales, violando la garantías constitucionales. Solicitó también
la suspención de juicios iniciados frente a los tribunales en cuestión a fin de
garantizar un proceso imparcial.
En virtud
del segundo informe, el Comité tomó nota de que la continuación del régimen
militar, en particular la suspensión de garantías constitucionales, así como la
violencia interétnica y religiosa, han impedido la plena aplicación del Pacto.
Se reiteró
la grave preocupación por la imposición de la pena de muerte a delitos que no
son considerados como los más graves, al igual que por el elevado número de
desapariciones, casos de tortura, prolongadas detenciones y las pésimas
condiciones penitenciarias.
Observó
con preocupación las restricciones a la libertad de expresión manifestadas por
la supresión de periódicos, y a la libertad de asociación por la intimidación a
los miembros sindicales.
Repudió la
actuación del servicio de seguridad del Estado el cual impidió el ingreso de
una organización no gubernamental a la sesiones del Comité.
Recomendó
la inmediata adopción de medidas tendientes a reinstaurar la democracia y la
efectiva protección de los derechos tutelados en el Pacto por parte de los
tribunales nacionales.
Solicitó
que se tomen medidas a fin de garantizar igualdad de derechos y libertades a la
mujer, su participación en todos los sectores de la población y la abolición de
ciertas costumbres como la mutilación genital femenina y los matrimonios
forzados.
Recomendó
que se considere la posibilidad de abolir la pena de muerte y las ejecuciones
arbitrarias, que se conceda la libertad a presos detenidos sin acusación y que
se aceleren los procesos judiciales.
Se pidió
la revisión y modificación de la política ablativa, el respeto a la libre
expresión y a asociación.
Solicitó
que se permita la participación de las organizaciones no gubernamentales en las
sesiones del Comité.
Por último
instó a la adopción de una política educativa en materia de derechos humanos.
Brasil.
Recibió
con agrado el empeño del gobierno en garantizar la protección de los derechos
humanos, mediante la puesta en marcha del Programa Nacional de Derechos
Humanos, destinado a acelerar el respeto y la observancia de los mismos.
Se
consideraron de interés las iniciativas propuestas para reinstaurar y
fortalecer el Consejo de Defensa de derechos humanos y el establecimiento de la
Oficina del defensor del pueblo, permitiendo que el Fiscal general presente los
casos de violaciones de derechos al Sistema Federal de Justicia.
Manifestó
su preocupación, teniendo en cuenta la vastedad del territorio, por la
dificultad para asegurar que los gobiernos estatales y locales protejan
efectivamente los derechos consagrados en el Pacto.
Observó
con preocupación los casos de ejecuciones sumarias y arbitrarias por parte de
las fuerzas de seguridad y escuadrones de la muerte, en especial en niños de la
calle, los campesinos sin tierra, los pueblos indígenas y los dirigentes
sindicales, como así también los actos de violencia ejercidos sobre los
prisioneros y las condiciones inhumanas de detención.
Se tomó
especial nota sobre la situación de la mujer, la cual es objeto de
discriminación y sometida a trabajos forzados. Lamentó asimismo, la admisión de
la prisión por deudas y los graves problemas del trabajo y la prostitución
infantil.
Instó al
gobierno a completar el proceso de demarcación de tierras de los pueblos
indígenas como medio para garantizar los derechos a esta comunidad.
Reconoció
el compromiso asumido por el gobierno federal de adecuar la legislación interna
a fin de respetar los derechos en él contenidos.
Instó al
gobierno de Brasil a adoptar medidas educativas a fin de prevenir y combatir la
violación de derechos.
Se
recomendó poner fin a la impunidad imperante mediante la investigación de las
denuncias, el juicio y correspondiente aplicación de pena a los responsables,
como así también adoptar medidas a fin de acelerar los procesos judiciales.
Exhortó a
que se prohiban los trabajos forzados, el trabajo de los niños, la prostitución
infantil, y a que se impongan penas severas a quienes fomenten estos actos.
Finalmente
se recomendó la adhesión a los dos Protocolos del Pacto.
Perú.
Consideró
que aún cuando el Estado tiene el derecho y el deber de proteger a su población
de toda actividad terrorista, disturbios internos y violencia, debe asimismo,
velar por la vigencia real de los derechos consagrados en el Pacto.
Fue
considerada muy satisfactoria la creación de la Defensoría del pueblo y del
Registro Nacional de Detenidos.
Otros
motivos de agrado fueron la aprobación del decreto ley que modificó de 15 a 18
años la edad para fijar la responsabilidad penal, la derogación de la Ley del
arrepentido y el establecimiento del hábeas corpus, así como la adopción de
medidas para proteger a las comunidades indígenas.
Se deploró
la amnistía otorgada a agentes militares, policiales, y civiles en razón de
actos cometidos durante la guerra contra el terrorismo, ya que consideró que creaban
una atmósfera de impunidad incompatible con la obligación del Estado de
investigar las denuncias recibidas, además de establecer la imposibilidad de
impugnar ante los tribunales la legalidad de la misma.
Se expresó
profunda preocupación por la definición amplia del delito de terrorismo, y el
establecimiento de un sistema de juicios con jueces sin rostro, en el que el
acusado no sabe quien lo juzga, situación dada especialmente en juicios por
delitos de traición a la patria. Por tal motivo se tomó nota de la carencia de
un sistema de revisión de sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada.
Se alarmó
por la extensión de los casos a los cuales puede corresponderle pena de muerte
y prestó atención a la situación penitenciaria, la cual admite el confinamiento
solitario, canal directo para la imposición de tortura y todo otro trato cruel,
inhumano o degradante.
Exhortó,
por último, a garantizar el debido proceso judicial, la imparcialidad e
inamovilidad de los jueces y a la creación de un órgano independiente encargado
de recibir y examinar las denuncias por violaciones de derechos cometidas por
las fuerzas de seguridad militares o civiles.