Amnistía Internacional es un movimiento mundial de activistas voluntarios que se esfuerzan por prevenir algunas de las peores violaciones a los derechos humanos que cometen los gobiernos.

En su informe, Amnistía Internacional (AI), destacó que durante el año 1998 seguía existiendo un abismo entre las palabras de la mayoría de los gobiernos y las acciones que emprendían para mejorar la situación de los derechos humanos en sus respectivos países.

AI destacó que durante el año de aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos persistieron los conflictos armados y la agitación social y política, que originaron nuevos y terribles abusos contra los derechos humanos en Africa.

Entre los aspectos positivos, mencionó las primeras sentencias del Tribunal Internacional para Rwanda sobre casos de personas acusadas por genocidio ocurridos en 1994.

En Nigeria, las nuevas autoridades pusieron en libertad a más de ciento cuarenta presos políticos. En octubre, la Asamblea Nacional de Togo aprobó una ley que prohibía la mutilación genital femenina. El presidente Konaré, de Mali, se declaró en contra de la pena de muerte. En diciembre, el presidente Muluizi, de Malawi, se hizo eco de tal declaración, reafirmando la promesa hecha a AI de que nunca firmaría "la condena de muerte de un semejante". Zambia y Sudáfrica se adhirieron a la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. En junio, Etiopía se adhirió a la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.

En el año 1998, la Región de los Grandes Lagos siguió siendo escenario de abusos generalizados contra los derechos humanos. En la República Democrática del Congo, la situación de tales derechos sufrió un nuevo deterioro cuando, en agosto, los grupos armados de oposición volvieron a rebelarse contra las fuerzas gubernamentales. Entre los gobiernos que prestaron apoyo activo a los insurgentes estaban los de Rwanda, Uganda y Burundi, y entre los que apoyaron a las tropas gubernamentales se encontraban Angola, Zimbaue, Namibia, Chad y Sudán. Miles de personas, entre ellas cientos de civiles, fueron víctimas de homicidios deliberados y arbitrarios. Centenares de defensores de los derechos humanos y presuntos opositores al gobierno fueron detenidos. Más de cien condenados a muerte fueron ejecutados, lo cual supuso un importante incremento respecto a los últimos años. En abril, el Secretario General de ONU, retiró de la República Democrática del Congo al equipo encargado de investigar los abusos contra los derechos humanos cometidos en el país entre 1993 y 1997, ya que el gobierno no cesaba de obstruir las investigaciones.

Destacó que la detención en octubre del General retirado Augusto Pinochet en el Reino Unido por violaciones a los derechos humanos cometidas durante su gobierno militar en Chile, constituyó un acontecimiento decisivo en la lucha contra la impunidad.

Pese a su pretensión de ostentar el liderazgo internacional en cuestiones de derechos humanos, manifestó que Estados Unidos seguía sin respetar, tanto dentro como fuera del país, la promesa fundamental que garantiza derechos iguales para todos. En octubre, AI emprendió una importante campaña en la que se ponía de manifiesto los abusos cometidos por la policía y los funcionarios de prisiones estadounidenses, la utilización arbitraria, injusta y racista de la pena de muerte, el creciente encarcelamiento de solicitantes de asilo y la doble moral de Estados Unidos en materia de política exterior y en el compromiso con los derechos humanos consagrados internacionalmente.

En una decisión inquietante que parecía socavar el mecanismo regional para la protección internacional de los derechos humanos, el gobierno de Bahamas ahorcó a dos personas – las primeras desde 1984 – desoyendo claramente las solicitudes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que suspendiera la aplicación de la pena de muerte.

Lamentó la decisión de Trinidad y Tobago de retirarse como Estado parte de la Convención Americana de Derechos Humanos y la de Jamaica de retirarse del primer Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, privando a todos sus ciudadanos de la posibilidad de recurrir a este organismo internacional para buscar solución a las violaciones a los derechos humanos que pudieran sufrir. Trinidad y Tobago se retiró de este Protocolo, si bien posteriormente volvió a adherirse a él con una reserva, cuya intención era impedir que los condenados a muerte pudieran formular solicitudes ante el Comité de Derechos Humanos. Guyana emprendió acciones similares en marzo de 1999 y Guatemala amenazó con otras parecidas.

