La Asamblea General recordó que en la Carta de las Naciones Unidas se reafirma la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas.

Mostró su preocupación porque los derechos humanos no se respetan plena y universalmente, habiendo pueblos que aún siguen padeciendo miserias y se ven privados del pleno goce de sus derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales, y algunos de ellos todavía no gozan plenamente de su derecho a la libre determinación.

Reafirmó que todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes, y que la comunidad internacional debe tratarlos en forma global y de manera justa y equitativa.

Declaró su compromiso en la aplicación de la Declaración Universal de Derechos Humanos como la medida común del progreso para todos los pueblos y naciones y como fuente de inspiración para la promoción y protección ulterior de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, en los planos político, económico, social, civil y cultural, incluido el derecho al desarrollo.

Expresó su satisfacción por el cumplimiento del mandato de su resolución respecto del establecimiento de una Corte Penal Internacional, finalmente aprobada por el Estatuto de Roma del 17 de julio de 1998, observando el significativo número de Estados que ha firmado el mismo. Destacó la necesidad de hacer los arreglos necesarios para la iniciación de las funciones de la Corte Penal Internacional, a fin de velar por su funcionamiento efectivo. Reconoció la importancia histórica de la aprobación del Estatuto de Roma, instando a todos los Estados a que consideren la posibilidad de firmarlo y ratificarlo.

Teniendo en cuenta la dimensión regional del conflicto de Kosovo, en particular, por lo que respecta a los derechos humanos y a la situación humanitaria, mostró su preocupación por el temor que se impone sistemáticamente a la población de origen albanés, y por los actos de violencia cometidos por grupos de ciudadanos de origen albanés armados contra no combatientes.

Pidió al gobierno de la República Federativa de Yugoslavia que se atenga a los principios democráticos de elecciones libres y limpias, al imperio de la ley, a la administración de justicia, a una justicia libre e imparcial y a la protección de la libertad e independencia de los medios de difusión.

Pidió a los dirigentes de origen albanés de Kosovo que condenen los actos de terrorismo, denuncien los actos violentos y se abstengan de cometerlos, fomentando la consecución de sus fines por medios pacíficos.

Instó a las autoridades respectivas en conflicto a que entablen de inmediato un diálogo que conduzca al fin del conflicto en Kosovo mediante la negociación política.

Condenó las violaciones de los derechos humanos cometidas por las autoridades de la República Federativa de Yugoslavia en Kosovo, e instó a las mismas al establecimiento de una fuerza de policía de origen local en Kosovo, al pleno respeto de los derechos de las personas, independientemente de su origen étnico, cultural o religioso y al establecimiento de una genuina auto-gobernabilidad.

Instó a los dirigentes yugoslavos y de origen albanés a que permitan el regreso libre a sus hogares de todas las personas desplazadas dentro del país y de los refugiados.

Lamentó la intensificación de las desapariciones forzadas en diversas regiones del mundo y reafirmó que todo acto que conduzca a una desaparición forzada constituye una afrenta a la dignidad humana y una grave violación a los derechos humanos.

Reiteró su invitación a todos los gobiernos a que adopten las medidas apropiadas, legislativas u otras, para prevenir y reprimir su práctica y pidió que, en caso de estado de excepción, se garantice la protección de los derechos humanos.

Recordó a los gobiernos que deben velar por que se efectúen investigaciones prontas e imparciales a través de las autoridades competentes y que, comprobada la desaparición forzada, se someta a los autores a la acción de la justicia.

Alarmada por la persistente práctica en gran escala de ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias en todas las partes del mundo, y observando que en varios países sigue prevaleciendo la impunidad, condenó dichas prácticas y exigió que todos los gobiernos se aseguren de poner fin a las mismas y de tomar medidas para combatirlas y eliminarlas en todas sus formas.

Reiteró la obligación de todos los gobiernos de llevar a cabo investigaciones completas e imparciales cuando se sospeche que se han realizado ejecuciones de este tipo, de identificar y enjuiciar a los autores y dar una indemnización adecuada a las víctimas o a sus familiares.

Reconoció que la erradicación de la extrema pobreza constituye un reto importante dentro del proceso de mundialización, la cual requiere de políticas coordinadas y constantes.

