Informe 1998 de Amnistía Internacional

 

El informe 1998 de la organización Amnistía Internacional expone las cuestiones que le preocuparon en todo el mundo a lo largo de 1997 y un informe específico sobre las violaciones a los derechos humanos en 142 países, en particular, la tortura, la desaparición forzada, la pena de muerte, las detenciones arbitrarias y las ejecuciones extrajudiciales.

El informe, publicado en el año del cincuenta aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas, centra la atención en la falta de cumplimiento de las promesas realizadas por los gobiernos luego de las atrocidades cometidas durante la Segunda Guerra Mundial.

Hizo hincapié en las objeciones puestas por los Estados al principio de la universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos. En ese sentido, ha remarcado que en Asia, varios gobiernos argumentan que las normas internacionales se basan ante todo en conceptos occidentales y son incompatibles con las sociedades asiáticas porque se refieren a derechos individuales. Los asiáticos dicen valorar la armonía social y son más proclives a sacrificar el interés propio en aras de la comunidad.

Algunos gobiernos africanos han expuesto argumentos parecidos. Aseguran que en la sociedad africana los derechos humanos están para garantizar el bien de la sociedad en su conjunto y que sólo es posible salvaguardar los derechos de los individuos protegiendo a la comunidad.

También plantean objeciones a la universalidad de los derechos humanos ciertos Estados que afirman que su forma de gobierno está basada en la fe islámica. Basándose en las sagradas escrituras del Islam se ha pretendido justificar la discriminación sistemática de las mujeres en países como Afganistán, la persecución de fieles de otras religiones en países como Pakistán y sanciones judiciales como los azotes o la amputación de miembros en países como Arabia Saudita. El resultado ha sido la institucionalización de las violaciones a los derechos humanos.

En occidente, numerosos gobiernos se burlan de la práctica del principio de la universalidad. Estados Unidos, por ejemplo, se muestra reticente a que los tratados internacionales de derechos humanos que engloban tales principios, tengan carácter vinculante. Es prácticamente el único país pendiente de firmar la Convención sobre los Derechos del Niño, y uno de los pocos que no ha ratificado la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer. Y cuando ha ratificado instrumentos internacionales de derechos humanos, por lo general ha introducido reservas importantes, negándose a aceptar el carácter obligatorio de muchos de sus preceptos.

En muchos aspectos las objeciones a la indivisibilidad de los derechos son un fiel reflejo de los reparos culturales al concepto de la universalidad. lo cual demuestra que, en último extremo, la oposición a la legitimidad de los derechos humanos tiene que ver con el poder político y económico, no sobre los valores culturales o religiosos. En la India, las rígidas jerarquías sociales exacerban la desigualdad económica, y las castas inferiores (dalit) padecen de una situación endémica de discriminación y retraso. Tienen negado el acceso a la educación, viven en zonas apartadas, desempeñan trabajos mal pagos y socialmente estigmatizados.

En Estados Unidos, que la pena de muerte le sea impuesta o no a un reo refleja fielmente su categoría social y económica. De los 432 presos ejecutados en Estados Unidos desde 1977, el 44 porciento procedían de minorías étnicas. Ese patrón de discriminación racial o social se repite en casi todos los lugares donde está vigente la pena de muerte. En Filipinas, un estudio realizado sobre los 325 reos que había en espera de ejecución en mayo de 1997, reveló que la inmensa mayoría procedían de sectores económicos desfavorecidos.

Amnistía Internacional destacó, a lo largo de su informe, la labor desarrollada por los defensores de los derechos humanos, quienes han continuado a lo largo de 1997 realizando esfuerzos en todo el mundo para evitar la injusticia y defender las libertades fundamentales, pese a estar cada vez más expuestos a sufrir persecución.

Asimismo, Amnistía Internacional sostiene que los derechos humanos no atañen únicamente a los gobiernos, atento que se han ampliado las responsabilidades hacia otros perpetradores. Al haberse modificado la función del Estado, los gobiernos ya no tienen el monopolio del poder político. En algunos casos el Estado se ha derrumbado por completo y ha dejado un mosaico de territorios controlados por jefes militares. Una de las tareas más apremiantes del movimiento por los derechos humanos es influir en los grupos armados de oposición para que respeten los derechos humanos.

Remarcó que en materia de refugiados los principios fundamentales de protección fueron puestos en tela de juicio en 1997 aún en mayor medida que en años anteriores. Por ejemplo, los refugiados de Rwanda y Burundi fueron objeto de devolución, o estuvieron bajo amenaza de devolución en la región de los Grandes Lagos en Africa. Solicitantes de asilo de la etnia rohingya en Myanmar corrían el riesgo de ser devueltos desde Bangladesh, y las políticas de detención de solicitantes de asilo vigentes en Estados Unidos y Australia siguieron suscitando preocupación.

Amnistía Internacional cree que la defensa de los derechos de los refugiados no puede verse como algo aislado de la protección general de los derechos humanos, y las normas internacionales de derechos humanos constituyen una importante guía para la protección de los refugiados.

Destacó la labor emprendida junto con más de trescientos miembros de la Coalición de ONG's para una Corte Penal Internacional, instando a los gobiernos a reforzar el proyecto de estatuto de la Corte a fin de lograr no sólo su creación sino, fundamentalmente, garantizar su independencia, justicia y eficacia.

El capítulo sobre Argentina hizo hincapié en las continuas denuncias sobre tortura y malos tratos infringidos a personas detenidas en comisarías; a los homicidios cometidos en circunstancias que indican que podrían haber sido ejecuciones extrajudiciales ("gatillo fácil"); a las amenazas a los periodistas y a los defensores de los derechos humanos; y a la existencia de presos de conciencia.