Observó con preocupación la crisis política que amenazaba a la joven democracia de Paraguay, la cual culminó con el asesinato en marzo de 1999, del vicepresidente Luis María Argaña y la casi inmediata dimisión del presidente Cubas.

Destacó que la tortura, los malos tratos y los asesinatos cometidos por la policía y las fuerzas de seguridad y las acciones perpetradas por los grupos armados que contaban con su apoyo, siguieron constituyendo un hecho cotidiano en toda la región, en especial, se recibieron informes sobre violaciones de este tipo procedentes de Argentina, Bélice, Bolivia, Chile, Colombia, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití Honduras, México, Jamaica, Paraguay y Venezuela.

Con relación a Brasil, informó que la policía y los "escuadrones de la muerte" vinculados a las fuerzas de seguridad mataron a centenares de personas, mientras que la mayoría de los responsables de estas violaciones de derechos humanos seguían en libertad.

Aunque el nuevo gobierno de Colombia y los grupos armados de oposición habían acordado mantener conversaciones de paz, el conflicto armado continuaba devastando la mayor parte del país. Más de mil civiles murieron a manos de las fuerzas de seguridad o de grupos paramilitares que operaban con su apoyo o aquiescencia. A muchas de las víctimas las torturaron antes de matarlas, y al menos ciento cincuenta personas desaparecieron tras ser capturadas por grupos paramilitares.

En Argentina, la decisión judicial de intensificar las investigaciones sobre la suerte de los niños desaparecidos mediante la detención del ex jefe de la primera junta militar supuso un avance en la satisfacción de la deuda pendiente dejada por la guerra sucia en este país.

Destacó que aunque en toda Asia seguían existiendo graves problemas relacionados con los derechos humanos agudizados por la crisis financiera, durante 1998 se produjeron algunos acontecimientos positivos en la región.

Afirmó que más de ciento cincuenta presos políticos, entre ellos algunos presos de conciencia que llevaban largo tiempo recluidos, quedaron en libertad en Corea del Sur en virtud de amnistías presidenciales. En Indonesia y Timor Oriental fueron liberados al menos ciento setenta y nueve presos políticos, entre ellos tres hombres gravemente enfermos que llevaban encarcelados desde 1965.

Tomó nota con satisfacción del inicio de las reformas legales e institucionales en Indonesia con motivo de la ratificación de la Convención de la ONU contra la Tortura y de la aprobación de nuevas leyes relativas a las elecciones y a la formación de partidos políticos. China firmó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). La protección de los derechos humanos en Taiwán se vio fortalecida con la entrada en vigor del Código revisado de Procedimiento Penal. Nepal abolió la pena de muerte al firmar el Segundo Protocolo Facultativo del PIDCP.

Informó que en una sentencia histórica, cinco miembros de las fuerzas de seguridad de Sri Lanka fueron declarados culpables de violación, desaparición y asesinato.

Sin embargo, lamentó que en todo el continente siguieron utilizándose abusivamente las leyes relativas a la seguridad para silenciar a opositores políticos y a disidentes. En China se aplicaron por primera vez unas nuevas disposiciones legales sobre seguridad de Estado, introducidas en 1997, en los juicios sobre destacado de disidentes, condenados en diciembre a penas de prisión de entre once y trece años.

En China las fueras de seguridad siguieron adoptando medidas represivas contra presuntos nacionalistas de la etnia uigur y líderes musulmanes independientes de Sin-kiang, así como contra nacionalistas tibetanos y budistas. Según los informes, un mínimo de diez presos murieron tras una protesta desatada en la prisión de Drapchi, en el Tíbet, coincidiendo aproximadamente en el tiempo con la visita que realizó una delegación de la Unión Europea.

La justicia penal siguió aplicándose e imponiéndose con dureza. En Japón, las normas internas que regulan casi todos los aspectos de la vida de los presos continuaban siendo confidenciales y secretas, al parecer por motivos de seguridad nacional. Los presos eran sometidos a severos castigos, como permanecer arrodillados o sentados en la misma posición hasta dos meses, por infracciones leves, como mantener contacto visual con otros presos o hablar fuera de los períodos permitidos.