Afirmó que la pobreza generalizada atenta contra el goce pleno y efectivo de los derechos humanos y podría hasta constituir una amenaza para el derecho a la vida. En ese sentido, reafirmó que la extrema pobreza y la exclusión social constituyen una violación de la dignidad humana y requieren la adopción de medidas urgentes en los planos nacional e internacional.

Instó a los Estados a que propicien la participación de los más pobres en la adopción de decisiones en sus comunidades. Destacó que la superación de la extrema pobreza constituye un medio esencial para el pleno goce de los derechos políticos, civiles, económicos, sociales y culturales, siendo un asunto del que deben ocuparse los gobiernos, la sociedad civil y el sistema de las Naciones Unidas, incluidas las instituciones financieras internacionales.

Condenó la persistencia y el agravamiento del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia. Observó que éstas han adquirido nuevas formas, tales como la tendencia a establecer una política basada en la superioridad o el exclusivismo de tipo racial, religioso, étnico, cultural y nacional, haciendo uso indebido de nuevas tecnologías de comunicación, en particular, a través de Internet.

Afirmó que los actos de violencia racial no constituyen expresiones de opinión sino delitos.

Expresó su categórico repudio contra la violencia racista, los actos conexos de violencia ciega e indiscriminada, la propaganda, las actividades y las organizaciones basadas en doctrinas de superioridad de una raza, la intolerancia contra trabajadores migratorios y sus familiares, contra personas que pertenecen a minorías y contra los miembros de grupos vulnerables.

Alentó a los Estados a que incluyan en sus programas de enseñanza en todos los niveles, el conocimiento y la tolerancia de las culturas y pueblos extranjeros.

Reconoció plenamente el valor y la diversidad de las culturas y las formas de organización social de las poblaciones indígenas, y afirmó que el desarrollo de éstas en sus propios países contribuirá al adelanto socioeconómico, cultural y medioambiental de todos los países del mundo.

Reafirmó la importancia de fortalecer la capacidad humana e institucional de las poblaciones indígenas, siendo uno de los principales objetivos del Decenio, la aprobación de una declaración sobre los derechos de las poblaciones indígenas y el establecimiento de un foro permanente para las mismas en el sistema de Naciones Unidas.

Invitó a instituciones financieras y a organismos especializados a que asignen más prioridad y recursos al mejoramiento de la situación de las poblaciones indígenas y afiancen las iniciativas provenientes de las comunidades para intercambiar información y conocimientos técnicos entre indígenas y otros expertos.

Teniendo en cuenta que los menores no acompañados se cuentan entre los refugiados más vulnerables y se hallan expuestos al abandono, la violencia, el reclutamiento militar forzado, las agresiones sexuales y otros abusos, siendo la solución definitiva para ellos el regreso a sus casas y la reunión con sus familias, insistió en la urgente necesidad de identificarlos y de disponer de información oportuna, detallada y precisa acerca de su número y paradero.

Condenó todos los actos de explotación de los menores, incluida su utilización como soldados o escudos humanos en conflictos armados y su reclutamiento forzado.

Exhortó a los organismos de Naciones Unidas a que movilicen una adecuada asistencia para los menores no acompañados en las esferas del socorro, la educación, la salud y la rehabilitación psicológica.

Subrayando la necesidad de que los gobiernos de los países de origen aborden las causas fundamentales de los conflictos que precipitan la salida y el desplazamiento de refugiados, y observando que a pesar de las tareas realizadas sigue siendo precaria la situación, especialmente en las regiones del Africa occidental y de los Grandes Lagos y en el Cuerno de Africa, observó que el deterioro de la situación socioeconómica y política ha ocasionado el aumento del número de refugiados.

Exhortó a los Estados a que velen porque no se comprometa el carácter civil y humanitario de los campamentos de refugiados y expresó su preocupación por los casos en que la expulsión ilícita, la devolución o las amenazas a la vida, la seguridad física o la integridad de los refugiados comprometen el principio fundamental del asilo.

Instó al establecimiento de condiciones que faciliten la repatriación voluntaria en condiciones de seguridad y la pronta rehabilitación de los refugiados. Asimismo, solicitó la colaboración de la comunidad internacional para el reasentamiento de refugiados en terceros países con espíritu de solidaridad y voluntad de compartir la carga.

