CRONOLOGIA DOCUMENTAL

Unión Interparlamentaria

 

Resoluciones de la 96ta Conferencia.

Promoción del respeto protección de los derechos de la persona en general y de las mujeres y niños en particular.

Exhortó a todos los gobiernos, a los organismos de Naciones Unidas, a la Organización Mundial del Comercio, al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional a tomar medidas apropiadas para reexaminar sus políticas, reequilibrar el orden económico internacional actual e instaurar relaciones equitativas entre todos los países.

Subrayó que los países acreedores deben tomar medidas eficaces para anular o aliviar la deuda de los países en desarrollo y resolver a término sus problemas de endeudamiento.

Instó a todos los gobiernos a asegurar la protección de los derechos fundamentales, de las mujeres y de las niñas tomando medidas eficaces para aplicar integralmente la Declaración y el Programa de Acción de Pekín (septiembre 1995), y a todos los parlamentos a dar cumplimiento a los compromisos que han tomado para poner en marcha las recomendaciones realizadas.

Condenó enérgicamente el reclutamiento y enrolamiento de niños en las fuerzas armadas o grupos armados, considerándolos actos atroces que constituyen una violación de los derechos humanos fundamentales y por los cuales los responsables deben ser castigados.

Bregó por que los Parlamentos Nacionales y los Gobiernos garanticen la enseñanza primaria obligatoria y la atención medica para todos, en particular para las niñas y los niños que pertenecen a grupos marginales.

Rechazó todas las medidas coercitivas o unilaterales, políticas o jurídicas, aplicadas por un país en contra de otro, dado que esas medidas sancionan a hombres, mujeres y niños que son extraños a las controversias y a los intereses políticos y que ellas deben ser consideradas como un atentado a los derechos humanos.

Solicitó a los Estados que tomen las medidas necesarias para proscribir la violencia familiar y escolar y que eviten ampararse en las costumbres, las tradiciones o la religión para sustraerse de su obligación de eliminar la violencia ejercida contra mujeres y niños.

Comprometió a los gobiernos a poner fin a la esterilización y al aborto forzado de las mujeres, actos que constituyen en todos los casos una violación grave a su integridad y son usados, en ciertos casos, como estrategias de depuración étnica.

Prohibición mundial de las minas antipersonales y la necesidad de un desminado con fines humanitarios.

Consciente de que las minas terrestres continúan impidiendo el regreso de los refugiados, el desarrollo agrícola, la reconstrucción de la infraestructura de las comunicaciones y el transporte después del fin de las hostilidades, observó con preocupación que existen aún mas de 110 millones de minas antipersonales diseminadas en mas de 60 países, de los cuales la mayor parte son países en desarrollo, y que restan aun 100 millones en el arsenal nacional.

Consternada por el hecho de que las minas terrestres hayan mutilado alrededor de 250.000 personas en el mundo, de las cuales el 90 % son civiles, esencialmente mujeres y niños; por el hecho de que son fabricadas alrededor de 10 millones de minas antipersonales y de que son colocadas 2 millones de nuevas minas cada año; deploró el hecho de que las operaciones de desminado permitan neutralizar nada más que 100.000 minas por año aproximadamente.

Solicitó a los parlamentarios a que exhorten a sus gobiernos a prohibir las minas antipersonales, a efectuar programas de destrucción de stocks existentes y a apoyar los esfuerzos realizados en el plano internacional para concluir un acuerdo internacional de prohibición general que tenga fuerza obligatoria.

Asimismo, pidió a la comunidad internacional, por intermedio de las Naciones Unidas, establecer un registro internacional sobre la transferencia y el comercio de las minas antipersonales.

Bregó por que los Estados expertos en desminado suministren asistencia y consejos técnicos a los países que lo necesiten, y contribuyan así a la formación de equipos locales de desminado; como así también que colaboren con los organismos humanitarios como el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), las sociedades nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en sus actividades, en particular, en sus programas de sensibilización acerca de los peligros que presentan las minas y la ayuda a las víctimas.

Comprometió a la Unión a trabajar, en cooperación con otros organizaciones internacionales, para lograr una prohibición total de las minas antipersonales.

Políticas y estrategias para asegurar el derecho a la alimentación a la hora de la globalización de la economía y de la liberación de los cambios.

Observó con preocupación que alrededor de 800 millones de personas sufren de subalimentación crónica en los países en desarrollo y que alrededor de 200 millones de niños de menos de cinco años sufren carencias proteico energéticas.

Subrayando la grave situación creada por la disminución de la producción alimentaria mundial, el agotamiento de una gran parte de stocks y la merma de aprovisionamiento a un nivel próximo al umbral crítico para la seguridad alimenticia, marcó la necesidad de alentar y aumentar la producción alimentaria, particularmente en Africa y en los países menos avanzados, a fin de promover el crecimiento económico y el progreso social y contribuir activamente a resolver problemas de hambre y de malnutrición.

Solicitó a los países en desarrollo que se industrialicen mas rápidamente y que diversifiquen sus estructuras económicas con el objetivo de acrecentar la producción alimentaria agrícola, subrayando la importancia de financiar la inversión en dicho sector, como así también la creación de estructuras de comercialización y distribución necesarias, a fin de asegurar un aprovisionamiento alimentario suficiente con una distribución justa de las mercaderías.

Exhortó a los países en desarrollo a adoptar políticas eficaces para contrarrestar los efectos negativos de las fluctuaciones de los precios de las mercaderías alimentarias sobre el mercado internacional.

Asimismo, solicitó a todo los países, en el espíritu de la Organización Mundial del Comercio (OMC), liberalizar los mercados para facilitar los cambios de productos agrícolas con los países pobres y crear excepciones especificas para los países en desarrollo, en los cuales el sector agrícola juega un rol clave en la economía nacional.

Reafirmó que el derecho a la alimentación es uno de los derechos humanos fundamentales, y reprobó toda utilización del tema como medio de presión político o económico sobre otros países.