Australia introdujo nuevas normas de justicia juvenil que tuvieron como consecuencia la reclusión de menores – sobre todo niños aborígenes – en circunstancias a veces crueles, inhumanas y degradantes. Presuntos delincuentes juveniles de no más de once años permanecieron recluidos en celdas policiales para adultos o en centros detención de menores que distaban hasta 1.500 kilómetros de sus casas. Ante la indignación internacional, Filipinas fijó fecha para la primera ejecución que se llevaría a cabo en el país desde 1976.

AI informó que la tortura y los malos tratos – en algunos casos seguidos de muerte –infligidos por la policía y las fuerzas de seguridad continuaron siendo las violaciones de derechos humanos más extendidas en la región europea. En numerosos casos, tales actos tuvieron una motivación racial.

En noviembre, el Comité contra la Tortura de la ONU, manifestó su preocupación por el número de casos de muerte bajo custodia policial ocurridos en el Reino Unido y por el hecho de que, al parecer, el Estado no hubiera puesto en marcha mecanismos eficaces que se encargaran de las denuncias de abusos formuladas contra la policía y las autoridades penitenciarias. Además, el gobierno no aplicó las recomendaciones del Relator Especial de la ONU sobre la independencia e imparcialidad del poder judicial, los jurados y los asesores y la independencia de los abogados, destinadas a evitar la intimidación y el hostigamiento generalizados a que se veían sometidos los abogados en Irlanda del Norte por parte de la policía.

AI manifestó que a lo largo del año se recibieron numerosos informes de tortura y malos tratos infligidos a romaníes en Bulgaria por agentes encargados de hacer cumplir la ley. Aunque se registró una disminución general del número de casos denunciados en Turquía, la tortura – que incluía agresiones sexuales y torturas a niños – continuó siendo una práctica común.

En Suiza se denunciaron casos de presuntos malos tratos policiales, que a menudo afectaron a extranjeros. En marzo, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU, expresó su preocupación por los diversos incidentes de brutalidad de la policía al tratar con personas de etnia u origen nacional extranjeros.

En Yugoslavia y en otros países de la región, los grupos armados de oposición fueron responsables de abusos contra los derechos humanos, incluidos numerosos secuestros que seguían sin resolverse. En España, el grupo armado de oposición Patria Vasca y Libertad (ETA) siguió cometiendo violaciones a los derechos humanos, como homicidios deliberados de representantes políticos, antes de declarar en septiembre una tregua indefinida. En Turquía, los grupos armados de oposición fueron responsables de al menos 39 homicidios deliberados y arbitrarios de civiles y prisioneros.

En 1998, la pena de muertecontinuó aplicándose en numerosos países de Oriente Medio y del Norte de Africa. Otros abusos contra los derechos humanos fueron también torturas y malos tratos, homicidios de civiles y desapariciones.

Entre los aspectos positivos, AI destacó la puesta en libertad por parte de Siria, de centenares de presos políticos, entre los que había presos de conciencia. En Kuwait quedaron en libertad varios presos políticos que habían sido recluidos tras unos juicios sin las debidas garantías.

Con relación a Argelia, AI informó que siguió reinando un alto grado de violencia durante todo el año, si bien parecía haber disminuido con relación a años anteriores. Las fuerzas de seguridad, las milicias paramilitares armadas por el Estado y los grupos armados autodenominados "grupos islámicos" dieron muerte a miles de civiles y cometieron graves abusos contra los derechos humanos.

La tortura y los malos tratos a presos siguieron constituyendo prácticas generalizadas en toda la región. En Israel y los territorios ocupados, tales prácticas cuentan con una autorización oficial y se utilizan sistemáticamente durante los interrogatorios de palestinos detenidos por motivos de seguridad. Ciertas directrices oficiales secretas permiten al Servicio General de Seguridad (SGS) recurrir a presiones físicas moderadas, incluido el titul (sacudidas violentas), y a presiones sicológicas. En zonas bajo la jurisdicción de la Autoridad Nacional Palestina, la tortura y los malos tratos provocaron, al parecer, la muerte de tres personas o, al menos, la aceleraron.

En Túnez se agudizó la persecución contra los defensores de los derechos humanos por parte de las autoridades.

En Siria, centenares de palestinos y jordanos continuaban desaparecidos o permanecían recluidos en régimen de incomunicación desde la década de los ochenta tras haber sido detenidos por motivos políticos en el Líbano, Siria o la frontera entre Siria y Jordania.