Observó con preocupación el número cada vez mayor de mujeres y niñas procedentes de países en desarrollo trasladadas por los tratantes a países desarrollados, así como de una región o de un Estado a otro.

Lamentó el uso de nuevas tecnologías de la información, incluida Internet, para los efectos de la prostitución, la pornografía infantil, la peidofilia, el tráfico de mujeres con fines de matrimonio y el turismo sexual.

Instó a los gobiernos a que adopten medidas para aplicar las disposiciones sobre trata de mujeres y niñas, a tipificar como delito la trata de mujeres y niñas, y a apoyar programas de acción preventivos, educativos y de promoción de la conciencia pública.

Alentó a los gobiernos a que organicen campañas de información y a que reúnan datos actualizados respecto de la actividad y el modus operandi de las redes de trata de personas.

Se mostró preocupada por la discriminación contra las niñas y la violación de sus derechos y observó que en algunos sistemas jurídicos no se tienen en cuenta la situación de vulnerabilidad en que las mismas se encuentran en la administración de justicia. En eses sentido, subrayó que tal situación puede iniciar una espiral descendente de privación y exclusión de la vida social.

Destacó la necesidad de que se materialicen cabalmente los derechos de la niña, a cuyo fin instó a los Estados a que adopten las reformas jurídicas necesarias y a que utilicen los derechos del niño como base para los programas dedicados a la niña.

Invitó a los Estados a que promulguen leyes que protejan a la niña contra la violencia, con inclusión del infanticidio y la selección prenatal por el sexo del feto, la mutilación genital femenina, la violación, el incesto, la explotación sexual y la utilización para la pornografía.

Asimismo, recomendó a los Estados que estipulen leyes que garanticen el matrimonio por libre consentimiento, que establezcan la edad mínima matrimonial o la eleven en su caso, y que tomen medidas que aseguren un acceso a la educación y formación profesional en condiciones de igualdad.

Expresó su preocupación por la persistencia a gran escala de prácticas tradicionales y consuetudinarias que constituyen una clara forma de violencia contra la mujer y la niña.

Instó a los Estados a que apliquen leyes que prohiban dichas prácticas, incluyendo la proscripción de la mutilación genital femenina, adoptando medidas apropiadas contra los responsables e intensificando los esfuerzos crear conciencia sobre sus efectos perjudiciales, en particular, mediante la educación y la difusión de información y capacitación.

Instó a la inclusión del debate, dentro de los programas de educación primarios y secundarios, acerca de la potenciación de la mujer y sus derechos humanos, refiriéndose especialmente a las prácticas tradicionales que las afectan, así como a la capacitación del personal de salud.

Abogó por la participación de la mujer en campañas de publicidad a dirigentes públicos, religiosos, tradicionales, personal médico y educativo, con miras a promover una conciencia colectiva e individual de los derechos humanos de la mujer y la niña.

Por último, se refirió a la necesidad de estudiar, mediante consultas con comunidades y grupos religiosos y culturales, las alternativas a las prácticas tradicionales y consuetudinarias perjudiciales, en particular, cuando estas formen parte de una ceremonia ritual o rito de iniciación.

Se preocupó por las pérdidas de vidas humanas y destrucción sin precedentes de bienes e infraestructura causada por las peores inundaciones que haya sufrido Bangladesh. Teniendo en cuenta que este país es uno de los menos adelantados, tomó conciencia del hecho de que para mitigar y prevenir las consecuencias de esos desastres, era necesaria una asistencia internacional.

Hizo un llamamiento a todos los Estados Miembros y a organismos especializados para que respondan con urgencia y ayuden con programas de socorro, rehabilitación y reconstrucción.

Pidió a las organizaciones y órganos competentes de Naciones Unidas que adopten las medidas necesarias a fin de fortalecer la capacidad de Bangladesh para ejecutar programas de prevención y planes para dar una solución eficaz a largo plazo a los problemas causados por inundaciones y otros desastres naturales.

Lamentó profundamente las muertes, el gran número de damnificados y la destrucción causada por el huracán Georges; tomó conciencia de los esfuerzos de los gobiernos por salvar vidas y mitigar los sufrimientos de las víctimas, así como de su rápida reacción para prestar socorro.

Reconoció la magnitud del desastre y la necesidad de una demostración de solidaridad internacional y preocupación humanitaria para atender a la situación de emergencia inmediata en las zonas afectadas e iniciar el proceso de reconstrucción.

Por lo tanto, expresó su apoyo a los esfuerzos de los gobiernos y de la comunidad internacional e instó a todos los Estados a que contribuyan generosamente en las actividades de socorro, rehabilitación y reconstrucción de los países afectados proporcionando recursos financieros.

Reafirmó la igualdad soberana de los Estados, la no intervención en sus asuntos internos y la libertad de comercio y navegación internacionales, consagrados en instrumentos jurídicos internacionales.

Recordó las declaraciones relativas a la necesidad de eliminar la aplicación unilateral de medidas de carácter económico y comercial contra otro Estado que afecten el libre desarrollo del comercio internacional.

Se preocupó por la continua aplicación por parte de Estados Miembros de leyes y disposiciones como la Ley Helms-Burton, cuyos efectos extraterritoriales afectan a la soberanía de otros Estados, y por la promulgación de medidas de ese tipo dirigidas a reforzar y ampliar el bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba, provocando efectos negativos sobre la población.

Instó a los Estados, en el plazo más breve posible, y en concordancia con sus ordenamientos jurídicos, a derogarlas o a dejarlas sin efecto.

Reafirmó el derecho inalienable de cada Estado a su propio desarrollo económico y social y a la elección del sistema político, económico y social que considere más apropiado para el bienestar de su pueblo, de conformidad con sus planes y políticas nacionales.

Expresó su profunda preocupación por los efectos negativos que las medidas económicas coercitivas de carácter extraterritorial impuestas unilateralmente, pueden tener en el comercio y cooperación financiera y económica.

Reiteró un llamamiento para que se deroguen las leyes que impuestas unilateralmente e instó a los Estados a que no reconozcan ni apliquen medidas de este tipo.

Reafirmó su profunda preocupación por el enorme problema humanitario causado por la presencia de minas y otros artefactos explosivos sin detonar, los cuales generan consecuencias sociales y económicas graves, constituyen un obstáculo para el regreso de los refugiados y otras personas desplazadas y para las operaciones de asistencia humanitaria.

Reiteró su consternación por el elevado número de víctimas en la población civil, particularmente niños.

Destacó la necesidad de convencer a los países afectados de que se abstengan de sembrar nuevas minas, para garantizar así la eficacia y eficiencia de las actividades de remoción.

Reconoció la importante función de la comunidad internacional en la prestación de asistencia, proporcionando mapas e información necesaria, asistencia técnica y material apropiada para neutralizar o despejar los campos minados.

Instó a todos los Estados Miembros a que presten asistencia a los países afectados, e invitó a establecer programas para informar a la población sobre el peligro de las minas terrestres y para intentar la rehabilitación y reinserción social y económica de estas poblaciones.

Reafirmó su apoyo a la independencia, soberanía e integridad territorial de Bosnia y Herzegovina dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas, y la igualdad de los pueblos constituyentes.

Reconoció los esfuerzos realizados para proteger los derechos humanos en dichos territorios.

Instó a las autoridades a eliminar todos los obstáculos políticos, jurídicos y administrativos que se opusieran al regreso de refugiados y personas desplazadas a sus hogares, sobre todo en aquellos territorios en los que constituirían una minoría étnica.

Apoyo el Acuerdo Marco General de Paz y acogió con satisfacción las perspectivas de una cooperación más estrecha entre Bosnia y Herzegovina y la Unión Europea.

Destacó ciertos aspectos del Acuerdo de Paz, como la cesación duradera de hostilidades, la introducción de una nueva bandera, moneda común y elecciones municipales libres e imparciales.

Exhortó a los Estados Miembros y a las organizaciones internacionales competentes a que cooperen para satisfacer las necesidades de infraestructura, y para lograr el funcionamiento eficaz de las instituciones comunes de dichos territorios.

Subrayó la importancia de establecer, consolidar y extender medios de difusión libres y pluralistas, independientes y reestructurados y destacó la importancia de desarrollar un servicio de televisión realmente público.

Insistió en la necesidad de que todos los acusados sean entregados al Tribunal Internacional para su enjuiciamiento y reafirmó que el Tribunal tiene competencia para ocuparse de la responsabilidad individual de los casos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y otras violaciones del derecho internacional humanitario. En eses entido, exigió que todas las partes cumplan con la obligación de entregarle las personas acusadas que se encuentren en los territorios bajo su control.

Destacó la necesidad de un criterio más amplio para llevar a cabo la reforma económica y contribuir a un desarrollo más homogéneo de la economía y el comercio en ambas entidades.

Se preocupó por los efectos nocivos que pueden tener para las generaciones presentes y futuras los niveles de radiación a que están expuestos los seres humanos y el medio ambiente.

Reconoció la valiosa contribución del Comité Científico de las Naciones Unidas en aumentar los conocimientos y la comprensión de los niveles, efectos y peligros de las radiaciones atómicas.

Expresó su reconocimiento a los Estados Miembros, a los organismos especializados y al Organismo Internacional de Energía Atómica por la asistencia prestada al Comité, e instó a que continúen con la colaboración y suministro de datos adicionales.

Expresó la esperanza de que se ponga fin a la ocupación israelí y por el cese de las violaciones de los derechos humanos del pueblo palestino.

Exigió que Israel coopere con el Comité Especial y deploró toda política y práctica que violara los derechos humanos.

Se preocupó por el empeoramiento de la situación en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén, como consecuencia de las prácticas y medidas de Israel.

Pidió al Comité que continúe investigando el incumplimiento por Israel del Convenio de Ginebra relativo a la protección de personas civiles y el trato a los detenidos.

Reconoció que la eliminación del colonialismo es una de las prioridades de la Organización.

Tomó conciencia de la necesidad de adoptar medidas para eliminar los últimos vestigios de colonialismo para el año 2000, erradicando totalmente la discriminación racial y las violaciones de los derechos humanos fundamentales.

Observó la apremiante necesidad de los Estados de reciente independencia y de los que están a punto de lograrla, de recibir asistencia económica, social y de otra índole de parte de las Naciones Unidas.

Afirmó que la persistencia del colonialismo es incompatible con la Carta de las Naciones Unidas y exhortó a las Potencias administradoras a que, de conformidad con las resoluciones sobre descolonización, tomen todas las medidas necesarias para que los pueblos de los territorios de que se trata puedan ejercer plenamente y sin demora su derecho a la libre determinación.

Apoyó las aspiraciones de los pueblos bajo dominación colonial a ejercer su derecho a la independencia.

Exhortó a las Potencias administradoras a que eliminen las bases militares en los territorios no autónomos.

Instó a los Estados a prestar asistencia moral y material a los pueblos coloniales y a las Potencias administradoras a tomar medidas para lograr el fortalecimiento económico de esos territorios.

Por último, las exhortó a que reciban misiones visitadoras enviadas a los territorios a fin de obtener información directa y averiguar los deseos y aspiraciones de sus habitantes.

Reconoció la necesidad de que se apliquen criterios flexibles, prácticos e innovadores para lograr la descolonización total para el año 2000.

Tomó conciencia del importante papel de las organizaciones no gubernamentales en la difusión de información, e hizo especial hincapié en la difusión de opciones de libre determinación de pueblos de territorios no autónomos.

Pidió al Departamento de Información Pública que se tomaran las medidas por todos los medios de difusión a su alcance, publicaciones, radio, televisión, Internet, para dar publicidad a la labor de las Naciones Unidas.

Acogió complacida la reafirmación formulada en la Declaración Final de la cuarta Conferencia de Jefes de Estado y Gobierno de los Países No Alineados, de quedar efectivamente prohibidos el uso de armas bacteriológicas y toxínicas y su desarrollo, producción y almacenamiento.

Reconoció los avances en la negociación de un protocolo que refuerce la Convención y reafirmó la decisión de instar un Grupo ad hoc.

Hizo un llamamiento a todos los Estados para que aceleren las negociaciones a fin de formular un régimen eficaz, viable y práctico, para concluir cuanto antes la preparación del Protocolo; y los exhortó a ratificar sin demora la Convención.

Se preocupó por las difícil situación económica y de empleo que enfrenta el pueblo palestino en todo el territorio ocupado.

Tomó conciencia de la necesidad de mejorar la infraestructura económica y social y las condiciones de vida imperantes, así como también de la dificultad de hacerlo bajo un régimen de ocupación. Por lo tanto, exhortó a los Estados Miembros y a las organizaciones pertinentes a intensificar su asistencia para responder a las necesidades urgentes del pueblo palestino en lo que respecta a la ejecución nacional y al fomento de la capacidad.

Instó a que abran sus mercados a las exportaciones de productos palestinos en las condiciones más favorables posibles; y pidió a la comunidad internacional que acelere la prestación de la asistencia económica prometida.

Expresó su profunda preocupación por el prolongado estancamiento político, que continúa socavando el desarrollo y la consolidación de las instituciones democráticas en Haití.

Recibió con beneplácito la recomendación del Secretario General de ayudar con carácter prioritario las iniciativas de las autoridades haitianas orientadas a la reforma del sistema judicial y a la organización de su administración de justicia.

Apoyó la elaboración de un programa de promoción y protección de los derechos humanos a fin de fomentar el establecimiento de un clima de libertad y tolerancia propicio.

Reafirmó el compromiso de la comunidad internacional de continuar su cooperación técnica, económica y financiera, a fin de apoyar las actividades de desarrollo, afianzar las instituciones del país y lograr la estabilidad política.

Recordó la necesidad de consolidar el régimen existente de derecho internacional humanitario mediante su aceptación y difusión universal.

Recordó que el Estatuto de Roma del Tribunal Penal Internacional incluía los crímenes más graves contra el derecho internacional humanitario y que todos los Estados tienen el deber de ejercer su jurisdicción penal sobre los responsables de tales crímenes para poner fin a la impunidad de quienes los cometen.

Hizo un llamamiento a todos los Estados a hacerse parte de los Protocolos, darles difusión y aplicarlos cabalmente.

Reconoció que la trágica historia de Camboya exige la adopción de medidas especiales para asegurar la protección y promoción de los derechos humanos de todo el pueblo camboyano y velar para que no se repitan la política y prácticas del pasado, especialmente delitos como genocidio y crímenes de lesa humanidad.

Pidió al Secretario General que por intermedio del Representante Especial, se preste asistencia al gobierno y se proporcionen los recursos necesarios para que continúe funcionando la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Camboya.

Reconoció su preocupación por: la violencia política; el problema de la impunidad; la falta de independencia de la judicatura y el establecimiento del estado de derecho; el empleo de la tortura, los arrestos y detenciones ilegales; la administración penitenciaria y los malos tratos infligidos a los presos; el trabajo de menores, la prostitución infantil y la trata de niños; los derechos de los trabajadores y la falta de libertad para formar sindicatos; y por la violencia contra la mujer y las personas pertenecientes a minorías.

Observó que la celebración de elecciones nacionales ha puesto de manifiesto que el pueblo de Camboya desea la democracia y la formación de un gobierno constitucional y, en ese sentido, acogió con satisfacción el acuerdo concertado entre los partidos políticos de convocar la Asamblea Nacional y establecer un gobierno de coalición.

Reconoció la contribución de las organizaciones no gubernamentales que participaron en la educación de los votantes y aportaron observaciones para las mesas electorales.

Exhortó al gobierno de Camboya a que investigue con la máxima urgencia las violaciones de los derechos humanos y enjuicie, con las debidas garantías procesales, a todos los responsables. Asimismo, instó al establecimiento de un sistema judicial eficaz e imparcial, como así también que permita un ejercicio más efectivo de la prensa, seguridad de las personas, derechos de asociación y reunión.

Condenó la utilización de retórica racista y los actos de violencia contra minorías étnicas, especialmente contra camboyanos de origen étnico vietnamita, e instó a los partidos políticos a que se abstengan de formular declaraciones o realizar actividades que pudieran interpretarse como una incitación a las minorías.

Tomó conciencia de que el trabajo de menores es una práctica muy difundida, y pidió al gobierno que garantice situaciones adecuadas de sanidad y seguridad, el acceso a la enseñanza de los niños, prohibiendo por ley las formas de trabajo de menores, y elaborando un plan de acción para combatir la prostitución infantil y la trata de niños.

Instó al gobierno a que tome todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación y la violencia contra la mujer en todas sus formas.